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PEGAN BOTELLAZO A EX MINISTRO EN EL CLUB UNIÓN POR EL TLC

Las discusiones sobre el Tratado de Libre Comercio se dan en todos los escenarios, desde los foros organizados, hasta algunos bares que son centro de reunión de dirigentes de los grupos, y ahora también han llegado hasta el lugar emblema del glamour en San José, el Club Unión.
Aunque las reglas son estrictas y van desde no ingresar en jeens, ni tennis, hasta utilizar saco o jacket después de las 6 de la tarde. La conducta de algunos socios dejó mucho que desear hace pocos días, cuando se dio un pleito acalorado, precisamente en torno al tema del momento: el TLC.

Uno de los involucrados fue el ex ministro de Agricultura Rodolfo Coto, quien resultó con una herida en la frente que requirió hacerle siete puntadas para cerrarla, debido al botellezo que recibió de un compañero de la mesa de discusión.

Debido a los acontecimientos, la junta directiva del Club Unión analiza las medidas a tomar en torno a los hechos, al tiempo que hacen un llamado a todo el país para evitar actos de violencia por un tema que lejos de dividir, debería servir para unir.

“SOLO SENTÍ UN GOLPE EN LA FRENTE”

Consultado sobre lo ocurrido, el ex ministro Coto explicó desde su casa de habitación donde se encuentra convaleciente por la herida, que fue algo sencillo, pero que él no se esperaba.

“El jueves pasado un grupo de amigos nos sentamos a conversar, hablábamos del TLC, por supuesto que yo estoy con el Sí. Entre los que estábamos en la mesa estaba este señor Álvaro Madrigal, y después que terminó la cuestión empezó una discusión más fuerte”, recordó don Rodolfo Coto.

“Me insultó y de un momento a otro se incorporó como para agredirme, yo estaba sentado, entonces también me incorporé para defenderme, pero solo sentí un golpe en la frente con una botella de una vez, no me dejó hacer nada”, comentó.

En medio del espectáculo que nadie se esperaba, apareció la figura de la administradora del Club, quien puso orden nuevamente, y el silencio volvió rápidamente, solo quedaron unos murmullos y la sangre en el suelo.
El herido fue atendido rápidamente en el Club mientras el agresor un poco impactado también por lo ocurrido, salió del lugar.

Al día siguiente don Rodolfo fue atendido en la Clínica Jerusalén donde el doctor Javier Bejarano lo atendió y le hicieron siete puntadas en la frente para suturar la herida, que aunque no tan profunda si fue grande.

“Precisamente hoy (ayer) andaba quitándome los puntos, ya no tengo nada”, comentó don Rodolfo, con su habitual amabilidad.

“Yo les dijo a todos los costarricenses que es racional que se discuta. Pero ha habido mucho antecedente, la gente ha ido echando carbón y van creyendo muchas cosas y se toman posiciones muy radicales”, explicó el ex jerarca de Agricultura, quien tras dejar el gobierno se ha dedicado más a su finca, y recientemente está colaborando con los grupos del Sí de Escazú y Coronado.

“NO HA OCURRIDO ALGO ASÍ DESDE HACE 20 AÑOS”

Virginia Lizano, gerente general del Club Unión, explicó que actos como los acaecidos la semana anterior no se dan en ese lugar de reunión, desde hace al menos 20 años, y por el contrario se ha caracterizado por su seriedad.

“No es algo normal, sale de lo acostumbrado, nosotros no queremos referirnos a profundidad, porque el caso está en estudio de la junta directiva, porque este club tiene un reglamento de disciplina y no son permitidos ese tipo de hechos en el Club”, explicó doña Virginia.

El Club Unión tiene 80 años de existencia, y es un lugar reservado para los socios, tanto el ex ministro Coto como el periodista Madrigal son socios del mismo, pero su situación podría cambiar si la directiva considera que lo ocurrido amerita la suspensión de alguno o de ambos.

Entre las medidas que está tomando el Club Unión para evitar que situaciones bochornosas como la del botellazo se repitan, figura el llamar a todos los socios para recalcarles la tranquilidad del lugar, como su principal característica.

“En el país se debe mantener la tranquilidad, no debe ser un tema que divida a los costarricenses, sino de unión, porque todo lo que venga será para bien del país”, explicó doña Virginia.

Intentamos contactar al periodista Álvaro Madrigal, pero en su casa de habitación la esposa nos indicó que él estaba fuera y no tenía celular.

Betania Artavia
bartavia@ diarioextra.com
Fotos Randall Sandoval

Fuente: Diario Extra

CARTA ABIERTA A LA UNIVERSIDAD DE LA PAZ

Desde nuestra larga trayectoria como organizaciones de la sociedad civil defensoras de los derechos humanos en Uruguay, el Cono Sur y América Latina, consideramos que los antecedentes del Sr. Sanguinetti en esta materia son incompatibles con una universidad cuyos programas académicos están comprometidos con el derecho internacional de los derechos humanos y la paz.

El Sr. Sanguinetti no sólo fue una figura política decisiva en las negociaciones que llevaron a la salida de la dictadura cívico-militar en 1984; él fue, sobre todo, el artífice de la política de impunidad para los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, y el garante de su implementación durante los primeros 20 años de democracia, a través de sus dos períodos como presidente de Uruguay. Es por eso que en la comunidad de DDHH uruguaya se ganó el apodo de “campeón de la impunidad”.

He aquí una brevísima reseña histórica de la conducta del Dr. Sanguinetti en esta materia:

Durante las negociaciones entre políticos y militares desarrolladas a lo largo de 1984, Sanguinetti se encargó de asegurarles a los dictadores salientes que él como futuro presidente garantizaría que ninguno de ellos tendría que responder por sus crímenes ante ninguna instancia pública. Eso, a pesar de que en la sociedad uruguaya como en toda la región había un reclamo muy fuerte de Verdad y Justicia; y que en la Concertación Nacional Programática (acuerdo social amplio para el programa de la transición) se aprobó explícitamente el compromiso de investigar y sancionar dichos delitos.

Una vez asumida la Presidencia, Sanguinetti ignoró todos los acuerdos alcanzados en la mencionada Concertación, y durante sus dos primeros años de gobierno buscó por todos los medios asegurarse las mayorías necesarias para aprobar en el Parlamento una ley de impunidad, mientras desde el poder Ejecutivo se protegía a los militares acusados, se obstaculizaba la actuación del poder Judicial, y se alentaba en la ciudadanía un clima de amenaza y temor sobre la posibilidad de un golpe militar en caso de que los militares fueran enjuiciados.

Finalmente, en diciembre de 1986, y un día antes de que los militares acusados tuvieran que declarar ante un juzgado civil, el Parlamento sesionó con carácter urgente para aprobar la ley “de caducidad de la pretensión punitiva del Estado”, que consagraba la impunidad de todos los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. De esta manera el Presidente cumplía el compromiso con los militares que ya había anunciado su ministro de Defensa (el mismo general de la dictadura que había negociado la transición, y que había anunciado que ningún militar concurriría a declarar en un juzgado).

En los dos años siguientes, la sociedad civil organizada a través del movimiento sindical, estudiantil y cooperativo, las organizaciones de derechos humanos y la oposición política, impulsaron una vigorosa campaña para anular la ley de impunidad mediante un referéndum popular. Este amplio y plural movimiento presidido por tres mujeres familiares de víctimas de la dictadura juntó 634.702 firmas (en una población de sólo 3 millones) en menos de dos años para hacer posible el referéndum, creó 350 comités locales en todo el país, y visitó puerta a puerta más de 400.000 hogares. En ese tiempo, el gobierno de Sanguinetti continuó operando por todos los medios para hacer fracasar la iniciativa popular (incluyendo la manipulación escandalosa de la propia Corte Electoral, la mentira y la censura de prensa para desinformar, amedrentar y confundir a la opinión pública).

Paralelamente, la ley de impunidad uruguaya recibió la condena de los principales organismos internacionales de derechos humanos, tanto en el sistema interamericano de la OEA como en el de Naciones Unidas, por su flagrante incompatibilidad con los principios y tratados del derecho internacional de los derechos humanos. El gobierno de Sanguinetti ignoró y descalificó sistemáticamente estos pronunciamientos críticos de la comunidad internacional.

La campaña de desinformación y terror impulsada por Sanguinetti tuvo su fruto en una ciudadanía todavía atemorizada que recién salía de una feroz dictadura, y la ley de impunidad fue ratificada por referéndum en 1989. No obstante, la propia ley de impunidad establecía en su artículo 4 el deber del poder Ejecutivo de investigar el paradero de los detenidos-desaparecidos. En una verdadera burla a esa obligación, Sanguinetti encargó la investigación al fiscal militar José Sambucetti (juez y parte en los delitos a investigar), que por supuesto no arribó a ningún resultado.

Así, durante sus dos períodos de gobierno, Sanguinetti se dedicó a descalificar los reclamos de Verdad impulsados desde los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales; negó la existencia de personas desaparecidas en Uruguay; obstruyó sistemáticamente todos los esfuerzos encaminados ya no a hacer justicia sino a investigar la verdad y el paradero de los detenidos-desaparecidos; jamás respondió ningún planteo de las organizaciones de familiares de las víctimas, ni accedió a sus solicitudes de entrevista.

Así, en 20 años jamás un solo militar tuvo que declarar ante un juzgado en Uruguay, ni siquiera como indagado o testigo, y no se promovió ningún tipo de investigación oficial sobre el período de la dictadura. El principal responsable de esa efectiva política de olvido oficial que buscó impedir la elaboración de la memoria histórica (con gravísimas consecuencias para el conjunto de la sociedad, hasta hoy) fue Julio M. Sanguinetti.

Esta política de impunidad y negación de las violaciones a los derechos humanos tuvo su punto culminante en ‘el caso Gelman’, que trascendió internacionalmente. El mundialmente reconocido poeta argentino Juan Gelman dedicó casi un cuarto de siglo a buscar al bebé nacido en cautiverio de su nuera desaparecida. La joven de 19 años había sido detenida embarazada junto a su esposo en Argentina, en 1976; luego de que éste fuera brutalmente asesinado, la joven fue trasladada clandestinamente a Uruguay junto a un grupo de activistas de nuestro país, gracias a los operativos de coordinación represiva entre las dictaduras del Cono Sur, hoy conocidos como Plan Cóndor. Una vez que la joven dio a luz en Uruguay, fue asesinada y hasta hoy permanece como desaparecida. De su bebé no se supo nada durante 24 años. Juan Gelman obtuvo informaciones extraoficiales de que su nuera había dado a luz en Montevideo, y por eso entre 1998 y 1999 intentó entrevistarse con Sanguinetti para pedirle su colaboración en la búsqueda del bebé. Sanguinetti jamás accedió a esa solicitud, negó conocer cualquier información sobre el hecho, y hasta descalificó a Gelman en una respuesta pública donde afirmaba que los hechos mencionados por el poeta eran falsos y que en Uruguay no se habían producido desapariciones forzadas. Eso provocó que durante todo el año 1999 se desarrollara una campaña internacional en la cual varios premios Nobel y personalidades del mundo de la cultura (entre muchos otros, García Márquez, José Saramago, Gunther Grass, Pérez Esquivel, Susan Sontag, Eduardo Galeano, etc.) escribieron centenares de cartas exigiéndole a Sanguinetti que accediera a la solicitud de Gelman e investigara el paradero de su nieta.

Sanguinetti jamás hizo nada, hasta que al año siguiente, y a pocas semanas de haber dejado la presidencia, la nieta de Gelman fue localizada después de 24 años, y se inició el proceso de restitución de su verdadera identidad. Pero lo más sorprendente fue descubrir que el apropiador de la joven era un amigo personal y hombre de confianza de Sanguinetti, a quien el presidente había puesto como candidato a senador y nombrado jefe de policía del departamento de San José. Quedó así en evidencia que, mientras le negaba a Gelman los hechos que éste denunciaba, y afirmaba no saber nada sobre el paradero de su nieta, Sanguinetti estaba deliberadamente encubriendo a su amigo el apropiador de la joven, y una vez más operando activamente para garantizar el ocultamiento y la impunidad de los responsables de desapariciones, ejecuciones y torturas, a los que defendió y protegió a cualquier precio durante 20 años.

Las organizaciones que, como SERPAJ, durante décadas hemos trabajado por hacer cumplir y respetar el derecho internacional de los derechos humanos en nuestros países, porque estamos convencidas que es condición insoslayable para una verdadera democracia, consideramos que el Sr. Julio Sanguinetti no reúne los requisitos éticos para presidir el Consejo de una universidad cuya finalidad es formar a las generaciones jóvenes para que impregnen las políticas públicas, los Estados nacionales y las relaciones internacionales con los valores de la paz y los derechos humanos.

Esperamos entonces que la UPAZ revisará esta designación y buscará una persona acorde con estos principios para presidir el Consejo.

Montevideo, 24 de agosto de 2007.

Adolfo Pérez Esquivel – Presidente Honorario SERPAJ América Latina
Ana Juanche Molina – Coordinadora Latinoamericana SERPAJ – AL
Guillermo Payssé – Coordinador Nacional – SERPAJ Uruguay

Por Lorna Chacón

En Costa Rica circuló el rumor de que la película estaría siendo censurada por grupos económicos poderosos que favorecen el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, a los cuales no les convendría que el filme fuera difundido de forma masiva.

Sin embargo, Informa-tico.com consultó a las dos distribuidoras de cine en el país Romali y Discine y ambas rechazaron esa versión. Eso sí, confirmaron que el largometraje no está incluido en los próximos estrenos al menos hasta enero del 2008, aunque está disponible en algunos videoclubes del país (ver recuadro “¿Cómo puedo ver la película?”).
George Grant, encargado de mercadeo en Discine, y Gloriana López, representante de la distribuidora Romali , confirmaron por separado a Informa-tico.com que la película no figura entre los estrenos del 2007 y dijeron que al menos hasta enero del 2008 no será exhibida en los cines del país.

Consultado al respecto, el crítico de cine Gabriel González dijo a Informa-tico que efectivamente la película no ha sido mencionada como uno de los próximos estrenos en el país y dijo que es muy difícil de que no sea estrenada por presiones de grupos o personas.

“Yo que conozco bien este medio puedo decirte que estas empresas funcionan por razones estrictamente financieras. Es como una adivinanza errónea pensar que haya una intencionalidad política para que no se vea, porque esto siempre opera en función de la taquilla“, explicó González.

En México sí denuncian censura

“Bordertown” es una película inglesa-estadounidense (Tripictures) del 2007 dirigida por Gregory Nava y rodada en dos idiomas (inglés y español).

En el reparto destacan reconocidos actores como el español Antonio Banderas, los estadounidenses Jennifer López y Martin Sheen, la brasileña Sonia Braga y las mexicanas Kate del Castillo y Maya Zapata, esta última muy conocida en Costa Rica por su participación en la película costarricense “Caribe”, dirigida por Esteban Ramírez.

Precisamente, fue Maya Zapata quien declaró en un cable de la agencia de noticias AP reproducido por “ La Opinión Digital “ que Bordertown está siendo censurada por las autoridades mexicanas.

“La película se va a estrenar en Estados Unidos. Están intentando traerla a México pero la están censurando”, dijo la actriz al periódico mexicano El Universal durante el Festival de Cine de Guadalajara. “La mostraron a las autoridades y no quieren exhibirla, pero debe verse en el país y provocar algo”, agregó.

Según Zapata, la película, que fue estrenada en el Festival de Cine de Berlín, podría estar siendo censurada porque en la trama “se culpa al gobierno, al TLC y a las maquiladoras que se dice están involucradas de una u otra manera en los asesinatos”.

El filme, producido por Jennifer López, ha recibido críticas por la presunta pobre veracidad y calidad de la historia, aunque se reconoce que está basada en un hecho digno de mostrarse.

Ante ello, Zapata asegura que la película “no cayó bien” debido al estrellato de sus protagonistas.

“Jennifer es la estrella de la película y a la gente le parece oportunista. Jamás verán que lo hace con buenos ojos y advertirán segundas intenciones en lo que hace. No creo que sea oportunismo”, afirmó la actriz.

TLC: empleo en maquiladoras y grupos de poder

“Bordertown” aborda el complejo tema de los feminicidios en Ciudad Juárez (Estado de Chihuahua), donde desde 1993 se presentan brutales asesinatos contra mujeres sin que hasta ahora las autoridades hayan podido resolver por qué se producen y quiénes son los responsables.

De acuerdo con cifras oficiales, desde el año 1993 hasta la fecha se han alrededor de 460 crímenes y se registran 600 mujeres desaparecidas, aunque se reconoce que estas cifras son sumamente conservadoras.
Ciudad Juárez se encuentra ubicada en la zona fronteriza entre México y Estados Unidos y es una ciudad con diversos problemas como el narcotráfico, la migración ilegal y la trata de mujeres.

Con la entrada en vigencia del NAFTA, muchas empresas transnacionales, principalmente de capital estadounidense, se instalaron en esa ciudad.

Según el filme, en Ciudad Juárez se produce un televisor cada siete segundos, por lo cual las maquilas operan en turnos las 24 horas, lo que hace que las mujeres trabajadoras deban viajar en autobús a altas horas de la madrugada sin ningún tipo de seguridad, lo que aumenta su riesgo en una ciudad con tanta violencia.

En la cinta, Jennifer López encarna a una reportera de un diario de Chicago quien es enviada a Ciudad Juárez para investigar “uno de los crímenes más horribles, alarmantes y menos denunciados del mundo”, como lo ha calificado la actriz.

Durante su investigación, la periodista conoce los efectos que ha tenido el NAFTA en el desarrollo de la ciudad y descubre los fuertes intereses económicos que están en juego con el TLC, los cuales combinan a poderosas familias locales asociadas con los intereses del capital estadounidense y transnacional.

Son esos intereses los que impiden que la investigación periodística de López sea publicada en el diario de Chicago, al cual llegan “de visita” varios senadores estadounidenses preocupados por los efectos que podría tener la publicación pues, en ese momento, se estaba negociando el TLC entre Estados Unidos y Centroamérica.

Como es de esperarse, el artículo periodístico jamás se imprime.

¿Cómo puedo ver la película?

La película Bordertown (Ciudad del Silencio) se encuentra disponible en varios videoclubes del país.

Curiosamente, no está disponible en los_ “grandes”_ videoclubes como Orion o Videocentro pero sí en los más pequeños, localizados en los barrios o pequeños centros comerciales.

Por ejemplo, en el videoclub “Lomas del Sol” en Curridabat (Teléfono 271-4621) hay varias copias disponibles.

La inscripción al videoclub es gratuita y el alquiler de la película cuesta 800 colones.

Fuente: www.informa-tico.com

No se le puede creer al Gobierno de la República en su llamado a la paz y al respeto en las actuales circunstancias de alta tensión sociopolítica por el asunto del referéndum sobre el TLC, del próximo 7 de octubre; dado que es el mismo Gobierno el que ha provocado el escenario de confrontación en desarrollo por su errático manejo del tema.

Resultan falsas y huecas las apelaciones del Ministro de la Presidencia, Lic. Rodrigo Arias Sánchez, al hacer llamados a la cordura a las partes; cuando su hermano, el propio Presidente de la República, como la cara más visible y el rostro político fundamental del_ “yes”_ al TLC, mantiene una beligerancia proselitista que rebasa ya todas las fronteras éticas, morales y legales; a través de su oferta dispendiosa, irresponsable y manipuladora de fondos públicos y programas sociales, cambio del voto favorable al TLC neoliberal.

Si en verdad se trata de propiciar un clima realmente cívico, de tolerancia y de equidad informativa y propagandística para hacer seguro un ambiente de paz en lo que resta de la campaña del referéndum sobre el TLC; es imprescindible que Oscar Arias Sánchez se retire, inmediatamente, de toda actividad proselitista a favor del “yes” al tratado.

Además, los altos jerarcas gubernamentales deben desistir de acudir al chantaje que han venido implementando con las necesidades de los sectores más pobres de la ciudadanía, renunciando a la agresión psicológica que significa condicionarle a nuestros compatriotas en situación de desventaja socioeconómica, la atención de sus urgencias socioeconómicas a cambio del voto por el “yes” al TLC.

En tal sentido, ANEP avala la propuesta que hace el Movimiento Patriótico No al TLC, a través del Dr. Eugenio Trejos Fonseca, para un “Acuerdo Cívico” de paz y tolerancia en lo que resta de la campaña, sí y solo sí, entre otros compromisos, se firma:

“Compromiso escrito del Dr. Oscar Arias, Presidente de la República y principal dirigente del Sí, a cesar de inmediato la beligerancia electoral del Poder Ejecutivo y de su campaña de propaganda con fondos públicos, mediante la cual muchas y muchos funcionarios y bienes del Estado, tales como becas, bonos, infraestructura y otras, se han puesto al servicio del Sí y de la coerción de las y los electores”.

“Compromiso escrito del Presidente de la República y de la Alianza Ciudadana por el Sí, del cese inmediato de la violenta campaña de estigmatización de quienes apoyamos el NO al calificarnos como extremistas y como personas aliadas a regímenes dictatoriales o considerados antidemocráticos”.

San José, 23 de agosto de 2007.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto

Comunicado del PAC
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ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA

Fracción del Partido Acción Ciudadana

Martes 21 de agosto de 2007

Fracción del PAC se presentó a la Casa Presidencial para plantear la denuncia.
Diputado José Joaquín Salazar denunció violación de libertad de tránsito y agresión por parte de oficiales de seguridad pública durante un acto presidencial

• Agente que se identificó como policía de Casa Presidencial inmovilizó al diputado y lo cargó por 10 metros, luego lo lanzó a la acera.

• Diputado presentó un recurso ante la Sala Constitucional así como una denuncia ante el OIJ.

• Hoy en reunión con el Ministro de la Presidencia y el Ministro de Seguridad, la Fracción del PAC solicitó explicaciones y una investigación.

El diputado José Joaquín Salazar del Partido Acción Ciudadana (PAC) denunció la detención ilegal, violación de libertad de tránsito y agresión verbal y física que el pasado sábado 18 de agosto a las 11:30 a.m. sufrió en Zarcero por parte de oficiales de seguridad pública quienes adujeron “órdenes superiores” para impedirle al legislador el ingreso al Edificio Municipal donde se realizaba un acto oficial del Presidente de la República.

El diputado Salazar intentó cruzar la vía pública que lo llevaría al edificio en cuestión, sin embargo fue detenido por oficiales que se identificaron unos de la seguridad presidencial y otros de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), quienes expresaron que por “órdenes superiores” él no podía pasar.

Luego de pedirles explicaciones y recibir varias negativas, el diputado del PAC trató de nuevo de dirigirse al recinto municipal, pero en ese momento un agente que se había identificado como Alejandro Núñez de la seguridad de Casa Presidencial, lo tomó por la espalda y lo inmovilizó, luego lo cargó por 10 metros y lo lanzó a la acera. Esta persona antes había amenazado al diputado diciéndole que si ingresaba “lo echaría al calabozo”. En todo momento Salazar se identificó como legislador hecho que reconocían los policías en el lugar.

“Violaron mis derechos de libre tránsito para ingresar a un acto público, también se me intimidó verbalmente y luego se me inmovilizó para impedir mi ingreso. Yo me pregunto ¿qué es lo que pasa en Costa Rica? Este hecho lo que me genera más que rabia es una gran tristeza” aseguró el diputado Salazar.

En este sentido, la Fracción del PAC se reunió hoy en horas de la mañana con Rodrigo Arias, Ministro de la Presidencia, y Fernando Berrocal, Ministro de Seguridad, para pedir explicaciones por estos hechos así como una investigación que aclare esta actuación policial.

“El ministro Arias reconoció la irregularidad del hecho. Esperamos pronto los resultados de la investigación ya que este es un hecho gravísimo. Se irrespetaron no solo los derechos de un ciudadano y un diputado, sino de todo el Primer Poder de la República. Estos no son hechos normales en un Estado como el costarricense” aseguró la Jefa de Fracción del PAC, Elizabeth Fonseca.

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Información de Diario Extra
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Supuesta agresión de agente de la DIS

Diputado denuncia violación a su inmunidad

Esteban A. Mata Fonseca
emata@ prensalibre.co.cr

El diputado de Acción Ciudadana (PAC) José Joaquín Salazar denunció que un oficial de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) de la Fuerza Pública, en un acto donde participaba el presidente de la República, Óscar Arias, lo agredió física y verbalmente.

El legislador asegura que cuando intentaba ingresar a la Municipalidad de Zarcero, donde Arias participaba del Concejo Municipal el sábado anterior, varios policías le impidieron el paso.

“Me acerqué en mi vehículo y me detuvieron. Bajé el vidrio y me dijeron que no podía avanzar. Les dije: ‘soy diputado’, a lo que respondieron: ‘sabemos quién es usted, no puede pasar’”, afirmó Salazar.

Entonces se bajó de su vehículo y trató de llegar a pie al Palacio Municipal. Pasó el cordón policial unos diez metros, pero cuando trató de avanzar llegaron más efectivos de la Fuerza Pública.

“Déjenmelo a mí”

“Unos ocho o diez policías me rodearon y no me dejaban caminar”, agregó.

En ese momento, los policías se hicieron a un lado. Un hombre de contextura fuerte, aunque no muy alto, se acercó hasta el diputado golpeándose el pecho, vociferando y —según el diputado— decía: “déjenmelo a mí”.

“Me amenazó con echarme al calabozo, dijo que él sabía quién era yo y que tenía órdenes de no dejarme avanzar”, comentó.

Salazar apeló a su condición de diputado, que conlleva una investidura de inmunidad. Ante esto, el supuesto oficial de la DIS dijo que no podía avanzar.

En ese momento se dio un forcejeo y Salazar asegura que “este tipo (que se hizo llamar Alejandro Núñez) me alzó y me llevó diez metros más allá, luego me lanzó a la acera”. Agregó que de no ser por una mujer que trataba de llamar por teléfono hubiera caído al suelo.

Inmunidad vulnerada por “mandos medios”

El diputado se reunió con el ministro de la Presidencia, Rodrigo Arias, y el ministro de Seguridad Pública, Fernando Berrocal, para exponer su queja.

Aun así, Salazar alega que se vulneró su inmunidad y que no salió satisfecho de la reunión con Arias.

“No salgo satisfecho, en Casa Presidencial ni siquiera saben quién es”, dijo.

Por otro lado, el elemento del irrespeto a la inmunidad del diputado consagrada en la Constitución Política suscitó reacciones de parte de los diputados de todas las fracciones.

El presidente del Congreso, Francisco Antonio Pacheco, quien a la vez es diputado del PLN, se refirió al altercado en el Plenario como un hecho “lamentable” y agregó que se solidariza con el legislador.

“Estoy seguro de que los altos mandos del Gobierno no tienen nada que ver con el asunto”, comentó Pacheco, al tiempo que se refirió al incidente como un hecho aislado.

Elizabeth Fonseca, jefa de fracción del PAC dijo que “es un atropello inaceptable para cualquier ciudadano, más para un diputado que es representante popular”.

“Se están violentando los preceptos constitucionales, según ellos son los mandos medios”, comentó.

“A un diputado nunca se le debe limitar su acceso a actividades públicas; todos los diputados debemos acuerpar”, dijo la jefa de bancada del PLN, Mayi Antillón.

La diputada se mostró optimista de que la investigación que abra el Ministerio de Seguridad arroje resultados positivos.

Alberto Salom, del PAC, señaló que confía en la integridad del ministro Berrocal y dijo que este tipo de acciones podían haber nacido de iniciativas erróneas de mandos medios.

La jefa del PUSC, Lorena Vásquez, reprochó la situación y advirtió que era “intolerable”.

En tanto, el libertario Mario Quirós advirtió que la investidura del diputado fue violada, que se debía diferenciar al diputado Salazar, “quien no representa para nada una amenaza para el Presidente”.

José Manuel Echandi, diputado del PUN, pidió que los responsables fueran sancionados. “Es un hecho grave, a ningún diputado se le puede impedir la libertad de tránsito.”

La inmunidad ante la Constitución

“(…) Desde que sea declarado electo propietario o suplente, hasta que termine su periodo legal, no podrá ser privado de su libertad por motivo penal, sino cuando previamente haya sido suspendido por la Asamblea.”

Fuente: Artículo 110 de la Constitución Política
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Fuente: La Prensa Libre