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La propuesta para abrir el secreto bancario con propósitos tributarios, está derrotada mucho antes de que sea formalmente desechada en el pleno de dicha comisión.

Esta reforma, uno de los pilares fundamentales de los cambios que necesita el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, es más que necesaria en momentos en los cuales al país le conviene una revolucionaria transformación de su sistema impositivo; para frenar el sostenido proceso de polarización social que llevamos, con base en la cada vez más evidente desigual distribución de la riqueza.

La famosa comisión técnica de expertos tributarios que decidió bloquear esta crucial reforma, si bien cuenta con personas de gran valía profesional en el ramo, no tiene la objetividad suficiente; por cuanto algunos de sus integrantes han prestado sus servicios o lo harán en el futuro cercano, a reconocidos bufetes que se encargan de defender poderosos intereses empresariales frente a los requerimientos de la administración tributaria.

Se trata de una pésima señal, en contra de las necesarias medidas de equidad y de justicia tributarias que están urgiendo. Además, el rechazo anunciado de la propuesta de abrir el secreto bancario con propósitos tributarios, reduce las posibilidades de permanencia de varios de los sectores sociales representados en dicha comisión legislativa.

Se perderá así una extraordinaria posibilidad para potenciar el papel de la administración tributaria costarricense, en aras de empezar a controlar en serio, las gigantescas y monstruosas evasiones fiscales en sus múltiples formas.

San José, 23 de setiembre del 2003.

En el actual conflicto huelguístico que afecta a ambas instituciones, la ANEP se pronuncia en demanda de la más decidida, clara y estratégica acción del actual Gobierno, para atender aquellas demandas de las respectivas organizaciones sindicales, que procuren el fortalecimiento institucional y financiero de estas dos estratégicas empresas públicas, de enorme trascendencia para el país, en general y, particularmente, para la Provincia de Limón.

Aunado a lo anterior, es real el largo Vía Crucis histórico de toda la comunidad limonense para que las distintas administraciones atiendan sus legítimas demandas para una mejor calidad de vida, con eficientes servicios públicos de acceso universal, brindados en condiciones de óptima calidad y oportunidad.

Lamentablemente, esto no ha sido así hasta el día de hoy, para la enorme mayoría de la población de la Provincia de Limón; y, cuando ha habido inversión social, la misma no ha obedecido un verdadero plan de desarrollo integral, de visión futurista, dando paso a la ocurrencia, a la politiquería y al desperdicio de recursos.

Toda esta situación no podrá resolverse, con eficacia, sin los instrumentos jurídicos ágiles para la promoción de una política pública integral, con sentido estratégico, que atienda, globalmente, la enorme cantidad de problemas socioeconómicos acumulados en esa rica pero olvidada región de nuestro país.

Vistas así las cosas, la ANEP considera necesario manifestarse ante la opinión pública en los siguientes términos:

1.

Demandamos del Gobierno de la República acciones claras y contundentes, de compromiso efectivo, pronto y verificable, para poner en práctica las medidas correspondientes para el fortalecimiento de RECOPE y de JAPDEVA, con base en el estratégico rol que desempeñan para el desarrollo nacional.

2.

Demandamos respeto a la libre determinación del uso del derecho constitucional de huelga que le asiste a los trabajadores y a las trabajadoras de ambas instituciones, para reclamar por esta vía los incumplimientos que en tal sentido han sido deshonrados hasta el momento.

3.

Demandamos valorar una especie de declaratoria de emergencia de la situación social y económica de los y de las limonenses, que permita la ejecución de políticas públicas de asistencia y de promoción social con la urgencia que requiere la atención de la acumulación de todas aquellas justas demandas postergadas por tanto tiempo, a lo largo de las últimas administraciones, incluida la actual.

4.

Demandamos una acción de diálogo urgente, de efectividad, transparencia y con garantes de amplio prestigio y reconocimiento ciudadano, para terminar con el grave conflicto huelguístico en desarrollo; considerando que el mismo demanda un gran despliegue policial que afecta la seguridad ciudadana en importantes núcleos de población, altamente afectados por el flagelo de una delincuencia creciente que actúa con enorme violencia contra las personas indefensas. Es necesario construir un nuevo tipo de diálogo porque su forma tradicional de desarrollo y lo que ha sido el respeto a los compromisos adquiridos, justifican la desconfianza creciente en los sectores sociales (incluidos los sindicatos), en este importante instrumento de paz social.

5.

Demandamos condiciones aptas de dignidad laboral para el personal de la Fuerza Pública inmerso en esta situación de emergencia, que está siendo destinado a enfrentar a sus hermanos de clase trabajadora, a raíz del conflicto en desarrollo.

San José, 16 de setiembre del 2003.

Los denominados “arcángeles” han decidido mover sus fichas para influenciar, con mayor peso político, las trascendentales e históricas decisiones que se aproximan en la Asamblea Legislativa, como la ley fiscal, el proyecto del fortalecimiento del ICE y, sobre todo, el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de América.

Esta estrategia política cuenta con el aval de la máxima cúpula empresarial que se agrupa en la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP); y, particularmente, desde la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR), salieron las presiones directas para sacar del gabinete a la Ministra Villalobos. A dicha jerarca la cual consideraron “débil” en el impulso a las famosas políticas de competitividad, particularmente, su falta de agresividad para criticar al ICE,

Siguiendo la estrategia política de los “arcángeles”, la caída de la saliente Ministra Villalobos se habría definido en la reunión del pasado viernes 29 de agosto del 2003, durante un desayuno empresarial de alto nivel, en la Cámara de Comercio.

“Los arcángeles” consiguen así su segunda “ficha” estratégica, luego de la llegada del Ministro Dent a la cartera de Hacienda. Se espera para próximas fechas, la salida de los ministros Tovar Faja y Toledo Carranza, quienes hasta hoy día tienen la responsabilidad de los ministerios de Relaciones Exteriores y Culto y de la Presidencia, respectivamente.

Vistas así las cosas, es claro que es escenario político de confrontación se va perfilando con mucha más claridad pues es indudable que los neoliberales han asumido, prácticamente, el control total del Gobierno del Presidente Pacheco de la Espriella, relegando a la mínima expresión las políticas de corte humanista socialcristiano que el mandatario ha venido pregonando.

8 de setiembre del 2003.

La cartera de Salud había solicitado para el año entrante, un total de 22 dos mil 200 cuarenta y cinco millones 980 mil colones (22.245.980.000.oo), para cubrir los requerimientos básicos mínimos y no caer en una paralización total de programas (personal recibiendo salarios pero sin poder hacer nada). Dicho monto no incluyó presupuesto para compra de equipo ni tampoco para renovar ni construir nueva infraestructura.

El Ministerio de Salud fue enfático en que resultaba imposible recortar un solo centavo de lo solicitado, pues los únicos recortes posibles más allá de la cifra pedida, implicará el despido de personal y cierre de diversos programas a cargo de tal institución, ya sea porque los desarrolla directamente (como los CEN-CINAI); o porque se ejecutan desde entes adscritos, como el CNREE, el IAFA, el INCIENSA, por ejemplo.

El Ministerio de Hacienda rebajó la cifra apuntada a 20 mil 695 millones 880 mil colones (20.695.880.000.oo), generándose el faltante para el 2004 ya indicado: mil quinientos cincuenta millones cien mil colones. A no dudarlo, la función rectora del Ministerio de Salud en el campo de la Salud, quedará sumamente debilitada, sin hablar de la frustración e incertidumbre que invadirá al personal y a sus autoridades.

Efectivamente, el recorte indicado llevará a la crisis total, prácticamente al cierre, entre otros, de los siguientes entes y programas:

1.
Los programas y proyectos a cargo del PLAN VIDA NUEVA, para atención estratégica en Salud en cantones declaradas prioritarios por su alto nivel de pobreza, abandono y marginalidad.
2.
Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial CNREE, entidad que atiende a la población discapacitada del país;
3.
los programas de prevención y combate a la drogadicción y la farmacodependencia, a cargo del Instituto Sobre Alcoholismo y Farmacodependencia IAFA); c)
4.
los programas de investigación y de educación en nutrición: a cargo del Instituto Costarricense de Investigación y Educación en Salud INCIENSA; la atención de educación y nutrición a los 125 mil niños que en edad preescolar atiende el programa CEN-CINAI.
5.
Los programas de Vigilancia en Salud, como el combate a la epidemia de dengue.
6.
Las asignaciones al Patronato Nacional de Ciegos.

Dentro del recorte indicado, sobresalen casi 900 millones de colones en salarios; 135 millones de colones en viáticos dentro del país (desplazamientos para combatir el dengue, por ejemplo); 90 millones de colones al IAFA; 25 millones de colones al CNREE;

Este grave recorte presupuestario descalifica la prédica total del Presidente de la República, Dr. Abel Pacheco de la Espriella, en cuanto a que el desvelo principal de la acción de su Gobierno son los sectores más desfavorecidos; precisamente, los que más le votaron para llevarlo a la primera magistratura del país.

Lastimosamente, el Presidente Pacheco, quien una y cientos de veces más ha alegado ser un humanista de profunda raíz socialcristiana decidió entregar la conducción de su Gobierno a la secta neoliberal que ha tenido el control de la economía del país en los últimos veinte años; y, por ende, presenciamos esta situación dolorosa de recorte presupuestario en contra de programas de gran impacto social para poblaciones de alto grado de vulnerabilidad y de marginalidad.

La ANEP moverá cielo y tierra para que se restauren los fondos cercenados al Ministerio de Salud, realizando todo un conjunto de acciones, dentro de las cuales destacan:

1.
Denuncia pública de esta situación, por todos los medios posibles.
2.
Sensibilización a los señores diputados y a las señoras diputadas, para que se restauren los fondos cercenados al Ministerio de Salud, durante la tramitación legislativa del proyecto de presupuesto que ya está en conocimiento del parlamento.
3.
Llamado a la movilización general del personal del Ministerio de Salud y sus entes adscritos para una gran marcha rumbo a la Asamblea Legislativa, en fecha por definir.
4.
Trabajo de organización de la población usuaria y beneficiaria de los programas que se cerrarán, para involucrarlos en la movilización apuntada.

Finalmente, la ANEP hace responsable de todo lo que pueda pasar, de ahora en adelante, en torno a esta peligrosa situación, al propio Presidente de la República, Dr. Abel Pacheco de la Espriella; así como a su Ministro de Hacienda, el neoliberal Alberto Dent Zeledón, quien por provenir de los sectores más adinerados del país y de mayor poder económico y político, no tiene la sensibilidad suficiente para entender las necesidades, las desesperanzas, las aflicciones y las restricciones de los y de las costarricenses más vulnerables, como los que serán afectados por el recorte abusivo y prepotente del Ministerio de Salud: los discapacitados, los ciegos, los drogadictos; pero sobre todo, los niños y las niñas que se atienden en los CEN-CINAI.

7 de setiembre del 2003.

Prestigiosos juristas; renombrados académicos; catedráticos de renombre (como los decanos de las distintas facultades de la Universidad de Costa Rica que emitieron un pronunciamiento conjunto en “Universidad”); sindicatos de gran representatividad, organizaciones sociales del más diverso carácter, periodistas honestos, ciudadanos patriotas… Todos coincidimos: ¡NO A LA ESCUELA MILITAR GRINGA EN COSTA RICA!

PLN: No le des la espalda a este calificado clamor nacional, para preservar la paz costarricense; para mantener la naturaleza cívica del Estado Social de Derecho que nos rige; para conservar la estatura moral que en el mundo nos distingue en materia de Derechos Humanos, pese a las dificultades para su pleno respeto.

No habrá tal “Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley”. Las verdaderas intenciones del Gobierno de los Estados Unidos de América van quedando al desnudo conforme pasan los días: Seremos instrumentados para servir al enfoque guerrerista del complejo militar-industrial estadounidense y su necesidad de controlar la política latinoamericana, según su particular visión de la seguridad regional ante la amenaza terrorista.

No nos conviertan en objetivo militar del terrorismo internacional producto del odio que genera el rumbo actual de la política estadounidense.

No estamos contra el noble pueblo de los Estados Unidos de América. Nos oponemos a que “Tiquicia”, nuestro querido terruño, sea insertado dentro de la lógica militarista, violadora del Derecho Internacional, que impulsa el actual gobierno de esa gran potencia.

Señores diputados y señoras diputadas del PLN: Ustedes deciden. Nosotros tomaremos nota de su actitud patriótica y de su civilista actitud para que en este calificado clamor pacifista. Pregúntense: ¿Porqué tanta gente, de tan distinta procedencia, con tan diferentes visiones de país, estamos coincidiendo en esto?:

2 de setiembre del 2.003

Las políticas concesionadoras y privatizadoras en el caso del agua, han venido siendo orientadas desde el seno del Foro Mundial del Agua, organismo que se reúne cada tres años y que es auspiciado por el Consejo Mundial del Agua, el Banco Mundial y empresas transnacionales del agua, tales como Vivendi, Suez y Thames Water, entre otras.

Estas gigantescas multinacionales dueñas del mercado del agua, son utilizadas como referentes por el Banco Mundial y otros organismos financieros internacionales, para que los llamados países pobres o en desarrollo opten por entregarles el agua; vía privatización en los países dominados por las políticas neoliberales, y vía concesión como antesala de la privatización en los países que han resistido desde la sociedad civil la arremetida del modelo neoliberal, como lo son el caso de Costa Rica y Uruguay, naciones modelos en Latinoamérica.

Como ANEP, de manera reiterada, hemos afirmado la imperiosa necesidad de un moderno e integral marco jurídico en materia de Recurso Hídrico, posición en la que coinciden el Gobierno, los ecologistas sociales, ambientalistas y las organizaciones sindicales.

No obstante, según nuestra visión, la iniciativa legislativa denominada Proyecto de Recurso Hídrico, presenta un claro sesgo privatizador, mismo que surge como alternativa de solución, ante los diagnósticos catastrofistas y tendenciosos, sobre el manejo del recurso hídrico; realizados por organismos internacionales como la Organización Panamericana de la Salud (OPS), con el auspicio del Estado y ciertas ONG’s promotoras de la privatización del agua. Súmesele a lo anterior las dimensiones de un Tratado de Libre Comercio con Estado Unidos, contexto en el cual podemos entender el aspecto de fondo del proyecto: nos referimos al capitulo de concesiones.

Entendemos con toda claridad el juego de interés tanto del sector económico empresarial, como del equipo económico neoliberal del Dr. Abel Pacheco; así como de la empresa periodística La Nación, ya que dicha iniciativa legislativa obedece a sus posiciones ideológicas de la privatización y del libre mercado.

No esta de más decir que el capítulo de concesiones y el proyecto en general, representa la tabla de salvación o mejor dicho el marco jurídico, para las empresas generadoras y cogeneradoras que se dedican a la hidroelectricidad, cuyos propietarios son influyentes figuras políticas del PLN y PUSC; mismos que años atrás, lograran la emisión de las leyes 7.200 y 7.500, que les permitió vender electricidad al ICE, institución que se vio obligada a pagarles al 31 de enero del 2002 la módica suma de 35.549 millones de colones.

En tal sentido, es de entender las posibles alianzas que quieran hacer las empresas con las multinacionales del agua, como forma de mantenerse en el mercado. De igual forma entendemos la presencia de RITEVE en nuestro país, supuesta subsidiaria de Aguas de Barcelona.

Amén de nuestro reiterado señalamiento, respecto al componente fundamental del proyecto, desde la perspectiva ideológica, dígase capitulo de concesiones; dicha iniciativa consta de un complemento integral, tales como principios y naturaleza del Recurso Hídrico, protección de ciencias hidrográficas, planes hidrológicos, planificación hídrica y el establecimiento de cánones ambientales, entre otros aspectos relevantes.

En este contexto, tenemos la convicción de que el contenido constitucional no es suficiente garantía para que el agua continúe siendo un recurso natural de dominio público, por lo que se hace necesario un mayor sustento jurídico del artículo 50 de nuestra carta magna, adicionándole entre otras cosas el agua como un Derecho Humano.

Finalmente como ANEP, es piedra angular de nuestro quehacer la defensa de la institucionalidad costarricense y su fortalecimiento, sobre lo cual se gestan los principios de eficiencia y eficacia en los servicios públicos; la llamada inversión social (que ahora llaman, despectivamente, los neoliberales “gasto” social), nos ha ubicado como nación a la par de países con un alto desarrollo humano.

Auguramos para los próximos meses una enorme efervescencia social de dimensiones semejantes a las del histórico como del ICE; ya que si bien entendemos la sociedad costarricense que el agua debe de tener un valor económico en su integralidad, no debe de ser el que le pongan las empresas privadas que pretendan entrar en el gigantesco negocio del agua, vía concesiones.

Tenemos una responsabilidad patriótica, trabajadoras y trabajadores del A y A. Corresponde a nosotros dar el primer paso, como mencionamos en alguna oportunidad en uno de nuestros volantes de reflexión.

¡¡SÍ A UNA MODERNA E INTEGRAL LEGISLACIÓN EN MATERIA DE RECURSO HÍDRICO!!

¡¡NO A UNA LEGISLACIÓN QUE CONCESIONES Y PRIVATICE EL AGUA, QUE PRIVATICE LA VIDA!

San José, 22 de agosto del 2003.

El Ministro Dent le debe explicaciones claras al país de su desacato a la Ley de Contingencia Fiscal que dispuso el fortalecimiento de la Administración Tributaria costarricense, a la cual se le destinarían 5 mil millones de colones para contratar nuevo personal profesional, adquirir equipos y establecer modernos programas informáticos; todo lo cual, supuestamente, ayudaría a combatir la escandalosa evasión tributaria en todas sus formas.

El Ministro Dent al proceder así, está haciéndole el juego a los gigantescos y poderosos intereses económicos que se han venido beneficiando con las políticas económicas neoliberales; facilitando la preservación del grave problema de las finanzas públicas, a raíz de los miles y miles de millones de colones que no ingresan a las arcas públicas, precisamente por las debilidades de una administración tributaria que no se quiere fortalecer, pese a que una ley de la República así lo ordenó.

El Ministro Dent se ha convertido en un gran provocador de la desestabilización social con su ataque sistemático contra los servicios públicos, contra los programas sociales, contra la institucionalidad del sistema social solidario de Costa Rica, contra los empleados públicos.

Más temprano que tarde la respuesta a los ataques del Ministro Dent no se harán esperar, considerando, además, que los mismos están ayudando a un acelerado proceso de confluencia y de coordinación de acciones de defensa conjuntas, por parte de todos aquellas personas, programas y sectores que han estado bajo el ataque de este funcionario fanático del dogma neoliberal.

ANEP y los Sectores Sociales enfrentaremos, abiertamente, el desafío que lanza el Ministro Dent y los intereses sectarios por él representados.

San José, 21 de agosto del 2003.

Para nadie es un secreto que la presente administración gubernamental del PUSC, así como va, augura una gran derrota electoral para esta agrupación política en las elecciones generales del año 2006; considerando, además, el impacto negativo sobre la misma, dada la gravedad de las denuncias de la financiación de la campaña del hoy mandatario presidencial.

Así las cosas, no solamente perderían la conducción del Poder Ejecutivo sino que, más grave aún, corren el riesgo de llevar su representación parlamentaria a la mínima expresión y a perder, en consecuencia, cifras millonarias del pastel de la deuda política.

Vistas así las cosas, podría resultar imperioso para el PUSC garantizarse influencia en el manejo de los millonarios fondos sociales con perspectiva electoral; quitando del camino todos aquellos obstáculos que impidan el otorgamiento de bonos de vivienda y el suministro de ayudas sociales que no estuvieren basadas en criterios político-electorales, para apuntalar candidaturas diputadiles, pretendiendo asegurar así su posterior elección.

La gestión de la señora Lara Povedano y del señor Fallas Venegas, en consecuencia, representaría un grave obstáculo en la estrategia electoral del PUSC para el año 2006; particularmente, para aquellas candidaturas diputadiles bendecidas por los arcángeles, quienes, por tanto, le habrían pedido al Presidente Pacheco deshacerse de tan brillantes profesionales al frente de esas instituciones claves para el desarrollo social de los costarricenses más pobres.

La ANEP insta al Presidente Pacheco de la Espriella a impedir que la politiquería y el clientelismo electoral influya en el manejo de los fondos sociales a cargo del IMAS y del Ministerio de Vivienda. Repudiamos que las necesidades de los más necesitados sean utilizadas para fines electoreros y de sobrevivencia de partidos políticos gastados por el neoliberalismo que han venido practicando en los últimos años.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Edgar Morales QuesadaSecretario
General Adjunto

San José, 12 de agosto del 2003.

Honorables señoras diputadas; Honorables señores diputados:

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), y el Sindicato Nacional de Trabajadores de Seguridad y Afines (SNTSA); con gran respeto para sus dignas autoridades legislativas, se manifiesta ante usted acerca del Expediente No. 12.877, “Ley de Servicios Privados de Seguridad”, para que se considere lo siguiente:

Primero: Evaluación del cumplimiento de la Seguridad Social. Es imposible aprobar dicho proyecto de ley si, al menos, no se tiene una evaluación contundente y transparente, de cuál ha sido el comportamiento de las hasta ahora vigentes empresas privadas de seguridad, en cuanto a sus obligaciones patronales para con nuestro Sistema de Seguridad Social: Horarios, salarios honorables, pago de cuota patronal, declaración correcta de salarios realmente pagados, entrega puntual de la cuota obrera rebajada, reserva de cesantía según la Ley de Protección al Trabajador, póliza de riesgos de trabajo, entre otras.

Segundo: Evaluación del cumplimiento de responsabilidades tributarias. Esa evaluación contundente y transparente debe extenderse a las responsabilidades tributarias y fiscales de tales empresas, de forma tal que se pueda establecer su rectitud de respeto para con las leyes impositivas vigentes en nuestro país.

Tercero: Condiciones para un empleo digno. Es imposible aceptar una legislación al respecto sin que contenga disposiciones, totalmente claras, para desarrollar condiciones de empleo totalmente dignas. La discriminación por edad y/o por nivel académico, debe evitarse contundentemente. Es inadmisible aceptar que se descarte, como “basura” a trabajadores mayores de 35-40 o más años; o por el contrario, que se despida a quien solamente ha podido alcanzar el sexto grado de enseñanza primaria; o bien, que a éste se le pague menos, que quien ha tenido la suerte de alcanzar algunos grados educativos más.

Cuarto: Maniobras legales para evadir responsabilidades empresariales. No puede emitirse una legislación si la misma no incluye disposiciones que eviten la fácil transformación de una razón social en otra, de manera constante, intermediando los mismos abogados y/o bufetes; maniobras legales ejecutadas con la finalidad de evadir responsabilidades patronales, sociales y tributarias.

Quinto: Aplicación irrestricta del Convenio 94-OIT. Es de la mayor importancia que en una legislación como la propuesta, quede absolutamente explícito la obligatoriedad de todas las instituciones públicas (centrales, descentralizadas, adscritas, autónomas, semiautónomas, municipales, etc.), de observar, estrictamente, el Convenio No. 94 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a la hora de contratar servicios privados de seguridad. Ese convenio es ley de la República y dado su carácter tiene un rango de mayor alcance jurídico.

Sexto: Evaluación actuales contratos vigentes en el Sector Público. Es conveniente demandar de las más importantes instituciones públicas del país, un informe sobre la naturaleza de los contratos actualmente vigentes con empresas de servicios de seguridad privados: Nombres, períodos, montos pagados, salarios pagados al personal contratado, procesos de verificación del respeto a la legislación laboral y social, entre otros tópicos de naturaleza obligada: como permiso y registro de portación de armas, pólizas de vida, cumplimiento de responsabilidades fiscales, por ejemplo.

Sétimo: Libertad de asociación y de organización sindical. Al igual que los empresarios y firmas prestatarias de servicios privados de seguridad, se han agrupado de una asociación defensora de sus intereses; los trabajadores de los servicios de seguridad privados, deben tener garantizado su derecho a la libre sindicalización; pero esto debe quedar explícito en la nueva legislación, porque siendo ellos la parte más débil de la relación obrero-patronal, no es suficiente indicar la existencia de una legislación general al respecto, violentada un día sí y otro también, en la práctica totalidad del Sector Privado de la economía costarricense.

Octavo: Tráfico de influencias. Resulta una necesidad estratégica, de Seguridad Nacional, establecer los vínculos que han existido y/o que existen, entre funcionarios de la Fuerza Pública de Costa Rica y de otros cuerpos policiales de los distintos poderes institucionales, y las empresas privadas que brindan servicios de seguridad. Pareciera que en ello se ha venido gestando un círculo vicioso de gobierno en gobierno, cuya profundidad desconocemos pero que, a no dudarlo, podría ser de repercusiones contraproducentes para la misma estabilidad democrática costarricense.

Noveno: Registro y control de las armas. Con enorme preocupación planteamos el tema del control y del registro de las armas que emplea el personal de tales empresas; indicando la necesidad de establecer las garantías imprescindibles para la absoluta independencia entre la entidad pública rectora, registradora y contralora, con respecto a los empresarios, su círculo de poder y sus eventuales influencias en los mandos policiales según los distintos gobiernos.

Señores diputados, señoras diputadas: La democracia costarricense necesita de una ley de Servicio Privados de Seguridad, que desarrolle nuestra manera civilizada de convivencia:

1.
Respeto a la legalidad vigente en todos sus ámbitos: Seguridad, Social, Laboral, Tributario;
2.
Transparencia, rendición de cuentas, imparcialidad, profesionalismo, en cuanto a la entidad contralora de los servicios privados de seguridad;
3.
Procesos verificadores realmente efectivos y prestigiosos; procesos para los cuales las empresas den un aporte económico en función de su membresía, para así elevar la calidad de esa verificación.
4.
Normas fuertes para evitar la concentración empresarial, la evasión patronal de responsabilidades creando empresas fantasmas; disposiciones que humanicen el trabajo del guarda privado: salario justo, respeto a su dignidad, libertad para organizarse, posibilidad de crecimiento profesional.

Unicamente de esta forma, la sociedad costarricense de hoy en día podrá avanzar hacia nuevas etapas de mayor institucionalidad democrática.

Asociación Nacional de Empleados
Públicos y Privados
ANEP

Sindicato Nacional de Trabajadores
de Seguridad y Afines
SNTSA

San José, 6 de agosto del 2003.

Tutela de los Derechos Humanos y el respeto al Derecho internacional

Los Estados Unidos de América, primera potencia económica y militar del planeta, ha venido menospreciando, sistemáticamente, el imperio de la Ley y del Derecho Internacional. La monstruosa violación a la Carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), agrediendo e invadiendo a Irak, basándose en la mentira más burda (como ya ha quedado más que demostrado); así como su menosprecio a someterse a los preceptos de la recién creada Corte Penal Internacional (dentro de la cual una distinguida costarricense, la Licda. Elizabeth Odio Benito, es una de sus juezas); dan muestra más que clara que el respeto al Derecho Internacional y, por tanto, a la protección de los Derechos Humanos, es un asunto de tercer orden para dicho país.

Igualmente grave es la posición estadounidense contraria a evitar el incremento en el deterioro del entorno y la destrucción de la capa de ozono, negándose a aceptar la validez jurídica del denominado Protocolo de Kyoto.

Al día de hoy, cuando ya es más que notorio el papel jugado por los Estados Unidos de América en la instauración de las salvajes dictaduras del cono sur latinoamericano, con sus dolorosas secuelas de asesinatos políticos, desapariciones, exilio forzoso y violación atroz del Estado de Derecho; ningún ciudadano responsable de ese país, involucrado en tales situaciones, ha podido ser juzgado por los tribunales internacionales, como por ejemplo, el Exsecretario de Estado, Henry Kissinger.

Estado de derecho y tradición jurídica costarricenses

El fuerte desarrollo de la ciencia jurídica en Costa Rica, dada su arraigada tradición civilista de Estado de Derecho, le ha dado al país una respetable imagen internacional, considerándose que la independencia de nuestro Poder Judicial, muestra niveles más altos con relación a lo que sucede en la casi mayoría de los países latinoamericanos. No es de gratis que instituciones jurídicas internacionales tan prestigiosas como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Instituto Latinoamericano para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente (ILANUD), tengan su sede en Costa Rica.

Contexto internacional de creciente “antiamericanismo”

Distintas personalidades de relieve mundial, a las cuales no se les podría acusar de tener prejuicios antiestadounidenses, reconocen que la política exterior de la primera potencia militar mundial, es objeto de gran repudio en amplísimos sectores de la opinión pública mundial. Las jornadas cívicas que tuvieron lugar a lo largo y a lo ancho del planeta, con ocasión de la invasión a Irak, demuestran que el mundo está a favor del Derecho Internacional, de la Paz, de los Derechos Humanos; valores éstos no muy preciados para los gobiernos estadounidenses.

Este creciente “antiamericanismo” (terminología incorrecta que hace sinónimo el concepto “América” con el de “Estados Unidos”), del cual escriben famosos Premios Nobel (hasta el costarricense); ha convertido en objetivos de eventuales agresiones terroristas, los intereses estadounidenses en distintos lugares del mundo. Pruebas sobran. Una instalación militar como la pretendida por los Estados Unidos de América en Costa Rica, dada nuestra alta vulnerabilidad como país, facilitaría las acciones terroristas de distinto origen.

Lamentablemente, el pueblo hermano de la República de Colombia se debate en una violenta guerra civil; conflicto que muestra un involucramiento activo y sistemático por parte del Gobierno de los Estados Unidos de América, al punto de patrocinar una estrategia global político-militar y económica, denominada “Plan Colombia”, para buscar la derrota de las fuerzas insurgentes. Para nadie es un secreto que las ramificaciones de tal estrategia alcanzarán a los países vecinos de Colombia, como Costa Rica; así que para los sectores sociales y populares la academia ILEA está inscrita dentro de la misma.

Crisis fiscal y Seguridad Ciudadana

Es inadmisible que se destinen fondos públicos, para el sostenimiento económico de la tal academia ILEA, cuando se dice que estamos en “crisis fiscal”. Un solo colón que ponga el país con tal propósito, es un colón menos para sobrellevar la alicaída tarea de la Seguridad Ciudadana. En ANEP somos testigos del día a día de las congojas del personal de la Fuerza Pública para cumplir a la sociedad sus demandas de protección. Menos avituallamiento, más reducción de ración de alimentos, menos posibilidades de mejoramiento salarial, menos equipos, etc.; son constantes cotidianas que impiden un mejor servicio público de seguridad para la sociedad y todo lo justifican por la famosa crisis fiscal.

Sobran razones para fundamentar una posición contraria a la instalación de la academia ILEA en Costa Rica. Pero la principal de ellas, es la que nos indica la naturaleza de nuestra idiosincrasia civilista, la que nos llevó a la abolición del ejército, la que nos dio hasta un Premio Nobel de la Paz, la que nos llevó a ser sede de prestigiosas entidades internacionales relacionadas con los Derechos Humanos, con la Paz, con la Solidaridad, con el Derecho Internacional.

La ILEA es un peligro para el país; la ILEA es parte de una estrategia de confrontación militar ante la elevación de la calidad de las formas de lucha de los pueblos latinoamericanos contra tanta acumulación de injusticia y de miserias; la ILEA está promovida por un Estado con un récord impresionante de agresiones militares, invasiones a países soberanos, patrocinio de estrategias de represión inmisericorde y violaciones a la legislación internacional.

La Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica debe votar, negativamente, el Expediente No. 15.215 sobre una “Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley” (¡vaya paradoja!), en nuestro país.

San José, 5 de agosto del 2003.