Contraloría ataca las Convenciones Colectivas

Sorpresiva y arteramente, se han “aventurado” a atacar varios instrumentos de negociación colectiva vigentes en el Sector Público, básicamente en materia de derechos de cesantía, con lo cual, echan leña a la hoguera de la agitación socio-laboral, ya de por sí en fase de calentamiento progresivo. Se presume que tan provocadora gestión habría sido emanada desde la misma Contraloría General de la República (CGR), lo cual quedará claro en próximas horas.

Específicamente, se arremete en sede constitucional contra el rompimiento del tope de cesantía para quienes laboran en instituciones como las municipalidades de San José, de Santa Ana y de Turrialba; en el Banco Popular y de Desarrollo Comunal (BPDC) y en el Consejo Nacional de Producción (CNP).

Igualmente, se arremetió en sede constitucional contra la norma laboral vigente en la Municipalidad de Aserrí que cuestiona la forma de pago bisemanal, con lo cual se pone en riesgo esta forma de retribución salarial vigente en varias de las instituciones públicas del país, destacándose el caso de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Estas acciones de inconstitucionalidad, inspiradas en la perversa lógica neoliberal de mercado, buscan propiciar un clima irracional de reversión de derechos laborales conquistados al amparo de los principios fundamentales que consagra el ordenamiento jurídico internacional en la materia y en los propios principios filosóficos de los Derechos Humanos.

Cuando se debe suponer que la lógica de la distribución equitativa de la riqueza es, más bien, hacer avanzar la legislación laboral protectora para toda la clase trabajadora asalariada del país (tanto la que se desempeña en el sector público como en el privado); por ejemplo, ampliando, realmente, la cesantía como reconocimiento integral de toda una vida laboral, aparecen estas acciones de inconstitucionalidad que van en la dirección radicalmente contrataria: reversión de derechos.

Es más, no es descabellado afirmar que en fecha próxima también podría ser cuestionada la misma Ley de Protección al Trabajador por, precisamente, contener en su esencia la ampliación del derecho de cesantía en su concepción real, sin tope de años, aunque su rompimiento fuera de manera parcial. Un colapso financiero insospechado podría estarse incubando ya, si la lógica de las acciones de inconstitucionalidad contra el derecho real de cesantía en las entidades públicas mencionadas, llega a prosperar.

Igualmente, un verdadero caos laboral y de agitación laboral – confrontacional insospechada, serán las consecuencias de que el sistema de pago bisemanal vigente en la Municipalidad de Aserrí sea declarado “inconstitucional”. Indudablemente, la Caja quedará en la mira.

ANEP hace un primer llamado de alerta general para la movilización de calle; llamado no solamente para los colectivos laborales directamente afectados, sino los potenciales; haciendo una apelación a todos los grupos sindicales y gremiales correspondientes para aunar los mayores esfuerzos unitarios en pro de la defensa de las conquistas laborales logradas por muchos años de lucha.

En verdad, esta situación es de suma gravedad y anuncia una confrontación social abierta que será inevitable.

Propuesta Sindical sobre Ajuste Salarial del Sector Público

Doctor
Olman Segura Bonilla
Ministro de Trabajo y Seguridad Social
Integrantes del Sector Gubernamental
Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público

Estimadas señoras y señores

Las organizaciones de trabajadores y trabajadoras, integrantes de la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público, atendiendo la convocatoria realizada por el Sr. Ministro bajo el oficio DMT-15597-2012, de fecha 11 de diciembre de 2012, para discutir sobre el tema de la “Fijación Salarial del Sector Público del Primer semestre de 2013”, nos permitimos presentar a ustedes la siguiente propuesta:

I-MANTENIMIENTO DE PODER ADQUISITIVO: AJUSTES SALARIALES BAJO UNA PERSPECTIVA DE INFLACION PROYECTADA

Considerando que:

1- El decreto que crea la Comisión Negociadora de Salarios del Sector público (CNSS), permite discutir en el seno de la misma diversos temas sobre política salarial, y una de ellos tiene que ver con los ajustes salariales por costo de vida, de carácter general, que se realizan cada semestre.

2- Según el acuerdo firmado en marzo del 2012, sigue con vigencia la forma de cálculo acordada desde el 2007, que utiliza como único criterio para fijar el porcentaje de reajuste salarial a cada categoría ocupacional, el índice de la inflación acumulada en el semestre anterior, estimado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC).

3- Esa forma de cálculo tiene un problema para trabajadores y trabajadoras por cuanto reciben los ajustes después de que ya han tenido que pagar los precios inflacionados en el transcurso de los meses anteriores; de manera que cuando se les aplica el reajuste salarial en realidad se está restituyendo el poder adquisitivo que tenía el salario seis meses atrás y, en cambio, sus salarios empiezan a perder el valor real por las nuevas alzas de los precios que afrontaran durante el semestre siguiente. Así, esa forma de reajustar los salarios o devolverles el poder adquisitivo, incurre en una especie de círculo vicioso en el que los salarios reales siempre van a la zaga de los precios.

4- Para evitar las pérdidas que ello conlleva es preciso entonces establecer una nueva forma de ajuste y para ello proponemos la utilización del concepto de inflación proyectada, (por supuesto que en el documento de propuesta 2010 sobre política salarial, mencionamos otros dos instrumentos, uno el mixto y otro de indexación mensual) y en ese caso teniendo en consideración las proyecciones del Banco Central, para el semestre que se quiere ajustar el salario.

5- Lo anterior implica también que en la primera oportunidad de aplicación de inflación proyectada es de vital importancia que se ajuste también el porcentaje de la inflación acumulada del semestre anterior.

II- CRECIMIENTO DE SALARIO REAL: AJUSTAR ANUALMENTE UN PORCENTAJE DEL CRECIMIENTO DEL PIB

Considerando:

1- Es de suma de suma importancia, tal y como lo hicimos ver en el documento de Política Salarial presentado en agosto del 2010, construir un mecanismo que fortalezca el poder adquisitivo de los salario, dentro de una política de salarios crecientes.

2- Un importante mecanismo para lograr el incremento real de los salarios es la utilización del crecimiento anual del PIB como criterio para calcular los ajustes salariales, de manera tal que el incremento de la producción también se refleje en componente salarios.

3- Para las organizaciones sindicales cobra gran importancia el mecanismo que utiliza el Consejo Nacional de Salarios, para el caso del sector privado. Para éste último sector se parte del crecimiento promedio del PIB per-cápita promedio de los últimos 5 años, a cuyo porcentaje se puede aplicar, mediante la vía negociada, desde un 20% a un 40% del incremento de ese índice; bandas entre las cuales los sectores tienen margen para negociar.

III- UN AJUSTE EXTRAORDINARIO A LOS SECTORES NO PROFESIONALES MIENTRA SE REALIZA UN ESTUDIO DE MERCADO SOBRE DICHAS CATEGORIAS OCUPACIONALES

Considerando:

1- A principios del año 2009, La Dirección General de Servicio Civil, mediante Oficio SI-233-2008 del 12 de diciembre de 2008, presentó ante la Comisión Negociadora un importante estudio de mercado sobre los estratos operativos, administrativos y técnicos, el cual había sido solicitado por el sector laboral. En dicho estudio se reflejó una importante brecha entre los salarios de estas categorías y los de las categorías profesionales, lo que motivó, en aquella oportunidad, la decisión de realizar un ajuste salarial del 4.88%, mismo que en la práctica estuvo muy lejos de resolver el problema existente, dada las diferencias tan abismales.

2- Es de de vital importancia la actualización del estudio en mención o bien tomar un acuerdo para que la Dirección General del Servicio realice un nuevo estudio, que le posibilite un diagnóstico efectivo a la Comisión para poder de esa manera definir la forma de resolver las brechas salariales existentes.

3- Por las razones anteriores se requiere que mientras se actualiza o realiza ese nuevo estudio, se haga un ajuste técnico a los estratos mencionados.

IV ACTUALIZACIÓN PERCENTILES

Durante varios semestres las organizaciones hemos insistido en la urgencia de que se actualice el ajuste al percentil 50 para los profesionales del Gobierno Central e instituciones homologadas al Régimen de Servicio Civil, a efecto de evitar el ensanchamiento de la brecha con el resto del sector público.

POR TANTO SE PROPONE

A- Ajuste por aplicación del nuevo mecanismo

1- Establecer como componente adicional de la forma de cálculo para los ajustes de salario semestrales futuros el mecanismo de inflación proyectada según proyecciones del Banco Central. De acuerdo al criterio de dicha institución para el I° semestre del 2013, el IPC se calcula en 2.47%.

2- Para el 1° semestre de 2013, se aplicará también un ajuste a los salarios base, proporcional a la inflación ocurrida entre julio y diciembre 2012, es decir la inflación real acumulada de dicho semestre, la cual de acuerdo a los datos proporcionados por el INEC, alcanzó el 1.84%.

3- Para el II semestre del 2013 y sucesivos, se ajustará también las diferencias superiores que se produzcan entre la inflación proyectada por el Banco Central y la realmente ocurrida según datos del INEC.

4- Para el I Semestre 2013, se aplicará un 0.46%, equivalente al 20% del crecimiento del PIB per cápita, que de acuerdo al Banco Central fue del 2.33%

El ajuste total considerando los tres componentes equivale a un 4.77%

B- AJUSTE TECNICO A LOS ESTRATOS OPERATIVOS, CALIFICADO Y TECNICOS

Aplicar en el presente semestre un ajuste técnico equivalente al 5% del salario base de las diferentes categorías de dichos estratos

San José, 10 de enero de 2013.

CONFEDERACION DE TRABAJADORES RERUM NOVARUM, CTRN
CENTRAL MOVIMIENTO DE TRABAJADORES COSTARRICENSCES, CMTC
CENTRAL SOCIAL JUANITO MORA PORRAS, CSJM
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
CONFEDERACIÒN COSTARRICENSE DE DE TRABAJADORES DEMOCRATICOS, CCTD
CONFEDERACION GENERAL DE TRABAJADORES, CGT
CONFEDERACION UNITARIA DE TRABAJDORES CUT
SINDICATOS NO CONFEDERADOS
ASOCIACION NACIONAL DE EDUCADORES, ANDE
ASOCIACION DE PROFESORES DE SEGUNDA ENSEÑANA, APSE

La urgente necesidad de la comunicación asertiva

Comunicación asertiva, expresar aquello que necesitas, sientes y piensas y obrar en consecuencia, sin una excesiva pasividad o mucha agresividad, es también “saber decir las cosas”, o en el otro extremo, “no dejarse avasallar”, y nos referimos normalmente a ser capaces de pedir lo que es nuestro, lo que es justo, sin necesidad de pasar por encima de la integridad de nadie, tampoco dejar de decir lo que realmente pensamos por miedo a la reacción de los demás.

La asertividad en la comunicación está acompañada necesariamente de inteligencia emocional, complementado de un adecuado nivel de madurez, que permita mostrar claridad sobre los objetivos o necesidades, sin ser agresivo, diríamos manejar el punto de equilibrio entre deberes y derechos.

Con esta claridad, sin atacar directamente a nadie, sino procurando que cada quien asuma el “mea culpa” es que venimos señalando nuestra verdad, según el criterio y la lectura que hemos formado de las diferentes situaciones que requieren de ser mejoradas en nuestra querida Fuerza Pública, sin llegar a decirlo todo, manteniendo en reserva ciertos temas por una cuestión de ética y de asertividad, reservamos las líneas críticas a un nivel de procurar la reflexión y necesaria concientización sobre lo que consideramos nuestro aporte.

No es de interés nuestro generar confrontación, sin embargo, hemos de decir que conocemos detalles que nos permiten los fundamentos elementales para “defender” nuestras posturas, es claro que esta necesidad de comunicación conlleva un riesgo, por cuanto a muchos no les gustará nuestra forma franca y honesta de decir las cosas, mas sin embargo, esta es una condición que entendemos y tenemos clara, significa asumir las consecuencias de un llamado de ser la “voz” de aquellos que por temor, o por cualquier otra razón no logran manifestar sus opiniones.

La comunicación se fundamenta en el derecho inalienable de todo ser humano a expresarse, a tener una manera propia de pensar sentir y actuar, en este sentido hemos sido responsables en la comunicación de ideas en procura de aportar ideas dentro una institución que debería modificar su verticalidad, donde se dificulta la participación y la generación de propuestas, en donde nos percatamos de situaciones individuales y grupales que requieren de urgencia una adecuada atención.

Nos referimos a situaciones de algunos malos ambientes de trabajo, nos preocupamos de personas que deben someterse a “mandos”, sin capacidad de comunicación, inclusive capaces de provocar malestar en el más humilde y noble de los seres, y sencillamente porque se tiene una posición de “poder”, no así de liderazgo ni mucho menos, y entonces como he de callar esto, si estoy viendo compañeros y compañeras “víctimas” de un sistema absolutista, arcaico y retrógrado, sistema compuesto por personas que no comprenden que desde su posición tienen la oportunidad de contribuir al crecimiento individual y colectivo de su personal, que algunas veces dejan de lado el que detrás de cada uniformado, está un ser humano con familia y con necesidades.

Como callarme, (seguramente algunos quisieran aplicarme la ley mordaza) mientras cada día percibimos un aumento en la desfachatez, con situaciones que ya no generan asombro, sino mas bien malestar, he de decir que dentro de nuestra inteligencia y equilibrio emocional, nos apartamos de aquellas manifestaciones irrespetuosas e irracionales, como también tenemos claro que nuestra proclama o ideal es la defensa de la justicia y de las causas justas en favor de la colectividad, jamás defenderemos situaciones que riñan con esta proclama o provengan de actos de corrupción.

Las Fuerzas de Policía Civilistas, somos instrumento de protección para la ciudadanía, pero además somos parte de la ciudadanía, gente en su mayoría de pueblo, parte de la clase trabajadora que lucha por mejorar su calidad de vida y nivel de profesionalización, el ejercicio de esta función implica directamente una gran responsabilidad y definitivamente requiere de una mejor comunicación entre sus diferentes actores.

Si bien algunas cosas se han mejorado, falta muchísimo para llegar al nivel de atención necesario, debe frenarse la destrucción de hogares que tiene como uno de sus factores principales el desarraigo familiar, debe velarse por la salud emocional de los y las policías, urge la motivación, la sana competencia y el equilibrio en todos sus extremos.

“No es suficiente que hagamos lo mejor; a veces tenemos que hacer lo que se requiere que hagamos, no es grande aquel que nunca falla, sino el que nunca se da por vencido”.

ANEP consternada por la injusta muerte de los dos oficiales de la Fuerza Pública

Dejamos constancia por esta vía del triste pesar que embarga a nuestra organización por la injusta muerte de los destacados servidores de la Fuerza Pública, ciudadanos trabajadores JESÚS PERAZA GARRO y JUAN CARLOS JIMÉNEZREZ, quienes en cumplimiento de su deber fueron víctimas del flagelo de la delincuencia criminal que conmueve a la ciudadanía honesta.

Nos solidarizamos con las familias dolientes a quienes les hacemos llegar el más sincero pesar, rogando a Dios, El Creador, que les brinde la fuerza suficiente para sobrellevar tan inmenso dolor.

El sacrificio de las vidas de estos dos trabajadores de la Fuerza Pública de Costa Rica, especialmente por las circunstancias que mediaron para ello, debe abrir un profundo ejercicio de reflexión desde las esferas gubernamentales y desde la propia sociedad, acerca de cuáles son, hoy en día, las condiciones que se bridan a quienes deciden sumarse a dicho servicio público, sabiendo que sus vidas están en inminente peligro, a toda hora y todos los días.

Las jornadas extenuantes, el desarraigo familiar y social, el alto endeudamiento salarial, las agresiones psicoemocionales y físicas, la presión civil cotidiana entre otros factores, obligan a tomar decisiones estratégicas en materia de reivindicación salarial plena, en materia de salud ocupacional, así como también de posibilidades indemnizatorias realmente sustanciales por daños físicos y psicológicos y hasta por la pérdida de la vida como en estos dos tristes casos. Todo ello debe someterse a una profunda revisión.

De manera lamentable y censurable, el presente Gobierno no hizo un esfuerzo verdaderamente sincero y efectivo, para reivindicar en toda su dimensión, vía un reajuste salarial digno, a la inmensa mayoría del personal de la Fuerza Pública de Costa Rica, tal y como era la gran expectativa que a éste se le creó, de manera irresponsable.

Por el contrario, sí se dio una sustancial mejora, altamente significativa, para la estructura jerárquica de los mandos medios y superiores (lo cual vemos positivamente); pero que, conflictivamente, hace que hoy en día tengamos “dos” Fuerza Pública: la que gana bien, pero muy bien (que es la minoría); y la que gana mal, pero muy mal, la inmensa mayoría. Á esta pertenecían los servidores caídos en cumplimiento de su deber.

A fin de que las vidas de JESÚS PERAZA GARRO y JUAN CARLOS JIMÉNEZREZ no se perdieran en vano, como organización a la cual está afiliado un importante número de servidores y de servidoras de la Fuerza Pública, la ANEP renueva su compromiso para levantar las banderas de su plena e integral reivindicación, incluyendo la salarial, sin demagogias ni oportunismos.

San José, miércoles 9 de enero de 2013.

Máinor Anchía Angulo
Policía de la Fuerza Pública
Directivo Nacional ANEP-Fuerza Pública
Celular No. 86 26 25 57

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP

ANEP solicita intervención del Ministerio de Trabajo en Cartago

Honorable señor Olman Segura Bonilla, Ministro
Honorable señor Lic. Eugenio Solano Calderón, Viceministro del Área Laboral
Honorable señor Lic. Alfonso Solórzano Rojas, Director Nacional de Asuntos Laborales
Honorable señora Licda. Leda Villalobos Villalobos, Jefa del Departamento de Relaciones de Trabajo
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (MTSS)

Honorables señores y honorable señora: Respetuosos saludos.

Con base en las potestades legales que son en asistirle a la cartera de Trabajo y Seguridad Social, como buen componedor de las relaciones obrero-patronales, en calidad de conciliador-mediador; solicitamos se fije audiencia con tal propósito con relación a la reiterada negativa del señor alcalde de la Municipalidad de Cartago, don Rolando Rodríguez Brenes, de facilitar la actividad sindical de la ANEP en esa entidad, obstaculizando la participación de nuestra dirigencia local y la membresía institucional en los eventos que, a lo largo del año promovemos como parte de nuestro funcionamiento al ser una institución de protección y de promoción de los derechos laborales dentro de la institucionalidad democrática costarricense actualmente vigente. Al indicado jerarca se le puede convocar al fax No. 25 51 10 57, teniendo también a su disposición la siguiente dirección electrónica: alcalde@muni-carta.go.cr

La ANEP considera que tal actitud, por demás contraria a las normas democráticas de la Libertad y la Organización Sindical, podemos catalogarlas de Prácticas Laborales Desleales, por la sencilla razón de que la ANEP no es el sindicato que goza de las simpatías del señor alcalde don Rolando Rodríguez Brenes.

La ANEP agradece a las distinguidas y máximas autoridades del MTSS su pronta intervención a estos efectos, toda vez que, prácticamente, durante los últimos cinco años la ANEP y su representación y membrecía en la Municipalidad de Cartago ha sido víctima de tal ilegal discriminación sindical.

Al momento de fijarse la audiencia, la ANEP presentará la acreditación correspondiente de su delegación oficial para la misma.

Salarios del sector Público: Un desafío para hacer verdadera justicia con quienes menos ganan

Dice el señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social, don Olman Segura Bonilla que “es una injusticia que muchos empleados públicos estén ganando mucho menos, ocupando los mismos puestos y responsabilidades…”. (Según nota de prensa escrita de esta fecha). Pues ¡¡¡claro que sí!!!

ANEP insistirá ante una eventual discusión sobre el monto del reajuste salarial del sector Público valedero para el primer semestre del año que acaba de comenzar en esos segmentos laborales de la Administración Pública central (Poder Ejecutivo) que están “ganando mucho menos”: 1) Las señoras de los CEN-CINAI; 2) los vigilantes de las escuelas y los colegios del MEP; 3) los señores que cuidan los parques nacionales; 4) el personal oficinista, técnico y de servicios; 4) las policías (Tránsito, Penitenciaria, Fuerza Pública (los rasos) y Migración).

Aquí hay un importante campo de acción para hacer verdadera justicia salarial, elevando las correspondientes bases salariales y, por ende, el plus conocido como “anualidades”.

Hablando de pluses y dada la terquedad gubernamental en el tema, es importante que el Gobierno dé a conocer cuál es el listado de los, más o menos, 1.150 puestos estatales cuyos salarios están entre los 5 y 15 millones de colones mensuales (y algunos más altos todavía); de manera tal que la opinión pública pueda, efectivamente, comprobar que los “privilegios” salariales están ubicados en la alta cúpula político-tecnocrática del Estado y no en los sectores medios y bajos de la estructura de puestos de la Administración Pública.

Además, cómo es eso de que “las mesas de trabajo, talleres o seminarios para el análisis y discusión del texto” que propone el Gobierno (concretamente el señor Ministro Segura), en materia de pluses, no incluirá hablar de los “salariazos” de la gerencia bancaria estatal y puestos equivalentes o adjuntos a la misma.

Definitivamente, en el caso de la ANEP somos claros y contundentes: queremos hablar, dialogar, construir, sobre la realidad salarial de los segmentos laborales más empobrecidos de la Administración Pública como los que han sido aquí mencionados. Nada más.

Ley de Saloneros se publicó en La Gaceta Digital

MARCO LEANDRO
mleandro@diarioextra.com

La tranquilidad regresó este fin de semana al gremio de los saloneros al conocerse que el gobierno cumplió y la ley que les devuelve el salario mínimo y la estabilidad en sus empleos se publicó, por lo que entró a regir el día de Navidad.

La semana pasada hubo mucha preocupación en ese sector porque buscaba La Gaceta escrita y no le encontraba, sin embargo la ley se publicó en la edición digital y ya está rigiendo. Así lo explicó ayer Jimmy Eduardo Rojas, presidente de la Seccional Saloneros de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP).

Rojas indicó que pese a la confusión que creó el que se publicara en la edición digital un día en que los empleados públicos estaban de vacaciones, ya informaron al gremio de su existencia, por eso regresó la tranquilidad.

Ahora ese sindicato podrá dedicarse a luchar por la profesionalización del gremio, estar vigilante de sus derechos y sobre todo encontrar mecanismos que hagan que miles de saloneros despedidos sean recontratados con las mismas condiciones antes del conflicto.

El conflicto empezó cuando los magistrados de la Sala Constitucional resolvieron que el 10% de la propina era parte del salario, por lo cual los empresarios deberían pagar las cargas sociales sociales sobre ese monto e incorporarse al cálculo del aguinaldo y las vacaciones.

Ante esto los empresarios pegaron el grito al cielo porque esa actividad dejaría de ser rentable.

Después el Ministerio de Trabajo les recomienda a los propietarios de los restaurantes despedir a los saloneros y negociar recontratarlos bajo la figura de comisionistas, por eso desaparecieron el salario mínimo, las cargas sociales y solo se les pagaría ¢260 mil de las propinas.

Miles fueron presionados para pasarse a esa modalidad y se lanzaron a las calles para protestar, por lo que en un tiempo récord se aprobó la ley y se publicó en La Gaceta el 24 de diciembre, como un regalo de Navidad para ese gremio.

El retiro de Rodrigo Arias: nuestra visión con perspectiva sindical

Albino Vargas Barrantes
Rafael Ángel Mora Solano

Este acontecimiento ya está despertando diversas interpretaciones, las cuales, por supuesto, no podrán quedar exentas del subjetivismo propio del posicionamiento, tanto individual como grupal, de las correspondientes fuentes que las generan. Estas líneas no serán la excepción.

Aclaramos que en nuestro caso las opiniones son estrictamente personales, formuladas eso sí con base en nuestra experiencia de dirigentes sindicales pero que no involucran, para nada, a las organizaciones en las cuales militamos; aunque no dudamos de que muchas de las personas trabajadoras afiliadas a las mismas pudieran compartir, en todo o en parte, lo que aquí planteamos.

Es importante recalcar que, en realidad, don Rodrigo y su hermano, don Oscar, representaron una dualidad colectiva de visión y acción política totalmente compartida, de forma tal que no es posible analizar su trayectoria en la vida nacional sin relacionar al uno con el otro; tal y como, en su momento, se desarrollaron los comportamientos de otros dúos políticos con vínculos de sangre directos, y que se destacaron en la vida republicana costarricense, como el de los conocidos hermanos Tinoco (Federico y José Joaquín), en los albores del siglo pasado.

Para empezar, pensamos que el ciclo personalista que a la política costarricense le imprimieron los Arias en, prácticamente las últimas tres décadas, ha terminado; sin embargo, las ideas centrales y las tesis políticas fundamentales de ambos, centradas en la prevalencia del mercado como ente regulador estratégico en las relaciones sociales, siguen tan vigentes como siempre; dado que la salida de este dueto de la política nacional podrá manifestarse a nivel del poder formal pero en el ámbito del poder real, sus conexiones seguirán teniendo incidencia aunque no tan explícitamente notoria como todos estos años.

Dicho en otras palabras, el retiro de los Arias en nada afecta la naturaleza de la actual estructuración sistémica que viene consolidándose desde el gobierno de Luis Alberto Monge Álvarez, con ocasión del primer programa de “Ajuste Estructural”, en 1984; y que tiene en el “frauduréndum” sobre el TLC con Estados Unidos, en 2007, uno de sus momentos más emblemáticos del lento pero sistemático proceso de desmontaje de lo que conocimos como el Estado Social de Derecho, hijo éste de las reformas sociales de los años 40 del siglo pasado y que luego fuera adoptado y desarrollado por la “Segunda República” de don Pepe Figueres, luego de la llamada Guerra Civil de 1948 (Constitución Política de 1949).

En lo inmediatamente concreto, don Rodrigo alegó dos razones fundamentales para retirarse del proceso convencional liberacionista, previsto para abril próximo (aunque, de seguro, ya no lo habrá, porque es prácticamente hecho consumado que el tercer precandidato del PLN en esta pugna, el señor Fernando Berrocal Soto, se unirá al señor Johnny Araya Monge).

Por un lado, las encuestas de las firmas empresariales que se dedican a ello no le favorecían para nada, empeorando esta situación la encuesta que él mismo encargó y financió de su “propia” plata; y, por otro, que al no ser un candidato “potable” para los y las potenciales votantes, es decir, al ser un seguro perdedor, la gente adinerada que siempre financia todo este tipo de campañas electorales, perdió interés en el “negocio” de la próxima elección presidencial, del 2014. Esto podría ser parcialmente cierto (como veremos luego), dado que hoy en día, el “marketing” de una candidatura presidencial cuesta muchísimo dinero.

Aparte de estas dos razones, nosotros pensamos que podría haber una tercera: El gran capital de signo neoliberal, mismo que en la actualidad hegemoniza el poder real en nuestra sociedad, podría haber definido que uno de los “suyos” (Rodrigo Arias, específicamente), tendría que enfrentar una venidera y peligrosa situación fiscal-financiera que podría estar en incubación (una verdadera crisis) y que, por tanto, el retorno de la inversión electoral en esa candidatura no está debidamente asegurado, por lo cual no estaban en condiciones de apostar por un precandidato presidencial en desventaja y con carácter de perdedor.

Podría pensarse, entonces, en adición a lo anterior, que si la posibilidad de una verdadera crisis de profundidades insospechadas, es tan real que sería “mejor” que la enfrente alguien que no viene del lado “natural” del capital (aunque éste lo haya acogido en su seno); y que, en consecuencia, habría que pensar, eventualmente, en que sería conveniente sacar la plata del país para llevarla a otro lado más seguro.

Ahora bien, para nadie es un secreto que los hermanos Arias y su pensamiento fundamentalista de mercado, de corte neoliberal, nunca fueron del agrado de una buena parte de la sociedad costarricense, por un lado; por otro, buena parte del liberacionismo histórico los consideró infiltrados en su partido, mismo que abjuró, renegó y vendió su esencia fundamental y filosófica que siempre dijo ostentar, según los valores socialdemócratas clásicos, para adoptar los del neoliberalismo, precisamente a partir de la incidencia del famoso dueto.

Esto explica, en parte, las mayores epopeyas cívicas de la historia contemporánea costarricense de las últimas décadas: el combo ICE, del año 2000, así como la lucha patriótica en contra del TLC a largo de un período de cinco años (2002-2007). De una manera indirecta, primero; y luego directa, en el segundo, los Arias fueron figuras emblemáticas en la confrontación abierta y radicalmente polarizante que el país vivió en tales disyuntivas históricas prácticamente irrepetibles.

Ellos integraron (y seguirán integrando), el bloque hegemónico todavía dominante y garante sistémico del estado actual de cosas en nuestra sociedad, que defendió sus propios paradigmas de mercado en ambas gestas cívicas. Esto los confrontó con enormes cantidades de sectores ciudadanos, especialmente de las capas medidas en ambas coyunturas, muchas de las cuales tenían origen liberacionista, al punto de que la propia sobrevivencia del PLN quedó en “alitas de cucaracha”. En esas circunstancias, tal bloque se vio obligado a apelar a los Arias (en este caso, don Oscar), para revitalizarse y fortalecer su visión neoliberal de desarrollo, forzando la reelección presidencial primero; después imponiendo a don Oscar en las elecciones, prácticamente, fraudulentas del 2006; y, terminando, también con fraude, imponiendo el TLC con Estados Unidos, en el 2007.

Como vemos, la prácticamente nula popularidad de la precandidatura del señor Rodrigo Arias, que le lleva a su retiro, no deja de ser vista como una especie de cobro de factura por abrazar causas políticas que no propician el bien común, que generan exclusión social, que potencian el crecimiento sostenido de la desigualdad y de la concentración de la riqueza; en fin, haber él y su hermano promovido unas políticas públicas para beneficio de un modelo de desarrollo económico centrado en pocos grupos, de escaso encadenamiento productivo a nivel nacional y lleno de privilegios fiscales y con no pocos abusos laborales.

Evidentemente, gran parte del abono para el retiro de esta precandidatura, proviene de una amplísima gama de sectores sociales del más amplio espectro (destacándose los sindicales, aunque a algunos les duela); pues la enorme resistencia cívica de todos estos años contra el modelo neoliberal (que, por cierto, está impuesto “a medias” precisamente por esa gran resistencia), puso a los Arias como los rostros visibles, en esencia, del enemigo a vencer y, evidentemente, hubo un gran desgaste que, finalmente, es don Rodrigo el que lo paga de primera entrada. Por ello, permítasenos brindar, simbólicamente hablando, por esta especie de victoria popular aunque en los marcos peculiares de esta coyuntura.

Así que el camino le ha quedado libre al señor Johnny Araya Monge para ser “ungido”, por aclamación, como el próximo candidato presidencial por el PLN y dado el escenario que exhibe todo lo que se conoce como la “oposición”, se le estaría facilitando su llegada a Zapote, el 8 de mayo de 2014.

Difícilmente, por no decir imposible, es esperar que una eventual presidencia del Sr. Araya tenga decisiones, por más “light” que puedan ser, que lo lleven a algún nivel de ruptura sistémica de conformidad con lo que al efecto ha venido estructurando el bloque hegemónico dominante de corte neoliberal. Decimos esto por cuanto el señor Araya ha venido diciendo, primero en privado y ahora ya parece que también en público, que él quiere “recuperar” los valores originales de los postulados clásicos de la socialdemocracia, lo cual ponemos en duda.

Es tal el nivel de intolerancia de dicho bloque y su poder basado en la propiedad de los latifundios mediáticos dominantes (acostumbrados a poner y quitar candidatos); que una campaña presidencial primero y, eventualmente luego una gestión gubernativa hacia la recuperación de los valores socialdemócratas clásicos, sería inaceptable para ese bloque, representando un “riesgo” que don Johnny no quisiera correr.

Se necesita mucho más, pero muchísimo más que lindos mensajes para que las grandes masas ciudadanas hartas de la política tradicional, crean en ella y en sus partidos más intrínsecos a la misma. El PLN, aunque ahora se haya “ido” don Rodrigo, es enormemente responsable de ese descrédito ciudadano en la política; de haber renegado de los valores que se generaron desde el Centro de Estudios para los Problemas Nacionales que le dio origen; de haberse convertido en una mera maquinaria electoral, muy eficiente es cierto, pero al precio de la abjuración de sus principios; de haber promovido, fomentado y participado del cruel crecimiento de la desigualdad, de la riqueza y de la corrupción en contra del bien común, del bienestar del mayor número y de la inclusión social.

Por ello es que es más clara todavía la necesidad de que en el país exista una alternativa política de corte estratégico que desafíe el orden sistémico de corte neoliberal, lo cual ahora se vuelve de altísima prioridad. Lamentablemente, todavía no se vislumbra en el corto plazo, porque tal desafío no es lo mismo que hablar de la “oposición” electorera, tal y como se maneja en los conceptos, dinámicas y actitudes de todos esos partidos y de todas esas personas que hablan de una coalición, solamente para enfrentarse al PLN.

Lo que pasó con ocasión de las elecciones presidenciales del 2010 es suficientemente aleccionador; o, por lo menos, es indicativo de que ahora también pasará lo mismo. En las votaciones de febrero de 2010, de las nueve candidaturas presidenciales que, finalmente, aparecieron en la boleta de votación de la persona electora, siete provenían del proceso sociopolítico y cívico-patriótico del No al TLC. Pese a cualquier cantidad de intentos por construir una alternativa electoral al neoliberalismo, con base en los partidos de esas siete candidaturas coaligadas, los personalismos de todo tipo lo impidieron. Ganó ya sabemos quién y tenemos lo que tenemos. Nada nos garantiza que para el 2014 las cosas pudieran ser distintas, cuando la boleta presidencial “amenaza” tener, en vez de nueve rostros (como en el 2010), diecinueve para el 2014.

Finalmente, lo que sí pensamos es que es cierto que el poder del capital en lo electoral es, sencillamente, aplastante. Pero no imposible de ser superado. Hay experiencias muy cercanas a Costa Rica que lo demostraron. Nosotros mismos, en suelo patrio, como pueblo consciente, hemos desafiado en estas épocas, ese gran poder del capital; solamente que lo hemos hecho en escenarios no electorales y aunque no hubo victorias estratégicas si hubo triunfos ético-morales de incalculable valor y que, sin plata, nos pusieron de tú a tú con la hegemonía neoliberal del capital de los grupos de los cuales salieron los hermanos Arias. Sí se puede ir al escenario electoral en desigualdad financiera pero en articulación estratégica, apuntando en una única dirección. Ese es el sueño. Ahí está el desafío.

Mensaje solidario por la salud del Presidente Chávez

Honorable Gobierno de Venezuela:

Respetuosos saludos.

Desde Costa Rica, con gran sentimiento solidario, queremos decirles que estamos muy pendientes de la salud del señor Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Rafael Chávez Frías.

Elevamos una plegaria a Dios, Nuestro Señor Jesucristo, para que tan ilustre ciudadano latinoamericano se recupere pronto y continúe con su titánica obra de reivindicación ya no solamente del noble pueblo hermano venezolano, sino de todos quienes a lo largo de toda la América Latina (y más allá de ella, incluso), vemos en su trayectoria un faro luminoso que viene anunciando y concretando los nobles ideales de la Justicia Social, del verdadero Humanismo Cristiano; dándole a la lucha por la solidaridad con “los y las de abajo” un gigante aliento que motiva a millones de personas trabajadoras de estas nuestras queridas tierras de la América Latina, particularmente a la enorme cantidad de luchadores sociales: generándonos enorme motivación y ejemplo a seguir, habiendo convertido la democracia formal en Democracia Real (así, en mayúsculas).

Con mucha sinceridad,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP); y Presidente de la Central Social Juanito Mora Porras.

Seguridad Pública desde las Municipalidades

Viajaba de Heredia a Alajuela, cuando al pasar por el aeropuerto pude disfrutar de la elevación de un gran avión sobre la pista. Esto me hizo recordar la experiencia que me comentara un amigo muy valioso respecto de su carrera como piloto hasta el momento de ser nombrado capitán de vuelo.

Resulta ser que mi amigo trabaja para una empresa de servicio aéreo muy seria que hace respetar en sus procesos protocolos internacionales de manera muy estricta, creo que es obvio, en el cielo no puede dejarse ningún evento a la deriva y un pequeño error puede significar un terrible y doloroso accidente.

De nuevo, en mi viaje a la Alajuela, al ver despegar aquella aeronave me preguntaba por qué razón en materia de seguridad pública no se siguen protocolos como los que utilizan en las empresas aeronáuticas.

Veo similitudes enormes entre un servicio y otro: 1) Se atiende personas 2) Requiere de conocimientos especializados y 3) Un error puede ser un evento terrible con consecuencias lamentables para toda la vida, como lo son el dolor, las penas de cárcel y las erogaciones económicas que jamás subsanan una pérdida humana.

Sé que parece fatalista, pero es la realidad cruda y cruel. ¿Por qué? Fenómenos como el etiquetado en nuestra juventud que por un mal procedimiento policial les puede llevar a delinquir, mal tratamiento de prueba que por un tecnicismo pueda dejar en libertad al culpable o manipulación de armas de fuego o escenas que hagan que una persona inocente reciba un disparo del arma de un oficial mal preparado son sólo algunas de las realidades que se pueden vivir.

En materia de seguridad pública, catalogado como una emergencia nacional por la Presidenta de la Republica, cuál es la inseguridad. Se han tomado mil fórmulas para combatir tanto los hechos delictivos, como ese sentimiento de seguridad inducida, que parte de una experiencia alejada a la persona, pero que toma como propia y crea ese desasosiego.

Dentro de estas formulas ha tomado fuerza la creación de cuerpos de policía en las Municipalidades. Sin embargo, lo que puede ser un prometedor mecanismo de estímulo a la cadena de administración de justicia, que estabilice la paz social y otorgue a las personas una justicia pronta, cumplida y accesible para todos y todas, pueda que se convierta en una terrible pesadilla que dé al traste con el ideal que se pretendía al instaurar tales departamentos policíacos.

Lo anterior parte del hecho que su director general es el alcalde de cantón, persona que en la mayoría de los casos no tiene la más mínima idea de que está dirigiendo. Luego encontramos un mal diseño del puesto que no establece con claridad de tareas y responsabilidades del puesto de policía municipal, seguido de un pésimo proceso de reclutamiento y selección del personal, mismo que en muchos casos podría verse afectado por intereses de algún partido político o pagos por favores al “pegar banderas” a una persona.

Dentro de los males que pueden agregarse están la falta de capacitación técnica que permita a los y las oficiales elementos mínimos necesarios para tratar aprehendidos así como elementos de prueba en la escena de un delito.

Proyecto rescatable
El proyecto de policía en Costa Rica parte de un modelo de policía Español “policía 2000”, adaptado por Fuerza Publica desde el año principios del 2000, bajo el lema “policía de proximidad.

La realidad del ser del noble cuerpo de policía de Fuerza Publica no le permite a plenitud desarrollar este proyecto y es en la policía cantonal donde se puede desarrollar toda su riqueza, tanto en verter recursos para el desarrollo de la policía municipal con un impacto positivo, así como el control institucional y aquel que cada ciudadano y ciudadana pueden ejercer.

La policía municipal conoce su sector y los males que le aquejan, adicional que la mayoría de sus miembros viven en alguno de los barrios que vigilan. En otras palabras responde a su propia realidad.

¿Qué se requiere?
Debemos partir de conciliar experiencias probadas en materia de seguridad pública con las promesas de campaña. Resulta vital desarrollar perfiles de puestos que tomen como requisitos conocimientos que se homologuen con la media de escolaridad de la población que se pretende servir. Luego es vital establecer un curso técnico policial especializado que permita a las y los prospectos adquirir conocimientos y desarrollar destrezas básicas, así como aquéllos que sean atinentes a la lectura de la criminalidad que se desarrolla en el cantón.

Otro punto de interés vital que podría verse como base de éxito a un proyecto de policía municipal es democratizar los procesos de reclutamiento y selección, invitando a todas las instituciones de educación superior para que estimulen a su estudiantado como egresados y egresadas para que participen de tales procesos.

En el caso de la dirección política, dado que descansa en el alcalde o alcaldesa es vital que cuente con asesoría letrada especializada en materia policial, así como de análisis policial que sirva de “staff” para la alcaldía y de línea para el mismo departamento de policía.

Por último, es necesario aplicar las nuevas tecnologías de la información como lo es la seguridad electrónica e instrumentos computarizados para identificación de personas, bases de datos y traslado de información a otras dependencias policiales o judiciales, no como un fin en sí mismo, sino como medio coadyuvante en la lucha objetiva contra la criminalidad.

Lic. Heinier Gibson Díaz Cabezas es promotor y líder sindical de ANEP / Policía Municipal de Heredia.