Categoría: Opinión

Lea también: Impuesto al recibo de luz para financiear a los bomberos
________________________________________________

Tales transformaciones están inspiradas en las concepciones neoliberales de concentración de la riqueza y de desaparición de todas aquellas entidades que habían venido siendo pilar fundamental de lo que en otro momento conocimos como el Estado Social de Derecho, como el Estado Benefactor, como el Estado Solidario.

En los últimos tiempos, ha estado en el tapete de la discusión de las esferas políticas y económicas que hegemonizan el poder real en nuestra Patria, el tema energético; concretamente, el tema de la electricidad que, hasta la fecha, ha estado principalmente en manos, del ICE.

A lo largo de los últimos años son incontables las iniciativas de proyectos de ley que de una u otra manera buscan transformar, radicalmente hablando, la concepción de la prestación del servicio eléctrico a la población nacional; para quitarle su histórica y tradicional concepción de servicio público solidario, convirtiéndolo en mera mercancía, con fines de lucro y para acrecentar los capitales privados que ya se han introducido en este estratégico aspecto de la vida nacional.

Así ocurrió, por ejemplo, con la ley 7200 que autorizó la cogeneración eléctrica privada que por muchísimo tiempo sangró las finanzas del ICE, llegándose a un escandaloso punto en que produciendo apenas el 12 % de la generación eléctrica nacional, se llevaban para sus arcas privadas casi el 30 % del presupuesto del sector eléctrico del ICE. ¡Negocio redondísimo!

Ahora estamos de cara a una nueva ofensiva del capital para incrementar el negocio con el suministro de energía eléctrica. La Administración Arias Sánchez primero, y la actual, junto con las cámaras empresariales y algunos medios de comunicación ya conocidos, han estado fomentando nuevas iniciativas de ley para ampliar la inserción del capital privado en la generación eléctrica.

Solamente que, ante lo que resultó ser un escandaloso negocio al amparo de la ley 7200, bastante cuestionado legal, moral y éticamente; ahora emplean el chantaje del miedo, alegando que el ICE es “incapaz” de ofrecer toda la energía necesaria que el país ocupa en el corto, mediano y largo plazo; y, por ende, hay que abrirle el campo al sector privado, prácticamente sin restricciones de ningún tipo. Se ha llegado al colmo de pretender alarmar a la ciudadanía con supuestos apagones que “ya tenemos encima”, sino se aprueba el actual proyecto de ley de electricidad.

Por el contrario, algunas fuerzas parlamentarias para las cuales la promoción del bien común sigue siendo un valor democrático, están promoviendo otra iniciativa de ley dentro de la cual el ICE quedaría “armado” para realizar una nueva fase de su exitosa carrera en el ámbito del suministro de electricidad a la población, de tal suerte que tuviera las herramientas suficientes para implementar la planificación de construcción de sus nuevos proyectos para la provisión de la demanda eléctrica por venir.

Sin embargo, es tal la glotonería de ese capital eléctrico que la mencionada iniciativa de ley fue rechazada ad portas, sin siquiera permitir un debate mesurado e integral de una legislación que tendrá un poderoso impacto en el futuro del país.

Por suerte, la destrucción del exitosísimo modelo de suministro de energía eléctrica que nos brinda el ICE, no se ha consumado, gracias a la resistencia diversa que se ha venido ejerciendo en el mismo parlamento y fuera de él, a través de argumentaciones sumamente sustentadas, técnica y científicamente, de que el ICE, si se lo permiten y si le dejan de poner trabas y zancadillas, puede seguir produciendo la demanda futura de electricidad nacional.

Esa labor patriótica y cívica de impedir la transformación del modelo eléctrico nacional en una cuestión de mera mercancía para el lucro privado, requiere del apoyo de la gente, del pueblo, en estos momentos donde se nota un incremento en la presión para desmantelar el papel del ICE en dicho modelo.

Con mucha alegría y esperanza nos hemos enterado de que las organizaciones sindicales y gremiales del ICE, agrupadas unitariamente en el ya histórico FIT-ICE, están decididas a manifestarse en defensa de este patrimonio público que es el modelo eléctrico a cargo del ICE; y que harán explícita su defensa del mismo con una primera acción de calle en el mes de la Patria, setiembre, ya encima.

Como vemos, está en puertas una acción ejemplarizante en el marco de lo que denominamos Sindicalismo Ciudadano, pues los gremios del ICE levantan esta bandera del servicio eléctrico con sentido patriótico y nacionalista, a favor de toda la población. En este contexto, todas las organizaciones sindicales y sociales debemos sumarnos a tal esfuerzo

Además, haciendo gala de su actitud responsable para con estas causas, el FIT-ICE tiene ya en preparación una propuesta alternativa sobre el tema de las necesidades eléctricas futuras del país, fomentando una discusión nacional sobre el futuro eléctrico de Costa Rica.

Tres parecen ser elementos fuertes a considerar al respecto. Primero, que la electricidad no puede ser reducida a una mera mercancía para propósitos de lucro privado; segundo, que debemos, como país, ser responsables en el manejo, preservación y utilización de las fuentes de energía renovables; y tercero, que el Estado debe seguir dando este servicio con fines sociales y de manera exitosa como lo ha hecho hasta el día de hoy, a través del Costarricense de Electricidad (ICE).

Todos los y todas las costarricenses siempre hemos sentido orgullo por el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica. Lo seguimos teniendo. Lo que sí molesta y conviene comentar es que se le debe hablar claro a la población e indicarle que este impuesto surge en el marco de la entrada en vigencia del TLC con los Estados Unidos, ante la apertura del mercado de seguros, lo que ha determinado que dicha entidad afrontaría, según algunos, un serio desequilibrio financiero si no se le encuentran nuevos recursos para su sostenimiento; punto de quiebra al que podría llegar en el 2013.

Costa Rica, gracias al Instituto Nacional de Seguros (INS), había logrado tener el mejor cuerpo de bomberos de toda la América Latina, el cual, nunca, nunca, tuvo problemas financieros. Sus problemas empezaron cuando en el marco de ese TLC, se aprobó la “Ley Reguladora del Mercado de Seguros”, que convirtió al Cuerpo de Bomberos de Costa Rica en un “órgano de desconcentración máxima”, con lo cual el mensaje y la directriz que se le dio, en términos populares, lo podemos traducir como “vaya y se la juega solo”.

Según la ley que viene para financiar a dicha y prestigiosa entidad, a través de un 1.75 % de impuesto al recibo de luz, impuesto que será mensual porque mes a mes hay que pagar la electricidad que consumimos; “no estarán sujetos al pago de dicho tributo, los abonados cuyo consumo mensual sea igual o inferior a cien kilowatts hora (100 kWh)”.

Es decir que los pobres de los más pobres no pagarán este nuevo impuesto (esto está bien), pero, otra vez volvemos sobre lo mismo: reforzar sobre la deteriorada situación económica de las capas medias de la población, la clase media, el peso del sistema tributario costarricense, para cargarle sobre sus golpeadas espaldas, tanto lo que de manera directa establece el mismo, como lo que lo que por vía indirecta se le cobra, a lo que en otro momento había sido el “bastión” de la democracia costarricense.

Dicho impuesto, que no solamente se aplicará a la luz consumida en nuestros hogares, será pagado también por las diversas actividades productivas y empresariales; con lo cual (como es lógico suponer), seguramente terminará siendo trasladado a los bolsillos de las personas consumidoras.

Se dirá que este nuevo impuesto es “justo” porque pagará más quien consuma más electricidad, a partir de los 100 kWs. Pero este no es el punto. El punto es que siempre saldrá perdiendo la gente de “abajo” (dentro de la cual ha hay que incluir a la clase media), pues ésta no tiene escapatoria alguna a la hora de que la “capturen” en el pago de impuestos: vía recibos, vía planilla salarial, vía compras directas (impuesto de ventas, por ejemplo), etc.

Así que la iniciativa legislativa sigue fortaleciendo la injusta estructura tributaria costarricense que es abrumadoramente regresiva: pagan más proporcionalmente hablando, quienes menos tienen; y, al lado opuesto, quienes acumulan más y más cada día, tienen menos carga tributaria.

La justificación que dan los altos jerarcas del Cuerpo de Bomberos cuya directiva está presidida por el ilustre y polémico don Guillermo Constenla Umaña (que, a la vez, es Presidente Ejecutivo del INS), en declaraciones a Diario Extra indica que “Queremos más estaciones para bajar los tiempos de respuesta en cada emergencia y el principal objetivo es poder inaugurar unas 4 estaciones por año”. Además, se tiene “que velar por varios incidentes al mismo tiempo, tales como accidentes de tránsito, e incendios de distintas magnitudes”. También alegan que “queremos más estaciones pero al mismo tiempo requerimos de más personal para poder dar un mejor servicio a la población que va en aumento de forma considerable”.

Pensamos nosotros que una supuesta falta de recursos no es real toda vez que este estratégico servicio público sigue estando bajo la responsabilidad del INS, según lo establece la “Ley reguladora del Mercado de Seguros”. La misma establece que para el financiamiento del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, se tienen los ingresos del 4% de las primas de los seguros que se vendan en el país; las multas, cobros o resarcimientos por esa ley; los intereses o réditos del fondo; y las donaciones de entes nacionales o internacionales.

Asimismo se establece que en caso de algún tipo de déficit para el Fondo de Bomberos los mismos serán cubiertos por el Instituto Nacional de Seguros. Entonces, ¿por qué ponerle una nuevo impuesto a la clase trabajadora?…

Economistas, banqueros y especialistas en desarrollo coinciden en ello. Pero, ¿cómo se percibe el asunto desde una perspectiva de “abajo”? Pues pensando en cuántos compatriotas se quedarán sin trabajo (jóvenes incluidos), pensando especialmente en mujeres trabajadoras solas, jefas de hogar; cuántas empresas micro, pequeñas y medianas quebrarán; cuánto más se deteriorarán los salarios; cuánto más aumentará el cuentapropismo y el mercado informal, golpeándose así la Seguridad Social; cómo se deteriorarán aún más los servicios públicos más importantes para la población trabajadora…

Nos dicen que la recesión gringa que nos arrastraría, impactaría, especialmente, en los campos de exportaciones, turismo e inversión. ¿Debe un sindicalismo preocuparse por ello? Nosotros pensamos que sí. Agréguese, además, que está el problema de la crisis de la deuda en la Unión Europea (UE), en varios de cuyos países (al igual que en el estadounidense), el “castigo” inmisericorde de la orgía desenfrenada de acumulación en que está sumido el capitalismo bancario-financiero neoliberal, está recayendo sobre millones de personas trabajadoras, los y las de abajo, la “gente de a pie”.

Nosotros creemos que debemos aportar nuestro mayor esfuerzo y desde nuestra perspectiva para que nuestros iguales, nuestra clase trabajadora, no sufra tanto si, efectivamente, la recesión gringa (y la europea) nos arrastrará.

Por supuesto que la opción estratégica que ha emergido con potencia demoledora es la superación de ese capitalismo financiero-bancario neoliberal anticristiano; para lo cual, será imprescindible una conjunción de diversidades múltiples en gran unidad, pero desde posiciones sectarias, fundamentalistas y dogmáticas resultará imposible ayudar a construir.

En tal ámbito de cosas, es decir, ante la necesidad de esa construcción diversa y de enfrentar la perversidad de la crisis sistémica del neoliberalismo bancario-financiero, recobra fuerza en nuestro país un esfuerzo de propuesta alternativa que desde la sociedad civil, fuera formulado hace poco más de dos años, denominado las “Diez medidas para enfrentar la crisis económica con inclusión social y productiva”; planteamiento que en abril de 2009 se le presentó al país y, específicamente, ante aquellas personas que eran ese momento precandidatas a la Presidencia de la República, incluida la actual mandataria, doña Laura Chinchilla Miranda.

La semana pasada y en este mismo espacio nos hicimos eco de planteamientos de advertencia, responsablemente formulados, por el señor economista y académico con Luis Paulino Vargas Solís; quien ha estado emplazando a la señora Presidenta acerca de que, como país, debemos tomar medidas para intentar blindarnos ante la eventualidad, ya casi real, de una segunda recesión mundial generada por la brutalidad de las políticas neoliberales en los países capitalistas centrales como EUA y la UE.

Hoy, públicamente, reforzamos nuestro emplazamiento a la Presidenta Chinchilla, al respecto de la necesidad nacional de construir ese blindaje, para indicarle que discuta con los grupos socioproductivos no solamente las propuestas de don Luis Paulino, sino las que están incluidas en las “Diez medidas para enfrentar la crisis económica con inclusión social y productiva”.

Al respecto, indicamos esas propuestas: 1. Recuperación de la función socio-productiva del sistema financiero. 2) Garantizar la seguridad y la soberanía alimentaria y el empleo agropecuario. 3) Sistema de transferencias condicionadas para promover el Trabajo Decente (“Protrabajo”). 4. Corresponsabilidad social y trabajo decente mediante infraestructura social de cuidados (reconocemos que algo ya está haciendo este Gobierno al respecto, inspirado en esta medida). 5. Hacia un nuevo papel del Banco Central: redefinición de la política cambiaria y de balanza de pagos. 6. Plan solidario para rescatar a personas altamente endeudadas. 7. “Hecho en casa”: promoción del consumo responsable y nacional, así como promoción de mercados locales justos, dirigiendo el consumo hacia la producción de bienes y servicios nacionales. 7. Estabilidad en el empleo público (también aquí reconocemos al presente Gobierno su voluntad para regularizar la estabilidad en el empleo de varios miles de personas trabajadoras interinas, pero falta por resolver otro tanto). 8. Política de recuperación de poder adquisitivo y de salarios crecientes progresivos. 10. Propiedad comunitaria en las comunidades costeras y otras formas de acceso a la propiedad.

Como se puede apreciar, desde los sectores sociales se han generado sólidas propuestas para la inclusión social; y, ahora, con miras a construir ese blindaje del que nos habla el mencionado experto aquí citado. Don Luis Paulino ha indicado que el país debe, por un lado, “revitalizar el espacio económico centroamericano como nuestro espacio económico natural”; y, “desarrollar un esfuerzo extraordinario de acercamiento a América del Sur, en especial Brasil y Argentina pero, en general, todo el bloque sureño en sus diversas expresiones”.

Nos indica este profesional que “esto es esencial a fin de contar con mercados confiables donde colocar la producción y con la finalidad de hacerse parte de mecanismos de cooperación financiera mancomunados. A su vez, esto atiende a un objetivo ineludible: crear diques de contención que frenen la marejada destructiva que viene del norte”.

Entonces, señora Presidenta, tiene usted la palabra.

Hoy, a casi 70 años de aquellas históricas jornadas, tenemos el más grande desafío desde entonces y con relación a esos trascendentales acontecimientos: emprender los más grandes esfuerzos para refundar la Caja, salvarla, pues de lo contrario, la hemos de sepultar ante nuestros ojos, con nuestra complicidad activa ó pasiva.

El entorno sociopolítico y económico conspira contra la existencia misma de la Caja. La correlación de fuerzas es totalmente favorable para que la salud se vea como negocio, como mercancía y no como Derecho Humano Fundamental.

Son varias las amenazas mortales que enfrenta la CCSS y llegó el momento de hablar claro, incluso, con las más descarnadas autocríticas para todos cuantos tenemos que ver, de manera directa, con lo que le ha pasado a la Caja y con lo que le puede pasar.

Cuatro o cinco gigantes transnacionales farmacéuticas, con sus referentes y representantes nacionales, tienen una especie de cártel del negocio de suministro de medicamentos, obligando a la Caja a pagar precios exorbitantes por las compras de los mismos, mediante participaciones arregladas en licitaciones.

Se ponen de acuerdo para turnarse en las ofertas y obtener la compra de manera alterna; o bien, a la que le dieron determinada compra alega, en último minuto, no poder cumplir con la entrega, obligando a la Caja a una compra de “emergencia”, extorsionándola con precios exorbitantes por motivo de tal circunstancia. A esto hay que entrarle.

Conocemos el caso de un trabajador de Acueductos y Alcantarillados (A y A), quien está a punto de perder su empleo por cuanto, en su tiempo libre, le hizo a un vecino de su barrio un trabajo de fontanería. Le han abierto un proceso administrativo por ello, pues la institución considera eso como totalmente incorrecto e incompatible con la función pública encomendada a dicho servidor.

¿Y los médicos biomberos? ¿Y los médicos que tienen, descaradamente, su propio consultorio privado frente a la propia clínica, al propio hospital donde laboran?… ¿Cuánto más se tendrá que “tolerar” esta situación, sabiéndose, incluso, de casos de gravísima interposición horaria porque le quitan tiempo laboral pagado a la Caja para ir a sus propias consultas privadas?…

No estamos en contra de la noble profesión médica, ni de ningún galeno en particular. Pero hay que cambiar este sistema. Hay que modificar la Ley de Incentivos Médicos para, por ejemplo, establecer, categóricamente, que el médico que trabaje para la Caja tiene una prohibición explícita de hacerlo en lo privado, so pena de perder el empleo sin indemnización alguna y de hasta cometer delito contra la salud pública. A esto hay que entrarle, también.

El sistema de compras de la Caja debe ser revisado profundamente. Especialmente en cuanto a la provisión de alimentos, como los productos agropecuarios. ¿Por qué se violenta el sistema establecido a través de la provisión de estos productos vía los mecanismos del Consejo Nacional de Producción (CNP), con su Programa de Abastecimiento Institucional (PAI), todo lo cual, incluso, tiene una ley al respecto que obliga a actuar en consecuencia?

Digámoslo claro: muchas licitaciones de compra de alimentos, de verduras, de frutas, de tubérculos, tienen nombre y apellidos de antemano y la licitación es solamente fachada. A esto hay que entrarle también, esperando ser más explícitos al respecto, en próximos comentarios.

La transferencia de recursos públicos de la Seguridad Social hacia el negocio privado de la salud, vía compra de servicios y alquiler de sofisticados equipos médicos, a lo largo de los últimos años, exige una ventilación pública total y absolutamente transparente.

La ciudadanía necesita saber de cuánta plata estamos hablando, con esa especie de saqueo “legalizado” que ha venido sufriendo la Caja, intermediando esa perversa mescolanza entre la concepción pública de la prestación de sus servicios y la apropiación privada de sus finanzas vía este tipo de negocios.

A esto hay que entrarle, también, pues es importante saber nombres de personajes políticos que lucraron con la Caja para sus negocios de medicina privada; es preciso saber cuánta plata estuvieron recibiendo en los últimos años por tal razón; saber cuáles son esas empresas mercantiles de servicios hospitalarios tan pujantes hoy, que estuvieron recibiendo dineros de la Caja… A esto hay que entrarle, sin duda alguna.

¿Cómo es eso de que las universidades privadas que brindan carreras profesionales de Medicina, de Enfermería, pretenden que la Caja les facilite, ¡gratis!, sí, ¡gratis!, sus instalaciones hospitalarias para que sus respectivos estudiantes realicen su práctica académica, sin un solo centavo de pago adicional por ello?… ¿Se debe ó no se debe entrarle a esto también?… Usted qué opina de todo esto… A la Caja, ó la refundamos ó la sepultamos.

La crisis de nuestra sociedad, en pleno desarrollo, muestra diversas expresiones pero hay un denominador común entre ellas: es la sensación de una inmensa mayoría de la población de que está siendo excluida de los beneficios del crecimiento económico; beneficios éstos que por concentrarse cada vez en menos manos y grupos, atrofia por completo las aspiraciones legítimas de la gente por un desarrollo con equidad, con inclusión y justicia sociales.

La crisis de nuestra sociedad, como ya indicamos, tiene varias facetas, algunas de las cuales citaremos seguidamente, sin ningún orden lógico.

Veamos:

La fiscal-tributaria: un Estado al borde de la quiebra que se endeuda cada 24 horas en una inmensa cantidad de millones.

La de los partidos políticos: la gente se aleja cada vez más de éstos, especialmente cuando comprueba cómo se le sigue estafando cada cuatro años con promesas incumplidas.

La que se padece en los movimientos sindicales, sociales y populares: todavía con los efectos de la conmoción por los resultados del No al TLC, generándose grandes inconvenientes para una rearticulación renovada, a tono con estos tiempos de crisis y con un terreno abonado para un gran trabajo de promoción organizada de la indignación para la movilización con vocación de poder.

La crisis de legitimidad del sistema jurídico que presenta grandes de sus segmentos con fuerte penetración narco.

La crisis de la Caja, nuestra madre institucional, agredida por diversos flancos.

La crisis ecológica agravada por el doble discurso moral de protección a la naturaleza pero de fuerte inclinación extractivista a como dé lugar.

También tenemos una crisis de valores, potenciada por el hedonismo neoliberal del facilismo y del consumismo sin control, a tono con la perversa fórmula de “vales lo que tienes”; sin hablar de la crisis espiritual ante el vaciamiento de contenido solidario de una existencia colectiva que parece forzada a renegar del humanismo necesario e inherente a la búsqueda y promoción del bien común.

La crisis del empleo juvenil y del empleo adulto; así como la crisis de la deserción educativa juvenil e infantil por razones económicas y sociales.

La crisis de la inseguridad ciudadana, la de la violencia narco y la de la corrupción en todas sus formas.

Usted podrá agregar de su propia cosecha otras expresiones de la crisis que vive nuestra sociedad; pero que, digámoslo claro, solamente genera efectos negativos para las amplias mayorías populares que, un día sí y otro también, sienten el deterioro generalizado de sus condiciones de vida.

La sensación de estrujamiento, de arrinconamiento, de asfixia, de exclusión, de invisibilización de no pocos grupos y sectores amenazados de quedar sin tajada en el pastel de la acumulación; obliga a que haya un encuentro multisectorial e intergrupal en un mismo espacio para ver si es posible hacer “algo”, ante la angurria, la codicia y el desenfreno de quienes lo quieren “todo”, sin repartir nada.

La paradoja de la avidez codiciosa de la acumulación insaciable que muestran los deshumanizados grupos del poder económico-político real; es que está alimentando las condiciones para un encuentro de diversidades impensado hasta hace un tiempo; incluso, que podría superar la gran pluralidad de ciudadanía que vimos con ocasión del Movimiento Patriótico del No al TLC.

Hoy, ya no solamente quienes entendieron en su momento de qué se trataba la cosa en ese entonces, expresan condiciones para la indignación organizada; sino que la situación es mucho mejor ahora, cuando más grupos y sectores van quedando fuera producto de un sesgo aperturista aventurero que va a arrasar con actividades productivas y de servicios que otrora daban empleo y generaban inclusión social. Dos ejemplos: los traileros unitarios y los micropequeños y medianos empresarios turísticos. Si la lógica política que domina en el seno del Gobierno se matricula con los valores (mejor antivalores) de la acumulación financiero-bancaria de sesgo especulativo; el necesario contrapeso puede salir a partir de esos encuentros multisectoriales e intergrupales de amplios segmentos ciudadanos de nuestra sociedad que están siendo lanzados a la precariedad, al desempleo, a la quiebra, a la miseria, a la pobreza… y a la violencia.

La apuesta por la promoción de la indignación, para organizarla, sistematizarla y articularla con visión estratégica y con vocación de poder, es una bellísima provocación para rebelarnos contra el orden del desorden que solamente favorece “a la gente de arriba”. ¡Entrémosle!

Hablamos del salario del Presidente Ejecutivo del Instituto Nacional de Seguros (INS), don Guillermo Constenla Umaña. Gracias a las diligencias del señor diputado don Claudio Monge Pereira, del sindicato UPINS y de la Seccional ANEP-INS, pudimos enterarnos de esta indignante situación que, como hemos venido majaderamente insistiendo, nos muestra un episodio más del problema número uno de nuestra sociedad de hoy: el crecimiento de la desigualdad. Seguramente habrá más casos de estos que conoceremos en próximos días. Ojalá así sea.

¿Qué nos podrá decir la señora Presidenta Chinchilla ahora que se acerca la fijación salarial correspondiente al segundo semestre del año para las personas trabajadoras del sector Público? ¿Con qué argumentos se puede “defender” que el reajuste que se ve venir en este caso, podría ni siquiera superar el 2.5 %? ¿Cuál es naturaleza perversa de la “gente de arriba” que no se da cuenta de que las provocaciones que sufre la “gente de abajo”, son de tal calibre que la indignación creciente muestra ya fuertes señales de que podríamos presenciar un estallido social de consecuencias imprevisibles?

Siempre hemos estado convencidos de que la democracia va más allá del día de las elecciones en las que, por lo general, la gente resulta estafada, políticamente hablando. A poco más de un año de que doña Laura inició su mandato presidencial, la historia se repite. Por tanto, la legitimidad del escenario de la calle para enrumbar la gestión de un gobernante que no honra lo que prometió, emerge con toda potencia. Dado que la senda de la búsqueda, de la promoción y del fomento del bien común está completamente abandonada en la Costa Rica de hoy, apelar a la Democracia de la Calle es una alternativa más que válida.

La más reciente fijación que se dio en el sector Privado (aunque con un factor positivo de expectativa de una nueva fórmula de cálculo de los salarios mínimos para la siguiente fijación); el “decretazo” que se ve venir para el sector Público; el aumentazo salarial que recibió el Presidente del INS y otros que andan por ahí; indican a las claras que desde las esferas del poder real de nuestra sociedad, ese que no controla la propia Presidenta de la República (a juicio de 8 de cada 10 costarricenses), no hay la menor voluntad política para tomar acciones en aras de atajar, atenuar, desacelerar y revertir el peligroso camino del crecimiento de la desigualdad, de enfrentar el abusivo proceso de concentración de la riqueza; de restaurar la hegemonía del bien común como brújula principal del rumbo de nuestra sociedad.

¡No!, ¡definitivamente no! Estos cambios estratégicos no vendrán desde “arriba”. Solamente podrán darse con la potencia de la organización y de la movilización de “los y las de abajo”, incluida esa clase media en ruta a su desaparición.

Con el devenir de estos acontecimientos y ante la conformación del escenario sociopolítico y económico que vemos en estos “tiempos de TLC’s”, ya no solamente queda clarísimo que urge otra política salarial, sino que, también de manera urgente, se necesita otro sistema tributario.

Confesamos nuestra incapacidad para encontrar las palabras, las frases, los conceptos convenientes de forma tal que quienes trabajan en el sector Público puedan interiorizar profundamente, llevarlo con fuerza a sus mentes y a sus corazones, de que sus propios salarios y los reajustes justos a los mismos, están atados, necesariamente, a que se cambie la injusta estructura tributaria actual que agobia a las grandes mayorías; pero que, permite la fiesta orgiástica de la concentración abusiva de la riqueza en las reducidas minorías políticas que, pese a que son eso, minorías, controlan el poder real de la sociedad costarricense de hoy.

Con ocasión de la venidera discusión entre los sindicatos del sector Público y el Poder Ejecutivo, sobre de cuánto será el aumento salarial para este semestre que ya empezó; humildemente nos permitimos recomendar dos cosas.

Primero: la más grande unidad gremial y sindical de las agrupaciones laborales que funcionan en el indicado sector para propiciar un movimiento de presión de altísima envergadura que posibilite que haya un justo y digno reajuste (ojalá como el que “recibió” el señor Constenla aunque no somos tan angurrientos).

Segundo: Construir una argumentación sencilla pero convincente ante el pueblo trabajador de que la lucha salarial del sector Público, en realidad, se ha de transformar en una lucha estratégica por la transformación tributaria estructural profunda que necesita Costa Rica; a fin de que, con la fuerza y potencia de “los y de las de abajo” generemos las condiciones de restauración del bien común con norma fundamental de nuestra convivencia civilizada.

Por tanto, que la ciudadanía agobiada por la estrechez económica, el desempleo, la creciente informalidad para sobrevivir, las alzas, nos dé su simpatía, su apoyo y su comprensión cuando miles y miles de gentes que trabajan en el sector Público se manifiesten vinculando ambos aspectos (salarios justos-justicia tributaria). Ese es nuestro sueño.

No es cierto que seamos un pueblo domesticado. Realmente hay un sentimiento de indignación creciente en importantes segmentos de la población costarricense, especialmente en su parte mayoritaria que es la clase trabajadora, tanto la que es asalariada con la suerte de tener un empleo formal, como aquella que en el mercado informal, en el cuentapropismo, la “pulsea” duramente para sobrevivir el día a día.

La percepción que va tomando fuerza en la gente de “abajo”, en el pueblo, es que las cosas andan mal y que el sistema político no está generando las condiciones necesarias para vivir con dignidad. La indignación es creciente y usted la nota en cada uno de esos episodios de resistencia, de reclamo, de protesta vecinal, comunal, laboral, sindical, gremial, social.

La desintegración social, especialmente aquella generada por el crecimiento de la desigualdad, muestra actos de violencia contra las personas que nos impacta sobremanera. Hemos venido insistiendo en que al profundizarse la brecha entre quienes cada vez más tienen más pero son muy pocos, contrariamente al proceso de empobrecimiento de la mayoría, eso alimenta, potencia, refuerza la violencia delincuencial contra las personas y contra sus bienes; igualmente, nutre el crecimiento del crimen organizado y el narcotráfico, además de fomentar la corrupción en todas sus formas, destacándose la que se hace con ropaje legal.

Los indignantes reajustes salariales, las alzas constantes en las tarifas de servicios públicos esenciales, el deterioro de los servicios sociales y la angustiante situación que vive la institución emblema de la Seguridad Social costarricense, la Caja; la doble moral pública en materia de protección ambiental y ecológica; un sistema tributario que tritura a quienes menos tienen; los últimos episodios que cuestionan la cúpula ejecutiva y legislativa del país; el desempleo, especialmente el juvenil y el de personas adultas en plena producción intelectual que son condenadas por razones de edad a no encontrar trabajo, el ataque a los agricultores, etc., etc.; poco a poco, gota a gota, aunque sea por partes, sin un todo aglutinador, van generando ese sentimiento de indignación tan necesario para pasar a escenarios de cuestionamiento estructural por el rumbo que le impone al país la gente de “arriba”, misma que parece no darse cuenta de que el suelo que está pisando se va transformando en arena movediza.

La indignación está abarcando sectores sociales que hasta el presente, nadie podía haber imaginado que pudieran sumarse a esta especie de movimiento nacional espontáneo de molestia social generalizada: las policías. Ha sido notoria la cadena de acciones de protesta de integrantes de los cuerpos policiales de Fuerza Pública, Policía Penitenciaria, Policía de Migración y Policía de Tránsito. Como partes esenciales de las tareas del servicio público de Seguridad Ciudadana, las personas trabajadoras asalariadas que laboran en estos cuerpos de policía, sienten que su ámbito de acción es cada vez más estrecho, cada vez más presionado, cada vez más difícil de controlar, precisamente por un entorno socioeconómico que se deteriora aceleradamente, incluso sus propias condiciones de salario y de empleo.

El movimiento de la gente indignada del pueblo costarricense no se va a detener. Por el contrario, tal y como poco o poco va quedando en evidencia, estos “tiempos de TLC’s”, ofrecen nuevas oportunidades de articulación intersectorial y cívico-política, similares a la generada con ocasión del Movimiento Patriótico del No al TLC. Quizás ahora haya más maduración, haya más humildad, haya más desprendimientos, haya más claridad y haya más compresión para actuar en escenarios de diversidad, que nos permitan construir y materializar el sueño de la realización de una nueva hegemonía, esa del bien común, esa del derecho a la felicidad, esa de la justicia social en plenitud, con total respecto por el ambiente y por la Ecología. Evidentemente no será un esfuerzo minúsculo, sin dificultades, pero pareciera que ese nuestro movimiento tico de la indignación, nos obliga a tendernos la mano unos a otros, unas a otras, para pasar a una ofensiva estratégica de real vocación de poder. Sí es posible. Pareciera un sueño, pero sí es posible.

El impuesto “Robin Hood” podría ser uno de los mejores mecanismos para atacar la especulación financiera de los banqueros generadores de la crisis que tiene a muchos pueblos del mundo en la pobreza y/o en ruta hacia la misma; como es el caso de países europeos que nunca nos imaginamos que estarían al borde de la bancarrota: Islandia, Irlanda, Grecia, Portugal, España y hasta Italia.

El proceso de globalización económica que está azotando a la humanidad, está impulsado por la parte más criminal y más anticristiana del capitalismo: su sector bancario-financiero; gran culpable de la crisis que asola a los pueblos de los países mencionados y con efectos perversos sobre la estabilidad social y sobre los sistemas democráticos de muchas otras naciones.

En nuestro país ese tipo de capitalismo extremista de signo financiero, le ha generado a los banqueros beneficios tan abusivos que uno ni se imagina cuánta plata han acumulado. Por segunda vez en esta columna, citamos un comentario formulado por un economista muy conocido, don Jorge Guardia Quirós (por demás, nada sospechoso de ser sindicalista), quien el 24 de noviembre de 2009 pegó él mismo el grito al cielo por la avaricia sin control de los banqueros “ticos”, al indicar lo siguiente: “Lo que dije, y sostengo, es una realidad objetiva que… nadie podrá camuflar…: los banqueros han desplegado una influyente labor de cabildeo y logrado beneficios injustificados que el país debe cuestionar. Ese es el punto. Se les permitió captar recursos y efectuar préstamos sin una licencia bancaria (a cualquier mortal lo habrían metido en la cárcel), sin satisfacer encajes ni pagar impuestos. Gracias a esos y otros beneficios, su tasa efectiva es muy baja, mientras se crucifica a otros contribuyentes. Vivieron en la opulencia y cotizaron como paupérrimos. También gozaron de reducciones de encajes que les liberaban recursos para prestar y ganar más…”.

Lo que nos dice el señor Guardia es que el capital financiero-bancario costarricense logró crear una superestructura de poder político para obtener leyes, decretos y reglamentos a su favor con lo cual incrementaron sus ganancias de manera exorbitante, acumulando riqueza desproporcionadamente y sin ser sometidos a regímenes tributarios acordes a las ganancias que venían atesorando y que todavía siguen creciendo sin control, prácticamente.

El actual Gobierno está clamando a cada instante por nuevos impuestos. Es más, dice que está pidiendo prestado, 1.300 millones de colones al día, cada 24 horas, para poder “sobrevivir”. En tal circunstancia, lo más correcto debe ser gravar al mencionado sector, más directamente, para que ahora sí paguen lo que dejaron de pagar, lo que nunca pagaron, lo que pagaron de mentirillas en impuesto; tal y como lo dice el señor Guardia, quien, por demás, conoce ese mundo bancario-financiero porque siempre se ha movido en él, incluso, por su propia experiencia cuando fue presidente del Banco Central de Costa Rica (BCCR).

En Costa Rica, por medio de las organizaciones sindicales al servicio de las cuales nos desempeñamos, hemos tomado la iniciativa de unirnos a este movimiento mundial a favor del impuesto “Robin Hood”.

Uno ni se imagina cuánta es la plata acumulada por el capital financiero-bancario al que se gravaría con el impuesto “Robin Hood”. Según los estudiosos y promotores de esta iniciativa, en el seno de la UE, un pequeño impuesto del 0,005 por ciento sobre las transacciones financieras especulativas, podría generar una cantidad tan grande como unos 400.000 millones de dólares que mucha justicia social redistributiva podría generar en países como los que están al borde de la quiebra; cuyos pueblos no son los responsables de ello, pero a los cuales se les somete a pagar por una crisis que generaron esos banqueros-financieros del capital neoliberal especulativo e insaciable.

“A la tica”, lo que significa el impuesto “Robin Hood” es un desafío para los movimientos sindicales, sociales, cívicos y políticos decentes que debemos adoptar; especialmente en este cruel escenario para los y las de abajo, de empobrecimiento salarial, reajustes salariales indignos, tributación injusta y desproporcionada, deterioro creciente de los servicios públicos de Salud (CCSS) y sociales, violencia criminal sin control, penetración del narco en ascenso, deserción educativa, desempleo juvenil, etc.