Quienes habitamos este país desconocemos exactamente porqué 38 señores diputados y señoras diputadas decidieron remover de su cargo al doctor Fernando Cruz Castro, magistrado de la Sala Constitucional.
Todos hemos compartido y diferido de decisiones tomadas por la Sala IV. Sin embargo, en el marco del Estado de Derecho hemos respetado la división de poderes y la institucionalidad que este conlleva.
En este caso es evidente, como ha sido señalado en diversos medios de comunicación, que existe un ajuste de cuentas de un sector de la clase política tradicional misma que se hunde cada vez más en el barro.
Un sector de la clase política tradicional, la que tiene “la sartén por el mango” y cree que es dueña del país, que ante el miedo está dispuesta a garrotear a quienes se manifiestan en defensa de nuestra querida Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS); a penalizar a los y a las estudiantes que osen fotocopiar libros para estudiar; a amordazar con pena de prisión a todo aquel que con información veraz les ventile sus porquerías; a dejar a las personas trabajadoras sin instrumentos para hacer valer sus derechos vetando la reforma laboral más importante del país desde el Código de Trabajo; y… sí, así como suena, a remover del Poder Judicial a un magistrado que ha comprobado ser independiente, sólido, honesto y valiente.
Nadie, absolutamente nadie, cree las patéticas excusas dadas por diputados y por diputadas en cuanto a que es un “llamado de atención al Poder Judicial”, una forma de “renovar el Poder Judicial” u otras explicaciones sin sentido. Debemos recordar que los diputados son designados por el pueblo y es a éste que le deben rendir cuentas.
No basta decir que se remueve a un magistrado porque se puede, sin que medie absolutamente ninguna justificación de por qué el magistrado Cruz debe irse del Poder Judicial. Se debe explicar a la población porqué, a pesar de que la Comisión Legislativa de Nombramientos recomienda unánimemente la prórroga del nombramiento del Magistrado Cruz, en secreto esa clase política pacta removerlo, de seguro para nombrar a alguien afín y servil a los intereses de esa clase política.
Tal vez alguien que sí esté de acuerdo con la explotación petrolera, con la explotación minera, que desoiga lo que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) le viene exigiendo al país; alguien que crea que el Estado Social de Derecho y la distribución solidaria de la riqueza consagrados constitucionalmente, son cosas del pasado.
Al pueblo costarricense el mensaje es claro: debemos luchar por defender la Constitución Política. Don Fernando fue reelecto conforme nuestra Carta Magna que establece que hay un procedimiento y un plazo para remover a un magistrado y que, de no hacerlo, opera la reelección automática. Eso pasó, y fuera de tiempo, sin explicación alguna, con una mayoría automática, siguiendo saber qué oscuras intenciones, se violentó el procedimiento.
A don Fernando le pedimos que continúe peleando por defender la Constitución Política. Estamos seguros que persistirá y estará una vez más a la altura de lo que pueblo costarricense espera de él.
A la Sala Constitucional le pedimos que, tal y como le corresponde nos defienda frente al autoritarismo, frente a la violación de la institucionalidad, y frente a la violación de la Constitución Política.
Ojalá que en próximas horas, por iniciativas diversas, ciudadanía patriótica y organizaciones sociales nos reunamos con urgencia porque es más que evidente que “la dictadura en democracia” está en desarrollo.
