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Como es usual en el lenguaje “doctrinal” de quienes profesan la ideología neoliberal, usando denominaciones eufemísticas para titular proyectos de ley, a fin de intentar esconder su verdadero contenido, el Gobierno de la República ha enviado a la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa, dos iniciativas de ley que podemos considerar como el “sueño dorado” del empresariado neoliberal del sistema política dominante: la flexibilización de las leyes laborales actualmente vigentes en el país y la reducción al mínimo de los alcances del histórico Código de Trabajo que, paradójicamente, este 15 de setiembre, alcanzará seis décadas de existencia.

De manera rotunda hay que anunciar la más fuerte oposición a ambas iniciativas: el expediente legislativo No. 18.081, “Ley para proteger el empleo en tiempos de crisis”; y el expediente legislativo No. 18.080, “Ley que garantiza la aplicación de medidas temporales para la protección del empleo en momentos de crisis”.

Resulta completamente inaceptable el argumento de que estamos en tiempos de “crisis”, toda vez que el país sigue apostando por la concentración de la riqueza y el crecimiento de la desigualdad, en perjuicio de las grandes mayorías populares y, especialmente, la clase trabajadora, asalariada y no asalariada. Esto lo que nos indica es la pésima distribución de la riqueza y de los beneficios del crecimiento económico. Será “crisis” para “los y las de abajo”, porque la “gente de arriba” sigue nadando en dinero.

Estas nefastas iniciativas de ley, diseñadas para aplicarse, en esencia, al sector privado de la economía, guardan un vínculo estrecho con la pretensión gubernamental del proyecto de ley contra los pluses salariales, más comúnmente conocido como el del “salario único” que pretende aplicarse al sector Público.

Definitivamente, en ANEP y en la Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP), desde ya entramos en estado de alerta urgente para desarrollar todos los esfuerzos posibles a fin de evitar la aprobación de tan perversas iniciativas que, finalmente, agravarán la delicada situación de pauperización económico-salarial que vive la gran mayoría de la población trabajadora del país.

Ya ha venido siendo demostrado que si hay escenarios de crisis en un país, el peor camino que se puede adoptar es reducir derechos, aumentar la sobreexplotación laboral, derogar las leyes sociales y acabar con la democracia.

Desde ya hacemos un llamado a toda la clase trabajadora y a sus legítimas organizaciones para cerrar filas, en todos los escenarios posibles, especialmente el de la Huelga General, para enfrentar tan desastrosos propósitos.

El Gobierno abre el más idóneo escenario de confrontación social jamás pensado por sindicato alguno: llevar a la calle, juntos, en una misma causa laboral, a miles de personas trabajadoras asalariadas del sector Público y del sector Privado. En ANEP estamos listos para poner nuestro esfuerzo en tan histórica coyuntura que se perfila en el horizonte.

Finalmente, tanto la ANEP como la CSJMP hacemos un vehemente llamado a los diputados amigos y a las diputadas amigas de la clase trabajadora, integrantes de diversas fracciones legislativas, para que juntemos esfuerzos, dentro del parlamento y fuera de él, a fin de evitar que estos proyectos que traicionan los más esenciales valores inspirados de nuestra legislación laboral ni siquiera salgan de la comisión parlamentaria que les debe dar trámite.

Les presentamos carta de la Ministra de Salud donde plantea el reordenamiento del Programa Manejo Integrado de Vectores, trasladando a cada Dirección Regional el manejo del mismo; de tal suerte que la “Estrategia de Atención Integral del Dengue”, se ha de fortalecer por cuanto los funcionarios de vectores se dedicarán, únicamente a dicha estrategia, liberándolos de la carga extra que representaba la asignación de actividades de “rectoría” y otras.

Dra. María Ethel Trejos
Directora Viligancia de la Salud

Dr. Roberto Castro Córdoba
Jefe Unidad de Análisis Permanente de la Situación de Salud

Directores (as) Regionales de Rectoría de la Salud

Directores (as) Áreas Rectoras de Salud

Coordinadores Regionales
Programa Manejo Integrado de Vectores

Estimados (as) señores (as):

El día 2 de junio del 2008 fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta el Decreto #34510-S, Reglamento Orgánico del Ministerio de Salud, el cual, en su capítulo II, describe la Organización General del Ministerio de Salud, así como las actividades que deben ser realizadas de acuerdo al nivel de gestión.

Basado en lo anterior, es claro que la forma de trabajo verticalizada adoptada para el funcionamiento del Programa Manejo Integrado de Vectores en las Regiones Chorotega, Atlántica y Pacífico Central se aparta de las funciones que por nivel de gestión define el Reglamento Orgánico del Ministerio de Salud, siendo que son funciones del Nivel Central aquellas políticas y estetégicas, reservando las labores operativas para los niveles regional y local de la institución.

Así las cosas, y ajustándonos al mencionado decreto, se decide trasladar la coordinación operativa del Programa a los Directores Regionales. Dicho cambio sería efectivo a partir del día 1 de abril de 2013, respetando los lineamientos descritos a continuación.

Lineamientos para el traslado de la coordinación operativa del Programa Manejo Integrado de Vectores.

• La estrategia de Atención Integral del dengue estará a cargo del Dr. Roberto Castro Córdoba, Jefe de la Unidad de Análisis Permanente de Situación de Salud de la Dirección Nacional de Vigilancia de la Salud a cargo de la Dra. María Ethel Trejos Solórzano. Coordinará esta estrategia el Dr. José Luis Garcés.

• Los funcionarios del Nivel Central que hasta ahora han tenido la responsabilidad operativa del Programa, continuarán encargados del mismo, pero de acuerdo a las funciones definidas para este nivel de gestión, es decir, definiendo las estrategias y lineamientos nacionales con los que trabajarán los niveles operativos. Para esta labor, serán ubicados en la Dirección de Vigilancia de la Salud.

• La Dirección Regional tendrá bajo su cargo a los funcionarios del programa de vectores y será la encargada de la gestión de recursos y aspectos administrativos para la atención integral del dengue. Los coordinadores regionales de vectores, en estrecha coordinación con los Jefes de Vigilancia de la Salud ejecutarán las directrices técnicas provenientes de la Dirección de Vigilancia de la Salud. Debido a la experiencia y capacitación recibida, se mantienen los cargos de coordinadores regionales y de áreas rectoras del programa de vectores tal y como han venido fungiendo hasta ahora, pasando a depender de la Dirección Regional.

• Para los funcionarios responsables del Programa en los niveles regional y local el cambio consiste únicamente en una variación de su jefatura, por cuanto pasan a depender del Director Regional. Para dicho personal se garantizan sus condiciones previas, en cuanto a oficinas, vehículos, equipo, etc.

• El cambio propuesto no debe lesionar los derechos laborales de ningún funcionario, se mantienen las condiciones de salario, puesto, horario, y funciones, éstas últimas ajustadas de acuerdo al nivel de gestión. Los funcionarios se mantendrán en las áreas rectoras y direcciones regionales en las que están asignados a la fecha. No se permitirá la designación de funcionarios del Programa para la realización de actividades de Rectoría y otras actividades que no sean propias del programa.

• Los Directores Regionales deberán elaborar con los actuales coordinadores del programa, la actualización de los inventarios de todo aquel equipo, vehículos, mobiliario, etc., asignado a los mismos para el desarrollo de su labor.

• Cualquier modificación que un Director Regional desee realizar a la forma de operación actual del Programa, debe contar autorización previa de la Dirección General de Salud, y estar basado en solicitud razonada y de acuerdo a diagnóstico de situación.

Atentamente,

Dra. Daisy María Corrales Díaz, MSc.
Ministra de Salud.

Célimo Guido Cruz. Teléfono 89744625
Correo: celimoguido@yahoo.es

Por 30 años, posiblemente prorrogables, al igual que RITEVE, nos privatizan la carretera San Ramón – San José y la Ruta 27. Nos impondrán 10 peajes y nos duplicarán el gasto en combustibles. Con el ánimo de dejar claro ante la opinión pública, de que al menos se ha hecho lo debido, deseo aclarar lo siguiente:

1. El 5 de marzo de 2003 (hace 10 años) envié una carta al entonces diputado del PLN por Palmares, Luis Ramírez, solicitándole consiguiera el cartel de licitación y otra información relacionada con ese proyecto. Este “representante popular” ni siquiera se dignó dar respuesta a mi carta.

2. Preocupado por la ausencia de información al respecto, por parte del Gobierno a las comunidades y a los Gobiernos Locales, tal como lo exige el mismo contrato, el 29 de junio de 2011, entregué carta suscrita por más de 200 personas al Concejo Municipal y a la Alcaldesa de San Ramón, expresando que era urgente pronunciarse ante la privatización de dicho corredor vial, que sería entregado a una transnacional, señalando a la vez la urgente necesidad de solicitar al Consejo Nacional de Concesiones y a las autoridades del MOPT, copia certificada del Cartel de Licitación, de la oferta adjudicada y del Contrato de Concesión. Señalé también a la Municipalidad que tenía la obligación, como se lo demanda la Ley, de ponerse al frente de la colectividad que les eligió para liderar un movimiento de defensa de esta carretera, por ser patrimonio nacional y que, al igual que miles de ramonenses, quienes suscribíamos la misiva, quedábamos a la orden en esa tarea. Lamentablemente y según información de algunos Regidores, 5 meses después, ni siquiera se habían dignado leer la carta en sesión del Concejo. Dicho sea de paso, copia de esa misiva la envié a cada una de las fracciones de la Asamblea Legislativa, cuyas copias con sello de recibidas, conservo en mi poder.

3. En el mes de junio de 2012, en nombre del “Movimiento Dignidad Nacional”, visitamos los Concejos Municipales de Grecia, Poás, Naranjo, San Carlos, Palmares y San Ramón, y se les hizo entrega del oficio MDN-013-2012, con fecha 14 de mayo del mismo año, dirigido al Ministro Llach Cordero, en el cual, después de un estudio serio y responsable, se le hacían 10 cuestionamientos y muchas preguntas puntuales respecto a esa concesión, así como a la posible cesión del Contrato de la empresa Autopistas del Valle a la empresa brasileña OAS. En esa misma oportunidad les hicimos ver la urgente necesidad de que las Municipalidades se pronunciaran y externaran la defensa por los intereses de las comunidades, mas a pesar del recibimiento amable y respetuoso que nos dieron, debo lamentar y denunciar que la actitud de todos los representantes de los partidos tradicionales allí presentes, fue pasiva, tolerante y permisiva, en una sola palabra PUSILÁNIME, ya que aunque se logró que, de manera bastante débil, algunas se pronunciaran y otras solicitaran la presencia del Ministro a una sesión municipal para tratar el tema en cuestión; no vimos a ninguna asumiendo el reto con decisión y responsabilidad. En el caso concreto de la Municipalidad de San Ramón, luego de enviar la invitación al Ministro Pedro Castro, lo que recibe este foro de representantes ramonenses como respuesta de Castro es que hasta que el contrato haya sido refrendado, se procederá a visitar el Concejo.

Lo anterior me lleva a expresar sin temor a equivocarme, que esta posición debe ser entendida como parte de la actitud correspondiente una vez más, a una clarísima acción de corrupción que permite la obra por concesión, pues esto equivale a poner los zorros a cuidar las gallinas. Posición que demuestra que estos funcionarios responden más a los intereses de las transnacionales que a los intereses patrios. Esta posición es totalmente contraria a la asumida por un Juez de la República, quien ante un Contencioso, en un caso similar en la Ruta 27, este Juez hace legalmente responsables, a los Gobiernos Locales por no estudiar ese tipo de contratos y pronunciarse antes del refrendo, y así solicitar las enmiendas procedentes.

Si bien es cierto que el Ministro Castro fue asesor de OAS, hoy es Ministro de Estado en Costa Rica, y me pregunto: ¿cuáles intereses defiende: los de las transnacionales o los de las comunidades? Usted tiene la palabra señor Ministro.

Asimismo, es necesario investigar si es cierto o no, que la empresa Cacisa que supervisó la construcción de La Trocha y la Ruta 27 entre otras, también es la empresa supervisora de la carretera San Ramón – San José y que, además, ha retirado por ese concepto, ¢2450 millones, sin que siquiera se haya iniciado la obra. Al mismo tiempo, es necesario investigar si la Licda. Dora Wedell es la asesora legal del Cacisa y a su vez, esposa del Lic. Rodrigo Rivera, Vice Ministro del MOPT.

Por otra parte, he señalado reiteradamente al Movimiento de Occidente, que en este país, lamentablemente en aquellos casos en los que se tocan grandes intereses de la clase política – empresarial, se esfuma el Estado de Derecho, no hay tampoco la división entre Poderes, tal es el caso de esta ley de Obra por Concesión. Esto remite a un problema ideológico-político.

Ahora resulta que algunos “dirigentes” se dejan decir que esta lucha debe ser solamente por el alto costo de los peajes. Yo les pregunto: ¿y la dignidad y la soberanía de los pueblos? ¿No entienden acaso que durante más de 30 años y posiblemente 60 a través de la prórroga, estaremos pagando una carretera que nos pertenece, y que además, el acto de cesión es ilegítimo, ilegal y a todas luces es un acto más de corrupción?

La lucha de Occidente, la lucha de Costa Rica, ha de ser para derogar, o al menos revisar la ley de obra por concesión, una ley leonina que solo favorece a las transnacionales y a sus testaferros locales. Un ejemplo de lo anterior es el contrato de la concesión del puerto de Moín a la transnacional APM Terminal, que según el artículo 140, inciso 19 Constitucional, la concesión de un puerto, solo la puede autorizar la Asamblea Legislativa, jamás la CGR. Sin embargo, la ex contralora recibió órdenes, se impuso, pisoteando los artículos constitucionales, pisoteando a los 57 diputados y diputadas y en un acto posiblemente de PREVARICATO refrendó el contrato, y de esta manera la Asamblea Legislativa comete, una vez más, INCUMPLIMIENTO DE DEBERES. Y AQUÍ NO HA PASADO NADA.

Ante esta situación, el Licenciado José Miguel Corrales Bolaños y el Sindicato de Trabajadores de JAPDEVA (SINTRAJAP), presentaron una Acción de Inconstitucionalidad en contra de la Ley de Obra por Concesión, para agotar el debido proceso y prepararnos para las acciones que seguirán en caso de no obtener respuesta amparada en la legalidad.

Aún con las malas experiencias que tenemos en la Sala IV, y conscientes del accionar politiquero de la misma, a mi criterio debemos hacer un fijo con nuestras comunidades ante esta Sala para exigirles que se pronuncien, lo que nos ayudará para que la prensa, necesariamente tenga participación activa en esta lucha y convertir este problema en nacional, pues esta carretera es interamericana, lo que es: pertenece a todos los habitantes del planeta.

Las comunidades no seremos ingenuas, no permitiremos que intereses espurios impidan una lucha en la dirección correcta.

¿Dónde estaban los diputados? ¿Dónde estuvieron los Alcaldes y Alcaldesas?, ¿dónde los Regidores?, por más de 10 años les advertimos de esta situación y nada les importó.

La única Municipalidad que solicitó a la Contraloría que no refrendara el contrato hasta tanto no se le escuchara, fue la de San Ramón, acción que hizo porque en el Movimiento de Occidente, acordamos llevarle la moción redactada, mas lamentablemente, esta acción se logró un día antes del refrendo.

Tenemos que dejar claro en este sentido, nuestra más enérgica protesta contra la actitud lamentable de los Concejos Municipales, de las y los Diputados ante la Asamblea Legislativa, ya que por más de 10 años les hemos invitado, les hemos instado a defender los intereses de las comunidades, en este caso en particular, a no permitir la privatización de un patrimonio de todos y de todas. Han incumplido una vez más sus deberes.

Compañeros y compañeras de Occidente: No todo está perdido, reitero respetuosamente:

A. El movimiento debe gestarse en todos los cantones, al menos los de la provincia de Alajuela, Guanacaste y parte de Puntarenas.

B. Debemos visitar y volantear focos de interés social como son:
Ferias del Agricultor, terminales de buses, colegios y universidades, emisoras rurales y programas de opinión, salidas de feligreses de los templos, redes sociales y otros.

C. Es necesario plantear un recurso contra la cesión de la carretera San Ramón- San José.

D. En alianza con los trabajadores de SINTRAJAP, las comunidades afectadas por la corrupción y los incumplimientos en la Ruta 27 y el Movimiento de Occidente, hagamos un fijo ante la Sala Constitucional para exigirle su inmediato pronunciamiento respecto a la creación de la Ley de Obra por Concesión, que de lograrse favorablemente, estaríamos logrando no solo el objetivo propuesto con la carretera San Ramón – San José sino que, deteniendo de una vez por todas, la corrupción que esta ley ha permitido en contra de los intereses de las y los ciudadanos.

E. Debe exigirse a todos los Concejos Municipales, a las Alcaldías y a los representantes populares ante la Asamblea Legislativa, a cerrar filas para detener este y otros problemas.

F. Solicitar a las señoras y señores diputados, abrir un debate en la Sala de Expresidentes de la Asamblea Legislativa, con presencia y participación de todas las partes involucradas y con invitación a la prensa nacional.

Este movimiento debe tener claro a qué intereses y mafias se está enfrentando, por lo tanto ha de ser un movimiento de carácter nacional y ligarlo a otros problemas nacionales, tales como la concesión de Puerto Moín, la lucha contra los incumplimientos en la Ruta 27, la defensa y recuperación de la CCSS, la defensa y recuperación del ICE, la Ley del Salario Único, y otros. Así podremos detener los grandes intereses que buscan la entrega de nuestro patrimonio.

“No habrá manera de desarrollarnos y salir de la pobreza, mientras los propios negocios grandes de nuestro medio, se entreguen a economías foráneas y nosotros nos quedemos solamente con negocios de pobres, mientras en vez de propietarios de nuestro propio país, nos convirtamos en un ejército de empleados del exterior”.
José Figueres Ferrer, 1952

San Ramón, 13 de marzo de 2013.

Estimado señor don Miguel Ángel Agüero, Editor, “La Machaca”, diario La República:

Respetuosos saludos. En su publicación del pasado viernes 15 de marzo de 2013, usted escribe:

“_MORDAZA. Un movimiento denominado Rescate, que es parte de la ANEP, denuncia que en la asamblea del sindicato de hoy, se quiere impedir la oposición. Señalan que la asamblea que se realiza hoy a las 10 a.m., hora de trabajo para los afiliados, habrá cambios antidemocráticos. Y nosotros creyendo que la ANEP es muy democrática y por eso Albino Vargas la dirige desde hace 20 años_”.

Al respecto y siempre tratándole a usted con todo respeto, aunque nada de lo que aquí indicamos será del conocimiento de su calificado público lector, es nuestra obligación moral y ética dejar consignado ante usted lo siguiente:

Primero: No existe en el seno de la ANEP algo como “un movimiento denominado Rescate”. Lo que hubo es una tendencia electoral que se armó para las pasadas elecciones de la Junta Directiva Nacional (JDN), de la ANEP, celebradas en octubre de 2011; y se armó fundada, básicamente, propalando infundios, mentiras y calumnias, pues solamente así fue que consiguió las firmas obligadas por la legalidad de la ANEP para la competencia electoral de ese momento. Hoy está prácticamente extinguida pues, fíjese usted, que de los 19 escaños en disputa para la JDN-ANEP, lograron 7 y a la fecha, 6 directivos nacionales de tal tendencia, deshonrando sus responsabilidades, dejaron botados sus cargos, engañando así a sus engañados electores. Lo que queda de eso llamado “Rescate”, es un grupúsculo de elementos extremistas que han pretendido infiltrar a la ANEP para alimentar su propio partido político, no menos extremista, de cara a las elecciones del 2014.

Segundo: Figúrese usted, don Miguel Ángel, que solamente “existen” por la internet. Y no ponen nombre de persona física alguna responsable de los infundios que escriben. Nos extraña sobremanera señor Agüero, que una persona de su calibre, de su autoridad moral, de su impacto en los sectores de la sociedad que le leen, le dé credibilidad a un anónimo electrónico que no existe en la legalidad. Más bien pensamos en que hay que apelar a ella para impedir que la sigla ANEP, la histórica sigla ANEP, se siga empleando de manera indebida, usurpándola, denigrando su significado y denigrando honras ajenas pues como le indicamos, no dan nombres, no enseñan sus rostros, no ponen sus números de cédulas.

Tercero: No llegaron a la primera convocatoria de la asamblea de la que usted habla en su comentario. Ahí se fijó la fecha de la segunda convocatoria, precisamente, fijada para este viernes que pasó, 15 de marzo de 2013. No a las 10 a.m., sino a las 13:30 p.m. (una y media de la tarde). Tan desligados están de la vida de la organización, porque están concentrados en las tareas de su partido, que no se percataron de la hora de la asamblea, según se lo indicaron a usted. Y tampoco llegaron a esta segunda convocatoria. No dan la cara, se esconden en el anonimato electrónico. Eso de “movimiento” es una quimera. Por cierto, ¿sabía usted que esta gente defiende, ardorosamente, la cuestión salarial médica y se oponen rotundamente a la posición de la ANEP para lo que conocemos como el _“desenganche”_… ¿O usted también está a favor de que las médicos sigan recibiendo incrementos salariales hasta cuatro veces más grandes que los de los policías si continúa ese enganche de la estructura salarial médica a la de los puestos del Gobierno Central?

Cuarto: “Si la ensartas pierdes… si no la ensartas, también”. Si se saca masivamente, de manera reiterada, al personal afiliado a la organización, dejando sin cubrir grandes segmentos de los servicios públicos con presencia de ANEP, usted de seguro nos criticaría. En la asamblea indicada se previó la participación de dirigentes intermedios de las estructuras de base de la organización, de legítimos dirigentes y representantes gremiales; de compañeros y de compañeras que, precisamente, por su naturaleza dirigente orientan, inciden, guían y hablan en nombre de sus correspondientes bases de afiliación a la ANEP. En la indicada actividad hubo 342 personas dirigentes sindicales de base de la ANEP, que estaban representando a 76 seccionales del actuar centenar de gremios cobijados bajo la bandera ANEP. Las restantes y que estuvieron ausentes, tuvieron grandes problemas de permisos patronales para asistir, especialmente las que funcionan en el sector Privado. La única persona directiva que quedó de eso que usted piensa que es un “movimiento” que no salió huyendo de sus responsabilidades y que no dejó botados a sus electores de los pasados comicios de la ANEP, fue la única persona de esas 342 presencias dirigentes presentes en la indicada asamblea y ya, según el propio decir de esta persona, había roto el día anterior con eso que usted dice que es un “movimiento… parte de la ANEP”. Así que, como usted verá don Miguel Ángel, prácticamente ya no tienen representación alguna en el seno de la ANEP. Lo que sí le podemos garantizar es que esas 342 personas dirigentes sindicales de la ANEP, hombres y mujeres de gran honestidad de la clase trabajadora, prácticamente estaban, en ese evento, en condición de representación de la total membrecía cuantitativa de la ANEP.

Quinto: Evidentemente, la democracia no es un concepto neutro. Por ejemplo, el director del medio periodístico para el cual usted trabaja, es nombrado por una junta directiva, no por los lectores que lo compran a diario ni tampoco por los anunciantes que le dan el financiamiento más importante para que siga existiendo. No por esta circunstancia nosotros nos burlaríamos, sarcásticamente como usted lo hace con respeto a la ANEP, ironizando sobre la naturaleza democrática del periódico La República. No sabe usted cuánto honor ha sido para este vecino de Alajuelita, estar todos estos años al frente de la ANEP. Y que después de ello nuestra gestión tenga tanto aval como el porcentaje superior al 60% en las pasadas elecciones de la ANEP; porcentaje que debe haber subido, seguramente, ante la irresponsabilidad, el extremismo y la falta de seriedad de fantasmal “movimiento” del que usted habla en su comentario.

Sexto: En ANEP eso que llaman “oposición” prácticamente no existe porque si la hubo, se ha suicidado sola, políticamente hablando. No hay necesidad de “impedir” nada. Lo que si impedimos es que la ANEP fuera tomada por un determinado partido político que tiene una ideología con la cual no quisiera vivir el 99.9% del pueblo costarricense. Son tan minúsculos por este tipo de pensamiento que se ven en la obligación de practicar un “ritual de entrismo” para penetrar importantes organizaciones sociales, de amplia diversidad y composición, para intentar obtener un “mercado ideológico” y fuentes frescas de financiamiento para sus ideas. En ANEP no se les critica que piensen así; pero sí es real que la organización se defiende a sí misma cuando nota tendencias partidistas que intentan cercenarle su independencia partidaria.

Así que, don Miguel Ángel, no hay mordaza alguna en ANEP. No existe esa cosa que usted llama “movimiento”. La ANEP no es antidemocrática. Hemos sido electos durante todos estos años porque hemos tenido la confianza de las abrumadoras mayorías anepistas. Así que, respetuosamente, le agradecemos que considere estas aclaraciones que sí llevan nombre, apellidos, número de cédula. Nuestro nombre es Albino Vargas Barrantes, cédula de identidad No. 1-457-390, un ente físico de carne y hueso, de rostro conocido y que escribe por internet, plenamente identificado, sin acudir al anonimato de un grupo espurio; menos a un anonimato calumniador y difamador. Esta será la última vez que hagamos referencia a asuntos de esta calaña. Hay demasiado por construir y demasiadas causas nobles por las cuales seguir luchando. Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP.