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Condenamos decisión del TSE sobre impresión de papeletas

Publicada el 11/02/2013 | por ANEP | Dejar un comentario

Honorable señora periodista Ana Amenábar
Honorable señor periodista Aarón Sequeira
DIARIO EXTRA

Respetuosos saludos a ambos. Dan cuenta ustedes en nota periodística que hoy sábado 9 de febrero de 2013, publica Diario Extra, de que (según titular), “IMPRENTA NACIONAL NO HARÁ PAPELETAS”, según el acuerdo que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), tomó el pasado 24 de enero de 2013.

Al respecto, la organización que nos honramos en representar, a la cual está asociada la abrumadora mayoría del personal de la Imprenta Nacional, manifesta lo siguiente, con la respetuosa solicitud de que se considera publicar nuestra reacción al respecto:

PRIMERO: Condenamos, fuertemente, la decisión del indicado tribunal electoral, toda vez que representa una ofensa y una odiosa descalificación, no solamente al significado histórico de la Imprenta Nacional para la institucionalidad costarricense; sino que, una grave agresión a la dignidad de la fuerza laboral que en esta entidad labora hoy en día.

SEGUNDO: Consideramos que la decisión tiene un matiz político de fondo de corte antiobrero: una especie de “cobro de factura” por las acciones sindicales de otros momentos electorales, cuando la lucha social y laboral del personal reivindicó aspectos importantes de su dignificación profesional y técnica, así como su alto grado responsabilidad con la confidencialidad y la seguridad del manejo de material electoral altamente sensible. Sabemos que ello siempre molestó al TSE.

TERCERO: La decisión es artera y malintencionada toda vez que es profundamente discutible los costos de impresión de las papeletas y sobradamente se puede demostrar que le saldrá más barato al pueblo costarricense si se usan los servicios de la Imprenta Nacional. Es más barato en la imprenta del Estado la elaboración de este sofisticado material electoral.

CUARTO: La Imprenta Nacional cuenta con un personal altamente especializado, de solvente y probado profesionalismo, de gran calificación técnica y de sobrada experiencia, sumamente demostrado a lo largo de los años y, especialmente, cuando se habla de impresión de diverso material electoral.

QUINTO: La Imprenta Nacional sí cuenta con la tecnología apropiada y eficiente para estas y otras impresiones y los avances en tal sentido, hacen que hoy en día ya no se requiera de las clásicas rotativas para impresión de este tipo de productos; sino que, la tecnología novedosa hace que se ocupe menos espacios físicos, facilitando la eficiencia y la eficacia y la alta calidad.

SEXTO: No es nada despreciable el alto porcentaje de ciudadanía que tiene una gran desconfianza en la institucionalidad democrática vigente; y, particularmente, sobre el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), hay dudas de actuaciones potencialmente intransparentes en procesos eleccionarios estratégicos, como las elecciones presidenciales del año 2006 y el referéndum sobre el TLC, del año 2007. Quebrar, desechar, vulnerar una tradición legendaria de confiabilidad en el manejo de material electoral altamente sensible, sacándolo de su esfera lógica, la estatal, para llevarla a una empresa privada, va a generar muchísima inquietud, alto recelo y gran desconfianza. Esto merece ser debidamente denunciado ante la opinión pública para generar una conciencia ciudadana crítica dispuesta a mostrar su repudio al TSE, mediante la movilización activa.

SÉTIMO: No todo está dicho ya en esta materia pues consideramos que hay de por medio factores de legalidad que el TSE está despreciando. No deberían comprometer fondos públicos a favor de una empresa privada pues no es cierto que el Estado de Derecho les ampare para tan desafortunada intentona de descalificar a la Imprenta Nacional en materia de elaboración de materiales electorales. Por tanto, deben las autoridades de esta institución, tan venida a menos en los últimos años, revertir su errático proceder.

San José, sábado 9 de febrero de 2013.

Luis Enrique Leal Ruiz, Presidente, Junta Directiva Seccional ANEP-Imprenta Nacional
Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP
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IMPRENTA NACIONAL NO HARÁ PAPELETAS

Aarón Sequeira/Ana Amenábar
asequeira@diarioextra.com

Por primera vez en la vida institucional del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), y de la Imprenta Nacional, esta entidad no será la encargada de imprimir las papeletas para las elecciones nacionales de 2014.

Así lo estableció el acuerdo tomado por los magistrados del TSE en sesión del 24 de enero pasado, con base en los criterios que estableció el director del Registro Electoral, Héctor Fernández.

Fernández expuso que la recomendación se hizo con base en un estudio de mercado, que determinó costos menores y mayores facilidades, por lo práctico, en la empresa escogida, RR Donnelley de Costa Rica, S.A.

“Conforme las valoraciones expuestas por el señor Fernández Masís y con fundamento en la citada disposición del Código Electoral, se autoriza prescindir en esta oportunidad de los servicios que presta la Imprenta Nacional”, ordenó el TSE en el acta 11-2013.

La norma referida es el artículo 304 del Código Electoral, que desde su promulgación permite que el TSE no solo contrate una empresa privada para la impresión de papeletas, sino que además permite su contratación directa.

PERIODO DE PRUEBA

El director del Registro Electoral explicó que el estudio de mercado reveló costos menores y además facilidades como el envío a manos del órgano electoral de las papeletas ya empacadas y divididas por cada una de las juntas receptoras de votos.

“De cara a las elecciones de 2016 requerimos una tecnología de rotativas. La imprenta solo tiene una máquina de cuatro colores. Necesitamos las papeletas debidamente empacadas, apenas para enviarlas de una vez”, explicó Fernández.

Enfatizó que aún no está contratada la empresa sino que se han girado las instrucciones a la Proveeduría para lo que corresponde. Según Fernández, la seguridad no será un problema, pues dijo que la empresa contratada ya es conocida porque da servicios al TSE en cartas de naturalización.

Como contingencia se recomienda por el Registro Electoral la contratación de la imprenta del Instituto Costarricense de Electricidad.

Jorge Vargas, director de la Imprenta Nacional, se manifestó sorprendido por la decisión, pues dice que es la primera vez que la institución no estaría a cargo de esa labor.

Adujo que no habían invertido en máquinas pero sí en papel, que les tocaría usar en otras impresiones. “No podemos decir que haya pérdidas porque no habíamos invertido en equipos”, dijo Vargas, quien sí lamentó la noticia para el personal, que tenía como un orgullo dicha función.

Municipalidades en las calles este 12 de febrero

Publicada el 11/02/2013 | por ANEP | 1 comentario

Este martes 12 de febrero de 2013, a partir de las 9 de la mañana, diversos grupos de trabajadores municipales se manifestarán, pacíficamente, en las afueras de la sede de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

La idea es dejar un mensaje dirigido hacia los honorables jueces del máximo tribunal de la República, en el sentido de que no lleva razón la acción de inconstitucionalidad que presentó a finales del año pasado, de manera totalmente sorpresiva, la señora Contralora General de la República, Licda. Martha Acosta Zúñiga, en contra de la cesantía sin tope existente en las municipalidades de San José y de Turrialba, en el marco de sus respectivas convenciones colectivas de trabajo.

En las municipalidades existen gran preocupación y enorme agitación dado que se considera que la indicada acción de inconstitucionalidad es el preludio de otras por venir, también cuestionando cesantías municipales sin tope ó con tope mayor a ocho años; abriéndose paso a cuestionar otros derechos laborales conquistados en años de lucha y hasta la misma existencia de los indicados instrumentos del Derecho Colectivo de Trabajo.

El “tabú” de la cesantía sin tope fue roto en Costa Rica desde hace bastante tiempo, de diferentes maneras: a) mediante el sistema solidarista; b) muchas empresas privadas liquidan anualmente a su personal y lo vuelven a contratar; c) la Ley de Protección al Trabajador (LPT), así lo hizo, aunque parcialmente (3 %); d) vía negociación colectiva en el sector Público (topes de 12, de 15, de 20 años); e) en municipalidades sin tope, a través de la Convención Colectiva de Trabajo.

Por tanto, no lleva razón la señora Contralora General de la República, al calificar como “odioso privilegio” ante la Sala IV, que en las municipalidades de San José y de Turrialba, toda la vida la cesantía ha existido sin tope, como derecho real. Es más, en su propia entidad, la Contraloría General de la República, según tenemos entendido, la cesantía sin tope existe vía sistema solidarista. ¡Qué paradoja!

Para el personal municipal de Costa Rica, especialmente la gran mayoría del mismo que son trabajadores operativos, de campo, la cesantía sin tope es un pequeño “capitalito” al momento de pensionarse, pues la pensión les queda muy baja al ser, también, bajos sus salarios. Con ese “capitalito” podrán tener un nivel de vida en la tercera edad de más dignidad.

Valga indicar que el salario mensual de la señora Contralora General de la República, es de unos 5 millones 400 mil colones. En tres meses, su ingreso salarial total es de unos 16 millones 200 mil colones.

Para un trabajador municipal de campo, un recolector de basura (en las municipalidades de San José y de Turrialba), esa cantidad equivale a unos 40 años de trabajo continuo, si hablamos de un salario bajo de 400 mil colones por mes; lo que es similar a hablar de 40 de cesantía: unos 16 millones de colones; suma prácticamente igual a tres meses de salario de tan distinguida jerarca pública.

De ahí la profunda indignación que la acción de inconstitucionalidad de la señora Contralora haya causado tanto enojo. Esta es la razón de ser del evento de protesta de calle de este martes 12 de febrero y de los que luego seguirán.

Se esperan manifestantes provenientes de las municipalidades de San José, Turrialba, Goicoechea, Santa Ana, Moravia, Curridabat, Coronado, Montes de Oca, Limón, Nicoya, Guácimo, Aserrí (entre otras).

Los y las manifestantes entregarán un manifiesto ante la alta magistratura de la Sala IV, esperando que alguno de sus dignatarios les reciba.

Posición Oficial de la ANEP respecto al desenganche de los salarios médicos

Publicada el 11/02/2013 | por ANEP | Dejar un comentario

La Ley de los Salarios Médicos (1 parte)

Primero que todo, queremos ser profundamente contundentes y enfáticos para que no quepa la menor duda: No somos “enemigos” del personal médico de Costa Rica, en lo más mínimo. Todo lo contrario. A raíz de la experiencia personalísima con ocasión de la enfermedad de nuestra señora madre, que de Dios ha de gozar, nunca podremos encontrar las palabras ni las frases adecuadas para expresar nuestra profunda gratitud y la de toda nuestra familia, por la atención que ella recibió mientras estuvo enferma, de parte de los médicos que la atendieron en el Hospital San Juan de Dios.

Nada cambiará nuestra actitud al respecto de lo que pensamos con respecto al papel de los médicos, trascendental y fundamental, para una sociedad verdaderamente democrática y de real justicia social, con equidad y acceso igualitario a la salud.

Este crucial grupo profesional del país, producto de sus justas luchas, tiene una ley especial que regula todo lo que tiene que ver con sus salarios. Esta ley, la número 6836, fue emitida en 1982, reformada años después, en el 2004, por otra ley, la número 8423. Aunque inicialmente dicha legislación cubría a médicos, odontólogos, farmacéuticos, microbiológicos y psicólogos clínicos; con el paso de los años lograron ser cubiertos por la misma, los gremios de profesionales en Enfermería, en Nutrición y hasta los veterinarios.

Esta legislación tiene un componente muy especial, en su artículo 12, el cual establece un nexo, una vinculación, un “enganche” por medio del cual, cada vez que en el Gobierno Central (ministerios, por ejemplo), se establece un incremento salarial, éste, automáticamente, repercute en el salario base del personal médico, por medio de una fórmula de cálculo que partiendo de ese artículo 12, quedó “desarrollada” en un reglamento por medio del Decreto Ejecutivo No. 26944-MTSS, del año 1998.

Con esta fórmula, cada seis meses, el personal médico nacional recibe un incremento salarial a la base, superior al de aquellos que laboran en el Gobierno Central, sin que tengan que salir a la calle a exigir justos aumentos salariales como sí lo han hecho a lo largo del tiempo diversos grupos de esta parte del Estado.

Es más, ya no solamente el salario base del personal médico crece más que los reajustes semestrales generales del Gobierno Central, sino que si a algunos gremios dentro de éste, se le otorgan incrementos salariales extraordinarios o específicos, pues también los salarios médicos se verán aumentados con todo y sus pluses con base en tal fórmula de “enganche”.

Agreguemos que, ya no solamente los salarios médicos se mueven por la razón apuntada; sino que se aumentan si, por ejemplo, suben los sobresueldos del Gobierno Central como la dedicación exclusiva, la carrera profesional, el riesgo policial, el incentivo docente.

La fórmula tiene una esencia central: los salarios base del personal médico nacional siempre deben tener una “distancia” de casi cuatro puntos porcentuales (3.83% para ser exactos), del salario promedio total del Gobierno Central.

Tocar este tema desde el ámbito sindical ha desatado la ira de unos cuantos y son irrepetibles los epítetos insultantes que estamos recibiendo por ello. No tienen ustedes, estimables personas lectoras, cuánta furia en algunos grupos está desatada por tocar un tema “tabú”.

Lo insólito del caso es que algunos gremios no médicos en el seno de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), defienden este “status quo salarial médico”, a sabiendas de que esa fórmula va en contra de mejores reajustes salariales para sus propios representados que no son parte del personal médico de la institución.

Y es aquí donde está la parte fundamental de nuestro planteamiento. Lo que estamos proponiendo a los respetables gremios médicos es que se “desenganchen” de las modificaciones generales de salarios que se dan en el Gobierno Central, tanto las de orden general (cada semestre), como las que ocurrirán en partes específicas como los salarios de los policías; los salarios de los educadores; los salarios de oficinistas, técnicos y misceláneos y otros; así como que también se “desenganchen” si ocurren incrementos en sobresueldos de estos y otros grupos del Poder Ejecutivo.

Este es el caso del próximo incremento salarial extraordinario para el personal raso de la Fuerza Pública. Aplicando la fórmula salarial médica, los escuálidos 15 mil colones que, en promedio, podría recibir cada policía del cuerpo de seguridad más importante del país; pueden convertirse hasta en un aumento de 60 mil colones para los médicos y sin que éstos hayan realizado ni la más mínima gestión para cuando los gremios policiales estaban planteando su propia lucha reivindicativa en salarios.

El personal médico nacional, con este “desenganche”, no perdería ni un solo centavo de sus salarios base; no perdería ni un solo centavo de sus sobresueldos o pluses. Eso sí, con el “desenganche” quedarían con los incrementos salariales semestrales como los del resto del Gobierno Central; o bien, podrían dar sus luchas específicas pues tienen de por sí un gran poder de influencia y de incidencia.

Nosotros esperamos que en fecha próxima, los gremios médicos reciban en audiencia a la organización que representamos. Creemos que una discusión pausada, respetuosa, razonable podría dar más luz al asunto.

Lo que sí debe quedar claro es que, a partir de ahora, si un profesor sale a la calle a pedir mejores salarios; si quien lo hace es un oficinista, o un técnico-profesional; si quien lo hace es un misceláneo o una compañera de CEN-CINAI (entre otros), debe saber que también está peleando por el salario del personal médico del país y como estamos hablando de una ley; pues entonces en la calle estaríamos peleando ¡hasta por el salario de los médicos de los hospitales privados!
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La Ley de los Salarios Médicos (2 parte)

Aunque ya muchas personas de buena fe, así como diversos sectores sociales organizados y hasta de corte político-partidista, han entendido la esencia de nuestro planteamiento, con respecto al tema salarial que por ley está fijado para el cuerpo médico nacional; pensamos conveniente reiterar que la posición oficial de la organización sindical para la cual laboramos, no pretende, en lo más mínimo, que los y las profesionales en ciencias médicas del país pierdan un solo centavo, ni de lo que tienen por concepto de salario base, ni tampoco de lo que se denominan “pluses” o sobresueldos.

Enfáticamente debemos rechazar que el planteamiento que venimos formulando por estos días al respecto, sea parte de un “ataque frontal” a los derechos salariales, sociales, económicos y profesionales de este grupo laboral tan estratégico para el país como son los médicos.

Lo que sí ha llamado la atención es que sea desde el ámbito, desde la esfera sindical (en este caso, a la cual nosotros pertenecemos), que tal planteamiento haya sido formulado; cuando a lo largo de los años, ninguna persona ni ninguna entidad (ni política ni social), se hubiese atrevido a formular el asunto, públicamente, en toda su dimensión. Bueno, nosotros lo hicimos y lo seguimos sosteniendo. Sí, es cierto, tocamos un tema que era “tabú” en nuestro entorno.

Hemos estado afirmando, abiertamente, que la estructura salarial futura del personal médico nacional no debe estar vinculada (o “enganchada” como es el término que nos gusta emplear), a la estructura de salarios base de importantes puestos del Gobierno Central (Poder Ejecutivo, básicamente ministerios); dado que cambios en éstos (tanto a nivel general, como en lo particular-gremial), de manera automática repercuten en los salarios base del personal médico nacional, mediante una fórmula matemática que eleva sus salarios, semestral o circunstancialmente, de manera sensible, hasta en cuatro veces más, en no pocos casos médicos.

Hemos planteado que a lo largo de los años y en los sucesivos gobiernos, incluido el actual, las fijaciones salariales en el Gobierno Central no pueden ser de mayor dimensión, pues la excusa perfecta es que las cifras de aumento que proponen los sindicatos no pueden aceptarse porque “afectan” (según se nos ha venido indicando sistemáticamente a lo largo del tiempo), el salario del personal médico, en sumas que ni las finanzas centrales del Estado ni las de la propia Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), podrían soportar dada la existencia de esa famosa fórmula matemática que tiene rango jurídico: el artículo 12 (y su correspondiente reglamentación) de la ley salarial médica.

Evidentemente y hablando en lo específico de la Caja, su asunto financiero, visto de manera estructural, es mucho más complejo y pasa por dos grandes esferas de enorme magnitud: la evasión patronal del empresariado privado y las deudas del Estado con la institución. Pensamos que es injusto decir que la crisis financiera de la Caja se debe a la masa salarial médica y, verdad sea dicha, nosotros nunca hemos estado afirmando semejante cosa.

Además, la crisis financiera de la Caja tiene responsables directos por mala gestión y, de hecho, en el Ministerio Público hay una denuncia interpuesta que, esperamos, no se quede para las “calendas griegas”; pues varios de los supuestos responsables de esa mala gestión financiera no solamente siguen en puestos jerárquicos de altísimo nivel institucional, sino que a algunos más bien se les “premió” con ascensos.

No menos real es la circunstancia de que dado el valor que tiene la Caja para el pueblo trabajador, todo su personal honesto y todos sus gremios sanos se enfrentan al mayor desafío ético jamás pensado en toda la historia institucional: atajar y revertir el avance privatizador, liberando a la institución de la especie de secuestro a que ha sido sometida, durante los últimos años, tanto por parte de intereses corporativos externos como internos.

Volviendo a nuestro punto central en este asunto es que puestos como el de los policías, misceláneos, técnicos, profesores, agentes de seguridad, oficinistas, secretarias y hasta profesionales no médicos del Poder Ejecutivo –entre otros-; no pueden subirse hacia niveles salariales superiores que incrementen su poder de compra, que verdaderamente compensen las variaciones en el costo de la vida y que, de manera real, dignifiquen el trabajo de las personas que ocupan esos puestos (en los ministerios, por ejemplo); dada la existencia de ese artículo 12 de la ley salarial médica. Por tanto, este artículo debe modificarse, por medio de otra ley de la Asamblea Legislativa, para generar un “desenganche”, una independencia entre ambas estructuras salariales.

Esta posición y solamente ésta es la que estamos defendiendo. Sí, efectivamente, no puede negarse que el tema ha tocado las cifras más sensibles de nuestra nacionalidad costarricense, al ser la Caja la institución más querida de nuestro pueblo; y, al ser esta entidad la que tiene más personal médico que ninguna otra en su planilla salarial.

Si nuestro planteamiento va más allá de la posición del “desenganche” y, en verdad, moviliza conciencias ciudadanas en mucha mayor dimensión que antes, cuando se trata del tema de la Caja; pues quiere decir que hay espacio suficiente para un debate nacional de mucha mayor envergadura.

Y nada más propicio en nuestro caso que tal debate pudiera servir para abrirle mayor espacio a planteamientos cívicos sobre el futuro de la CCSS, como el de “Diez medidas para comenzar a ordenar la Caja”, formulado hace ya bastantes meses sobre el que poco ha podido reparar la opinión pública nacional. Igualmente, hay otros planteamientos valiosos elaborados con sana intención y de distintas perspectivas que, también, tienen problemas serios de visibilización ante la ciudadanía.

En todo caso, reiteramos, nuestra única motivación central, totalmente transparente, es la del “desenganche”; es decir, que de ahora en adelante la estructura salarial médica tenga su propia dinámica sin estar en correspondencia con lo que suceda en otros ámbitos salariales de la Administración Pública.

También puede surgir la alternativa de que los respetables gremios médicos, como sindicatos que son, se unan al resto de agrupaciones del mismo tipo que representan los intereses salariales de la clase trabajadora estatal; y que compartan, al mismo nivel, el largo y sinuoso camino de la lucha sindical por la verdadera reivindicación de las personas trabajadoras asalariadas, ya no solo del aparato público sino del sector privado. La verdad es que en todos estos años de vigencia de la indicada fórmula matemática, los gremios médicos nunca se acercaron a una mesa de “negociación” salarial.

Ni despidos, ni cierre, ni privatización en la Imprenta Nacional

Publicada el 11/02/2013 | por ANEP | Dejar un comentario

Las autoridades institucionales de la Imprenta Nacional y las de Gobierno con incumbencia en la misma, llegaron a un acuerdo con la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), y con su Seccional ANEP – Imprenta Nacional para el fortalecimiento de la entidad; de forma tal que quedan completamente descartadas tesis como las de su cierre o privatización; y, todo lo contrario, se abren nuevos retos para que esta más que centenaria institución de nuestro país, alcance nuevos estadios de desarrollo cualitativo y cuantitativo.

El texto del acuerdo que va adjunto a este comunicado, además, da garantía a su actual personal de plena estabilidad laboral, descartándose los despidos.

Este acuerdo se genera a partir de las nuevas condiciones que se derivarán a partir de que el principal producto de la Imprenta Nacional, el diario oficial “La Gaceta”, pasará a una dimensión digital, a tono con esos procesos de cambio informático-tecnológicos que están ocurriendo en el planeta y que tienen enorme incidencia en el ámbito de las comunicaciones masivas de todo tipo, incluso las de carácter oficial.

Para más detalles se puede acudir al señor Luis Enrique Leal Ruiz, Presidente de la Junta Directiva de la Seccional ANEP-Imprenta Nacional, en su número telefónico celular: 88 76 73 43.

Ministro de Hacienda se equivoca y provoca…

Publicada el 06/02/2013 | por ANEP | Dejar un comentario

El camino que parece haber elegido el señor Ministro de Hacienda, en su obsesiva cruzada fiscalista, no es el correcto: enfrentarse directamente con la clase trabajadora asalariada, amenazándola con ponerle impuestos al aguinaldo, al salario escolar y a la lotería, lo que representa una provocación abierta al conflicto social que, con toda seguridad, los gremios y sindicatos de la Administración Publica no eludirán.

Igualmente, al tocar el aguinaldo, se hace una provocación a la clase trabajadora del sector Privado y, con toda seguridad, habrá un enojo generalizado en el sector laboral del país.

La clase trabajadora, tanto de los sectores Público y Privado, paga puntualmente sus impuestos, especialmente los de renta (rebajo puntual de la planilla salarial); y el de ventas, cada vez que se hace una compra en la pulpería o en el supermercado.

Igualmente, tenemos que rechazar, tajantemente, la insidiosa tesis de que los sobresueldos o pluses en el sector Público sean la causa del déficit fiscal. Esto es una intentona de desviar la atención sobre los verdaderos problemas de la cuestión fiscal del país: un sistema tributario totalmente injusto, una gestión tributaria que adolece de un gran fortalecimiento, una gigantesca evasión fiscal y un régimen de exenciones y de exoneraciones cuya esencia perversa, de sesgo pro-empresarial, no ayuda al país.

Y es aquí donde el señor Ministro de Hacienda debería centrar su ataque: los casi 6 puntos de PIB (Producto Interno Bruto), que se “roban” con el sistema de exoneraciones y exenciones: unos 1.200 millones de millones de colones por año.

La ANEP no participará de ninguna iniciativa que pretenda reducir derechos laborales y salariales conquistados durante muchos años de luchas; y mucho menos, la ANEP se prestará para cortinas de humo sobre las verdaderas causas del problema fiscal del país.

El caso de los salarios de los profesionales cobijados por la ley 6836

Publicada el 01/02/2013 | por ANEP | 2 comentarios

El Sindicato Nacional de Enfermería (SINAE); ha venido analizando los distintos enfoques que sobre el tema han surgido y en este sentido considera:

1- En primera instancia dejamos claro que el SINAE no cuestiona los salarios de los Profesionales en Ciencias Médicas y los de otros gremios que se han venido adhiriendo a la ley 6836.

2- Reivindicamos el esfuerzo humano y económico que hacen por el estudio los servidores/as del sector salud y en especial el de los médicos. Pero creemos fervientemente que la excelencia académica, la profesionalización y la continua actualización científica del recurso humano debe generar un mejoramiento y un impacto positivo real en los servicios de salud públicos que brinda la Caja al pueblo. Este es uno de los mecanismos ideales para rebatir la tesis de que los servicios públicos son malos y es una arma poderosa para la defensa de la seguridad Social, ya que la mirada del pueblo sobre la Caja se cargaría de positivismo.

3- Es sano transparentar ciertos aspectos que solo conocemos los que estamos adentro y nos atrevemos a decir la verdad, lo cual puede ser descalificado con calificativos poco decentes o expresiones fuertes y delicadas, pero grotescas en el fondo, que solo buscarán distraer a la gente del problema que nos atrevemos a plantear. Por ejemplo, no es lo mismo hablar de un microbiólogo, una nutricionista, un profesional en enfermería, un auxiliar de enfermería, un asistente de pacientes o en general de casi toda la planilla de la Caja, que otorgan su jornada laboral completa a la seguridad social y marcan religiosamente su entrada y salida. Situación que no sucede con el gremio médico en general y cuyos casos son un mal endémico mayor para un grupo pequeño y selecto de médicos especialistas, que nada, ni nadie los controla.

Este descontrol administrativo corroe los cimientos de nuestro sistema de salud y enturbia la mirada del pueblo para con la Caja cuando un paciente espera largo tiempo en la consulta externa y ha sido citado a una hora y es atendido dos horas después, cuando solicitan un examen de diagnóstico complejo o peor aún esperan una cirugía. Esto debe cambiar y además esto no es hablar de salarios o incentivos, es decir, el profesional debe ganar como tal, pero debe mejorar su trabajo para con el patrono (pueblo); que es el que financia con impuestos y el pago de sus cuotas el seguro de salud, que es de donde se financia su salario.

O sea, ganar bien no es el problema, el tema es que no se puede servir a dos amos, a la medicina privada y a la pública a la vez, eso debe empezar a cambiar y el cuerpo médico del país tiene la palabra en este tema, ya que más allá de tener engrosada la billetera, la chequera, la cuenta bancaria o muchas tarjetas, es un deber humano y cristiano servir con ética a la seguridad social entendiendo que esta es una manera de luchar contra las fuerzas mercantilistas que ven en la salud un sello de colones o dólares exclusivamente.

4- Más allá de los argumentos legales que hasta ahora han sido utilizados con suma astucia política y que establecen “que estamos en un Estado de derecho”; buscando sustentar la legalidad de la Ley que cubre al cuerpo médico y otros profesionales, debe quedar claro que este es solamente un eje por el cual inteligentemente se trata de manejar el actual debate, siendo lo cierto, que este manejo jurídico no debe servir de excusa para que la gran masa salarial del país haya realizado en los últimos 25 años luchas justas por salarios y estas hayan servido para que un grupo muy reducido de Profesionales respetables se haya beneficiado sin asolearse lo necesario. ASI NO SE VALE.

Ya que este grupo ha sorteado fácilmente todas las etapas más duras de crisis económicas por las que ha transitado el país en los últimos 25 años (las razones y los culpables de las crisis no están en debate ahora) pero dicho en sencillo, desde que se creo la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público (a la cual nunca han asistido hasta donde conocemos, representación de los Médicos, ni otros profesionales adheridos a esta ley); casi todas, por no decir que todas las negociaciones surgidas de huelgas y movilizaciones o bien los decretos de Gobierno en el tema salarial han beneficiado a este grupo, sin que hayan tenido que salir a las calles a exigir justicia y aumentos salariales dignos. ESTO NO PUEDE, NI DEBE SEGUIR ASÍ.

5- Rechazamos de antemano cualquier intento que busque descalificar nuestra visión, tratando de hacerla ver como traición o renuncia a las elementales ideas que profesa el sindicalismo, puesto que decir, la verdad es un principio bíblico para millones de seres humanos y revolucionario para otro tanto. En razón de tal principio dejamos establecido que tenemos pleno conocimiento y claridad que el abordaje y posible solución de los salarios que surgen de la ley en cuestión no implica sanar los problemas estructurales generados por un enfoque de desarrollo neoliberal, ni solucionar el avance exponencial de la pobreza con su consecuente efecto de concentración de la riqueza y mucho menos aún reformar una estructura tributaria regresiva y antiobrera, solamente decimos que no es justo que casi todo la población económicamente activa, o por lo menos una buena parte de esta, siga llevando la peor carga en los peores momentos de vacas flacas solamente por el pecado de no ser profesionales.

6- El SINAE aboga porque el Gobierno de la República y demás autoridades implicadas en este tema, concreten acciones que tengan por objetivo romper el vínculo legal entre la ley de los Profesionales y el resto de trabajadores/as NO PROFESIONALES. Y debe entender el gremio profesional y de igual forma la gran mayoría de la masa trabajadora no profesional que más allá del debate legal, este tema contiene elementos éticos, morales y de justicia social y cristiana.

Debe quedar claro que el hecho de haber planteado el tema nunca tuvo, ni tiene como fin crear enemistades sociales y humanas ya que entendemos claramente que la verdad es un ingrediente esencial para convivir en armonía y sentar las bases para mejorar la justicia y la equitativa distribución de los recursos es un acto que tiene absoluta coherencia y esta cargado de valentía.

7- Somos del criterio que los profesionales y en especial los médicos (que en su mayoría laboran para la CCSS); deben empezar a valorar seriamente dos temas: A) Acceder a marcar su tarjeta de entrada y salida al trabajo como lo hacen todos los mortales; B) plantearse seriamente empezar a laborar religiosamente los tres turnos hospitalarios como lo hacen la mayoría de los seres humanos que laboran para la CCSS. Esto puede conllevar a dar pasos efectivos en la eliminación de las listas de espera en cirugías, exámenes de diagnóstico y citas con especialistas. Tema que requiere una revolución interna dentro de este gremio como señal de reanudar y robustecer su compromiso ético y moral con un pueblo que financia su sustento con impuestos y cuotas a la seguridad social y por otro lado implica que el Gobierno y las autoridades de la Caja asuman la cuota que les corresponde para promover UN NUEVO PACTO SOCIAL EN DEFENSA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

8- Para finalizar decimos que observamos tres salidas concretas en este tema:

A) La primera es que los representantes de los gremios médicos decidan de manera ética y moral iniciar conversaciones con las autoridades competentes (según lo mencionó el Presidente de la Unión Médica en la entrevista en Telenoticias), para lograr desenganchar la normas de los profesionales de los no profesionales.

B) La segunda sería una posición radical del gremio médico, que al verse atrincherado por las circunstancias de la coyuntura actual, decida hacer un llamado a un movimiento de huelga a sus agremiados/as, para lo cual de manera inteligente tratarían de involucrar a otros sectores para que les ayuden a enfrentar el momento y así repetir de nuevo la historia de los últimos 25 o más años, GANAR sin salir asolearse lo justo en la calle.

C) Y la tercera sería que los sindicatos en general promuevan una gran huelga nacional para que se aplique la fórmula de cálculo de los profesionales cobijados por la ley 6836 a todos/as los/as trabajadores/as del sector público y privado. Salida que al final sino cambian las reglas del juego actuales en lo jurídico, terminaría la dirigencia sindical llevando a un ejercito NO PROFESIONAL a una guerra que terminará ayudando a un sector profesional que muy pocas veces pone la carne en el asador.

En todos casos la decisión esta en manos del Gobierno, de los representantes de los gremios médicos y del resto de dirigentes sindicales del país.

DECIR LA VERDAD ES UN ACTO RIESGOZO, PERO SI TIENE COHERENCIA Y BUSCA PROTEGER A LAS MAYORÍAS, ES UN ACTO QUE TIENE EL VISTO BUENO DEL CREADOR.

Yolanda Tenorio González
Secretaria General SINAE

Juan Carlos Durán Castro
Representante Sindical SINAE/CTRN

Relanzan cátedra de análisis político en la ANEP

Publicada el 30/01/2013 | por ANEP | Dejar un comentario

La ANEP está iniciando una serie de espacios de formación, impulsados por la Unidad de Capacitación y Formación Político Sindical, de reciente apertura, y coordinada por la compañera María Laura Sánchez Rojas.

Entre espacios de capacitación más formales, dedicados exclusivamente para nuestras seccionales, se insertan coloquios, mesas redondas, cine foros y clases magistrales, entre otros, bajo la Cátedra Mario Alberto Blanco Vado, que iniciará el próximo miércoles 6 de febrero, a partir de las 5 de la tarde, con la charla: “El papel del sindicalismo en la sociedad costarricense del siglo XXI”, facilitada por Albino Vargas Barrantes, Secretario General de ANEP.

Les invitamos a todos y todas a hacer suya la Cátedra, como un espacio para el crecimiento político y sindical.

*Objetivo General: *

Facilitar por medio de la Cátedra Mario Alberto Blanco Vado, formación político-sindical sobre el quehacer sindical, realidad nacional y global, a nuestra membresía para un mejor desarrollo de su trabajo sindical.

Objetivos Específicos:

Brindar herramientas básicas de formación ideológica a las personas afiliadas de ANEP.
Aportar para el análisis de coyuntura en lo nacional y en lo global.
Fortalecer la acción sindical de las personas afiliadas de ANEP.

Justificación:

Como parte de las actividades de la Unidad de Capacitación y Formación Político Sindical (UCFPS) y ante la importancia que reviste la formación político-ideológica y por lo tanto la sensibilidad social; así como la obligación de nuestro sindicato en la formación sistemática de su membresía, teniendo claro que el tema de la educación sindical es pilar fundamental de toda organización y en nuestro caso específico tal y como lo plantea el horizonte utópico “La transformación de la sociedad, en aras de hacerla más justa, democrática e incluyente en todas sus dimensiones: económica, ambiental, política y sociocultural”; se retoma la idea de organizar charlas, conferencias, análisis de coyuntura y cine-foros, de manera que contribuyan al desarrollo de las personas afiliadas a nuestra organización ante la arremetida de la clase dominante por medio del aparato mediático que un día sí y otro también direccionan al desprestigio de la organización social y particularmente de los sindicatos; esa situación nos obliga a prepararnos para poder desde nuestra realidad combatir esos discursos que mancillan nuestra acción sindical.

Como parte de esa tarea necesaria es que hemos organizado un ciclo de charlas, conferencias, documentales, análisis de coyuntura y cine-foros, con el fin de desarrollar y fortalecer nuestro trabajo sindical y social; dirigido a toda la afiliación a ANEP.

Metodología:

Este ciclo se desarrollará de forma alterna entre charlas, conferencias, análisis de coyuntura, cine-foro y documentales; se invitará a una persona que ofrezca la charla, así como a personas comentaristas de las películas y documentales y a partir de ahí se genere la participación con intercambio de opiniones, comentarios y preguntas de las personas afiliadas asistentes.

Las actividades se realizaran los días miércoles de semana por medio a partir de las 5:00 p.m. en la sala de sesiones de Junta Directiva Nacional (JDN).

Primer Encuentro:

“El papel del sindicalismo en la sociedad costarricense del siglo XXI” Facilitada por Albino Vargas Barrantes, Secretario General de ANEP. Miércoles 6 de febrero de 2013.

Manifiesto jornada de lucha personas con discapacidad

Publicada el 29/01/2013 | por ANEP | Dejar un comentario

San José, lunes 28 de enero de 2013.

Señores y señoras
Oficina de la Iniciativa Popular
ASAMBLEA LEGISLATIVA

Muy respetables señores y señoras:

Como ciudadanos y como ciudadanas costarricenses, personas con discapacidad, nos hemos unido en torno al Movimiento “Mefi-Boset”, con el apoyo de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP); a fin de que en nuestra Asamblea Legislativa y por vía de la Oficina de la Iniciativa Popular, se proceda, con urgencia, a emitir diversa legislación que haga avanzar nuestra plena reivindicación de derechos como personas con discapacidad, con miras no solamente a una real aplicación de los contenidos de las leyes 7600 (Ley de Igualdad de Oportunidades), así como la 8661 (Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad); sino a profundizarlos y a sancionar, con drasticidad, sus incumplimientos. Al respecto, solicitamos ayuda para:

1. Establecer disposiciones legales sancionatorias, tanto institucional como individualmente, a la Aresep, de conformidad con el artículo 46 Bis de la Ley No. 7600; por autorizar aumentos en las tarifas de buses sin que éstos muestren las adecuaciones y adaptaciones para facilitar el transporte de personas con discapacidad.

2. Establecer disposiciones legales sancionatorias en el caso del proceso de la revisión técnica vehicular, cuando sus encargados “se hacen de la vista gorda”, en fiscalizar el buen cumplimiento de la ley 7600, tratándose de unidades de buses, básicamente.

3. Desentrabamiento al proyecto de “Ley de Autonomía Personal” (expediente legislativo No. 17.305), a fin de facilitar más dignidad, más autonomía y más autodeterminación en su diario vivir a la persona con discapacidad.

4. Modificar el contenido del expediente legislativo No. 18.516, de modo que en el seno directivo del Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial (CNREE), tengan asiento las personas representantes reales de la sociedad civil organizada de las personas con discapacidad.

5. Modificar el párrafo segundo, del inciso j), del artículo 8, de la Ley No. 8718, de la Junta de Protección Social (JPS); a fin de que sea esta entidad la única que maneje y administre todo el dinero que debe destinarse a las personas con discapacidad; puesto que la parte del mismo que se transfiere al Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona Joven, se viene quedando “engavetado”, no se ejecuta, llegándose al colmo de acumular hasta 3 mil millones de colones que sí serían bien usados en manos de la JPS.

San José, lunes 28 de enero de 2013.

Movimiento “Mefi-Boset”
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

Personas con discapacidad
Petición pública

PRIMERA: Dignificación y real respeto; trámite y aplicación verdaderos, con relación a los recursos que interponen las personas con discapacidad, ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

SEGUNDA: Más agresividad, más contundencia, más eficiencia y más eficacia por parte de los gobiernos locales (municipalidades), para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones que todas las demás; al entorno físico, el transporte, la información y la comunicación.

TERCERA: Pedimos una comisión de alto nivel, impulsada desde el Ministerio de la Presidencia, para involucrar en una acción de política integral en favor de las personas con discapacidad y con base en la necesidad de una aplicación estricta de las estipulaciones legales que les protegen; así como para el impulso hacia la adopción de otras reformas legales y reglamentarias derivadas de las mismas; comisión que debería tener representación, al menos, de las siguiente entidades:

1. Ministerio de la Presidencia
2. Ministerio de Salud
3. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS)
4. Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial (CNREE)
5. Consejo de Transporte Público (CPT)
6. Aresep
7. Riteve
8. Municipalidad de San José
9. Organizaciones legítimas de la sociedad civil de personas con discapacidad.

Movimiento “Mefi-Boset”
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

Cuentas claras tras Asamblea de ANEP

Publicada el 29/01/2013 | por ANEP | Dejar un comentario

El pasado sábado 19 de enero, cientos de anepistas (básicamente, dirigentes de las diferentes seccionales de la organización), se citaron en el auditorio de la Conferencia Episcopal de Costa Rica (Cecor), para conocer el informe de la auditoría externa, contratada por nuestro sindicato por mandato de anterior Asamblea General; informe expuesto por la empresa Rojas Ceciliano y Asociados (reconocida firma en su campo), sobre lo sucedido con la gestión que se impulsara para la realización del proyecto “Hotel y Centro de Convenciones El Tití”.

“El Tití” fue el sueño no cumplido de nuestro sindicato, de darle a nuestra afiliación un lugar digno y de primera calidad para vacacionar, en los terrenos que posee la ANEP junto al Parque Nacional Manuel Antonio: una de las playas más lindas del mundo. Dicho sueño se vio cortado por decisiones mal tomadas y por la inexperiencia de las personas involucradas en el proyecto.

El informe de auditoría deja claro esto, pero sobretodo deja claro que las patrañas, las mentiras y las acusaciones de robo y malversación de fondos por parte de la dirigencia de la ANEP, y especialmente de nuestro Secretario General, Albino Vargas Barrantes, eran completamente falsas. En ANEP nadie se robó un cinco del proyecto El Tití.

También dicha auditoría revela cosas que se hicieron mal, errores que ahora se investigará si fueron involuntarios o no. El informe completo fue entregado a todas las personas asistentes a la Asamblea para su consideración y para permitir el estudio profundo del mismo, así si alguien encuentra algún error o problema, éste se pueda enmendar.

Nuestro sindicato siempre ha planteado total transparencia con nuestra afiliación respecto a las finanzas, los dineros de la ANEP. Esta auditoría refleja esa vocación de claridad. La aprobación de la Asamblea de investigar por lo legal los resultados de auditoría confirma que queremos sentar responsabilidades sobre lo actuado, que en lo político causó heridas a lo interno, pero dichosamente podemos decir que ya van sanando.

La Asamblea también estudió las infortunadas declaraciones del Fiscal General, José Manuel Gómez, al periódico La Nación, al cual se le filtró días antes de la Asamblea General Extraordinaria, el informe de auditoría, aunque se había exigido a las partes resguardar el secreto de dicho informe hasta que lo conociera la Asamblea en pleno.

El informe estuvo únicamente en manos de Albino Vargas, de la empresa consultora y del señor Fiscal. Nuestro Secretario General y la auditoría juraron frente a la afiliación que nunca mostraron el documento a nadie. Tanto así, que ni la misma Junta Directiva de nuestro sindicato conocía el documento. El señor Fiscal no se hizo presente a la Asamblea, no se pudo conocer su posición por lo actuado. Por lo tanto se instauró una comisión que hará un informe sobre la filtración de la información privada y el papel del señor Gómez al respecto.

La Asamblea General Extraordinaria concluyó con un apoyo total al liderazgo de nuestra Secretaría General, en la figura del compañero Albino Vargas Barrantes, dando un espaldarazo político al manejo de nuestro Sindicato en todas las áreas de gestión política, administrativa y financiera, demostrando que el Anepismo de Corazón prevalecerá por el bien de la ANEP.

Todo listo para manifestación en silla de ruedas

Publicada el 28/01/2013 | por ANEP | Dejar un comentario

Realizando grandes sacrificios, venciendo no pocos obstáculos y en medio de grandes limitaciones, un importante número de costarricenses, ciudadanos y ciudadanas con discapacidad y que usan silla de ruedas para su desplazamiento, se juntarán este lunes 28 de enero, a partir de las 9 de la mañana, en las afueras del edificio central de la Municipalidad de San José, en avenida 10 de esta ciudad, para llevar a cabo lo que podría ser un acontecimiento histórico en el marco de las protestas sociales de estos tiempos.

Otras personas con otro tipo de discapacidades se harán presentes. Todas ellas reclaman reiterados incumplimientos de entes públicos involucrados en la plena aplicación de los contenidos de la Ley No. 7600; especialmente, en cuanto a la construcción de rampas en autobuses y en aceras citadinas; ya no solamente para facilitar el desplazamiento de quienes deben usar silla de ruedas, sin también de quienes se ven obligados a usar muletas.

Estas personas, que cuentan con el respaldo político y logístico de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), se han agrupado en lo que ellas mismas han denominado el Movimiento “Mefi-Boset”, nombre bíblico que hace alusión al rey Saúl, de Israel, uno de cuyos hijos era una persona con discapacidad.

Con esta primera acción, el Movimiento “Mefi-Boset” espera convertirse, a partir de ahora, en una verdadera alternativa de lucha social de esta importante población costarricense, aglutinando a todos sus sectores y grupos, para lograr una plena reivindicación de sus derechos, sin ninguna interferencia político-partidista. De hecho, en la manifestación de este lunes 28, asistirán otras representaciones que se han motivado a participar en esta cruzada.

Dentro del plan original previsto para esta acción habrá un cambio: El punto de llegada será la Asamblea Legislativa (no la Sala IV inicialmente se había pensado). Esto por cuanto se pretende la promoción de una ley que haga verdaderamente sancionatorio los imcumplimientos de las estipulaciones de la Ley No. 7600, especialmente en materia de construcción de rampas.

El Movimiento “Mefi-Boset”-ANEP; pretende que se introduzca en esa ley, vía una nueva ley, un artículo que penalice las diferentes negligencias e imcumplimientos reiterados, tanto por parte de los entes públicos involucrados en la atención de la problemática de las personas con discapacidad; así como como personalizar, individualizar esos incumplimientos, poniéndoles nombre y apellidos, llevándoseles a los tribunales que corresponda.

Esta idea-proyecto, será dejada por los y por las manifestantes en la Oficina de la Iniciativa Popular de la Asamblea Legislativa, a fin de que sea acogida multipartidariamente y que se apruebe lo más rápidamente posible; pues, repetimos, no se quiere que se convierta en una iniciativa con tinte partidista específico.

El recorrido será, como indicamos, desde la sede central de la Municipalidad de San José, para doblar en la esquina de la iglesia católica de Las Ánimas, pasando frente a la Junta de Protección Social (JPS); llegando a la avenida segunda a la altura del Hospital Nacional de Niños, pasando luego por el San Juan de Dios. Finalmente, desde el parque La Merced hasta la sede del parlamento.

La ANEP solicitó el apoyo de la Cruz Roja Costarricense, entidad que gustosamente ayudará en asistencia para los y las manifestantes de ser necesario, lo cual agradecemos desde ya.