Categoría: Opinión

Hemos venido analizando el desarrollo de los acontecimientos político-sociales que se están dando en el país en las últimas semanas, en cuanto al tema del paquete de impuestos y de lo que en el Gobierno de la República denominan como déficit fiscal.

Estamos observando una cierta estratagema montada desde algunos medios de comunicación colectiva (que no son los de Grupo Extra, por supuesto), tanto de prensa escrita, como radiada y televisiva; los cuales pretenden el desarrollo de una matriz de opinión pública para que ante la sociedad, los problemas del Gobierno en cuanto a que “_no tiene plata_”, se interprete que se deben a los salarios que devengan las personas trabajadoras asalariadas del sector Público; poniendo bajo ataque mediático las condiciones salariales que a lo largo de los años se han venido dando a quienes laboran para el Estado costarricense.

Es más, esta perversa conjura neoliberal trata de poner a los empleados públicos como “_enemigos_” de la sociedad, como una pandilla que saquea las arcas públicas, como (repetimos), los culpables del déficit fiscal.

Por tanto, según esa gente se debe desarrollar una “_cruzada cívica_” contra los empleados públicos, desde las ondas de radio que pretenden el monopolio de la opinión pública, desde las páginas de periódicos enfocadas hacia el mundo de los negocios y de la acumulación de la riqueza, desde algunos medios de prensa televisivos enemigos jurados de los sindicatos.

La ofensiva de los sectores de la hegemonía política dominante en contra del sector Público y, específicamente, en contra de los sistemas salariales que rigen para quienes laboran en él, pretende que la ciudadanía asuma como ciertas estas falacias. Primero: La gente asalariada que labora para el Gobierno, gana el doble de lo que se gana en el sector Privado, en actividades relativamente similares. Segundo: Las personas empleados públicas públicos están llenos de privilegios, prebendas, gollerías y demás “_plagas_” contra la estabilidad de las finanzas públicas. Tercero: Los empleados públicos son los culpables del déficit fiscal. Cuarto: Debemos aprobar leyes, como la de “_empleo público_” para acabar con esos regímenes salariales de “_privilegio_” (pluses). Quinto: Los salarios del sector Público deben ser iguales a los que se pagan en la empresa privada. Sexto: Los sindicatos del sector Público son un obstáculo y, por tanto, sería mejor que no existieran como suele suceder en el sector Privado.

La campaña en desarrollo contra los empleados públicos se expresa en titulares de prensa como los siguientes: “_Estado aspiradora-Menos inversión y empleo serían consecuencias de glotonería-Para pagar salarios, gobierno cada vez chupa más dinero_”; “_Salarios públicos superan a los privados-Privilegios para pocos, costo de muchos-Una secretaria del sector público gana hasta 600 mil más al año, que otra en el privado_”; _“Más del 50% de funcionarios públicos reciben otros pluses-Decreto para subir ¢5.000 en sueldos no frena alzas mayores-Empleados llegan a duplicar ingresos por antigüedad y carrera profesional-Entes desconocen cuánto le cuesta al Estado pagar todos estos beneficios_”; etc.

Pensamos que la estrategia es clara. Se pretende que la gente agarre de tiro al blanco a los empleados públicos, “_llenos de privilegios_”, para que no se repare en el verdadero lugar donde se generan los graves problemas de las finanzas gubernamentales: el robo de impuestos, bajo sus múltiples formas, legales e ilegales (evasión, elusión, exenciones, exoneraciones y similares). Es aquí donde está la verdadera fuente de la crisis fiscal en desarrollo que puede llevar al Estado costarricense a la quiebra.

¿Creen ustedes que doña María Mora Ruiz, trabajadora de los CEN-CINAI, tiene un salario de privilegio?; ¿qué un “_privilegiado_” es don Pedro Artavia Castro, quien pasa ocho horas continuas en un fortín carcelario, sin posibilidad alguna de hacer una necesidad fisiológica durante ese período de tiempo porque no hay quien lo sustituya para que vaya al baño?; ¿que don Mario Cruz Cervantes, oficial de la Fuerza Pública de apenas 300 mil mensuales de salario, arriesgando su vida patrullando una zona marginal, es un “_privilegiado_”?; ¿que la niña Sofía Pérez Castro, maestra unidocente de un pueblito lejano del centro de Acosta, tiene demasiados pluses salariales como para ser ella culpable del déficit fiscal?; ¿qué la licenciada Ana Teresa Martínez González, trabajadora social del Gobierno, quien debe visitar las barriadas más pobres para hacer un estudio de campo sobre niñez abandonada, sobre mujeres solas víctimas de agresión sexual, sobre familiares de un privado de libertad próximo a salir de la cárcel; es ella una persona que tiene un salario abusivo porque gana un millón de pesos luego de muchos años de estudio y de experiencia?; o que un asistente de pacientes de la Caja, como don Ronald Cubero Solano, quien asea el cuerpo, todos los días, de un enfermo grave o en fase terminal, tiene un salario de “_lujo_”?; ¿o que un trabajador de AyA, como Jesús Muñoz Álvarez, enviado a entregar recibos de agua a una barriada de alta criminalidad donde arriesga su propia vida, gana “_abusivamente_”?; ¿o que un chofer de un jerarca, don Diego Murillo Rojas, quien debe esperar a que el mismo termine su fiesta para llevarlo a la casa, gana el doble de lo que se gana en el sector Privado?; ¿o que un trabajador municipal, como Esteban Salazar Alvarado, inhalando todos los días los lixiviados de los desechos sólidos, merece que le quiten las anualidades de catorce años de servicio?; ¿o que a un profesional o técnico del ICE (el caso de Asdrúbal Matarrita Salgado), hoy apetecido por la competencia, se le tenga que bajarle el salario para arreglar un problema fiscal que él no generó?… Si quieren podemos seguir dando ejemplos de ejemplos.

¡No! Señores del capital. Así no es la cosa. La grave crisis fiscal de las finanzas públicas tiene otras causales. “_La procesión va por otro lado_”. Ejemplos sobran. Veamos, ¿declararán renta salarial real, como sí lo hacen los empleados públicos, ciertas personalidades notables de los latifundios mediáticos que hoy se lanzan contra quienes laboran para el sector Público?; ¿por qué no hablan de que es necesario de que, al menos parcialmente, se levante el secreto bancario, para efectos tributarios, cuando se supone robo de impuestos?; ¿por qué no apoyan un impuesto transitorio al patrimonio, por una única vez, para allegarle recursos frescos al Estado?; ¿por qué no se le van encima a las consultorías que se montan a cuenta de los fondos públicos, por el orden de los 500 millones de dólares al año, cuando hay suficiente personal capacitado en el Estado para hacer lo que hacen esos “_consultores_”?

Por supuesto que no ocultaremos una serie de problemas que afectan la eficiencia, la eficacia, la calidad y la oportunidad de los servicios públicos. ¡Claro que existen! Pero no estamos de acuerdo en que “_el hilo se reviente por lo más delgado_” y que sean “_los de abajo_” quienes paguen los platos rotos del “_tortón_” fiscal que “_los de arriba_” han venido generado a lo largo de los últimos gobiernos que, de un modo u otro, han sido hegemonizados por el pensamiento neoliberal. ¡Avisados quedamos!

La gente trabajadora asalariada del sector Público, así como sus familias, están ya en el “_ojo del huracán_”. El más reciente decretazo salarial de los 5 mil pesos, valedero para el primer semestre de este año 2012, es una señal clarísima de que la crisis fiscal en desarrollo, si no lo impedimos, hará víctimas inocentes de la misma a miles de personas que dependen para su sustento del empleo público, pese a no tener culpa alguna al respecto de esa crisis.

Hemos venido insistiendo y lo hemos de reiterar en toda oportunidad que podamos, que si no se produce en el país una Transformación Tributaria Estructural, la Revolución Tributaria de la que hablamos, podríamos llegar a la dramática y catastrófica situación de Grecia en el mediano plazo.

Gracias al esfuerzo de los 30 mil manifestantes que marcharon hasta la Casa Presidencial, el pasado miércoles 15 de febrero de 2012, la propia Presidenta de la República se vio obligada a atender a la delegación dirigente de las principales agrupaciones sindicales y gremiales que representan a las casi 200 mil personas asalariadas que laboran para la Administración Pública costarricense; entidades laborales que presentaron sus demandas a favor de la preservación del empleo público, contra el deterioro salarial y por darle una oportunidad al diálogo con negociación efectiva.

En la tarde-noche del pasado lunes 20 de febrero, con la presencia directa de la primera mandataria, la ministra de Trabajo y los ministros de la Presidencia, de Hacienda, de Educación y de Comunicación, se elaboró un acuerdo preliminar en esta materia de empleo y salarios en el sector Público.

Pese a que el Gobierno insiste en mantener el decretazo salarial de los 5 mil pesos, se reabrirá la discusión de la cuestión salarial, de manera inmediata, en el seno de la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público (CNSSP), para restaurar la vigencia del acuerdo salarial Gobierno-sindicatos del 2007 ó con base en una nueva fórmula que tenga el mismo espíritu, con elementos de cálculo de inflación vencida-inflación adelantada; de manera tal que se tenga en cuenta el reconocimiento de la inflación vencida del semestre anterior a la fijación, con elementos de cálculo para reconocer inflación adelantada del semestre posterior a la fijación.

Pese a que el Gobierno insiste en mantener el decretazo salarial de los 5 mil pesos, acepta discutir con los sindicatos el perverso contenido del decreto ejecutivo que le dio a la Autoridad Presupuestaria (AP), la rectoría en materia de empleo público y salarios, con lo cual se redujo al mínimo el papel de la Dirección General de Servicio Civil. Con ese decreto, la AP se convertiría en un especie de “_Ministerio de Reforma del Estado_” con potestades excesivas y abusivas que, estratégicamente, persiguen la reducción de la planilla pública y el peso de la masa salarial en las finanzas del Estado.

Ahora será otra historia con los sindicatos insertos en esta discusión. Se trata de darle el valor legítimo que requiere la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público (CNSSP), en materia de empleo público y en materia de fijaciones salariales. La AP no puede tener la hegemonía en ello. Es la CNSSP que sí cuenta con representación sindical calificada. En la AP no hay voz laboral alguna.

Pese a que el Gobierno insiste en mantener el decretazo salarial de los 5 mil pesos, acepta dialogar con los sindicatos sobre su proyecto de “_Empleo Público_” (“_Salario Único_”), desistiendo de enviarlo a tramitación legislativa durante todo el tiempo que dure su análisis en la comisión que integrará con las representaciones laborales.

Recordemos que una de las pretensiones más acariciadas de los neoliberales, es el concepto de “_Salario Único_” en la Administración Pública para eliminar toda clase de pluses salariales como la dedicación exclusiva, la prohibición, la carrera profesional, las anualidades, los quinquenios, los riesgos y otros. El “_Salario Único_” sería uno de los componentes esenciales de una ley de “_Empleo Público_”.

Ahora bien, será hasta el próximo lunes 5 de marzo cuando el Gobierno y los sindicatos se sienten de nuevo, en la Casa Presidencial, a firmar el acuerdo indicado; eso sí, siempre y cuando las bases laborales de las respectivas agrupaciones gremiales y sindicales del sector le den su aval a este acuerdo en borrador.

Sí hay acuerdo, pasaremos a una segunda ronda de análisis de temas como el fiscal-tributario y el de la Caja (Seguridad Social). Desde nuestra perspectiva, modesta y respetuosa, las mayores fuerzas posibles que podamos acumular y desplegar deben tener una perspectiva estratégica: Si no se cambia la naturaleza perversamente regresiva del sistema tributario costarricense, habrá congelamiento salarial en el sector Público, muchos empleos se perderán, será más profunda la condición de deterioro de muchos de sus servicios, se impondrán el congelamiento y la rebaja salariales (con el “_salario único_” de por medio), quebrará la Caja y hasta la venta de activos podría incluirse en eventuales préstamos con entidades financieras transnacionales para arreglar el “_déficit fiscal_”.

Atendiendo el llamado de las más diversas agrupaciones gremiales, profesionales, laborales y sindicales representativas de los intereses económico-sociales de quienes trabajan para el sector Público en condición asalariada; gran cantidad de empleados públicos y de empleadas públicas se manifestarán en la calle, hoy, miércoles 15 de febrero.

Protestarán por la imposición gubernamental de un “_reajuste_” salarial de 5 mil colones, en lo que constituye el cuarto “_decretazo_” salarial en la administración de la señora Presidenta de la República, doña Laura Chinchilla Miranda. “_No hay plata_” para más aumento, fue su argumento central y único.

Tenemos la certeza de que la protesta será exitosa, pues también a lo largo y a lo ancho del país habrá manifestaciones en la misma dirección. Pero… y después de hoy, ¿qué sigue? Sentimos una gran preocupación al respecto.

Con humildad planteamos que el problema de los “_decretazos_” salariales es más profundo. Por eso deberíamos ahondar en las causas del “_no hay plata_”, del déficit fiscal como le llaman en la tecnocracia neoliberal.

¿Cuán profundo es?; ¿con cuánto déficit puede vivir una economía como la nuestra?; ¿nos estarán mintiendo, exagerando, aterrorizando en esta cuestión?, ¿qué proponer desde el lado de la acera que no es el neoliberal, es decir, el nuestro?; ¿a cuál situación nos enfrentaremos en julio próximo, si el “_no hay plata_” sigue siendo la excusa fundamental de parte del Gobierno para congelar y/o reducir salarios, para implantar el “_salario único_”?… He aquí una cuestión trascendental para abordar el punto desde una perspectiva sindical-popular.

¿Y lo que pasa con los salarios del sector Privado? Su clase trabajadora está, prácticamente, en total indefensión al respecto por cuanto muchos patronos escamotean aplicar el escuálido incremento en los salarios mínimos, alegando que a su respectivo personal se le paga por encima de los mismos. ¿Es que acaso no es éste otro tema del “_qué sigue_”?

¡Ah! y el problema de las personas físicas, trabajadoras asalariadas altamente endeudadas, con serios problemas de liquidez salarial al final de la quincena. ¿Es que acaso no deberíamos pensar en una solución social como un fondo solidario para ayudar a bajar esos altísimos niveles de endeudamiento personal-salarial?

¿Será que la política salarial del país debe ya ser otra, más inclinada hacia el incremento del poder de compra, del poder adquisitivo del salario, con otra medición de las variaciones del costo de la vida?

La Caja, nuestra querida Caja. ¡Pidiendo prestado para funcionar! ¿Cuánto se ha expandido la medicina privada a su sombra, producto de administraciones inescrupulosas que han facilitado el negocio privado de la salud con plata de la CCSS?

Ahora, que la Caja está con un cuarto lleno de papeles (bonos) que no puede colocar en el mercado financiero, ¿acaso no es un punto fundamental del “_qué sigue_”, para incluirlo en nuestra agenda de lucha como un tema fundamental?

El tema de la Seguridad Ciudadana que tanto nos preocupa. ¿Vamos a seguir teniendo una policía mal pagada, en instalaciones precarias, arriesgando sus vidas por salarios de hambre, en la Fuerza Pública, en la Policía Penitenciaria, en la Policía de Migración, en la Policía de Tránsito, en los servicios de vigilancia de los centros educativo -escuelas y colegios, en las labores de cuido y seguridad de los parques nacionales? ¿Es éste o no un tema de preocupación social que nos atañe directamente?

¿Y sobre nuestra niñez desprotegida, cada vez más sumida en entornos de pobreza, de estrechez económica; la infancia a cargo de mujeres trabajadoras, madres solas jefas de hogar? ¿Por qué no fortalecemos, estratégicamente hablando, los CEN-CINAI, por ejemplo pagándole como profesionales a quienes ya lo son y laboran en ellos con salarios injustos?

¿Y qué decir del tema del crecimiento del mercado informal, el problema de las personas vendedoras ambulantes honestas; el problema de quienes no encuentran empleo, por ejemplo la gente joven o la gente adulta que luego de cumplir 35 o más años, el mercado las considera como “_desecho_”? ¿Verdad que es un tema de una agenda social integral?

¿Y el tema de la superexplotación laboral y la persecución sindical en las plantaciones agrícolas de banano y de piña, no merece que lo consideremos como parte de nuestras preocupaciones unitarias como pueblo trabajador? ¿Y qué decir de la situación laboral de los choferes de autobús; de los traileros nacionales unitarios amenazados con quedarse fuera del mercado del transporte de mercaderías producto de la competencia desleal centroamericana? ¿Es un tema o no de exclusión y desigualdad social?

Y los problemas del deterioro ambiental y ecológico, de la doble moral del país en tal sentido; de los desafíos laborales y sociales ante la defensa de las fuentes de agua, el cambio climático y la preservación de la vida misma en el planeta, ante la vorágine consumista y depredadora… ¿No merece ello nuestra atención?

¿Y cómo es eso de que nos van a meter, atropelladamente, otro período más del monopolio de la revisión técnica vehicular? ¿No que estamos en tiempos de “_apertura_” y “_competencia_”? Podemos luchar por micro emprendimientos empresariales en esta actividad a cargo de la juventud egresada de los colegios vocaciones, por ejemplo, ¿o no?

Como ven, son preocupaciones susceptibles de ser debatidas en un espacio de construcción social de nuevo tipo, de cara a los desafíos que nos toca asumir a quienes, de un modo u otro, anhelamos que nuestra querida Patria retome la senda del bien común y de la integración e inclusión sociales; bajo la noble inspiración de que “_otra Costa Rica es posible_”. Por todo esto y más, vale la pena salir a la calle como hoy y muchas veces más.

Para de hoy en ocho, miércoles 15 de febrero, habrá una manifestación de personas trabajadoras asalariadas quienes laboran para distintas instituciones del Estado: Protestarán molestas por cuanto desde la llegada del presente Gobierno encabezado por la Licda. Laura Chinchilla Miranda, como Presidenta, las fijaciones salariales semestrales en la Administración Pública han sido por decretazos (cuatro para ser exactos), impuestos de manera unilateral, sin un proceso de diálogo y negociación efectivos, como suele suceder en democracias supuestamente maduras.

Los sindicatos, gremios y asociaciones que representan los intereses económico-sociales y reivindicativo-gremiales de los empleados públicos y de las empleadas públicas, se han unido ante tal situación y están formulando una convocatoria a la calle, compartida y unitaria, para, como indicamos, de hoy en ocho, miércoles 15 de febrero.

Partiendo de los principios y las visiones que animan a la organización sindical para la cual laboramos, es imposible ver la anterior situación como otro “_decretazo_” salarial contra el cual hay que protestar y punto. La cosa va más allá.

La señora Presidenta y su Gobierno defienden su arbitrario proceder alegando lo que en su seno conceptúan como el déficit fiscal; popularmente hablando, el “_no hay plata_”.

La gran diferencia es cómo nos explicamos el porqué “_no hay plata_”, según se trate del Gobierno ó según se trate de la visión sindical. Y es en este punto, el del “_no hay plata_” donde se marcan las distancias entre la visión gubernamental y la visión sindical (por la menos la que expresamos en esta columna, sin arrogarnos representaciones que no tenemos). Veamos:

La semana pasada quedamos atónitos, impresionados, indignados y asustados: se hizo público que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), por primera vez desde que fue fundada en 1943, ¡pidió prestado! Sí, así como se oye: le pidió a dos bancos estatales 35 mil millones de colones para funcionar en lo básico: salarios, pago a proveedores e incapacidades, así como atención médica. Por esos préstamos, deberá pagar 612 millones de colones en intereses mensuales. ¿Quién se iba a imaginar que la Caja, la más emblemática institución de la democracia costarricense, tendrá que vivir de a prestado?

¿Por qué esto? Hay varias razones. Pero entremos en lo que interesa. Es tan grande el “_perro amarrado_” que el Gobierno le tiene a la Caja que le pagó parte de la gigantesca cantidad que le debe con papeles, llamados bonos, que la CCSS no pudo convertir, como se suponía, en “plata blanca”, contante y sonante.

Son tantos los papeles que el Gobierno le dio a la Caja que los metieron en un cuarto, con llave, pero que ahí se quedarán porque, supuestamente, no se vendieron o cambiaron por dinero en efectivo, en el mercado financiero.

El “_no hay plata_” del Gobierno afectó, también, a la Caja y la seguirá afectando, profundizando su crisis y su viaje hacia la quiebra, hasta que el Gobierno le pague con plata en efectivo, hasta que se deje de argumentar que “_no hay plata_”. (La historia del otro “_perro amarrado_” que afecta a la Caja, el de la empresa privada, es otro tema para otra ocasión).

Entonces, hasta que no se supere la coyuntura del “_no hay plata_”, la seguiremos pasando fea y peor. Sí, por supuesto, hay una interrelación entre los cuatro decretazos salariales impuestos para el sector Público en lo que va de este Gobierno y los papeles con los cuales éste le paga a la Caja parte de su gran deuda con ella. Todo tiene que ver con un sistema tributario completamente injusto que necesita ser transformado, estructural y radicalmente.

Mientras las grandes mayorías, especialmente, los sectores asalariados, pierden doblemente con el “_no hay plata_” (deterioro del salario y deterioro de la Caja); grupos poderosos roban impuestos, por medio de triquiñuelas legales ó sin ellas, afectándonos en nuestra calidad de vida.

Humildemente creemos que hasta tanto no ocurra en el país una “_Revolución Tributaria_”, una Transformación Tributaria Estructural (así, en mayúsculas), el “_no hay plata_” nos llevará al precipicio, al abismo profundo de la desigualdad sin retorno, a la violencia absoluta sin control y a la corrupción más desenfrenada.

A usted, que labora para el sector Público; a usted que lo hace en la empresa privada y que cuando llega el ajuste raquítico al salario mínimo no se lo aplican porque le dicen que usted gana “_por encima_” de ese mínimo; a ambos que ocupan (que ocupamos) de la Caja; a todos y a todas que no evadimos impuestos porque nos “_cazan_” directamente en la planilla, en la pulpería, en el super, en la tienda, etc.; nos concierne, nos urge, es cuestión de vida ó muerte, cambiar ese “_no hay plata_”; porque hay unos 3 billones de colones, sí, tres millones de millones, en dineros potencialmente frescos y sanos que el Gobierno puede captar para cambiar el estado actual de las cosas, por uno en el que impere el bien común. ¿Ven, cómo el 15, la calle, la Caja, los salarios, van hacia un mismo punto?…

Esa es la esencia que, en lo personal, nos motiva para salir a la calle de hoy en ocho, miércoles 15 de febrero. Ojalá también la motive a usted.

Perdone usted. Seguimos con esta terquedad (_“telele_”, en lenguaje popular).

A las personas trabajadoras asalariadas del sector Público, se les impuso un “_reajuste_” salarial de 5 mil colones, valedero para el primer semestre de este año 2012. La principal razón que dio el Gobierno: “_no hay plata_”.

El señor Ministro de Hacienda, el distinguido caballero don Fernando Herrero Acosta, anunció recortes en estratégicos servicios sociales como Educación y Salud, argumentando que “_no hay plata_”.

En los centros carcelarios la situación es altamente precaria, tanto para las personas que en ellos trabajan como para quienes están privados de libertad. “_No hay plata_” es la excusa.

Muchas comisarías de la Fuerza Pública están en condiciones deplorables. Se tuvo que pedir un préstamo para hacer algo porque “_no hay plata_”. Además, solamente los mandos altos del personal de la Fuerza Pública tienen salarios justos en este momento. El resto, la gran mayoría, los y las policías de a pie, los “_rasos_” siguen esperando por una mejora salarial que no llegará porque “_no hay plata_”.

Muchas madres solas jefas de hogar, por lo general de los sectores más pobres de nuestra sociedad, llevan sus chiquitos y chiquitas para que los cuiden en los CEN-CINAI mientras ellas trabajan. Pero, ¿en qué condiciones?… “_No hay plata_” es ahora la excusa para empezar a privatizarlos, solapadamente, con el programa “_Cecudi_” (Centros de Cuido y Atención Infantil).

¿Cuál es el grado de saturación de los maestros y de las maestras en las aulas escolares porque el número de educandos que deben atender es altísimo, dado que como “_no hay plata_” los grupos de estudiantes deben ser mayor de lo que pedagógicamente se recomienda para una educación integral.

La Caja va hacia la quiebra. La altísima deuda del Estado con ella, la están pagando con papeles (bonos), al punto de que ya empezaron a llenar, literalmente hablando, un segundo cuarto con esos papeles. ¿Y por qué el Gobierno le paga con bonos? Porque “_no hay plata_”.

Y así podríamos seguir citando ejemplos de cómo el pueblo trabajador ha empezado a sufrir por este grave problema de que el Gobierno “_no tiene plata_”; sufrimiento que abarca tanto a quienes son sus asalariados porque laboran para él, como para quienes ocupamos de sus importantes servicios en campos como los de la Seguridad, la Salud, la Educación, la Atención Social, etc.

Nos dicen en el Ministerio de Hacienda que por cada dos colones que se ocupa para que el Gobierno funcione, hay que ir “_a la calle_” a buscar uno prestado. Parece que es cierto. Pero aquí uno se pone a sospechar de que para algunos sectores poderosísimos, especialmente del capital financiero-bancario, es mejor que no se arregle el problema del déficit fiscal porque su plata se sigue incrementando (pago de intereses), gracias a que el Gobierno necesita que se la presten.

Y como esto parece ser un “_negocio redondo_” para algunos sectores financieramente fuertes, uno incrementa la sospecha de ello porque no existe una voluntad política férrea, contundente, dura, para atacar de raíz el problema de que “_no hay plata_”, metiendo la mano gubernamental donde están las fuentes frescas de ingresos sanos que, a nuestro criterio, no se quieren tocar como es urgente hacerlo en las actuales circunstancias. Veamos.

Si nos fijamos en las cifras anuales de robo de impuestos a través de las diversas formas de elusión y de evasión tributarias; si esas cifras las unimos a las que el Estado deja de percibir por los 188 regímenes existentes en materia de exoneraciones y de exenciones fiscales; y, si, nos fijamos en un tercer bloque que es de los superávit institucionales; todo junto, produce un ámbito de “_plata fresca_” de una cantidad tan grande, tan astronómica, del orden de los 3 billones de colones; un tres y doce ceros; así: 3.000.000.000.000.

Esta cantidad es diez veces superior a lo que espera recaudar el Gobierno si le aprueban el plan fiscal que está tramitando en estos momentos en la Asamblea Legislativa, es decir, 300 mil millones de colones (un tres y once ceros; así: 300.000.000.000). Los estudios en estos tres casos están. Son serios y nada sospechosos de ser “_pro-sindicales_”.

Además, el Gobierno podría partir en dos su proyecto actual de plan fiscal y tramitar, únicamente, la parte progresiva que el mismo tiene en cuanto a justicia tributaria. Por ejemplo: 1) La renta mundial (para poner a pagar impuestos a quienes ganan plata en el exterior). 2) La renta global (sumarle a una persona sus diversos ingresos que por distintos conceptos percibe y así ponerle el impuesto que verdaderamente le corresponde pagar). 3) El impuesto a las transacciones financieras, a los grandes movimientos de capital inter-bancos, que se hacen todos los días.

Como vemos, la cantaleta de “_no hay plata_” no es sostenible. Pero, se requiere mucha fuerza social, en movimiento, organizada, del pueblo trabajador, de los y de las abajo para esta especie de Revolución Tributaria: recuperar para el bien común parte de esos 3 billones de colones. Por todo ello saldremos a las calles el próximo miércoles 15 de febrero. ¡Apúntese!

La institución laboral en la cual nos desempeñamos ha estado incursionando en la organización sindical de las personas trabajadoras asalariadas que son contratadas para la producción piñera, específicamente en la zona norte del país. Otras corrientes sindicales hacen lo mismo en el sur y en el atlántico del territorio costarricense.

Se ha logrado constatar que la producción piñera es en estos días un problema de Derechos Humanos que merece la máxima atención de las autoridades políticas del país en los campos del Gobierno, de la legislación y del sistema judicial.

A la vez, se debe concitar la atención por parte de entidades, tanto nacionales como internacionales que velan por la defensa de los derechos de los y de las habitantes, tanto como lo requiere la plena vigencia de los Derechos Humanos en un país como el nuestro que ha firmado todas y cada una de las declaraciones y tratados que al efecto ha producido la comunidad internacional, en el plano global y en el continental.

La circunstancia de la intervención sindical en la producción piñera surge a partir de la necesidad de las propias personas trabajadoras que ante condiciones laborales adversas buscan en el sindicato, el mecanismo apropiado para reclamar por un trato humanitario y por el pleno respeto de sus derechos laborales, al vender su fuerza de trabajo a las empresas que les contratan; para que quienes consumen piña en los Estados Unidos y en la Unión Europea (UE) degusten la sabrosísima fruta costarricense que con gran esfuerzo y sacrificio se produce en el país con la mano de obra nacional y migrante, especialmente la nicaragüense.

Tuvimos la oportunidad recientemente de viajar hasta una de las zonas geográficas de mayor expansión de producción piñera, San Carlos, para constatar que su relación con el pleno respeto a los Derechos Humanos debe ser ya una cuestión de Estado.

Los testimonios de trabajadores piñeros con los cuales nos reunimos nos hablan de que si bien las empresas, a regañadientes estarían “_respetando”_ la libertad de organización sindical, en lo subterráneo, solapadamente, los mandos medios y altos de esas firmas, ejercen toda clase de artimañas para impedir la consolidación de la legítima organización natural de la clase trabajadora: el sindicato.

La situación se hace más grave cuando la persecución sindical se desenmascara y se hace más cruel. El despido abierto del dirigente sindical es uno de los casos más emblemáticos de que la producción piñera y los Derechos Humanos están íntimamente ligados.

Esta situación se vuelve más indignante e insultante cuando tal despido se da porque se rechazó el ofrecimiento de dinero a cambio de abandonar la lucha sindical. Es el caso en estos momentos de un joven trabajador costarricense, padre de tres hijos (el mayor de los cuales tiene apenas siete años), quien corre el riesgo de ser un “_condenado_” para siempre a no tener trabajo porque se hizo más que notorio que abrazó la bandera sindical y abogó por el mejoramiento de sus propias condiciones laborales y la de sus compañeros y compañeras.

Despedir a un trabajador porque se afilió a un sindicato y luego darle su nombre a otras empresas piñeras de la zona para que no le den trabajo, lo que se conoce como las “_listas negras_”, es otro de los crímenes sociales más repudiables de la explotación piñera.

Estupefactos quedamos cuando varios trabajadores nos pidieron, casi que nos rogaron, que elimináramos del sitio web de la agrupación en la cual laboramos, un video en el que se hace evidente su participación en un evento sindical; porque las empresas se dedicaron a analizarlo, identificaron los rostros de los asistentes a las reuniones sindicales y cuando llegan a pedir empleo, les muestran el video y les indican que por estar en ese video, por ser sindicalistas, no les darán trabajo. Impresionante que esto ocurra en la “_democrática_” Costa Rica. En verdad que en esto de la democracia, somos especialistas en doble moral.

Por eso resulta imprescindible y verdaderamente importante que desde la Asamblea Legislativa se continúen formulando denuncias de los episodios de violación a los Derechos Humanos que están ocurriendo en las plantaciones piñeras de Costa Rica. Está práctica no se debe abandonar.

Igualmente, es preciso que las diversas corrientes sindicales que ya tienen expresiones organizativas en esas plantaciones se articulen de manera estratégica, consoliden procesos unitarios y unifiquen esfuerzos y recursos para lograr el pleno respeto a los Derechos Humanos, incluido el de la Libertad Sindical, para quienes laboran con gran sacrificio en las piñeras.

De la misma manera, debemos incrementar los procesos de denuncias en los mercados consumidores para obligar al empresariado piñero a emigrar a procesos productivos de producción limpia, tanto en lo laboral, como en lo ambiental-ecológico y en lo social.

En este punto, los sindicatos deben suscribir convenios de cooperación y asesoría técnica con entidades que se dedican a la protección del entorno para la capacitación en denuncia de la agresión a la ecología en la producción piñera.

Finalmente, deberíamos tener un protocolo de aplicación práctica para que se dé la plena vigencia de los Derechos Humanos en la producción piñera, generado a partir de un acuerdo social entre empresas, sindicatos, sectores ecológicos, entidades protectoras de tales derechos, Gobierno y parlamento. Nos parece que los sindicatos estamos listos para esto.

Se da así un nuevo paso en el perverso camino que los sectores dominantes quieren imponerle al pueblo trabajador, cual es del crecimiento de la desigualdad, el ensanchamiento de la brecha social entre ricos y pobres, el estrujamiento de los sectores medios; y, por ende, potencian la confrontación social.

Siempre hemos confiado en el poder de la movilización ciudadana. Todo el tiempo hemos estado convencidos de que la clase trabajadora en movimiento, desplegando todo su poder, es capaz de conquistar altísimas metas de justicia social y de liberación económica.

Con amplitud, sin dogmatismos, sin objetivos ocultos, con pleno respeto a la diversidad, sin imposiciones ideológicas, la hegemonía política dominante, la del capital financiero-neoliberal, ha de retroceder en su afán egoísta de empobrecernos completamente, cuando construyamos nuestra necesaria unidad.

Admitamos que el Gobierno “_no tiene plata_”. Pero, ¿por qué no la tiene? Porque el sistema tributario costarricense necesita transformaciones profundas para las cuales se requiere extraordinaria voluntad política que permita un enfrentamiento abierto con los poderosos sectores empresariales de diverso signo que, de un modo u otro, tienen el control real de la institucionalidad que debería estar al servicio de esta transformación tributaria profunda. Pero quienes nos han venido gobernando no tienen esa voluntad política.

Esta transformación tributaria estructural profunda que la democracia maltrecha requiere para relegitimarse ante una ciudadanía cada vez más desencantada con sus gobernantes, de uno y otro partido (al final, en esencia, lo mismo); solamente será posible con la fuerza que dará la movilización general de la gente “_de abajo_”, del pueblo trabajador, de la ciudadanía esperanzada en un buen vivir con integración social, con oportunidades renovadas, con futuro seguro.

Quienes laboran para el sector Público, luego de este decretazo de los 5 mil pesos, deben entender lo siguiente: 1) Estamos ya en épocas de congelamiento salarial; 2) la posibilidad de que se impongan rebajas salariales para sectores profesionales, por ejemplo, ya dejó de ser un pensamiento descabellado; 3) el despido de personal interino (al menos en el Gobierno Central), es un acontecimiento inminente; 4) más deterioro de diversos servicios públicos, de por sí ya en condiciones precarias, se ha de acentuar; 5) habrá un incremento del autoritarismo institucional empleándose como arma de chantaje el despido ó la conservación del empleo; 6) que los pensionados del Estado serán víctimas segurísimas en el mediano plazo; son entre otros, riesgos inminentes de desestabilización brutal de la situación familiar y social de quienes laboran para el Estado; de la misma forma que será la afectación de cientos y cientos de personas y familias que dependen de los diversos servicios públicos afectados por la circunstancia de esas visiones fundamentalistas de signo neoliberal sobre el déficit fiscal.

Vistas así las cosas, el escenario salarial para mediados de año pinta peor que el actual. Por eso resulta sumamente acertado y dejamos constancia pública de todo nuestro respaldo, el llamado unitario sindical para que se manifiesten las más diversas acciones de repudio a estos decretazos salariales, de rechazo al empobrecimiento que se agudiza, de desafío a la convivencia democrática y de fomento de la violencia, que no otra cosa son este tipo de decisiones que fomentan y profundizan el crecimiento de la desigualdad.

Paralelamente, es importante que comprendamos que atacar el deterioro en que ya están sumidos diversos servicios públicos, algunos esenciales para una convivencia en paz; que la defensa del empleo público y en contra de la profundización del deterioro salarial (y, por ende, del empobrecimiento de las mayorías); pasa necesariamente por una transformación tributaria estructural, por una verdadera Revolución Tributaria; aquella que, por ejemplo, ataque frontalmente el robo anual de impuestos que anda por el orden de los 600 mil millones de colones; ó que, le entre duro a los 188 regímenes de exenciones/exoneraciones, que hacen que el fisco deje de percibir un 6 % del Producto Interno Bruto (PIB).

Fíjese usted que en estos momentos, si un punto del PIB, representa unos ¡200 mil millones de colones!, entonces por esta vía de exenciones/exoneraciones (que no todas son perniciosas contra el bien común), el Estado deja de percibir, ¡Un billón, doscientos mil millones de colones! No podemos imaginar qué significa esta cantidad que en números sería así: 1.200.000.000.000.

Note usted, entonces, tan sólo dos de las razones por las cuales el Gobierno “_no tiene plata_”. Nosotros hemos dado propuestas al efecto para ayudar a que se dé esta transformación tributaria estructural. Otras personas especialistas en estos temas, así como otras importantes organizaciones, tienen también sus propuestas, quizás más atinadas que las nuestras.

Pero ese poder dominante, esa hegemonía política que tiene el control de la cosa pública, no tiene el menor interés en arreglar, con perspectiva de futuro y con visión estratégica, este grave problema nacional de injusticia tributaria. Solamente cuando seamos miles y miles, en movilización persistente y constante, que mueva los cimientos de ese poder, se nos pondrá atención. Ojalá que no nos coja tarde.

El distinguido jerarca anunció ya, sin pelos en la lengua, que por tal razón se avecinan recortes en ámbitos tan importantes de la política pública, por demás sensibles, como Educación, Seguridad y Salud, mencionando claramente que habrá despidos.

Efectivamente, información fidedigna en nuestro poder da cuenta de que la primera “_víctima_” en esta materia será el personal interino de la administración central del Estado y de entidades adscritas a la misma. Por tanto, sirva esta vía para alertar a estas personas trabajadoras asalariadas del Gobierno de que por su situación de interinato, próximamente serán lanzadas a la calle. Les recomendamos organizarse con urgencia para que defiendan su derecho constitucional al Trabajo.

En esta misma línea de sacrificar a quienes menos tienen puesto que como suele suceder, el hilo se rompe por su parte más delgada, el señor Ministro de Hacienda nos amenazó con que, por ejemplo, ya no habrá plata para el programa de becas escolares ni para otros programas sociales que, como sabemos, son necesarios para atenuar el estado de pobreza de muchas familias trabajadoras costarricenses, gran parte de las cuales están encabezadas por mujeres solas, jefas de hogar.

El Gobierno y, particularmente, el señor Ministro de Hacienda se aferran a una única alternativa en este asunto del déficit en las cuentas del Gobierno que, si bien preocupante, no sentimos que estemos a las puertas del apocalipsis fiscal y que, por tanto, ha llegado el “_fin de los tiempos_” para Costa Rica.

Nuevamente, una vez más (y usted discúlpenos por parecernos a un disco rayado), tenemos que indicar que sí hay alternativas al paquete de impuestos que impulsa el Gobierno. Sí puede haber un plan B, sin necesidad de seguir estrujando a quienes menos tienen, porque no se quiere cambiar de rumbo en cuanto a la dirección de siempre de la estructura tributaria costarricense, cual es la de la regresividad.

Por el contrario, si el Gobierno impulsara proyectos de ley que vayan, exclusivamente, en la línea de la progresividad tributaria, es muy seguro que los sectores sindicales, sociales, populares y cívicos cerremos filas para apoyarle en esa dirección. Por ejemplo, se pueden impulsar iniciativas de ley como las siguientes:

A) Aprobar el proyecto No. 17.677, para, sin romper el secreto bancario, la administración tributaria puede tener información de cuentas bancarias cuando se presume robo de impuestos. B) Un proyecto de ley de contingencia fiscal para gravar el consumo suntuario, por uno ó por dos años. C) Aprobar el proyecto para regular la banca costarricense en el exterior (banca “_off shore_”). D) Partir, dividir el actual proyecto fiscal para que, por ejemplo, solamente se apruebe lo referido a renta mundial y renta global, así como un impuesto a las transacciones financieras (esta propuesta tiene ahora más “_espacio político_”, pues a nivel de la Unión Europea UE, tanto Angela Merkel como Nicolas Sarkozy, gobernantes de Alemania y de Francia, respectivamente, están de acuerdo en impulsarlo ante la severa crisis que enfrentan en Europa). E) Se puede impulsar una ley para gravar, por una única vez, un impuesto al patrimonio a las grandes fortunas, a los abultados capitales. F) Dictar la ley para la pensión-consumo, como fórmula de estímulo para tributar pidiendo la factura. G) Solicitar la cooperación de las universidades públicas para enfrentar el robo de impuestos, con ropaje legal ó sin él, que representa la evasión, la elusión, las exoneraciones y las exenciones fiscales.

En este último sentido tenemos que ser tercos, majaderos, reiterativos y hasta “_aburridos_”. Es imposible ocultar datos técnicos de alto calibre al respecto. La Contraloría General de la República (CGR), indicó que en cuanto a las distintas formas de evasión, se deja de recaudar un 2.5 % del Producto Interno Bruto (PIB); y el propio Ministerio de Hacienda reconoce que los 188 regímenes de exoneraciones-exenciones, representan un 6 % del PIB. Entonces, ¿cómo nos piden apoyo para un nuevo paquete de impuestos, sin corregir estas escandalosas situaciones de fraude fiscal?…

No, señor Ministro de Hacienda, doña Carmen Mora Arrieta, trabajadora doméstica de los CEN-CINAI, no es responsable del déficit fiscal. Tampoco lo es, don Mario Vargas Ruiz, oficinista 4 del MAG; ni mucho menos, doña Olga Duarte Badilla, quien con muchos costos se hizo profesional en Derecho, le pagan como tal y mes a mes, le rebajan el impuesto sobre la renta; pese a que un amigo de ella, quien ejerce “_liberalmente_”, sólo paga 36 mil colones por año por el mismo impuesto. Igualmente, ni Oscar Pérez Solís ni Marcelo Murillo Herrera, el primero oficial de la Fuerza Pública y el segundo, de la Policía Penitenciaria, tienen que ver con el robo de impuestos. Tampoco María Eugenia Fernández Castro, secretaria en Migración, ni Francisco Otárola Esquivel, chofer del Ministerio de Salud. Mucho menos, la querida niña Alicia Montoya Rojas, abnegada maestra de una escuela primaria en zona marginal de Pavas. No, señor Ministro de Hacienda, es por el otro lado de la acera, donde se ha generado el problema que a usted tanto le agobia y donde está la plata que a usted la hace falta para que su Gobierno haga una buena obra. No es justo, es más bien repudiable, este chantaje político para con “_los y las de abajo_”.

Hoy nos hemos inspirado en ella para el titular del presente artículo, el primero de este año 2012, dejando expresa nuestra profunda gratitud a Diario Extra por permitirnos, semanalmente, este espacio de opinión.

La amplitud de Diario Extra le ha convertido no solamente en el medio de prensa escrita de mayor circulación, sino en el más consecuente, democráticamente hablando, en materia de libertad de expresión.

Definitivamente, tenemos que transitar hacia la “_otra orilla_”, la que muy genéricamente podemos denominar como la del bien común. En la orilla que estamos, la del “_río neoliberal_”, no hay futuro ni para la Humanidad, ni para nuestra querida Patria.

No hay más destino que construir ese puente, cruzarlo sobre esas aguas tormentosas, llegar a la “_otra orilla_” y adentrarnos en el territorio del bien común, alejándonos del río neoliberal que todo lo está arrasando.

La catástrofe social que estamos presenciando en los países de la Unión Europea (UE), es espeluznante, tanto como lo que estamos constatando que está ocurriendo en los Estados Unidos; país éste cuyo último censo nacional determinó que una de cada dos personas que lo habitan, está en la pobreza o va a caer en ella próximamente.

Se ha terminado el “_sueño americano_” (el “_american dream_”) y en próximo artículo compartiremos con usted una serie de datos que en Costa Rica se nos ocultan y que dan cuenta del declive del otrora famoso “_american way of life_” (algo así como el “_estilo gringo de vida_”).

En casi todos los países de la UE, como Grecia, Portugal, Irlanda, España, Italia, Reino Unido, Francia y otros (que siempre se nos dijo que eran países “_desarrollados_”), está ocurriendo un proceso involutivo, una reversión generalizada de derechos que conduce hacia formas de esclavitud laboral que se consideraban superadas, o que eran cuestiones típicas de los países “_atrasados_”, o “_tercermundistas_”.

Despidos masivos en el sector Público, privatizaciones a mansalva, rebajas y congelamientos salariales, recortes salvajes de presupuestos públicos, aumento en la edad para pensionarse, drásticos incrementos de impuestos entre otras medidas impensadas hasta hace un año en esos países, están causando mucho dolor a millones de trabajadores y de trabajadoras, a las clases medias, en fin, a hoy esos atormentados pueblos europeos.

El sistema capitalista, basado en la perversa lógica de la codicia sin freno, en la carrera loca por la acumulación más voraz y lo más rápida posible, en la mayor rentabilidad al menor costo y en la explotación laboral más exacerbada, se ha degenerado a tales niveles que pretende llevar a las clases trabajadoras a los niveles de miseria del siglo XIX; cuando precisamente, las difíciles condiciones de vida de aquellos momentos, generaron revoluciones sociales cuyo legado de derechos había llegado, en términos generales, hasta la actualidad. Hoy, todo ha sido puesto en reversa.

La fracción más criminal de ese sistema capitalista, el capitalismo neoliberal de signo bancario-financiero, ha tomado el control total, de manera descarada, de los sistemas democráticos de los países de la UE, imponiéndoles a sus pueblos, como lo indicamos, tormentos sociales que ni siquiera nos imaginamos. Cuesta creer que eso esté ocurriendo, por ejemplo, en un país como Grecia, cuna de la democracia occidental, inventora de las olimpíadas y hasta no hace poco, en el 2004, organizadora de juegos olímpicos.

Esas corrientes capitalistas criminales se alistan para devorar sistemas sociales en otras regiones del globo y en una zona como la nuestra, la latinoamericana, sus apetencias son más que evidentes.

De manera afortunada en varios países de la América del Sur, hay una serie de gobiernos decentes, con presidentes y con presidentas que son como la gente de “_abajo_” y que han adoptado una serie de políticas que, si bien no son anticapitalistas, han permitido generar una serie de medidas de una especie de blindaje contra el ataque criminal de ese anticristiano capitalismo neoliberal de signo bancario-financiero.

Para hacer alusión a lo que indicamos al inicio de este comentario, son países en los que sus gobiernos y sus pueblos, en cierta forma, han construido el puente sobre esas aguas turbulentas del río neoliberal y están transitando ya hacia la otra orilla, para adentrarse en el territorio libre del bien común.

Es esa, en nuestra modesta percepción, la gigantesca tarea patriótica que tenemos que asumir la riquísima variedad de las organizaciones populares costarricenses, la potencial diversidad de las agrupaciones sociales y cívicas de toda naturaleza, incluyendo una amplia gama de sectores productivos y empresariales decentes que, de una manera u otra, están amenazados de ser sacados de la actividad económica y lanzados a la precariedad.

Aquí también tenemos que asumir el reto de construir nuestro propio puente nacional para transitar hacia la otra orilla, que nos permita adentrarnos en el territorio del bien común.

En la orilla neoliberal en la que nos tienen forzadamente, no hay espacio para las oportunidades de integración social. Sino que lo digan (para citar unos poquísimos ejemplos), los 100 mil jóvenes que tenemos en condición “_ni-ni_” (ni trabajan ni estudian porque para ellos y ellas en esta orilla se les excluyó); las 300 mil familias que, si acaso, solamente hacen una comida al día; las personas trabajadoras de 35-40 años y más que el mercado laboral las declaró como “_desechables_”; que lo digan… mejor no sigamos. En este 2012, ¡Juntémonos, nosotros y nosotras, la “_gente de abajo_”!

…especialmente ahora que la Sala Constitucional ha admitido para su estudio un serio cuestionamiento procedimental y de fondo a su tramitación parlamentaria. Según los entendidos, el paquetazo tributario de la Administración Chinchilla Miranda (con el apoyo de una parte del PAC), podría estar ya desechado en la práctica, por una cuestión de realismo político.

Ahora bien, pensamos que este puede ser el gran momento para que distintas fuerzas cívico-patrióticas, sociolaborales y sindicales, académico-intelectuales, junto a sectores productivos y empresariales honestos (entre otros); nos pongamos a trabajar en el diseño de un planteamiento tributario estratégico con visión de mediano y largo plazo, más allá de los gobiernos de turno y lejos de los vaivenes electoralistas de corto plazo que tanto daño le hacen a nuestra ya maltrecha institucionalidad republicana.

Esta aspiración, que sabemos será compartida por mucha gente realmente preocupada por el severo problema nacional número uno que es el crecimiento de la desigualdad; está siendo potenciada por un reciente pronunciamiento del Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR), la institución de estudios superiores de más prestigio en nuestro país; mismo que ha indicado que el paquete fiscal del Gobierno “_no es conveniente para el país_”; y, por el contrario, lo que corresponde es que nos pongamos a fortalecer la administración tributaria y reducir la evasión fiscal.

“_El Consejo Universitario considera que este proyecto no constituye una propuesta integral de reforma fiscal que venga a resolver los problemas hacendarios del Gobierno Central; en ese sentido, antes de aprobar un proyecto de este tipo, el Gobierno debe emprender una acción efectiva contra la evasión fiscal, en particular, en el caso de los sectores de mayores ingresos y más ricos del país_”, señala el pronunciamiento del Consejo Universitario de la UCR.

¡Impresionante! La máxima casa de altos estudios de nuestro país da la razón a los sectores sindicales que desde este espacio y por otras vías venimos “_pegando el grito al cielo_” en cuanto a que el robo de impuestos en sus diversas manifestaciones, debe merecer la más alta prioridad de la política pública en este campo; declarando una especie de “_emergencia nacional_” en cuanto a la recaudación y lanzando la más feroz campaña gubernamental en contra de la delincuencia tributaria de cuello blanco, especialmente. Por tanto, ¿para qué más impuestos?… ¡para que se los sigan robando! ¡No!

Nuestros compañeros y nuestras compañeras sindicalistas de la ANEP en el Ministerio de Hacienda han sido bastante insistentes en ello y que ahora desde la propia UCR se les dé la razón, pues es una forma de honrar su larga lucha en tal sentido. ¡Enhorabuena por todo el Movimiento Sindical Costarricense!

Quienes roban no son precisamente, por ejemplo, las personas trabajadoras asalariadas en planilla, tanto del sector Público como del Privado, a las cuales y luego de la barrera exenta, de una vez, mes a mes, le descuentan su aporte impositivo al país, en el ámbito de la renta. Pero también, la parte asalariada que no tributa renta salarial, también la “_cazan_” cuando hace las compras, al aplicársele el impuesto de ventas, por ejemplo.

La semana pasada hablamos de las cuatro “_E_” del grave problema tributario nacional: Evasión, Elusión, Exoneraciones y Exenciones; planteando así un primer eje de trabajo de un análisis compartido y multisectorial en búsqueda de un gran acuerdo nacional al respecto. En materia de exoneraciones y exenciones estamos hablando ya de un 6 % del Producto Interno Bruto (PIB); y en el campo de la evasión y la elusión, las cifras que se manejan son del orden del 2.5 del PIB (aquí está el caso de los 800 mil furgones que, al año, entran y salen del país sin ningún tipo de revisión) ¡Qué relajo!

Entonces, estamos hablando de que al Gobierno se le “_escapa_” recaudar un ¡8.5! del PIB. En consecuencia, su plan fiscal, ahora reducido prácticamente a un “_mamarracho_”, queda en el más absoluto ridículo pues ya se resignaron, luego de múltiples concesiones, a solamente recaudar un 1.5 % del PIB; es decir, casi una sexta parte de lo que se roban por la vía de las cuatro “_E_”.

Luego podríamos pasar a un segundo eje de trabajo, en dos partes. Por un lado, ¿cuáles son las medidas de diversa naturaleza que hay que emitir para fortalecer la administración tributaria, de modo tal que como país, como sociedad, como nación, como Estado, lleguemos a un punto tal en que robar impuestos equivalga a matar a un ser humano, ó, al menos, constituya un delito de tanta gravedad que encierren al evasor?

Por el otro lado, ¿cuáles serán las medidas para estimular el pagar impuestos, para exigir la factura? Como lo hemos dicho ya varias veces, proponemos la pensión-consumo, la recompensa por denunciar evasión (una vez comprobada ésta), la lotería fiscal ligada a la de la Junta de Protección Social, la introducción curricular de la responsabilidad de tributar desde la niñez escolar y otras.

Pasaríamos luego a ver nuevos impuestos. Sí, ¡nuevos impuestos!, pero por el lado “_de los de arriba_”: renta mundial, renta global e impuesto a las transacciones financieras; pero en los tres casos, ¡de a verdad! No “_cosméticamente_”, de “_mentirillas_”.

A este nivel, deberíamos aprobar la ley para eliminar, parcialmente, el secreto bancario solamente ante la presunción administrativa de robo de impuestos. Después de todo este proceso, veríamos si el IVA (impuesto al valor agregado) sería necesario y si así fuese, ¿cuál IVA?…

Como vemos, no se ocupan más impuestos. Hay que combatir su robo. ¡Pongámonos a trabajar en ello! A la UCR, así como a las otras prestigiosas universidades públicas, patrióticamente les pedimos, ¡ayuden al pueblo!