La prueba continental del chavismo el 7 de octubre

Eso pasa este año con el proceso eleccionario venezolano. La razón es simple: se trata de una democracia parlamentaria subvertida desde hace 13 años por un proceso político que en algunos momentos ha asumido expresiones directamente revolucionarias, y en otros modificaciones sustanciales en la vida política afectando la relación con el dominio hemisférico de Estados Unidos.

El Bank of América le dedicó en su boletín del mes de mayo de 2012 un capítulo sobre las variables electorales en juego y sus efectos sobre los bonos soberanos y el balance del poder en el país del que sale el 27% del petróleo que mueve la economía de Estados Unidos. Recomienda “Arreglarse con el gobierno del Señor Chávez”. La cadena televisiva de noticias CNN ha dedicado entre el 12 de enero y el 30 de julio de 2012 un total de 157 programas de información, entrevistas o debates sobre Venezuela, el 74% de esa masa informativa se dedicó al proceso electoral en general y al candidato Hugo Chávez en particular. A su oponente, Capriles Radonski dedicó el resto de la programación registrada (Archivo electrónico CNN, 11 agosto 2012).

En las oficinas del Ministerio del Poder Popular para las Comunicaciones, en Caracas, había 1.223 solicitudes de acreditación de medios radicados en más de 50 países, según nos contó su Jefa Nacional de Acreditaciones el 27 de julio. Paras las elecciones de 2006 las empresas periodísticas que solicitaron acreditaciones para cobertura no pasaron de las 500, según las misma fuente. Para tener una referencia, en las recientes elecciones en México, con mayor peso regional que Venezuela y un escenario interno de controversia, cuestionamientos y movilizaciones juveniles que protestaban contra el fraude, hubo 344 acreditaciones internacionales, para una población electoral tres veces mayor, en un país de mayor rango estratégico para el Departamento de Estado de Estados Unidos.
 
El péndulo chavista
 
Una frase que se ha convertido en casi rutinaria en las reuniones políticas o declaraciones de una parte de la izquierda latinoamericana, es: “de lo que pase en Venezuela depende el resto de la política continental”. El tono de entusiasmo puede ser exagerado, pero contiene una verdad: si Chávez no ganara las elecciones del 7 de octubre se producirían movimientos tectónicos en la política continental en varias dimensiones. Movimientos, izquierda, Estados, gobiernos y la relación con Estados Unidos y el sistema mundial de Estados.

Muchos de los llamados movimientos sociales, centenas de sindicatos y organizaciones de derechos humanos, grupos intelectuales, asociaciones de campesinos y organizaciones estudiantiles lo sentirían como “una derrota”. Y lo sería en la medida que en Venezuela se concentran algunas de las principales conquistas políticas de la última década latinoamericana. Esta es una percepción común asumida y expresada en los ámbitos de militancia de esos sectores.

Dentro de Venezuela se han realizado 124 encuestas entre febrero y julio, todas dedicadas a verificar las expectativas del voto presidencial para el 7 de octubre, la imagen presidencial, el porcentaje proyectado para cada candidato, y la apreciación que tiene la gente sobre la obra de gobierno (Archivos: sitio web PSUV, Aporrea e Hinterlaces, agosto 2012).

Uno de los datos de mayor interés, en esta reseña, es que la parte más politizada del venezolano medio, además de la vanguardia política, siente, percibe, que existe una tensión alrededor de lo que ocurra el próximo 7 de octubre. Tales indicadores no son casuales ni misteriosos.
 
¿Gana o no gana?
 
En Venezuela, de lo único que no se tiene duda es del triunfo del presidente Hugo Chávez. Sólo dos estudios de opinión han dado ganador al candidato opositor, o “de la burguesía”, como lo llaman desde el gobierno y los chavistas en Venezuela. Hugo Chávez lo definió como un “candidato majunche”, algo así como “berreta” en Argentina.

De las nueve empresas que hacen encuestas en el país, dos trabajan para el gobierno, pero todas han coincidido en mayor o menor medida en el triunfo del bolivariano. El margen varía de 8 a 22 puntos de diferencia entre Chávez sobre Radonski. Una media de los porcentajes publicados como proyecciones por las encuestadoras, daría al Presidente un 55% para repetir su mandato por cuarta vez, y a Capriles le dan alrededor del 32%. Sería el segundo líder en gobernar cuatro veces seguidas en la historia del nacionalismo latinoamericano. Sólo Getulio Vargas de Brasil y Velasco Ibarra de Ecuador lograron esa marca.

El dato más sensible en los cálculos electorales para la prueba del 7 de octubre es el de los indecisos, una población electoral que suma alrededor del 32%. Esta variable afectaría en mayor medida al candidato del gobierno, afectado por una suma de desgaste “natural” de casi 14 años de gestión, defectos gubernamentales por burocracia, ineficiencia y corrupción.

El contrapeso a estos riesgos del gobierno son varias Misiones Sociales, entre las que destaca el impacto social de la construcción de viviendas. En menos de un año se han entregado alrededor de 170 mil departamentos para damnificados por lluvias en 2010, que vivían refugiados en edificios gubernamentales y cuarteles, y sectores de clase media. Los nuevos usuarios pagan alrededor del 30% del costo total con tasas de interés que no superan el 6% para los pobres y 11% para los de clase media. Los entregan equipados con electrodomésticos de línea blanca y dos años de gracia. La seguridad personal y la propiedad la garantizan las milicias bolivarianas.

Cuando se hizo evidente la tendencia favorable a Hugo Chávez, a mediados del mes de julio, comenzó a circular el llamado “Plan B” en los mentideros políticos caraqueños. Se trata del plan de denunciar como fraude una parte de los votos, en el sentido de lo ocurrido en México, pero desde fuerzas opuestas. El gobierno ha contestado que fulano plan subversivo chocará con el “Plan Ch” de las fuerzas bolivarianas, definido así por el propio Presidente. Aunque nunca aclaró de qué se trataría, las vanguardias políticas y los cuadros de los movimientos sociales se preparan en todos los puntos territoriales, para defender el triunfo electoral con la fuerza de sus movimientos y organizaciones, lo que incluye a las milicias bolivarianas, las guardias rurales de campesinos pobres. Los más de 600 medios alternativos se organizaron en un comando propio para asegurar las comunicaciones entre los movimientos.

La burguesía más fuerte, resignada a la derrota de Capriles Radonski, se prepara para escenarios distintos a una confrontación en la perdería. Su estrategia es ganar mayorías en las gobernaciones y alcaldías e instalar una figura presidencial, a falta de figuras relevantes. Eso incluye un discurso con tonos populistas, que promete darle continuidad “a las Misiones sociales buenas, pero para todos, no sólo para los rojo rojitos” (Capriles Radonski, 11 de abril, 2012).

Esta estrategia reaccionaria “dentro de los marcos democráticos” no excluye la amenaza mayor, de carácter militar, como se anuncia en Libia o Siria, basada en la incompatibilidad de un gobierno como el bolivariano con el dominio de Washington. El límite lo imponen las actuales condiciones internas del país, que no permiten diagnosticarlo como un “Estado fallido”, o una “dictadura”, para intervenir con las fuerzas de la “comunidad internacional”.

Un estudio de la consultora Hinterlaces, dado a conocer el 22 de julio, asegura que el impacto social de la vivienda es la base del crecimiento del voto chavista. Otro sensible es Misión Mayor, dedicada a garantizar un derecho universal a todas las personas de la “tercera edad”, sean jubilados, pensionados o no, el mismo salario mínimo de los trabajadores sin excluir los aumentos decretados por el gobierno.

En un contexto político determinado por las elecciones y los poderes institucionales, el voto por Hugo Chávez adquiere el carácter progresivo que él asume en su programa y en muchas de sus políticas, siempre desde un Estado nación que ganó independencia política frente al imperialismo. En el actual escenario continental es el personaje que le confiere el toque de izquierda al conjunto de los gobiernos llamados “progresistas”, donde los signos de regresión se manifiestan en las políticas económicas dedicadas al extractivismo, el estatismo como régimen político y el neo-desarrollismo como estrategia.
 
¿Quién es Capriles Radonski?
 
Enrique Capriles Radonski es el actual gobernador del Estado Miranda, la circunscripción de mayor porcentaje electoral, se la ganó con votos propios al líder chavista de origen militar Diosdado Cabello.

Radonski surgió de un grupo nuevo de la burguesía venezolana que amasó su fortuna en el sector comercial y financiero. Su partido se llama Primero Justicia, un agrupamiento emergente que participó activamente en el golpe de Estado de abril de 2002. Capriles participó en persona en el asalto a la Embajada de Cuba en Caracas, el 11 de abril, cuando era alcalde de un barrio rico de la capital. Su proyecto está estrechamente relacionado con grupos de poder de los Estados Unidos, como lo ha manifestado sin problemas en diversas oportunidades. Él mismo es un patrón. A propósito de la aprobación de la nueva Ley Orgánica del Trabajo, el 1º de mayo declaró a la prensa que no podía estar de acuerdo con el reciente instrumento legal “porque soy empleador”. En las primarias ganadas por él en febrero de este año, duplicó a su oponente y se convirtió en un rutilante candidato del conjunto de la burguesía venezolana y de una parte de la clase media.

Una novedad manifestada en la campaña, que está afectando la seguridad del voto chavista, es la participación de gente pobre en las marchas y actos de Capriles Radonski. Aunque predomina la gente de clase media bien vestida, una minoría de los asistentes a sus actos vienen de barrios pobres. Eso no era visible en campañas anteriores. En la campaña de presidenciales de 2006, no hubo ningún comando electoral opositor en los barrios pobres de las ciudades de Valencia y Maracay. Este año aparecieron.

La burguesía venezolana tiene dificultades para deslegitimar el posible triunfo electoral chavista en octubre. Esta apuesta tiene límites en los propios centros de poder de Estados Unidos, que prefieren esperar el desgaste del chavismo y las derrotas previsibles en las elecciones de gobernadores en diciembre y de alcaldes en abril de 2013.

Los datos de la realidad venezolana son suficientes para señalar que el gobierno podría perder por lo menos la mitad de las 24 gobernaciones y más del 60% de las 365 alcaldías.

Esta perspectiva alienta a la parte más sólida del capital en el país, para desplazar al chavismo del poder con el menor de los costos. Su desafío es construir institucionalmente una vía reaccionaria dentro del “marco democrático”, con acciones más parecidas a las de Paraguay que a las de Honduras o Ecuador.
 
¿Por qué Venezuela es el centro de atención?
 
Porque en esa sociedad se vive el proceso de transformaciones sociales, culturales y políticas más avanzado en América Latina. Durante la última década, la sociedad venezolana, su gobierno y Estado nación se colocaron por su propio peso en el centro geopolítico de la vida política continental. En un contexto de autonomía relativa creciente de varios gobiernos de la región sur que se separaron en términos relativos de algunas políticas neoliberales.

Este fenómeno incluye el rol individual de Hugo Chávez como líder carismático. En ese contexto, y con esa dinámica, la República Bolivariana y Hugo Chávez se fueron colocando en el centro de las atenciones y preocupaciones políticas de Washington, parte de Europa y de los gobiernos latinoamericanos.

El peso geopolítico de un Estado petrolero principal como el venezolano, se fue combinando con sus desafíos sucesivos al poder imperialista norteamericano y las varias transformaciones sustanciales al poder interno del capital. Más de 600 expropiaciones y estatizaciones en la industria, el comercio y la banca, y en la tierra, donde casi cuatro millones de hectáreas cultivables pasaron de manos privadas a campesinos pobres. Esta suma de desplazamientos activó las alarmas en Washington, en los gobiernos del vecindario latinoamericano y en el sistema mundial de poder, aconsejando una atención especial a lo que ocurra en Venezuela. Especialmente si se trata del eje personal del poder nacional, que es, exactamente, lo que se disputa el 7 de octubre entre Hugo Chávez y Capriles Radonski.

Del Estado venezolano dependen, o a él están asociadas y viceversa, las principales entidades comerciales, económicas, militares, culturales o diplomáticas nuevas, que vienen estructurando lo que se ha dado en llamar “la nueva Latinoamérica”, una expresión usual casi inofensiva, dicha por Zbigniew Brzezinski, para indicar los cambios que han ido aflojando, en términos relativos, los controles de Washington sobre los Estados del continente latinoamericano.

Una expresión política espectacular de ese fenómeno latinoamericano se puede observar en la reacción latinoamericana a la amenaza británica a Ecuador por el asilo brindado a Julian Assange, como señala Amaury González en un escrito de Caracas: “Durante la Asamblea Extraordinaria de la OEA, realizada ayer, Ecuador obtuvo el respaldo de casi la totalidad de los países del continente americano en su conjunto, además de haber logrado el apoyo de países como Rusia” (Poderenlared.com, Caracas 18 agosto 2012).

La Unión Suramericana de Naciones (Unasur, 9 países), la Alianza Bolivariana de las Américas (Alba, 8 Estados), PetroCaribe con 15 países del Caribe y Centroamérica, y ahora la integración al Mercosur, son entidades de poder regional, que excepto Mercosur, nacieron en los últimos 10 años y eran impensables sin los cambios sociales vividos en las sociedades del continente y en sus Estados. Pero además, aparecieron, por primera vez en nuestra historia, organismos como el Consejo Regional de Defensa, el Banco del Sur, Telesur y la CELAC como un proyecto de espacio diplomático nuevo, todos sin participación directa de Estados Unidos, lo que no es igual a no injerencia.

Basta recordar un hecho que vale por si solo como elemento indicador de la preocupación de esas novedades en uno de los centros de poder imperial dominante. El 27 de octubre de 2010, la Comisión de Relaciones Interamericanas de la Cámara Baja de los Estados Unidos, organizó un seminario inter-partidario bajo este título: “¿Riesgos de las políticas del Alba en el equilibrio de poderes del área andina?”. Aunque se pueda aducir exageraciones o desproporciones en el grado de preocupación por el peso menor que el Alba tiene en los gobiernos de la Comunidad Andina de Naciones, una cosa es cierta: a los dueños del “patio trasero” les preocupa.
Uno de los peligros es verlas como un hecho derivado de la sola presencia del comandante presidente Hugo Chávez, o del poder petrolero de su Estado en el mercado mundial.
 
El llanero de siete vidas
 
La salud presidencial se transformó en el dato electoral más importante del actual proceso electoral. Su incógnita trasciende el 7 de octubre en la medida del costo que la campaña podría tener en su estado de salud. Quizá sea eso lo que el Presidente quiere decir cuando proclama en sus discursos: “Me estoy jugando la vida en estas elecciones”.

Se refiere al riesgo clínico, pero también a las conquistas que se perderían si perdiera. En esas variantes, una cosa ha quedado definida: es su última presentación como candidato a Presidente.

La frondosa imaginación de los llaneros venezolanos y de mucha gente pobre del universo chavista, creen firmemente que a Chávez lo protegen los “espíritus de la sabana”, además de los médicos en Cuba. Lo cierto es que para mal humor de sus enemigos, el líder bolivariano ha dado muestras de una capacidad vital sorpresiva, cercana a lo inusitado. En dos oportunidades estuvo en peligro de muerte o invalidez, en junio del año pasado y en febrero-marzo de este. Aunque es un secreto de Estado la localización exacta del mal, el Presidente ha sido bastante explícito en la información de su cuadro clínico, cuando ha caído, o recaído, y cuando se ha levantado. Lo sorprendente es que desde el primer día de la campaña, lo hemos visto bailar joropo, cantar y saltar en cinco actos, además de hablar hasta sudarse en nueve mítines masivos.

A cualquiera que siga el curso de la situación presidencial, no le cabrán dudas sobre la cornisa en la que se desplaza la vida del líder bolivariano. Este es un hecho tan real, como también lo es que sus energías personales superen a su desgastado organismo. Una traducción política y emotiva de ese fenómeno lo hemos presenciado en el  actual proceso.

Cuando comenzó la instalación de los comandos de ambas campañas, en febrero pasado, y en abril cuando iniciaron los actos de calle y la precampaña, hubo una sensación terrible en el electorado chavista: Chávez no estaba en Miraflores, no aparecía en campaña ni declaraba por televisión. El impacto fue una trepidante arrancada de la campaña de su oponente Capriles Radonski en las calles y la televisión, con una exaltación que no se les veía desde el triunfo en el Referéndum Reformatorio que ganaron en diciembre de 2007.

Este entusiasmo inicial tenía un contenido mucho más complejo que la notoria ausencia presidencial. Es que, hasta comienzos de junio, el malestar, la desazón o indiferencia del votante chavista era superior a la convocatoria del oficialista Comando Carabobo. Los primeros resultados en actos e instalaciones de comandos, muestran que la vanguardia más militante no estaba muy convencida de iniciar una campaña electoral sin candidato al frente y con una pesada suma de quejas por la mala gestión regional o local de gobernadores y alcaldes, y en algunos casos también de ministros. La mayoría de los asistentes a los actos de instalación de los Comando Carabobo regionales fueron funcionarios y militantes del “voto duro” del PSUV.
En febrero el país chavista fue cruzado por la conversión de un gobernador chavista a la oposición (en el Estado petrolero de Anzoátegui, al oriente del país). Con ése sumaron siete los jefes regionales enemigos del gobierno.

Ese comienzo lento y dificultoso se reflejó en la prensa venezolana, en los rostros y análisis de la dirección del PSUV, y en la campaña opositora que reflejaba un ánimo contrario. “Chávez no será el candidato”, “El PSUV baraja un reemplazo”, “La campaña del gobierno será por TV e Internet”: estos fueron los titulares y rumores dominantes en la prensa derechista, en el entusiasmo de su campaña, pero también en muchos pasillos del chavismo. Había inseguridad.

El golpe de timón ocurrió el 11 de junio cuando reapareció intempestivo en las calles de Caracas, con la inscripción de su candidatura en el Consejo Supremo Electoral. La masa de gente que lo acompañó cambió de naturaleza. Los funcionarios redujeron su presencia ante la avalancha de trabajadores, campesinos y profesionales y sumaron ese solo día unas 200 mil personas en la céntrica Plaza Caracas y las calles y plazas de alrededor. Dos días antes, el candidato opositor sumó alrededor de 40 mil asistentes concentrados en el mismo lugar.

Desde entonces, el curso de la campaña cambió de dinámica. A Chávez y la dirección que lo acompaña le sirvió para atraerse a centenas de miles de militantes de la llamada “izquierda chavista”, o “bolivariana”, organizada en consejos de poder popular, comunas, sindicatos, gremios, movimientos de pobladores urbanos, del campo, los barrios, las fábricas y universidades.

El segundo factor que sedujo a la retraída vanguardia chavista y bolivariana, fue el programa político conocido “Programa de la Patria”, que es mucho más que ese sustantivo.
 
El programa
 
Se compone de cinco ejes estratégicos definidos por la idea-propuesta de transitar al socialismo en Venezuela y defender lo que el líder considera la cláusula de oro de su programa: la independencia política ganada.

El carácter progresivo de este programa ayudó a mover los ánimos de miles de militantes y agrupaciones alejadas del PSUV y del gobierno. El siguiente resumen periodístico condensa lo programáticamente fundamental:
 
El primer punto plantea “defender, expandir y consolidar el más preciado bien que ha logrado la Revolución Bolivariana en 13 años: la Independencia”. “Hemos independizado a Venezuela después de 200 años. Hoy Venezuela es políticamente hablando un país independiente (…) Venezuela era doblemente dominada por el imperio y la burguesía. Nosotros hemos logrado en dos décadas romper las cadenas”.

El segundo es continuar construyendo el socialismo del siglo XXI para trascender al sistema salvaje y perverso del capitalismo. “En el mundo hay sólo dos grandes sistemas: el socialismo y el capitalismo. ¿Alguien cree que el sueño de Bolívar de darle a nuestro pueblo la mayor suma de felicidad posible, sería en el capitalismo? No, es al revés, en el capitalismo, eso está demostrado científicamente, lo que se produce es la mayor suma de infelicidad para la mayoría”, aseveró.

Convertir a Venezuela en un país potencia, es el tercer objetivo que propone Chávez. “Convirtamos a Venezuela en un país potencia en lo moral, político, social, económico, claro que lo vamos a hacer. Ese tercer objetivo no sería posible si no logramos consolidar el primero, que es la independencia, si no logramos continuar construyendo el socialismo; sólo por ese camino podremos convertir a Venezuela en un verdadero país potencia en esta parte del mundo”, expresó.

La conformación de un mundo multicéntrico y pluripolar, para echar abajo el proyecto unipolar del imperialismo que pretende acabar con este planeta, es el cuarto objetivo del proyecto socialista. “Necesitamos el equilibrio del universo, como lo dijo Bolívar, y para ello es muy importante que mantengamos los portones abiertos, para ello es muy importante que Venezuela siga jugando el papel en la nueva geopolítica internacional. Las relaciones con Rusia tienen mucho que ver con este objetivo cuarto”, subrayó.

Como quinto objetivo está seguir contribuyendo con la salvación de la vida en el planeta, “que está siendo amenazada por el capitalismo. Uno de los más grandes problemas que tiene el mundo y una gran amenaza son los cambios climáticos y resulta que los grandes países no quieren comprometerse con un conjunto de medidas para frenar el incremento de la temperatura del planeta”, dijo. (Diario Ciudad Caracas, 12-06-2012).
 
Las declaraciones estatalistas del programa, que adelantan el tipo de socialismo propuesto, y algunas frases confusas respecto a la relación del Estado con las inversiones externas, no le restan calidad a un programa altamente progresivo en el actual contexto internacional, aunque lo convierten en contradictorio.
 
Las seis crisis y el voto sentimental
 
Otro de los fenómenos sociales surgido con la reaparición de Chávez en las calles y la campaña es el definido como “voto sentimental”. Para comprenderlo debemos recordar que desde la primera derrota chavista de 2007 y los sucesivos tres otros fracasos en cinco gobernaciones, la Alcaldía de Caracas y en la Asamblea Nacional, hasta septiembre de 2010, se congelaron alrededor de 2 millones de votos del chavismo más consciente, más activo. Ese peso muerto comenzó a ser evidente en los actos, reuniones de los organismos bolivarianos, las asambleas y los comandos locales. En muchos Estados se vaciaron sedes del Partido Socialista Unido de Venezuela y de sus organismos adláteres.

Esta caída tendencial de la simpatía por el gobierno en su propia base social, está asociada a los costos sociales de las llamadas “cuatro crisis”. Así definió el vicepresidente Elías Jaua, al efecto brutal de la crisis económica metropolitana en Venezuela, con caída abrupta del PBI por debajo de cero, seguida ésta de la crisis de sequía que llevó a la tercera, la del envejecido sistema eléctrico que dejó a sin servicio a la un tercio de las poblaciones urbanas. La cuarta fueron los deslaves por lluvias copiosas y deslizamientos de terrenos en los cerros de la Capital que amasaron más de 140 mil damnificados en menos de un mes.

Aunque el Vicepresidente no lo dijo, agreguemos dos crisis más. La derrota en las elecciones legislativas en septiembre de 2010 y el peligro de muerte del Presidente más de medio año después. Son de distinta naturaleza, ciertamente, pero se combinaron en tiempo, espacio y estados emotivos, para producir una de las conmociones más fuertes que ha vivido el movimiento chavista desde su nacimiento.

La primera fue potenciada entre enero y marzo de 2011, impactando en cientos de miles de militantes bolivarianos, cuando el gobierno decidió adaptarse a las relaciones de Estado dominante en el continente. A la legitimación incomprensible del gobierno reaccionario de Lobos en Honduras, le siguió las entregas de militantes de las FARC y el ELN refugiados en territorio venezolano.

La segunda situación crítica explotó el día que se supo que Hugo Chávez estaba enfermo de cáncer y debía ser operado en La Habana para ser salvado. Chávez se salvó, pero quedó instalada una nueva realidad en el país y en el chavismo. Desde entonces, todo el mundo se prepara para una transición, como si estuviéramos en el riesgoso paso de una glaciación a otra.

Desde julio de 2011 se fue amasando un sentimiento nacional de condolencia por el líder enfermo, cuyos contenidos varían según sea el sector de clase.
Así nació el “voto sentimental” por Chávez, un voto que trasvasa el universo chavista y suma los de sectores medios y pobres no chavistas. Un cálculo de un sector de la dirección del PSUV dice que una parte del “voto congelado” se recupera con el “voto sentimental”. Otra parte de la votación sigue en el terreno del misterio.

En cualquiera de los casos, las elecciones presidenciales del 7 de octubre serán el escenario donde el chavismo deberá pasar su prueba más difícil. Esta es mucho más que electoral. Lo que resultará como realidad política, aún con Chávez encumbrado por cuarta vez en Miraflores, es el dilema más vital del chavismo: avanzar o retroceder.

El joven intelectual chavista, Javier Bardieu, metió esa perspectiva de incertidumbres en una frase: “El 7 ganamos, el 8 explotamos”. Aunque no ocurra en esos tiempos cerrados, advierte de las preocupaciones que dominan dentro del movimiento chavista. La montaña de votos que obtendrá en octubre ocultarán por un breve tiempo, la crisis que vibra en las bases bolivarianas y en buena parte de sus cuadros responsables.

Uno de los signos de esa crisis es el congelamiento de votos sufrido entre 2007 y 2011. Hay otro que es menos conocido y más descuidado en los análisis y comentarios sobre Venezuela. En los últimos tres o cuatro años, se ha podido verificar que varios miles de cuadros profesionales, técnicos, funcionarios honestos o militantes con responsabilidad en el movimiento de masas, decidieron apartarse de la militancia activa y se preservan en distintos “nichos” humanos: el arte, la academia, becas de estudio en el exterior, el cultivo de pequeños terrenos rurales, una cooperativa familiar, la reclusión televisiva, el chismorreo político en las ciudades, la corrupción o la resistencia marginal en pequeños grupos que actúan más por resentimiento que por una comprensión del fenómeno chavista.

Hasta ahora se conocen cinco proyectos políticos para la transición, incluyendo el del propio Presidente. El más socialdemócrata, patrocinado por la egregia figura política de José Vicente Rangel, auspicia un gobierno en alianza con un sector de la burguesía. El más bonapartista está representado por el ex coronel Diosdado Cabello, ex vicepresidente en 2002, gobernador derrotado en 2009 y actual titular de la Asamblea Nacional. A finales del año 2011 una parte de la dirección del PSUV realizó una consulta a más de dos mil cuadros del partido con una pregunta singular: “Indique cinco figuras del gobierno como posibles sucesores presidenciales, en caso de necesidad”. La respuesta arrojó cinco nombres, encabezado por el actual canciller Nicolás Maduro. Hubo un detalle: ninguno era militar.

La nueva figuración central del diputado de origen militar Diosdado Cabello, es la respuesta ordenada del “partido militar” a esa manifestación. Luego de ser desplazado del centro del poder en 2009, Cabello volvió como personaje principal de la política nacional desde enero de 2012. Fue el orador central en nueve de los diez actos de instalación del Comando Carabobo entre febrero y junio de este año.
Entre ambas opciones, se mueven dos corrientes menores desde la dirección del PSUV y el gobierno.

El carácter del régimen político bolivariano y su centralidad en la persona del comandante Chávez, hacen, mientras permanezca en este mundo, que las corrientes internas giren a su alrededor, o que él medie entre ellas, como su eje equilibrante.
En buena medida, los resultados del voto en octubre, servirán para comenzar a definir hacia alguno de los lados ese equilibrio institucional desequilibrante.

El sentir de un policía

Aunque para algunos la función policial sea de “tercera categoría”, para otros es algo donde se ocupan quienes no sirvieron para otra cosa, e inclusive se le considera mal pagada. El que actualmente se trabaje en el ojo del huracán y del lente camarógrafo, la realidad es que ser policía es un sentimiento.

Sentimiento que produce dolor y genera tristeza, la cual nos embarga cuando alguno de nuestros compañeros “pierde” el norte y sucumbe ante las tentaciones de la corrupción.

Lamentamos los titulares en los medios con la frase “poli-cacos” porque de alguna manera se origina una generalidad sobre los uniformados; la ciudadanía no mira al ser humano, se fija en el uniforme y ante esto nos encasillan a todos por el error de unos pocos.

También se utilizan diminutivos como “tombitos”, sinónimo de irrespeto, para una profesión digna y de gran interés, desconociendo el nivel de preparación académica y técnica que ha venido alcanzando el oficial de policía.

De trabajador de “tercera categoría a superhéroe”. Resulta que en muchos casos ante una riña callejera, un perro suelto, un enfermo alcohólico en la acera, un sinnúmero de situaciones cotidianas, el “tonto”, el que no sirvió para otra cosa, el que trabaja en una profesión de “tercera categoría”, pasa a ser el superhéroe al que todos acuden.

Hemos llegado a situaciones donde una veintena de hombres observan cómo es agredido un ser humano bajo los efectos del alcohol y estos solo atinan a decir “llamen a la policía”. Es aquí donde obtengo los fundamentos necesarios para sustentar el que nuestra función está por encima de muchas otras que nos miran de reojo.

Claro, lamentamos el que algunos se aparten del sentir de un policía, que no comprendan el valor de esta noble función, pero igual nos preguntamos ¿acaso será único de esta profesión la comisión de actos contrarios a la honestidad?, ¿acaso no se detiene a abogados, ingenieros, educadores, ejecutivos, políticos y médicos entre otros, que igual se equivocan y empañan la imagen de sus compañeros?

Entonces ¿por qué se mira con mayor asombro el que un policía incurra en la comisión de algún delito, apartándose de su función de proteger a la ciudadanía? Sencillamente porque la función policial es sumamente importante, de primer nivel y como tal se debe comprender y valorar.

Recientemente un médico que, al igual que el suscrito, utiliza la sección Opinión de DIARIO EXTRA para manifestar sus opiniones cerró su comentario diciendo “para terminar con broche de oro la camisa de fuerza, en la Fuerza Pública hay ‘neonazis’”.

Según interpreto, este profesional de la medicina se refiere en plural a un asunto de repente aislado sobre la manifestación de ideología de un funcionario, a menos que tenga información contundente que no conozcamos.

Estamos conscientes de algunos abusos de autoridad, pero ¿será esto una situación única de nuestro gremio? Les puedo asegurar que no porque en la actualidad son muchas las muestras de sectores que se consideran la mejor raza del mundo, o ¿acaso no vivimos en una sociedad clasista, de apariencias, donde el consumismo y la envidia están cada día en aumento?

No comparto de ninguna manera los abusos de poder, ni el irrespeto a la dignidad humana, por eso actuamos siempre bajo el principio de legalidad y proporcionalidad, y el uso adecuado de los medios, sin embargo en muchas intervenciones uno puede percatarse de algunas personas de distintas ramas, que a la hora de ser intervenidas por la Fuerza Pública hacen manifiesto su sentimiento de odio hacia la figura del uniformado.

Quizás recuerdan alguna situación personal, de su tiempo de estudiante o juvenil, de repente alguna mala experiencia, pero ya no están frente a quien las agredió, solo miran el uniforme, por eso rechazamos todo tipo de abuso. El policía, que en su mayoría gana proporcionalmente menos, debe mantener una adecuada postura las 24 horas del día y los 365 días del año. Esto lo valoramos como algo que resalta la labor policial.

Por eso hemos utilizado estos espacios para llamar a la reflexión, también hemos brindado lo que llamamos nuestro aporte, generando una convergencia asertiva. Abogamos por un servicio de calidad, liderando el trabajo en equipo de la mano de las comunidades, pero igual hemos sido críticos y denunciamos todo aquello que consideramos inoportuno… Punto de equilibrio.

Nos involucramos en algunos procesos de modernización proponiendo desde la mesa de diálogo como miembro directivo de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP), en procura de fortalecer la función policial y favorecer a todos, incluyendo a quienes generalizan a la hora de manifestar sus opiniones porque esa es la esencia y el sentido de ser policía, servir.

Sindicatos no participarán en Plataforma de la Piña

Honorable señora Dra. Gloria Abraham Peralta, Ministra de Agriculturay Ganadería
Honorable señor Lic. René Castro Salazar, Ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones

Presente

Distinguidas autoridades ministeriales:

Nos dirigimos a sus personas como representantes por el Gobierno de la República para el proyecto denominado “Plataforma Nacional de Comercio y Producción Responsable de la Piña en Costa Rica”, a fin de manifestarles lo siguiente, con el debido respeto que nos merecen sus dignas autoridades:

Desde que dio inicio en junio del 2011 el proyecto en referencia, las organizaciones sindicales costarricenses, agrupados en la Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP), en la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN), así como en la Coordinadora de Sindicatos Bananeros de Costa Rica (COSIBA); señalamos que la iniciativa no estaba atendiendo el tema laboral en concordancia a la problemática que en la producción de piña se presenta y sobre la cual hay mucho argumento y quejas presentadas, no sólo en cuanto a las condiciones de trabajo existentes en algunas fincas, sino en el tema de la Libertad de Organización Sindical.

Consideramos que el proyecto que nos ocupa sería una oportunidad para hacer un esfuerzo sincero en estos temas y buscar alternativas para mejorar tanto las condiciones de vida de los trabajadores y de las trabajadoras costarricenses y migrantes que laboran en la producción piñera, y de paso mejorar la imagen de esta producción costarricense en el mercado internacional.

Hemos sostenido la tesis de que el proyecto plataforma requiere, siguiendo su propuesta metodológica, de la formación de un grupo de trabajo en el tema laboral, donde los actores sindicales, empresariales y de Gobierno discutan y busquen alternativas sobre el abordaje de la problemática laboral en la piña. Propusimos seguir los postulados del Dialogo Social que recomienda la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para lo que denomina el Trabajo Decente, principios que según entendemos comparte el Gobierno de la República, ya que recientemente se firmó en el seno del Consejo Superior de Trabajo, el acuerdo de Trabajo Decente para nuestro país, de manera tripartita y unánime.

Buscamos apoyo a esta iniciativa ante la misma OIT y ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, así como le solicitamos al señor Bernardo Vargas, Coordinador Nacional de la Plataforma, mediar con el sector empresarial, CANAPEP, para que se pronunciara y emitiera opinión.

Lamentablemente, señor René Castro y señora Gloria Abraham, todo ha caminado muy lentamente y en más de un año de este proyecto no se ha concretizado una jornada o encuentro para una comisión de asuntos laborales, aun cuando el señor Bernardo Vargas nos comunicó el 11 de julio del año en curso que las condiciones para la misma estaban dadas y que pronto nos comunicaría aspectos de agenda de trabajo y de reuniones.

Con fecha 21 de agosto del 2012, las entidades laborales arriba indicadas, recibimos un correo electrónico del señor Bernardo Vargas Coordinador de la Plataforma Nacional de Producción y Comercio Responsable de Costa Rica, invitándosenos para el día 27 de agosto de 2012, a las 2:00 p.m. en la sede de la OIT (Sabanilla de Montes de Oca; esto con el fin de ver la propuesta para la conformación del Grupo de Trabajo sobre aspectos laborales en la producción de la piña, en el marco del ya mencionado proyecto. Ante el llamado varios dirigentes sindicales de estas organizaciones acudimos para conocer la propuesta.

Sin embargo, se nos hizo una propuesta que es inaceptable para el movimiento sindical; toda vez que se propone hacer dos mesas de trabajo para que discutan los temas laborales: una mesa ampliada con todos los actores que deseen participar incluyendo, dice el señor Bernardo Vargas, a otras organizaciones laborales, y otra mesa en donde estén los sindicatos. Nuestra propuesta es que debe de existir una sola mesa para que discuta la problemática laboral en las plantaciones piñeras, en donde la representación laboral debe estar compuesta únicamente por organizaciones sindicales. Aceptar otra conformación de la dicha mesa puede confundir a las personas a nivel nacional e internacional que estan poniendo mucha atención a este proyecto, y nos parece que los únicos que tenemos legitimidad para discutir el tema de la Libertad Sindical y la problemática laboral en las plantaciones piñeras somos los sindicatos.

En esta reunión, el señor Bernardo Vargas asumió dos compromisos. Primero, enviar una minuta de la reunión; y, segundo, hacer formal la propuesta del movimiento sindical al sector empresarial piñero (CANAPEP), de realizar con el acompañamiento de la OIT un encuentro entre las partes para ver la posibilidad de buscar un acercamiento para este proceso, y nos informen si ellos tienen disposición de discutir la situación laboral y libertad sindical en las plantaciones piñeras, o no están interesados, todo esto dentro del marco del proyecto.

En estos días las organizaciones sindicales recibimos invitación de sus personas a participar este próximo 13 de septiembre de la III Reunión Plenaria de la Plataforma Nacional de Producción y Comercio Responsable de Costa Rica, pero no consideramos asistir si al menos no hay una agenda y fechas de trabajo para esta comisión o grupo de trabajo de asuntos laborales ya comprometidas, que realmente es lo que nos motiva a presentarnos y ser actores activos de esta iniciativa de plataforma.
Es penoso asistir para hacer reclamo nuevamente de algo que supone todos los involucrados (empresarios, gobierno, PNUD,OIT), que es la discusión sincera y abierta de los actores legítimos de este proceso, que como hemos dicho son el Gobierno, los empresarios y los sindicatos, pero parece que esto no está debidamente concientizado.

De esta forma, respetuosamente les comunicamos nuestra posición de no asistir a esta convocatoria; posición que mantendremos hasta tanto se haga un esfuerzo de compromiso palpable de formalizar la comisión o grupo de trabajo de asuntos laborales, con la participación exclusiva de los sindicatos en mención.

Valga indicar que el suscrito servidor que aparece como firma responsable de este comunicado conjunto, había indicado una presencia para el evento de este viernes 13; sin embargo, efectivamente, se ha constatado que las condiciones que se solicitan no están dadas y, por tanto, la participación sindical es imposible.

Con nuestra mayor consideración y respeto,

Agradeciendo su atención:

Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN)
Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP)
Coordinadora de Sindicatos Bananeros (COSIBA)
Personas responsables:
Rodrigo Aguilar Arce
Alejandro López Martínez
Marcela Naranjo Segura
Albino Vargas Barrantes
Didier Leitón Valverde
Ramón Barrantes Cascante

Firma responsable:
Albino Vargas Barrantes
Cédula No. 1-457-390

Corrupción policial y salarios de hambre

13 policías integrantes de la Fuerza Pública, el más numeroso cuerpo de seguridad ciudadana del país, han empezado a ser juzgados en el Tribunal Penal de Goicoechea, pues se les acusa de varios delitos; entre ellos, supuesto robo de cocaína decomisada a narcotraficantes, misma que vendían en el mercado y con la cual compraban, según dice la acusación, celulares, pistolas, electrodomésticos y hasta arreglaban sus casas. Como “modus operandi” de la supuesta banda policial, utilizaban las patrullas y sus propios carros, ingresando ilegalmente a las casas narcos, privando ilegalmente de libertad a sus ocupantes y llevándose la coca y la plata que encontraban. De ser condenados, pasarían muchos años en prisión. En esencia, esta es la “nota roja” de la prensa al respecto.

Por supuesto que nada justifica la corrupción. Ni hay corrupción “chiquita” ni corrupción “grande”. Simplemente es corrupción. Sin creernos dueños de la ética ni poseedores del monopolio de la moral, es inadmisible la corrupción en los cuerpos policiales, mismos que, desde varios ámbitos, se dedican a la protección de la gente, del pueblo trabajador, de la ciudadanía en general. Los ricos se cuidan a sí mismos y tienen medios para pagar y mantener sus sofisticados sistemas de seguridad.

Los y las integrantes de las policías son gente del pueblo y, en términos generales, velan por la protección de sus iguales de clase. Las y los policías costarricenses, forman parte del pueblo trabajador asalariado, en este caso, colocados en el servicio público de la Seguridad Ciudadana. Esos 13 policías, ahora sentados en el banquillo de los acusados, a fin de cuentas, son trabajadores que en un juzgado están rindiendo cuentas por sus presuntos actos ilegales.

Pero, ¿por qué ellos se apartaron de la ley y se dejaron tentar por la corrupción y el “facilismo” para intentar, vanamente, tener un mejor nivel de vida? Hace ya bastantes meses, empezando en el Gobierno anterior y continuando en éste, venimos denunciando que el Estado, el país, la sociedad, el “sistema”, tiene a sus cuerpos policiales con salarios de hambre, miserables.

El caso es más que patético en la Fuerza Pública, el más grande cuerpo policial del país y al cual pertenecen los 13 policías ahora en juicio. Entre el policía de a pie (el que recorre la calle, el que se mete a la barriada marginal, el que se lleva las agresiones verbales, físicas y psicológicas, el que entrega hasta su vida), hay una distancia impresionante, salarialmente hablando, con el máximo puesto jerárquico de la Dirección General de la Fuerza Pública. Casi dos millones de colones mensuales, separan al primero del segundo.

La precariedad salarial de la abrumadora mayoría del personal de la Fuerza Pública, es muy similar a la que viven sus colegas en seguridad, como la Policía Penitenciaria, como la Policía de Migración y Extranjería, como la Policía de Tránsito. Igual miseria salarial afecta también a los vigilantes de los centros educativos públicos (escuelas y colegios), así como a los guardaparques nacionales. Nuestra sociedad tiene a quienes deben velar por su seguridad, en condiciones salariales y ocupacionales que dan vergüenza y generan indignación.

Pese a tal situación, prácticamente el 100% de todas estas personas trabajadoras asalariadas de la seguridad del país, laboran dentro de la ley; con compromiso, honestidad, transparencia y abnegación. Sin embargo, esto no parece importarle a los detentadores del poder político en el sistema pues, en el caso de la Fuerza Pública, el prometido “Manual de Puestos” ha representado una tomadura de pelo y una burla grotesta que se le hace a este personal. ¡Claro! Su jerarquía ya resolvió su problema salarial y los demás no importan.

Estos policías, agobiados por su precariedad salarial, por su escasa liquidez quincenal producto de su alto endeudamiento, están propensos a ser tentados por la corrupción, por el “facilismo”, por salir del margen de la ley. Según nuestros estudios, más del 60% de los y de las oficiales de la Fuerza Pública están “hasta el cuello de deudas” y se ven obligados a pedir prestado para terminar la quincena.

Nos preguntamos: ¿qué clase de Seguridad Ciudadana desde la Fuerza Pública podemos esperar si tenemos a sus policías de a pie, literalmente, con hambre, agobiados por su estrechez salarial, altísimamente endeudados y/o embargados, aturdidos por su congoja económica familiar, acosados por la presión psicológica que implica su desgastante trabajo; indignados por ver la holgura salarial que sí tienen sus mandos medios y su alta cúpula; recibiendo órdenes de salir a recorrido por un oficial que puede ganarse cinco o más salarios de lo que se le paga al policía “raso”?
¿Qué está haciendo este gobierno con la plata del impuesto a las sociedades anónimas? Ya han recaudado más de 25 mil millones de colones y dijeron que era para “mejorar” la seguridad ciudadana. Y si no se hubiesen, literalmente, robado los 25 mil millones de colones de la funesta trocha norte, ya habría dinero suficiente para empezar a implementar el nuevo manual de puestos de la Fuerza Pública. ¡50 mil millones de colones se tendrían para mejorar la miseria salarial de la Fuerza Pública!

Vamos a seguir denunciando esto al interior de la Fuerza Pública. Los verdaderos líderes laborales de la Fuerza Pública comienzan a ser acosados por comentar al interior de este cuerpo policial esta situación. El compadrazgo de alguna parte de la cúpula de la Fuerza Pública con pseudodirigentes progobiernistas pretende acallar las calificadas voces, de enorme autoridad moral que están emergiendo en su interior, cuestionando este orden de cosas totalmente injusto y humillante para la dignidad laboral de la Fuerza Pública. Se les niega permisos para reuniones directivas, para capacitaciones en Derechos Laborales, para formación social en Civismo y Democracia. Lo que no miden bien y ello se verá en fechas próximas, es la profundidad de la indignación policial que están generando… hasta que estalle. Lo veremos.

Acoso sindical en la Contraloría

Licenciada
Marta Eugenia Acosta Zúñiga
Contralora General de la República
Su despacho

Estimada señora Contralora General de la República:

En primer término, le hacemos llegar nuestra mayor consideración y respeto.

Con mucha preocupación nos hemos enterado de posibles actos de acoso laboral en contra de compañeros que son integrantes de la Junta Directiva de la Seccional de ANEP en esa institución.

Nos inquieta el hecho de que se estén utilizando las cámaras de seguridad para argumentar una supuesta pérdida de tiempo por parte de los funcionarios, cuando no se hace lo mismo con otros trabajadores de esa institución.

Lo anterior, aunado a un constante asedio por parte del supervisor contra las personas que ejercen la labor de conserjería en ese lugar, situación que nos podría obligar a recurrir al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), para presentar las denuncias respectivas.

Le solicitamos de manera respetuosa se brinde una audiencia a esta representación sindical en conjunto con la seccional de ANEP de esa Contraloría para tratar ese y otros temas de interés.

En espera de su pronta respuesta,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Wálter Quesada Fernández
Secretario General Adjunto

Disciplina no es para todos en Correos

Honorable señor Lic. Álvaro Coghi Gómez, Gerente General de Correos de Costa Rica, S. A.:

Respetuosos saludos.

Nos ha parecido sumamente necesario indicarle que la Secretaría General de la ANEP, depositada en manos de este vuestro servidor, ha seguido con detenimiento el oportuno, sistemático y transparente proceso de denuncia que la Junta Directiva de la Seccional ANEP-Correos de Costa Rica S.A., ha estado desplegando en torno a la aplicación de la normativa disciplinaria y sancionatoria con carácter discriminatorio; pues depende de si la persona es “de arriba” ó si es “de abajo” como se aplica la disciplina laboral.

Hemos sido testigos de la contundencia sancionatoria, con el castigo más duro para una persona trabajadora asalariada: perder su empleo. Esto no parece que ocurrirá, por todo lo que viene sucediendo, con el caso polémico que nos ha estado ocupando por estos días, tanto a la parte sindical como a la parte patronal.

En todo caso sirva esta comunicación oficial de la ANEP para que a la honorable Gerencia General de Correos de Costa Rica S. A., le conste que nuestra institución sindical avala, en todo sentido y en todos sus extremos, las actuaciones que en esta circunstancia ha venido desplegando la Junta Directiva de la Seccional ANEP-Correos de Costa Rica S.A., especialmente su Presidente, el respetado compañero Claudio Sánchez González.

De la misma forma que nos parece acertada y oportuna, las reflexiones que se formulan en esta comunicación, de parte de la compañera Ana Luisa Cinco Quesada, como Directiva Nacional de la ANEP; reflexiones que también respaldamos.

Aprovechamos para formular un mensaje a la cordura, a la sensatez, a la racionalidad y a la equidad sancionatoria. El entorno amenazante de la actividad postal de carácter público, obliga a una mancomunidad de esfuerzos y no es posible que la situación posicional de una persona que, comprobado está, faltó a su responsabilidad (y, presuntamente, habría una segunda ocasión del mismo carácter), ponga en peligro toda la estabilidad institucional.

Nos ha parecido oportuno poner en conocimiento de toda esta situación, tanto al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), como al propio Ministerio de la Presidencia, por esta misma vía electrónica; misma que está habilitada por decisiones de orden constitucional para la interpelación a la administración. Una actitud política preventiva puede ayudarnos a reconstruir el camino del diálogo social que por una particular invidualidad parece deteriorarse en Correos.

Reiterándole al señor Gerente General, Lic. Álvaro Coghi Gómez, nuestro mayor respeto, nos despedimos con la debida consideración.

Servidor atento, Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP.
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Considero que sus correo de fechas 28 y 29 de agosto de 2012 no deben ni pueden pasar inadvertidos por los trabajadores de Correos de Costa Rica, sean estos carteros, asistentes postales, misceláneos, jefaturas de sucursales y centros de carteros, supervisores, inspectores, mandos medios o directores, gerentes de área y gerencia general.

Sin que suene a malacrianza o falta de educación, venimos escuchando sobre el tema de la reducción de correo físico desde hace más de cinco años, tiempo suficiente para que el área de planificación y comercial hayan preparado sus mecanismos idóneos de sobrevivencia y permanencia dentro del mercado comercial en nuestro país.

Creo que tiene un incorrecto significado de lo que significa “mando medio”. El mando medio es aquella persona que tiene que servir de enlace entre los gerentes de área y gerencia general con los carteros, asistentes postales, misceláneos, jefaturas de sucursales y centros de carteros, supervisores e inspectores.

El mando medio es la persona responsable de implementar la forma de trabajar y de que se cumplan los objetivos, proyectos y metas que los gerentes de área y la gerencia general le hayan girado y debe de responder ante estos o en las instancias que sean cuando las tareas no se ejecuten de la forma estipulada.

También señala en uno de sus correos, que ha solicitado el inicio de una investigación y el traslado al Ministerio Público de “algunos casos” para que se establezcan las responsabilidades penales correspondientes.

Me preocupa sobremanera que indique que solo se trata de “algunos casos” y me surge la interrogante si nuevamente estos “casos” se trataran únicamente de personal operativo y que los mandos medios o directores y los gerentes de área no vayan incluidos en la solicitud por usted girada, tomando en cuenta su grado de responsabilidad por el cargo que ostentan dentro de la empresa como ente controlador.

Es mi apreciación que dentro de la empresa existen algunos que se encuentran en una posición muy cómoda, donde se sienten intocables a pesar de haber cometido faltas muy graves o gravísimas en comparación con las que cometen otros trabajadores de menor rango jerárquico, a los cuales sin ningún tipo de miramientos despiden en plazos no mayores a los tres días luego de emitida la resolución de la Junta de Relaciones Laborales.

Usted nos insta nuevamente a que nos atrevamos a denunciar el incumplimiento de los deberes y obligaciones, pero esta convocatoria la enfoca únicamente hacia la base de la pirámide de jerarquías, dejando por fuera de ésta a los supervisores, inspectores, mandos medios o directores y gerentes de área. ¿Será que ellos son infalibles?

Don Álvaro, le aseguro que su sentimiento de frustración no es para nada mayor que el que sentimos los y las trabajadoras de Correos que estamos hartos de mirar día con día la diferencia en la aplicación de sanciones al recurso humano, donde ni siquiera contamos con en Reglamento Interno de Trabajo y la inconveniente práctica de uso de amenazas y coacciones contra la clase trabajadora más humilde de la empresa.

Al igual que usted estamos seguros que el proceso de cambio es urgente, pero este debe ser aplicado a todo el personal sin distingo de puesto jerárquico, ya que la empresa hay que sacarla adelante entre todos, no solo con el sacrificio y esfuerzo de un sector.

No sé si habrán cambios, si se continuará perdonando al que no hace bien su trabajo, si nos cargarán de formularios que llenar para disimular la mala gestión de algunos o si usted realmente se pondrá la mano en el corazón y hará que su gestión como Gerente General sea recordada con beneplácito.

Aprenda a escuchar a los trabajadores rasos, esos que están llenos de optimismo y que realmente quieren mantener su trabajo, y que saben que los cambios no se consiguen de la noche a la mañana. Estoy segura que estos humildes trabajadores bajo ningún punto de vista desean poner en riesgo sus trabajos, máxime cuando han dado gran parte de su vida laboral para la empresa, es decir, han tenido la camiseta bien puesta por mucho tiempo.

Como representantes sindicales estamos en la obligación de acudir a la fuente oficial e informarnos sobre las anomalías o posibles anomalías en que se pueden ver inmiscuidos los afiliados, máxime cuando estas puedan acarrearles posibles despidos.

No entiendo cual es su molestia y menos el uso de calificativos como “parásitos sociales” y “mafia”. Es nuestra responsabilidad tener la versión de las partes y velar porque la estabilidad y respeto a los derechos laborales sea una realidad. Esto lo percibo como una incorrecta practica anti sindicales de parte de su administración.

Lamento mucho que haya frases sin concluir en su correo del día 28 de agosto y más aún que pretenda silenciar las voces de los que podemos hablar por los trabajadores, ya que los trabajadores y trabajadoras que logran alzar la voz son satanizados y algunas veces despedidos.

Con todo respeto Don Álvaro, son sus gerentes de área y directores los que planifican, ejecutan y dirigen la fuerza laboral de la empresa, son ellos los que coordinan los planes de trabajo de las unidades a su cargo, ellos mismos colaboran con los manuales técnicos de las unidades, ellos son los que realizan la apertura de investigaciones de los casos y además recomienda las sanciones.

Sería bueno por el bienestar y transparencia de Correos de Costa Rica, comenzar a responsabilizar a quienes de verdad se lo merecen por haber dejado de hacer su trabajo y no provocar que la situación ya delicada por sí misma desencadene en actos o acciones más representativos. Recuerde, que son ellos los llamados a darnos el ejemplo, y ante mayor jerarquía mayor responsabilidad

Con toda consideración y respeto,

Ana Luisa Cinco Quesada
Directiva Nacional
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados

Invivible situación laboral en AyA Puriscal

Honorable señor Juan Carlos Vindas Villalobos, Director Regional de Puriscal
Honorable señor Álvaro Araya Álvarez, Subdirector Regional de Puriscal
Honorable señor Ing. Sergio Núñez Ramírez, Subgerencia de Gestión de Sistema de Servicios Periféricos
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (AyA)

Respetuosos saludos. Usando esta vía electrónica para interpelar a la Administración, según legitimación que al efecto ha instaurado la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (Sala IV), acudimos a su digna autoridad para que, de manera urgente, se atienda la seria denuncia formulada por un importante grupo de trabajadores de A y A en la sede de Puriscal; denuncia que va adjunta a esta comunicación, en formato “pdf”.

La ANEP solicita a vuestras autoridades una urgente intervención al efecto, pues sentimos que la agudización del ambiente laboral sigue ascendiendo obligado al indicado a personal a considerar manifestaciones de otra índole que, como la presente, la ANEP apoyará decididamente.

De esta comunicación, estamos enviando copia a otras distinguidas autoridades jerárquicas de la institución, según se puede apreciar. Igualmente, hacemos este asunto del conocimiento de la Junta Directiva de la Seccional Nacional ANEP-A y A, a través de los compañeros Jesús Sibaja Bustamente y Edwin Marín Bonilla, Presidente y Vicepresidente, respectivamente hablando, de esta directiva sindical.

Desde la ANEP, reiterándole nuestro mayor respeto y consideración, quedamos en espera de su oportuna respuesta, misma que esperamos recibir al amparo de los artículos 27 Constitucional y del 32 de la Ley de Jurisdicción Constitucional.

CNP: ¿a donde nos llevan?

Estimados compañeros y compañeras:

Durante estos días, la Administración Superior viene informando por medio de los directores nacionales y regionales, sobre la situación actual del CNP.

De lo conversado, no se escuchan noticias que no se hubieran dicho antes, ya sea en esta o en pasadas administraciones. No obstante, asombra la falta de esperanza que se transmite en el mensaje, y que se puede resumir en una frase: El CNP agoniza.

Veamos el razonamiento; con base en lo informado:

1. Según se ha dicho, la Junta Directiva del CNP, tomó un acuerdo para vender el Plantel Central, debido a que la situación financiera es caótica. No obstante, esta venta no ayudará en mucho a resolver la situación, dado que no se puede tomar ese dinero para los gastos operativos. Únicamente se puede utilizar para inversiones. Ergo, venderemos nuestra casa, para alquilar en otro lado, y si es posible, hacer una nueva casa, supuestamente en los terrenos del PIMA. ¿Alguien le encuentra lógica a esa decisión?

2. Se aplicará la modernización, tal cual se ha venido planteando, con sus muchos defectos y escasas virtudes. Pero no es seguro que ayude en mucho, dado que la estructura propuesta no conlleva una racionalidad del gasto. ¿Alguien puede explicar tanta tozudez para ejecutar una reestructuración, que al fin y al cabo, parece no traer beneficios claros a la institución?

3. Se plantea la urgencia de contraer la planilla del CNPFANAL en un plazo de 15 días (para finales de agosto o mediados de setiembre), debido a que el gasto en salarios, se supone, sobrepasa el 90% del presupuesto institucional. Con esta medida se espera ahorrar ¢100 millones mensuales. Pero tampoco va a servir de mucho, ya que el déficit institucional, según se dice, asciende a ¢250 millones mensuales, y el déficit global asciende a ¢24 mil millones. ¿Alguien puede explicar por qué se somete al personal a semejante estrés, por una medida que parece que no va a solventar la crisis?

4. Está en trámite un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa, donde se supone van a refundir al CNP con el PIMA, y por consiguiente se derogará la Ley Orgánica del CNP. Por consiguiente, el país se quedará sin la entidad garante de la seguridad alimentaria, INDISPENSABLE para todos los costarricenses. Nuestros agricultores y agricultoras perderán la posibilidad decontar con un circuito comercial (PAI), que les garantice precios adecuados, y nuestras instituciones perderán la opción de comprar directamente a los proveedores. Aunado a ello, no habría justicia en la distribución del ingreso. ¿Alguien puede explicar el razonamiento técnico, para que algunos “ilustrados” propongan que el CNP se refunda con PIMA, siendo que PIMA es una instancia de compra venta de productos agrícolas, y CNP es una institución de desarrollo a nivel nacional? Tan sencillo como comparar la ley de ambas entidades.

5. A pesar de la caótica situación del CNP, por razones más políticas que técnicas, se trasladaron las plantas Liberia y Térraba, a organizaciones que, según se tiene conocimiento, no cuentan con las condiciones agro empresariales, capacidad organizativa, ni experiencia para administrar dicha infraestructura. No obstante, se admite que dichas plantas están a modo de “préstamo en precario”, partiendo del supuesto que si las organizaciones no responden cabalmente al manejo de las mismas, entonces se devolverán al CNP. Alguien puede explicar ¿cómo es posible que se traslade infraestructura valiosísima, a organizaciones que se sabe no tienen suficiente capacidad ni experiencia para administrar proyectos de ese tamaño? Estas poco acertadas decisiones politizadas no son nuevas. En el pasado se prestó o trasladó valiosísima infraestructura a manos de organizaciones que hoy día ya no están o se encuentran en crisis financiera. Solo dos ejemplos: Planta La Rita a Asociación Manos Unidas, Planta El Molino a la Corporación Hortícola.

6. Se traslada físicamente el Sistema de Información de Mercados al PIMA y la Dirección Calidad Agrícola a Planta la China. ¿Alguien puede explicar el razonamiento técnico para dichos traslados? ¿Dónde queda la metodología de atención integral aprobada por la Junta Directiva?

7. No se tienen opciones para sacar esto adelante, dado que simple y llanamente no hay apoyo político. Este es el punto álgido del problema institucional. La falta de apoyo político es lo que ha llevado al CNP a la crisis en que está sumido. ¿Qué hace entonces el político que nombró el Consejo de Gobierno, si viene sin ningún apoyo político? ¿Qué intereses se mueven detrás de tanta falta de interés, donde el que sale perdiendo es el país como un todo, ya que no se contará con una entidad garante de la seguridad alimentaria, que aporta al desarrollo del sector rural y promueve una mejor distribución del ingreso?

A raíz de los puntos anteriores, es razonable cuestionarse seriamente si esta situación caótica, crítica y confusa, realmente responde a un asunto estructural – financiero del CNP. La respuesta rotunda es NO.

El CNP viene enfrentando desde hace varias administraciones, el embate del interés de una clase política empresarial, cuyos tentáculos pretenden tomar todos los negocios que hoy día tiene el Estado. Con el agravante de que ganan unos pocos, pero salimos perdiendo todos los costarricenses.

Como funcionarios del CNP, pero sobre todo, como costarricenses, da profunda pena quienes están tomando estas decisiones, dado que sus desacertadas decisiones van a implicar un alto costo para el país, incidiendo sobre la alimentación básica de nuestros hijos e hijas, las generaciones actuales y posiblemente en las generaciones futuras.

Es indispensable tomar conciencia sobre las implicaciones a nivel nacional del menoscabo de una institución como el CNP, y la posible derogatoria de una ley tan rica para nuestros micro, pequeños y medianos agricultores… pero tan odiosa para los intereses de algunos malos costarricenses, políticos – empresarios.

Nuestro deber es trabajar y dar lo mejor de nosotros para sacar adelante esta institución. Apoyar las iniciativas que busquen consolidarla y mejorar los servicios prestados a nuestros clientes. Aportar ideas, ser proactivos, ser honestos, dar siempre un paso adelante… para que esta institución dé a Costa Rica, lo que realmente merece: calidad, desarrollo, servicio.

Atentamente;

Junta Directiva
Sindicato Pro – Trabajadores
Del Consejo Nacional de Producción y Fábrica Nacional de Licores
(SIPROCNP)

Respuesta a 2 editorales de La Nación

Señora Yanancy Noguera, Directora
Señor Julio Rodríguez, Editor
DIARIO LA NACION
Presente

Estimada señora y estimado señor:

En primer término, reciban de nuestra parte la mayor consideración y respeto.

La Nación publicó dos editoriales en los cuales se alude, directamente, a la organización sindical que nos honramos en representar, misma que se llama “ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPLEADOSBLICOS Y PRIVADOS”, pues también y aunque con mucha dificultad, promovemos la organización sindical en el sector Privado de la economía y tenemos ya una buena cantidad de personas trabajadoras asalariadas y no asalariadas del mismo en las filas de la ANEP, que ya no es “Asociación Nacional de Empleados Públicos”, como lo indican ustedes en sus comentarios editoriales a los que nos hemos de referir.

Concretamente, nos referimos al del pasado viernes 31 de agosto de 2012, titulado “Equidad en el empleo”; y al de este sábado 1 de setiembre, “Incentivos salariales en el Estado”. Con ambas posiciones editoriales, La Nación se matricula con el proyecto del Gobierno “Ley para el ordenamiento de las retribuciones salariales adicionales al salario base del sector Público”.

Sin tener la menor certeza de que los comentarios que de seguido formulamos al respecto de los dos editoriales de La Nación, serán publicados en el medio bajo vuestra conducción; hacemos por este medio formal solicitud de Derecho de Respuesta, según nuestras leyes en la materia. Aquí va nuestro texto:

Una cortina de humo

La propuesta del Gobierno “Ley para el ordenamiento de las retribuciones salariales adicionales al salario base del sector Público”, dista muchísimo de su compromiso con los sindicatos suscribientes del acuerdo salarial de marzo pasado, firmado en Casa Presidencial, de que presentarían un proyecto de “Ley de Empleo Público”. Lo que nos presentaron fue una de las clásicas recetas neoliberales basadas en su fundamentalista obsesividad fiscalista: recortar salarios en la Administración Pública. Queda en evidencia que el Gobierno, por tanto, no actuó de buena fe.

Como una organización sindical estudiosa de los problemas nacionales y con una responsable actitud propositiva (que, por cierto, en La Nación lo saben pero siempre se nos ignora en este sentido); desde nuestra perspectiva sindical tal proyecto sigue la lógica global hegemónica dominante hoy día en el planeta: la del capitalismo bancario-financiero. Por un lado, este proyecto busca homologar hacia abajo la estructura salarial del sector Público (sin incluir a sus altos niveles tecnocrático-políticos) para llevarla a la del sector privado (sin incluir los mandos altos y gerenciales). Podemos decir, por tanto, que el objetivo estratégico neoliberal es una “centroamericanización” salarial de Costa Rica. Por otro, la lógica aperturista de los TLC’s (particularmente el que se nos impuso con el decadente Estados Unidos de América), ha generado una reducción arancelaria que ha golpeado, brutalmente, los ingresos tributarios vía aduanas; millones de millones de colones que no han sido repuestos en las cuentas del Gobierno.

Por otra parte, el proyecto es una cortina de humo que el Gobierno se saca de la manga para tratar de desviar el foco de atención que tiene sobre sí mismo y que tanto le agobia: la caída en picada de la popularidad y de la credibilidad de la Presidenta Chinchilla por una serie de problemas, dentro de los cuales destaca la corrupción (la “piñata regalona” de la trocha norte, por ejemplo); además del enojo de la gente por la estrechez económica que agobia a las mayorías trabajadoras.

Se nos dice que las variables macroeconómicas van bien (y “los de arriba” están contentos con el crecimiento económico que se observa); pero, “los de abajo”, no lo sienten en sus bolsillos porque sigue avanzando el proceso concentrador de la riqueza. Nada mejor en estos pésimos momentos para el Gobierno que la lente ciudadana mire hacia los empleados públicos y se lance en su contra para culpabilizarles de las “siete plagas de Egipto” que se manifiestan en Costa Rica.

El proyecto evade a entrarle a la verdadera naturaleza del problema de las finanzas públicas: la baja carga tributaria nacional, la ausencia de una Transformación Tributaria Estructural y la poca voluntad de la Presidenta Chinchilla y su Gobierno de escuchar con respeto y con consideración gran cantidad de propuestas civiles para resolver el déficit fiscal de una manera estructural y sin un solo impuesto nuevo. En ANEP, el tema de la Transformación Tributaria Estructural ha sido una prioridad de nuestra agenda de trabajo pero al Gobierno no le importa lo que pensamos al respecto.

El proyecto del Gobierno no incluye al todo el sector Público. Deja por fuera, por ejemplo, a las entidades bancarias del Estado con la poco sustentable tesis de que porque están en “régimen de competencia”. A la gente común no le suena eso de que un gerente bancario gane más de 20 millones de colones mensuales y de que, semestralmente, esa cifra puede duplicarse porque se le da un “bono”. Se debió empezar por impulsar una legislación que regulara los niveles salariales en toda, absolutamente toda, la cúpula político-tecnocrática del Estado, sin excepción alguna. Así se hubiera abierto un espacio de credibilidad y de negociación transparente.

Si la preocupación del Gobierno y de La Nación es honesta a favor de quienes menos ganan, flaco favor le hace a la credibilidad de ambos en tal sentido, circunstancias como que el personal de base de la Fuerza Pública siga con salarios base de hambre e indignos, mientras que la cúpula dirigente de este importante cuerpo policial ya recibió su justicia salarial. El salario más bajo de un policía de a pie es más de diez veces inferior al que gana el Director General de la Fuerza Pública. Ni hablemos de cómo se les paga al Policía Penitenciario, al Policía de Migración al Policía de Tránsito; a quienes cuidan las instalaciones educativas de MEP y a quienes vigilan los parques nacionales. Y hablemos de las señoras que trabajan en los CEN-CINAI. Háganles un reportaje y verán si tienen “privilegios” salariales. ¿En verdad se tragan el cuento ustedes, los de La Nación, de que con una mejoría porcentual del 0.60% en la anualidades de todos estos grupos laborales, pasando del 1.94% actual al 2.54%, se hará justicia salarial? Que lo haga el Gobierno solito. No ocupa de una negociación con los sindicatos ni de ley alguna ¿Por qué no suben las anualidades que están en 1.94% al 5.5%?…

Ustedes piensan, de verdad, que si le quitamos la dedicación exclusiva a la hoy licenciada doña Cecilia Fernández Ramírez, profesional eficiente del Gobierno Central, quien con mucho sacrificio sacó una carrera universitaria y que como madre sola jefa de hogar que es, con tres personas jóvenes todavía a su cargo, ¿podrá ella hacerle frente al endeudamiento de vivienda una vez que ustedes, con su “sanbenito” del déficit fiscal, le quiten ese sobresueldo y la dejen prácticamente en la calle con una reducción salarial a la mitad porque el salario le va a quedar en 600 mil colones?

Si sumáramos todos los montos que por dedicación exclusiva recibe el sector profesional del Gobierno Central, ese que no forma parte de la tecnocracia política del sistema, la cantidad que nos da jamás será igual a toda la plata que al año el Estado deja de recibir por exenciones y exoneraciones abusivas y de privilegio que, según el propio Ministerio de Hacienda, ronda casi unos 6 puntos del Producto Interno Bruto (PIB). ¿Qué es mejor para la democracia: empobrecer a los cientos de “Cecilias” que si ganan poco más de un millón de pesos al mes; o, por el contrario, seguir tolerando este robo o crimen social de la plata que el fisco deja de captar con su propia complicidad?…

¡Qué curioso! No vimos nada en el proyecto del Gobierno para eliminar la vinculación que se da cuando se aumentan, ya sea en forma general o en forma gremial, las bases salariales del sistema del Servicio Civil para el Gobierno Central; con el impacto que ello representa en las bases salariales médicas, mismas que deben aumentarse, automáticamente. Por ejemplo, si al personal raso de la de la Fuerza Pública se le aumentara tan solo mil pesos a la base, en la misma proporción hay que ajustar la base salarial de los médicos. Acabar con esta fórmula de vinculación, en nada perjudica los salarios base del honorable cuerpo médico nacional; pero mantenerla, es perjudicar a quienes menos ganan en el Gobierno Central, como los oficinistas, los choferes, las secretarias, los técnicos, los mensajeros, los vigilantes, las cocineras; y, por supuesto, los cuerpos policiales y de seguridad arriba mencionados.

En ANEP estamos de acuerdo en que la evaluación del desempeño es una imperiosa necesidad para elevar la calidad, la eficiencia y la eficacia del servicio público. La medición al respecto, se confunde con la anualidad. Falta un sistema nuevo de evaluación del desempeño, basado en una metodología objetiva para medir la productividad, incentivándola de forma tal que sea la mediocridad la que quede en evidencia.

Es más, tenemos la primera Convención Colectiva de Trabajo (CCT) del país y promovida por la ANEP que incluye una cláusula para instituir un incentivo por productividad, de manera tal que con las mismas reglas, se puede medir bien la eficiencia vs. la mediocridad en el ejercicio de la función pública. Se trata de la CCT de la Imprenta Nacional; sin embargo, pese a los esfuerzos sindicales de la Seccional ANEP-Imprenta Nacional, vamos ya hacia un tercer gobierno que tiene en sus manos el tema pero que no hace nada por la concreción de la propuesta sindical. ¿Entonces, en qué quedamos?…

Hay muchas cosas más que abarcar con base en lo que pretenden el Gobierno y La Nación: las cesantías, las convenciones colectivas de Trabajo, la jurisprudencia constitucional y legal, la precariedad de los salarios mínimos en el sector Privado, lo que significa la pertenencia del país a la OIT, etc. Pero el famoso problema de “espacio” nos lo impide. Es más, como dijimos al principio, ni siquiera sabemos si esta respetuosa petición de Derecho de Respuesta se ha de publicar, y si así sucede, si lo será completamente, sin corte alguno.

Anticipadas gracias.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

Paro laboral en la Municipalidad de Turrialba

El personal de campo de los servicios operativos de la Municipalidad de Turrialba: Aseo de Vías, Recolección de Basura, Fontanería, Junta Vial Cantonal, Soldadores y otros sectores, decidieron paralizar labores desde las 6 de la mañana de este día, viernes 31 de agosto de 2012, precisamente en el Día del Régimen Municipal; en protesta por el incumplimiento en la dotación de los uniformes para trabajar, dado que según estipulaciones de la Convención Colectiva de Trabajo, se les deben dar dos juegos al año. En lo que va del 2012, no se les ha entregado nada.

Por otra parte, reclaman un compromiso incumplido por parte de la Alcadía Municipal, firmado con la Seccional de ANEP en abril del año pasado 2011, por medio del cual se establecía un sobresueldo del 10% por concepto de peligrosidad, para el personal de Fontanería, Junta Vial y Soldadores; compromiso éste que más de un año después ni siquiera se tiene noción alguna de su proceso de cumplimiento.

A las molestias anteriores, se agrega la circunstancia de que la atención de reparación de los camiones recolectores no es tan rápida como antes; es decir, si se daña un camión no se hacen los mayores y más rápidos trámites para que opere de nuevo, con lo cual sufre un deterioro el servicio de recolección de basura en el cantón turrialbeño.

Finalmente, el personal de campo se queja de que cierta jefatura de la administración, no está favoreciendo las relaciones colaborativas entre jerarquía y personal subalterno para facilitar la tarea. La manifestación de hoy es un anuncio de que en próxima fecha, de ser necesario, la paralización de labores podría adquirir el carácter de una verdadera huelga. ANEP y su Seccional ANEP – Municipalidad de Turrialba, hace un llamado a las autoridades municipales para que se abra un verdadera camino negociador, pues hasta ahora el diálogo ha sido infructuoso.

Para más detalles, se puede llamar a la servidora Maricruz Durán Alfaro, al número celular 8315-7060, Presidenta de la Junta Directiva de la Seccional ANEP – Municipalidad de Turrialba, quien atenderá la consultas de prensa del caso.