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Honras fúnebres hoy 20 de enero.
Su cuerpo se velará en la Funeraria El Recuerdo en Alajuela a partir de las 10:00 a.m.
1:00 p.m. acto de homenaje
2:00 p.m. Cementerio de Alajuela

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) expresa su más sentido pesar ante el sencillo fallecimiento del exraordinario ciudadano luchador social, don Abelardo Araya Torres, Presidente del Movimiento Diversidad.

El compañero Abelardo dejó un extraordinario legado en materia de Derechos Humanos, poniendo en el tapete de la agenda nacional la doble moral de una sociedad que presumiéndose democrática, había venido discriminando, sistemática y odiosamente, a una relevante minoría ciudadana de costarricenses, hombres y mujeres, con orientación sexual distinta a la de la mayoría de la población.

El ciudadano Abelardo Araya Torres desafío dogmas, rompió paradigmas, enfrentó las condenas más descarnadas pero desarrolló su lucha humanística con gran decoro, valientemente, con sólida argumentación político-social y científica.

Sinceramente, la ANEP estima que en materia de Género y Diversidad Sexual, hubo una Costa Rica antes de Abelardo y hay una Costa Rica después de él. Pensamos que el mejor legado para honrar su sacrificada lucha es la continuidad del movimiento inédito e irreverente para la hegemonía dominante que él promovió en vida.

Paz a sus restos.

Instamos a todas las personas trabajadoras y ciudadanas de buena voluntad que aporten alguna contribución económica para ayudar a los gastos del funeral del compañero Abelardo. Su extraordinaria lucha y su consecuente posición en defensa de los Derechos Humanos de las personas LGTB, él la desarrolló en medio de enormes dificultades económicas, sin ingreso fijo alguno. Además, proviene de un hogar sumamente sencillo y pobre y su familia no puede, por sí misma, sufragar todos los gastos que estas circunstancias generan. Indicaremos luego cómo hacer llegar ese dinero a quien de buena voluntad quiera donar algo.

Estamos poniendo a su disposición la cuenta bancaria a nombre de María Laura Sánchez Rojas, en el BCR cuenta de ahorros No. 001-1184646-1, para quienes deseen aportar para el funeral. Por si necesitan comunicarse con María Laura, 8702-5328.

Contra el congelamiento salarial que es ya, prácticamente, una realidad (la imposición del indigno “_reajuste_” de 5 mil pesos, ¡clarísima señal!)

Por la defensa de nuestro empleo y nuestro derecho constitucional al Trabajo (para que no despidan a ninguna persona interina las primeras víctimas)

Contra el despótico decreto que declara a la Autoridad Prespuestaria, “Ministerio de Reforma del Estado“

Por una Transformación Tributaria Estructural (la Revolución Tributaria que tenemos que hacer “_los y las de abajo_”)

El Gobierno dice “_no tener plata_” pero fíjese en esto

Un punto (1%) del Producto Interno Bruto (PIB) equivale a
200 mil millones de colones; entonces, veamos:

Dice la Contraloría que, al año, por diversas formas de evasión tributaria el robo de impuestos anda por el orden de 500 mil millones de colones, un 2.5 % del PIB.

Los casi 200 regímenes de exoneraciones y de exenciones impiden que el Gobierno obtenga ingresos, al año, por un 6 % del PIB: Un billón doscientos mil millones de colones.

Por el paquetazo de impuestos que defiende el Gobierno solamente se recaudaría un 1.5 % del (PIB), es decir, apenas 300 mil millones de colones, ¿entonces?

HEMOS HECHO PROPUESTAS AL EFECTO. LO QUE HAY QUE HACER ES COMBATIR EL ROBO DE IMPUESTOS, TANTO EL ILEGAL COMO EL QUE SE HACE CON ROPAJE LEGAL; ASÍ COMO GRAVAR, DE VERDAD, A LOS GRANDES CAPITALES.

ALÍSTESE A LUCHAR
SÚMESE A ESTA CRUZADA CÍVICO – POPULAR

Primera acción sindical unitaria:
Miércoles 25 de enero, 2 de la tarde, frente a sede central del Ministerio de Trabajo, en Barrio Tournón

Convocamos:
ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPLEADOS PÚBLICOS Y PRIVADOS
ANEP
Central Social Juanito Mora Porras
(CSJMP)

La Seccional de ANEP del Sistema Penitenciario Nacional, Por Justicia y Paz, ha realizado un profundo análisis acerca de las causas que han contribuido en la profundización de la actual CRISIS DEL SISTEMA PENITENCIARIO.

Este análisis viene dándose de manera sistemática y cada vez más profunda desde el año 2006, en donde se produce un incidente de fuga, secuestro y muerte de un funcionario, que de nuevo enciende las señales de alerta de que la situación penitenciaria había que asumirla ya no como un asunto propio de la Dirección General de Adaptación Social, sino que como un problema país, pues su descalabro incidiría de manera dramática sobre la vida de nuestra ciudadanía.

Nuestra organización considera que habiendo constatado a través de varios procesos de investigación propios de nuestra organización sindical y de la Dirección General de Adaptación Social (Investigación del DIE en Reforma, Defensoría, Gestión de ambiente Laboral, entre otras) y consulta a diversos sectores y personas de la sociedad, la existencia de serias situaciones y condiciones que conspiraban para un desempeño efectivo del quehacer penitenciario, consideramos, de esta manera, que los problemas apuntan, en general, a tres dimensiones de la gestión pública penitenciaria, a saber:

1- Político- ideológico: nuestro país ha focalizado el problema de la seguridad ciudadana en la criminalidad de la calle y ha decido que la respuesta para su control es el encarcelamiento y la aplicación de la mano dura.

Como medidas de solución al problema de la criminalidad se han aumentado las penas de prisión, es decir la persona debe pasar más tiempo tras las rejas, se han tipificado nuevas conductas como delitos con penas de prisión, se ha limitado de manera dramática las posibilidades de gestión de la ejecución administrativa de las penas, se ha aumentando los periodos de prisión preventiva; entre otras acciones tendientes a excluir a las personas y respondiendo, de esta forma no a una visión y análisis desde una filosofía criminológico humanista del fenómeno, como lo es el fallo dramático de la institucionalidad del país y el cambio de paradigma de Estado Social de derecho, en donde lo que interesa actualmente, es el mercado y sus leyes y no la persona, por lo que la mano dura al que delinque y la cero tolerancia cobran vigencia porque solamente existe como única explicación, por demás reduccionista, en que es esa persona (la que delinque) la única responsable de la acción cometida.

Desde el Sistema Penitenciario teníamos, por ejemplo, como lo exige la ley que brindarle la información necesaria a las estructuras técnicas, administrativas y políticas internas y a los Poderes del Estado y sus Instituciones sobre lo que estaba sucediendo en el Sistema, brindar las recomendaciones para que a partir de esa información se fueran tomando las decisiones propias de un país de derecho, no obstante el cambio de paradigma social inicia, como lo señala la Contraloría General de la República, entre otras motivaciones el que no se nombre en los puestos de poder de decisión en nuestra institución a personas que gocen con la experiencia y formación necesaria para poder gestionar a la Dirección General de Adaptación Social, desde una visión criminológica humanista de respeto a lineamientos normativos de derechos humanos.

2- Planificación: nuestra institución cuenta con problemas graves en la planificación institucional, no cumple con los lineamientos técnicos y metodológicos, emanados de MIDEPLAN para la programación institucional estratégica y el seguimiento y evaluación. Las áreas administrativa, técnica y de seguridad no se encuentran integradas, por lo que por ejemplo, en Reforma al igual que en lo señalado en nuestro procesos de investigación y análisis a nivel institucional, encontramos un total divorcio y desconocimiento de los tiempos, procedimientos, evaluaciones, etc. que la administración pública exige para poder efectivamente contar con una perspectiva estratégica de la planificación institucional.

Nuestra Institución como institución regida por derechos humanos, tiene como principio el trato individualizado de las personas que son sujetas a su intervención. Se han definido tres momentos o procesos: ingreso, acompañamiento y egreso, lo que viene a garantizar no solo que a esa persona se le brindará la atención de acuerdo con sus necesidades sino que se tratará de minimizar los factores de riesgo (vida, salud, etc.). Por lo que ante la realidad de pérdida de control del Sistema, no se encuentra esta ni de las otras dos, incluidas en la planificación institucional.

Nos encontramos con una ausencia de estrategias de desarrollo institucionales que se deben establecer según lo dispuesto, por ejemplo, en el Plan de Desarrollo Nacional y en la normativa internacional de derechos humanos: Trabajo, educación, salud, familia, seguridad, recreación, claramente planificadas a corto, mediano y largo plazo.

Siendo ésta una de las razones que explican que en este momento no conocemos sobre las necesidades en estas materias de la población penitenciaria o del personal penitenciario que puedan esclarecer por donde se tienen que encaminar los recursos existentes y lo que nos vaya a ingresar.

Ante la ineficiencia administrativa-planificadora con visión estratégica, hayamos la inexistencia de espacios para la atención de la población, para la capacitación, para el análisis y la discusión de la casuística, como ejemplo.

La capacitación y formación del personal fue dramáticamente abandonada por lo que encontramos personal desactualizado, dirigiendo centros y estructuras organizativas de la estructura institucional sin la actualización de conocimientos o sin la menor idea del para qué y por qué de su trabajo.

La estructura técnica ha sido prácticamente invisibilizada por la administrativa y de seguridad, encontrándonos hoy que ésta ha sido y continúa siéndolo incapaz de estructurar un estrategia de organización técnica que responda a las necesidades actuales y exija el resguardo de su personal, y por el contrario facilita la sustracción de personal técnico calificado de su estructura organizativa, como lo fue el DIE, estructura vital para la sistematización y producción de conocimientos, que por cierto, al ser una estructura legalmente establecida, por su significancia política, técnica y administrativa, desde hace cuatro años no se ha incluido en los planes operativos institucionales.

En cuanto a Seguridad, nos encontramos con el desconocimiento de la función específica que tiene este cuerpo en un sistema penitenciario, por lo que se crean grupos especializados, carentes de respaldo legal, que es evidente su inoperancia e ineficacia, pues consideramos que la razón de existir de la misma ha sido abandonada. En este tema, si se asumiera como objetivo de desarrollo y no como organismo de control meramente policial, estaríamos solicitando urgentemente el soporte del ILANUD y sus contactos con especialistas en la materia, en donde se indica que nuestra seguridad debe de ser dinámica y no estática como se ha tratado de establecer institucionalmente.

La creación de estructuras paralelas o que asumen funciones de otras instancias y los nombramientos y movimientos de personal de diversas instancias, ha sido la tónica de la presente administración, sin que se logre encontrar plan justificador para tales acciones, que provocan incertidumbre y confusión en los sectores humanos que formamos la comunidad penitenciaria.

3- La Gestión de gobierno y la gobernabilidad de la gestión, unida a la visión estratégica del presupuesto, ha sido y seguirá siendo uno de los mayores escollos que se nos han presentado. La ausencia de claridad programática del gobierno, en nuestro caso de nuestra participación en el Sector Seguridad, donde no se logra visibilizar su actuación, el fallido Plan de Seguridad Ciudadana, la incapacidad de incidir en la elaboración de una política penitenciaria, la creación de la Ley de ejecución administrativa de la pena y de tomar la iniciativa como Subsistema para organizar y consolidar al Sistema de Justicia, demuestran que nuestros actuales jerarcas son incapaces de gestar el sistema Penitenciario.

La Comisión Interventora

Estos hallazgos nos permiten identificar la urgencia de intervenir, de manera organizada a nuestra institución, pues en estos momentos no es garantía de eficiencia, eficacia, y razonabilidad de la gestión pública institucional.

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, ANEP, se complace en invitar a los diferentes equipos de fútbol de los sectores público y privado, a participar en la Copa Rotativa de Fútbol ANEP Siglo XXI, en su Primera Edición.

Se está convocando a una reunión el próximo jueves12 de enero, en las instalaciones de nuestro Sindicato, ubicado en Barrio México, calle 20 norte, frente a Coopeservidores. 300 metros norte del Hospital Nacional de Niños.

El valor de la inscripción para el torneo es de 100 mil colones.

Para mayor información comunicarse con:

– Luis Martínez Rivera, teléfono: 8784-7595 – Dennis González González, teléfono: 8871-1949 – o al correo electrónico futbolanep@anep.or.cr

Totalmente desafortunadas, imprudentes, provocadoras e irresponsables son las declaraciones periodísticas del señor Ministro de Hacienda, Dr. Fernando Herrero Acosta, acerca de que, ante el eventual fracaso del paquete fiscal actualmente en trámite parlamentario y cuestionado en la Sala IV, se analizan ya recortes en ámbitos de la política pública tan estratégicos y sensibles como la Educación, la Salud y la Educación. Rechazamos, enfáticamente, esta perversa intención.

Tales declaraciones suenan a chantaje político para que, por un lado la Sala IV desestime el cuestionamiento que analiza en contra del proyecto del plan fiscal; por otro, para que el parlamento lo apruebe, sin más ni más; y, finalmente, para que en materia de salarios las personas trabajadoras del sector Público acepten, “_resignadamente_” los raquíticos reajustes, con visiones de congelamiento, que se ven venir.

Este anuncio, sin duda alguna, potencia los esfuerzos que se están haciendo en estos momentos hacia una articulación de estrategias de lucha por parte de los sectores sindicales, populares, cívicos y sociales; de manera tal que se materialicen acciones de calle compartidas para demandar, con urgencia, revisiones estratégicas de la actual conducción gubernamental que sigue abriendo espacios a la concentración de la riqueza, al crecimiento de la desigualdad, al aumento de la violencia y de la corrupción; en fin, hacia el despeñadero social que significa abandonar la promoción del bien común como eje central de la política pública.

La fijación fundamentalista por un supuesto déficit fiscal con sesgos de catástrofe total, sigue potenciando esas concepciones neoliberales tan fracasadas ya pero que, en su declive, están arrasando con todo vestigio de política social.

Ante el eventual fracaso de su plan fiscal, el Gobierno de la República debería convocar a un gran diálogo social y político (como lo ha recomendado el proyecto Estado de la Nación), de forma tal que construyamos el plan B en materia tributaria.

Reiteradamente hemos dicho que desde los sectores sindicales y sociales se han venido formulando una amplia gama de opciones para un plan B en tal sentido, de forma tal que, sin nuevos impuestos, el país apunte en la dirección de la progresividad tributarias; empezando por las propuestas tendientes al control de la Evasión, de la Elusión, de las Exoneraciones y de las Exenciones.

Para ello, por ejemplo, se puede contar con los valiosos elementos emitidos por la Contraloría General de la República (CGR), la Universidad Nacional (UNA) y la Universidad de Costa Rica (UCR), cuyo Consejo Universitario fue enfático en que se debe rechazar ese paquete fiscal promovido por el Gobierno con el apoyo de una parte del Partido Acción Ciudadana (PAC).

Poco a poco, este tipo de declaraciones y eventuales decisiones del Gobierno de la Presidenta Chinchilla, potencian el desarrollo de las más óptimas condiciones para la articulación de una agenda de lucha compartida entre los diferentes sectores sociales que, de un modo u otro, nos hemos venido enfrentando a las concepciones neoliberales hasta ahora hegemónicas en nuestra sociedad. Ojalá en próximos días y semanas estemos ya listos para detallar acciones concretas del pueblo en las calles.

El personal del Sistema Penitenciario Nacional no puede continuar siendo objeto del abandono y amenaza contra la vida al que ha venido siendo sometido; tendencia que se continúa perpetuando por la evidente incapacidad directiva política, técnica y administrativa de la Dirección General de Adaptación Social.

La crisis del Sistema Penitenciario Nacional se ha venido denunciando desde hace muchos años atrás, profundizando la ANEP en la misma a partir del año 2006. No obstante, no fuimos escuchados. Por el contrario, a las voces denunciantes se les ha tratado de manera inmisericorde, pretendiéndoseles acallar por medio de las amenazas de despidos y los “_discursos_” de la autoridades a la opinión pública que han tratado de tapar el sol con un dedo; intentando “_disimular_”, “_disfrazar_”, la realidad que viven cientos de costarricenses relacionados, directo o indirectamente con el Sistema Penitenciario Nacional: población, personal, familiares de ambos sectores, comunidades y el país mismo.

Adjuntamos, igualmente, las denuncias de tres de las direcciones de ámbito en la Reforma de finales del año pasado que evidencia, una vez más y de manera categórica, como preaviso de los últimos acontecimientos, la inexistencia de un Plan de “_intervención_” a la Reforma.

No se han querido brindar a la ANEP, hasta la fecha, las actas de las reuniones de la “_comisión interventora_”, amén de otra información que tampoco se nos desea proporcionar: planificación, administración de los fondos públicos, planes de emergencia, planes técnicos, proyecto del BID, estudios técnicos sobre requerimiento de infraestructura, etc., etc.; consolidando un patrón nefasto de opacidad en la gestión pública de la Dirección General de Adaptación Social.

No es solo dinero lo que nos hace falta para iniciar el camino a la reconstrucción del Sistema Penitenciario Nacional, es capacidad de gestar a la institución penitenciaria técnica, administrativa y políticamente; eficientar el manejo de los recursos y estructurar a la institución para que logre técnicamente el impulso de los objetivos estratégicos de desarrollo humano e institucional que el mismo Estado obliga a través de los planes de desarrollo.

La Dirección General de Adaptación Social no se ha preocupado por formar a su personal directivo y de base de acuerdo con las tendencias actuales que les brinde los conocimientos e instrumentos necesarios para poder enfrentar la realidad criminal actual.

La crisis penitenciaria deja en evidencia problemas de conducción jerárquico-política que no hace una vinculación armónica con sentido estratégico entre conocimientos profesionales, acumulación de experiencia técnica y carencias de gestión gerencial administrativa que llevan a concepciones tecnocráticas que impiden una visión de amplia cobertura para enfrentar esa crisis que inhabilita para entender la naturaleza actual del desafío del quehacer sustantivo penitenciario.

Nuestra organización ha estado presentando propuestas ante las autoridades y continuaremos haciéndolo, es necesario no darse por vencidos. Nuestra institucionalidad democrática está en claro peligro. La gravedad de la imposibilidad de las actuales jerarquías de enfrentar y proponer vías de solución democrática y de defensa de derechos humanos a la crisis penitenciaria, exige la pronta intervención de la Institución Penitenciaria y su declaratoria de Emergencia Nacional, a la que se han opuesto de manera irresponsable desde el inicios de la presente administración.

ANEP le planteó primero que nadie al país, que el Sistema Penitenciario Nacional sufre una profunda crisis. Nadie quiso atender nuestros llamados de alerta en su momento. Ahora, todo el mundo habla de ello y asi lo acepta: el Sistema Penitenciario Nacional está en crisis.

Ante los nuevos episodios de la misma ocurridos en los últimos días en el CAI-La Reforma, compartimos con quienes nos hagan el honor de leernos, nuestra posición oficial al respecto que de seguido expresamos.

ANEP hace el más vehemente llamado a la población trabajadora del Sistema Penitenciario Nacional, a su personal profesional, técnico, administrativo, operativo y de seguridad para que nos movilicemos como nunca antes, en demanda de una intervención política del Sistema Penitenciario Nacional para abordar, integralmente, la crisis que vive.

Prácticamente, y las dolorosas muertes de trabajadores de la Policía Penitenciaria así lo atestigua, está establecido que quien ingresa por la mañana a la cárcel para laborar como servidor público, no sabe si llegará a su casa al final del día. Particularmente, el policía penitenciario que ingresa un lunes a laborar en horario de 7 × 7, no sabe si volverá a ver a su familia el lunes siguiente cuando debe volver a su hogar.

También hacemos un llamado a las personas familiares de los privados de libertad para que se unan a una cruzada por la vida, por los derechos humanos y contra un baño de sangre incontrolable en las cárceles costarricenses.

Reciban los compañeros policías penitenciarios de La Reforma, heridos en el más reciente incidente de sangre en esta crisis, la total solidaridad de la ANEP, rogándole a Dios, Nuestro Señor, su inmediata recuperación.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP)

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Diario Extra – miércoles 4 de enero de 2012

• Motines y desórdenes se vienen encima

SISTEMA PENITENCIARIO TOCÓ FONDO
Alejandra Portuguez Morales
aportuguez@diarioextra.com

“_El sistema penitenciario tocó fondo_”, así se refirió el ministro de Justicia, Hernando París, en una conferencia en la que destacó que desde el pasado 11 de mayo La Reforma en Alajuela se ha convertido en un verdadero calvario, primero, un intento de fuga que cobró la vida de dos reos y un custodio; seguidamente se desataron las supuestas agresiones por parte de los custodios contra los reclusos, luego fallece “_El rey de las fugas_”, Johel Araya, a consecuencia de una golpiza, iniciando este año mueren dos reos y ayer el privado de libertad Rigoberto Matarrita Villalta hirió al Jefe de Seguridad con una arma hechiza.

Sin embargo, las autoridades afirman que las cosas pueden empeorar y que la situación es “_una bomba de tiempo_”. Todo esto se debe a problemas económicos, ya que el Ministerio de Hacienda no aprobó un presupuesto de ¢3.850 millones, lo cual iba a permitir mejorar la seguridad y ¢10 mil millones para la creación de infraestructura, que vendría a reducir la sobrepoblación de ámbitos, tal es el caso del “B”, que mantiene 700 reclusos más. Asimismo, Hernando París destacó que por cada 10 reos hay un penitenciario vigilándolos, lo cual se expone a perder el control y por ende el año pasado solicitaron la contratación 350 plazas, no obstante no fue concedida a raíz de la situación fiscal que enfrentaba el país. Para este año se pidieron 150. Acotó que al centro penal no se le hacían cambios desde hace veinte años y recientemente se utilizó lo único que quedaba de los ¢4.500 millones para la construcción de más de mil espacios carcelarios y ¢2 mil millones para módulos de las cárceles de Pérez Zeledón y Limón.

“_El próximo 25 de febrero la Comisión Fiscalizadora nos presentará las recomendaciones, pero el sistema penitenciario es vulnerable, es una bomba de tiempo que descansa sobre los hombros de más de 6 mil funcionarios que trabajan sobre un sistema que en los últimos 20 años no se hizo inversión. Las 500 plazas son necesarias para sobrevivir a un incremento carcelario y de criminalidad_”, destacó.

Además, le piden a los diputados la aprobación de un préstamo al Banco Interamericano de Desarrollo de $132 millones, es decir cerca de ¢632 millones. Sin estos recursos económicos la situación del país en materia de cárceles puede empeorar, y no existe forma de descongestionar las prisiones.

PIDIÓ PSICOLOGÍA Y ATACÓ A 4 CUSTODIOS

Eugenio Polanco, director de Adaptación Social, explicó que Matarrita, reo de Máxima Seguridad del Ámbito E, quien cumple una condena de 48 años por homicidio, aprovechó el momento en el que lo llevaban para que recibiera atención psicológica y agredió a 3 custodios. El jefe de Seguridad, de apellido Mora, también resultó herido con un arma punzocortante. La situación fue controlada reduciendo al rebelde a la impotencia y dichosamente los penitenciarios no fueron heridos de gravedad y fueron atendidos en la clínica de la institución.