Categoría: Noticias

La visita imperial de Mr. Zoellick ha generado una profunda indignación y repudio en el amplio espectro de los movimientos sociales costarricenses; los cuales, rechazamos, enfáticamente, el chantaje económico y la extorsión política que el gobierno estadounidense pretende hacerle a nuestro país.

Las transnacionales de dicho país no solamente quieren engullirse al ICE; sino que, igual de grave es la situación que le espera a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), si prosperan las pretensiones estadounidenses en materia de propiedad intelectual (medicamentos genéricos).

La Caja se convertirá en rehén de las multinacionales farmacéuticas de Estados Unidos, obligándosele a comprar medicamentos, 2.000 ó 3.000 % más caros, lo que la llevará al colapso total. Se calcula que con ese marco de condiciones, la Caja solamente podrá cubrir medicinas para el 12 % de la población que actualmente atiende, tanto en consulta externa como interna.

Se impone la movilización ciudadana más gigantesca de la historia nacional; se avecinan jornadas cívicas de lucha callejera superiores a las del como ICE, en el año 2000. La maquinaria organizativa de los movimientos sociales ya empezó a funcionar.

San José, 2 de octubre del 2003.

El Sr. Presidente de la República tiene una obligación de alto contenido ético y moral con el pueblo costarricense al respecto, considerando que la abrumadora mayoría ciudadana rechaza las privatizaciones. La gente debe saber, con toda transparencia y contundencia, de qué medios de comunicación colectiva habla el mandatario; así como conocer cuáles hombres de negocios dueños de los mismos, hacen uso del poder económico que ostentan para presionarle.

Si el Presidente de la República se siente acorralado por estas presiones, debe apelar al respaldo de las fuerzas sociales y populares. Debe construir una base social que le dé soporte para resistir el acoso privatizador del que dice ser víctima. Debe romper con los aliados de esos medios de comunicación colectiva que tiene dentro de su propio Gobierno.

El lamento presidencial es más que preocupante si consideramos que se está por concluir el proceso de negociaciones de un tratado de “libre” comercio con los Estados Unidos de América; tratado cuyos contenidos ideológicos, políticos y económicos son idénticos a los propulsores de las privatizaciones en Costa Rica, que están tanto fuera como dentro del propio Gobierno del Presidente Pacheco de la Espriella.

San José, 26 de setiembre del 2003.

La propuesta para abrir el secreto bancario con propósitos tributarios, está derrotada mucho antes de que sea formalmente desechada en el pleno de dicha comisión.

Esta reforma, uno de los pilares fundamentales de los cambios que necesita el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, es más que necesaria en momentos en los cuales al país le conviene una revolucionaria transformación de su sistema impositivo; para frenar el sostenido proceso de polarización social que llevamos, con base en la cada vez más evidente desigual distribución de la riqueza.

La famosa comisión técnica de expertos tributarios que decidió bloquear esta crucial reforma, si bien cuenta con personas de gran valía profesional en el ramo, no tiene la objetividad suficiente; por cuanto algunos de sus integrantes han prestado sus servicios o lo harán en el futuro cercano, a reconocidos bufetes que se encargan de defender poderosos intereses empresariales frente a los requerimientos de la administración tributaria.

Se trata de una pésima señal, en contra de las necesarias medidas de equidad y de justicia tributarias que están urgiendo. Además, el rechazo anunciado de la propuesta de abrir el secreto bancario con propósitos tributarios, reduce las posibilidades de permanencia de varios de los sectores sociales representados en dicha comisión legislativa.

Se perderá así una extraordinaria posibilidad para potenciar el papel de la administración tributaria costarricense, en aras de empezar a controlar en serio, las gigantescas y monstruosas evasiones fiscales en sus múltiples formas.

San José, 23 de setiembre del 2003.

En el actual conflicto huelguístico que afecta a ambas instituciones, la ANEP se pronuncia en demanda de la más decidida, clara y estratégica acción del actual Gobierno, para atender aquellas demandas de las respectivas organizaciones sindicales, que procuren el fortalecimiento institucional y financiero de estas dos estratégicas empresas públicas, de enorme trascendencia para el país, en general y, particularmente, para la Provincia de Limón.

Aunado a lo anterior, es real el largo Vía Crucis histórico de toda la comunidad limonense para que las distintas administraciones atiendan sus legítimas demandas para una mejor calidad de vida, con eficientes servicios públicos de acceso universal, brindados en condiciones de óptima calidad y oportunidad.

Lamentablemente, esto no ha sido así hasta el día de hoy, para la enorme mayoría de la población de la Provincia de Limón; y, cuando ha habido inversión social, la misma no ha obedecido un verdadero plan de desarrollo integral, de visión futurista, dando paso a la ocurrencia, a la politiquería y al desperdicio de recursos.

Toda esta situación no podrá resolverse, con eficacia, sin los instrumentos jurídicos ágiles para la promoción de una política pública integral, con sentido estratégico, que atienda, globalmente, la enorme cantidad de problemas socioeconómicos acumulados en esa rica pero olvidada región de nuestro país.

Vistas así las cosas, la ANEP considera necesario manifestarse ante la opinión pública en los siguientes términos:

1.

Demandamos del Gobierno de la República acciones claras y contundentes, de compromiso efectivo, pronto y verificable, para poner en práctica las medidas correspondientes para el fortalecimiento de RECOPE y de JAPDEVA, con base en el estratégico rol que desempeñan para el desarrollo nacional.

2.

Demandamos respeto a la libre determinación del uso del derecho constitucional de huelga que le asiste a los trabajadores y a las trabajadoras de ambas instituciones, para reclamar por esta vía los incumplimientos que en tal sentido han sido deshonrados hasta el momento.

3.

Demandamos valorar una especie de declaratoria de emergencia de la situación social y económica de los y de las limonenses, que permita la ejecución de políticas públicas de asistencia y de promoción social con la urgencia que requiere la atención de la acumulación de todas aquellas justas demandas postergadas por tanto tiempo, a lo largo de las últimas administraciones, incluida la actual.

4.

Demandamos una acción de diálogo urgente, de efectividad, transparencia y con garantes de amplio prestigio y reconocimiento ciudadano, para terminar con el grave conflicto huelguístico en desarrollo; considerando que el mismo demanda un gran despliegue policial que afecta la seguridad ciudadana en importantes núcleos de población, altamente afectados por el flagelo de una delincuencia creciente que actúa con enorme violencia contra las personas indefensas. Es necesario construir un nuevo tipo de diálogo porque su forma tradicional de desarrollo y lo que ha sido el respeto a los compromisos adquiridos, justifican la desconfianza creciente en los sectores sociales (incluidos los sindicatos), en este importante instrumento de paz social.

5.

Demandamos condiciones aptas de dignidad laboral para el personal de la Fuerza Pública inmerso en esta situación de emergencia, que está siendo destinado a enfrentar a sus hermanos de clase trabajadora, a raíz del conflicto en desarrollo.

San José, 16 de setiembre del 2003.

Los denominados “arcángeles” han decidido mover sus fichas para influenciar, con mayor peso político, las trascendentales e históricas decisiones que se aproximan en la Asamblea Legislativa, como la ley fiscal, el proyecto del fortalecimiento del ICE y, sobre todo, el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de América.

Esta estrategia política cuenta con el aval de la máxima cúpula empresarial que se agrupa en la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP); y, particularmente, desde la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR), salieron las presiones directas para sacar del gabinete a la Ministra Villalobos. A dicha jerarca la cual consideraron “débil” en el impulso a las famosas políticas de competitividad, particularmente, su falta de agresividad para criticar al ICE,

Siguiendo la estrategia política de los “arcángeles”, la caída de la saliente Ministra Villalobos se habría definido en la reunión del pasado viernes 29 de agosto del 2003, durante un desayuno empresarial de alto nivel, en la Cámara de Comercio.

“Los arcángeles” consiguen así su segunda “ficha” estratégica, luego de la llegada del Ministro Dent a la cartera de Hacienda. Se espera para próximas fechas, la salida de los ministros Tovar Faja y Toledo Carranza, quienes hasta hoy día tienen la responsabilidad de los ministerios de Relaciones Exteriores y Culto y de la Presidencia, respectivamente.

Vistas así las cosas, es claro que es escenario político de confrontación se va perfilando con mucha más claridad pues es indudable que los neoliberales han asumido, prácticamente, el control total del Gobierno del Presidente Pacheco de la Espriella, relegando a la mínima expresión las políticas de corte humanista socialcristiano que el mandatario ha venido pregonando.

8 de setiembre del 2003.

La cartera de Salud había solicitado para el año entrante, un total de 22 dos mil 200 cuarenta y cinco millones 980 mil colones (22.245.980.000.oo), para cubrir los requerimientos básicos mínimos y no caer en una paralización total de programas (personal recibiendo salarios pero sin poder hacer nada). Dicho monto no incluyó presupuesto para compra de equipo ni tampoco para renovar ni construir nueva infraestructura.

El Ministerio de Salud fue enfático en que resultaba imposible recortar un solo centavo de lo solicitado, pues los únicos recortes posibles más allá de la cifra pedida, implicará el despido de personal y cierre de diversos programas a cargo de tal institución, ya sea porque los desarrolla directamente (como los CEN-CINAI); o porque se ejecutan desde entes adscritos, como el CNREE, el IAFA, el INCIENSA, por ejemplo.

El Ministerio de Hacienda rebajó la cifra apuntada a 20 mil 695 millones 880 mil colones (20.695.880.000.oo), generándose el faltante para el 2004 ya indicado: mil quinientos cincuenta millones cien mil colones. A no dudarlo, la función rectora del Ministerio de Salud en el campo de la Salud, quedará sumamente debilitada, sin hablar de la frustración e incertidumbre que invadirá al personal y a sus autoridades.

Efectivamente, el recorte indicado llevará a la crisis total, prácticamente al cierre, entre otros, de los siguientes entes y programas:

1.
Los programas y proyectos a cargo del PLAN VIDA NUEVA, para atención estratégica en Salud en cantones declaradas prioritarios por su alto nivel de pobreza, abandono y marginalidad.
2.
Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial CNREE, entidad que atiende a la población discapacitada del país;
3.
los programas de prevención y combate a la drogadicción y la farmacodependencia, a cargo del Instituto Sobre Alcoholismo y Farmacodependencia IAFA); c)
4.
los programas de investigación y de educación en nutrición: a cargo del Instituto Costarricense de Investigación y Educación en Salud INCIENSA; la atención de educación y nutrición a los 125 mil niños que en edad preescolar atiende el programa CEN-CINAI.
5.
Los programas de Vigilancia en Salud, como el combate a la epidemia de dengue.
6.
Las asignaciones al Patronato Nacional de Ciegos.

Dentro del recorte indicado, sobresalen casi 900 millones de colones en salarios; 135 millones de colones en viáticos dentro del país (desplazamientos para combatir el dengue, por ejemplo); 90 millones de colones al IAFA; 25 millones de colones al CNREE;

Este grave recorte presupuestario descalifica la prédica total del Presidente de la República, Dr. Abel Pacheco de la Espriella, en cuanto a que el desvelo principal de la acción de su Gobierno son los sectores más desfavorecidos; precisamente, los que más le votaron para llevarlo a la primera magistratura del país.

Lastimosamente, el Presidente Pacheco, quien una y cientos de veces más ha alegado ser un humanista de profunda raíz socialcristiana decidió entregar la conducción de su Gobierno a la secta neoliberal que ha tenido el control de la economía del país en los últimos veinte años; y, por ende, presenciamos esta situación dolorosa de recorte presupuestario en contra de programas de gran impacto social para poblaciones de alto grado de vulnerabilidad y de marginalidad.

La ANEP moverá cielo y tierra para que se restauren los fondos cercenados al Ministerio de Salud, realizando todo un conjunto de acciones, dentro de las cuales destacan:

1.
Denuncia pública de esta situación, por todos los medios posibles.
2.
Sensibilización a los señores diputados y a las señoras diputadas, para que se restauren los fondos cercenados al Ministerio de Salud, durante la tramitación legislativa del proyecto de presupuesto que ya está en conocimiento del parlamento.
3.
Llamado a la movilización general del personal del Ministerio de Salud y sus entes adscritos para una gran marcha rumbo a la Asamblea Legislativa, en fecha por definir.
4.
Trabajo de organización de la población usuaria y beneficiaria de los programas que se cerrarán, para involucrarlos en la movilización apuntada.

Finalmente, la ANEP hace responsable de todo lo que pueda pasar, de ahora en adelante, en torno a esta peligrosa situación, al propio Presidente de la República, Dr. Abel Pacheco de la Espriella; así como a su Ministro de Hacienda, el neoliberal Alberto Dent Zeledón, quien por provenir de los sectores más adinerados del país y de mayor poder económico y político, no tiene la sensibilidad suficiente para entender las necesidades, las desesperanzas, las aflicciones y las restricciones de los y de las costarricenses más vulnerables, como los que serán afectados por el recorte abusivo y prepotente del Ministerio de Salud: los discapacitados, los ciegos, los drogadictos; pero sobre todo, los niños y las niñas que se atienden en los CEN-CINAI.

7 de setiembre del 2003.

Prestigiosos juristas; renombrados académicos; catedráticos de renombre (como los decanos de las distintas facultades de la Universidad de Costa Rica que emitieron un pronunciamiento conjunto en “Universidad”); sindicatos de gran representatividad, organizaciones sociales del más diverso carácter, periodistas honestos, ciudadanos patriotas… Todos coincidimos: ¡NO A LA ESCUELA MILITAR GRINGA EN COSTA RICA!

PLN: No le des la espalda a este calificado clamor nacional, para preservar la paz costarricense; para mantener la naturaleza cívica del Estado Social de Derecho que nos rige; para conservar la estatura moral que en el mundo nos distingue en materia de Derechos Humanos, pese a las dificultades para su pleno respeto.

No habrá tal “Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley”. Las verdaderas intenciones del Gobierno de los Estados Unidos de América van quedando al desnudo conforme pasan los días: Seremos instrumentados para servir al enfoque guerrerista del complejo militar-industrial estadounidense y su necesidad de controlar la política latinoamericana, según su particular visión de la seguridad regional ante la amenaza terrorista.

No nos conviertan en objetivo militar del terrorismo internacional producto del odio que genera el rumbo actual de la política estadounidense.

No estamos contra el noble pueblo de los Estados Unidos de América. Nos oponemos a que “Tiquicia”, nuestro querido terruño, sea insertado dentro de la lógica militarista, violadora del Derecho Internacional, que impulsa el actual gobierno de esa gran potencia.

Señores diputados y señoras diputadas del PLN: Ustedes deciden. Nosotros tomaremos nota de su actitud patriótica y de su civilista actitud para que en este calificado clamor pacifista. Pregúntense: ¿Porqué tanta gente, de tan distinta procedencia, con tan diferentes visiones de país, estamos coincidiendo en esto?:

2 de setiembre del 2.003

Las políticas concesionadoras y privatizadoras en el caso del agua, han venido siendo orientadas desde el seno del Foro Mundial del Agua, organismo que se reúne cada tres años y que es auspiciado por el Consejo Mundial del Agua, el Banco Mundial y empresas transnacionales del agua, tales como Vivendi, Suez y Thames Water, entre otras.

Estas gigantescas multinacionales dueñas del mercado del agua, son utilizadas como referentes por el Banco Mundial y otros organismos financieros internacionales, para que los llamados países pobres o en desarrollo opten por entregarles el agua; vía privatización en los países dominados por las políticas neoliberales, y vía concesión como antesala de la privatización en los países que han resistido desde la sociedad civil la arremetida del modelo neoliberal, como lo son el caso de Costa Rica y Uruguay, naciones modelos en Latinoamérica.

Como ANEP, de manera reiterada, hemos afirmado la imperiosa necesidad de un moderno e integral marco jurídico en materia de Recurso Hídrico, posición en la que coinciden el Gobierno, los ecologistas sociales, ambientalistas y las organizaciones sindicales.

No obstante, según nuestra visión, la iniciativa legislativa denominada Proyecto de Recurso Hídrico, presenta un claro sesgo privatizador, mismo que surge como alternativa de solución, ante los diagnósticos catastrofistas y tendenciosos, sobre el manejo del recurso hídrico; realizados por organismos internacionales como la Organización Panamericana de la Salud (OPS), con el auspicio del Estado y ciertas ONG’s promotoras de la privatización del agua. Súmesele a lo anterior las dimensiones de un Tratado de Libre Comercio con Estado Unidos, contexto en el cual podemos entender el aspecto de fondo del proyecto: nos referimos al capitulo de concesiones.

Entendemos con toda claridad el juego de interés tanto del sector económico empresarial, como del equipo económico neoliberal del Dr. Abel Pacheco; así como de la empresa periodística La Nación, ya que dicha iniciativa legislativa obedece a sus posiciones ideológicas de la privatización y del libre mercado.

No esta de más decir que el capítulo de concesiones y el proyecto en general, representa la tabla de salvación o mejor dicho el marco jurídico, para las empresas generadoras y cogeneradoras que se dedican a la hidroelectricidad, cuyos propietarios son influyentes figuras políticas del PLN y PUSC; mismos que años atrás, lograran la emisión de las leyes 7.200 y 7.500, que les permitió vender electricidad al ICE, institución que se vio obligada a pagarles al 31 de enero del 2002 la módica suma de 35.549 millones de colones.

En tal sentido, es de entender las posibles alianzas que quieran hacer las empresas con las multinacionales del agua, como forma de mantenerse en el mercado. De igual forma entendemos la presencia de RITEVE en nuestro país, supuesta subsidiaria de Aguas de Barcelona.

Amén de nuestro reiterado señalamiento, respecto al componente fundamental del proyecto, desde la perspectiva ideológica, dígase capitulo de concesiones; dicha iniciativa consta de un complemento integral, tales como principios y naturaleza del Recurso Hídrico, protección de ciencias hidrográficas, planes hidrológicos, planificación hídrica y el establecimiento de cánones ambientales, entre otros aspectos relevantes.

En este contexto, tenemos la convicción de que el contenido constitucional no es suficiente garantía para que el agua continúe siendo un recurso natural de dominio público, por lo que se hace necesario un mayor sustento jurídico del artículo 50 de nuestra carta magna, adicionándole entre otras cosas el agua como un Derecho Humano.

Finalmente como ANEP, es piedra angular de nuestro quehacer la defensa de la institucionalidad costarricense y su fortalecimiento, sobre lo cual se gestan los principios de eficiencia y eficacia en los servicios públicos; la llamada inversión social (que ahora llaman, despectivamente, los neoliberales “gasto” social), nos ha ubicado como nación a la par de países con un alto desarrollo humano.

Auguramos para los próximos meses una enorme efervescencia social de dimensiones semejantes a las del histórico como del ICE; ya que si bien entendemos la sociedad costarricense que el agua debe de tener un valor económico en su integralidad, no debe de ser el que le pongan las empresas privadas que pretendan entrar en el gigantesco negocio del agua, vía concesiones.

Tenemos una responsabilidad patriótica, trabajadoras y trabajadores del A y A. Corresponde a nosotros dar el primer paso, como mencionamos en alguna oportunidad en uno de nuestros volantes de reflexión.

¡¡SÍ A UNA MODERNA E INTEGRAL LEGISLACIÓN EN MATERIA DE RECURSO HÍDRICO!!

¡¡NO A UNA LEGISLACIÓN QUE CONCESIONES Y PRIVATICE EL AGUA, QUE PRIVATICE LA VIDA!

San José, 22 de agosto del 2003.

El Ministro Dent le debe explicaciones claras al país de su desacato a la Ley de Contingencia Fiscal que dispuso el fortalecimiento de la Administración Tributaria costarricense, a la cual se le destinarían 5 mil millones de colones para contratar nuevo personal profesional, adquirir equipos y establecer modernos programas informáticos; todo lo cual, supuestamente, ayudaría a combatir la escandalosa evasión tributaria en todas sus formas.

El Ministro Dent al proceder así, está haciéndole el juego a los gigantescos y poderosos intereses económicos que se han venido beneficiando con las políticas económicas neoliberales; facilitando la preservación del grave problema de las finanzas públicas, a raíz de los miles y miles de millones de colones que no ingresan a las arcas públicas, precisamente por las debilidades de una administración tributaria que no se quiere fortalecer, pese a que una ley de la República así lo ordenó.

El Ministro Dent se ha convertido en un gran provocador de la desestabilización social con su ataque sistemático contra los servicios públicos, contra los programas sociales, contra la institucionalidad del sistema social solidario de Costa Rica, contra los empleados públicos.

Más temprano que tarde la respuesta a los ataques del Ministro Dent no se harán esperar, considerando, además, que los mismos están ayudando a un acelerado proceso de confluencia y de coordinación de acciones de defensa conjuntas, por parte de todos aquellas personas, programas y sectores que han estado bajo el ataque de este funcionario fanático del dogma neoliberal.

ANEP y los Sectores Sociales enfrentaremos, abiertamente, el desafío que lanza el Ministro Dent y los intereses sectarios por él representados.

San José, 21 de agosto del 2003.

Para nadie es un secreto que la presente administración gubernamental del PUSC, así como va, augura una gran derrota electoral para esta agrupación política en las elecciones generales del año 2006; considerando, además, el impacto negativo sobre la misma, dada la gravedad de las denuncias de la financiación de la campaña del hoy mandatario presidencial.

Así las cosas, no solamente perderían la conducción del Poder Ejecutivo sino que, más grave aún, corren el riesgo de llevar su representación parlamentaria a la mínima expresión y a perder, en consecuencia, cifras millonarias del pastel de la deuda política.

Vistas así las cosas, podría resultar imperioso para el PUSC garantizarse influencia en el manejo de los millonarios fondos sociales con perspectiva electoral; quitando del camino todos aquellos obstáculos que impidan el otorgamiento de bonos de vivienda y el suministro de ayudas sociales que no estuvieren basadas en criterios político-electorales, para apuntalar candidaturas diputadiles, pretendiendo asegurar así su posterior elección.

La gestión de la señora Lara Povedano y del señor Fallas Venegas, en consecuencia, representaría un grave obstáculo en la estrategia electoral del PUSC para el año 2006; particularmente, para aquellas candidaturas diputadiles bendecidas por los arcángeles, quienes, por tanto, le habrían pedido al Presidente Pacheco deshacerse de tan brillantes profesionales al frente de esas instituciones claves para el desarrollo social de los costarricenses más pobres.

La ANEP insta al Presidente Pacheco de la Espriella a impedir que la politiquería y el clientelismo electoral influya en el manejo de los fondos sociales a cargo del IMAS y del Ministerio de Vivienda. Repudiamos que las necesidades de los más necesitados sean utilizadas para fines electoreros y de sobrevivencia de partidos políticos gastados por el neoliberalismo que han venido practicando en los últimos años.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Edgar Morales QuesadaSecretario
General Adjunto

San José, 12 de agosto del 2003.