Albino Vargas y Fabio Cháves renunciarán a sus altos cargos sindicales si se encuentra dinero del exterior

Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados – ANEP

Asociación Sindical de Empleados del Instituto Costarricense de Electricidad – ASDEICE

Los sindicalistas Albino Vargas Barrantes, actual Secretario General de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP); y Fabio Chaves Castro, Presidente de la Asociación Sindical de Empleados del Instituto Costarricense de Electricidad (ASDEICE), renunciarán a los altos cargos sindicales que tienen en sus respectivas organizaciones, de comprobarse dineros externos en las cuentas de las citadas instituciones laborales para la campaña del No al TLC en el referéndum venidero.

Para tal efecto, han decidido proponer a las juntas directivas de ambas organizaciones, la convocatoria urgente a la entidad Transparencia Internacional, para que éste proceda a auscultar de inmediato las finanzas de la ANEP y de ASDEICE, en cuanto a las fuentes de procedencia de los ingresos que reciben mensualmente.

Con esta decisión, los citados dirigentes sindicales lanzan un reto a los jerarcas del máximo organismo empresarial privado del país, la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP), para que ésta proceda a actuar en igual sentido; y particularmente para que su Presidente, el Ing. Rafael Carrillo Lara, ponga a disposición su renuncia de inmediato, si no pueden demostrar con claridad la procedencia de los dineros que ya están acumulando para la campaña del Sí al TLC en el indicado referéndum.

Este idéntico reto se le lanza al señor Michael Borg, Presidente de la Cámara Costarricense Norteamericana de Comercio (AmCham); y al señor Carlos Federspiel, Presidente de la Cámara de Comercio de Costa Rica.

En tal sentido, la idea de la ANEP y de ASDEICE es que, simultáneamente, Transparencia Internacional ausculte también a la UCCAEP, a la AmCham y a la Cámara de Comercio, así como a las entidades financieras auxiliares que tienen previstas para la recoleta de fondos en su campaña favorable al TLC.

Si los señores Carrillo Lara, Borg y Federspiel no ponen a disposición sus cargos, en la eventualidad de que no puedan exponer sus cuentas a la luz pública, quedarán completamente descalificados para continuar lanzando comunicados y cartas infames, mentirosas y hasta calumniosas ante la opinión pública nacional, de que dineros extranjeros estarían financiando la campaña del No al TLC.

Debe quedarle claro al país que ni la ANEP ni ASDEICE, ni el amplio abanico de entidades con las cuales se coordinan estrategias organizativas para el referéndum, tienen previsto solicitar ni han solicitado recursos del exterior para sus actividades en torno a la consulta democrática venidera sobre el TLC.

San José, 14 de mayo de 2007.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General
ANEP

Fabio Chaves Castro
Presidente
ASDEICE

Terrorista Posada Carriles debe ser juzgado por sus crímenes

_ “Mientras miles de personas inocentes han muerto en Irak bajo el pretexto del ‘combate al terrorismo’, el gobierno de los Estados Unidos permite que un terrorista, confeso criminal, como Luis Posada Carriles pueda pasearse libremente por las calles de Miami, y eluda la justicia”_, denunció en la Asamblea Legislativa de Costa Rica el diputado José Merino del Río, presidente del Partido Frente Amplio.

Recordó el diputado Merino que las actividades criminales de Posada Carriles, durante 25 años al servicio de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) dejaron también su huella en Costa Rica, ya que estuvo vinculado, a la par de Orlando Bosh, a un intento de golpe de Estado, en contubernio con la Mano Blanca de Guatemala, contra el presidente de Costa Rica, Daniel Oduber Quirós en el año 1976, con el fin de instaurar en el país un régimen de extrema derecha similar al de Pinochet.

En ese mismo año ocurriría el atentado contra un avión de Cubana de Aviación, donde murieron setenta y tres personas, caso por el que fue sometido Posada Carriles a un juicio inconcluso en Venezuela, ya que escapó de la cárcel y de ese país.

Durante esos primeros años de la década del setenta, el grupo terrorista de Posada Carrilles y Orlando Bosh, colocaron varios artefactos explosivos, tanto en una misión diplomática de Costa Rica en Estados Unidos, como en el territorio nacional, dirigidos éstos últimos contra periódicos y organizaciones populares.

Luego de su escape de Venezuela, Posada Carriles perjudicó a Costa Rica, en la medida en que participó en el tráfico de armas y drogas para financiar la contrarrevolución en Nicaragua, durante la década de los ochentas, lo cual puso en peligro la paz y estabilidad de un país que tuvo que hacer valer su neutralidad en los conflictos armados.

En su última intentona terrorista, cuando pretendía asesinar al presidente de Cuba Fidel Castro, y según el expediente del juicio que se le siguió en Panamá a Posada Carriles, los explosivos con los que pretendía cometer el atentado, fueron introducidos a ese país por la frontera con Costa Rica.

La manera en que los Estados Unidos ha actuado en el caso de Posada Carriles, liberándolo y sin tramitar la solicitud de extradición del gobierno de Venezuela, para el diputado Merino enseña la doble moral y la ausencia de ética de la administración norteamericana.

“El Frente Amplio considera que Posada Carriles debe ser juzgado por crímenes que lo hacen aparecer como uno de los terroristas más notorios de Occidente, y que los Estados Unidos deben hacerlo en su territorio o tramitando la solicitud del gobierno venezolano”, manifestó finalmente el diputado Merino.

Concesión de obra pública para privatizar la C.C.S.S.

Las declaraciones a La Nación del presidente ejecutivo de la CCSS, Eduardo Doryan, quien dijo que se entregaría por licitación a empresas privadas la construcción y operación de nuevos centros de salud, se produjo “a pesar de que autoridades técnicas y jurídicas de la Caja han declarado improcedente e inconstitucional la concesión de servicios públicos de esa institución”, comentó el legislador del Frente Amplio.

La Gerencia de Operaciones y la Dirección Jurídica emitieron un criterio conjunto, avalado por la Junta Directiva de la CCSS, donde manifestaron lo siguiente:

“Nuestra posición es que los servicios que brinda la Seguridad Social a través de la Caja Costarricense del Seguro Social, no deben ser concesionados. Lo anterior, no solo porque desde nuestro punto de vista, esto atenta contra lo establecido en el artículo 73 de la Constitución Política, sino también porque esta sería una actuación contraria al espíritu de la seguridad social que es uno de los mayores logros históricos del país. Resultando que la razón de fondo que priva para que el Estado y sus instituciones promuevan la inversión privada en materia de obra pública y servicios es la falta de recursos financieros para desarrollarlas, aspecto que (…) al día de hoy no es una limitante de peso en nuestra Institución y si llegara a serlo, existen otros mecanismos tales como empréstitos internacionales con intereses muy bajos e incluso años de gracia que bien podrían utilizarse, sin poner en manos de intereses privados la seguridad social. (…)
_“La Caja (…) por su n_aturaleza y los servicios que brinda no concesiona obra pública.”
(Oficio Nº DJ-4296-06 de 18 de julio de 2006)

Este criterio fue la respuesta de las autoridades de la CCSS indicadas a una consulta, formulada por la Asamblea Legislativa, en relación con el proyecto de ley de reforma al a Ley de Concesión de Obra Pública (Expediente 15.922), el 18 de julio de 2006.

El diputado Merino recordó que las reformas en concesión de obra pública han sido presentadas como parte de la llamada “agenda paralela o complementaria” del TLC, y señaló que ahora queda evidenciado uno de sus propósitos esenciales: privatizar la CCSS. Según Merino del Río la agenda de los privatizadores es extensa, porque además del ICE y el INS, incluidos en los proyectos de implementación del TLC, incluyen a la CCSS y RECOPE también en los proyectos paralelos.

Electricidad cara y aviones subsidiados

10 de mayo de 2007

La diferencia radica en que, mientras a las aerolíneas se les conserva el privilegio de comprar combustibles subsidiados, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) debe pagar más por el diésel.

Desde hace algunos meses, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) inició un proceso de equiparación del precio del diésel con el de las gasolinas, eliminando así el subsidio que beneficiaba a vehículos de transporte público, de carga, maquinaria agrícola y las plantas de producción eléctrica.

Este aumento en el precio del diésel, sumado a la escasez de agua para la generación eléctrica, agrava la situación de la dependencia de la energía térmica.

Solo el año pasado, el ICE pagó a Recope, por concepto de combustibles, $99.221.000, lo que corresponde a 1.080.229 barriles. Este consumo corresponde a más del doble del 2005: 508.544 barriles valorados en $41.855.000. ¿Le ha prestado alguien atención a este asunto?

Si los costos de producción de la electricidad aumentan de esa manera, se traducen en un incremento en las tarifas que pagamos todos los costarricenses y si no hay aumentos, en desmejora del servicio, como la que vivimos las semanas anteriores.

Volviendo a las líneas aéreas, varias leyes, entre ellas la 6990 Ley de Incentivos para el Desarrollo Turístico y la 8114 Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria, les brinda el privilegio de no pagar impuestos, para favorecer la actividad turística.

Solo en el 2006, estas exenciones significaron que el estado costarricense dejó de percibir más de 13 mil millones de colones, dinero que se quedó en las arcas de las empresas de aviación.

De acuerdo a lo que estipula la ley 8114, esos impuestos, que no pagan las aerolíneas, pero sí todos los que tenemos un vehículo de trabajo o para el disfrute de nuestra familia, están destinados a la conservación de las vías nacionales y cantorales y al pago de servicios ambientales.

Yo me pregunto: ¿qué estimula más el turismo, el tener carreteras en buen estado y áreas de conservación que promuevan el ecoturismo, o regalarle a las aerolíneas un incentivo de este tipo?

Es necesario que el Poder Ejecutivo, la Asamblea Legislativa y la Aresep analicen esta situación y determinen si la asignación de estos privilegios – o incentivos turísticos, como les llaman – redunda en un mejor desarrollo nacional o simplemente sirve para engrosar los bolsillos de los empresarios de aerolíneas, mientras las comunidades donde se desarrolla el turismo, continúan en la misma pobreza de siempre.

Gilbert Brown Young
Secretario General
Sindicato de Trabajadores Petroleros Químicos y Afines
Cédula 7-034-520

Mejoramiento salarial de la Fuerza Pública: Necesidad nacional estratégica

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), expresa una felicitación pública al Ministro de Gobernación y Policía y de Seguridad Pública, Lic. Fernando Berrocal Soto, por su anunciado compromiso de proponer al Gobierno de la República, un mejor salarial para el personal de la Fuerza Pública, al reconocer que este es un factor de desestímulo y de deserción que afecta la calidad y la oportunidad de la prestación de este esencial servicio público a la población nacional.

Expresamos nuestra satisfacción por que una autoridad política de tal nivel, recoge un reiterado planteamiento sindical en este ámbito, de reclamo sistemático por los bajos salarios en que están sumidos una diversa cantidad de grupos laborales del ámbito institucional del Gobierno Central; dentro de los cuales sobresale la miseria salarial imperante en el abnegado y sacrificado personal de la Fuerza Pública.

Sin embargo, si bien expresamos nuestro respaldo a tal iniciativa, el aumento salarial ofrecido de diez mil colones, se queda corto. Creemos que debe ser superior. El Ministerio de Hacienda ha venido informando, sistemáticamente, acerca del mejoramiento sustancial en la recaudación de impuestos y, por tanto, ANEP estima que es factible un incremento salarial mayor al que ahora promete gestionar el Ministro Berrocal Soto.

Además, la ANEP estima que hay otros cuerpos de seguridad pública que están en idénticas condiciones de deterioro salarial de la Fuerza Pública, como lo son la Policía Penitenciaria, la Policía de Tránsito y los agentes de Seguridad y Vigilancia de los ministerios, particularmente los que cuidan los centros educativos del Ministerio de Educación Pública (MEP).

Desde ahora anunciamos que, aparte de respaldar decididamente la acertada posición del Ministro Berrocal Soto, en cuanto al personal de la Fuerza Pública, gestionaremos que se supere el ofrecimiento inicial de un aumento de diez mil colones. Igualmente, hemos de presionar para que también se haga justicia con los otros sectores laborales indicados que, también, arriesgan su vida todos los días en la hoy ingrata tarea de la seguridad ciudadana.

San José, 9 de mayo de 2007.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto

Heredianos contra el TLC

Heredia, 3 de mayo del 2007

Señores Magistradas y Magistrado
Dr. Luis Antonio Sobrado González, Presidente a.i
Licda. Eugenia María Zamora Chavarri
Msc. Zetty María Bou Valverde
Tribunal Supremo de Elecciones
Su despacho

Estimadas Magistradas y Magistrado:

Nos dirigimos a ustedes para manifestarles nuestra preocupación por la resolución de Sesión Ordinaria Nº 37-2007 tomada por el Tribunal con el fin de que se prepare un documento que resuma de la manera más sencilla y concisa posible la esencia del Tratado de Libre Comercio República Dominicana, Centroamérica – Estados Unidos.

Consideramos peligroso que se trate de propiciar un resumen de un texto tan complejo por parte del Tribunal por la evidente y clara transversalidad de temas y complementariedad de procedimientos y normas que abarca.

Asimismo, porque un resumen no puede quedarse exclusivamente en el análisis del texto del mismo, sino que debe de alguna forma enfrentar el reto del análisis de las consecuencias económicas y sociales de su eventual aprobación y entrada en vigencia. No es con un análisis tecnocrático, centrado supuestamente en el análisis “neutral” del texto del tratado, que se llegaría a ese “análisis objetivo”, sino con la reflexión de carácter proyectivo sobre las consecuencias del mismo hacia el futuro.

Y hay antecedentes para llamarles la atención sobre este tema, el 5 de abril del 2005 el Programa Estado de la Nación presentó un libro “Aportes para el análisis del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y los Estados Unidos” y en agosto del mismo año un grupo de intelectuales que habían participado, compartido información y dedicado varias horas de su tiempo, con el equipo de trabajo que editó el libro presentaron a los mismos patrocinadores, Universidades y Defensoría de los Habitantes, comentarios al libro mediante el documento denominado “Juego de mascaradas cuando la “objetividad” y la “neutralidad” toman partido”.

Nosotros entendemos que el artículo 34 otorga fondos y llama al Tribunal a hacer publicidad a la convocatoria del referéndum y creemos que en ese sentido el Tribunal debe desplegar toda una campaña para invitar a la ciudadanía a votar y a fortalecer de esa manera este nuevo instrumento que aumenta la calidad de la democracia costarricense, no así divulgando resúmenes de un texto complejo o interpretaciones u opiniones- A nuestro modo de ver esta es tarea exclusiva de los grupos y movimientos que apoyan o rechazan este Tratado al igual que lo son los programas de Gobierno que cada partido político somete a la consideración del electorado cada cuatro años que proyecta su accionar a futuro.

Con las muestras de estima y consideración

Ana María Quirós
Cédula de identidad: 6-097-135
Por Coordinadora Herediana Omar Dengo
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INVITACION


DOMINGUEÑAS Y DOMINGUEÑOS: ES LA HORA DE LA PATRIA – Está en nuestras manos decidir –

Yo invitaría a todos los que van a votar, que lo pensemos bien, que reflexionemos si este TLC puede crear una patria más justa, o si por el contrario, puede ampliar la brecha social y el modelo de exclusión en el que ha vivido el país en los últimos tiempos” Arzobispo de San José Hugo Barrantes.

“Es importante saber “si hay vicios de constitucionalidad sobre los derechos de las personas, entre ellos derechos laborales, de la salud, de la propiedad intelectual y la omisión de la reserva en materia de minorías socialmente vulnerables”, Lisbeth Quesada Tristán, Defensora de los Habitantes.

“Se pide a nuestra Iglesia manifestarse neutral en esta contienda. Eso significaría, ni más ni menos, que desfigurarla totalmente: nuestra Iglesia debe estar siempre del lado de la verdad y de la justicia porque lucha por la paz y debe sembrar el amor. Por esta causa luchó y murió Jesucristo. Este fue, es y será siempre signo de contradicción. Causa de salvación para cuantos creemos en Él; desgracia para quienes le abandonan.

Efectivamente: no podemos ser neutrales. ¿Cómo serlo por ejemplo, ante un texto del Tratado como el siguiente?: “Ninguna disposición de este Capítulo se interpretará en el sentido de impedir que una Parte adopte medidas que sean necesarias para proteger la salud o la vida humana, animal y vegetal, siempre y cuando dichas medidas no se apliquen en forma que constituyan una restricción al comercio entre las Partes” Norma 9.14 del TLC. Dicen proteger la vida siempre y cuando no afectemos su comercio. No. No podemos ser neutrales.” Monseñor Ignacio Trejos Picado, Obispo Emérito de San Isidro de El General.

“Siempre estuvieron seguros de que el aparato de propaganda totalitario que aplasta la democracia costarricense desde hace varios años, les permitiría imponer a leñazos un texto de TLC, contrario a la Constitución, a la dignidad y al decoro de la Patria. Será una batalla de David y Goliat. Esperemos, que por el bien de Costa Rica, se repita el episodio bíblico.” Luis Alberto Monge Álvarez , Expresidente de la República.

“Si el pueblo de Costa Rica va a decidir si aprueba o no el TLC, no tiene ningún sentido honesto ni democrático que se sigan viendo las leyes de implementación del mismo en la Asamblea, hasta tanto el pueblo soberano no rinda su decisión. Las “leyecitas” en mención desarticulan y a la vez articulan gran cantidad de instituciones y ordenamientos legales en el país…” M*ariano Figueres* .

Es nuestro deber ejercer el voto informado

ASISTA AL FORO PATRIOTICO INFORMATIVO
¿Qué es el TLC y los proyectos de implementación?
MIÉRCOLES 9 DE MAYO – 6 PM., BIBLIOTECABLICA

Con la participación de los expertos:
Dra. Silvia Rodríguez Experta en propiedad intelectual y formas de vida
Dr: Henry Mora Decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNA , experto en economía y libre comercio

Se avecina ola de despidos en la Administración Pública

El Decreto Ejecutivo No. 33713-MP-PLAN-MTSS, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, No. 73, del martes 17 de abril de 2007, establece amplia libertad para las reestructuraciones institucionales diseñadas internamente en cada entidad. De hecho, la primera entidad afectada es la Dirección Nacional de Pensiones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

El pasado viernes 4 de mayo, concluyó en ANEP el análisis de esta peligrosa disposición del actual Gobierno de la República, que abre paso para una amplia arbitrariedad en materia de estabilidad laboral en el empleo y, por ende, abriendo camino a una ola de despidos en la Administración Pública. La ANEP estima que este decreto representa una muestra más de despotismo y autoritarismo por parte del régimen de los hermanos Arias Sánchez.

Según el citado decreto, “una vez aprobada la reorganización administrativa de una institución, el jerarca institucional enviará a MIDEPLAN una copia de la estructura aprobada y del estudio técnico que dio lugar a ella, a efecto de que este ministerio disponga de la información que le permita retroalimentar sus instrumentos de asesoría en esta materia”. MIDEPLAN quedará como un depósito de estudios de reestructuración para fines “bibliográficos”.

Los jerarcas podrán despedir personal si cuentan con los recursos para ello, pues quedan autorizados para disponer lo pertinente. La nueva disposición establece que:

“Para la ejecución de los procesos de organización, reorganización, transformación y fusión administrativa de órganos, entes y empresas públicas, los jerarcas institucionales deberán asegurarse de que disponen o dispondrán de los recursos, bienes y servicios que resulten indispensables para la ejecución de esos procesos, +especialmente aquellos recursos que representen medidas de indemnización+”. (subrayado de ANEP. Léase, pago de prestaciones).

Para nadie es un secreto que los cuestionamientos a la calidad y a la oportunidad de los servicios públicos, y los reclamos al deterioro de su eficiencia y eficacia, pasa por la circunstancia de que son los politiqueros de turno (con calificadas excepciones), los que dirigen las entidades de la Administración Pública; tomando decisiones subjetivas, ocurrentes e inapropiadas, en no pocos casos.

Estamos convencidos plenamente, debido a informaciones confidenciales de fuentes dignas de toda crédito y procedentes del seno del mismo gobierno, de que la emisión de este peligroso decreto contra la estabilidad laboral en el empleo público, en el marco de la grave polarización sociopolítica en torno al TLC, se convertirá en una sucia arma de chantaje político para forzar votos a favor del Sí al TLC, a cambio de quedar “fuera” de la reestructuración respectiva (despido).

También esta disposición puede servir para confeccionar “listas negras” de líderes laborales institucionales de abierta oposición al TLC, que podrían quedar “reestructurados” (despedidos), bajo falaces argumentos “técnicos” de fácil elaboración a partir de directrices político-jerárquicas antojadizas, como ya le consta a la ANEP en procesos de naturaleza parecida en administraciones anteriores.

La ANEP ha dispuesto una serie de medidas, en diversos planos, para combatir los efectos perniciosos que se derivan de semejante iniciativa ejecutiva. Entre las mismas están:

– Análisis jurídico de la misma y eventuales acciones en sede constitucional contra el decreto cuestionado.
– Amplia divulgación para la plena información de la población laboral potencialmente afectada.
– Promoción de una acción unitaria intergremial para crear un frente de lucha unificado.
– Fomentar más la organización sindical de base, local y regional, para la protección contra los abusos jerárquicos que se derivarán de una aplicación subjetiva de los alcances de esta normativa arbitraria.
– Fomento urgente de la suscripción de Convenciones Colectivas de Trabajo, mecanismo laboral que puede atenuar el impacto del autoritarismo institucional en materia de estabilidad laboral.
– Crear las condiciones para la movilización laboral en contra de la misma.
– Preparación de denuncias en el plano internacional en varias instancias competentes, entre ellas, la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

San José, 7 de mayo de 2007.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto
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En ARCHIVOS ADJUNTOS puedes ver el Decreto completo del “régimen de los Arias” (ver páginas 5 y 6)

TSE acoge vía del Gobierno para celebrar referendo sobre TLC

Y es que la maniobra de los Arias de sacar a Alfredo Volio de su ministerio y ponerlo al frente de la campaña a favor del “tratado”, antes de que el TSE emitiera su resolución sobre cual referéndum prevalecía, hizo sospechar de que “había gato encerrado”.

Los tres magistrados del ente electoral dijeron optar por la “vía rápida” y no por la iniciativa popular que permitiría recoger 133.000 firmas para que pudiera ser convocado el referéndum. Esta resolución concuerda con la “prisa” del gobierno de los Arias de tener resuelto el TLC “lo más pronto posible”.

Pero además el TSE rechazó la solicitud hecha por el Partido Acción Ciudadana, PAC, que solicitó el envío del TLC a la Sala Constitucional antes del Referéndum.

Para cerrar con “broche de oro” también la resolución del Tribunal Electoral concluyó con que la tramitación de las Leyes de Implementación pueden continuar su discusión y probable aprobación en el plenario legislativo, “porque no forma parte del TLC propiamente”.

Pronto estaremos emitiendo el criterio oficial de ANEP al respecto.

Resolución del TSE AQUI

Costarricenses a favor del Referéndum

¿Está de acuerdo con el Referendo sobre TLC?

SI estoy de acuerdo 208 votos (73.76%)

No estoy de acuerdo 72 votos (25.53%)

No se 2 votos (0.71%)

Ahora solo queda que el Tribunal Supremo de Elecciones garantice condiciones igualitarias para las dos posiciones, así como una fuerte fiscalización ya que las empresas farmaceúticas, empresas gananciosas con el TLC, la AID y la misma Embajada de los Estados Unidos ya han puesto miles de dólares para la campaña a favor de ese “tratado”.

Casa por casa, barrio por barrio.
Los y las costarricenses que se oponen al TLC ya iniciaron el trabajo de adhesión enlas comunidades.

SI USTED DESEA CONTRIBUIR A DERROTAR EL TLC EN EL REFERENDUM LLAMENOS O ESCRIBANOS YA!!!, EL TRABAJO ES YA!!

referendum@anep.or.cr

¿Sabe a dónde y a qué hora se irá la luz en tu barrio?

Como un servicio a nuestros afiliados y afiliadas, y a toda aquella persona que nos visita, hemos hecho ligámen con Grupo Ice y la información sobre los horarios de recionamiento eléctrico.

Para ANEP es un placer poder llevar esta iformación a través de nuestra página electrónica.

APAGONES AQUI

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“Malicia Indígena”, solía decir Parmenio Medina.

¿CUÁNDO EN ESTE PAÍS HA HABIDO RACIONAMIENTO ELECTRICO? Y SI NO LOS HA HABIDO, ES RESPONSABILIDAD DE DON PEDRO PABLO, PRESIDENTE DEL ICE DESIGNADO POR OSCAR ARIAS (¿UNA MALA O UNA MALINTENCIONADA GESTIÓN?)

Así opinaba Fernando Herrero en 1996, 11 años después, como Regulador General (ARESEP), quiere imponer su opinión cuando es co-responsable de los apagones que estamos sufriendo y culpan al ICE para ponernos en su contra y que pase el TLC que lo privatice.

Así opinó el futuro regulador en entrevista concedida a la periodista Yanancy Noguera C, para el artículo publicado en La Nación del sábado 15 de junio de 1996. Sección el País (Edición electrónica).

“… Herrero indicó que hay que entender que el Estado no puede seguir haciendo inversión pública como en años anteriores y que muchos proyectos que ahora se financian con fondos públicos deben abrirse a la concesión privada o privatizarse del todo.

Sobre el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), consideró que una opción es vender las plantas hidroeléctricas que ya operan y que, con el dinero recibido, el ICE construya nuevos proyectos y —una vez terminados— los venda.”

Ver artículo completo en ARCHIVOS ADJUNTOS

Ahora que sabemos de dónde vienen los APAGONES, reenvía este mensaje.

Costa Rica Solidaria