Este proyecto, aprobado en primer debate la semana pasada en una comisión plena de la Asamblea Legislativa (integrada por solo 19 diputados) otorga a las trasnacionales farmacéuticas y de agroquímicos una serie de privilegios que exceden por mucho los contenidos del TLC y afectan de forma directa el derecho de la población al acceso a las medicinas y a la biodiversidad.
En la consulta presentada se denuncia que el trámite seguido para su aprobación estuvo plagado de irregularidades. En su carrera desenfrenada por aprobarlo “a golpe de tambor”, los diputados del G-38 cometieron una serie de errores de suma gravedad. Errores que vician de inconstitucionalidad todo el procedimiento.
Entre los principales destaca que el expediente fue enviado a una comisión plena, a pesar de que crea y modifica tributos, una de las materias que según artículo 124 de la Constitución no se puede delegar a este tipo de comisiones. Este error fue advertido por la Procuraduría General de la República y el Departamento de Servicios Técnicos, pero tales advertencias fueron ignoradas por la mayoría mecánica pro TLC.
Y eso no es todo. La misma Sala Constitucional ya se ha pronunciado sobre el tema. En 1995, la Sala declaró con lugar una acción de la trasnacional estadounidense Monsanto contra los artículos de la Ley de Patentes relacionados con las tasas que cobra el Registro por inscribir patentes. En su voto, la Sala consideró que estas tasas eran un tipo de tributo y eliminó las normas impugnadas.
Pues esas mismas tasas son las que se introdujeron en el proyecto aprobado en una comisión plena, a pesar de que, como dijo la Sala, son materia tributaria. Por esa razón el proyecto no se podía delegar. Debió tramitarse en el Plenario, donde todos los diputados y diputadas pueden participar. De manera que todo el trámite seguido por la comisión es inconstitucional. Vemos entonces que la decisión de hace unos años que benefició a Monsanto, hoy se vuelve contra sus intereses, pues no existe motivo alguno para que la Sala Constitucional cambie su criterio…
Lunes 11 de febrero de 2008, 4:00 p.m. Frente a la Asamblea Legislativa
Vestidos de blanco. Por la PAZ contra la violencia. Llevar signos de PAZ. Contra la militarización de las fuerzas policiales. __________________________________________________________ Bájate el afiche, imprímelo y pégalo en lugar visible. __________________________________________________________
Video de la agresión policial el martes 5 de febrero en la Asamblea Legislativa. En el se puede apreciar como el policía se le acerca y empuja al joven para luego agredirlo con su bastón policial. El entrenamiento militar puesto en práctica y, por si acaso, chaleco antibalas para protegerse de las palabras. __________________________________________________________
Mensaje de Eugenio Trejos Benavides _____________________________________
Debemos mantenernos unidos, debemos protestar contra la violencia
Del Ciudadano Eugenio Trejos Benavides, a los Comités Patrióticos, al pueblo costarricense
Compatriotas:
1. El día de ayer, cinco de febrero del 2008, un grupo de ciudadanas y ciudadanos costarricenses, en ejercicio legítimo de sus derechos civiles y políticos caminaba hacia la Corte Suprema de Justicia, a entregar una acusación por Prevaricato contra los miembros del Tribunal Supremo de Elecciones.
2. Cerca del mediodía, cuando iban pasando por el bulevar de la Asamblea Legislativa se encontraron con un nutrido grupo de policías…
3. En ese momento, varios de los y las participantes en la marcha hacia la Corte Suprema fueron vapuleados, arrestados y heridos por la Fuerza Pública,
4. De los anteriores hechos hay una cantidad significativa de personas, algunas participantes de la manifestación, otras funcionarias legislativas- que están brindado su generoso testimonio.
Ante la gravedad de lo ocurrido:
A. Manifiesto mi repudio ante esta represión policial, desproporcionada e injustificada, contra un grupo de personas cuyo único delito es amar a Costa Rica y defender los verdaderos y profundos valores de nuestra Democracia.
B. Pido con respeto pero con firmeza que el Gobierno de la República y el Ministerio de Seguridad Pública, vuelvan a las vías del diálogo, del respeto a la persona, aún a quienes disienten de las posiciones oficiales, de la búsqueda de soluciones civilistas y pacíficas para resolver los conflictos con la ciudadanía.
C. Expreso mi honda preocupación de que lo ocurrido sea un síntoma más de la intolerancia, prepotencia, sordera ante el clamor ciudadano e irrespeto la legalidad que han caracterizado a este Gobierno.
D. Me uno al llamado que diversas organizaciones sociales están haciendo a los sectores productivos, culturales, religiosos, políticos, académicos, sindicales; a las mujeres y hombres que aman este país, a que nos mantengamos unidos, en alerta y movilizados frente a la violencia ideológica y física con la que quienes ejercen el poder pretenden acallarnos.
E. Frente a la violencia institucional y mediática, fortalezcamos nuestras organizaciones con acciones de resistencia no- violenta, de desobediencia civil, de denuncia permanente de los abusos, de defensa y protección de los derechos humanos, culturales, económicos y políticos conquistados por el pueblo costarricense y hoy amenazados y restringidos por quienes defienden su “libre comercio” y su “agenda de implementación“, a costa de la entrega del país y de sus instituciones.
Apoyemos, especialmente, las iniciativas a las que en los próximos días nos van a convocar las organizaciones patrióticas, orientadas a que manifestemos nuestra oposición y resistencia a la privatizante apertura de las telecomunicaciones.
Fraternalmente,
Eugenio Trejos Benavides Miembro del Comité Patriótico de Barrio Fátima de Heredia.
Sr. Fernando Berrocal MINISTRO DE SEGURIDAD PÚBLICA S.O.
Señor Ministro:
Por este medio le manifiesto la más enérgica protesta por los brutales actos de represión contra ciudadanas y ciudadanos costarricenses que efectivos de la fuerza pública protagonizaron en la mañana del día de hoy en las afueras de la Asamblea Legislativa.
Un grupo de personas que se manifestaban pacíficamente y sin armas en contra de proyectos de ley que se discuten en el Parlamento fueron golpeados de forma injustificada, desproporcionada y salvaje por policías uniformados.
El joven Evans Marín Mora, cédula de identidad 1-890-090, sufrió la agresión de uno de estos funcionarios públicos, quién lo golpeó con una macana en la boca y lo tumbó al suelo. El golpe propinado por el policía agresor fue de tal magnitud que le rompió la boca y una parte de un diente a esta persona. Al punto de que requirió de atención médica y la aplicación de una sutura de once puntos.
Más de diez personas plenamente identificadas con nombre, apellidos y número de cédula, incluyendo funcionarios de la Asamblea Legislativa, figuran como testigos presenciales de este hecho. Ellas pueden dar fe de que el ciudadano atacado se encontraba grabando la manifestación con una cámara de video y no incurrió en ninguna conducta que justificara la violenta reacción policial.
Aunque el agresor se negó a identificarse, fue fotografiado por varias de las personas presentes. Se adjunta copia de esas fotografías.
Un segundo ciudadano, Luis Fernando Traña Castillo, cédula de identidad 1-472-456, fue agredido con macanas por otros dos policías cuando intentó proteger al joven agredido. El señor Traña recibió un golpe en el lado izquierdo de la cabeza que le produjo un abundante sangrado. A pesar de esta situación y de que la persona agredida se encontraba imposibilitada para defenderse, los policías continuaron golpeándolo en el suelo hasta que un taxista intervino en su defensa. Don Luis Fernando tuvo que ser trasladado al hospital donde se le aplicó una sutura de cuatro puntos en la cabeza.
Otra persona que había participado en la manifestación pacífica, José Luis Bertone Castelli, cédula de identidad 8-054-884, fue agredida por efectivos de la fuerza pública cuando se disponía a comprar una botella de agua en una soda cercana a la Asamblea Legislativa. En este caso los agresores lo atacaron por la espalda, lo tiraron al suelo, lo esposaron y lo subieron en un vehículo policial. En ningún momento le informaron cual era el motivo de la detención.
Como agravante de esta situación, el señor Bertone no fue trasladado a dependencia policial alguna como corresponde. Por el contrario, en un ejercicio totalmente abusivo de sus potestades, los efectivos policiales se lo llevaron en el vehículo policial y lo abandonaron en las inmediaciones de Sagrada Familia.
Si la fuerza pública estimaba que el ciudadano detenido había cometido algún tipo de “falta”, debía llevársele al centro de detención policial más cercano para aplicar los procedimientos de ley y permitirle el ejercicio de sus derechos constitucionales. No dejarlo perdido en un lugar desconocido para esa persona, donde incluso podrían correr peligro su vida o su integridad física. ¿Qué clase de práctica es esta señor Ministro? ¿Estamos acaso frente a una nueva forma de privación ilegal de libertad ideada para intimidar a la población que protesta contra las políticas gubernamentales?
También sufrió las consecuencias de la desmedida violencia policial la ciudadana no vidente Kattia Castro, a quién maltrataron físicamente y le rompieron el bastón que utilizaba para movilizarse.
Los hechos descritos son sumamente graves. No son las actuaciones de la policía civilista propia de un Estado democrático. Se trata más bien del modus operandi de gobiernos totalitarios al mejor estilo de las peores dictaduras militares.
El matonismo y la violencia policial que presenciamos el día de hoy en la Asamblea Legislativa no tiene nada que ver con mantener el orden o aplicar la ley. Nada de premio de Nobel de la Paz. Se trata de represión brutal contra el pueblo.
Señor Ministro, como jerarca de los funcionarios públicos involucrados, usted es responsable de sus actuaciones y debe responder por ellas.
En este sentido, le insto a iniciar de forma inmediata una investigación exhaustiva sobre los hechos denunciados, a fin de sentar las responsabilidades administrativas y penales del caso.
Asimismo y de conformidad con los artículos 27 y 30 de la Constitución Política, 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional y 111 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, le solicito me informe sobre el estado y los resultados de dicha investigación y se sirva dar respuesta a las siguientes consultas sobre asuntos de interés público:
1. ¿Estos actos cometidos por funcionarios bajo su cargo forman parte de la “política de seguridad” de la Administración Arias Sánchez? ¿Es esa lo forma en que el Gobierno tratará a las personas que se oponen a sus políticas?
2. ¿Quiénes eran los funcionarios al mando de los efectivos policiales que participaron en los hechos denunciados? Favor indicar nombre completo, número de cédula y cargo que ocupan.
3. Además, sírvase indicar el nombre completo, el número de cédula y el cargo que ocupa el funcionario que aparece en la fotografía adjunta.
Atentamente,
JOSÉ MERINODEL RÍO DIPUTADO -Dentro de pocas horas se presentará la denuncia ante la fiscalía.
Con toda vehemencia y con profunda indignación, expresamos nuestra más enérgica condena a la agresión policial de que fueron víctimas los y las costarricenses patriotas que ayer, martes 5 de febrero, pacíficamente se manifestaban en las afueras de la Asamblea Legislativa, contra la agenda de implementación del TLC.
Francisco Antonio Pacheco, Presidente del parlamento, es el responsable directo y autor intelectual de esta agresión; sin dejar de señalar nuestro dedo acusador, por supuesto, a las autoridades políticas superiores a la de él: los hermanos Arias Sánchez.
Expresamos nuestro sentimiento de solidaridad con los patriotas Fernando Traña, Evans Marín y José Luis Bertone; igualmente, para con una de las mujeres costarricenses más digna de hoy en día, Kattia Castro.
Exigimos, vehementemente, al señor Ministro de Gobernación y Policía y de Seguridad Pública, Lic. Fernando Berrocal Soto, que ordene una investigación profunda y rápida para señalar a los actores materiales directos de esta salvaje agresión. En ANEP conocemos de las grandes preocupaciones de este jerarca por desterrar de su ministerio los matonismos policiales, por tanto, no puede permitir que su gestión quede manchada de sangre y que esta agresión quede impune.
Hemos sido informados de la promoción de una iniciativa cívica para un gran acto de protesta y de solidaridad con las personas agredidas; que se estará realizando este lunes 11 de febrero, a partir de las 4 de la tarde, en las afueras del parlamento. Desde ya nos adherimos a él y llamamos a todas nuestras bases y a toda nuestra membresía a sumarse a este gran acto cívico de desagravio a los patriotas mencionados; y, a la vez, de repudio a las figuras más execrables de este régimen.
Imágenes de agresión policial en ARCHIVOS ADJUNTOS ___________________________________________________________
La mañana de este martes 5 de febrero una gran cantidad de ciudadanos y ciudadanas se presentaron frente al Tribunal Supremo de Elecciones para hacer del conocimiento público la denuncia penal puesta minutos antes en la Corte Plena.
La denuncia se basa en la actitud de los Magistrados del TSE con respecto a la convocatoria de referéndum sobre las leyes de UPOV que se discuten en este momento en la Asamblea Legislativa y que son parte de la Agenda de Implementación del TLC con Estados Unidos.
Oscar Campos, Célimo Guido y José Miguel Corrales, son algunos de los ciudadanos que redactaron la denuncia, que es parte de las acciones que los movimientos anti-TLC siguen haciendo para defender la institucionalidad y el estado de derecho en Costa Rica.
Veamos las declaraciones del señor Corrales del por qué se presentó esta denuncia contra los tres magistrados.
Además de las actuaciones de los jefes del TSE en relación con el posible referéndum de UPOV, sientan como precedente en la denuncia, las acciones parcializadas de estos magistrados durante todo el proceso de voto popular del TLC, el compadrazgo con el Gobierno de los Arias y las resoluciones ad portas contra las denuncias presentadas por la ciudadanía entera.
En la actividad frente al Tribunal se recogieron firmas para acompañar la denuncia, además de firmas para la convocatoria a referéndum para las leyes UPOV. Además se planean diversas convocatorias para seguir ejerciendo presión a los poderes “secuestrados” por Oscar Arias y los suyos.
Agresión militar Luego de realizado el acto frente al Tribunal Supremo de Elecciones, los manifestantes se dirigieron hacia el bulevar de la Asamblea Legislativa para protestar contra los diputados y diputadas que tramitan la Agenda de Implementación.
Muchos se sentaron en el suelo mientras cantaban consignas y entoban el himno a Juanito Mora Porras, cuando ingresó el cuerpo militar de antimotines y empezaron a empujar con sus bastones y escudos a quienes se sentaron en el suelo.
Esta acción militar provocó la protesta de todos quienes se encontraban en el bulevar, a lo que fue respondido con golpes. Heridos y sangre fue el resultado de la acción militar.
Tal parece que el “régimen de los Arias” entra en desesperación y empiezan a utilizar la fuerza militar para dispersar las protestas pacíficas de la ciudadanía.
___________________________________________________________ Comunicado sobre la denuncia Prevaricato
¡OTRAVEZ EL TRIBUNAL!
El TSE, con una resolución aberrante, vuelve a sacar la bola del estadio.
El Tribunal nuevamente se burla de los electores mediante una resolución que cambió el artículo 11 de la Ley Reguladora del Referéndum.
Durante el proceso del referéndum del TLC, la ciudadanía pudo comprobar el desamparo por la falta de arbitrio que hizo el Tribunal Supremo de Elecciones:
1- Primero autorizó la recolección de firmas para el referéndum ciudadano y luego, producto de las maniobras del Poder Ejecutivo, se desdijo.
2- Desaplicó el Código Electoral para permitirle al Gobierno la participación, la propaganda y violación de la tregua con la complacencia del TSE.
3- Violentó el art. 95 inc.3 de la Constitución Política donde se garantiza la imparcialidad por parte de las autoridades gubernativas.
4- Autorizó al Poder Ejecutivo a violentar el voto de la Sala IV # 8867-02 “…Ante un referéndum, las autoridades constituidas deben ceder el paso, hacerse a un lado, dejar que el pueblo decida y aceptar su decisión. La garantía de imparcialidad por parte de las autoridades gubernativas es fundamental…”
5- Autorizó la violación de la tregua y cuando se demandó rechazó ad -Portas los reclamos ciudadanos.
Con árbitro así no se puede ir a ningún otro proceso eleccionario.
Los electores costarricenses merecemos volver a tener garantías electorales.
Hoy el tribunal con sus resoluciones para el referéndum de la Ley y el Convenio UPOV vuelve a pisotear sus propias leyes electorales, vean y juzguen ustedes costarricenses.
Artículo 11 de la ley de referéndum
“ (…) Cuando se haya reunido satisfactoriamente un número de firmas equivalente al menos a un cinco por ciento (5%) de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral, se tendrá por convocado el referéndum. El TSE hará la convocatoria oficial del referéndum comunicándolo así en la Gaceta, dentro de los siete días hábiles siguientes, y procederá a la organización y demás actos administrativos necesarios para organizar la consulta, la cual deberá efectuarse dentro de los tres meses siguientes la publicación del aviso (…)”
Sin embargo, los magistrados en la resolución # 3521 -E2007 de lecha 21 de diciembre 2007, haciendo una vez más el juego contra los electores y a favor del poder transnacional, autorizan la convocatoria hasta el 7 de julio 2008 y el referéndum hasta el 7 de octubre del mismo año, cuando todo esté consumado.
Esta interpretación contraria a la ley y una vez más complaciente con el Poder Ejecutivo, las transnacionales y los bufetes relacionados, burlan la ley y los derechos electorales de los costarricenses, en nuestro criterio en un presunto delito de prevaricato de la Magistrada y Magistrados de este Tribunal.
En defensa de nuestros derechos electorales, del respeto a la ley y al Estado de Derecho, los costarricenses presentes hoy, hemos acudido ante la Corte Plena a denunciar el presunto delito de prevaricato y a solicitar justicia electoral.
El camino de reparo a este profundo daño a la democracia y a nuestro querido Tribunal Supremo de Elecciones es la RENUNCIA de los Magistrados y la Magistrada.
San José, 5 de febrero de 2008
_______________________________________________________________ “En cuanto alguien comprende que obedecer leyes injustas es contrario a la dignidad de ser humano, ninguna tiranía puede dominarle”
Las heredianas y heredianos de corazón, ciudadanía preocupada por los recientes acontecimientos políticos del país, ante el pueblo de Costa Rica manifestamos:
1. En los últimos años la independencia 1. del criterio de la Sala Constitucional ha sufrido la inaceptable injerencia de grupos de poder político, que sin pudor han ejercido presiones para propiciar sentencias a su favor en irrespeto al pueblo y burla de las instituciones democráticas.
2. Hoy la Sala IV enfrenta un caso del más alto interés público, que atañe a un familiar de los hermanos Arias Sánchez. El Diputado Fernando Sánchez Campos pretende que el tribunal constitucional declare inconstitucionales varios artículos de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito, que condujeron a la Procuraduría de la Ética a recomendar la cancelación de las credenciales del diputado.
3. En el año 2004 la Sala declaró que la Ley contra la Corrupción no contenía roce alguno con la Constitución Política.
4. Dicha Ley se aprobó con el decidido apoyo del PLN y el PUSC- cuyos diputados hoy acompañan a Fernando Sánchez en complicidad ante la Sala IV (exp.07-015484- 0007-CO), evidenciando cómo esa clase política maneja un doble discurso que acomoda de acuerdo a sus muy particulares intereses.
5. La acción de inconstitucionalidad presentada bajo la dirección del Asesor Jurídico de la Presidencia de la República, busca adecuar las leyes, la Constitución y el criterio de los Magistrados a los intereses personales de quien con su actuar -a través del nefasto Memorando del Miedo Casas-Sánchez-, perjudicó el correcto desenvolvimiento del referendo y deslegitimó al propio Tribunal Supremo de Elecciones. De ser ciertas, condenamos de igual forma, las acciones de cabildeo que se dice han sido emprendidas desde el Ministerio de la Presidencia por medio de un Asesor Político.
Es por ello que en defensa de nuestra democracia centenaria:
1. Exigimos transparencia de la Sala IV, en aras de recuperar nuestra confianza en la institucionalidad jurídica del país y rescatar la dignidad de quienes administran la Justicia.
2. Demandamos una sentencia objetiva y con la rapidezque el caso requiere, que responda a la garantíaefectiva de defensa y ejercicio de los elevados valoresque han inspirado nuestra Constitución y las leyes.
3. Consideramos que los Magistrados Luis Paulino Mora, Adrián Vargas, Ernesto Jinesta y Luis Fernando Solano, que tienen vínculos de consanguinidad, afinidad, historia laboral en común con el presidente Arias, o familiares nombrados en puestos de confianza del Ejecutivo y del servicio exterior*, deben por imperativo moral y ético, inhibirse de conocer sobre este caso.
4. Exigimos que se apliquen con todo rigor las normas que la sociedad costarricense ha impulsado para detener el acelerado avance de la corrupción.
5. Llamamos a nuestro pueblo, a sus instituciones, a los Comités Patrióticos y a los medios de comunicación nacional a mantener viva la llama de la defensa de la Patria, en favor de nuestro modelo de desarrollo social y contra la corrupción.
Comité Patriótico de Barba Comité Patriótico de Heredia Centro Comité Cívico Domingueño Mov. Patriótico Félix Arcadio Montero Comité Patriótico de La Aurora Comité Patriótico de Belén Comité Patriótico de Fátima Comité Patriótico de Mercedes Comité Patriótico de Sarapiquí Comité Patriótico de San Pablo Comité Patriótico de San Luis de Santo Domingo Comité Patriótico de San Rafael
Lo que ya era un “secreto” a voces, se confirmó como una realidad de fracaso para el actual Gobierno de la República y, particularmente, para su cabeza principal, el Presidente Oscar Arias Sánchez: nunca hubo “plazo fatal” para aprobar la agenda de implementación del TLC, lo cual resultó ser una soberana mentira.
Esto significa que con la solicitud de “prórroga” que anunció el primer mandatario que hará, a fin de tener como leyes todos los proyectos de esa agenda, deja completamente en evidencia la naturaleza perversa de una estrategia manipuladora que se le ha venido haciendo a la ciudadanía; estrategia que ha sido apoyada, malsanamente, por diversos medios de comunicación colectiva, de eso que llaman la “gran” prensa.
No hay duda. Estamos frente a un fracaso político del actual Gobierno que, sin duda alguna, perdió un importante monto de credibilidad. Esto complicará en las próximas semanas, la aprobación definitiva de tal agenda y, particularmente, de sus proyectos más sensibles.
Afortunadamente, avanza con mucha seguridad la recomposición estratégica de los sectores sociales y patrióticos del gigantesco movimiento cívico opositor al TLC, en función de la oposición cívica a tal agenda, de modo tal que se avecinan acontecimientos de extraordinaria relevancia y de gran impacto nacional.
Una cosa es el TLC y otra la agenda de implementación. En dos entrevistas en medios de comunicación el ex ministro González refuta la posición del Gobierno actual y dice que si no se ha enviado el TLC a la OEA es porque Arias no quiere.
Licenciado José Merino del Río Diputado Partido Frente Amplio Asamblea Legislativa Su Despacho
Estimado señor diputado Merino:
Con mucho respeto, le expresamos el más atento saludo de nuestra parte.
Sirva este sencillo pero sincero y honesto mensaje de parte de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), como muestra de solidaridad para con su distinguida persona y en su carácter de legislador soberano de la República; ante el injusto, desproporcionado, antidemocrático y totalitario ataque que le hace a usted, el actual Presidente de la República, señor Oscar Arias Sánchez, a raíz de las vibrantes posiciones patrióticas que usted, don José, ha asumido, en defensa de los valores y de las herencias más sensibles a la nacionalidad costarricense; valores y herencias de los cuales reniega el grupo económico dominante cuya gerencia se despliega desde la Casa Presidencial.
Amplísimos sectores del pueblo costarricense, que van desde la comunidad patriótica hasta sectores que incluso adversan la visión de mundo el diputado Merino, sienten por su persona, por su trayectoria, por su ética y decencia políticas, un enorme respeto y admiración; respeto y admiración que en la ANEP compartimos desde que hemos tenido la extraordinaria oportunidad de conocerle y de aquilatar la extraordinaria condición humana que anida en su persona.
Aunque nuestra querida Patria, la Costa Rica que tanto amamos, no tuviera el honor de recibirle en este mundo desde el mismo acto de su nacimiento, usted ha librado batallas y desarrolla luchas cívicas que prolongan en el tiempo las nobles batallas y las extraordinarias luchas de las generaciones anteriores de patriotas que forjaron nuestra particular idiosincrasia como pueblo; idiosincrasia que pese a los embates del desalmado y anticristiano neoliberalismo, perdurará mientras existan ciudadanos de profunda convicción democrática y cívica como José Merino del Río.
Su estatura moral y política le hace inmune a tales desplantes de matonismo político. No se desvele ni un milímetro de su gesta patriótica en el seno parlamentario, a raíz de tales bajezas. Miles y miles de patriotas, mucho más de los que usted se imagina y aunque no sean sus partidarios directos, saben que usted está haciendo lo correcto; algo que la generación cívica que construyó nuestra nacionalidad se lo agradece; algo que la generación cívica presente le agradece y la que vendrá también se lo ha de reconocer.
Reiterándole nuestro mayor respeto y admiración,
Albino Vargas Barrantes Secretario General
Edgar Morales Quesada Secretario General Adjunto
Sr. Oscar Arias Sánchez, Presidente de la República. Lic. Rodrigo Arias Sánchez, Ministro de la Presidencia. Organizaciones del Movimiento Patriótico Nacional. Medios de Comunicación Colectiva. Junta Directiva Nacional de ANEP. Archivo.
Luis Miguel Herrera Castro lherrera@ prensalibre.co.cr Foto: Mariano Ramírez
La gota que derramó el vaso —según confirmaron en el CTP— consistió en una denuncia que presentaron ante la Policía de Tránsito la cual indicaba que una unidad de dicha empresa transitaba sin su derecho de circulación.
Ante tal situación, se plantó un operativo y sorpresivamente se detuvieron tres unidades con el mismo problema: ninguna contaba con su derecho de circulación al día. En ese sentido y extraoficialmente, en la mañana la empresa optó por guardar las unidades restantes y no prestar el servicio.
Tal como explicó Viviana Martín, presidenta del CTP, decidieron iniciar el proceso de cancelación del permiso. Ello no quiere decir que dejarán inmediatamente de prestar el servicio.
En caso de que hoy las unidades de transporte de Quesada Durán no trabajen, de inmediato el CTP buscaría entre las empresas del sector para ofrecerles que se hagan cargo del trasporte, de emergencia.
“Estamos tomando un acuerdo en firme ante esa situación. La empresa no puede dejar por un lado a los usuarios sin el servicio de transporte. Esto es una falta grave y además que no tuvieran los marchamos al día pone en peligro a los usuarios”, argumentó Martín.
LA PRENSALIBRE llamó en varias ocasiones a la empresa encargada de esa ruta, denominada Autotransportes La Paz. Sin embargo, al cierre de edición no contestaban, para escuchar su versión.
Usuarios molestos
Mario Arguedas Porras, usuario de los buses de Quesada Durán, esperaba en la parada final en San José, sobre la avenida segunda. Él se mostró muy molesto y denunció que las fallas en la empresa existen hace meses.
“Los problemas se presentan desde meses atrás, pero hoy fallaron más que nunca. Duran mucho en llegar y los buses son muy viejos. Ya estamos cansados de que los problemas se repitan y esperamos que el MOPT haga algo al respecto”, sentenció Arguedas.
El CTP inició la búsqueda de una nueva empresa que se encargue del servicio, eso sí, siempre con respeto del debido proceso.
San José, 22 de enero del 2007. S.G. 07-09-0257-08
Licenciada Karla González Carvajal Ministra Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) Su Despacho
Estimada señora Ministra:
Me dirijo a su persona como la máxima autoridad del MOPT, esperando que en razón del deber supremo de proteger y tutelar los derechos ciudadanos en materia de transporte remunerado de personas, usted atienda con urgencia nuestra demanda.
No dudo en afirmar que lo manifestado en estas líneas, es el sentimiento de todas las personas que a diario nos vemos en la calamidad, de hacer uso del servicio de transporte que se presta a las comunidades de Barrio Córdoba y Quesada Durán.
Doña Karla, con todo respeto, lo que narro no es una novela mexicana o venezolana, no; es la real pesadilla que a diario padecemos los usuarios y usuarias de ésta línea de transporte.
La angustia inicia desde que se sale de la casa rumbo al trabajo u otros menesteres. La pregunta obligada es: ¿habrá hoy servicio? Luego, si se cumple el objetivo de abordaje del autobús, de seguido viene la siguiente pregunta, que se repite en todo el viaje: ¿llegaré a mi destino, o se quedará varado en esta parada, cuesta o curva? Cuando se logra llegar a destino, luego de largos minutos y hasta horas de espera, realmente hay un alivio, al menos por ese día.
Es común escuchar a los chóferes recomendar a los usuarios y usuarias: no se suban, mejor esperen el otro, no aseguro que lleguemos; demás de verlos en congojas y sufrimientos, intentando prestar el servicio.
Los chequeadores también pueden dar fe de lo aquí dicho. Ante la pregunta de alguna persona por el autobús, casi a diario su respuesta es: se quedó varado, están en el taller, sólo hay un bus, espere una hora, etc.
Esta situación provoca que una y otra vez, muchas personas debamos poner en el trabajo una cara de vergüenza por haber llegado tarde, con una desgracia: nadie cree que una comunidad tenga un servicio de transporte colectivo de personas como el que se presta en estas comunidades.
Por otra parte y como es de su conocimiento, una de las paradas de está línea está al costado norte de la Iglesia “_La Merced_”, compartida con algunas rutas de los Hatillos. Ojalá y no suceda una desgracia, pues para abordar el bus, la mayoría de las veces hay que tirarse a media calle.
Si una desgracia llegare a suceder, no olvide que su Ministerio y Autoridad, por acción u omisión, puede ser señalado como responsable solidario de un lamentable evento.
De conformidad con todo lo apuntado, respetable señora Ministra, con fundamento en el artículo 27 constitucional y el numeral 32 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, le ruego me informe, que medidas de urgencia estará tomando su Misterio y Autoridad, para resolver la demanda que aquí, respetuosa pero vehementemente, dejamos en sus manos.
De la misma manera, solicito se me informe sobre las medidas disciplinarias que se tomarán para sentar responsabilidades sobre los jerarcas del Consejo de Transporte Público, que no han cumplido con su deber de garantizar una servicio público de transporte, decente y satisfactorio.
Sin más por el momento y agradeciendo sus buenos oficios, se suscribe
Edgar Morales Quesada. Secretario General Adjunto Vecino de Quesada Durán
cc.: Asociaciones de Desarrollo Integral Comunidades Quesada Durán y Barrio Córdoba. cc.: Comités Patrióticos de Barrio Córdoba y Quesada Durán. cc.: Vecinos y vecinas comunidades Quesada Durán y Barrio Córdoba. cc.: Doctora Lisbeth Quesada, Defensoría de los Habitantes. cc.: Diputados y diputadas Jefaturas de Fracción Asamblea Legislativa. cc.: Junta Directiva Nacional ANEP. cc.: Archivo.
Más allá de las características personales e histriónicas que el Sr. Chaves Robles suele mostrar cada miércoles, para solaz esparcimiento de su fanaticada; estamos obligados a esforzarnos por auscultar las reales intenciones, ideológico-estratégicas, que mueven su irrupción abrupta en la desprestigiada política costarricense.
“Dios no quiera que llegue el momento en que tengamos que actuar”. Imposible para cualquier persona costarricense de firme convicción democrática, sin importar su ideología político-partidaria, dejar desaparecida esta clarísima amenaza del Rodrigo Chaves Robles de atentar y de desestabilizar el orden constitucional de la República, próximo a cumplir 75 años de su promulgación, el 7 de noviembre de 1949.
Se equivocan si creen que su agenda neoliberal y su estilo autoritario nos representan. ¡Las personas jóvenes NO votamos por el desmantelamiento del Estado Social de Derecho! Ustedes no solo rompen una mesa de negociación; están rompiendo el pacto social que permitía a la hija de una madre soltera, al joven de los territorios indígenas y al estudiante de escasos recursos soñar con una vida digna.
El próximo 7 de Noviembre se cumplirán los 75 años de la promulgación de la Constitución Política de Costa Rica, vigente desde 1949, que integró, entre otros importantes avances, el Voto Femenino, el acceso al agua potable y a un medio ambiente sano y equilibrado, Derecho a la Salud, la Paz Social, la Educación, las Garantías Sociales, la Jornada Laboral de 8 horas,
