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Plazo de 15 días puede ser una trampa

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Tal y como habíamos anunciado, ni la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), ni la Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP), acudimos a la reunión convocada por el Gobierno de la República, en el día de ayer, jueves 21 de febrero de 2013, para discutir con las autoridades del Poder Ejecutivo su “Anteproyecto de ley para el ordenamiento de las retribuciones adicionales al salario base del Sector Público”.

Llama la atención que en la misma no estuviera el Ministro de Hacienda, gran abanderado de tal iniciativa y, precisamente, quien ha planteado el impuesto al aguinaldo y al salario escolar. Que sepamos, los dos colegas del citado jerarca, los señores ministros de Trabajo y de Planificación, quienes sí estaban en dicha reunión, no oficializaron a nombre del Gobierno desmentido alguno o renuncia total de parte del mismo a considerar la barbaridad de semejante planteamiento contra el aguinaldo y contra el salario escolar.

Tal y como reiteradamente lo hemos manifestado, una y otra vez, con las organizaciones que representamos, ANEP y la Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP), no cuenten para hablar ni de salario único ni de reducciones salariales de ninguna especie, como los denominados pluses.

Por eso un plazo de quince días para volver a hablar con el Gobierno del tema y aunque tal anteproyecto de ley no “esté en mesa”, puede ser tramposo y riesgoso para las personas trabajadoras asalariadas del Gobierno Central (Poder Ejecutivo), con los salarios más bajos de toda la estructura salarial estatal.

Decimos esto porque sin modificar el artículo 12 de la ley de incentivos médicos, para “desengancharla” de su vinculación con la estructura salarial de puestos del Gobierno Central, no habrá viabilidad alguna de considerar una mejora estructural ni en los salarios base de estos puestos, ni en sus correspondientes porcentajes de anualidad, ni en otros pluses como los de la policía (riesgos Policial, de Seguridad, Disponibilidad).

Las organizaciones que representamos, las cuales tenemos un escaño en la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público, y en la próxima reunión de la misma con el Gobierno, plantearemos:

PRIMERO: Que el Poder Ejecutivo envíe al actual período de sesiones extraordinarias un proyecto de ley para modificar el artículo 12 de la ley salarial médica, de forma tal que se dé el “desenganche” de ésta de la estructura de puestos del Gobierno Central, a efectos de qué (entre otros aspectos de justicia y equidad salariales en el sector Público).

SEGUNDO: Podamos discutir modificar el actual porcentaje de anualidad (antigüedad en el cargo), de dichos puestos que está en un 1.94%, de modo tal que haya un tránsito hacia el más alto que existe en la Administración Pública: precisamente el del personal de ciencias médicas que está en un 5.5%.

TERCERO: Podamos discutir sobre cómo elevar el actual tope de cesantía de dichos puestos que está en ocho años; en el marco de que tal tope ha sido roto por diversas formas y considerando además, que para efectos de Gobierno Central y cuando se habla de reestructuración vía Servicio Civil, no existe límite de años alguno para reconocer cesantía.

CUARTO: Podamos discutir sobre la elevación paulatina de los salarios base de esos puestos de Gobierno Central, precisamente los que no pueden subir en la dimensión real que debieran, porque tienen la “desgracia” de estar atados a la fórmula salarial médica del artículo 12 de la mencionada legislación.

¡El Juicio lo ganó la ANEP y punto!

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El compañero trabajador de la Policía Penitenciaria, Gerardo Cascante Vargas, con 26 años de laborar para la institución, dio un paso al frente y contra viento y marea, de la mano de la asesoría jurídica de la ANEP, logró el reconocimiento legal del pago de todos los llamados a Disponibilidad que él desempeñó, desde el año 2001 y que él pudo demostrar que las laboró, aportando la certificación oficial que así lo acreditó; pues él fue llamado a atender situaciones en la semanas en que estaba libre, porque si a un policía penitenciario le convocan en su tiempo libre a atender situaciones de cualquier naturaleza, eso es horas extra.

La Disponibilidad es la obligación de todo policía penitenciario por estar expectante, disponible para ser llamado en cualquier momento, porque su compromiso es de ser un policía de 24 horas, casi sin tener derecho a una privada.

Esta histórica sentencia demostró que una cosa muy distinta es el tiempo extra, otra, radicalmente diferente, es la Disponibilidad. Incluso, aún dentro del penal, si el tiempo de descanso sufre interrupciones, no se puede alegar disponibilidad, eso es tiempo extra.

El Estado, por tanto, deberá pagarle al citado compañero (quien además es el actual Vicepresidente de la Junta Directiva de la Seccional ANEP-Policía Penitenciaria), un monto por tal concepto que está por ser determinado; pero que, de manera histórica, abre paso para que todos los compañeros y para que todas las compañeras de la Policía Penitenciaria puedan hacer lo mismo que él hizo: demandar pago por Disponibilidad, por todas las veces de todos estos años en que han tenido que ejercerla; siempre y cuando logren la debida acreditación para entablar las correspondiente demanda, es decir, presentar la prueba requerida para abrir el proceso legal.

La ANEP, sin costo alguno, llevará los casos de quienes siendo afiliados o afiliadas a la organización, así nos lo pidan, siguiendo las instrucciones de rigor. ANEP no cobrará ni un centavo adicional por llevar estos juicios. Con el pago de la cuota de afiliación es suficiente.

ANEP alerta contra la presencia de elementos sin escrúpulos, ajenos a la cultura y a la vida laboral institucional y sindical de la Policía Penitenciaria, que pretenden lucrar, hacer plata, “pirateando” el gran esfuerzo de pensamiento jurídico-intelectual que hizo la ANEP para convencer a los jueces de que la Disponibilidad no es un pago por laborar horas extra.

ANEP alerta de que algunos de esos individuos supuestamente son abogados pero no acreditan ningún grado profesional ante el Colegio de Abogados de Costa Rica. ANEP alerta de que este tipo de gentes, carentes de principios, tienen una investidura sindical bastante cuestionada y, lo que es peor, se burlaron de la justa lucha de la Policía Penitenciaria, dada de la mano de la ANEP, a favor de que se pagara la deuda de homologación del año 2009, que, como bien sabemos, terminó con un rotundo triunfo al lograrse una ley de la República. Todo ello lo logró la ANEP y su Seccional ANEP-Policía Penitenciaria.

Si usted, compañero o compañera de la Policía Penitenciaria, desea reclamar el pago de Disponibilidad de ocasiones anteriores, diríjase a la oficina de seguridad de su centro penal (y también a los otros donde estuvo laborando anteriormente), para que le certifiquen todos los días que usted ha brindado Disponibilidad, desde que usted empezó a laborar, incluso. Esta certificación es vital para abrir el proceso judicial.

Con la certificación en mano, busque al compañero o a la compañera que ejerce como Delegado o Delegada Sindical de la ANEP-Policía Penitenciaria, pídale el formulario de “Otorgamiento de Poder Legal”, poniendo los datos que se le piden y firmándolo como lo hace en la cédula. Llene tres formularios: uno se lo dejará usted, otro la persona delegada y el tercero será entregado a la Unidad de Asesoría Jurídica (UAJ), de la ANEP para empezar el proceso.

ANEP buscará sentarse con las autoridades del máximo nivel de cartera de Justicia y Gracia para proponerles firmar un acuerdo de forma tal que se regule el pago de la Disponibilidad de ahora en adelante. A la vez, intentar llegar a acuerdos para saldar cada una de las deudas individuales y tratar de evitar costosos procesos legales que afectarán las finanzas institucionales y las del Poder Judicial mismo. Pero como esto no es seguro, es mejor empezar a abrir los procesos legales.

Espere en próximos días la reunión de su centro de trabajo. Hablaremos directamente con usted al respecto para mejorar la información y aclarar dudas.

Recuerde que como Policía Penitenciario tenemos dos luchas más que dar en el corto plazo:

PRIMERA: Que el Gobierno nos aplique el incremento salarial extraordinario, de 15 mil colones en promedio, que está recibiendo en estos momentos la Fuerza Pública (homologación).

SEGUNDA: Que se modifique el artículo 12 de la ley salarial médica para que nuestros próximos reajustes salariales, generales o particulares, se “desenganchen” de la estructura salarial de los y de las profesionales en Ciencias Médicas del país, sin que por ello estas personas pierdan ni un solo centavo de sus actuales salariales y ni un solo centavo de sus correspondientes pluses.

ANEP presenta denuncia contra Rolando González

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EXTRACTO DE LA DENUNCIA INTERPUESTA EN CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

San José, 21 de febrero de 2013.

Licenciada
Marta Eugenia Acosta Zúñiga
Contralora General
Contraloría General de la República

Estimada señora:

Los hechos y circunstancias a que se refiere esta petición son los siguientes:

Que el señor Rolando González Ulloa quién fungía como Presidente Ejecutivo del Instituto de Desarrollo Rural (INDER), podría haber incurrido en una serie de actos y prácticas que podrían configurar posibles irregularidades en su función como Presidente Ejecutivo de la institución mencionada, estamos adjuntando las pruebas correspondientes y procedemos a continuación a detallar los hechos:

1- Cobro de suma millonario por concepto de vacaciones acumuladas y no disfrutadas:

Al hacer efectiva su renuncia a partir del 02 de febrero de 2013 se procedió con el pago de sus prestaciones en las cuales además de sus extremos normales, se le reconoció el rubro de vacaciones acumuladas no disfrutadas, monto que significó el 85% del pago de esas prestaciones, es decir, la suma de ¢ 3.863.868.81, de los ¢4.561.233.00 que fue el total de lo pagado.

Don Rolando estuvo por aproximadamente 3 años en la Presidencia Ejecutiva de la institución y entendemos que este tipo de funcionarios del alto nivel jerárquico en instituciones públicas se rigen por lo que establece el Código de Trabajo, y están excluidos de Convenciones Colectivas y Reglamentos Autónomos de Trabajo. Es decir, don Rolando tenía como sumo por cada año de laborado en el INDER, un periodo de 15 días de vacaciones; entendemos que el monto pagado por vacaciones corresponde a 36 días de vacaciones, de ser así hablamos de que se están pagando poco más de dos periodos acumulados.

Entonces aparte de que se están pagando periodos acumulados, lo cual pareciera no estar acorde con los pronunciamientos en esa materia por parte de la Contraloría General de la República; estamos adjuntando oficios firmados por el mismo Rolando González, a los funcionarios del INDER indicándoles que esta totalmente prohibido tener más de un periodo vigente de vacaciones, al parecer aquí lo que es bueno para el ganso no es bueno para la gansa. Por lo que creemos que este pago no procede, podría ser irregular y debe la Contraloría proceder con su investigación.

2- Estructura paralela en nombramientos de personal:

A continuación estamos adjuntando documentación que demuestra una serie de hechos presuntamente ilegales que han ocurrido en el Instituto de Desarrollo Rural ( INDER) en materia de nombramientos y en el manejo de fondos públicos, motivados por razones de índole política, durante la Administración del señor Rolando González Ulloa, ex Presidente Ejecutivo, y que se continúan perpetrando durante la Administración del señor Víctor Julio Carvajal Garro ahora Presidente pero que fungió como Gerente del primero durante su Administración.

Nos referimos al oficio ARH-267-13, del 19 de febrero de 2013, en donde queda en evidencia una serie de nombramiento que podrían ser irregulares, y sobre los cuales se pronuncia el jefe de recursos humanos del INDER, señor Ronald Aguilar Soto.

3- Compra de tres pizarras interactivas:

Tenemos información y además estamos adjuntando las facturas de la compra de tres pizarras interactivas para uso exclusivo de la Presidencia, la Gerencia y la Junta Directiva que fueron comprados bajo la Presidencia de Don Rolando. Estas pizarras tuvieron un costo superior a la ¢5.000.000,00 cada una, en total se pago una factura por las tres pantallas de ¢15.929.487.90.

No podemos más que cuestionar la compra de este tipo de artículos y su necesidad institucional en un momento en donde se han girado fuertes directrices de contención del gasto por parte del Gobierno en toda la institucionalidad para evitar precisamente compras y gastos innecesarios y sin justificación. Es importante mencionar que se desconoce algún estudio o informe técnico que justifique la compra de estos equipos, por lo que creemos fundamental que la Contraloría investigue estas compras y determine responsabilidades en caso de haberlas.

4- Caso de asignación de una parcela del IDA con intervención del señor Rolando González Ulloa a un tercero en donde podría mediar un posible tráfico de influencias:

Se trata del caso de la familia conformada por el señor Sergio Jiménez Rodríguez y la señora Sheila de los Angeles Cordero Arias, los cuales cumplían con todos los requisitos de adjudicación de una parcela y para sorpresa de ellos, cuando creían que la parcela se les adjudicaría, apareció el IDA haciendo otro estudio para adjudicar la propiedad a otra familia por solicitud por solicitud del entonces Presidente Ejecutivo señor Rolando González Ulloa, según consta en oficio OSG-30-2013 de fecha 01 de febrero de 2013, y firmado por el Jefe a.i de la oficina territorial de Guatuso, señor Daniel Alvarado Acuña, que indica lo siguiente:

“Pese a todo lo expuesto anteriormente, se cuenta con una solicitud verbal por parte del Presidente Ejecutivo don Rolando González Ulloa, para que se realice el estudio de selección y se estudie la posibilidad de que dicha parcela sea adjudicada al señor Olger Chávez Morales, cédula 6-292-106 y la señora Andreina Obregón Salazar, cedula 1-1432-481; por tal razón a nivel de la Dirección Regional, a través de la Unidad Agraria, ya se está trabajando en ese sentido”.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Walter Quesada Fernández
Secretario General Adjunto

Rafael Àngel Mora Solano
Asesor Político

ANEP renueva relaciones con sindicalismo nicaragüense

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Estimadas compañeras y estimados compañeros: Respetuosos saludos.

Compartimos con ustedes, a modo de rendición de cuentas, los datos más generales de la reciente visita que hiciéramos a la hermana nación latinoamericana de Nicaragua, integrando la delegación oficial de la Junta Directiva Nacional (JDN), de la ANEP que al efecto se conformó; delegación compuesta por las compañeras directivas nacionales Martha Guido Serrano y Ligia Azofeifa Calderón, así como por los compañeros directivos nacionales Máinor Anchía Angulo y Héctor Prado Monge, junto al suscrito servidor de ustedes.

Nuestra delegación oficial de la ANEP estuvo, en todo momento, en la grata compañía de Carlos Guzmán Membreño, que es la persona de enlace entre ambas entidades para los efectos de la operacionalización práctica del convenio ANEP-FNT y para la promoción y coordinación del trabajo de base de carácter organizativo que el mismo implica.

Igualmente, ya en Nicaragua se nos agregó al grupo la compañera costarricense y trabajadora del Sistema Penitenciario Nacional de nuestro país, Ligia Solís Solís, exdirectiva nacional de la ANEP; quien por sus excelentes lazos solidarios y fraternales con varias de las personas integrantes de la Coordinación Nacional del FNT, ya había generado varias condiciones previas que nos permitieron tener éxito en esta importantísima misión político-estratégica de carácter sindical de la ANEP en Nicaragua.

Como se sabe, el propósito central de la visita fue prolongar el convenio bilateral existente entre el Frente Nacional de los Trabajadores (FNT), de Nicaragua y nuestra ANEP, para la difusión, promoción y defensa de los derechos laborales y sociales que consagra la legislación costarricense, entre la población trabajadora migrante en el país (básicamente, la de esa nacionalidad); incentivando su organización sindical a través del modelo de seccionales de la ANEP, gestadas en sus propias comunidades habitacionales (específicamente, las comunidades de “La Carpio” (en San José), y Guararí (Heredia); con un objetivo estratégico paralelo que es el fortalecimiento del Sistema de Seguridad Social del país, especialmente la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS); pues en la medida en que las personas trabajadoras migrantes con condición de asalariadas (tanto las que pudieran obtener empleo formal, como las que están en el cuentapropismo), estén dentro de tal sistema y no haya patronos inescrupulosos que violenten esas leyes laborales y sociales contratando mano de obra por debajo de los estándares mínimos que establecen las mismas, así hemos de ayudar al fortalecimiento de nuestra querida CCSS.

La visita tomó tres días; uno yendo y otro regresando. El segundo día, martes 12 de febrero de 2013, fue intensos en reuniones sobre el convenio, sobre la lucha del FNT, sobre nuestra propia lucha como ANEP, sobre los procesos sociopolíticos latinoamericanos en el escenario global vigente y, específicamente, los procesos sociales que se impulsan en Nicaragua bajo el gobierno del Partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), presidido por el señor Daniel Ortega Saavedra.

La primera reunión tuvo lugar en la oficina de la comisión de asuntos de Salud, del parlamento nicaragüense (Asamblea Nacional, aquí Legislativa), dándose la presencia del compañero Dr. Gustavo Porras Cortés, Coordinador Nacional del FNT; de su Subcoordinador Nacional, José Antonio Cepeda, a su vez máximo líder magisterial del país; del compañero José Ángel Bermúdez, Secretario Ejecutivo Nacional del FNT; así como de la compañera Maritza Andrade, Vicepresidenta de la Comisión de Educación del parlamento nicaragüense e integrante del FNT, quien a su vez funge como la Presidenta del Consejo Nacional de Trabajo del hermano país.

El segundo momento de este agitado día martes 12, fue en la propia sede nacional de FNT, para atender una conferencia de prensa convocada por éste con masiva asistencia mediática. Se explicó el convenio, sus alcances, se habló del esfuerzo laboral de la migración trabajadora nicaragüense en el país, así como se hizo firma pública del documento “Acuerdo del Frente Nacional de los Trabajadores (FNT de Nicaragua) y la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP de Costa Rica) para la organización y defensa de los derechos humanos y laborales de los trabajadores inmigrantes”. Luego contestamos varias preguntas de los y de las periodistas presentes.

Luego del almuerzo de este segundo día en Nicaragua, tuvimos una reunión con los compañeros y las compañeras de las organizaciones integrantes de la Coordinación Nacional del FNT, su dirección nacional, integrada por representantes de las nueve centrales sindicales conformantes del FNT. Tuvimos la oportunidad de hacer una explicación amplia de los contenidos actuales de la hegemonía imperante en la conducción de la ANEP; plantear los desafíos según los vemos en las actuales circunstancias de nuestro país; reforzar nuestro compromiso con el trabajo sindical con la población migrante nicaragüense en el marco del convenio con el FNT, entre otros aspectos relevantes de la exposición. Valga agregar que hicimos el abordaje de dos ámbitos del trabajo sindical que estamos queriendo potenciar al máximo: ANEP-Joven y la formación y capacitación político-sindical. En ambos casos dejamos los referentes internos nuestros para abrir posibilidades de cooperación, intercambio, gestión compartida y otros ámbitos.

Por la noche y ya en la ciudad de Masaya, a la cual nos habíamos trasladado de la reunión con la dirección nacional del FNT, tuvimos una cena de despedida, con la honrosa participación del compañero Dr. Gustavo Porras, del compañero José Ángel Bermúdez, de la compañera diputada del FSLN y vicealcaldesa de Masaya, Jacaranda Fernández Mejías, del propio señor alcalde (cuyo nombre no recordamos, lamentablemente), más toda nuestra delegación.

Igualmente, tal y como se pudo notar a lo largos de los tres momentos anteriores, la reafirmación del convenio bilateral ANEP-FNT se da en un marco de solidaridad sindical internacionalista, con total transparencia, con convergencia de pensamientos político-sociales en lo estratégico y en el ámbito latinoamericanista de hoy que muestra gobiernos progresistas que, de un modo u otro, contrarrestan el pensamiento neoliberal pero con gran inteligencia, amplitud, respeto por las diversidades, con creatividad y sin los fundamentalismos sectarios del dogmatismo esquematista que sataniza todo lo que no está en el “manual”; mismo que como apreciamos en nuestro país, no crece para nada y solamente se dedica a insultar a quienes no pensamos como secta.

Dos elementos adicionales nos impresionaron en grado sumo. Por un lado, la comprensión que recibimos sobre el posicionamiento que la ANEP está teniendo hoy en día en el país, en torno a la cuestión de la ley salarial médica tica y nuestra tesis del “desenganche”; especialmente con la experiencia social nicaragüense al respecto y guardando las dimensiones, por supuesto, de combatir ellos la gestación de una especie de casta gremial por encima de los intereses generales del pueblo trabajador.

Por otro, la adaptación de los principales contenidos del Humanismo Cristiano como uno de los más notables componentes del proceso de cambio social que impulsa el actual gobierno sandinista, el cual denomina su revolución como “Cristiana, Solidaria, Socialista”; dejando explícita una tolerancia plena al pensamiento profundamente cristiano-religioso de pueblo nicaragüense, pero no en el plano bajo del utilitarismo oportunista, sino porque permite ampliar una plataforma de adhesión con resultados concretos a favor de las necesidades populares en el marco del impulso de los mejores valores del socialismo solidario que siguen eternamente vigentes.

Podríamos extendernos aún más, pero esperamos haber indicado lo más general de esta visita, de altos resultados político-sindicales para la nuestra querida ANEP que más que legitimada queda ante las máximas autoridades sindicales de Nicaragua, que son las del FNT; por demás, compañeros y compañeras de gran trayectoria de lucha revolucionaria (la de verdad), y social; amén de que exhiben una gran claridad política-ideológica en el entorno global de hoy como para comprender, según lo percibimos, las grandes líneas de pensamiento de la ANEP de hoy en día. En verdad, nos sentimos profundamente satisfechos, contentos y revitalizados en nuestras posiciones con esta visita.

Fuimos extraordinariamente atendidos. Recibimos un gran calor humano y solidario. Percibimos un gran respeto para nuestra querida ANEP y una valoración altísima de su actual liderazgo. Quedamos en deuda para reciprocar tanta cortesía.

En verdad hacemos explícito por esta vía una inmensa gratitud a los compañeros y a las compañeras del FNT-Nicaragua, por la extraordinaria importancia, cuidado, esmero y sensibilidad que mostraron en su trato para con la delegación de la ANEP-Costa Rica que les visitó.

Finalmente, dejamos constancia expresa del gran agradecimiento que tenemos por el valioso aporte gestor y organizativo y de orientación política que para esta misión nos brindó el compañero Carlos Guzmán Membreño; así como para nuestra compañera afiliada Ligia Solís Solís que siempre ha estado abogando por el prestigio de la organización en sus constantes comunicaciones con la dirigencia sindical de FNT.

Se revitaliza el proceso de las 10 medidas para salvar la Caja

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*Manifiesto por la Seguridad Social
19 de febrero del 2013*

Nuestro Seguro social, la “Caja”, se basa en dos pilares fundamentales: La solidaridad, incluida la financiera, y la universalidad de los servicios. Estos son bases esenciales de nuestro modelo solidario de seguridad social y es lo que nos ha permitido tener mejores resultados en salud que países mucho más ricos y poderosos.
Estos principios implican que todas las personas debemos contribuir a una “olla común” con la finalidad de que esta nos asegure una pensión digna y atienda nuestra salud, sin importar nuestra clase social, ubicación geográfica, sin discriminación de ningún tipo y sin que se nos limite el acceso a todo lo que requiramos independiente de nuestro expediente de salud familiar.

¿Hacia dónde nos llevan? De un seguro solidario a tiempos de espera y exclusión de servicios

Más de sesenta años de alimentar esta “olla común” ha generado un capital social y económico que es sumamente apetecido para quienes quieren transformar nuestra salud y nuestras pensiones en un negocio.

¿Cómo lograr que la ciudadanía acepte que sean los operadores financieros privados y los consorcios de medicina privada los que administren el fondo de pensiones y atiendan privadamente nuestra salud? La población costarricense se opone masivamente a privatizar la Caja Costarricense del Seguro Social. Para lidiar con esta oposición se encuentra en marcha una estrategia que sistemáticamente deteriora el funcionamiento y la imagen de la institución. El objetivo es que la Caja siga recaudando fondos públicos y que proveedores privados lucren con la enfermedad. Y lo que es realmente terrible para la población, es que ese negocio con la salud se hará a costa de incluir tiempos de espera para acceder a los servicios y de excluir enfermedades que se atienden.

En ese contexto, la incapacidad institucional para resolver las largas filas y listas de espera; la complicidad de las gerencias y sucesivas juntas directivas con la competencia pseudo privada subsidiada por la seguridad social; la complicidad de las autoridades con el tiempo pagado por la seguridad social que profesionales de ciencias médicas dedican a sus consultorios privados; o, incluso el presunto “maquillaje” de cifras en los términos que ya han sido denunciados ante el Ministerio Público, son tan solo algunas expresiones de esa estrategia.

La crisis del Seguro de Salud se manifiesta en lo financiero, pero se origina en serios problemas de gestión, a su vez originados en intereses políticos de corto plazo y en manejos gremiales corporativos que enfrenta a la población asegurada con un pequeño grupo de profesionales que solo vela por sus propios intereses. Esta realidad perjudica la equidad y la oportunidad de los servicios que recibe la población asegurada.

Los problemas de la Caja se originan en tres tipos de conflictos de interés de cuya resolución depende el futuro de la seguridad social:

1. El conflicto existente entre el interés público y los intereses político-partidarios. Este conflicto ha producido, por ejemplo, que la jerarquía institucional le perdone deudas al Estado o no se utilicen todos los instrumentos legales para impedir la morosidad del Estado con la Caja; o que se haya contratado más de 10 mil personas, la mayoría en cargos administrativos a nivel central.

2. El conflicto existente entre el interés público y los intereses mercantiles de quienes hacen jugoso negocio con la salud (o más bien, con la enfermedad) de las personas. Este conflicto ha producido, por ejemplo, que se siga contratando servicios privados a un costo altísimo, en lugar de realizar las inversiones que permitan a la Caja prestar esos servicios de forma directa a un menor costo.

3. El conflicto existente entre el interés púbico y el interés gremial. Algunos de los gremios de la Caja están actualmente defendiendo situaciones desfavorables para la población asegurada. Por ejemplo, en lugar de buscar que la hora ordinaria se remunere bien para todos, defienden que una pequeña élite de profesionales en ciencias médicas ganen más de 10 millones de colones al mes. Esto se hace mediante abultadas jornadas extraordinarias como guardias médicas y disponibilidades que disparan el gasto en esta partida presupuestaria y que no guardan relación con las listas de espera que son verdaderamente uno de los talones de Aquiles del sistema.

Estas jornadas extraordinarias devienen permanentes, con lo que se bloquea la creación de segundos y terceros turnos. Este círculo vicioso impide que la mayoría de los centros de atención de la Caja abiertos las 24 horas logren un verdadero impacto en la efectividad, calidad y humanización de los servicios. También impide la contratación de personas jóvenes que releven a la fuerza de trabajo actual.
Todos estos conflictos entre el interés público (de toda la población asegurada) y de unos pocos (políticos, vendedores de servicios y de algunos pocos especialistas inescrupulosos), que afectan directamente lo que hace y deja de hacer la Caja, tanto hacia dentro como en sus relaciones externas, deben ser abordados con transparencia y objetividad. De ello depende que sobreviva y se recupere el modelo de salud universal y solidario que hemos disfrutado.

Acuerdos sociales para rescatar la seguridad social

Desde diversos sectores sociales, ciudadanos y políticos entre otros, se han puesto sobre la mesa múltiples propuestas para atender esos conflictos de interés, y corregir los graves problemas que aquejan a la Caja Costarricense del Seguro Social.

En soledad, las autoridades de la Caja no podrán tomar las medidas que se requieren para enfrentar esos problemas, ya que muchas de estas medidas implican enfrentar intereses y grupos sumamente poderosos e interesados en la privatización, tanto de los fondos de pensión como de la prestación de servicios médicos, olvidando por supuesto la atención integral de salud y la medicina preventiva. Es necesario e imprescindible que las acciones emprendidas en defensa de la seguridad social sean respaldadas por la ciudadanía organizada, sin este respaldo y la correspondiente articulación de acciones no vemos posible enfrentar intereses tan poderosos que no descansan en su afán privatizador.

En este momento es urgente un debate nacional con participación social efectiva desde las regiones, por medio de mesas regionales, que tenga como objetivo fortalecer observatorios populares permanentes de los servicios de salud, que incorporen a las fuerzas sociales desde lo local-regional y se alimente una mesa nacional para determinar democráticamente el fortalecimiento del modelo solidario y universal de salud de Costa Rica.

Proceso este que debe permitir revisar las falencias actuales que enfrenta la Caja Costarricense del Seguro Social, considerando en forma comprensiva e integral, los diversos factores internos y externos que afectan su funcionamiento. Sólo con grandes acuerdos sociales se logrará el mejoramiento sustancial de los servicios de salud pública que brinda la Caja a los habitantes de Costa Rica, y se la rescatará de quienes quieren quedarse con el lucrativo negocio de la enfermedad, lo cual impone también volver la mirada hacia un enfoque preventivo pensado y reconstruido laboral y socialmente desde los barrios y los pueblos, ruta que sin temor a equivocarnos es menos onerosa para el sistema como tal.

Este debate nacional que debe desarrollarse bajo un marco de participación democrática desde lo local-regional debe estar orientado hacia la búsqueda de un PACTO SOCIAL POR EL FORTALECMIENTO Y DEFENSA DE LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL y debe sin lugar a dudas tener como marco los dos pilares de la seguridad social: solidaridad y universalidad. Se trata de recuperar y fortalecer a la Caja como institución que garantiza el derecho a la salud del pueblo costarricense. Ese compromiso debe estar por encima de intereses gremiales o corporativos como también por encima de banderas partidistas.

MEDIDAS URGENTES PARA RESCATAR A LA CAJA Y A LA SEGURIDAD SOCIAL

Ya en el documento denominado 10 medidas para empezar a ordenar la CCSS, se planteaban medidas urgentes que deben ser adoptadas a la brevedad. Otros informes, como los dictámenes legislativos de mayoría y minoría, así como el informe de la denominada comisión de notables, así como diversas propuestas de organizaciones sindicales, sociales y de la sociedad civil, representan un caudal de pensamiento e iniciativas que deben ser puestas sobre la mesa. Muchas de ellas son contradictorias entre sí, pero creemos firmemente que existen amplias áreas de coincidencia entre muchas de esas iniciativas.

Las medidas para abordar estos problemas son múltiples y requieren de una visión integral del problema. Además, ninguna de las medidas que se adopten resolverá por sí misma una problemática por definición compleja. Sin embargo, debemos identificar medidas urgentes que se requieren poner en marcha para “ordenar la Caja”, y para enfrentar y eliminar los tres conflictos antes indicados.

Dentro de estas medidas, es nuestra firme convicción que debemos incluir al menos las siguientes:

1. Implementación del expediente electrónico en un plazo de 6 meses a nivel nacional.

2. Transparentar las listas de espera e incorporar la participación de la gente en el seguimiento y control, incluyendo cirugías, exámenes de diagnóstico y citas con especialistas

3. Fiscalizar de mejor manera el cumplimiento de los horarios de todo el personal de la Caja, en particular de los/as profesionales de las ciencias médicas, con un énfasis de control real, efectivo y prioritario en lo que a extras, guardias, disponibilidades se refiere ya que estos rubros son onerosos para el sistema y no guardan relación con la atención que el pueblo trabajador merece. Modalidades de trabajo que deben irse eliminando a partir de implementar lo referido en el punto siguiente.

4. Disminuir el tiempo extraordinario hasta donde sea posible en atención a la calidad y la oportunidad del servicio público, y sobre todo como forma permanente de pago de jornada, creando nuevas plazas en segundos y terceros turnos para que los hospitales y otros centros de atención sigan funcionando las 24 horas.

5. Desenganchar los salarios de los profesionales en ciencias médicas de la fijación salarial del resto del sector público.

6. Establecer gradualmente y conforme se desarrolle un agresivo programa de formación de nuevos especialistas, la prohibición de tener simultáneamente práctica pública y privada para evitar el conflicto de intereses por parte de algunas ramas de profesionales en ciencias médicas

7. Retomar el enfoque preventivo del modelo de atención

8. Acordar y ordenar en un plazo de 30 días la centralización de las compras de medicamentos e insumos médicos y permitir el seguimiento público de estas compras

9. Formular con carácter urgente en un plazo de dos meses, un plan de inversiones que establezca metas concretas para la adquisición de equipo y tecnología de punta para eliminar la contratación de onerosos servicios privados

10. Dar contenido fiscal a todos los compromisos del Estado con la Caja y sus deudas, tanto en el régimen de Enfermedad y Maternidad, como en el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte y eliminar los portillos legales que permiten evadir y eludir las cuotas obrero-patronales mediante la utilización de redes de empresas y personas jurídicas.

Insistimos que estas son medidas urgentes que deben ser ejecutadas, pero no son las únicas.

PARTICIPACIÓN SOCIAL EN EL PROCESO DE ADOPCIÓN Y EJECUCIÓN DE ESTAS MEDIDAS

Tanto el Gobierno de La República, como las diversas fracciones legislativas, están en la obligación de impulsar las iniciativas de ley que sean necesarias para hacer realidad estas medidas y otras que inicien, finalmente, el rescate y fortalecimiento de nuestra seguridad social.

La Junta Directiva de la Caja debe, en un plazo de 6 meses, presentar ante la ciudadanía un plan estratégico de acciones concretas en defensa del sistema solidario y universal que incorpore acciones específicas, con plazos claros y con capacidad de ser medibles y verificables por la ciudadanía.

La discusión, adopción y ejecución de estas y otras medidas, deben realizarse en un proceso transparente y con activa participación ciudadana que acompañe, supervise y enriquezca la toma de decisiones urgentes e inmediatas para rescatar y fortalecer a la Caja y a nuestro sistema solidario y universal de seguridad social. Es por ello que la Junta Directiva de la Caja y el Gobierno de la República deben articular un proceso que permita a diversas organizaciones sociales y ciudadanas, participar en la deliberación colectiva y definan indicadores medibles de cumplimiento conjuntamente con la jerarquía y las gerencias institucionales. Es indispensable que la población usuaria tenga voz y que su opinión sea tenida en cuenta y respetada.

19 de febrero del 2013

Iglesia Luterana Costarricense
ILCO

Unión de Productores Independientes de Actividades Varias
UPIAV.

Unión Nacional de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios
UPANACIONAL

Cooperativa Agrícola, Industrial y de Servicios Múltiples El General
COOPEAGRI

Cooperativa de Caficultores de Tarrazú
COOPETARRAZÚ

Cooperativa de Electrificación Rural Los Santos
COOPESANTOS R.L.

Asociación Regional de Salud Comunitaria de San Ramón
ARSC
Sindicato Nacional de Enfermería
SINAE

Central Social Juanito Mora Porras
CSJMP

Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados
ANEP

Consorcio de Gestión de la Economía Social
CONGES

En los documentos adjuntos encontrarán el manifiesto de la actividad.

Goleada de Correa

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Estimados compañeros y estimadas compañera de Alai-Amlatina: Respetuosos saludos.

Desde Costa Rica, en la América Central, con mucha emoción, con gran alegría y con renovada esperanza en que “Otro mundo es posible”, las organizaciones sociales-sindicales que representamos, saludamos la contundente victoria del Presidente de la hermana latinoamericana República de Ecuador, Rafael Correa, quien ha sido reelecto en las elecciones presidenciales de hoy domingo 17 de febrero de 2013, con un amplísimo margen de respaldo popular.

A las entidades que representamos, y que desde nuestro ámbito de trabajo venimos planteando ideas para “Otra Costa Rica posible”, nos satisface muchísimo que esta comunidad de pensamiento latinoamericanista y soberanista, nacionalista e independentista real, de un paso más en firme hacia su consolidación como la hegemonía dominante alternativa a la brutalidad, a la inhumanidad, a la esclavitud del capitalismo salvaje neoliberal; hegemonía que, afortunadamente, con procesos como el que lidera el Presidenta Correa sigue su avance impetuoso en nuestra amada América Latina.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General, Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
Presidente, Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP)
COSTA RICA
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El Presidente Rafael Correa ha sido reelecto en la primera vuelta con una votación superior al 60%, según encuestas a boca de urna realizadas por las empresas CEDATOS y Opinión Pública Ecuador. Según estos datos preliminares extraoficiales, Correa ha ganado en todas las provincias del Ecuador, seguido por el banquero Guillermo Lasso, quien obtiene un 21% de los votos.

Salvo la denuncia de intentos de jaqueo a la página web del Consejo Nacional Electoral, la jornada electoral se desarrolló en forma tranquila y normal tanto en los recintos electorales del Ecuador como del exterior.

El triunfo de Correa implica un triunfo de la estabilidad en un país que ha tenido profundas crisis políticas en las que varios gobiernos corruptos y entreguistas han sido derrocados por la movilización social. Es la primera vez, en más de tres décadas, que un presidente conserva altos niveles de popularidad al final de su mandato y es reelecto con un amplio margen.

En este sentido, la votación por Correa expresa un espaldarazo a la continuidad de sus políticas y una oportunidad para que concluya las obras que ha emprendido en materia de carreteras, hospitales, planteles escolares, centrales hidroeléctricas, etc.

Algunos elementos pueden explicar el contundente triunfo de Correa: crecimiento económico, bajas tasas de inflación y de desempleo y políticas de redistribución del ingreso que se han traducido en una masiva inversión social en educación, salud, vivienda, atención a los discapacitados y mejora de la calidad de los servicios públicos (correos, seguridad social, registro civil, función judicial).

Al imprimir altos niveles de calidad a los servicios públicos y al colocarlos a disposición de los sectores más pobres de la población, éstos últimos no solo tienen acceso a ellos sino que se sienten valorados en su dignidad y eso explicaría el alto apoyo a Correa. Estos sectores, asimismo, han sido beneficiados por el bono de desarrollo que en el mes de enero subió de 35 a 50 dólares mensuales.

Un candidato a asambleísta del Movimiento Alianza País, cuyo nombre omitimos, plantea que el voto de Correa es “transclase”, es decir que estaría compuesto por todos los sectores sociales. La gestión del gobierno, de acuerdo a esta versión, ciertamente ha favorecido a sectores empresariales a los cuales no les ha ido nada mal y que constituirían el voto escondido a favor de Correa. El mejoramiento de las carreteras, por ejemplo, les permite ahorrar tiempo y una mayor facilidad para movilizar sus productos. De la misma forma, las políticas económicas que limitan las importaciones de textiles o calzado han permitido el crecimiento de los sectores económicos dedicados a estas ramas. Estos sectores empresariales ya se habrían “acostumbrado” a pagar impuestos y a cumplir las leyes laborales porque esto les permite tener mejores relaciones con sus trabajadores, repercutiendo en una mayor productividad.

Desde el punto de vista internacional, el triunfo de Correa representa el afianzamiento de la tendencia de los gobiernos progresistas que ya han logrado reeligirse en Brasil, Argentina, Uruguay, Venezuela y Nicaragua, y una apuesta al fortalecimiento de los espacios de integración como el ALBA, la UNASUR y la CELAC. El gobierno de Correa deberá enfrentar situaciones difíciles como el caso de Julian Assange, que se encuentra asilado en la embajada de Ecuador en Londres, la ley de Estados Unidos que sanciona a los países que mantienen relaciones con Irán, las demandas de las transnacionales contra el Estado ecuatoriano, entre otros.

A la victoria de Correa contribuyó de manera decisiva la fragmentación y la pobreza del discurso de las oposiciones (de derecha, izquierda y populistas) que presentaron siete candidaturas presidenciales, sin que hayan podido unificarse en tres o cuatro tendencias. Centradas todas en atacar lo que denominaron el autoritarismo, la intolerancia y la concentración de poderes en manos de Correa, fueron incapaces, especialmente desde la derecha representada por el banquero Guillermo Lasso, el hombre más rico del Ecuador Álvaro Noboa y el ex presidente Lucio Gutiérrez, de proponer alternativas creíbles y medianamente estructuradas y coherentes.

Guillermo Lasso, que se ubicó en el segundo lugar, canalizó el voto anti-correista de los sectores de la derecha tradicional que comparten algunas de sus tesis esgrimidas en la campaña como el de derogar los impuestos a los más ricos, firmar tratados de libre comercio y abrir el país a la inversión extranjera privada. Lasso es miembro numerario del Opus Dei y mantiene relaciones con José María Aznar del Partido Popular de España, que actúa en América Latina representando a la derecha internacional y al capital transnacional.

La campaña

Otra cosa que influyó en los resultados electorales fue el diseño de la campaña de Correa. Pese a la gran popularidad del Presidente, el movimiento Alianza País partió con el criterio de actuar como si no tuviera un solo voto y privilegió la campaña en la calle, el acercamiento a la gente, las concentraciones en pueblos y ciudades, lo que se complementó con el uso de medios y redes sociales. Este movimiento ha acumulado la experiencia de ocho victorias electorales consecutivas.

Aunque ya se preveía el triunfo de Correa, no estaba asegurada la mayoría en la Asamblea Nacional compuesta por 137 miembros, por lo que la estrategia del presidente se enfocó en la Asamblea. “No me dejen solo” decía Correa a sus seguidores en las concentraciones mientras llamaba a votar en plancha por su lista de asambleístas. Pese a que algunos candidatos a asambleístas fueron cuestionados e incluso el candidato a la Vicepresidencia, esto no parece haber repercutido en los resultados finales que darían una holgada mayoría a Alianza País en la legislatura, habiendo influido más el carisma de Correa.

Ampliación de la democracia

A principios del siglo XX se reconoció el voto a las mujeres. En 1979, cuando el Ecuador retornó al régimen democrático, se reconoció este derecho a los analfabetos. En el 2013, y gracias a la nueva Constitución, se ha avanzado mucho más en la inclusión política. Ahora pudieron votar los jóvenes de 16 a 18 años, los militares y policías, los emigrantes, los presos sin sentencia ejecutoriada, los extranjeros residentes. De acuerdo a esta política, se tomaron medidas para que los policías y transportistas ayuden a las personas con discapacidad y personas de la tercera edad a llegar a los recintos electorales.

Este nuevo triunfo de Correa plantea grandes retos y desafíos en función de cumplir las propuestas contenidas en el programa de gobierno 2013-2017 de Alianza País y responder a las expectativas de una ciudadanía cada vez más empoderada. En el horizonte de las deudas pendientes está atacar la concentración escandalosa de la tierra, a redistribución del agua, la ley de comunicación, el freno a los grupos monopólicos que concentran la economía, el abrir el diálogo político con los pueblos indígenas, el combatir a fondo la corrupción, entre otros.

URL de este artículo: http://www.alainet.org/active/61662

ANEP no irá a negociación del salario único

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En su sesión No. 1948, de carácter ordinario, de la Junta Directiva Nacional (JDN), de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), celebrada el pasado viernes 15 de febrero de 2013, se ratificó la posición oficial de la organización con relación al “Anteproyecto de ley para el ordenamiento de las retribuciones adicionales al salario base del Sector Público”, sindical y popularmente conocido como, “el proyecto de ley del salario único y contra los pluses salariales en el sector Público”; iniciativa que fuera presentada a nombre del actual Gobierno de la República por la anterior jerarca del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), señora Sandra Piszk Feinzilber, luego de que le entregara a las principales organizaciones sindicales del sector Público un documento, “para discusión”, denominado “Estado de Situación en Materia de Salarios y Remuneraciones del Sector Público Costarricense”. El actual jerarca de dicha entidad, señor Olman Segura Bonilla, está retomando esta iniciativa y ha convocado para el próximo jueves 21 de febrero de 2013 a los sindicatos (incluida la ANEP-Central Social Juanito Mora Porras), para abrir el debate al respecto. ANEP no irá y enviará una nota explicando sus razones.

Recordemos que tal iniciativa gubernamental pretende aplicarse (según lo indica el citado “Anteproyecto de ley para el ordenamiento de las retribuciones adicionales al salario base del Sector Público”):

  • A los servidores del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y del Tribunal Supremo de Elecciones, así como al personal de sus órganos auxiliares y de sus órganos desconcentrados.
  • A los servidores de los entes descentralizados y de las empresas del Estado, así como al personal de sus órganos desconcentrados.
  • A los servidores de las corporaciones municipales.
  • Quedan excluidos de la aplicación de esta ley únicamente los servidores del sector público que laboren para los bancos del Estado, el Instituto Costarricense de Electricidad y el Instituto Nacional de Seguros, por encontrarse en régimen de competencia.

Compartimos con todas las bases dirigentes de nuestra querida organización ANEP, así como con los y las anepistas del sector Público, con las personas trabajadoras asalariadas, en general, del mismo; con las hermanas agrupaciones gremiales, laborales y sindicales estatales, así como con la ciudadanía nacional, los principales puntos de nuestra posición al respecto.

Primero: La ANEP es, si se quiere, la organización social que desde el ámbito sindical, más ha estado trabajando el tema tributario-fiscal del país. Acumulamos mucho tiempo ya en ello, siendo la experiencia más notable la participación nuestra en la Comisión Especial Legislativa Mixta Especial para el Pacto Fiscal, que se dio en la Administración Pacheco de la Espriella. Casi hay un acuerdo histórico nacional al respecto, inédito para la vida republicana reciente del país pero fue bloqueado por el entonces diputado Federico Malavassi.

Segundo: Dentro de nuestro estudio del tema hemos acuñado el término “Revolución Tributaria” para tratar de darle la magnitud a un problema gravísimo de inequidades impositivas que caracterizan al sistema tributario costarricense, de forma tal que los cambios que éste ocupa deben ser verdaderamente revolucionarios, si queremos viajar, de manera consistente, de la odiosa y perversa regresividad actual que le caracteriza hacia una progresividad justa y más que necesaria en los actuales momentos. Si el término indicado no gusta, pues podemos hablar de una “Transformación Tributaria Estructural”.

Tercero: Rechazamos, tajantemente, que los denominados pluses salariales sean la causa del déficit fiscal; o, lo que es peor, que quitándole a los trabajadores y a las trabajadoras del sector Público esos sobresueldos, se arregle el este problema del déficit. Nosotros creemos que entrarle al asunto por este lado es esparcir una cortina de humo sobre la verdadera naturaleza del problema fiscal-tributario del país; y, por otro, culpabilizar a los empleados públicos y a las empleadas públicas, especialmente los de ingresos medios y bajos, de la famosa “crisis fiscal”. Con la ANEP no cuenten para entrarle al problema fiscal rebajando salarios en el sector Público, cuando son precisamente quienes laboran en él los más puntuales pagadores de impuestos; por ejemplo, el de renta se rebaja de la planilla directamente y el de ventas se paga con la compra en la pulpería o en el supermercado. Quienes evaden impuestos, son otros, no los trabajadores ni las trabajadoras.

Cuarto: Una muestra de que el problema del déficit fiscal está en otra parte, es el reconocimiento ya oficial de que, únicamente por exoneraciones y evasiones, el Estado deja de percibir, casi 6 puntos de Producto Interno Bruto (PIB). Imagínese usted de qué clase de cifra estamos hablando. Nosotros hemos venido hablando de este aspecto hace ya bastante tiempo. Ahora la “oficialidad hegemónica dominante” nos dio la razón. Ni siquiera la sumatoria de todas las sumas que a los y a las profesionales del Gobierno Central se les paga por pluses como la Dedicación Exclusiva y/o la Prohibición, incluso vinculadas conjuntamente, se acerca en lo más mínimo a la cantidad de 1.200 millones de millones de colones que son esos 6 puntos de PIB (esperamos haber “traducido” bien esta cantidad, 6 puntos de PIB, considerando que cada punto equivale a unos 200 mil millones de colones). Entonces, con respeto, es absolutamente ridículo que el Gobierno pretenda hablar de un proyecto de ley para quitar, reducir, eliminar, pluses. ¡¡¡Por favor!!!

Quinto: No tenemos miedo a sentarnos a una mesa fiscal-nacional. Pero en serio. Tenemos estudio en el tema y lo hemos abordado sin perspectiva panfletaria. Pero que no nos vengan a decir que los pluses son la causa del déficit fiscal. Eso no se sostiene tan solo con el ejemplo del 6% PIB en exenciones y exoneraciones. Porque hay más ámbitos donde el robo de los impuestos es de tal magnitud que se ha convertido en una especie de crimen contra toda la sociedad.

Sexto: El Gobierno debería mostrarle al país un listado que tiene “engavetado” con los 1.158 puestos del Estado que superan la suma de 5 millones de colones de salario mensual, llegando hasta 20 y más millones. Eso sí sería sumamente interesante de conocer cómo lo abordaría si cree que el déficit fiscal anda por este lado.

Sétimo: La ANEP seguirá insistiendo por todas las vías a su alcance y acudiendo a todas las formas de lucha posibles, en la modificación legislativa del artículo 12 de la ley salarial médica para que se materialice el “desenganche” de la estructura salarial del Poder Ejecutivo (Gobierno Central), con relación a la estructura salarial del gremio de los y de las profesionales en Ciencias Médicas del país, sin que estas personas profesionales médicas pierdan un solo centavo de sus salarios ni un solo céntimo de sus pluses, por la eventual reforma de ley al citado artículo.

Octavo: Aunque presuntamente y según informaciones de prensa, y ante la propia desautorización presidencial que se habría manifestado, el Ministro de Hacienda, don Edgar Ayales Esna, habría “renunciado” y se habría “desdicho” de su nefasta idea de ponerle impuestos al Aguinaldo y al Salario Escolar; la ANEP (que fue la primera organización sindical que le salió al paso a tan perversa iniciativa), reitera su más rotunda oposición y el más fiero rechazo a estas “ideas locas”, sin descartar ninguna forma de lucha para que desaparezcan radicalmente de una vez y para siempre.

Noveno: Hacemos un llamado vehemente a todas nuestras bases dirigentes del sector Público y a todas las organizaciones amigas y fraternas que valoran y respetan nuestro esfuerzo de lucha para que nos aprestemos a la lucha abierta, en las calles, contra estas iniciativas contrarias a la justicia social, a la equidad, a la movilidad social y en contra de derechos laborales consolidados, legal y constitucionalmente. Especialmente, hacemos un llamado a los compañeros y a las compañeras anepistas y a la clase trabajadora asalariada, del sector Público, para que nos movilicemos de las más diferentes formas y en los momentos adecuados, en atención a llamamientos organizacionales compartidos y sin sectarismos violentistas.

Décimo: La ANEP reitera su convicción de que uno de los más grandes desafíos, de carácter estratégico y con visión de futuro, que enfrenta la sociedad costarricense de hoy y, especialmente, su clase trabajadora, es el impulso activo para la materialización concreta de profundas transformaciones en el injusto sistema tributario costarricense y su perversa orientación regresiva; lo que impide una más justa distribución de los beneficios del crecimiento económico y la implementación de nuevas políticas públicas hacia la integración y la cohesión sociales. Este desafío, de profundo carácter antineoliberal, implica una conjunción de esfuerzos y de fuerzas cívico-políticas que jamás se pensó que fuese necesario; y, con humildad, la ANEP está lista para dar su aporte.

San José, domingo 17 de febrero de 2013.

Junta Directiva Nacional (JDN)
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
Central Social Juanito Mora Porras

Respondemos preguntas sobre proyecto de salario único

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Les presentamos las respuestas íntegras a la petición del periodista Gerardo Ruiz, del semanario El Financiero, sobre nuestra posición al respecto del proyecto de ley que el Gobierno pretende imponer a los sectores sindicales.

Primera: La ANEP es, si se quiere, la organización social que desde el ámbito sindical, más ha estado trabajando el tema tributario-fiscal del país. Acumulamos mucho tiempo ya en ello, siendo la experiencia más notable la participación nuestra en la Comisión Especial Legislativa Mixta Especial para el Pacto Fiscal, que se dio en la Administración Pacheco de la Espriella. Casi hay un acuerdo histórico nacional al respecto, inédito para la vida republicana reciente del país pero fue bloqueado por el entonces diputado Federico Malavassi.

Segunda: Dentro de nuestro estudio del tema hemos acuñado el término “Revolución Tributaria” para tratar de darle la magnitud a un problema gravísimo de inequidades impositivas que caracterizan al sistema tributario costarricense, de forma tal que los cambios que este ocupa deben ser verdaderamente revolucionarios, si queremos viajar, de manera consistente, de la odiosa y perversa regresividad actual que le caracteriza hacia una progresividad justa y más que necesaria en los actuales momentos. Si el término indicado no gusta, pues podemos hablar de una “Transformación Tributaria Estructural”.

Tercera: Rechazamos, tajantemente, que los denominados pluses salariales sean la causa del déficit fiscal; o, lo que es peor, que quitándole a los trabajadores del sector Público esos sobresueldos, se arregle el problema este del déficit. Nosotros creemos que entrarle al asunto por este lado es esparcir una cortina de humo sobre la verdadera naturaleza del problema fiscal-tributario del país; y, por otro, culpabilizar a los empleados públicos, especialmente los de ingresos medios y bajos, de la famosa “crisis fiscal”. Con la ANEP no cuenten para entrarle al problema fiscal rebajando salarios en el sector Público, cuando son precisamente quienes laboran en él los más puntuales pagadores de impuestos; por ejemplo, el de renta se rebaja de la planilla directamente y el de ventas se paga con la compra en la pulpería o en el supermercado. Quienes evaden impuestos, son otros, no los trabajadores.

Cuarta: Una muestra de que el problema del déficit fiscal está en otra parte, es el reconocimiento ya oficial de que, únicamente por exoneraciones y evasiones, el Estado deja de percibir, casi 6 puntos de Producto Interno Bruto (PIB). Imagínese usted de qué clase de cifra estamos hablando. Nosotros hemos venido hablando de este aspecto hace ya bastante tiempo. Ahora la “oficialidad hegemónica dominante” nos dio la razón. Ni siquiera la sumatoria de todas las sumas que a los y a las profesionales del Gobierno Central se les paga por pluses como la Dedicación Exclusiva y/o la Prohibición, se acerca en lo más mínimo a la cantidad de 1.200 millones de millones de colones que son esos 6 puntos de PIB. Esperamos haber “traducido” bien esta cantidad, 6 puntos de PIB, considerando que cada punto equivale a unos 200 mil millones de colones. Entonces, con respeto, es absolutamente ridículo que el Gobierno pretenda hablar de un proyecto de ley para quitar, reducir, eliminar, pluses. ¡¡¡Por favor!!!

Quinta: Sí hemos de llamar a la manifestación en las calles si el Gobierno insiste en este asunto. Estamos valorando si vale la pena ir a la reunión del 21 de este mes que está convocando el Gobierno. Ya conocemos sus intenciones desde que estaba la anterior jerarca de la cartera de Trabajo y su responsable máximo actual no ha puntualizado qué es exactamente lo que quiere.

Sexta: No tenemos miedo a sentarnos a una mesa fiscal-nacional. Pero en serio. Tenemos estudio en el tema y lo hemos abordado sin perspectiva panfletaria. Pero que no nos vengan a decir que los pluses son la causa del déficit fiscal. Eso no se sostiene tan solo con el ejemplo del 6% PIB en exenciones y exoneraciones. Porque hay más ámbitos donde el robo de los impuestos es de tal magnitud que se ha convertido en una especie de crimen contra toda la sociedad.

Sétima: El Gobierno debería mostrarle al país un listado que tiene “engavetado” con los 1.158 puestos del Estado que superan la suma de 5 millones de colones de salario mensual, llegando hasta 20 y más millones. Eso sí sería sumamente interesante de conocer cómo lo abordaría si cree que el déficit fiscal anda por este lado.

Estimado don Gerardo: Quedamos a sus gratísimas órdenes y en próximas horas revisaremos este mensaje para conocer su decisión con base en la circunstancia explicada. Le reiteramos nuestro mayor respeto y consideración.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP

Gremios policiales se ven afectados por Incentivos Médicos

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Representantes de los gremios policiales de la Fuerza Pública, la Policía Penitenciaria, la Policía de Migración y los encargados de la seguridad en los centros educativos del Ministerio de Educación Pública se manifestaron, en conferencia de prensa, pidiendo el “desenganche” de la Ley de Incentivos Médicos de sus negociaciones salariales.

Los representantes policiales reafirman la posición de nuestro sindicato, en que no se está pidiendo ningún tipo de intervención en los salarios médicos, sino desligar de ahora en adelante esta ley con las negociaciones salariales de su gremio.

La solicitud expresa es reformar el artículo 12 de dicha ley salarial, artículo que afecta directamente a trabajadores y trabajadoras que, por poner un ejemplo, ganan de salario base cerca de 250 mil colones, en contraposición a los salarios millonarios de los médicos.

Son cientos de policías de todos los ámbitos que se ven afectados por este tema. El Gobierno dice que la Ley de Incentivos afecta cualquier tipo de negociación con ellos, ya que cualquier aumento repercute proporcionalmente en el salario médico. Dos ejemplos puntuales son el aumento de 15 mil colones que recibirá la Fuerza Pública, que se traducen en hasta 60 mil colones en algunos doctores, o el caso de Seguridad del MEP, que no logran finalizar la negociación del plus salarial por peligrosidad ya que esto implica, también, un aumento a los galenos.

En la ANEP seguimos con nuestra lucha, no contra el gremio médico, sino por la justicia salarial de los trabajadores y trabajadoras con menores ingresos, como lo son los gremios policiales.