Categoría: Noticias

Producto de lo anterior, el ente contralor ha vivido momentos de gran dinamismo, de cambios importantes; y también, momentos de pasividad y de incertidumbre. Pero tanto cuando la entidad ha vivido momentos de gran prestigio, como cuando se ha visto cuestionada o bien disminuida, sus funcionarios y sus funcionarias, en su gran mayoría, han estado al margen, sin tener en sí un papel preponderante y manteniéndose a la expectativa de lo que el jerarca de turno decida que hacer; convirtiéndose en el espectador más cercano y que si bien en momentos puede ser beneficiado como en otros perjudicados, no ha dejado de ser un simple espectador.

Sin embargo, dada una serie de circunstancias por todos conocidas, un numeroso grupo del personal de la entidad contralora, decidió dejar de lado ese rol de espectador y con sentido crítico y bajo la figura de una seccional de la ANEP, pretende ser una organización laboral que, guiada bajo la premisa de buscar mejores rumbos para la Contraloría General de la República y su personal, busca mitigar el efecto pernicioso que dentro de la organización, pudieran generar aquellas decisiones nacidas al margen de lo dispuesto en el marco jurídico, legal y ético que rige a la Contraloría General de la República, con la complicidad acomodaticia, pasiva ó activa, que genera el vaivén del nombramiento de los jerarcas.

Ni por asomo pretendemos que la jerarquía nombrada por los órganos competentes no asuma su responsabilidad de guiar a la entidad de acuerdo a su personalidad, ni de organizarla conforme a su objetivo; pero sí estamos dispuesto a velar para que esa guía y objetivo sean para el bien del país, de la organización en sí y de sus funcionarios y funcionarias. No estamos dispuestos a que se vuelvan a presentar ocurrencias irracionales como las de pretender hacer en nuestra institución un “overhault” a ¡¡100 kilómetros por hora!!, por demás de enorme costo económico para las golpeadas arcas públicas.

Hoy, como organización laboral preocupada por el accionar institucional y aún en estos momentos en que la Asamblea Legislativa esta en un “impasse” en el nombramiento del nuevo contralor o contralora, nos sentimos en la obligación de exigir a quien tome las riendas de la Contraloría, en el campo interno de la institución, lo siguiente:

– Respeto al marco jurídico, legal y ético que rige a esta Contraloría General de la República; respeto a la carrera administrativa dentro de la CGR. ¡No más concursos mixtos ni la definición antojadiza de requisitos para cada concurso que se promociones dentro de la institución.

– Claridad en torno a las decisiones que tome en relación con la estructura orgánica que debe prevalecer en la Contraloría. Para ello, en todos los casos debe realizarse un estudio integral de puestos y determinar el número de funcionarios que se requieren para atender las crecientes demandas de labores que confronta la Contraloría día con día. Por supuesto que este estudio debe considerar esa demanda y de manera seria y objetivas ya que la Contraloría General de la República tiene insuficiente cantidad de fiscalizadores para atender su labor sustantiva.

– Procurar una solución rápida a la situación que enfrenta una gran cantidad de funcionarios que están realizando funciones más allá de las que les corresponden y a los cuales, a pesar de vivir esa situación desde hace ya varios años, no se les ha hecho el respectivo estudio de reasignación de puestos.

– Procurar la adecuada dotación de recursos tecnológicos para los fiscalizadores que ejecutan el trabajo de campo en cada institución pública, que le permita poder realizar sus funciones de la manera mucha más efectiva de la que se realiza ahora..

– El establecimiento de salarios competitivos.

Para el accionar externo de la entidad, queremos solicitarle al nuevo jerarca desde la perspectiva de la organización nacional de ANEP que pueda considerar lo siguiente:

1. Establecer un Foro Permanente de Participación Ciudadana

Consideramos que la Contraloría no debe estar aislada de la ciudadanía ni de los grupos de la sociedad civil, ya que al fin es al pueblo al que le debe rendir cuentas del uso eficiente y eficaz de los de los bienes y servicios públicos, así como garantizar la correcta gestión en las instituciones públicas.

En tal sentido sería conveniente establecer este espacio sistemático de diálogo para que los ciudadanos y ciudadanas y los grupos de la sociedad civil puedan intercambiar criterios sobre la misma función contralora o sobre la gestión de las instituciones públicas. Puede ser un espacio para que los funcionarios conozcan sobre la problemática nacional desde una perspectiva de los grupos de la sociedad civil, sin necesariamente asumir compromisos más allá de lo ético y legal.

Se podrían promover giras regionales para que los ciudadanos conozcan que hace la Contraloría y puedan hacer denuncias, de haber hechos irregulares, en los campos de acción de las instituciones ubicadas en cada región de nuestro país.

2. Lucha contra la corrupción

Los actos de corrupción detectados en los últimos tiempos hacen pensar que la Contraloría debe establecer nuevos métodos de fiscalización y control que permitan ir más allá del tipo de trabajo que se ha venido realizando, ya que se denota que la corrupción ha permeado a un considerable grupo de las más altas autoridades públicas y los sistemas actuales no permitieron a la Contraloría ni a las Auditorías Internas detectar estos actos ilícitos.

Por lo tanto, consideramos que el nuevo jerarca de la Contraloría debería establecer como una de sus acciones prioritarias una evaluación exhaustiva del modelo de organización y de los procesos de trabajo tanto de la Contraloría como de las Auditorías Internas, con el apoyo de expertos de Contralorías de países hermanos que han sufrido este flagelo de la corrupción para diseñar una nueva estructura para combatir más eficientemente la corrupción.

La Contraloría debe volver a ser el baluarte que fue en este campo de acción. La Ley de Control Interno y la de Enriquecimiento Ilícito le permiten impulsar esta tarea, solicitando a la Asamblea Legislativa los recursos humanos y financieros necesarios para actuar de forma oportuna.

3. Servicio de Atención de Denuncias

Si bien la Contraloría tiene actualmente una Unidad de Denuncias, consideramos que ésta debe ser fortalecida, ya que por el alto volumen de trabajo que le llega, traslada muchas de estas denuncias a las Auditorias Internas de cada entidad o bien los tiempos de investigación se prolongan.

Consideramos que el nuevo Contralor como parte de las acciones anticorrupción debe capacitar y dotar a esta unidad de más personal especializado, especialmente en el campo de la investigación de la Auditoría Forense y de Sistemas.

4. Programa Permanente de Fortalecimiento de Valores

La Contraloría debe promover una cultura nacional de honestidad e integridad. En tal sentido, debería coordinar acciones, dirigidas tanto a funcionarios públicos como a la ciudadanía en general y sea la que de el ejemplo en trasparencia.

Por medio de programas de televisión, radio, talleres, etc., en conjunto con las Universidades Públicas, el Ministerio de Educación, SINART, podría fomentar la conciencia nacional sobre los valores fundamentales que honraron a nuestros abuelos y que deben rescatarse en la función pública y privada.

La honestidad, la integridad, la rendición de cuentas de nuestros actos, deben ser fortalecidos por estos medios.

A los funcionarios y funcionarias de la Contraloría deseamos decirles que en el corto tiempo de existencia de la organización laboral en la CGR, hemos procurado que lo actuado responda a nuestra razón de existir. Ello nos ha llevado a emprender acciones y luchas para hacer que en esta Contraloría General de la República se respete el marco jurídico, legal y ético.

En algunas ocasiones se ha logrado alcanzar los objetivos, en otras se han presentado serias limitaciones. Sin embargo, hoy más que nunca estamos unidos.

Hacemos por este medio un llamado para integrarse a esta organización laboral, para que sean atendidas nuestras reivindicaciones y para que quien sea nombrado en ese puesto, se encuentre no con simples espectadores, sino con funcionarios comprometidos y dispuestos a defender la institucionalidad y a dar lo mejor de sí para que la Contraloría sea una entidad de prestigio y guía en el buen uso de los recursos asignados a la Hacienda Pública.

Finalmente, queremos recordarles muy respetuosamente a los señores y señoras diputados que en sus manos está el destino de una organización que debe jugar un rol fundamental en el rescate de la decencia y de los más altos valores morales y éticos. Rogamos que el Señor les otorge la sabiduría necesaria para elegir a la mejor persona que contribuya como Contralor o Contralora General para sacar adelante la función de control, y fiscalización operativa y evaluativa en el sector público y se convierta en un baluarte de la lucha contra la corrupción en la administración pública.

JUNTA DIRECTIVA SECCIONAL
ANEP-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Lic. Luis Rivas Quirós
Presidente

MBA. José Antonio Gutiérrez Díaz
Vicepresidente

MBA. Rosa Maria Salazar González
Secretaria de Actas, Divulgación y Correspondencia

Danilo Bolaños Lepiz
Secretario de Formación Sindical

Lic. Antonio Calderón Porras
Secretario De Finanzas

MBA. Oscar Torres Salazar
Vocal 1

MSc. Ana Patricia Barrientos Guzmán
Vocal 2

Jorge Núñez Naranjo Bach.
Vocal 3

Sugey Monge Solano
Vocal 4

MBA. Adrian Pearson Berrick
Fiscal

ASOCIACION NACIONAL DE EMPLEADOS PUBLICOS Y PRIVADOS
ANEP

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto

San José, 16 de junio de 2005.

La última esperanza de evitar un conflicto laboral de semejante dimensión, es la intervención del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), en la persona de su máximo jerarca, el Lic. Fernando Trejos Ballestero.

Efectivamente y a pedido institucional, este funcionario se reunirá mañana jueves 16, a las 9 de la mañana, con la representación institucional de Correos de Costa Rica, S. A.: su Junta Directiva y la Gerencia General. Posteriormente, el lunes próximo, día 20, también a las 9 horas, lo hará con los representantes laborales, agrupados en torno a la Seccional de la ANEP en dicha entidad.

Se espera que de ambas reuniones se abra un proceso negociador que ponga fin al tenso clima laboral que reina en dicha institución pública y que se den los primeros pasos para cancelar una deuda que ronda ya los 300 millones de colones; amén de definir la forma de restitución de la jornada laboral de las 40 horas.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

San José, 15 de junio de 2005.

PRIMERO: Entre los meses de agosto y noviembre del año 2004, sin mayor información y en forma acelerada, la administración superior del INS comenzó con un proceso de “Reestructuración Institucional Total”, proceso que siguió impulsando con fuerza en los primeros meses del año 2005. Este proceso de reestructuración se encuentra documentado en un texto que responde al nombre de “PLAN DE GESTIÓN GERENCIAL: Proceso de Transformación Institucional”; que propone desmantelar la actual estructura de mercadeo y ventas, las direcciones técnicas y los departamentos de producción (especializados por productos); para sustituirlos por un sistema técnico-comercial, en procesos “back office” integrados y en plataformas de servicios integrados respectivamente; en nuestro criterio, sin medir el impacto que se tendrá en los procesos administrativos y el que se podría tener en el campo tecnológico.

SEGUNDO: Que ante este proceso de reestructuración procedimos a consultar a los jerarcas institucionales, mediante nota de fecha 22 de febrero de 2005 sobre los acuerdos de la Junta Directiva del INS que dan fundamento a dicho proceso (la cual adjuntamos); nota que fue contestada con fecha 8 de marzo del 2005, mediante oficios PE-2005-0149 y G-0264-2005, mismos que en el fondo y como se verá (adjuntamos los oficios en cuestión), no responden nuestras consultas; sino que mediante subterfugios tratan de desviar la atención hacia otros conceptos y situaciones que no se apegan en su totalidad a la realidad de los hechos, ni a lo que han estado haciendo dentro de la institución para impulsar este proceso de reestructuración, pero de los cuales extraemos los siguientes hechos notables de nuestras consultas y lo respondido en tales oficios:

a) Les solicitamos copia del acuerdo de Junta Directiva del INS, que respaldaba el proceso de reestructuración y al respecto nos contestaron lo siguiente (tomado el párrafo segundo del oficio arriba indicado):

“Al respecto, es importante indicarle que el proceso actual responde a un Plan de Gestión que tanto la Presidencia como la Gerencia pretendemos ejecutar, el cual no sólo establece cambios en la estructura de servicio sino también a nivel de estrategia comercial, productos, tecnología, así como la reformulación de procesos en las áreas de apoyo. Del desarrollo de lo que será este Plan de Gestión se ha enterado a la Junta Directiva de la Institución, sin que a la fecha haya habido ningún acuerdo concreto, en tanto hasta este momento únicamente se ha referido a la transformación en la forma de brindar el servicio. El plan definitivo en su momento deberá contar con los acuerdos respectivos de ese órgano colegiado con el aval del Ministerio de Planificación.” (el subrayado no es del original)

Como se desprende, se está en un proceso de reestructuración total del Instituto Nacional de Seguros, que es llevado administrativamente por la Presidencia Ejecutiva y la Gerencia, sin que medie un acuerdo de Junta Directiva y mucho menos la autorización del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan), tal como lo reconocen.

Por otro lado, que un proceso de tal magnitud no tenga ni siquiera un acuerdo de Junta Directiva del INS, es preocupante, pues además de la reestructuración de servicios, hay una reestructuración en materia de mercadeo, productos y lo más impactante, en el área tecnológica (¿significará acaso este proceso de transformación, más compras de software de esos tan cuestionados en los últimos años, que al final no llenan las expectativas y menos los requisitos, pero por los cuales hay que pagar muchos millones de colones?).

En el párrafo quinto de dicho oficio hacen mención (aparte de otro análisis que haremos de este párrafo más adelante), de que “…han tomado las previsiones para que la etapa de transición afecte mínimamente el proceso de producción y sobretodo, el servicio al cliente”. En nuestro criterio, hasta el momento eso es falso, pues conocemos de una serie de procesos productivos que se han visto afectados y de la disconformidad, por ejemplo, de las comercializadoras de seguros y de agentes de seguros, que han cuestionado el nuevo modelo.

TERCERO: Que hemos consultado al Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan), mediante nota de fecha 4 de marzo del año en curso, si la Administración Superior del Instituto Nacional de Seguros ha solicitado y le ha sido autorizado algún “proceso de reestructuración interna”; lo anterior al amparo de lo que establece la Ley No. 5525, “Ley de Planificación Nacional y Política Económica”, así como lo que establece el resto de normativa jurídica que rige para estos procesos. Al respecto MIDEPLAN, nos certifica por medio del Director de Modernización del Estado, manifestando lo siguiente:

“De conformidad con los archivos que custodia esta Dirección, el último proceso de reestructuración aprobado al Instituto Nacional de Seguros fue el día treinta y uno de julio de mil novecientos noventa y seis, mediante oficio DM-681-96, de la misma fecha….”.

Queda claro, entonces, que no existe autorización alguna tal y como lo establece la ley supracitada y sus leyes y normas conexas, para que el Instituto Nacional de Seguros realice un proceso de reestructuración interna, ya que la última que le fue aprobado fue en el año 1996. Tampoco las autoridades del INS han solicitado o han puesto en conocimiento alguna propuesta de reestructuración del INS, para ser aprobada por Mideplan. Eso, por lo menos, hasta la fecha en que estamos presentando esta denuncia.

Estamos en frente de un proceso de reestructuración amañado e ilegal que pone en serio peligro la actividad de los seguros en el país y que, en vez de convertirse en un proceso de mejoramiento de los servicios y las actividades que presta el INS, podría en generar un caos institucional sin precedentes. Surgen aquí varias preguntas: ¿Por qué se está haciendo este proceso de Reestructuración sin contar con los avales de ley?; ¿puede la Junta Directiva del INS, la Presidencia Ejecutiva y la Gerencia del INS aducir desconocimiento de la ley?; y, además, ¿qué esta haciendo la Auditoría del INS?

CUARTO: Asimismo, solicitamos copia del Acuerdo X de la Sesión No. 8707 de la Junta Directiva del INS, del 25 de enero del 2005, sobre la Estrategia Comercial que desarrollará el INS para los próximos años y nos contestan algo totalmente irracional, según se destaca en el párrafo siete del oficio en cuestión:

“En lo que concierne a la solicitud del Acuerdo X de la sesión 8707 del 25 de Enero del 2005, nos permitimos informarle que a la fecha la Junta Directiva no ha tomado acuerdos concretos sobre el particular, pues se ha procedido a informar por parte de la Gerencia del contenido del Plan, pero no hemos alcanzado el momento de la formalización, a cuyo efecto como lo indicamos será necesario además el aval de MIDEPLAN…”.

Lo cierto es que el acuerdo sí existe, y es el Acuerdo X de la Sesión 8707, del lunes 24 de enero del 2005, y que se refiere a la Estrategia Comercial del INS (estamos adjuntando documentos que así lo prueban). Este acuerdo ha circulado dentro de la institución y es un documento de acceso a niveles de jefatura, tal y como lo demuestra el correo interno, G-0134-2005, de fecha 11 de Febrero de 2005; Estrategia Comercial que, como se verá, bajo el subterfugio “de la modernización y preparación para enfrentar un mercado competitivo de seguros”, lo que hace en el fondo, es promover la apertura del Mercado de Seguros desde adentro del INS; adelantándose al criterio de la Asamblea Legislativa en un tema que es de interés fundamental para el desarrollo de la Patria, y cuya competencia es neta y única de la Asamblea Legislativa desde la perspectiva de la creación y aplicación de las leyes costarricenses, como lo es el tema de las regulaciones del Mercado de Seguros.

Es por ello que basta leer el aparte de “promoción”; del documento que nos han negado y que ratifica nuestra denuncia; a continuación un extracto:

“Previas a la apertura:

“Se preparará a los públicos internos y externos al cambio en las condiciones del mercado monopólico de seguros a uno de libre competencia, asegurando la lealtad y fortaleciendo la imagen de marca del INS.”.

Es decir, desde la Junta Directiva del INS se está legislando y se planifica de manera ilegítima e ilegal, la apertura del mercado de seguros cuyo monopolio es de todos los costarricenses. ¿Qué intereses mueven a los directivos del INS, al Presidente Ejecutivo y a la Gerencia General, para desde ya ir consolidando una apertura del mercado de seguros, cuando ni siquiera los y las costarricenses hemos discutido el tema, y mucho menos en la Asamblea Legislativa se discute algo al respecto?. Grave hecho éste que denunciamos y que debe ser severamente sancionado e investigado por la Contraloría y los entes competentes.

QUINTO: El Decreto Ejecutivo No. 23323-PLAN, Artículo 13, define como “Reorganización Estructural”, “Reestructuración” o “Transformación” institucional, lo siguiente:

“Artículo 13. Se entenderá por reorganización estructural la creación o supresión de unidades administrativas, así como la transformación de las mismas. La Contraloría General de la República, la Autoridad Presupuestaria, la Dirección General de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, no tramitarán presupuestos ni modificaciones presupuestarias de aquellos entes públicos que lleven a cabo reorganizaciones estructurales no autorizadas por MIDEPLAN…”.

Asimismo, dentro de los Lineamientos para el Proceso de Reforma Institucional, que tiene para tales efectos MIDEPLAN, se establece en su punto cuarto, párrafo tercero lo siguiente:

4-Lineamientos de la Autoridad Presupuestaria

“…Por esa razón, entre sus lineamientos se contempla que toda modificación a la estructura organizacional deberá contar con la autorización de MIDEPLAN, esto tiene como propósito garantizar un proceso armónico entre estructura, presupuesto y empleo”.

Queda entonces definido qué se entiende por reestructuración o transformación institucional y la sanción a la que se expone una institución que no cumpla con los requerimientos de la Ley 5525 y del Decreto Ejecutivo No. 23323-PLAN (Artículo 13), incurriendo en falta grave los administradores públicos, por el impacto que significaría la no aprobación de presupuestos institucionales y la afectación a la gestión pública.

QUINTO: Que ante los hechos aquí denunciados, es claro que se transgrede una serie de leyes y normativas existentes para los procesos de reestructuración o transformación institucional; pero, además, se violenta otra normativa legal, tal vez más importante, y que es a la que acudimos en esta denuncia: nos referimos a la Ley General de Control Interno, y a la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública.

El control interno esta definido por la Contraloría General de la República de la siguiente forma:

“La serie de acciones diseñadas y ejecutadas por la administración activa para proporcionar una seguridad razonable en torno a la consecución de los objetivos de la organización, fundamentalmente en las siguientes categorías: a) Proteger y conservar el patrimonio público contra cualquier pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal: b) Confiabilidad y oportunidad de la información; c) Eficiencia y eficacia de las operaciones; y d) Cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico.”

De la misma forma se estarían violando artículos de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, a saber, el artículo 3- Del Deber de Probidad; artículo 5- Fraude de Ley; artículo 6- Nulidad de los actos o contratos derivados del Fraude de Ley; y el artículo 7- Libre acceso a la información, entre otros.

Dada la gravedad de los hechos aquí denunciados, estamos solicitando la intervención de la Contraloría General de la República, en las acciones y los actos ejecutados por la Administración del Instituto Nacional de Seguros, a saber, la Junta Directiva, Presidencia Ejecutiva y Gerencia General, en cuanto al proceso de reestructuración o transformación del INS.

Asimismo, solicitamos se apliquen las responsabilidades del caso, a quienes están en el deber de conocer las leyes dentro de la Administración del INS, y que con sus actos han puesto en grave riesgo la gestión administrativa y financiera de tan importante Institución.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Rafael Mora Solano
Delegado ANEP-INS

San José, 14 de junio de 2005

El deterioro del poder de compra de los salarios y las restricciones que muestran las últimas fijaciones salariales, son un síntoma más que evidente del peligroso proceso de concentración de la riqueza que se da en nuestro país, así constatado por diversos estudios de alta rigurosidad científica. Es más, se ha indicado que el salario real ha caído en poco más de un 5 % en los últimos tiempos.

No es ni irresponsable ni demagógico alegar que, si realmente hubiese otro tipo de política económica, una verdadera ruta de corrección de la equivocada senda del empobrecimiento salarial que venimos transitando, nos indicaría que para el presente semestre el alza salarial debería estar cerca de un porcentaje del 12 %: poco más de la mitad correspondería para atenuar el impacto de la inflación en lo que va del año; y lo restante para iniciar un camino modesto de recuperación del poder adquisitivo del salario del trabajador.

Sin duda alguna que el Gobierno de la República tiene una prueba de fuego en sus manos, pues en el seno del Consejo Nacional de Salarios, instancia en la cual se ha de definir el monto de incremento para la clase trabajadora del Sector Privado, debería comportarse con base en la filosofía socialcristiana que dice inspirar los actos del Presidente de la República.

En tal sentido, su posición, que es la inclinadora de la balanza, deberá irse del lado de la propuesta sindical. Lamentablemente, la experiencia nos indica lo contrario y dada la ausencia de libertad sindical en el Sector Privado, los empresarios nuevamente se saldrán con la suya.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto

San José, 9 de junio de 2005.

Luego de la transformación institucional de la antigua Dirección General de Correos y Telégrafos (CORTEL), dependencia adscrita al Ministerio de Gobernación y Policía (Poder Ejecutivo), en Correos de Costa Rica, S. A. (empresa pública estatal regida por el Derecho Privado), empezó así un verdadero calvario para sus trabajadores y para sus trabajadoras; pues entre las primeras medidas tomadas por la nueva administración estuvo la eliminación de derechos laborales que estaban consolidados, como el reconocimiento por antigüedad en el cargo (anualidades), el Salario Escolar y la jornada laboral de 40 horas semanales.

Estas y otras medidas contrarias al interés laboral, se tomaron de manera unilateral y arbitraria, sin que se respetase la parte de la nueva ley que daba la posibilidad para la instauración de una Convención Colectiva de Trabajo, que viniese a ser garante de la protección de los trabajadores y de las trabajadoras en el nuevo esquema jurídico.

En tal marco de condiciones y en el caso específico de la jornada laboral de 40 horas, la ANEP presentó varias demandas en los tribunales de trabajo, los cuales, luego de casi cuatro años de trámite, han empezado a fallar a favor de los trabajadores; teniéndose ya los primeros tres casos sentenciados que ordenan no solamente la restauración de dicha jornada de 40 horas, sino el pago retroactivo a partir del momento en que la misma fue aumentada unilateral y arbitrariamente. En tal sentido, estamos hablando de diferencias salariales que en unos 400 casos de personas afectadas, se han acumulado desde setiembre de 1998.

Así las cosas, ANEP ha gestionado, reiteradamente, a nombre de los trabajadores y trabajadoras envueltos en tal situación, ante la Junta Directiva y ante la Gerencia General de Correos de Costa Rica, S. A., el establecimiento de un mecanismo de negociación que permita solucionar dicho problema; es decir, por un lado, retornando a los trabajadores y a las trabajadoras en su jornada laboral de 40 horas y, por otro, procediendo a pagar mediante arreglo administrativo el pago de las deudas salariales acumuladas hasta el momento.

A la fecha, el monto acumulado por deudas salariales de las 400 personas trabajadoras de Correos de Costa Rica, S. A., a quienes se les eliminó la jornada laboral de 40 horas, asciende a unos 300 millones de colones; cifra que podría ser inmensamente mayor (hasta duplicarse o más), si las autoridades políticas y administrativas de esta entidad, siguen negándose rotundamente a establecer el mecanismo de negociación sugerido, pues las eventuales costas procesales y el respectivo pago de intereses, más la prolongación en el tiempo de la tramitación judicial de cada uno de esos 400 casos.

Buscando la generación de una salida negociada a este grave problema, la ANEP solicitó la intervención de la propia Casa Presidencial, tanto del propio Presidente de la República, Dr. Abel Pacheco de la Espriella, como de la señora Licda. Lineth Saborío Chaverri, Primera Vicepresidenta de la República y Ministra de la Presidencia. Hasta el momento este tipo de gestiones han sido infructuosas.

Por otra parte, y en aras de la protección del patrimonio público, la Procuraduría General de la República, mediante oficio O.J- 047-2005, del 12 de abril del 2005, se pronunció en el sentido de que no existe ningún impedimento legal para que la empresa establezca un mecanismo de negociación sobre el particular. En la conclusión de dicho documento se dice, por ejemplo, lo siguiente:

“Es jurídicamente posible que Correos de Costa Rica S.A., como empresa pública, utilice o aplique el mecanismo de la conciliación y/o transacción dentro de uno o varios procesos judiciales en tramite, teniendo como limite materias de estricta naturaleza patrimonial y el propio principio de legalidad…”,

Igualmente, en la parte de Consideraciones Finales podemos leer lo siguiente:

“…nuevos procesos judiciales podría implicar sin duda mayores egresos a la institución, ya fuera por concepto de intereses y costas del juicio. Todo ello inclinó a considerar que la mejor solución, atendiendo razones de oportunidad y conveniencia, era reconocer retroactivamente en vía administrativa, las diferencias salariales de comentario y sus intereses”.

La Junta Directiva de Correos de Costa Rica, S. A, actuando de manera irresponsable y poniendo en riesgo el patrimonio económico de la institución, en vez de actuar con sentido común y en el marco de la legalidad, abriéndose ya a una negociación; decide contratar los servicios profesionales de un asesor legal, especialista en Derecho Laboral, para que “estudie” la situación; la cual, como se habrá notado, está más que clara, en lo que constituye una maniobra dilatoria del abordaje de este grave problema.

Los problemas para el personal trabajador de Correos de Costa Rica, S. A., son más graves aún, pues afrontan una delicada carencia de materiales y de equipo adecuados para servir mejor a la comunidad usuaria de sus servicios. Motos insuficientes y en mal estado; carteros que de su propio bolsillo compran los parches de motos y bicicletas para cumplir con sus obligaciones; equipos de fax que no funcionan y cuando sirven, es el personal el que debe comprar el papel que se usa en no pocos casos.

Así las cosas, la ANEP y la Junta Directiva de la Seccional ANEP-Correos de Costa Rica, S. A., estamos proponiendo a todo el personal de la institución la tesis del desarrollo de un gran movimiento de presión, con carácter de Huelga General, en fecha próxima; al considerar que han quedado agotados todos los caminos para el diálogo y para la negociación, ante la total e irresponsable ausencia de voluntad política por parte de las autoridades respectivas, en especial, quienes fungen como integrantes de la Junta Directiva.

Paralelamente, como un último recurso antes del movimiento que hoy anunciamos, estamos solicitando, con urgencia, la intervención del Sr. Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Lic. Fernando Trejos Ballestero, para que en su despacho se logre sentar a la parte patronal y obligarla a resolver en función del respeto a la justicia, a la ley y en protección del patrimonio económico de Correos de Costa Rica, S. A.

Finalmente, y paralelamente con este anuncio, ANEP valora la posibilidad de plantear demandas en sede penal, contra cada una de las personas directivas de Correos de Costa Rica, S. A., porque ante la dilatación para resolver este asunto, están poniendo en severo riesgo patrimonial las finanzas de la institución; obligando a ésta a desembolsos económicos mucho mayores, cuando su obligación es, precisamente, velar por la estabilidad financiera de esta empresa pública.

En tal caso, habría que demandar en sede penal serias responsabilidades para los señores Julio Ugarte Tatum, Maria Alexandra Clare García, Jorge Campabadal Herrero, Emilia Gutiérrez Corrales y Floria Carboni Monge.

JUNTA DIRECTIVA SECCIONAL
ANEP-CORREOS DE COSTA RICA, S .A.

Gilberto Bell Arrieta
Marcelo Riba Bazo
Patricia Guevara Araya
Rivelino Fernández Porras
Alvaro Murillo Chacón
Asdrúbal Marchena Gómez
Claudio Sánchez González

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto

Guido Fallas Monge
Directivo Nacional
Responsable ANEP-Correos

San José, 1 de junio de 2005.

En septiembre de 2004 el Ingeniero Francisco González Fonseca, miembro de la Red por el Derecho a la Información y la Comunicación en Costa Rica, presentó al Ministerio Público documentos referidos a presuntos pagos de dádivas a funcionarios de la Oficina Nacional de Control de Radio y a otros jerarcas de la administración pública por parte de la Cámara Nacional de Radio (CANARA).

La acción del Ingeniero González, junto con otras denuncias hechas por funcionarios de dicha Oficina, que están siendo investigadas en este momento por el Ministerio Público, evidencian irregularidades y falta de transparencia en cuanto al acceso y la asignación de las frecuencias radiofónicas en Costa Rica; favoreciendo un mercado ilícito de éstos bienes públicos.

Esta denuncia forma parte del trabajo que viene realizando la Red para propiciar condiciones que permitan el pleno ejercicio del derecho humano a la información y a la comunicación, específicamente en lo que se refiere al uso y aprovechamiento de las frecuencias de radio.

Con gran preocupación vemos como este derecho se viene lesionando como resultado de una legislación y procedimientos discriminatorios, excluyentes y omisos de los tratados internacionales de derechos humanos. Esta situación propicia, entre otras cosas, la concentración de los medios en cada vez menos manos y el predominio de versiones únicas de la información.

El limitado acceso a las frecuencias de radio deviene un oligopolio de la comunicación en detrimento del derecho ciudadano a expresarse e informarse para participar de forma conciente en la vida nacional.

En este sentido, la Red busca la transparencia en la entidad encargada de la administración de las frecuencias, la equidad en el acceso a las mismas y el apego a las normas técnicas de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, de la cual Costa Rica es signataria.

La Red por el Derecho a la Información y la Comunicación en Costa Rica considera que la radiodifusión es un soporte para el ejercicio del derecho humano a la libertad de expresión e información; es decir, el derecho a buscar, recibir y difundir información y opiniones de toda índole.

Así mismo, el espectro radioeléctrico es un bien público que debe estar al servicio de la humanidad. Los Estados deben administrarlo a fin de fomentar la diversidad y el pluralismo de modo no arbitrario y tienen la obligación de segmentarlo de la forma más eficiente y de actualizar esa segmentación de acuerdo con los avances científico-técnicos.

La promoción de la diversidad debe ser uno de los objetivos primordiales de la reglamentación de la radiodifusión; la diversidad implica, entre otros, equidad de género, de etnia, de generación y de cultura; e igualdad de oportunidades para el acceso de todos los sectores de la sociedad a las ondas de radio.

Ante esto manifestamos:

1. Propugnamos por la participación ciudadana en la formulación de una nueva Ley de radio que abra espacios a expresiones organizadas de la sociedad costarricense. Es por ello que presentamos una Acción de Inconstitucionalidad contra el Reglamento de la Ley de Radio 1758, que fue acogido para estudio por la Sala Constitucional.

2. Hacemos un llamado a la Contraloría General de la Republica para que pida cuentas a la Auditoría Interna del Ministerio de Gobernación, ya que estas denuncias fueron presentadas a esta dependencia con antelación; y a la Defensoría de los Habitantes que interponga sus competencias a favor de los derechos ciudadanos que se están viendo lesionados.

3. Convocamos a los sectores sociales a sumarse a esta causa e instamos a todos los ciudadanos y ciudadanas que tengan conocimiento de situaciones irregulares relacionadas la administración de las frecuencias a ejercer, igualmente, el deber cívico de denunciar la corrupción.

• La Red está conformada por Radio Estación, Asociación Centro de Comunicación Voces Nuestras, Centro Regional UnMundo América Latina-Fundación Acceso, Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados ANEP

San José, 27 de mayo de 2005.

Estimados señores:

Primeramente reciban un cordial y fraterno saludo de parte de la Seccional de la ANEP en la Imprenta Nacional y a la vez sirva la presente para externarles nuestro más sincero respaldo a la labor que vienen realizando a nombre de la ANEP en defensa de nuestra membresía y de la institucionalidad costarricense.

Nuestro voto de confianza va dirigido especialmente por los últimos hechos acontecidos en torno a la celebración de la Cumbre Social del pasado 14 de abril del año en curso, fruto de la cual, las mentes retorcidas de algunos círculos elitistas, aprovecharon para difamar nuestra lucha y acusarnos en la representación de sus personas de sedición y traición a la patria. Decimos acusarnos, porque ustedes no están solos, detrás estamos nosotros, que nos oponemos y nos opondremos siempre a la entrega neofilibustera de este país y su estado social de derecho.

La manipulación de la oligarquía de este país y el “show” que pretenden montar a través de su prensa burguesa, no nos preocupa ni nos intimida, por el contrario, nos revela quienes ellos son en realidad y que intereses persiguen detrás de todo esto. Nunca de nuestra parte desconoceremos nuestro muy bien formado sistema de elecciones, pero si tenemos el derecho a la libre elección, y elegimos no ser siervos menguados, siempre tendremos el derecho de expresión, y hoy elevamos la voz diciendo no más engaños ni manipulaciones, no más mentiras y terrorismo psicológico, no más desconocer la voz viva del pueblo, no más acusaciones falsas a nuestros dirigentes, no al Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de Norteamérica, no a un gobierno ilegítimo que se nos quiere imponer, para acabar lo poco que nos queda en la institucionalidad costarricense.

Ustedes dos son la voz de muchos, pero si intentan callar vuestras voces, muchos miles alzaremos las nuestras, muchos miles os defenderemos.

No nos queda más que agradecerles su valentía y decisión de seguir adelante, a pesar de las amenazas y los ataques, por su compromiso con nosotros, afiliados y afiliadas de ANEP, por representar a todos aquellos y aquellas que no tienen voz pero que saben y comprenden la justicia de nuestra causa.

Esta seccional a nombre de los trabajadores y trabajadoras de la Imprenta Nacional, reitera su respaldo a los dos HOMBRES que en este momento están al frente de la ANEP, además del compromiso de seguir adelante en la lucha por nuestra membresía en esta institución así como de la institucionalidad costarricense.

Muy atentamente,

SECCIONAL ANEP
IMPRENTA NACIONAL

Guillermo Murillo Castillo

Rudy Villalobos Campos

Lorena Méndez Rodríguez

Adolfo Artavia Segura

Cristian Vargas Madrigal

El objetivo de los sectores conservadores que buscan crear las condiciones políticas y sociales para justificar su transformación en un Ministerio de la Familia, es, primero, trata de eliminar por diversas formas (despidos, presiones para renuncias, terrorismo interno, etc.) a todas las técnicas que podrían ejercer una oposición política a este cambio de rumbo institucional.

Segundo, se trata de cambiar el perfil de la institución. Se ha discutido, por ejemplo, si el INAMU puede y debe hacer promoción de derechos o su actividad tendría que limitarse a divulgar y trabajar en el marco de los derechos legalmente establecidos so pena de no “actuar fuera del marco jurídico nacional” (!).

Hasta ahora el proceso parece marchar y desarrollarse cada vez con más fuerza y en la casi total impunidad. De lograrlo este cambio en el perfil del INAMU y en su composición interna implicaría un serio retroceso en cuanto a los derechos de todas las mujeres de este país y la pérdida de un espacio de lucha que ha costado tanto conquistar.

Por lo que les estamos invitando al Conversatorio Público sobre esta situación, donde estarán presentes personas de diferentes sectores.

Esta actividad se llevará a cabo este JUEVES 19 DE MAYO A LAS 6 PM en el Auditorio de la Biblioteca de la Salud, a la par de la Facultad de Odontología, en la Universidad de Costa Rica, en San Pedro de Montes de Oca.

Esperamos contar con su presencia, ya que en momentos como estos no debemos quedarnos sin información verídica y de primera mano.

Grupo por la Defensa de la Institucionalidad del INAMU

San José, 17 de mayo de 2005.

Primero: Que sólo en lo que va del año 2005, el precio de los principales combustibles en Costa Rica ha aumentado un 20 %.

Segundo: Que según estudios del Banco Central de Costa Rica, por cada 10 % de aumento en el precio de los combustibles, la inflación aumenta un medio punto porcentual y la producción nacional retrocede en un punto porcentual al año.

Tercero: Que el impacto de dichos aumentos debe verse como un problema nacional, y no sólo fiscal. La inflación amenaza salirse de control y la producción nacional es amenazada por una recesión.

Cuarto: Que la situación fiscal no es boyante pero tampoco dramática

Quinto: Que para varios sectores como los de transportistas independientes, agropecuario y transporte público modalidad taxi, existe la particularidad (a diferencia de otros sectores productivos), de que es difícil trasladar al usuario la mayor parte del incremento en el precio de los combustibles.

Sexto: Que un 30 % del precio final se explica por el impuesto único sobre los combustibles.

Sétimo: Que para el resto del año, es muy probable que el precio internacional del petróleo se mantenga cercano a los $50.oo el barril.

Octavo: Que este sábado 13 de mayo, inesperadamente y sin duda alguna producto de la presión que venimos ejerciendo en los últimos días y aún sin haberse dado la Jornada Nacional de Lucha, de mañana lunes 16 de mayo de 2005; el Gobierno de la República, de manera totalmente inusual (en la Casa Presidencial, en sábado, por medio de la Presidencia de la República en ejercicio y solicitando celeridad a la ARESEP), plantea su voluntad para una reducción del precio de los combustibles, demostrando que sí es posible efectuar variaciones, no sólo coyunturales sino estratégicas, en la modalidad de cálculo del precio de los mismos.

Con ocasión de la protesta social de mañana lunes 16 de mayo de 2005, la Jornada Nacional de Lucha acordada por la Cumbre de los Sectores Sociales, celebrada en el Teatro Popular Melico Salazar, el pasado 14 de abril; tomó el acuerdo de seguir insistiendo en la lucha contra dicho monopolio privado ilegal, razón por la cual insistimos vehementemente en lo siguiente:

Hemos demostrado profusamente, hasta la saciedad, la colección de irregularidades de toda índole, tanto jurídicas como administrativas que se han dado en esta situación, desde el inicio mismo de este ilegal proceso de concesión; sin embargo, ha resultado imposible todo proceso de diálogo con las máximas autoridades políticas del país, llegándose al extremo de burlarse, recientemente, de la buena voluntad de nuestro movimiento recientemente, como lo hizo el jerarca del MOPT, Lic. Randall Quirós Benavides.

El problema de RITEVE requiere una salida eminentemente política dado que estamos de cara a un problema político. Durante la anterior fase de búsqueda de solución a este asunto, tanto la Primera Vicepresidenta de la República y Ministra de la Presidencia, Licda. Lineth Saborío Chaverri; como el propio ministro del MOPT, nos indicaron, una y otra vez, que había voluntad política del Gobierno de la República, para eliminar la situación ilegal del monopolio privado de la revisión técnica vehicular. Hoy es claro que todo fue una falsedad.

En consecuencia, llamamos al pueblo costarricense a que respalde el llamado de todos los movimientos sociales para salir a la calle mañana lunes 16 de mayo, para repudiar el compadrazgo político que sostiene a RITEVE contra toda norma de legalidad y de decencia. RITEVE muestra, en toda su dimensión, el sometimiento que nos espera en caso de que el denominado tratado de “libre” comercio (TLC) con Estados Unidos, se nos imponga.

RITEVE Y TLC son asuntos intrínsecamente vinculados por intereses de negocios con servicios públicos y por un entramado de tráfico de influencias y de corrupción, en los más altos estrados de la institucionalidad vigente.

El Gobierno de la República tiene salidas para este problema sin que RITEVE tenga que dejar de un oferente del servicio de la revisión técnica vehicular. La aplicación administrativa y/o una correcta interpretación legislativa, en buena lid, de los contenidos de los artículo 19 y 20 de la Ley de Tránsito, bajo el espíritu del Artículo 46 constitucional, abre camino para una solución real al problema que mañana, nuevamente, nos convoca a las calles.

Pero, además, procesos de caducidad, total o parcial, del privado manejo monopólico de tal servicio, son perfectamente posibles, a la luz del clausulado del contrato mismo y/o del más reciente pronunciamiento del órgano contralor, en cuanto a la ausencia de refrendo para la prestación del servicio hoy sigue siendo fuertemente cuestionado por una enorme mayoría ciudadana.

Movimiento Cívico Nacional

San José, 14 de mayo de 2005