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Con esa acción queda en evidencia la mentira de los neoliberales y la desfachatez del Ministro de Hacienda, Alberto Dent Zeledón. Los primeros, porque siempre se nos ha dicho que la venta de activos públicos tenía por objeto el pago de la deuda pública; y ahora, tenemos que la venta del INCOP, incrementará el tamaño de la deuda, puesto que se están trasladando recursos de la deuda para financiar la venta de esta institución.

La desfachatez de Alberto Dent, Ministro de Hacienda, peca de cinismo. Recientemente, le oímos vociferar contra los señores diputados y las señoras diputadas y contra la institución parlamentaria costarricense; al decir que él, en su condición de Ministro de Hacienda, congelaría los 31 mil millones de colones que los diputados y diputadas, han reorientado hacia el financiamiento de proyectos y programas sociales; aduciendo dicho jerarca que tales inversiones, se están financiando con fondos de la deuda, es decir, sin contenido presupuestario y que, por tanto, la decisión de los diputados y diputadas hará grave daño a la economía del país.

Nos preguntamos: ¿Congelará, bajo esos argumentos, el Ministro Dent esta partida presupuestaria a cargo de la deuda, para no “hacerle daño” a la economía nacional?. Apostamos a que no. Como se trata de financiar un negocio privado, de seguro que para este caso, el Ministro Dent no aplicará la lógica económica neoliberal y procederá, sin la menor vergüenza, a girar esos recursos.

La otra pregunta que, necesariamente, debemos hacernos es, si los honorables señores diputados y las honorables señoras diputadas, conscientes de lo que le costará al país y a Puntarenas la privatización del INCOP, irán a facilitar la realización de este negocio con un bien público, aprobándole al actual Gobierno los recursos que está pidiendo con tal fin.

Además, es importante cuestionarse si corresponde a la actual Asamblea Legislativa hacerse cargo de una responsabilidad política de tan alto calibre, cuando el verdadero “padre” de este negocio, fue la anterior Administración, del Expresidente Rodríguez Echeverría, pese a que a la presente, del Presidente Abel Pacheco de la Espriella, lo ha legitimado.

Lo anterior a pesar de que la realidad social puntarenense se ha deteriorado más, especialmente en materia de desempleo; desempleo que se agravará al sumársele unos 1.500 trabajadores y trabajadoras que serán obligados a abandonar su puesto de trabajo en el INCOP, por más dólares que, transitoriamente, les brindaría el espejismo de un bienestar fugaz.

San José, 11 de noviembre del 2003.

Lo que pasa es que a usted le niegan el acceso a la información verdadera, sobre la realidad de la famosa “apertura” en otros países latinoamericanos. Solamente compare y juzgue usted si la “apertura” que nos proponen es buena. Veamos: Telefonía Fija: Precios con cargo fijo con 150 minutos País Tarifa en dólares Tarifa en colones* Diferencia porcentual Argentina 16.75 6.914.73 364.92 % más cara Chile 16.38 6.761.99 356.86 % más cara México 17.15 7.079.86 3 73.64 % más cara Costa Rica 4.59 1.894.84 – Argentina, Chile y México, tienen “apertura”. Tipo de cambio al 3 de noviembre: 412.82 colones por dólar. Hay más datos. La tarifa básica mensual en celulares, calculada en dólares, comparativamente hablando, es más baja en Costa Rica que en países latinoamericanos como los siguientes: Tarifa celular básica en Costa Rica, sin TLC; Comparada con países latinoamericanos con apertura País Tarifa básica Dólares Colones Minuto adicional Dólares Colones Costa Rica 7.00 2.889.74 0.08 33.03 Colombia 13.18 5.440.96 0.31 127.97 Chile 15.72 6.489.53 0.26 107.33 Panamá 19.95 8.235.75 0.35 144.48 Brasil 20.27 8.367.86 0.20 82.56 Nicaragua 20.99 8.665.09 0.38 156.87 Venezuela 24.62 10.163.62 0.32 132.10 Argentina 25.31 10.448.47 0.45 185.76 Ecuador 26.00 10.733.32 0.40 165.12 Perú 29.99 12.380.47 0.40 165.12 Tipo de cambio al 3 de noviembre: 412.82 colones por dólar. América Central: Precio de energía eléctrica pagado por una familia que consume 154 kwh/mes (datos del primer semestre del 2002). País Tarifa en dólares Tarifa en colones Diferencia porcentual Costa Rica 10.28 4.243.78 – Honduras 10.58 4.367.63 2.91 % más cara Guatemala 13.71 5.659.76 33.36 % más cara Nicaragua 17.93 7.401.86 74.41 % más cara Panamá 17.59 7.261.50 71.10 % más cara El Salvador 20.15 8.318.32 96.01 % más cara ESTE ES EL SIGNIFICADO DE LA “APERTURA” QUE NOS QUIEREN IMPONER: ES LA POSIBILIDAD DE HACER GIGANTESCOS NEGOCIOS PARA BENEFICIO DE LOS MISMOS DE SIEMPRE. USTED LOS CONOCE. SOLAMENTE PÓNGASE A PENSAR EN QUIENES NOS VIENEN DICIENDO LO MISMO, EN LAS ÚLTIMAS SEMANAS. SALGAMOS A LA CALLE LUNES 24 DE NOVIEMBRE: UN DÍA POR COSTA RICA. Noviembre del 2003

El documento original está firmado por las siguientes agrupaciones

FRENTE INTERNO DE TRABAJADORES Y DE TRABAJADORAS DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD (FIT-ICE)	ASOCIACION NACIONAL DE EMPLEADOS PUBLICOS Y PRIVADOS (ANEP)
ASOCIACION NACIONAL DE EDUCADORES (ANDE)	FEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES DE LOS SERVICIOS PUBLICOS (FENTSEP)
ASOCIACIÓN NACIONAL DE PROFESIONALES EN ENFERMERIA (ANPE)	CONFEDERACION DE TRABAJADORES RERUM NOVARUN (CTRN)
FEDERACION NACIONAL CAMPESINA (FENAC)	SINDICATO DE TRABAJADORAS AGRICOLAS Y DE PLANTACIONES (SITRAP)
FORO DE ACCION POLITICA	ASOCIACION DE CAMPESINOS AGRICULTORES DE BAMBUZAL
SINDICATO DE TRABAJADORES DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS (SITHOSAJUDI)	JUVENTUD OBRERA CRISTIANA
CONSEJO CAMPESINO JUSTICIA Y DESARROLLO	ASOCIACION DE ESTUDIANTES DE SOCIOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
UNION NACIONAL DE TRABAJADORES DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES (UNATROPYT)	LIGA CIVICA DE PEREZ ZELEDON

San José, 25 de noviembre del 2003.

AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
AL GOBIERNO DE COSTA RICA
AL PUEBLO COSTARRICENSE

Costa Rica está viviendo y vivirá momentos de enorme trascendencia histórica. Las decisiones políticas que se tomen en las actuales circunstancias, en los próximos meses, de cara a la eventual firma de un tratado de “libre” comercio, con los Estados Unidos de América, marcarán las condiciones de vida, no solamente de la generación actual, sino más grave aún, de las generaciones futuras.

Cada día crece más el conjunto de organizaciones sociales y productivas de la más distinta naturaleza, así como el número de ciudadanos y de ciudadanas costarricenses, que estamos conjuntando esfuerzos para enfrentar el desafío de un “libre” comercio, que tal como se ha venido planteando en otros países hermanos, perjudicará a las grandes mayorías populares, sociales y productivas de nuestro país; y solamente beneficiará los negocios particulares de reducidos grupos de poder económico con enorme influencia política; los cuales han visto en las empresas e instituciones públicas rentables que pertenecen a todo el pueblo costarricense, una fuente para acrecentar su ya de por sí abultadas fortunas.

Hoy, de cara al pueblo costarricense, dejamos constancia de que servicios públicos estratégicos que hasta la fecha han sido brindados por el Estado, como la atención en Salud, Seguridad Social, Educación, Energía, Telecomunicaciones, Seguros, Agua, entre otros; han sido pilares fundamentales de una institucionalidad democrática que ha permitido el acceso universal a tales servicios, prestados en condiciones de gran solidaridad social; marcando un gran punto de diferencia en las condiciones de vida de los y de las costarricenses (e incluso de la población migrante desde otros países hacia el nuestro); sin las comparamos con las de las otras naciones hermanas de Centroamérica, involucradas en el proceso del tratado de “libre” comercio con Estados Unidos.

Igualmente, los y las costarricenses estamos orgullosos de nuestros agricultores, sector social que ha sido bastión de nuestra democracia y cuya producción, ventajosa ha sido de enorme beneficio para Costa Rica, pese a que ha estado carente de políticas públicas de apoyo estatal en los últimos años.

No menos importante es la enorme preocupación nacional por la preservación de nuestro entorno ambiental, dado que poseemos el 5 % de la biodiversidad del planeta Tierra; situación que obliga a estrategias productivas que preserven este patrimonio ecológico, amenazado por ese “libre”, comercio que ya ha devastado otras zonas del planeta.

Es importante dejar también suficientemente explícito que con ese “libre” comercio, la micro, la pequeña y la mediana empresa nacional (cerca del 95 % del actual parque productivo de Costa Rica), no tendrán condiciones de “competitividad”, pues serán engullidas por la lógica de negocios del “más fuerte”, a juzgar por las pretensiones estadounidenses de insertarse, plenamente, en nuestro mercado.

Dada la ausencia de transparencia en el proceso negociador del TLC, manejado con exagerado secreto y con base en una visión unilateral, excluyente y sectaria de lo que debe ser el desarrollo necesario para nuestra querida Costa Rica; hoy venimos, pacíficamente y haciendo honor a los mejores valores de la idiosincrasia costarricense, a demandar del Gobierno de la República y, especialmente, del propio Presidente de la República lo siguiente:

Que se rechace un tratado comercial con los Estados Unidos, que no esté basado en los principios de un comercio justo; que preserve la herencia histórica del Estado Social de Derecho que en Costa Rica se construyó a lo largo de muchas décadas; y que tome en cuenta las gigantes disparidades económicas, políticas y socioculturales entre dicha potencia y nuestra pequeña nación.

Que no se firme ese tratado a pesar de que termine el proceso negociador, sin hacer públicos, abiertamente, la totalidad de los textos pactados, para posibilitar el desarrollo de un intenso debate nacional al respecto, con el fin de tomar una decisión de país al respecto.

Que se instruya a los negociadores de Costa Rica que estarán en la última ronda negociadora, que no deben aceptar la imposición estadounidense en cuanto a la mal llamada apertura de las telecomunicaciones, servicio que brinda el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

Que tampoco se debe aceptar las pretensiones de dicha potencia en materia de propiedad intelectual (medicamentos genéricos y agroquímicos), porque ello acabaría con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y socavaría, irreparablemente, la producción nacional agropecuaria.

Que el agua y el ambiente no son mercancías susceptibles de ser tratadas bajo los criterios arbitrarios de ese “libre” comercio, que se le está imponiendo al país.

Que se debe proteger nuestra producción agropecuaria, que no puede “competir” con los gigantescos subsidios que brinda Estados Unidos a la suya; de la misma forma que no podemos arriesgar el futuro de las micro, pequeñas y medianas empresas ante una lógica mercantil salvaje.

Que le exigimos al Presidente de la República, honrar su palabra y honrar su firma, estampada de su puño y letra ante innumerables sectores sociales, de que durante un Gobierno suyo no habría ningún tipo de privatización, llámese como se llame, incluido la mal llamada apertura.

Finalmente, dejamos constancia de que haremos todos los esfuerzos necesarios, por todas las vías a nuestro alcance, para que Costa Rica preserve todo lo bueno y rentable que todavía no le ha sido arrebatado; por la lógica política codiciosa y voraz de una camarilla económica que está inmersa en un peligroso proceso concentrador de riqueza, a costa del empobrecimiento de las grandes mayorías nacionales.

San José, 24 de noviembre del 2003.

Firmas:

Uno de los líderes empresariales más connotados de Costa Rica, el Ing. Marco Vinicio Ruiz Vargas, así lo confirmó según declaraciones periodísticas aparecidas hoy.

Realmente es alarmante y aterrador cómo pretenden que al amparo de un tratado de “libre” comercio, Costa Rica destruya su legendario Sistema de Seguridad Social, construido con el invaluable aporte de hombres y mujeres, de las generaciones anteriores, procedentes de las más diversas corrientes ideológicas y políticas.

No hay salida: Habrá que apelar a la movilización general popular. Los movimientos sociales costarricenses no se quedarán cruzados de brazos. Organizaciones campesinas, ecologistas, de mujeres, sindicales, cooperativistas, eclesiales, académicas, cívicas, etc.; se vienen conjuntando para actuar en una única dirección. Esta es una realidad que algunos, desde el poder, quieren negar y que menospreciar lo que está ocurriendo puede salirles muy caro.

Auguramos jornadas de lucha cívica superiores a las del combo, en el año 2000 y a las de los años cuarenta del Siglo XX, cuando se conquistaron las garantías sociales, entre ellas, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), hoy bajo la amenaza más grave de toda su historia.

La democracia de la calle es la única garantía para que Costa Rica no sea arrasada por un “libre” comercio que nos estrangulará completamente, generando, entre otras consecuencias, el certificado de defunción de la clase media, de nuestros agricultores, de nuestro sistema de sociedad inclusiva, que tanta admiración y fama generó en el mundo.

Tenemos la certeza de que vamos hacia una revuelta popular insospechada. Se está gestando un verdadero “Supercombo”.

San José, 24 de octubre del 2003.

Con estas letales afirmaciones, el Ministro Dent deja al Primer Poder de la República, la Asamblea Legislativa, a las señoras diputadas y a los señores diputados, pintados en la pared, y de un porrazo, sepulta la institucionalidad democrática.

¿Para qué, entonces, elegir diputados y diputadas, si a fin de cuentas importa un bledo lo que este poder de la República legisle en materia presupuestaria, en materia de políticas de Estado para el fortalecimiento de la inversión social y de políticas productivas?

¿Para qué votar o elegir representes a los órganos del poder público?; ¿para qué tanta alharaca electoral y gasto en campañas, si ahora los neoliberales, definen las políticas públicas que debe seguir el país desde un escritorio en el Banco Central y en el Ministerio de Hacienda?; haciendo mofa, ridiculizando y descalificando las potestades que conforme a la Constitución y la ley, son en competerle al Congreso de la República.

¿Para qué Presidente de la República, para qué diputados y diputadas, si en todo caso, quien tiene la última palabra, si quién define como y en que se invierten los recursos públicos, es un simple Ministro de Hacienda; que hubiese sido de remoción inmediata por parte de cualquier Gobierno con un mínimo de respeto por la institucionalidad parlamentaria.

Pero, ¡mucho cuidado!, alertamos a la ciudadanía y, muy en especial a los señores diputados y a las señoras diputadas. Consideramos que estas declaraciones humillantes y de absoluto desprecio, de Alberto Dent, para con el Primer Poder de la República y para con los señores diputados y las señoras diputadas, no son aisladas u antojadizas. (pasa…)

Estas declaraciones responden a una posición política definida, premeditada e impulsada por los sectores económicos y políticos que defienden las políticas neoliberales y se oponen a la participación de la ciudadanía y de la institucionalidad democrática en la toma de decisiones.

Si el dios mercado, el libre mercado lo resuelve todo, según las tesis neoliberales que estos grupos defienden, para qué institucionalidad democrática, para qué Estado, para qué Gobierno, para qué Asamblea Legislativa; si las leyes del mercado, el verdadero dios de los neoliberales, lo resuelven todo.

De estos postulados políticos que enseña el dogma neoliberal, parte el desprecio manifestado por el Ministro Alberto Dent, contra el Primer Poder de la República. Lo que se busca, lo que realmente se pretende con esas declaraciones, es desconocer la acción legislativa como vehículo de discusión política y de instancia suprema, para consolidar y armonizar, mediante el procedimiento de la ley, los intereses políticos y económicos y sociales que se tejen en toda sociedad.

Desconocer la acción parlamentaria es apostar, ni más ni menos, que a la confrontación social y al establecimiento de gobiernos de facto, violentando la soberanía popular expresada constitucionalmente para la consecución del bien común. Sobre todo cuando el señor Dent lo que nos está diciendo es que no está de acuerdo en que haya recursos para la salud, para las personas más pobres de este país, para fortalecer la seguridad y la educación.

Creemos que el Sr. Dent ha dicho semejantes barbaridades con la venia del Presidente de la República, quien ya decidió abandonar la lucha contra la pobreza y las políticas sociales, tal y como quedó evidenciado con la salida y las denuncias planteadas por la Licda. Silvia Lara.

De mantenerse la posición del Gobierno de la República, manifestada en las declaraciones de su Ministro de Hacienda Alberto Dent, de hacer caso omiso a los mandatos legislativos; a la ciudadanía, como ya ha pasado en otros países latinoamericanos (por ejemplo Argentina y, recientemente, Bolivia), no nos quedará más que salir, pacíficamente, a las calles a defender y restaurar la institucionalidad democrática.

San José, 22 de octubre de 2003.

Con fecha 7 de octubre, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), envió carta a la legisladora de la bancada parlamentaria del Partido Liberación Nacional (PLN), Joyce Zürcher Blen, emplazándole para que aclare su probable relación de parentesco con directivos de la entidad financiera privada Banca Promérica, S. A., señores Edgar Zürcher Guardián y Ronald Zürcher Guardián. De la misma forma, se le solicita a la citada diputada, indicar si los señores Harry Zürcher Acuña y Harry Jaime Zürcher Blen, son sus parientes y si éstos últimos tendrían, también, vínculos con el mencionado banco privado.

El emplazamiento de la ANEP a la indicada señora diputada, surge por cuanto ella preside la Comisión Legislativa de Asuntos Económicos, en la cual se discute el proyecto de ley de las reformas financieras, de enorme interés para la banca privada.

La ANEP le indicó en su nota a la diputada Zürcher Blen que si ella “tuviese parientes directos con intereses en la banca privada, resultaría inconveniente su participación en la generación de la legislación en discusión”.

La citada nota fue enviada con copia al Lic. Mario Redondo Poveda, Presidente de la Asamblea Legislativa; a los diputados y a las diputadas de la Comisión de Asuntos Económicos del parlamento; y al Lic. José Manuel Echandi Meza, Defensor de los Habitantes de la República. Al día de hoy, nadie se ha referido al asunto, ni la propia diputada Zürcher Blen; no obstante, la ANEP insistirá en que se aclare esta situación.

San José, 21 de octubre del 2003.

Sin las dimensiones de grandes concentraciones y desfiles cívicos, por ahora, este lunes 20 da inicio la serie de acciones de movilización popular en contra del Tratado de “Libre” Comercio que nos están imponiendo, con los Estados Unidos de América.

Los y las participantes de los distintos grupos, son activistas, delegados, dirigentes intermedios, hombres y mujeres, quienes, a su vez, expresan el sentir de sus respectivas membresías, las cuales se habrán de movilizar, masivamente, en los grandes momentos oportunos que vendrán.

El objetivo central de la actividad de este lunes 20 es empezar a hacer visible la amplia coalición de grupos que, en medio de la variedad de expresiones que caracterizan a la sociedad civil del movimiento social costarricense, han decidido realizar esfuerzos de unidad de acción en esta cruzada patriótica, la más importante de toda la vida republicana de Costa Rica.

Al menos en cuatro puntos habrá actividad de movilización: a) Frente a las oficinas centrales del ICE, en La Sabana; b) frente a la sede del Ministerio de Comercio Exterior (COMEX); c) en el Parque La Merced y d) desde la Universidad de Costa Rica.

En el COMEX, por ejemplo, se unirán las representaciones de grupos sociales como el FIT-ICE, UPANACIONAL, muelleros limonenses y puntarenses y ANEP, entre otros.

Posteriormente se dará una confluencia frente a la Asamblea Legislativa.

Por tanto, la acción social de este lunes 20 de octubre debe concebirse como el arranque de este proceso de unidad social callejera, pues es muy probable que las voces y sectores entreguistas, apátridas, pretendan cantar una “victoria” anticipada, cuando esto apenas empieza.

Lo más importante para este lunes 20, como indicamos, es la formalización de un compromiso cívico de la diversidad y multiplicidad de sectores sociales, para potenciar juntos, el ejercicio de la democracia de la calle.

San José, 17 de octubre del 2003.

Albino Vargas Barrantes

Fabio Chaves Castro

Jorge Arguedas Mora

Honorables señores diputados y honorables señoras diputadas
Comisión de Asuntos Hacendarios
Honorables señores diputados y honorables señoras diputadas
Fracciones Parlamentarias
Asamblea Legislativa
S. M.

Con todo respeto pero con gran vehemencia, los trabajadores y las trabajadoras del Ministerio de Salud, tanto de quienes laboramos en sus programas institucionales, como de quienes lo hacemos para los diversos entes adscritos; venimos hoy, lunes 13 de octubre de 2003, en forma pacífica y marchando desde la sede central de nuestra institución, hasta la sede del parlamento costarricense; para solicitar a ustedes la expresión de la voluntad política necesaria, de forma tal que al Ministerio de Salud le sean restaurados, el ciento por ciento, de los 1.550 millones de colones que fueron recortados por el Ministerio de Hacienda, para su funcionamiento relativamente estable en el año 2004.

Nuestra institución, el Ministerio de Salud y sus estratégicos programas, como por el ejemplo el de los CEN-CINAI; así como las entidades adscritas: Instituto Sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial (CNREE), Patronato Nacional de Rehabilitación (PANARE), Instituto Costarricense de Investigación de Nutrición en Salud (INCIENSA), Patronato Nacional de Ciegos, entre otras; se han visto sometidas en los últimos años a un paulatino pero sistemático proceso de restricciones presupuestarias, reducción de sus ámbitos de cobertura, desestímulo del personal pérdida de impacto en la comunidad usuaria de sus servicios (por demás, los sectores sociales de población más desfavorecidos, de mayor vulnerabilidad económica, social y psicológica). Todo este complejo panorama ha puesto en serio peligro los avances que en materia de Salud Pública nuestro país había logrado décadas atrás, a partir de las decisiones estratégicas que se tomaron para apostar por la inversión social en salud desde la perspectiva preventiva. El surgimiento de enfermedades que considerábamos erradicadas, como el dengue y la malaria, es tan sólo un dramático y cruel indicador del retroceso que estamos presenciando.

El Ministerio de Salud y sus entidades adscritas han pasado a convertirse en las “limosneras” del presupuesto nacional pues el crecimiento natural de la población costarricense; la incesante inmigración laboral extranjera; la creciente población turística; así como la importación de costumbres, productos y prácticas generadas a partir de los procesos de apertura comercial; no guardan relación alguna, proporcionalmente hablando, con las asignaciones presupuestarias que al Ministerio de Salud le han venido siendo otorgadas en los últimos años. Sin hablar de que el crecimiento de la violencia intrafamiliar y doméstica, de alguna manera, puede estar apuntado, entre otros factores, por la dificultad de acceso a servicios de salud con calidad y oportunidad como los que se espera que nosotros ofrezcamos.

Para nosotros, los trabajadores y las trabajadoras que a diario tenemos que enfrentarnos a la población usuaria de nuestros servicios, el recorte anunciado de los 1.550 millones de colones representó el más duro golpe de la cadena de decepciones y frustraciones que acumulamos a lo largo de los últimos años por el enfoque económico dominante, el cual no privilegia la inversión en salud al considerarla un gasto que, según tan errática visión, provoca desajustes macroeconómicos.

Honorable señores diputados y honorables señoras diputadas: Si bien es cierto hemos tomado nota de las intenciones de esta Asamblea Legislativa para corregir la situación planteada, en el sentido de restaurarle al Ministerio de Salud 1.050 millones de colones del total que inicialmente le cercenó el Ministerio de Hacienda; gesto que respaldamos y reconocemos; lo real es que ocupamos una cifra sumamente superior a la cantidad que ésta última institución recortó, que fueron 1.550 millones de colones.

Pese a ello, hoy estamos aquí presentes, en la sede de nuestra Asamblea Legislativa, para indicarles que hagan un esfuerzo político adicional y procedan a decidir asignarle al Ministerio de Salud, 500 millones de colones adicionales a los 1.050 millones que ya ustedes habrían decidido restaurar; de manera que los 1.550 millones inicialmente recortados, sean devueltos, en un ciento por ciento como ya indicamos, a fin de que el Ministerio de Salud tenga un funcionamiento al mínimo durante el año 2004.

Esos 500 millones son imprescindibles y fundamentales porque, lastimosamente, hemos llegado a un punto tal de restricciones presupuestarios que un centavo menos de lo que originalmente las autoridades del Ministerio de Salud han previsto para el funcionamiento institucional el año entrante, generará contratiempos diversos y, de una manera u otra, reforzará la curva descendente del papel de nuestra institución en el campo de la salud costarricense.

Honorables señores diputados y honorables señoras diputadas: Los trabajadores y las trabajadoras del Ministerio de Salud y de sus entidades adscritas, hemos guardado una paciencia franciscana todos estos últimos años, contemplando cómo, poco a poco, hemos ido perdiendo los avances que nuestra sociedad había alcanzado en el campo de la Salud Preventiva, que tanto logro y tanto reconocimiento mundial le había dado a Costa Rica. Hemos estado trabajando con enorme mística pero con una gran frustración, recibiendo la constante queja ciudadana por el deterioro de la calidad de los servicios que brindamos, sin ser nosotros responsables de las decisiones políticas que se han venido tomando por parte de los distintos gobiernos, contrarias a la inversión pública en materia de Salud.

Es hora de corregir y este es el momento oportuno. Ese el clamor respetuoso pero vehemente de quienes trabajamos para el Ministerio de Salud y sus entidades adscritas, y que, con muchísimo sacrificio hicimos el esfuerzo de desplazarnos desde todos los puntos geográficos del país, para que ustedes oyeran y escucharan nuestro justo clamor.

TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DEL MINISTERIO DE SALUD

Con gran carácter, había logrado frenar las presiones politiqueras de todo tipo; especialmente las provenientes del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), para otorgar ayudas sociales, al mejor estilo tradicional con fines clientelistas y electoreros.

Hace un par de meses, cuando empezó la campaña de desprestigio de su gestión, advertimos que para nadie era un secreto que la presente administración gubernamental del PUSC, así como va, augura una gran derrota electoral para esta agrupación política en las elecciones generales del año 2006; considerando, además, el impacto negativo sobre la misma, dada la gravedad de las denuncias de la financiación de la campaña del hoy mandatario presidencial y su oscuro manejo de la negociación del TLC.

La gestión de la señora Lara Povedano representaría un grave obstáculo en la estrategia electoral del PUSC para el año 2006; particularmente, para aquellas candidaturas diputadiles que serán bendecidas por los “arcángeles”, quienes, por tanto, le habrían pedido al Presidente Pacheco deshacerse de tan brillante profesional, al frente de esa institución clave para el desarrollo social de los costarricenses más pobres.

Pero más aún, la Presidente Ejecutiva de IMAS ha insistido en que las graves restricciones económicas impuestas a su gestión, por una visión que podríamos llamar de fundamentalismo macroeconómico, limita y continuará limitando la posibilidad real de generar verdaderas oportunidades para el combate efectivo de la pobreza en nuestro país.

Estimamos que este Gobierno ha decidido no actuar, realmente, contra la pobreza, combatiéndola estratégicamente; pues se empeña en generar un sistema concentrador de riqueza y excluyente, desde el punto de vista social y productivo. Es en ese marco que se le cerraron las puertas a la Sra. Lara Povedano. (pasa…)

Es decir, existen sectores políticos que están urgidos por la imperiosa apropiación de esos jugosos fondos sociales para efectos clientelistas, y existen sectores que jamás entenderán que los muertos que produce un sistema económico excluyente, como el que sigue la presente administración, no podrán ser nunca resucitados por la política social.

La pregunta es evidente: si se agotó el camino y se cerraron las puertas para una gestión honesta y eficaz, ¿cuál es el camino que debemos esperar a futuro?; ¿el clientelismo político y la dilapidación de los fondos sociales?; ¿una incomprensión aún mayor de los graves efectos sociales que produce la política del equipo económico del actual gobierno?; ¿qué sentido tiene una reforma fiscal si lo que se vislumbra es la dilapidación y el uso ineficaz de esos fondos públicos?… Estas preguntas deben ser contestadas por el Gobierno de la República.

Es evidente que los sectores politiqueros y clientelistas, así como los sectores más insensibles de su equipo económico, han vuelto a “secuestrar” (para ser “benevolentes”), al Presidente Pacheco de la Espriella; y, por lo tanto, debemos entender que el Gobierno, al final, decidió por no apostar a una política social y productiva incluyente, tal y como la que promocionaba la Sra. Lara Povedano.

De ahora en adelante, queda claro que el combate integral y estratégico a la pobreza ha sido abandonado por la Administración Pacheco de la Espriella. Si se han cerrado las puertas para la señora Lara Povedano, es porque el propio Sr. Presidente de la República, así lo ha querido. ¡Que Dios agarre a los pobres confesados!

San José, 7 de octubre del 2003.

Acongojado y arrinconado contra la pared por las publicaciones periodísticas, básicamente las del periódico La Nación, sobre las escandalosas irregularidades del financiamiento de su campaña electoral; el Presidente Pacheco traicionó la confianza y la credibilidad que en él habíamos depositado una enorme cantidad de representantes civiles y de organizaciones sociales, confiados todos en que la palabra presidencial empeñada se mantendría hasta el final; sin embargo, cedió a los intereses económicos que representa dicho emporio periodístico.

El Presidente Pacheco, al deshonrar su compromiso ético para con la preservación estratégica del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), legitima lo que propone el borrador del capítulo de servicios en telecomunicaciones, que los Estados Unidos está promoviendo en el marco de su propuesta para el Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA):

“Cada parte eliminará cualquier propiedad del gobierno nacional en cualquier proveedor de servicios públicos de telecomunicaciones o mantendrá la ausencia de dicha propiedad. Cuando una parte tenga intereses de propiedad en un proveedor de servicios públicos de telecomunicaciones, notificará a las otras partes su intención de eliminar dichos intereses a la mayor brevedad posible”.

Ni más ni menos lo que Estados Unidos pidió para su propuesta de TLC con Costa Rica; ni más ni menos que lo que el Presidente Pacheco decidió otorgarles. Es decir, dicho TLC no es otra cosa que un pequeño ALCA, un ensayo de lo que será dicho proyecto en el ámbito continental.

La gravedad de la apertura en telecomunicaciones, en lo que a celulares se refiere, la muestran datos contundentes. La transnacional estadounidense que tendría intereses en venir a Costa Rica, BellSouth, en ningún país latinoamericano en los que opera, ofrece una tarifa menor que a la que brinda el ICE en tarifa celular básica. Por ejemplo, mientras que en nuestro país esta tarifa es de 7 dólares y 0,01 centavos de dólar el minuto adicional; en Nicaragua, es de 20.99 dólares y 0,38 centavos de dólar, respectivamente.

Hay más datos. La tarifa básica mensual en celulares, calculada en dólares, comparativamente hablando, en más baja en Costa Rica que en países latinoamericanos como los siguientes: