Categoría: Noticias

En septiembre de 2004 el Ingeniero Francisco González Fonseca, miembro de la Red por el Derecho a la Información y la Comunicación en Costa Rica, presentó al Ministerio Público documentos referidos a presuntos pagos de dádivas a funcionarios de la Oficina Nacional de Control de Radio y a otros jerarcas de la administración pública por parte de la Cámara Nacional de Radio (CANARA).

La acción del Ingeniero González, junto con otras denuncias hechas por funcionarios de dicha Oficina, que están siendo investigadas en este momento por el Ministerio Público, evidencian irregularidades y falta de transparencia en cuanto al acceso y la asignación de las frecuencias radiofónicas en Costa Rica; favoreciendo un mercado ilícito de éstos bienes públicos.

Esta denuncia forma parte del trabajo que viene realizando la Red para propiciar condiciones que permitan el pleno ejercicio del derecho humano a la información y a la comunicación, específicamente en lo que se refiere al uso y aprovechamiento de las frecuencias de radio.

Con gran preocupación vemos como este derecho se viene lesionando como resultado de una legislación y procedimientos discriminatorios, excluyentes y omisos de los tratados internacionales de derechos humanos. Esta situación propicia, entre otras cosas, la concentración de los medios en cada vez menos manos y el predominio de versiones únicas de la información.

El limitado acceso a las frecuencias de radio deviene un oligopolio de la comunicación en detrimento del derecho ciudadano a expresarse e informarse para participar de forma conciente en la vida nacional.

En este sentido, la Red busca la transparencia en la entidad encargada de la administración de las frecuencias, la equidad en el acceso a las mismas y el apego a las normas técnicas de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, de la cual Costa Rica es signataria.

La Red por el Derecho a la Información y la Comunicación en Costa Rica considera que la radiodifusión es un soporte para el ejercicio del derecho humano a la libertad de expresión e información; es decir, el derecho a buscar, recibir y difundir información y opiniones de toda índole.

Así mismo, el espectro radioeléctrico es un bien público que debe estar al servicio de la humanidad. Los Estados deben administrarlo a fin de fomentar la diversidad y el pluralismo de modo no arbitrario y tienen la obligación de segmentarlo de la forma más eficiente y de actualizar esa segmentación de acuerdo con los avances científico-técnicos.

La promoción de la diversidad debe ser uno de los objetivos primordiales de la reglamentación de la radiodifusión; la diversidad implica, entre otros, equidad de género, de etnia, de generación y de cultura; e igualdad de oportunidades para el acceso de todos los sectores de la sociedad a las ondas de radio.

Ante esto manifestamos:

1. Propugnamos por la participación ciudadana en la formulación de una nueva Ley de radio que abra espacios a expresiones organizadas de la sociedad costarricense. Es por ello que presentamos una Acción de Inconstitucionalidad contra el Reglamento de la Ley de Radio 1758, que fue acogido para estudio por la Sala Constitucional.

2. Hacemos un llamado a la Contraloría General de la Republica para que pida cuentas a la Auditoría Interna del Ministerio de Gobernación, ya que estas denuncias fueron presentadas a esta dependencia con antelación; y a la Defensoría de los Habitantes que interponga sus competencias a favor de los derechos ciudadanos que se están viendo lesionados.

3. Convocamos a los sectores sociales a sumarse a esta causa e instamos a todos los ciudadanos y ciudadanas que tengan conocimiento de situaciones irregulares relacionadas la administración de las frecuencias a ejercer, igualmente, el deber cívico de denunciar la corrupción.

• La Red está conformada por Radio Estación, Asociación Centro de Comunicación Voces Nuestras, Centro Regional UnMundo América Latina-Fundación Acceso, Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados ANEP

San José, 27 de mayo de 2005.

Estimados señores:

Primeramente reciban un cordial y fraterno saludo de parte de la Seccional de la ANEP en la Imprenta Nacional y a la vez sirva la presente para externarles nuestro más sincero respaldo a la labor que vienen realizando a nombre de la ANEP en defensa de nuestra membresía y de la institucionalidad costarricense.

Nuestro voto de confianza va dirigido especialmente por los últimos hechos acontecidos en torno a la celebración de la Cumbre Social del pasado 14 de abril del año en curso, fruto de la cual, las mentes retorcidas de algunos círculos elitistas, aprovecharon para difamar nuestra lucha y acusarnos en la representación de sus personas de sedición y traición a la patria. Decimos acusarnos, porque ustedes no están solos, detrás estamos nosotros, que nos oponemos y nos opondremos siempre a la entrega neofilibustera de este país y su estado social de derecho.

La manipulación de la oligarquía de este país y el “show” que pretenden montar a través de su prensa burguesa, no nos preocupa ni nos intimida, por el contrario, nos revela quienes ellos son en realidad y que intereses persiguen detrás de todo esto. Nunca de nuestra parte desconoceremos nuestro muy bien formado sistema de elecciones, pero si tenemos el derecho a la libre elección, y elegimos no ser siervos menguados, siempre tendremos el derecho de expresión, y hoy elevamos la voz diciendo no más engaños ni manipulaciones, no más mentiras y terrorismo psicológico, no más desconocer la voz viva del pueblo, no más acusaciones falsas a nuestros dirigentes, no al Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de Norteamérica, no a un gobierno ilegítimo que se nos quiere imponer, para acabar lo poco que nos queda en la institucionalidad costarricense.

Ustedes dos son la voz de muchos, pero si intentan callar vuestras voces, muchos miles alzaremos las nuestras, muchos miles os defenderemos.

No nos queda más que agradecerles su valentía y decisión de seguir adelante, a pesar de las amenazas y los ataques, por su compromiso con nosotros, afiliados y afiliadas de ANEP, por representar a todos aquellos y aquellas que no tienen voz pero que saben y comprenden la justicia de nuestra causa.

Esta seccional a nombre de los trabajadores y trabajadoras de la Imprenta Nacional, reitera su respaldo a los dos HOMBRES que en este momento están al frente de la ANEP, además del compromiso de seguir adelante en la lucha por nuestra membresía en esta institución así como de la institucionalidad costarricense.

Muy atentamente,

SECCIONAL ANEP
IMPRENTA NACIONAL

Guillermo Murillo Castillo

Rudy Villalobos Campos

Lorena Méndez Rodríguez

Adolfo Artavia Segura

Cristian Vargas Madrigal

El objetivo de los sectores conservadores que buscan crear las condiciones políticas y sociales para justificar su transformación en un Ministerio de la Familia, es, primero, trata de eliminar por diversas formas (despidos, presiones para renuncias, terrorismo interno, etc.) a todas las técnicas que podrían ejercer una oposición política a este cambio de rumbo institucional.

Segundo, se trata de cambiar el perfil de la institución. Se ha discutido, por ejemplo, si el INAMU puede y debe hacer promoción de derechos o su actividad tendría que limitarse a divulgar y trabajar en el marco de los derechos legalmente establecidos so pena de no “actuar fuera del marco jurídico nacional” (!).

Hasta ahora el proceso parece marchar y desarrollarse cada vez con más fuerza y en la casi total impunidad. De lograrlo este cambio en el perfil del INAMU y en su composición interna implicaría un serio retroceso en cuanto a los derechos de todas las mujeres de este país y la pérdida de un espacio de lucha que ha costado tanto conquistar.

Por lo que les estamos invitando al Conversatorio Público sobre esta situación, donde estarán presentes personas de diferentes sectores.

Esta actividad se llevará a cabo este JUEVES 19 DE MAYO A LAS 6 PM en el Auditorio de la Biblioteca de la Salud, a la par de la Facultad de Odontología, en la Universidad de Costa Rica, en San Pedro de Montes de Oca.

Esperamos contar con su presencia, ya que en momentos como estos no debemos quedarnos sin información verídica y de primera mano.

Grupo por la Defensa de la Institucionalidad del INAMU

San José, 17 de mayo de 2005.

Primero: Que sólo en lo que va del año 2005, el precio de los principales combustibles en Costa Rica ha aumentado un 20 %.

Segundo: Que según estudios del Banco Central de Costa Rica, por cada 10 % de aumento en el precio de los combustibles, la inflación aumenta un medio punto porcentual y la producción nacional retrocede en un punto porcentual al año.

Tercero: Que el impacto de dichos aumentos debe verse como un problema nacional, y no sólo fiscal. La inflación amenaza salirse de control y la producción nacional es amenazada por una recesión.

Cuarto: Que la situación fiscal no es boyante pero tampoco dramática

Quinto: Que para varios sectores como los de transportistas independientes, agropecuario y transporte público modalidad taxi, existe la particularidad (a diferencia de otros sectores productivos), de que es difícil trasladar al usuario la mayor parte del incremento en el precio de los combustibles.

Sexto: Que un 30 % del precio final se explica por el impuesto único sobre los combustibles.

Sétimo: Que para el resto del año, es muy probable que el precio internacional del petróleo se mantenga cercano a los $50.oo el barril.

Octavo: Que este sábado 13 de mayo, inesperadamente y sin duda alguna producto de la presión que venimos ejerciendo en los últimos días y aún sin haberse dado la Jornada Nacional de Lucha, de mañana lunes 16 de mayo de 2005; el Gobierno de la República, de manera totalmente inusual (en la Casa Presidencial, en sábado, por medio de la Presidencia de la República en ejercicio y solicitando celeridad a la ARESEP), plantea su voluntad para una reducción del precio de los combustibles, demostrando que sí es posible efectuar variaciones, no sólo coyunturales sino estratégicas, en la modalidad de cálculo del precio de los mismos.

Con ocasión de la protesta social de mañana lunes 16 de mayo de 2005, la Jornada Nacional de Lucha acordada por la Cumbre de los Sectores Sociales, celebrada en el Teatro Popular Melico Salazar, el pasado 14 de abril; tomó el acuerdo de seguir insistiendo en la lucha contra dicho monopolio privado ilegal, razón por la cual insistimos vehementemente en lo siguiente:

Hemos demostrado profusamente, hasta la saciedad, la colección de irregularidades de toda índole, tanto jurídicas como administrativas que se han dado en esta situación, desde el inicio mismo de este ilegal proceso de concesión; sin embargo, ha resultado imposible todo proceso de diálogo con las máximas autoridades políticas del país, llegándose al extremo de burlarse, recientemente, de la buena voluntad de nuestro movimiento recientemente, como lo hizo el jerarca del MOPT, Lic. Randall Quirós Benavides.

El problema de RITEVE requiere una salida eminentemente política dado que estamos de cara a un problema político. Durante la anterior fase de búsqueda de solución a este asunto, tanto la Primera Vicepresidenta de la República y Ministra de la Presidencia, Licda. Lineth Saborío Chaverri; como el propio ministro del MOPT, nos indicaron, una y otra vez, que había voluntad política del Gobierno de la República, para eliminar la situación ilegal del monopolio privado de la revisión técnica vehicular. Hoy es claro que todo fue una falsedad.

En consecuencia, llamamos al pueblo costarricense a que respalde el llamado de todos los movimientos sociales para salir a la calle mañana lunes 16 de mayo, para repudiar el compadrazgo político que sostiene a RITEVE contra toda norma de legalidad y de decencia. RITEVE muestra, en toda su dimensión, el sometimiento que nos espera en caso de que el denominado tratado de “libre” comercio (TLC) con Estados Unidos, se nos imponga.

RITEVE Y TLC son asuntos intrínsecamente vinculados por intereses de negocios con servicios públicos y por un entramado de tráfico de influencias y de corrupción, en los más altos estrados de la institucionalidad vigente.

El Gobierno de la República tiene salidas para este problema sin que RITEVE tenga que dejar de un oferente del servicio de la revisión técnica vehicular. La aplicación administrativa y/o una correcta interpretación legislativa, en buena lid, de los contenidos de los artículo 19 y 20 de la Ley de Tránsito, bajo el espíritu del Artículo 46 constitucional, abre camino para una solución real al problema que mañana, nuevamente, nos convoca a las calles.

Pero, además, procesos de caducidad, total o parcial, del privado manejo monopólico de tal servicio, son perfectamente posibles, a la luz del clausulado del contrato mismo y/o del más reciente pronunciamiento del órgano contralor, en cuanto a la ausencia de refrendo para la prestación del servicio hoy sigue siendo fuertemente cuestionado por una enorme mayoría ciudadana.

Movimiento Cívico Nacional

San José, 14 de mayo de 2005

Tal y como quedó en evidencia y como fue acordado en dicha Cumbre Social, el día 1° de mayo, día de los trabajadores (as), fue una clara expresión de repudio al Tratado de Libre Comercio con EEUU. Los trabajadores (as) de nuestro país demostrando una gran madurez política y unitaria, desfilaron en consecuencia por la defensa de los intereses suyos y de la Patria manifestando un contundente rechazo al TLC.

En consecuencia con el Plan de Acciones, emanado de la Cumbre Social, se acordó convertir el próximo 16 de mayo, en el marco de la celebración del Día del Agricultor, en una Jornada Nacional contra el TLC y por la defensa de la soberanía y seguridad alimentaria de nuestro pueblo y esa es la convocatoria que está precisamente reforzando hoy la Comisión Nacional de Enlace en esta conferencia de prensa.

Aprovechamos esta oportunidad para manifestar, tal y como se hizo en la Cumbre Social, que los TLC y éste, entre Centroamérica y EEUU, lo que buscan es convertir en ley supranacional el modelo neoliberal, y ser con ello una especie de seguro contra cambios democráticos. Tal y como se expresó en una oportunidad, la negociación de acuerdos internacionales de inversión es como redactar la Constitución Política de un solo mundo, es decir, una especie de “Constitución”, en el sentido legal del término, que garantiza derechos al capital y prácticamente no marca obligaciones. Esto acuerdos delimitan lo que los estados pueden o no pueden hacer. En adelante las decisiones fundamentales de la política y estrategia económicas de nuestros países ya no corresponderán a las instituciones democráticas de cada país, se fijan en una ley supranacional.

En el caso de la agricultura, el caso de México, diez años después de firmado el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) es ejemplarizante. De ser competitivo en los años 60, México ha perdido paulatinamente competitividad y en la actualidad no ha sido capaz de acortar la brecha frente a Estados Unidos.

Las importaciones de granos y olegaminosas se han incrementado dramáticamente . Caso similar sucede con las carnes, frutas de clima templado, etc. Esas importaciones han desplazado a los productores nacionales aumentando el desempleo en el campo y además han destruido parte de la infraestructura física del país. Los datos demuestran que México está perdiendo su soberanía alimentaria por una mayor dependencia de las importaciones que han generado una gran fuga de divisas. Año tras año crece la dependencia alimentaria. El desempleo crece en forma alarmante en el campo. La pérdida de empleos en el campo para el año 2002 llegaba a 1.78 millones y de ellos casi 600.000 se relacionaban con granos básicos, 40 % de los porcicultores abandonaron la actividad y de los productores de papa el 24% también lo había hecho. Igual sucedió con los arroceros, maiceros, etc. A esto lo llaman en México, una agrocidio.

A pesar del TLCAN, que se suponía atraería más inversión extranjera para el campo, generaría más empleo y aumentarían las remuneraciones de los trabajadores, la pobreza se ha incrementado; según cifras oficiales, el 69.3% de la población en el campo es pobre.

Las supuestas ventajas para los consumidores de tener acceso a alimentos más baratos a partir de las importaciones resultan ser pura demagogia. En México por un lado, de 1994 a 2002, los precios de la canasta básica se han elevad 257%, mientras que los precios al productor agropecuario subieron sólo 185%, según datos del propio gobierno mexicano. Por el otro, el salario promedio de los trabajadores y consumidores mexicanos bajó en 21% desde que se aprobó el TLCAN.

EL TLCAN ha ocasionado la transformación más dramática y profunda en la historia de la agricultura mexicana. El presente y futuro de esta ha sido trastocado, la opción de vida en el campo para la gran mayoría de los miles de productores está puesta en duda. Las organizaciones de productores pequeños, medianos y empresariales maiceros, soyeros, frijoleros, arroceros, paperos, algodoneros, manzaneros, porcicultores, ganaderos, ete, que representan la gran mayoría de los agricultores y ganaderos del país, claman por la suspensión del TLCAN o por lo menos su renegociación, porque los ganadores son cerca de mil personas, frente a millones de perdedores.

En Costa Rica no será diferente. Miles de agricultores se unirán a las filas de los perdedores y a las filas de la pobreza y el desempleo si se aprueba el TLC con Estados Unidos. Por eso enviamos nuestra solidaridad a los agricultores en su día, que también están sumados en la causa común contra ese TLC anexionista.

Nos sumamos también a las miles de familias costarricenses que día a día miran como su salario no alcanza y los llamamos a sumarse a la protesta nacional. Nos sumamos a los costarricenses que repudian día a día a esa clase política ciega y sorda que lo único que ambiciona es el poder para seguir favoreciendo los negocios de Riteve, Alterra, etc, y que ha sido absolutamente permisiva con la corrupción.

Llamamos pues a todo el pueblo de Costa Rica, lastimado en lo más profundo por esa clase política corrupta y corroída a protestar contra lo que ocurre en nuestro país, cuando un sector político económico neoliberal, que amparado al TLC, pretende imponer su modelo económico, es decir la contrarreforma social, entregando la salud, la educación, las telecomunicaciones, los seguros, la agricultura, la energía, la biodiversidad, la soberanía, etc., a las transnacionales.

La Comisión Nacional de Enlace refuerza el carácter pacífico de la actividad y reitera que la acción de protesta es solamente por el día 16 tal y como se acordó en la Cumbre Social y con base en esos acuerdos prepara las futuras acciones.

Comisión Nacional de Enlace (CNE)
¡Por la defensa de la Patria, NO al TLC!

San José, 12 de mayo de 2005

En primer lugar, es totalmente cierto que se recibió una contribución de la organización norteamericana denominada “FREEDOM SOCIALIST PARTY NATIONAL OFFICE” (sic), por un valor de $50.00 (cincuenta dólares estadounidenses); mediante cheque no. 3997 de la sucursal del BANK OF AMERICA en Seattle, Washington; para efecto de lo que los mismos indican en misiva enviada a Albino Vargas como “asistencia en la lucha contra el CAFTA”. Me parece que el lector coincidirá con nosotros en el hecho de que la donación en cuestión no es a todas luces una “contribución millonaria”, como han querido resaltar nuestros detractores.

Por otro lado, cuando la ANEP decide hacer el llamado a través de la Internet al mundo entero, para que apoyen nuestra lucha en contra del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos; es claro que cualquier persona o entidad en cualquier parte del globo terráqueo puede verse motivada a colaborar con nosotros y por tanto enviar un donativo en dinero, si su condición, su filosofía y su altruismo así se lo permiten; siempre y cuando las mismas provengan de fuentes honorables. Sin embargo, el objetivo de nuestro llamado no es, y nunca ha sido, el hacernos millonarios a base de donativos; sino más bien crear conciencia mundial sobre el peligro que dicho Tratado representa para nuestro país y sus naciones hermanas, en cuanto al asalto de su soberanía y de sus instituciones públicas; por parte de una potencia extranjera.

Finalmente, debo declarar con todo orgullo y tranquilidad, que la ANEP a la fecha, y hasta donde nuestros registros contables prueban fielmente, no está siendo financiada por ninguna agrupación nacional o internacional de derecha, izquierda o centro. Nuestros ingresos provienen básicamente de los aportes de nuestros asociados del sector público y privado, los cuales contribuyen de forma libre y generosa al mantenimiento de nuestra organización, y a los cuales nos debemos en la defensa de sus intereses como trabajadores, y como pueblo. Cierto es, que en algunas ocasiones hemos recibido ayudas de otras organizaciones sindicales hermanas tanto de este como de otros países, en la organización de seminarios, talleres, proyectos, marchas o invitaciones a participar en actividades dentro y fuera de nuestras fronteras, pero dichas contribuciones aunque loables desde el punto de vista de la solidaridad, distan mucho de ser el abultado financiamiento de que nos hablan nuestros enemigos.

Comprendo que es normal que una agrupación política, como es el caso del partido Libertario, tome las noticias aparecidas en este diario y las acomode a sus intereses; escudados en una supuesta preocupación por el pueblo que dicen representar, pero lo cierto es que a la fecha esta agrupación así como otras ya muy conocidas, no han podido dar respuesta clara a los cuestionamientos, que reiteradamente se les plantean, con respecto al financiamiento millonario de sus propias campañas políticas. Los invito señores, a que así como lo dice la Biblia, limpien bien la basura de sus propios ojos, antes de tratar siquiera de sacar la paja del ojo ajeno.

Lic. Eduardo E. Roldán Álvarez
Contador. ANEP. CPI. 25962

San José, 12 de mayo de 2005.

Primero: A este momento no hemos sido todavía notificados por las autoridades judiciales, acerca del contenido de una acusación en nuestra contra, interpuesta por un ciudadano. según diversos medios de comunicación colectiva; acusación que estaría en función de un presunta comisión de acciones penales de carácter sedicioso, de traición a la Patria y similares.

Segundo: La ANEP se ha caracterizado por una sistemática conducta de defensa de los derechos económicos y sociales de la clase trabajadora costarricense, particularmente de aquella parte de la misma que nos honra con su membresía; así como hemos abogado, durante todos estos años de políticas económicas neoliberales, por la defensa de un Estado solidario y por la defensa de la institucionalidad pública que nos fue heredada de generaciones anteriores; aspecto éste realizado en conjunto con una enorme cantidad de agrupaciones y de ciudadanos de la más diversas índole, con pensamiento y comprensión cívica similares a la nuestra.

Tercero: En la Cumbre Social del jueves 14 de abril, realizada en el Teatro Popular Melico Salazar, nunca nadie habló ni se emitió documento alguno, planteando un desconocimiento del proceso electoral por venir. El concepto “desconocer” y la alusión asociada al mismo de la palabra “elecciones”, son invenciones generadas en una mente torcida, que se han materializado en una odiosa y perversa manipulación periodística de algunos medios del Grupo Nación, como “La Nación” y “Al Día”.

Cuarto: En próximos días procederemos, con los documentos en mano de tal acusación, a efectuar el análisis de rigor, para la preparación de nuestra defensa. Pero de antemano dejamos claro que todo el proceso judicial que eventualmente se daría en contra nuestra, está inmerso de una atmósfera eminentemente política y es en tal circunstancia que lo enfrentaremos de cara a nuestras bases, de cara a nuestras organizaciones hermanas y amigas de los Sectores Sociales, de cara a los diversos sectores político-partidarios y, por supuesto, de cara al pueblo, cuya solidaridad y respaldo desde ya estamos recibiendo.

Quinto: Rechazamos, tajantemente, de entrada, los errados y perversos ataques y acusaciones de sediciosos, de traidores de la Patria, de violentos y de terroristas que es lo último que les falta por endilgarnos, en medio de una creciente atmósfera de odio y de confrontación, atizando la violencia social y política; cuando de nuestra parte y de todos los Sectores Sociales, nuestro llamado es a la movilización social pacifista, como ha sido la tradición costarricense, altamente demostrado en ejemplos como ALCOA, COMBO ICE y la misma lucha del Movimiento Cívico Nacional. Los traidores a la Patria están en otro lado; son aquellos que pretenden entregar nuestra soberanía y nuestras más preciadas institucionales, mediante un tratado comercial que generará beneficios, exclusivamente, a un pequeño grupo.

Sexto: Seguiremos incansablemente nuestra labor cotidiana que la ANEP nos ha encomendado; seguiremos abogando por todos los principios de la justicia social; seguiremos abogando por la paz y por la democracia, con justicia social y con equidad; seguiremos, desde la órbita de la acción sindical, abogando por una Costa Rica de inclusión, denunciando la corrupción; luchando por una Costa Rica en la que quepamos todos; incluso aquellos que desde la prensa oligárquica, como el Diario La Nación, nos insultan, nos denigran, nos ofenden; pero se equivocan, porque la provocación a la violencia que están lanzando, será masivamente rechazada por el pueblo costarricense. A la ANEP no la callarán jamás.

Sétimo: Aclaramos que hoy no está presente con nosotros, el Dr. José Luis Vega Carballo, el otro ciudadano involucrado en esta irracional acusación, dado que se encuentra en la zona de Occidente, precisamente, educando y concientizando sobre los perversos contenidos del TLC de la oligarquía; pero nos manifestó hacer mención de su compromiso hasta el final en esta lucha y de su decidida vocación de enfrentar esta infamia política dentro y fuera de los estrados judiciales, convocando, como nosotros, al apoyo de la ciudadanía conciente y patriota que es la gran mayoría de la población.

Octavo: Jamás claudicaremos en la defensa de las más sagradas conquista sociales del pueblo costarricense, logradas con el concurso de muchas generaciones de compatriotas, de las más diversas procedencias ideológicas y políticas, a lo largo de varias décadas. No vamos a caer nunca en provocaciones guerreristas de ninguna índole.

Agradecemos a la organización sindical hermana ASDEICE, en la persona de su Presidente, el compañero Fabio Chaves Castro, darnos desde el principio su solidaridad activa, permitiéndonos que esta declaración de prensa fuese leída en su local, mostrando que también en esta causa están tan activamente comprometidos como nosotros.

San José, 29 de abril de 2005

Albino Vargas Barrantes

Edgar Morales Quesada

Totalmente inaceptable, sumamente irracional y una descarada agresión económica, resulta la petición que formula la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE), de una alza de 40 colones por litro de gasolina súper y de 38 colones para la regular; cuyo impacto económico en el bolsillo de los consumidores, sobre todos de quienes son asalariados y de las propietarios de las micro, pequeñas y medianas empresas, será devastador.

Esta nueva alza, constituye una verdadera provocación para el angustiado pueblo costarricense, acosado inmisericordemente por una cadena de alzas de enorme impacto en productos y servicios públicos de consumo básico; alzas que se dan en el marco de una política neoliberal cuyo principal responsable es el Banco Central de Costa Rica (BCCR).

Las abusivas alzas en los buses, en la luz, en el arroz y ahora en los combustibles (gasolina, especialmente), tienen un impacto demoledor en la estabilidad económica familiar; pues se trata de rubros de gasto doméstico imposibles de eludir. Sin la menor duda posible, las fijaciones salariales del segundo semestre que ya se avecinan, serán sumamente confrontativas.

La ANEP propondrá a los diferentes sectores sociales incluir dentro de la agenda de lucha de las acciones por venir, una convocatoria de protesta por la cadena de alzas que nos agobia; porque solamente la expresión social organizada en las calles, sensibilizará a las autoridades económicas del Gobierno de la República, de que resulta imposible seguir tolerando, pasivamente, semejante ola de agresión económica; sumamente agravada por un escenario de concentración de riqueza que se profundiza cada vez más.

La gente tiene el legítimo derecho de defenderse y la mejor acción para ello es mostrar el enojo es acción de calle debidamente organizada.

San José, 8 de abril de 2005.

1. Rechazamos, de manera tajante y expresamos el más absoluto repudio a una nueva edición de la perversa política de pactos en la sombra, por medio de la cual el sistema político del bipartidismo tradicional, conocido en el pueblo como “PLUSC”, pretende garantizarse el mayor control institucional posible; ante el indetenible proceso de descrédito que sufre frente a la conciencia crítica de cada vez más sectores ciudadanos.

2. Es inaceptable desde el punto de vista de las mínimas normas de ética política y decencia en la gestión pública, que el PLUSC haya decidido repartirse para sí, el control de dos de las instituciones que todavía gozan de importante credibilidad ciudadana, como lo son la Defensoría de los Habitantes de la República y la Contraloría General de la República.

3. El PLUSC, entregado completamente a la ideología neoliberal del libre mercado; convertido en una asociación de negocios en la cual empresarios-políticos y políticos-empresarios ansían, por medio del TLC, ingresar de manera definitiva a los jugosos mercados de las telecomunicaciones, la energía, los seguros, la salud y el agua; con reacción endeble y cómplice ante los más vergonzosos escándalos de corrupción pública jamás vistos en la historia nacional; pretende ahora asegurarse su “propio” Contralor y su “propio” Defensor.

4. Las condiciones políticas y sociales del país expresan un clima confrontativo de alta intensidad; razón de más para pensar, con responsabilidad y con patriotismo, en las personas que habrán de ocupar esos estratégicos cargos. Deben ser personas de una gran capacidad convocante, que exhiban un pasado político de correcta transparencia, y que puedan certificar una trayectoria de absoluta independencia, con respecto de las viciadas y perniciosas prácticas de ejercicio de poder a cargo del PLUSC.

5. Las personas honestas y honradas que aún pertenecen y que pusieron su nombre a discutir en estas estratégicas designaciones; no deberían legitimar este tipo de componenda; al menos, para bien de la transparencia del proceso, deberían renunciar de inmediato a pertenecer a esos partidos, si pretenden que les creamos que no entregarán ambas entidades al control total del PLUSC.

6. Es en este marco de situación que, por ejemplo no podemos aceptar, como un gesto transparente y bien intencionado, las aspiraciones del actual Diputado Federico Vargas Ulloa, actual Jefe de la Fracción Parlamentaria del PUSC. No solamente está en una evidente posición ventajosa con relación a otros postulantes al cargo de Defensor de los Habitantes de la República; sino que, por sus directas vinculaciones con la máxima cúpula de ese partido, es evidente que no puede rehuir responsabilidades en cuanto al deterioro de la institucionalidad pública costarricense, luego de que el PUSC renegara de su filosofía socialcristiana para pasarse al neoliberalismo.

7. Por otra parte, el Exministro de Hacienda en el Gobierno del José María Figueres Olsen, el Dr. Fernando Herrero Acosta, aspirante al cargo de Contralor General de la República; debe bastantes explicaciones pues no se puede negar su responsabilidad directa en el escenario confrontativo de enorme impacto en esa época, con ocasión de la Huelga Magisterial. Además, los cierres del Banco Anglo Costarricense y del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER), son situaciones de incumbencia directa en el desarrollo de su gestión al frente del Ministerio de Hacienda; reveladoras de una concepción social del desarrollo que no es la mayoritaria en la conciencia nacional. Además e indudablemente que al tener la “bendición” del Expresidente Oscar Arias Sánchez, se pone en duda una actitud de independencia en las aspiraciones por alcanzar el alto cargo contralor.

8. La Contraloría y la Defensoría no pueden ser conducidas bajo concepciones neoliberales bajo ninguna circunstancia; ni con remedos de una supuesta tecnocracia “neutral” que tan sólo le hace el juego. Ambas entidades necesitan figuras altamente comprometidas con el rescate de nuestro Estado Social de Derecho, con la revitalización de los principios constitucionales que le dan sustento al mismo; con la más absoluta energía para frenar, radicalmente, la orgiástica fiesta de los negocios privados con los servicios públicos.

9. Tienen sobrada razón quienes, desde el mismo parlamento, han denunciado ya que la Contraloría es para el PLN y la Defensoría para el PUSC. Esto no debe ser permitido. Esto es perversión malsana de un concepto de gestión pública al servicio ciudadano. Es más, si el PLUSC insiste en repartirse estos honrosos cargos, se lanzará una provocación más que justificada para ir allanando los caminos hacia salidas que algunos creen que ya no son institucionales.

10. Hacemos un llamado respetuoso a aquellos honorables diputados y a aquellas honorables diputadas que todavía tienen reserva moral y patriótica para no permitir este vulgar reparto institucional que pretende el PLUSC de dos entidades que debemos, hoy más que nunca, salvaguardar para beneficio del decoro institucional y para la preservación del interés público.

11. No se debe prostituir la elección de las personas que han de dirigir a la Contraloría General de la República y a la Defensoría de los Habitantes de la República. Hay que emplear todos los mecanismos institucionales disponibles para que el PLUSC no se salga con la suya.

12. Hacemos un llamado vehemente a todas las organizaciones sociales para que exijan un Contralor para la Ciudadanía, una Defensoría para la Ciudadanía. Ya hemos experimentado lo que es un tener un contralor al servicio de la alianza de negocios del PLUSC. Alterra pasó. RITEVE pasó. La cogeneración eléctrica privada pasó. El asunto de las comisiones pasó. Los viciados carteles de licitación de Puerto Caldera pasaron. Tan sólo son éstos unos pocos casos de situaciones hoy en gran polémica que, sencillamente, pasaron por el ente contralor.

13. Dichosamente, en la Defensoría, las personas que la han tenido a cargo, han logrado mantenerla con decoro, con independencia, con seriedad y con propiedad. Esto debe continuar así y profundizarse para bien de la gente.

Queremos una contraloría al servicio del bien común,
no para el plusc.

Queremos que la defensoría siga siendo de la gente,
no que pase a manos del plusc.

Basta ya de tanto atropello a la institucionalidad democrática
sana que todavía nos queda la delicada situación política del país así lo exige.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General
ANEP

Fabio Chaves Castro
Presidente
ASDEICE

San José, 6 de abril de 2005.