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Cumbre de los Pueblos será en Chile

Publicada el 02/01/2013 | por ANEP | Dejar un comentario

Desde el 25 al 27 de enero de 2013 se realizará en Santiago de Chile la Cumbre de los Pueblos de América Latina, el Caribe y Europa: Por la justicia social, la solidaridad internacional y la soberanía de los Pueblos, esto en forma paralela a la Cumbre UE – CELAC donde estarán representados todos los gobiernos de la Unión Europea y de aquellos países asociados a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. En ese contexto, se realizará además la reunión del CELAC, ocasión en que el Gobierno de Chile cederá la coordinación del bloque regional al Gobierno de Cuba.

Los gobiernos participantes han decidido poner como tema central discusión de las reuniones de Santiago a las inversiones bajo el título de “Alianza para el Desarrollo Sustentable: Promoviendo Inversiones de Calidad Social y Ambiental”.

Las organizaciones sociales, sindicales y políticas que hemos estado comprometidas en diversas cumbres anteriores y múltiples foros sociales, nos hemos coordinado para que al lado de las reuniones oficiales, en una Cumbre de los Pueblos, se escuchen las demandas y propuestas de los pueblos movilizados en las dos regiones que luchan contra las políticas neoliberales que golpean a nuestras sociedades y pretenden aniquilar sus derechos.

Convocamos a todos los movimientos sociales, populares y políticos de Chile y de ambos continentes a sumarse a la Cumbre de los Pueblos Latinoamericanos, Caribeños y Europeos en enero de 2013 en Santiago de Chile, para que sean escuchadas las justas reivindicaciones y para que sus luchas y resistencias a las políticas injustas que les son impuestas encuentren un espacio para la articulación y la construcción de alternativas.

La Cumbre de los Pueblos de Santiago tendrá lugar en medio de una crisis económica y financiera mundial sin precedente desde los años treinta del siglo pasado, y aquellos sectores que la generaron y se enriquecieron pretenden cobrarla a los pueblos, imponiendo unos tremendos retrocesos sociales y democráticos. La políticas de “austeridad”, ahora también en la zona europea, así como la evolución política en América Latina y el resto del mundo exigen una respuesta unitaria de nuestros pueblos y una salida radicalmente alternativa a la reconducción y al fortalecimiento del actual modelo neoliberal. Este momento histórico requiere igualmente replantear a fondo las relaciones entre ambos continentes.

La Cumbre de los Pueblos de Santiago es una oportunidad importante para cuestionar las distintas dimensiones de la crisis y los intentos gubernamentales de utilizar la inversión de capitales europeos en América Latina como un camino de salida a ella, en los precisos instantes en que nuestros pueblos se rebelan contra el modelo extractivista inequitativo y depredador. De allí la necesidad de evaluar los efectos de tales inversiones y más ampliamente de los Tratados de Libre Comercio (TLC), especialmente por su carácter predador de los derechos sociales, del ambiente y de las condiciones laborales, y vector de agravamiento de la tremenda desigualdad social que azota a nuestras sociedades. Los pueblos de América Latina, el Caribe y de Europa decimos no a estos TLCs, exigimos que se renegocien los que están en vigor y que se detenga la negociación o ratificación de los otros, hasta que los pueblos sean debidamente consultados sobre el tipo de relaciones bi-continentales que quieren establecer para servir sus intereses, y no los de los inversionistas y las transnacionales.

Las organizaciones abajo firmantes, llaman a construir un nuevo tipo de relación entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe, basado en la igualdad, la descolonización, la primacía de los derechos de la ciudadanía sobre el lucro de las transnacionales, y el respeto a la soberanía y el derechos de las naciones. No aceptamos que la crisis detonada por el sistema financiero transnacional sirva para promover retrocesos sociales en detrimento de los derechos y el bienestar de los pueblos. Este encuentro exigirá que cesen las políticas de ajuste y austeridad y el replanteamiento de la arquitectura financiera internacional.

Los pueblos de nuestros dos continentes exigen y luchas duramente en las calles por la justicia social y un modelo alternativo que garantice plenamente los derechos políticos y democráticos, así como los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

En paralelo a las reuniones oficiales, la Cumbre de los Pueblos será el reflejo legítimo de las luchas, las resistencias y de las demandas de nuestros pueblos por alternativas al neoliberalismo, el patriarcado, el colonialismo y la destrucción del ambiente para el lucro de pocos. La Cumbre de los Pueblos se desarrollara en favor de la justicia social y ambiental, la solidaridad y unidad entre las naciones y los pueblos latinoamericanos y europeos, la defensa de los bienes comunes y por el rechazo a la mercantilización de la naturaleza y la vida.

Los ejes temáticos deberán incluir nuestra visión sobre el modelo de sociedad que queremos, la democracia y la participación ciudadana, los derechos humanos, las reivindicaciones de nuestros pueblos originarios, de las mujeres y de la diversidad de sectores que representamos, sobre los bienes comunes, la naturaleza y la Madre Tierra, sobre la integración, las inversiones y el comercio, sobre la democratización de las comunicaciones, la gobernanza global y el modelo imperante.

Junto a los ejes temáticos centrales, habrá cabida para las actividades autogestionadas que surjan desde las organizaciones participantes.

La Cumbre de los Pueblos, nuestra cumbre, será el espacio alternativo en el que se vuelquen las energías, las resistencias y demandas de nuestros pueblos.

Grupo de Facilitación Cumbre de los Pueblos

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La Cumbre de los Pueblos Chile 2013 se realizará en la Facultad de Urbanismo y Arquitectura de la Universidad de Chile (calle Marcoleta 250, Santiago-Chile)

Mayores informaciones visitar sitio oficial www.cumbrechile2013.org

Twitter: @CumbrePueblos13

Página facebook: Cumbre de los Pueblos 2013

Las actividades autogestionadas serán inscritas a través del sitio web www.cumbrechile2013.org

Evento facebook:
Cumbre de los Pueblos 2013
http://www.facebook.com/events/550723284956756/permalink/550723288290089/

Varias de nuestras pautas de trabajo en el año 2013

Publicada el 02/01/2013 | por ANEP | Dejar un comentario

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), organización conformante de la Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP), hace del conocimiento público lo que vienen a ser sus varias de sus pautas de trabajo, desafíos notables que hemos de asumir en los ámbitos socio-laborales y cívico-políticos, en el año que en este día, 1 de enero, empezó.

Considerando que la ANEP es la organización sindical de base más heterogénea del país, las puntualizaciones siguientes son apenas una muestra de la magnitud del accionar cotidiano que emprendemos, día a día e incansablemente; en nuestra lucha por aportar a una nueva Democracia, a mayor inclusión social, a más justicia social, a la prevalencia plena de todos los Derechos Humanos, a la protección del ambiente y de la Ecología, a la plena igualdad de Género y de respeto a todas las diversidades. En fin, a la lucha que miles y miles de personas costarricenses comparten en el día a día: por la otra Costa Rica que es posible.

El orden en que se citan no revelan prioridades mayores o menores; y, repetimos, expresan una parte de las tareas que nos vemos obligados a asumir para ser consecuentes con el más noble ideal posible en una sociedad que se precie de democrática: la reivindicación y la liberación plenas de su clase trabajadora. Veamos:

Generar la derrota definitiva de la absurda pretensión de la actual gestión gubernativa en contra de los denominados “pluses” salariales vigentes en diversos sectores laborales de la Administración Pública; por su perverso sesgo de reversión de derechos ya consolidados y porque pretende culpabilizar a quienes laboran en la misma del desastre fiscal del Gobierno de la Presidenta Laura Chinchilla Miranda; manipulando y desviando la atención pública de la verdadera naturaleza del problema tributario y salarial costarricense. Además, por la inclusión tramposa en esta iniciativa de artículos que vienen a acabar con la negociación colectiva, incluso, en las municipalidades.

Posicionar la situación laboral y salarial de los sectores trabajadores de menor salario en el seno del Estado costarricense, visibilizando su situación económica precaria y logrando las correspondientes reivindicaciones en este plano. Especialmente, trabajadoras de los CEN-CINAI; vigilantes y guardas de los centros educativos públicos y de los parques nacionales; las policías del Poder Ejecutivo central (los sectores rasos de la Fuerza Pública y las de Migración, Penitenciaria y de Tránsito); los sectores oficinistas y de servicio del Gobierno Central.

Sector Privado: El desafío estratégico de los Salarios Mínimos. Hacer avanzar la tesis de que una cosa es el “reajuste” semestral por costo de vida que ni hace justicia real ni es realmente compensatorio de las alzas en el costo de la vida; y otra, muy distinta, es el establecimiento de nuevos niveles a esos Salarios Mínimos y con cierta temporalidad, a partir de los cuales se apliquen tales reajustes para que, verdaderamente, haya elevación de su poder de compra, de su poder adquisitivo. En tal sentido, le hemos de proponer al Consejo Nacional de Rectores (CONARE), una asistencia técnica para establecer en el país el “Observatorio Ciudadano del Salario Mínimo”; amén de coadyuvar a los esfuerzos que en tal sentido organizaciones colegas ya vienen haciendo en el seno del Consejo Nacional de Salarios (CNS).

Ayudar para lograr la aprobación definitiva de la Reforma Procesal Laboral (RPL), el “segundo” Código de Trabajo de la historia del Derecho Laboral en Costa Rica. En tal sentido, lograr el consenso definitivo que permita superar el errático veto presidencial.

Avanzar a nivel comunal, en varias de las localidades nacionales más importantes, el tema de la propuesta social “Diez medidas para comenzar a ordenar la Caja”; a partir de la necesidad de un involucramiento ciudadano con sentido estratégico en la defensa y la salvación de esta institución emblemática de la nacionalidad costarricense, misma que sigue estando secuestrada por importantes intereses corporativos, tanto internos como externos; e, igualmente, aportar en incidencia para que los responsables de su crisis financiera sean llevados a los tribunales de justicia.

Potenciar las tesis sindicales que venimos defendiendo acerca de la urgente y necesaria Transformación Tributaria Estructural, de forma tal que por esta vía se abra un sendero estratégico para el combate a la desigualdad que nosotros conceptuamos como el problema número uno de la sociedad costarricense actual.

Darle prioridad a la acción sindical en los sectores institucionales encargados de la promoción de políticas públicas para el desarrollo y la integración sociales; motivando a nuestros dirigentes a una fiscalización activa y a una supervisión plena de ejecución presupuestaria, así como a la promoción de diversos tipos de lucha y de mecanismos institucionales que fortalezcan esas entidades.

Coadyuvar, con las agrupaciones de productores que comparten esta preocupación, para generar una poderosa corriente de opinión y, por ende, establecimiento de sólidas políticas públicas para la Soberanía y la Seguridad Alimentarias; aportando, entre otros elementos, para el fortalecimiento de las entidades estatales que en materia de política pública deben relanzarse al efecto.

Brindar apoyo solidario y material para la reivindicación plena de la población laboral en las plantaciones agrícolas, especialmente las de piña y de banano, a través de los sindicatos fraternos que integran la Federación Nacional de Trabajadores Agroindustriales y Afines (Fentraa); mismos que en la acción cotidiana desarrollan una lucha desigual contra los emporios empresariales (nacionales y trasnacionales), empeñados en impedir a toda costa la organización sindical obrera, libre y soberana. Particularmente, de manera directa, apoyaremos el trabajo del hermano Sindicato de Trabajadores de Plantaciones Agrícolas (SITRAP).

Relanzar las experiencias propias de sindicalismo en el sector Privado que se muestran ya con más claridad, promovidas bajo la bandera de la ANEP: choferes de autobús, saloneros, vendedores de lotería, motociclistas mensajeros, traileros, payasos y exoreros.

Reforzar, remozar y ampliar la incidencia de la organización sindical en el sector municipal costarricense, empezando el desarrollo de la concepción de Sindicalismo Ciudadano a partir de las dirigencias de base respectivas con sensibilidad para proyectar el mensaje sindical a la comunidad local.

Aportar en el relanzamiento, el fortalecimiento y la re-articulación de los sectores populares, en general; y sindicales, en particular. En este último sentido, reconfirmar la validez de la Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP), con la renovación política que la misma ocupa; así como ayudar a la conformación de un espacio específicamente intersindical, que ya está en gestación, de diversa naturaleza organizacional y de pensamiento compartido.

Contribuir a darle realce al Centenario de la celebración, en suelo costarricense, del próximo Primero de Mayo, el Día Internacional de la Clase Trabajadora; dado que se cumplen cien años de que por primera vez en Costa Rica, se hizo tal celebración: el Primero de Mayo de 1913.

Introducir en la acción cotidiana sindical la importancia de la lucha por la preservación del planeta, el cambio climático y la Ecología Política (especialmente la nueva tesis del “Buen Vivir”), dentro de las estrategias integrales de combate al neoliberalismo depredador y su sicario criminal: el capital financiero-bancario que, como dice Su Santidad, el Papa Benedicto XVI, está sin ninguna regulación.

Retomar el relacionamiento internacional con sentido latinoamericanista y soberanista, particularmente; enlazando esfuerzos con todas aquellas entidades de diversa naturaleza que combaten, de una u otra manera, el criminal mundo neoliberal del capitalismo financiero bancario, orgiásticamente codicioso, que amenaza, incluso, con acabar con la propia especie humana.

Emplazar, por diversos medios, a las diversas candidaturas pre y presidenciales plenas, así como a las diputadiles, que participarán en el proceso electoral nacional del año 2014; acerca de la verdadera naturaleza de sus intenciones para con el pueblo trabajador si alcanzaran esas posiciones elegibles; de forma tal que se pueda tener un mejor criterio para valorar esas aspiraciones, teniendo como marco el acervo que como organización hemos acumulado en materia de sindicalismo que estudia, reflexiona, consulta, se asesora y propone acerca de las principales temáticas nacionales.

Continuar abogando, por diversas maneras y distintos medios, acerca de la naturaleza de la construcción del nuevo sujeto político que ocupa nuestra Patria para que pueda emerger la nueva hegemonía de carácter estratégico que ocupa la superación de la desigualdad, de la corrupción y la decepción ciudadana; en fin, la construcción de una nueva Democracia.

Asamblea General Extraordinaria será el 19 de enero

Publicada el 02/01/2013 | por ANEP | Dejar un comentario

Saludos respetuosos:

A nombre de la actual Junta Directiva Nacional (JDN), así como de esta Secretaría General de la organización, nos complace mucho en convocarle para que se apersone a la Asamblea General Extraordinaria que conocerá el informe de la auditoría externa contratada para determinar lo que nos sucedió en torno al proyecto “Hotel y Centro de Convenciones El Tití”:

Día de la asamblea: Sábado 19 de enero de 2013
Lugar: Auditorio de la Conferencia Episcopal de Costa Rica (Cecor), calle 20.
Hora: 1 de la tarde

Para nosotros es de enorme relevancia su presencia como asambleísta y valore lo pertinente.

A usted como anepista de corazón, a quien no le animan ni propósitos ocultos, ni intereses electorales de corto plazo, ni le inspiran ideologías extremistas extrañas a nuestra identidad costarricense; desde ya le agradecemos que nos acompañe para buscar como colectivo democrático y transparente, las mejores decisiones que correspondan a esta situación, de formal que nos permitan fortalecer el carácter independiente de la ANEP de toda forma de organización político-partidista que pretenda infiltrar nuestra vida sindical.

Valga indicarle que la indicada auditoría fue contratada por la actual Fiscalía General de la ANEP y según el contrato de los términos de la misma, sus resultados serán presentados, únicamente, en la mencionada asamblea.

Servidores atentos,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Wálter Quesada Fernández
Secretario General Adjunto

OMC: Elecciones en el Olimpo

Publicada el 31/12/2012 | por ANEP | Dejar un comentario

El cargo de Director General de la OMC está abierto a la sucesión y esta vez la Dirección le toca a América Latina y el Caribe. Según el reglamento, el proceso para nombrar directores generales se inicia nueve meses antes de la expiración del mandato del titular; en este caso, M. Pascal Lamy. El nuevo Director General deberá asumir funciones el primero de Septiembre, 2013, y el proceso de elección se inicia el primero de diciembre, 2012.

Los antecesores formales de M. Lamy han sido cuatro, pero en realidad la persona más influyente en conducir y desembocar el GATT en la OMC fue el suizo Arthur Dunkel, cuyo equipo redactó el famoso texto Dunkel, que es la plantilla de la OMC. El texto despertó muchas ilusiones entre aquellos que no lo leyeron pensando mal e imaginaron que la equidad en el comercio podía ser obra de aquellos que habían creado todo lo contrario.

El Primer Director General formal fue Peter Sutherland (1993 – 1995), abogado y banquero Irlandés, que fue el último director del GATT y por unos meses Director General fundador de la OMC. Le sucedió Renato Ruggiero (1995 – 1999), burócrata financiero italiano, que venía de ser director en la FIAT y en el gabinete Kissinger. Hasta aquí, todos europeos.

En 1998, se aplicó el principio, practicado en la ONU, de la alternación regional en los cargos. Se comenzó por Asia y ocurrió un enfrentamiento por la sucesión entre países desarrollados y países en desarrollo. El candidato de los primeros fue Mike Moore, un prestigioso político laborista neozelandés y experto en temas de comercio; el candidato de los segundos fue el tailandés Supachai Panitchpakdi, economista, político de larga trayectoria como banquero. Al final se acordó compartir el período. Contra las expectativas, Moore (1999 – 2002) dirigió con criterios amigables a los países en desarrollo y Supachai (2002 – 2005) antepuso su visión de banquero a los intereses del desarrollo, con lo que asumimos que hizo méritos para confiarle luego la UNCTAD.

El Director General de la OMC para el período 2005 – 2009 le tocaba al África o al grupo de la América Latina y el Caribe (GRULAC). Hubo 4 candidatos: por América Latina, el brasileño Luis Felipe Seixas de Correia y el uruguayo Carlos Pérez del Castillo, en África, Mauricius presentó a Jayakrishna Cuttareey. De manera muy incoherente con la alternación regional, se aceptó la candidatura de Pascal Lamy, quien había sido Comisionado Europeo para Comercio.

La división de América Latina se realizó con la técnica de lanzar con antelación un candidato que no obtenga mayor consenso, para dividir el cuerpo constituyente antes de que surja el candidato natural. Fue así como en lugar de Seixas fue elegido M. Lamy, que vino a ser el tercer europeo al timón de la OMC… y también el cuarto, porque fue re-elegido en 2009. No es que a M. Lamy lo renovaran por méritos y con aclamación, sino al contrario, es que enredó y desacreditó tanto la negociación, que ya nadie quería hacerse cargo de su madeja.

La elección

Los países tienen desde el 1º hasta el 31 de diciembre para presentar candidatos. Cierto que no es la mejor época para negociar y contactar candidatos, pero la OMC de M. Lamy pareciera encontrar propicio el decidir asuntos en el mes de diciembre. Reuter, la agencia de noticias donde M. Lamy es director, avanzó posibles candidatos, pero para desacreditarlos. El Embajador brasileño Roberto Acevedo tendría más categoría si hubiese sido ministro, como M. Lamy; el Ministro surafricano Rob Davis sería demasiado extremista y … seguramente irá de Director General de la UNCTAD.

Siempre con Reuters, en un despacho desde Tokio (13/10/2012), M. Lamy nos informa en un titular que “La Geografia no debe importar al escoger al Jefe de la OMC”. Sucede que eso es un grave obstáculo que tienen para repetirse, tanto M. Lamy como sus cuatro Directores Adjuntos: el chileno Alejandro Jara, por América Latina; la ruandesa Valentine Sendanyoye Rugwabiza, por África, el hindú Harsha Vardhana Singh, por Asia; Rufus H. Yerxa, por EE UU. Toda esa geografía está con Lamy en la OMC, desde el 2005… et allors?

Según dice M. Lamy, lo único que debe contar es la capacidad. Dice que la elección no debe ser un juego diplomático, sino un juego de caza de talentos (“head hunting game” dijo). El talento sería un obstáculo más grave aún para otra reelección, porque durante los ocho años que ya llevan M. Lamy y sus adjuntos, todo permaneció estancado. La gran novedad que ofrecen ahora es cambiar las reglas comerciales hacia “cadenas de valor”, que es el enfoque de la producción que tienen las empresas transnacionales y apátridas. En efecto, ya es buena hora de traer cabezas nuevas y tanto mejor si se respeta la ecuánime distribución regional de los cargos. Talento hay en todas partes, lo que falta es buena orientación política.

Hasta ahora hay dos candidaturas formales. La del ministro ghanés Alan Kyeremate y la del ministro neozelandés Tim Grosser. En cuanto a la distribución regional ambos estarían mal ubicados. El Sr. Kveremate, porque África ya tiene el representante de un país africano – Sur África – que iría a presidir la UNCTAD. El Sr. Grosser – un simpático motociclista y rockero- porque Nueva Zelanda ya ha tenido mucho más que su justa cuota de cargos; no sólo tuvo un Director General, sino que ha presidido el Comité de Agricultura durante 9 años seguidos, desde el 2003, sucediéndose los embajadores como si fuese un feudo hereditario neozelandés.

Los candidatos de América Latina y el Caribe – la región a la que corresponde el próximo Director General- están aún por lanzarse. Se rumora que se lanzará la costarricense Anabel González, para romper la unión entre los países latinoamericanos, por lo inaceptable de su compromiso extremo con las cadenas de valor, con la agenda de los Tratados de Libre Comercio y con la inclusión de estos mismos en el ámbito multilateral. Es lógico asumir que los candidatos provenientes del “establishment” político que firmó TLCs con Estados Unidos o Europa, no inspiran confianza para presidir la OMC. Son gente que cedió, en esos papeles, todo aquello que en la OMC encuentra oposición de países en desarrollo o que se discute.

Si en Mercosur, el Caricom o el ALBA piensan en una candidatura, es la hora de tomar la iniciativa y negociarla, para impedir que se repita el triste espectáculo del 2005, cuando una candidatura anticipada y estéril, dividió el apoyo del GRULAC e hizo perder empuje al mejor candidato que hubiera podido ganar.

La importancia de la repartición de cargos

En todos los organismos internacionales es muy importante la distribución de los cargos con responsabilidad para un funcionamiento equitativo. En la OMC esos cargos revisten la mayor importancia, porque conducen una organización negociadora cuyo tema es algo tan concreto como el futuro de la economía real mundial. Sin embargo, la presente repartición de cargos directivos está concentrada a favor de los países desarrollados.

La OMC cuenta con 157 miembros (08/2012), de los cuales sólo un 21% son desarrollados. Sin embargo, todos los directores generales provienen de ese grupo de miembros, con la breve excepción (3 años) de Supachai, que es tailandés, pero es banquero. El total de cargos asignados en la OMC se reparte entre los grupos regionales según la figura 1.

En el total de cargos, la repartición aparece con visos de alguna equidad entre desarrollados y países en desarrollo, con desventaja para África.

Pero hay que tomar en cuenta que una división entre países desarrollados y países en desarrollo agrupados por regiones, no es neta. Las empresas transnacionales por las que habla el mundo desarrollado tienen otras voces. También hablan por ellas aquellos países en desarrollo controlados por élites que obedecen órdenes de países desarrollados o que están directamente asociadas con empresas apátridas establecidas en sus propios países.

La repartición de los cargos en los principales órganos de funcionamiento de la OMC, ya contienen iniquidades aún según las simples categorías de países desarrollados y en vías de desarrollo, que calcularemos de menor a mayor gravedad.

El GRULAC tiene mayor proyección en el Comité de Negociaciones Comerciales y sus grupos subsidiarios; lugares donde se habla mucho. Los países desarrollados tienen allí un 33%; entre los países en desarrollo, el GRULAC tiene un 34%, Asia un 26% y África un 7%.

En los Órganos Principales (16 órganos, entre ellos el Consejo General) encontramos que el 39% esta en manos de funcionarios de países desarrollados; los países en desarrollo obtuvieron un 22% para Asia, un 20% para el GRULAC y un 19% para África.

La repartición se hace menos ecuánime a medida que entramos en intereses más concretos. En el área de Comercio de Mercancías y sus grupos subsidiarios, vemos a los desarrollados con el 45% de los cargos. Los países en desarrollo tienen el resto: 20% para Asia, 19% para el GRULAC y 16% para África.

El caso extremo es el área de Servicios. Allí los países desarrollados tienen el 52% de los cargos, mientras los países en desarrollo se reparten lo que queda: 27% para Asia, 17% para el GRULAC y 4% para África. Servicios es la actividad que incluye el área financiera.

Conclusión

M. Lamy escribió algo(1) sobre ese feo anglicismo de “gobernanza” y a escala global, pero lo que describe, así como las cadenas de valor que enarbola ahora, no son ideas novedosas. Ambas son la vieja historia de gobernar sobre la globalidad de los recursos, a favor de unos pocos; sólo que en más grande y para una banda de banqueros privilegiados.

Con tanta gente hábil repartida en el mundo, esa historia no puede seguir, ni va a seguir así.

Nota:

(1) La démocratie monde: pour une autre gouvernance globale (Seuil, 2004).

– Umberto Mazzei es doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de Florencia. Es Director del Instituto de Relaciones Económicas Internacionales en Ginebra.
http://www.ventanaglobal.info

URL de este artículo: http://alainet.org/active/59088

La clase trabajadora inicia el año nuevo con más empobrecimiento

Publicada el 31/12/2012 | por ANEP | Dejar un comentario

Las personas trabajadoras asalariadas con la suerte de tener empleo formal, iniciarán el nuevo año 2013 en un escenario económico de mayor empobrecimiento familiar, dado que los reajustes en el salario para el primer semestre que empieza el próximo 1 de enero, está ya devorado por la cadena de alzas de fin de año.

En tal circunstancia, el país sigue reforzando su perverso tránsito hacia una mayor desigualdad que, para “tirios y troyanos”, ya es el problema nacional número uno.

En el caso de quienes laboran para el sector Privado, el 3.65% de reajuste en el salario mínimo, prácticamente, ya se lo “comió” las más fuertes alzas en servicios básicos fundamentales, como la electricidad y los buses, fijadas por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), cuyo sesgo pro-empresarial y en contra del usuario cada vez es más evidente.

En el caso de las tarifas de bus, el alza promedio del 14% encarece más el transporte diario hacia y desde el trabajo; situación ésta que se agravará más con la cuestionada decisión de la Aresep de que el denominado “Modelo de ajuste extraordinario para el servicio remunerado de personas modalidad autobús”, ya no será “extraordinario”, sino que lo han vuelto “ordinario” pues el empresariado autobusero lo podrá utilizar semestralmente. En consecuencia, dos veces al año se aumentarán dichas tarifas.

Si hablamos de la electricidad, los hogares de la clase trabajadora asalariada inician el año 2013 con una tarifa de un 17.5% más cara: un incremento del 4.5% que empezó a regir en noviembre anterior, más el 13% que entró en vigencia este miércoles 26 de diciembre.

Agreguemos a ello, la brutal alza tarifaria, de un 25%, por el servicio de agua y alcantarillado sanitario que, desde julio anterior, golpea fuertemente las economías familiares de las personas trabajadoras.

La vecina alza en la tarifa telefónica, echa “más leña a la hoguera” del descontento popular. Si “por la víspera se saca el día”, la Superitendencia de Telecomunicaciones (Sutel), probablemente acceda a la petición de subir en 7 colones (de 4 a 11), el costo por minuto en cada conversación telefónica.

Como vemos, queda clarísimo que el nivel de empobrecimiento salarial para quienes laboran en el sector Privado tendrá un nuevo impulso desde el mismo momento de iniciarse el año 2013. El “reajuste” del 3.65% a los salarios mínimos ha quedado, prácticamente, devorado por estas alzas en las tarifas de los servicios básicos fundamentales y sin agregar lo que ha venido sucediendo en los comestibles fundamentales.

En el caso del sector Público, será hasta enero próximo que se conocerá el monto del correspondiente reajuste en los salarios base, que debe regir desde el día primero del nuevo año. El Gobierno de la República terminó 2012 sus funciones ordinarias sin convocar a los sindicatos más representativos del sector para discutir este tema.

Se supone que como ahora hay nuevo Ministro de Trabajo y Seguridad Social, don Olman Segura Bonilla, se ha de promover un real diálogo y una verdadera negociación en el seno de la denominada “Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público”, en los primeros días de enero entrante.

Si así fuese, a la ANEP le interesará, una vez más, dejar en evidencia la crítica situación salarial de varios gremios laborales de la Administración Pública en condiciones muy precarias; a saber: Guardas de los centros educativos (escuelas y colegios), a cargo del Ministerio de Educación Pública (MEP); los guardaparques del Ministerio del Ambiente y Energía (Minae); las trabajadoras de los CEN-CINAI, a cargo del Ministerio de Salud; personal oficinista y similar del Gobierno Central; los cuerpos de policía principales del Poder Ejecutivo (Fuerza Pública, Migración, Penitenciaria y Tránsito).

Finalmente, en el caso de las familias cuyas jefaturas de hogar están a cargo de personas que laboran para el mercado informal, en el “cuentapropismo”, es evidente que la situación económica es igual de acongojante, estrecha y difícil por estas y otras alzas.

No hay duda alguna: “Los y las de abajo”, la clase trabajadora, sigue siendo la “gran perdedora” de un modelo económico que prioriza en la concentración de la riqueza en vez de su distribución.

Mensaje a la Policía Municipal de San José

Publicada el 26/12/2012 | por ANEP | Dejar un comentario

Al honorable personal de la Policía Municipal de San José:

La Junta Directiva de la Seccional ANEP-Municipalidad de San José, con el respaldo de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), informa que los compañeros integrantes de la Policía Municipal de San José cuyos nombres seguidamente citamos, han sido nombrados, oficialmente y como en derecho corresponde, como Delegados Sindicales de la ANEP-Policía Municipal de San José, adscritos a la Seccional ANEP-Municipalidad de San José:

Juan Carlos Barrantes Rodríguez, teléfono celular No. 6002-5051
Michael Gamboa Agüero, teléfono celular No. 8658-6675
Óscar Varela Brenes, teléfono celular No. 8867-0659

Nuestros compañeros representantes sindicales arriba mencionados, quedan protegidos por diversas estipulaciones legales que tutelan la actividad sindical; especialmente, la Ley No. 7360 (contra el despliegue de Prácticas Laborales Desleales), así como la sentencia No. 5000-93, de octubre de 1993, de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Igualmente, la diversa normativa en materia de Libertad Sindical que Costa Rica está obligada a respetar, a raíz de su pertenencia a la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Este cuerpo legal protector de la actividad del dirigente gremial-laboral, es lo que se conoce como el “Fuero Sindical”. Los tres compañeros citados, por tanto, están protegidos por el “Fuero Sindical”, dada su inscripción como representantes laborales en el seno de la Policía Municipal y bajo la bandera de la ANEP, ante las máximas autoridades institucionales y ante el propio Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

La delegación sindical de la ANEP para la Policía Municipal de San José aquí debidamente presentada, se pone a su disposición para ofrecerle nuestra acción en defensa de sus intereses económicos y sociales, en cuanto personas trabajadoras asalariadas que somos. Si bien tenemos delicados deberes que observar como integrantes de este importante cuerpo laboral municipal, lo real es que también tenemos derechos que nos asisten para que se nos dé un trato digno en el desenvolvimiento de nuestras funciones para con la ciudadanía capitalina.

Además, los tres compañeros mencionados, como representantes de la ANEP en el seno de la Policía Municipal de San José y en estrecha coordinación con la Presidencia de la Junta Directiva de la Seccional ANEP-Municipalidad de San José; quedan facultados para pedir toda clase de información relativa a este servicio público de seguridad comunal, en aras de que el mismo se ejecute con transparencia, con apego a la ley, con total honestidad, sin tráfico de influencias ni como plataforma para negocios privados en el ramo de la seguridad.

Igualmente, quedan facultados para hacer las debidas denuncias públicas, a nivel institucional interno y/o a nivel de la opinión pública josefina y/o nacional, de presuntas irregularidades o anomalías, a nombre de la ANEP – Policía Municipal, siempre y cuando se sustenten debidamente.

A la vez, se procurará que el ejercicio cotidiano de la Policía Municipal esté, estrictamente apegado a la ley, al Estado de Derecho y a los fallos constitucionales en la materia. A modo de ejemplo, citamos una indicación emitida por la Sala Constitucional (Sala Cuarta), de la Corte Suprema de Justicia, resolución No. 07369-99 (expediente 99-006391-007-CO-C), que en lo que nos interesa expresa: “…, que la policía municipal no tiene facultades para realizar operativos ni investigaciones si no son en auxilio de las autoridades competentes o en el caso de cometerse delito infraganti,…”.

Además, el actual Ministro de Seguridad Pública y de Gobernación y Policía, Lic. Mario Zamora Cordero, mediante oficio de su despacho, No. 5018-2012-DM, fechado 6 de setiembre de 2012, dirigido al Lic. Mario Gerardo González, indicó lo siguiente: “En relación con su consulta sobre el ámbito de aplicación de la Ley General de Policía, me permito indicarle que la referida Ley no cubre a la Policía Municipal, sino que es únicamente de aplicación general para todos los cuerpos policiales del Poder Ejecutivo…”. Esta disposición y otras análogas son contundentes para determinar que en la Policía Municipal de San José (ni de ninguna otra municipalidad), no cabe, no está incluido, no puede serle impuesto el “Régimen de Excepción”.

Estimado compañero y estimada compañera de la Policía Municipal de San José: Sus derechos constitucionales y legales le dan sólida base para sindicalizarse en ANEP, una organización sumamente seria, responsable y amplio reconocimiento ciudadano y próxima a cumplir 55 años de existencia.

Usted tiene un sólido respaldo para defensa individual y colectiva en caso de cualquier problemática laboral. Asesoría judicial gratuita, entre otros beneficios. La cuota mensual por sindicalización es de un 1% de su salario mensual total. Además, si usted quiere, aporta 500 colones más por mes y queda cubierto por una póliza colectiva de vida que la ANEP tiene suscrita con el Instituto Nacional de Seguros (INS), para todos sus afiliados y para todas sus afiliadas. Por ejemplo, si la persona afiliada fallece y forma parte de esa póliza, su familia recibirá un millón de colones para los funerales (entre otras posibilidades).

Así que, ¡no tenga miedo! Use sus derechos. La Constitución y la Ley están de su lado.

¡¡¡Afíliese a la ANEP!!!

Dirigencia sindical, con raciocinio y equilibrio emocional

Publicada el 26/12/2012 | por | Dejar un comentario

Nuestra Constitución Política, en su artículo 60, establece “tanto los patronos, como los trabajadores podrán sindicalizarse, libremente, con el fin exclusivo de obtener y conservar beneficios económicos, sociales, o profesionales”, también el Código de Trabajo, en su artículo 339, consigna el concepto dado por la legislación laboral, estipula el derecho y los fines de la libertad sindical, sumado a lo anterior podríamos citar, que Costa Rica, ratifico instrumentos de la OIT en materia de libertades Sindicales.

No obstante, en nuestro entorno, de repente algunas pocas personas, por desconocimiento unas, y por conveniencia otras, quieran desconocer la labor solidaria y de justicia social que en su mayoría defienden estas organizaciones, apoyare este articulo, (sin que signifique mi ideología) mirando la historia de nuestro bello País, donde figuran varios importantes líderes, dirigentes, como “Don Pepe”, quien defendió sus causas, tal es la historia, de 1942, cuando sin ser figura política, al momento de iniciar sus luchas, imagino que apoyado en sus ideales, denuncio actos irregulares y de corrupción, y al estar en medio de un discurso radiofónico, antes de poder concluir, autoridades oficiales tomaron la radioemisora y el señor, Figueres fue apresado y encarcelado, (_“Ley Mordaza”_).

En mi caso estoy convencido, de las causas que represento, procurando generar la acción y efecto de crear conciencia entre la gente acerca de problemas que se juzgan en mi criterio importantes. Entre otras, la necesidad de promover el equilibrio, de procurar la justicia social y el reconocimiento de la fuerza de toda organización laboral, su recurso humano, nuestro raciocinio, y capacidad de razonamiento, nos permiten distinguir entre los deberes y los derechos, e igual entre lo que se puede defender y lo que no. Es por esto que estamos seguros de que no existe incompatibilidad entre ser oficial y ser dirigente, primero por estar normado, y más importante aún, en ambos se defiende lo justo, y se requiere de liderazgo, De esto pueden dar fe las comunidades en donde hemos servido.

Como Miembro de Fuerza Pública, promuevo y procuro, el respeto, la honestidad, el servicio, la bondad, el deber, y el honor de servir desde esta función, y como dirigente sencillamente a partir de lo anterior, promuevo el valor de defender derechos inalienables e irrenunciables, tales como la dignidad, trato justo e igualitario, ante concursos, ascensos, recursos etc. Y es que, aunque para algunos sea incomodo, la realidad nos señala, es urgente mejorar la comunicación, creemos, se necesita una descentralización, con profesionales en recursos humanos en las direcciones regionales, que permita valorar de manera integral, las capacidades de los colaboradores, y se promueva la excelencia, minimizando los “amiguismos”.

También al igual que lo hiso el señor ex presidente, creo que es necesario señalar, los actos de corrupción que se dan en nuestra institución, que se identifique a quienes se apartan de los valores de nuestra función, inclusive a los “insensibles”, que se hacen de la vista “gorda”, esto no significa que estemos generalizando, sabemos y conocemos gente buena, decente y honesta, aportamos, sobre lo que conocemos de primera mano, siempre procurando hacer lo bueno, y desechando lo malo, defendiendo lo justo, no es de nuestro interés, y así lo saben quienes han escuchado nuestro discurso, defender actos contrarios al deber ,o la ética.

Si pudiera tener un “proyecto”, incluiría una verdadera carrera policial, abogaría por una formación mas integral, reforzaría o incluiría, un alto énfasis en valores, humanística, y calidad humana, propondría que además de los exámenes y pruebas físicas y medicas, se realicen entrevistas, mediante integración de profesionales en recursos humanos, Psicólogos, y Oficiales de Carrera, para determinar el grado de convicción e inclusive detectar alguna perturbación, (paranoia) en quien está ingresando a esta importante función.

Paralelo a esto, establecería capacitaciones en manejo de finanzas, para evitar el que los funcionarios se sobre giren, y se vuelvan vulnerables al flagelo de la corrupción, evitaría el que no mas ingresando a la Escuela, algunas agencias estén ofreciendo productos a personal de recién ingreso e inclusive en las unidades, pero además, como parte de la supervisión, al momento de detectar que un (a) oficial recibe un salario liquido de veinte mil colones, pediría que se le atienda de inmediato y se verifique de qué modo está logrando subsistir.

Nos debería preocupar, como institución, la salud mental del policía que en alto número ha perdido su hogar, por el desarraigo familiar, entre otras causas; aunado al nivel de endeudamiento que incrementa la angustia y aumenta la vulnerabilidad, siendo tentados a formar parte de “organizaciones” delictivas.

Sin lugar a dudas, la vida es hermosa, gracias a la diversidad de pensamientos, en la libertad de expresarlos, se fundamenta nuestra democracia, desde este espacio, con Raciocinio, y Equilibrio emocional, pregunto, ¿acaso podrá alguien interesarse por los bienes, o derechos de otros, si no procura defender los propios?. “La verdad es el bien, la verdad es la vida.”

Tarifas de buses – Emplazamiento público al Regulador de la Aresep

Publicada el 26/12/2012 | por | Dejar un comentario

CONSULTA PÚBLICA Y ABIERTA AL REGULADOR GENERAL DE LA ARESEP, LIC. DENNIS MELENDEZ

Estimado Don Dennis:

El día viernes 21 de diciembre de 2012, en el prestigioso medio de comunicación nacional Diario Extra, usted vertió declaraciones en las que increpa fuertemente a la Defensoría de los Habitantes de la República por el estudio que ésta realizó con relación a la reciente alza tarifaria en el transporte público modalidad autobús; estudio que determinó una serie de irregularidades en el actuar de tres directores de la ARESEP, quienes habrían incluido un transitorio en la fijación tarifaria sin ser conocido en la consulta pública.

Ante sus afirmaciones, las cuales la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), no comparte por considerar que la Defensoría sí realizó un estudio serio y responsable; para contribuir al debate y para mejor claridad de los y las costarricenses usuarios de los servicios públicos del transporte autobusero, quienes son los afectados directos en las fijaciones de la ARESEP, procedemos a realizar las siguientes preguntas:

PRIMERA PREGUNTA

Señor Regulador General: El artículo 6 de la Ley 7593, Obligaciones de la Autoridad Reguladora, en su inciso a) señala: _“Regular y fiscalizar contable, financiera y técnicamente, a los prestadores de servicios públicos, para comprobar el correcto manejo de los factores que afectan el costo del servicio, ya sean las inversiones realizadas, el endeudamiento en que han incurrido, los niveles de ingresos percibidos, los costos y gastos efectuados o los ingresos percibidos y la rentabilidad o utilidad obtenida. (Así reformado por artículo 41, inciso a) de la Ley 8660 de 8/8/2008, publicada en el Alcance 31, a La Gaceta 156 del 13/8/2008)_”

Durante su gestión: ¿A cuántas empresas las han investigado y comprobado la veracidad de los estados financieros, en lo relativo a verificar si los ingresos reportados son consecuentes con los volúmenes de pasajeros reportados?

SEGUNDA PREGUNTA

Señor Regulador General: El artículo 6 de la ley 7593, Obligaciones de la Autoridad Reguladora, en su inciso d) señala: “Fijar las tarifas y los precios de conformidad con los estudios técnicos. (Así adicionado por artículo 41, inciso c) de la Ley 8660 de 8/8/2008, publicada en el Alcance 31, a La Gaceta 156 del 13/8/2008)”.

La resolución de la Junta Directiva No. RJD-168-2012, anulada por la Sala Constitucional por contener un “Modelo Transitorio” no incluido en la audiencia pública, fue la base para que se emitiera la resolución No. 818-RCR-2012, de 4 de abril del 2012, que aumentó las tarifas de todas las rutas de transporte; el período considerado por ustedes fue del 9 MARZO 2009 al 1 ENERO 2012, duplicando los precios del diesel, salarios y gastos administrativos, ya que la verdadera fecha de origen tenía que ser el 23 de junio del 2011. Esto provocó que el diesel tuviera un impacto en la tarifa del 10,13%, los salarios del 3,89%, los insumos de mantenimiento del 9,42 , y los gastos administrativos del 3,97; para un aumento total del 27,40%.

En la reciente resolución No. 1015-RCR-2012, de 14 de diciembre 2012, que es la reposición del proceso anterior anulado por la Sala Constitucional, el período considerado es del 23 de JUNIO 2011 al 1 JULIO 2012, ahora con un impacto en la tarifa del 0,11% en diesel, 2,12% en salarios, 10,63% en insumos de mantenimiento y 1,77% en gastos administrativos; para un aumento total de 14,62%.

¿Cómo explica usted estas serias discrepancias entre las fechas de origen, duplicidades de precios y resultado final aprobado en cada ocasión, siendo parte de un mismo proceso? ¿Sigue considerando que el Transitorio anulado es materia de forma?

¿Considera usted que siguiendo su procedimiento actual, en el “Modelo Transitorio” con el que aumentaron las tarifas en abril del 2012, tenía que cubrir un período que fuera del 23 junio del 2011 al 1 enero 2012 y no del 9 de marzo 2009 al 1 de enero 2012?

TERCERA PREGUNTA

Señor Regulador General: El artículo 8 de la Ley 7593, Responsabilidades de la Autoridad Reguladora señala: “La Autoridad Reguladora será responsable como institución y sus funcionarios en forma solidaria, de sus actuaciones de conformidad con la Ley General de la Administración Pública”. Y el artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública señala: “En ningún caso podrán dictarse actos contrarios a reglas unívocas de la ciencia o de la técnica, o a principios elementales de justicia, lógica o conveniencia”.

En la resolución No. 1015-RCR-2012, de 14 de diciembre del 2012, emitida con fundamento en la resolución de la Junta Directiva No. RJD-120-2012 del 6 de noviembre del 2012, aprueban un aumento del 14,62%; compuesto por un 0,11% por efecto del diesel, 2,12% por salarios, 10,63% por insumos de mantenimiento y un 1,77% por gastos administrativos; está muy claro que el impacto cobrado en el aumento de tarifa es por una supuesta variación en el precio de las llantas, aceites y lubricantes, en el transcurso del período analizado; en la audiencia pública formulada y luego en la resolución se señala un precio base para el 23 de junio del 2011 de 41,40 y un precio al 1 de julio de 58,84, para un crecimiento en los precios del 42,12% en el año en estudio; todo esto lo alcanzan estirando el precio base hasta el año 2009 al igual que lo habían hecho la vez anterior con el transitorio anulado, y en vez de proyectar el valor del 2009 hasta el 23 de junio 2011, para luego compararlo con el precio actual, incluyeron una mezcla de precios del 2009, 2011 y 2012.

¿Puede usted demostrar con facturas o constancias de los proveedores de llantas, aceites y lubricantes que los precios crecieron entre el 23 de junio del 2011 y el 1 julio del 2012 en un 42,12%?

¿Sabe usted qué un aumento del 42% en las llantas, los aceites y los lubricantes; provocan únicamente un aumento en las tarifas ORDINARIAS de tan solo un 2,50%?

¿Está dispuesto usted a sostener la confusión de bases en los precios realizada para encontrar un aumento del 42,12% que tiene un impacto en la tarifa del 10,63% en el modelo automático de oficio?

¿Está usted y la Institución premiando con sus métodos de oficio a quienes no realizan inversiones en flota y se benefician con los aumentos generados?

¿Ha realizado durante su gestión revisiones ORDINARIAS de precios, que no sean por recursos de revocatoria o de apelación, para conocer las verdaderas tarifas de equilibrio?

¿Cree realmente que está ordenando el sector con tarifas de oficio para empresas que no realizan inversiones y que deberían al contrario bajar si usted realizara revisiones ordinarias?

Esperamos pronta respuesta a nuestras inquietudes, que a la vez estamos seguros son las mismas de muchos ciudadanos que utilizamos el transporte público y que creemos que la última fijación de incremento en el costo de las tarifas para los pasajes de autobús no sólo son irracionales y escandalosas, sino además prohibitivas e impagables en una importante cantidad de líneas de autobuses a lo largo y ancho de todo el país.

A la espera de su pronta respuesta nos despedimos,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados
ANEP

La Junta se convirtió en un jugador más de lotería

Publicada el 26/12/2012 | por | Dejar un comentario

Ha llegado a nuestras manos el informe AI-748 del 1 de Octubre de 2012, de la Auditoría Interna de la Junta de Protección Social (JPS), confirmando que la Junta en los diferentes sorteos que realiza está actuando como un jugador más de sus propios sorteos. Quien firma este documento es la M.Sc. Doris María Chen Cheang, Auditora Interna de la JPS.

Esto, sin lugar a dudas, deja en una complicada situación a la JPS, pues se demuestra por parte de su propia auditoría que ha venido incurriendo en incompatibilidad de funciones, y no se estaría brindando al público consumidor una garantía razonable de éxito en los sorteos, al incluir en éstos series completas o semi-completas que fueron destruidas o que no fueron vendidas antes de los mismos.

Viene a fundamentar esta denuncia el hecho de que el gordo navideño de este año 2012 se quedó en la JPS, porque precisamente la Junta no hizo caso a las prevenciones de su propia auditoría; y estaría entonces, posiblemente, violentando con este actuar la Ley de Control Interno y la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito.

Es necesario señalar que en seis oportunidades distintas, la Auditoría Interna de la JPS ha señalado la irregularidad del procedimiento por medio del cual la JPS se está volviendo un jugador más; siendo la primera ocasión su oficio AI-795, fechado el 30 de noviembre de 2009.

En otra nota de dicho despacho, la AI-770 del 26 de noviembre de 2010, enviada al actual Gerente General de la JPS, señor Francisco Ibarra Arana, se le indicó:

“Por tanto, esta Auditoría cree que no se estaría brindando al público consumidor una Garantía Razonable al incluir la Administración Activa series completas en primera y segunda emisiones destruidas en su totalidad antes del sorteo. De tal manera no comparte la propuesta del señor Milton Vargas Mora, Director de Producción y Ventas, ya que consideramos que la Junta de Protección Social al darle curso a esta práctica pasaría de ser una institución que produce, distribuye, vende y realiza el sorteo de juegos de azar, a participar como un jugador más del sorteo de los juegos de lotería que ella promociona, teniendo en apariencia la Junta funciones incompatibles”.

Ante esta grave situación la ANEP procederá, en forma inmediata, a denunciar ante los órganos de control y fiscalización del Estado, el posible actuar irregular de la máxima jerarquía político-tecnocrática de la JPS; asimismo, estaremos procediendo por la vía judicial a presentar las acciones que consideramos necesarias en el ánimo de salvaguardar los intereses de los y de las costarricenses, tanto como de los inherentes a la institucionalidad de la Junta de Protección Social.

Todo lo anterior nos lleva a preguntarnos: ¿Debe la Junta de Protección Social repetir el sorteo? ¿Hay un “engaño” tácito para con los jugadores de lotería?… Creemos que se le debe dar la palabra a la ciudadanía.

Igualmente, aprovechamos para denunciar, públicamente, el acoso antisindical que ya se está manifestando en la JPS, contra la institucionalidad sindical de la ANEP; acoso que se materializa en la apertura irracional de procesos en contra del Lic. Rolando Rodríguez Aguirre, Vicepresidente de la Junta Directiva de la Seccional ANEP-JPS; así como en contra de la ciudadana Cinthya Cortés Marín, integrante de la Junta Directiva de la Seccional ANEP-JPS-Vendedores de Lotería, causándole a ella un grave perjuicio económico porque le cerraron su puesto de venta de lotería electrónica, siendo la única a la que han impuesto tan arbitraria decisión. En ambos casos, la ANEP está solicitando la intervención urgente de la cartera ministerial de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

Motociclistas y saloneros: Leyes generadas por la “Democracia de la Calle”

Publicada el 19/12/2012 | por | 1 comentario

En la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), celebramos la aprobación parlamentaria, de manera abrumadora, de las leyes para bajar el monto del pago del marchamo en el caso de los y de las motociclistas; y para empezar a hacer verdadera justicia laboral en el caso de los saloneros y de las saloneras.

Nos sentimos profundamente honrados de que representaciones calificadísimas de estos grupos sociales-gremiales hayan confiado en la ANEP, como la organización sindical orientadora y conductora de los procesos de lucha en la calle y en la negociación; que, bajo las respectivas circunstancias y especificidades, han obligado al sistema político (Gobierno y Asamblea Legislativa), a escuchar el correspondiente clamor popular y ciudadano, que en estos dos casos ha culminado en la promulgación de leyes de la República para llevar un poco de justicia y para contribuir al combate de la desigualdad social creciente que asola a nuestro país.

Precisamente, los casos de estos dos grupos sociales son muestras típicas de lo que en ANEP conceptuamos como el problema número uno de la sociedad costarricense de hoy: la concentración de la riqueza y el crecimiento de la desigualdad.

Los y las motociclistas venían siendo objeto de una odiosa discriminación bastante prolongada, año con año, cobrándoseles los más altos costos de una siniestralidad de accidentes en carretera de la cual se les venía señalando como los más responsables de la misma; situación ésta totalmente falsa que jamás el INS pudo demostrar como cierta. Por tanto, de alguna manera, este grupo social venía siendo víctima de desigualdad y de exclusión sociales.

Adicionalmente, este segundo episodio del Movimiento de Motociclistas, liderado por la ANEP, dejó al descubierto la triquiñuela del cobro indebido del aporte del 33% que en el marchamo se presenta como un rubro para el Consejo de Seguridad Vial (Cosevi); situación ésta que fue la que nos permitió encontrar el camino para lograr una negociación efectiva, misma que, al final, posibilitó el acuerdo político, materializado luego en la ley ya, definitivamente, aprobada por el parlamento.

El caso de los y de las saloneras reviste características más dramáticas, toda vez que producto de un desatinado fallo constitucional y un subsecuente “error” de la cartera ministerial de Trabajo y Seguridad Social, este importante grupo laboral sufrió una abrupta flexibilización laboral, al mejor estilo neoliberal, quedando por fuera del Código de Trabajo; generándose despidos que todavía no han sido exactamente cuantificados pero que, sin duda alguna, incrementan los niveles de explotación laboral que ya de por sí se daban en esta actividad.

La ley aprobada en primer debate y próxima a recibir el segundo, permite, estratégicamente hablando dos cosas; por un lado, evita la consumación de nuevos despidos arbitrarios, restaura el concepto de salario mínimo y establece que la propina no es parte del salario. Por otro, le queda prohibido al patrono “jinetear” el dinero de la propina en su propio beneficio, corriendo el riesgo de incurrir en delito penal si lo hiciere; y, adicionalmente, quedan debidamente reguladas las formas de entrega al trabajador de esa propina de forma tal que no queda posibilidad alguna de retenérsela.

Difícilmente en una legislación como la aprobada, se podía resolver el caso de los saloneros injusta e ilegalmente despedidos antes de su emisión, lo que nos lleva a presionar tanto a nivel del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), como a nivel judicial mismo, tanto individual como grupalmente. En esto estriba nuestro compromiso como organización sindical en lo inmediato.

Ambos casos, motociclistas y saloneros, muestran a las claras la efectividad del ejercicio de la Democracia de la Calle, como uso legítimo de la presión social para que los gobernantes adopten políticas y leyes en pro del bien común. La ANEP se siente más que complacida de que se ha demostrado, nuevamente, cómo la organización seria con movilización responsable, puede generar importantes transformaciones en pro de la justicia social.