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Recordó el legislador que en todas las audiencias en la Comisión de Relaciones Internacionales donde se han presentado organizaciones de agricultores y otros sectores productivos que sufrirán los estragos de una eventual aprobación del TLC, la fracción oficialista les ha asegurado que el empréstito con el BID, como parte de la_ “agenda complementaria”_, es una especie de paracaídas que les brindaría recursos económicos suficientes para aliviar su situación y permitir su reconversión productiva; sin embargo el Poder Ejecutivo ha retirado este proyecto del conocimiento de la Asamblea Legislativa, al finalizar las sesiones extraordinarias, ante la evidencia de que estaban engañando a esos sectores económicos y sociales perdedores.

Según el diputado José Merino en el transcurso del debate legislativo y público sobre este empréstito ha quedado demostrado:

1. Que es falso que este préstamo POR UN TOTAL DE 208 MILLONES DE DÓLARES Y QUE IMPLICARÍA UN ENDEUDAMIENTO PARA EL ESTADO Y PARA TODO EL PUEBLO COSTARRICENSE POR MÁS DE 110 MILLONES DE DÓLARES, permita ayudar a los miles y miles de pequeños productores que resultaran afectados por el TLC.

No es una “agenda de compensación”, como se había dicho. Ni siquiera una de_ “protección”_ a los sectores afectados. Si se analiza el componente No.1 denominado “Proyecto de Comercio de Exterior”, al que se le asigna la mayor parte de los recursos del crédito ($85 millones, un 41%) y que supuestamente iría para apoyar a las PYMES y los sectores afectados por el tratado, se puede constatar que:

-Los pequeños productores, las familias campesinas o los indígenas quedan totalmente excluidas del acceso a sus recursos pues se exige como requisito para recibirlos que sean proyectos cofinanciados por el sector privado. Es decir, que las organizaciones aporten parte del financiamiento. (VER ANEXO ÚNICO PUNTOS 2.08 Y 2.13) De esta forma, los sectores más vulnerables, QUE NO CUENTAN CON RECURSOS PROPIOS quedarán totalmente por fuera.

– No es un programa dirigido específicamente al sector agropecuario. Mucho menos es un programa orientado a apoyar a los productores que resultarán perdedores con el TLC. De hecho se establece que no se puede asignar más de un 5% de los recursos a un mismo sector, así que los recursos no irían solo para el sector agropecuario. (VER ANEXO ÚNICO PUNTO 2.13).

– En el Anexo Único, puntos 2.09 y 2.13 iii) consta que tanto el componente de apoyo las PYMES como el de ayuda para la “Transición al Libre Comercio” van dirigidos a empresas orientadas hacia la exportación o que logren “reconvertirse” en esta dirección. Nada para las que producen para el mercado interno o que requieren protección para sobrevivir. De hecho se prohíbe financiar a estas últimas pues se establece como requisito: “competitividad y legalidad: toda inversión dirigida a fortalecer un sector deberá ser compatible con los compromisos asumidos por el país en la OMC y no podrá generar distorsiones en el comercio o la producción”.

2. QUE SE AMPLIA EL ESTADO PARALELO CON RECURSOS PÚBLICOS.

Con este proyecto se crea una amplia estructura de “Estado Paralelo”, adscrita el Ministerio de Comercio Exterior, a la que se le asignan funciones que son propias de otros Ministerios y que no forman parte de las competencias que la Ley le asignó a esta cartera. No es función del COMEX el fomento de las PYMES y financiar proyectos de asistencia técnica e investigación a organizaciones productivas. Para esto hay instituciones especializadas en el sector agropecuario como el INTA, el Departamento de Extensión Agropecuaria del MAG o el mismo Consejo Nacional de la Producción. Estas son competencias del MAG y de las demás instituciones del sector agropecuario. Con esto más bien se consolida el desmantelamiento del sector. El COMEX se creó para dirigir las negociaciones comerciales internacionales y promover el comercio exterior NO PARA ADMINISTRAR FONDOS DE FINANCIAMIENTO A LA PRODUCCIÓN INTERNA. No es su tarea financiar proyectos de asistencia técnica o investigación ni repartir recursos para proyectos productivos. Para eso están el Programa de Reconversión Productiva del CNP y la Banca de Desarrollo.

3. QUE CONTINÚA EL DESMANTELAMIENTO DEL SECTOR PÚBLICO AGROPECUARIO.

A pesar de que los productores agropecuarios serán los más afectados por el TLC y de que los recursos del Componente de “Transición al Libre Comercio” supuestamente se destinarán a financiar proyectos de asistencia e investigación para este sector, el proyecto minimiza totalmente el papel del Ministerio de Agricultura y Ganadería y lo excluye por completo. Con esto se consolida el desmantelamiento del MAG y el desplazamiento hacia el COMEX de su función rectora. No se le incluye en el Comité Consultivo que dirigirá la ejecución del Programa (Anexo Único 4.01). Solo se le menciona el Comité Directivo del Proyecto de Comercio Exterior que realizará la “repartidera de platas”, pero a diferencia del MEIC y MICIT no se dice su criterio deberá ser tomado en cuenta (Anexo Único 4.04). Aquí hay que comparar la Ley del COMEX y la del MAG, para ver como el “Programa” le va dejando sin sus funciones y se van ampliando las del COMEX. Esto obviamente persigue la finalidad de que los mismos que negociaron el TLC y que promoverán su aprobación puedan liderar la repartición de fondos, decidiendo quién es “elegible” y quién no, quién merece recibir financiamiento y quién no, y

4. QUE CON LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA SE PUEDEN FINANCIAR PRÁCTICAMENTE TODO TIPO DE ACTIVIDADES.

Incluso algunas que nada tienen que ver con el apoyo a los productores como por ejemplo: “la elaboración de (…) propuestas de medidas de flexibilización del mercado laboral”. (VER ANEXO ÚNICO PUNTO 2.14.viii) Óigase bien, con recursos públicos que paga todo el pueblo de Costa Rica se quiere financiar proyectos para eliminar derechos laborales de las y los trabajadores… Algo así como pagar para que se nos quiten nuestros derechos laborales. Endeudarnos para financiar la reducción de nuestras conquistas. Eso es lo que nos plantea este préstamo negociado con el BID por el Gobierno de Costa Rica.

Dentro este proyecto se incluye un subcomponente c) denominado “Asistencia para la Transición al Libre Comercio” al que se le asignan 32 millones de dólares para financiar: “la implementación de propuestas sectoriales elaboradas y presentadas por entidades aglutinantes y representativas del sector privado que se requerirán para garantizar que los procesos de transición hacia el libre comercio se lleven a cabo de manera favorable”. (Exp. No. 15.987, Anexo Único, 2.12)

De seguido se establece una lista de cuales son esas “propuestas” a las que se les asignará financiamiento con estos recursos, en la que se puede leer, entre otros aspectos, lo siguiente: “actividades de mejoramiento y estímulo del clima de negocios: incluye actividades tales como la elaboración de (…) propuestas de medidas de flexibilización del mercado laboral”. (Exp. No. 15.987, Anexo Único,
2.14. viii)

Es decir, con recursos públicos de un empréstito internacional, cuya factura pagaremos todos los y las costarricenses se pretende financiar proyectos para eliminar derechos laborales. 32 millones de dólares repartidos a entidades privadas para que financien proyectos de flexibilidad laboral, los cuales se reconocen como necesarios para poder implementar el “libre comercio”.

Comunicado de Prensa, 25 de agosto de 2006
Asamblea Legislativa de Costa Rica
Diputado José Merino del Río
Fracción Partido Frente Amplio

San José, 18 de agosto del 2006.

S.G. 05-07-0743-06

Señores y señoras
Junta Directiva

Licenciado
Rolando Blair Blair
Secretario General

Sindicato de Trabajadores de la Junta Administrativa
Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente del Atlántico (SINTRAJAP)
Su Oficina

Fax No. 758-1635
Estimados señores:
Estimadas señoras:

Sirva la presente para saludarles y felicitarles, a nombre de nuestra representada, por la importante lucha que vuestra organización está librando por la defensa de los derechos humanos laborales y la institucionalidad portuaria costarricense.

Como es de ustedes conocido, la Seccional de ANEP en el INCOP libró contra viento y marea una lucha contra la privatización de esa institución.

Luchamos cinco largos años en los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos contralores o de apoyo a estos poderes, pero al final sucumbimos.

El poder de los dólares pudo más que la institucionalidad y quebrantó la resistencia de los trabajadores y las trabajadoras portuarias, excepto la de la gente afiliada a nuestro sindicato, pero nuestro peso no bastó dado que éramos sindicato minoritario y no hubo forma de pelear contra los dólares.

Hoy los trabajadores y las trabajadoras de ese puerto y mañana los costarricenses, estaremos pagando las consecuencias de ese acto perverso y maledicente contra el interés nacional.

Lamentablemente, en ese puerto gente que se hace llamar sindicalista se alió con los últimos tres gobiernos (incluido el actual) y el empresariado político nacional e internacional, para darnos esta estocada a los y las costarricenses.

Si estos intereses no se hubieran encontrado, hoy la historia sería otra, pues el personal del INCOP sin el concurso de esos sindicatos, jamás hubiesen sido víctimas del soborno.

Nos llena de esperanza y orgullo cuando escuchamos y nos enteramos que la dirigencia sindical, sus trabajadores y la comunidad, se oponen radicalmente a las intenciones gubernamentales y empresariales de aplicar la misma medicina de Puntarenas a Puerto Limón.

Si bien en estos largos años de resistencia y de lucha no logramos nuestro objetivo, salvar de la privatización a ese puerto, nos honra y nos satisface el trabajo realizado.

Con toda humildad, hoy ponemos a su disposición, todo el acervo acumulado en estos largos años de lucha. Consideramos que con una dirigencia sindical comprometida con la defensa de los derechos humanos laborales y el interés público, nuestra vivencia podrá ser de mucha utilidad.

Nos ponemos a vuestras órdenes.

Con toda consideración y respeto,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Édgar Morales Quesada
Coordinador Plataforma Sindical Común Centroamérica-CR
Directivo Nacional

Douglas Carrillo Azofeifa
Exfuncionario de INCOP

C.c. Junta Directiva Nacional de ANEP.

El próximo miércoles 23 de agosto, a partir de las 8 de la mañana, en el Tribunal de Juicio del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica (Expediente N ° 00-201797-485-PE (61-01-04), ubicado en Guápiles, se reinicia el juicio político contra el compañero Orlando Barrantes, dirigente sindical y comunal.

Para el compañero Barrantes se piden penas de cárcel de hasta 60 años, pues según la Fiscal del Ministerio Público es responsable de la retención de cuatro oficiales durante la huelga de la zona atlántica en diciembre del año 2000.

La defensa del compañero Barrantes asegura que en este proceso están ausentes las más elementales normas jurídicas y de justicia, tales como:

• Existe una completa nulidad en la actuación del Ministerio de Seguridad Pública y del Ministerio Pública
• Hay una nulidad absoluta por violación al debido proceso
• Además, también existe una nulidad absoluta de todo lo actuado por violación al principio de intimación así como utilización de prueba espuria.

Además, está fehacientemente demostrado que el compañero Orlando Barrantes no se encontraba en el lugar de los hechos al ocurrir estos.

¿PORQUÉ ENTONCES SE LLEVA A JUICIO A ORLANDO BARRANTES?

Por su forma de pensar, porque es un permanente defensor de los pobres de Costa Rica, porque denuncia las injusticias sociales, porque organiza a las personas para que defiendan sus derechos. Además, Orlando Barrantes es un férreo opositor al TLC y se quiere enviar un mensaje a todos los que se oponen a este tratado intentando enviarlo a la cárcel, estando cada vez más cerca el debate del TLC en el plenario legislativo.

Estamos frente a un juicio político. Y como tal lo denunciamos en Costa Rica y ante el mundo. El próximo martes 22 de agosto, una numerosa delegación de organizaciones sociales de México y un diputado nacional de ese país, se presentarán ante la embajada costarricense para manifestar su preocupación por este caso y solicitarán la anulación de todo el proceso judicial. Igual actividad se realizó en la embajada costarricense en España.

Solicitamos a los costarricenses permanecer atentos al resultado de este juicio, por la relevancia que tiene ante un nuevo gobierno que se empeña en aprobar el TLC y en aplicar un plan fiscal que no es tal, sino un nuevo paquete tributario. No es enviando a la cárcel a las personas que manifiestan sus opiniones como se solucionan los problemas del país, sino proponiendo medidas efectivas que repartan mejor la riqueza, y buscando el diálogo y el consenso.

Gerardo Valverde Picado
Coordinador de Campaña
863-1556

Expresamos nuestro sólido respaldo a la anunciada decisión del Gobierno encabezado por el Presidente de la República, Dr. Oscar Arias Sánchez, de trasladar la sede de la Embajada de nuestro país en Israel, de la ciudad de Jerusalén a la ciudad de Tel Aviv, que es ésta la única sede internacionalmente reconocida como capital del Estado judío.

Nosotros interpretamos que esta decisión representa un homenaje póstumo de un país civilista como el nuestro, que haga gala de tener un Premio Nobel de la Paz, a las víctimas inocentes de la población civil libanesa que fueron masacradas por el ejército israelí, especialmente mujeres y niños, con ocasión de la más reciente agresión de Israel contra un pueblo árabe.

Al igual que lo reconocemos para Palestina, reconocemos el legítimo derecho del pueblo de Israel a existir como Estado y como nación; a la vez, condenamos el extremismo terrorista, venga de donde venga. Es innegable que la acción israelí de estos días fue exageradamente cruel, totalmente inhumana y violatoria de las más elementales normas del Derecho Internacional.

En tal marco de condiciones, Costa Rica no podía correrse el riesgo de seguir desprestigiándose ante la comunidad internacional, aceptando a Jerusalén como capital de Israel, a sabiendas que las propias Naciones Unidas han declarado a esta ciudad bajo el concepto de “régimen internacional”.

Esta acertada decisión del Presidente Arias Sánchez que hoy compartimos, también abre enormes oportunidades de comercio para el país si se hace una política inteligente de promoción en los ricas naciones árabes, un mercado completamente virgen para Costa Rica, de más de mil millones de personas.

San José, 16 de agosto de 2006.

Comunicado de prensa

Isla Caballo, Golfo de Nicoya. El martes 8 de agosto en horas de la mañana, el fuego consumió la casa de don Pedro Velásquez Velásquez; dentro de la casa estaban sus pertenencias y los ahorros de toda una vida.

Don Pedro ha habitado en ese lugar por más de 35 años. Vive solo, enfrentando limitaciones tan duras como la carencia de agua potable, dedicado a la pesca y al cuido de los animales y los árboles que le brindan compañía.

Al momento del siniestro, don Pedro se encontraba haciendo unas vueltas en Puntarenas. Cuando regresó encontró su casa quemada.

Vecinos del lugar aseguran haber visto un grupo de oficiales arribar en dos embarcaciones de la base naval de Puntarenas y prenderle fuego a la casa de don Pedro.

Algunos meses atrás, don Pedro junto con otros de sus vecinos, fueron llevados a Puntarenas y ahí, mediante intimidaciones y engaños, se les hizo firmar “unos papeles” sin mayores explicaciones. Don Pedro no sabe leer ni escribir. El documento donde le hicieron estampar su huella digital aparentemente fue un “compromiso” de desalojo.

Aún, si el desalojo fuese “legal” – cosa que ponemos en duda – en el gobierno de un Premio Nobel, no se puede incendiar una casa en estas condiciones, sin previo aviso y sin dar respuestas a las mínimas necesidades de un ser humano que allí vive. Pero, ¿por qué ocurre este hecho?¿quiénes están detrás de esta conducta vandálica?

Hemos denunciado y ha sido confirmado por diversos medios, que hay un estadounidense James Zéller que pretende apoderarse ilegalmente del 60% de Isla Caballo, mediante 5 concesiones, para vender esas tierras.

Las acciones en este sentido contaron con la participación y complicidad de dos funcionarios del actual gobierno:

1) Viviana Martín Salazar actual viceministra del MOPT, que figuraba en certificaciones notariales en nuestro poder como dueña del 60% de las acciones de las 5 sociedades que firmó los contratos de concesión con la Municipalidad de Puntarenas, y

2) Jorge Woodbridge, actual viceministro de la Producción, quien gestionó la ratificación de esos contratos ante la Asamblea Legislativa y gestor de la búsqueda de inversionistas o VENTA.

Estos funcionarios – aunque no encendieron el fuego – prepararon las condiciones y apoyaron los intereses de los que incendiaron la casa de Don Pedro.

Exigimos al gobierno de Costa Rica, una completa investigación del tema de fondo (que han evitado hasta ahora), y una denuncia formal ante el ministerio público del salvaje incidente del incendio.

Es hora de que este gobierno demuestre su compromiso con la paz y la legalidad y separe a los corruptos de sus puestos. Esperamos también una pronta ayuda y reparación de los daños materiales ocasionados a Don Pedro y a los pobladores de Isla Caballo.

Justicia para el pueblo de Isla Caballo.

San José, 9 de agosto del 2006

Compañía renegada amenaza imagen
de industria de la confección hondureña

ACCION URGENTE

La fábrica Tiara, en la Zona Industrial de Procesamiento Calpules en San Pedro Sula, Honduras, es objeto cada vez más de una campaña de presión internacional luego del despido de los líderes sindicales, en violación del derecho de libertad de asociación, lo cual coloca al gobierno de ese país en tela de juicio por su incapacidad para hacer frente a los abusos.

La Federación Internacional de Trabajadores del Textil, Vestuario y Cuero (FITTVC), con sede en Bruselas, afirma que 18 líderes y simpatizantes sindicales han sido despedidos desde el 21 de junio, incluyendo a 10 miembros de la directiva sindical que, por tal motivo, gozaban de fuero sindical y no podían ser despedidos.

La FITTVC ha manifestado a la Ministra de Trabajo, Ricci Moncada, que introducirá una queja formal ante la Organización Internacional del Trabajo en Ginebra dentro de una semana a menos que el Ministerio intervenga en el caso para garantizar el respeto al Código de Trabajo hondureño. También está prevista la introducción de una queja de conformidad con las disposiciones laborales del Acuerdo de Libre Comercio de Centroamérica (CAFTA).

Según sostiene el Secretario General de la FITTVC, Neil Kearney: “En una reunión convocada recientemente por el Director Regional de Trabajo, la compañía se negó a reintegrar a sus puestos de trabajo a los líderes sindicales”.

“Tiara parece pensar que es libre de escoger si desea o no respetar la ley. El Ministerio de Trabajo tiene la responsabilidad de hacer cumplir la legislación y debe dejar en claro a la compañía que el respeto al Código de Trabajo no es opcional”.

“En cualquier caso”, agrega el Sr. Kearney, “el hecho de que el gobierno no haga cumplir su propia legislación no da a la compañía ‘luz verde’ para quebrantar la ley y violar la normativa laboral internacional”.

“Tiara produce uniformes de protección y guantes desechables para la multinacional DuPont, la cual también ha sido instada a intervenir para encontrar una solución a la situación”.

La FITTVC ha expresado que si DuPont no actúa, el caso será llevado a la atención del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, a fin de garantizar que las acciones de DuPont a lo largo y ancho de su cadena de producción y abastecimiento estén en línea con su compromiso para con los principios del Pacton Mundial.

El Pacto Mundial establece como uno de sus principios fundamentales que las empresas respeten el derecho de libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva.

fin

La Federación Internacional de Trabajadores del Textil, Vestuario y Cuero es una Federación Sindical Internacional que reúne a 220 organizaciones afiliadas en 110 países, con una membresía combinada de 10 millones de trabajadores.

Para mayor información, contacte a:

Neil Kearney (Secretario General)
Tel.: 32/475932487 (móvil)
e-mail: nkearney@itglwf.org

Secretariado de la FITTVC
Tel.: 32/02/512.26.06
Fax: 32/02/511.09.04
e-mail: office@itglwf.org

Visite nuestra página web: www.itglwf.org

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) suscribió un contrato con el Grupo Pujol Martí Power Supply S.A. para el alquiler de dos plantas eléctricas, que le garantizan a este consorcio privado un ingreso fijo por concepto de disponibilidad de $504 mil dólares mensuales, durante tres años, genere o no genere electricidad, denunció el diputado José Merino del Río.

Según el contrato, el ICE se compromete a cancelar al Grupo Pujol Martí la suma de $18.1 millones por la disponibilidad de las dos plantas durante 36 meses ($504 mil al mes); más una parte variable calculada preliminarmente en $17.8 millones durante el mismo periodo por la operación de las plantas, para un total aproximado de $36 millones (equivalentes al tipo de cambio actual a 18.588 millones de colones).

Merino del Río considera que las altas autoridades podrían estar tomando “medidas desesperadas”, para inyectarle energía eléctrica al sistema nacional en virtud del grave debilitamiento que ha sufrido en los últimos años el presupuesto del sector eléctrico del ICE, que lejos de resolver el problema podrían agravarlo.

Especialistas de la Institución informaron al legislador del Partido Frente Amplio, que se aprobó un contrato que el ICE tendrá que honrar, cuando no era necesario para el año 2006 y no se tiene certeza de que se ocupe la electricidad generada por esas plantas en el 2007 y 2008.

Las dos plantas eléctricas del Grupo Pujol Martí están ubicadas en las instalaciones de la empresa en Orotina y Pococí, funcionan con bunker, tienen capacidad de generar 24 megavatios en su conjunto, y su alquiler por parte del ICE se contempló en el llamado Plan de Contingencia.

La firma de contratos como el mencionado, que favorece a sectores privados y fue refrendado por la Contraloría General de la República, se da en un contexto donde no hay recursos suficientes para que el ICE pueda cumplir con el Plan de Expansión de la Generación Eléctrica (2006-2025).

El diputado José Merino dijo que el presupuesto requerido por el sector eléctrico del ICE para que en el año 2007 pueda cumplir los planes de expansión supera los 500 mil millones de colones, pero que se espera un recorte que podría ser superior al 50%, buscando el llamado déficit cero – límite a la inversión.

“Esta estrategia de favorecer grupos privados, mientras se debilita el presupuesto del sector eléctrico del ICE, tiene el propósito de favorecer la privatización de la Institución”, aseguró el diputado del Partido Frente Amplio.

Otro aspecto cuestionado por el legislador en relación con este contrato con el Grupo Pujol Martí, tiene que ver con la tendencia a favorecer la generación térmica, que utiliza derivados del petróleo con un costo creciente. La generación hidroeléctrica del ICE cuesta en promedio $0,03 por kilovatio/hora, mientras la térmica $0,14 en las plantas del ICE.

Preocupa al diputado Merino también que el alquiler de estas dos plantas y la falta de financiamiento y atraso consecuente de proyectos del ICE, puedan significar aumentos en las tarifas eléctricas para los usuarios de este servicio público fundamental.

Comunicado de Prensa, 11 de agosto de 2006
Asamblea Legislativa de Costa Rica
Diputado José Merino del Río
Fracción Partido Frente Amplio

En un hecho sin precedentes, y continuando con la cadena de dudosos procedimientos en el tema de la concesión de los muelles del INCOP, el ente regulador pretendía aumentar las tarifas de los muelles de Caldera en 21.93%, en una audiencia en la cual se marginaba la participación de la comunidad puntarenense.

El aumento tarifario, propuesto por un “equipo técnico” de la ARESEP, pretendía ser aprobado ayer y entraría en vigencia 30 día después.

El exagerado y arbitrario aumento lo cobrarían, el nuevo concesionario del Instituto de Puertos del Pacífico, INCOP, el colombiano Domingo Chinea y empresarios costarricenses aliados, que inician funciones el próximo viernes 11 de agosto, cuando otra institución pública pase a manos privadas, y además extranjeras.

La tarifas actuales se mantendrán, aún cuando cuentan con menos personal, hasta tanto no se realice la nueva Audiencia en Puntarenas, según Resolución de la Sala IV.

Paúl Zúñiga, presidente del INCOP hasta el momento, dijo que el hecho de que la audiencia se realice en Puntarenas, como lo expresa la Sala IV, no es trascendental ni los afecta, y agregó que “continuamos como se programó, haremos un acto solemne en el muelle en el cual contaremos, posiblemente, con la presencia del Presidente de la República, Oscar Arias, y al que también hemos invitado al Presidente colombiano Alvaro Uribe y miembros del Gabinete”.

ARESEP a la espera

No contento con la Resolución de la Sala IV que suspendió la audiencia, Fernando Herrero, Regulador General, dijo que solicitará una “aclaración” para ver si esta audiencia se suspende ya que según su criterio, “esta llegó tarde”.

Única oposición

La suspensión de la Audiencia de ARESEP, a favor del aumento tarifario a los nuevos concesionarios de Caldera, fue presentada por la ANEP ante la Sala IV.

Jonatan Canales Hernández, junto a Paula Calderón Devandas, de la Unidad de Asesoría Jurídica de la ANEP, estuvieron presentes en la audiencia montada en San José. En la misma exigieron que tanto los personeros del INCOP como los nuevos concesionarios respondieran a las objeciones presentadas, sin embargo, esa posibilidad fue tajantemente rechazada por personeros de la ARESEP.

“La Audiencia debe realizarse en Puntarenas, es justo que todas las partes tengan derecho a estar presentes y exponer sus posiciones, la lejanía de San José le niega ese derecho al pueblo puntarenense a expresar su oposición”, dijo Canales Hernández, quien agregó que “los cálculos de tarifas se han hecho apegada a los intereses de una de las partes interesadas sin ninguna razón técnicamente fundamentada porque mantienen los mismos costos como si tuvieran que pagar por las Convenciones Colectivas del personal y administrativos actuales, 65%.”

Además añadió que, tanto a importadores como exportadores, les subirá los costos por cuanto los nuevos concesionarios mantendrán o subirán tarifas por servicios que ya no prestarán.

“En menos de 20 años, por lo que concedieron Caldera, recuperarán la inversión dado que han despedido a más de 1.000 trabajadores, los que representan el 65% de los costos actuales de operación”, señalo Jonatan Canales, quien concluyó diciendo que “esta Audiencia debió de haber sido anulada, ya que hasta hace pocos días las hojas de fijación tarifaria no las tenían completas y no fue sino hasta el 20 de julio que terminaron de entregarlas, y todos sabemos que se requiere de 30 días para analizarlas como lo dice la Ley”.