Categoría: Opinión

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Sigue, continúa desenfrenado y contra toda ética, contra toda moral, contra toda decencia; sin pudor alguno, sin el menor sonrojo, el ataque coordinado desde varios flancos, especialmente el que en estos momentos se despliega a través de la_ “gran”_ prensa, en contra del Movimiento Sindical Costarricense; un ataque como jamás habíamos visto en las últimas décadas.

Los sindicatos hemos cometido la_ “herejía”_ de cuestionar el más grande chorizo nunca antes gestado desde las entrañas del poder político dominante, aprovechando posiciones públicas de poder político para favorecer un negociazo privado de unos cuantos.

Riteve y Alterra palidecen ante la magnitud del negocio de la privatización (vía “concesión”), de los muelles de Limón y de Moín; a cambio de un “pago”, de una mordida, de un soborno de ¡80 mil millones de colones!, para que se lo “repartan” entre 1.400 personas: el actual personal de Japdeva.

La cruzada fundamentalista antisindical por esta razón, ha llegado a impresionantes niveles de manipulación mediática, al punto de que varios enfoques de prensa destilan profundo odio, poniéndonos a los sindicalistas que nos oponemos a semejante chorizo, casi como delincuentes, cuando los verdaderos delincuentes son los que están ofreciendo tal mordida, tal soborno.

Dice el artículo 52 de la Ley No. 8422,_ “Ley contra la corrupción y en enriquecimiento ilícito en la función pública”_ lo siguiente: “Artículo 52. Tráfico de influencias. Será sancionado con pena de prisión de dos a cinco años, quien directamente o por interpósita mano, influya en un servidor público, prevaliéndose de su cargo o de cualquiera otra situación derivada de su situación personal o jerárquica con este o con otro servidor público, ya sea real o simulada, para que haga, retarde u omita un nombramiento, adjudicación, concesión, contrato, acto o resolución propios de sus funciones, de modo que genere, directa o indirectamente, un beneficio económico o ventaja indebidos, para sí o para otro”.

Más adelante dice: “Los extremos de la pena señalada en el párrafo primero se elevarán un tercio, cuando la influencia provenga del presidente o del vicepresidente de la República, de los miembros de los supremos poderes, …”.

Una gigantesca pregunta salta a flote al reparar en los alcances de esta avanzada ley anticorrupción: ¿Porqué esa prensa que destila odio antisindical no quiere que usted, la persona ciudadana común y corriente, la gente, el pueblo, se fije en lo que representa ofrecerle 80 mil millones de colones a 1.400 personas trabajadoras empleadas públicas, para qué faciliten, acepten la conceción-privatización de los muelles costarricenses de la costa atlántica de nuestro país?…

¿Por qué, prácticamente, todos esos enfoques de prensa con odio atacan a mansalva, sin asco, brutalmente, sin posibilidad de defensa alguna, a los sindicalistas de SINTRAJAP, a todos los sindicalistas, que nos estamos oponiendo a semejante chorizo, a semejante corruptela?…

Con base en esa ley, ¿no cree usted que los hermanos Arias Sánchez, su Ministro de Trabajo, el señor Álvaro González Alfaro; el Presidente Ejecutivo de JAPDEVA; el “sicario administrativo” del Golpe de Estado a SINTRAJAP (el señor Joaquín Orozco), no deberían estar siendo procesados ya, al menos indagados penalmente, por el Ministerio Público?…

Es impresionante, incluso, cómo ahora los amanuenses de tercera y los escribanos asalariados de la corrupción, a fuerza de argumentos, caen en el insulto personal para defender la indefendible: el pretendido pago de una mordida, de un soborno, de 80 mil millones de colones.

No importante que nos llamen comunistas, terroristas, homosexuales, desvergonzados, vagos, holgazanes, corruptos, traficantes, etc., etc.; pero la historia hará constar que el Movimiento Sindical Costarricense (completamente unido, sin distingos político-ideológicos), ha denunciado, está denunciando y seguirá denunciando, este gigantesco tráfico de influencias promovido desde la Casa Presidencial, con la connivencia espernible y sucia del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS); y, además, en medio de una operación psicológica de agresión terrorista a la población, a través de una campaña descarnada, para denigrar a los sindicalistas ya no solamente por oponernos a la indicada corruptela de los 80 mil millones de colones; sino porque estamos en contra de que sea el pueblo el que pague de sus empobrecidos bolsillos el precio de este negocio completamente oscuro.

Cuando se está hablando de pagar una mordida, un soborno, a contrapelo de la ley y en medio de un escandaloso tráfico de influencias, por un monto gigantesco de 80 mil millones de colones (137 millones de dólares); entonces, ¿cuánto se espera ganar después?; ¿cuánto deja la actividad portuaria de los muelles de Limón y de Moín?; ¿cuáles son las empresas que, finalmente, se dejarán para sí semejante dineral si se está dispuesto a “invertir” en una mordida de ¡80 mil millones de colones!… Los hermanos Arias Sánchez siguen sin decir nada al respecto.

Gracias a las convicciones democráticas del Diario Extra, en el campo del respeto a la Libre Expresión, ANEP publica, semanalmente, en días miércoles, esta columna.

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“137 millones de dólares se repartirían entre los 1.400 trabajadores de Japdeva a modo de compensación”. Esta fue la frase de primera plana del periódico de negocios La República, en su edición de ayer martes 23 de febrero, al dar cuenta (como lo hicieron todos los demás medios), de la consumación del Golpe de Estado que se le dio a la dirección sindical legítimamente electa del sindicato de Japdeva, SINTRAJAP, porque se ha estado oponiendo a la mordida, al soborno que los hermanos Arias Sánchez están ofreciendo a todo el personal de tal institución, a cambio de que se acepte, se_ “entregue”_ (como si fuera propiedad particular de ese personal), los muelles de Limón y de Moín.

137 millones de dólares equivalen a unos 80 mil millones de colones que “repartidos” como dice el citado periódico de negocios, haría que a cada una de las 1.400 personas trabajadoras actuales de Japdeva, les tocara, por cabeza, cerca de 60 millones de colones. A esta enorme cantidad por concepto de soborno, de mordida, hay que agregarle el pago de las prestaciones de ley en cada caso, una vez que Japdeva se privatice (como sucedió con INCOP, con los muelles de Caldera y de Puntarenas); amén de que, como parte de la indicada mordida y del repudiable soborno, también se ha ofrecido “pensión juvenil” a los 50 años de edad.

Los hermanos Arias Sánchez, vía Ministerio de Trabajo, le dieron un Golpe de Estado, así con mayúscula y sin comillas, a la dirección legítima del sindicato de Japdeva, SINTRAJAP, porque durante muchos meses se opusieron al pago de semejante corruptela.

Es tal la desesperación de los hermanos Arias Sánchez por materializar el negociazo de la privatización de los muelles de Limón y de Moín que por medio de ese Golpe de Estado sindical acortaron, ilegalmente, el período de la actual y legítima directiva de SINTRAJAP que había sido electa, en asamblea general totalmente democrática, para que estuviera al mando de este sindicato hasta enero del año entrante, 2011.

Para que el dueto presidencial haya incurrido en un atropello jurídico contra la institucionalidad y la autonomía sindicales, jamás visto en los últimos 25 años, la única explicación que encontramos es la cuantía de las comisiones, de las mordidas que, por debajo de la mesa, debe haber en todo esto.

Si a nivel público, descaradamente, sin pudor alguno, un periódico habla de que 1.400 personas se “repartirán” entre sí, por la “venta” de un patrimonio público que no les pertenece, 80 mil millones de colones; entonces, ¿cuánto se repartirán los que han urdido la pérfida estratagema que ha fructificado en este Golpe de Estado a una dirección sindical que legítima y democráticamente tenía que terminar su mandato hasta enero del 2011?

Don Oscar Arias y don Rodrigo Arias, particularmente, han quedado en total entredicho desde todo de punto de vista ético y moral, no ya en cuanto a lo legal que les merece el más absoluto desprecio. Porque señores hermanos presidentes, aquí cabe preguntarles públicamente: ¿cuál es la naturaleza inconfesable de las negociaciones privatizadoras de los muelles de Limón y de Moín que ustedes han venido desarrollando, a espaldas de la ciudadanía, como para ofrecer, abiertamente, tanta cantidad de dinero, de manera cínica, descarada y en contra de todo precepto legal?…

¿Serán ustedes, sus empresas, sus amigos y socios de negocios, beneficiarios directos y/o indirectos del negocio portuario del Atlántico ahora que lo pasarán a manos privadas?… ¿Se estarían ustedes aprestando o sus pares de negocios, a recibir comisiones por acelerar tal proceso privatizador, cometiendo un atropello jurídico de tantísima gravedad?… Y si fuera así, de que habría plata de por medio y por debajo de la mesa, ¿de cuánto dinero estaríamos hablando por concepto de comisiones, si públicamente, tan solo la mordida, el soborno para el personal de Japdeva será de 80 mil millones de colones? Escribámoslo con ceros para que la gente que nos lee se percate, si es que se puede, de la magnitud de la cantidad de que estamos hablando: ¢80.000.000.000.00.

Queremos que usted, que nos lee, conozca este nombre: José Joaquín Orozco Sánchez. Es un empleado público de carrera. Es el actual Jefe del Departamento de Organizaciones Sociales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). A él le pusieron a jugar el triste papel de “sicario administrativo”, pues firmó la ilegalísima resolución que le dio luz verde al Golpe de Estado contra la legítima directiva sindical de SINTRAJAP.

Sentimos mucha pena por el citado servidor, hasta hoy, con una limpísima trayectoria de servicio público, apegada siempre al Estado de Derecho en materia de inscripción de organizaciones sociales. Sabemos que se le obligó a emitir tal resolución. Pero todavía, don José Joaquín, puede usted salvar su honor y su trayectoria cristalina, aceptando las apelaciones que ya se le están presentando. ¿O echará usted por la borda su prestigiosa carrera de servicio público, como ocurrió con el homólogo en su cargo, allá por 1984, cuando la ANEP fue intervenida, ilegalmente (y así más que demostrado después), por el gobierno de entonces, “curiosamente” también del Partido Liberación Nacional?

¿Cuál sindicato sigue?… ¿Cuál cooperativa, cuál asociación de desarrollo, cuál partido político sigue?… El precedente sentado es nefasto para la democracia. El mensaje que se envió es éste: Si una directiva sindical o social es catalogada como “rebelde”, porque se opone a la realización de un chorizo, de una corruptela, de un soborno, para convertir en negocio privado un bien público, pues entonces, quitémosla del camino: démosle un Golpe de Estado para acortarle su legítimo período directivo; y, en su lugar, ubiquemos a una directiva sindical de testaferros para que, a cambio de la venta de sus conciencias, faciliten el negociazo. ¿Se hará así con los hospitales de la Caja?; ¿se hará así con lo que queda del ICE?; ¿se hará así con los acueductos de A y A?… Más claro ejemplo del “concepto arista” de “dictadura en democracia” no se pudo haber dado. Además, el daño en el plano internacional que los hermanos Arias Sánchez ya le han hecho al gobierno por venir, el de doña Laura, es de consecuencias insospechadas, lamentablemente…

Gracias a las convicciones democráticas del Diario Extra, en el campo del respeto a la Libre Expresión, ANEP publica, semanalmente, en días miércoles, esta columna.

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Igualmente, el inciso 4), del artículo 23, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, emitida en diciembre de 1948 por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y firmada por Costa Rica, plantea: “Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses”.

Con solamente citar estas dos normas legales de altísimo relieve jurídico, queda claro que en Costa Rica, la Libertad Sindical es un Derecho Humano Fundamental y de carácter constitucional. Por supuesto que hay muchísimas otras normas del Derecho que, en el papel, le garantizan a un trabajador, a una trabajadora, que no perderá su empleo si forma un sindicato o se afilia a uno ya existente. Pero aquí, en la democrática Costa Rica, la realidad nos dice otra cosa: por lo general, la palabra “sindicato” es sinónimo de despido en el sector Privado de la economía.

La realidad sociopolítica y económica de la Costa Rica de hoy nos indica de que se necesita de acciones profundas para que la democracia llegue a la clase trabajadora del sector Privado, en forma de Libertad Sindical. Baste un ejemplo. Los niveles de explotación laboral y salarial son de tal calibre que, como ya está más que demostrado, a una de cada tres personas trabajadoras asalariadas ni siquiera se le paga el salario mínimo de ley, ya de por sí escandalosamente bajo. Esta cruda y criminal realidad solamente puede empezar a cambiar si los obreros pueden organizarse sindicalmente, con libertad y sin miedo a perder su empleo, para reclamar lo que la ley laboral del país establece como sus legítimos derechos.

Ahora que ha quedado más que evidente que la hegemonía del capital ha de incrementar su peso en las grandes decisiones nacionales, la democracia exige un fuerte contrapeso que solamente lo puede dar una clase trabajadora fuertemente organizada en sindicatos, tanto en el sector Público como en el Privado.

La reversión de conquistas sociales que poco a poco va institucionalizándose en el país, la conversión de los servicios públicos en negocios privados, el tráfico de influencias y el manipuleo de las necesidades vitales de la gente más desfavorecida con propósitos electorales de reducidos grupos de poder; son tan solo algunos de los más negativos indicadores de que es preciso que el Movimiento Sindical Costarricense alcance nuevos niveles de desarrollo, profundizando su unidad, trasciendo el marco “coordinador” para plantearse retos organizativos más estratégicos, precisamente, para alcanzar nuevos niveles en el desarrollo de la democracia costarricense.

Nosotros aceptamos que los modelos cooperativista y solidarista, como formas asociativas al alcance de la clase trabajadora asalariada (y no asalariada), cumplen relevantes papeles que no se pueden desconocer. Sin embargo, es al modelo sindicalista, como expresión jurídica clásica y por derecho propio, tanto como por su trayectoria histórica, al que le corresponde levantar las banderas de la dignificación real de todos los derechos que son en asistirle al pueblo asalariado, tal y como, por ejemplo, se establecen en nuestra Constitución Política.

Lleva mucha razón el respetado colega dirigente sindical de ASDEICE, don Giovanny Hernández Mora (quien fue la primera persona que nos habló del tema), acerca de que hoy en día es más que evidente la imperiosa necesidad de, por ejemplo, un congreso de todas las corrientes que se mueven en el seno del Movimiento Sindical Costarricense; ahora que con más contundencia ha quedado claro que la hegemonía del capital está en el control total de la iniciativa política en el escenario nacional. Hoy queremos hacer nuestra esta idea y, con humildad y sin el más mínimo afán protagónico, dispuestos a hacernos la autocrítica que sea necesaria, se la estamos planteando a todas las y los colegas dirigentes del sindicalismo tico y, muy especialmente, a todas las bases dirigentes del mismo.

En lo personal, la experiencia vivida en los días y noches que pasamos en la sede del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), para denunciar ante el país la corruptela de la mordida, del soborno que se está ofreciendo a cambio de la privatización de los muelles del Atlántico, nos mostró cuánto humanismo, convicción de clase, comunidad de ideas, igualdad de sueños y empatía de aspiraciones anidan en las diversas expresiones del sindicalismo nacional. Pensamos que ya pueden estar dadas las condiciones para que avancemos, juntos, hacia nuevos niveles de desarrollo de la unidad sindical en Costa Rica.

Hoy hacemos pública nuestra felicitación a doña Laura Chinchilla Miranda, por su elección a la Presidencia de la República, según lo expresó la voluntad popular en comicios de este domingo 7 de febrero de 2010. Es más, tal felicitación es oficial de parte de la organización para la cual laboramos.

Habrá tiempo para cualquier cantidad de análisis y desde distintas perspectivas de lo que pasó en esta elecciones. Lo real es que doña Laura ya quedó registrada en los anales de la historia nacional, como la primera mujer en la Presidencia de la República de Costa Rica. Ahora bien, no menos real es que nunca antes en unas elecciones se había manifestado con tanta fuerza y contundencia, la hegemonía del capital, marcando la pauta en todo momento.

Ha quedado completamente al desnudo, la perversidad excluyente de las reformas electorales “estrenadas” en el recién concluido proceso electoral, al punto de que el propio tribunal electoral, pocos días antes del domingo de las votaciones, tuvo que reconocer las “inequidades” que se presentaron entre las candidaturas presidenciales que tuvieron la venia del capital y las que no recibieron el beneplácito del poder de la plata.

Solamente este indicador plantea cuál es la profunda y delicada naturaleza de la construcción social que tenemos que impulsar, a partir de ahora, para que a esa hegemonía del capital, se le oponga una hegemonía de la gente que, al menos, posibilite escenarios de equilibrio de fuerzas para una sociedad de mayor justicia, equidad, movilidad e integración sociales.

Doña Laura ha ofrecido diálogo y hay que tomarle la palabra. Un diálogo sin dobleces, de altura y con transparencia, de cara a la ciudadanía y en estricto apego a los principios de la promoción del bien común y, particularmente, los que tienen que ver con la maltrecha situación de la clase trabajadora, en su amplia acepción.

Hay varios importantes procesos de articulación desde los sectores sociales. Nosotros estamos inmersos en el que se llama_ “Diez medidas para enfrentar la crisis económica con inclusión social y productiva”_, el cual salió a la luz pública el 24 de abril de 2009. Doña Laura presenció su lanzamiento y recibió el documento. Ella sabe de qué hablamos y esperamos que, en próximos días y cuando le toquemos la puerta al respecto, nos la abra, nos reciba y se empiece a dialogar productivamente. Adicionalmente y desde una perspectiva estrictamente sindical (que es nuestro ámbito de trabajo diario), creemos que tal diálogo es más que necesario e imprescindible en cuatro temas de urgente atención para la nueva gobernante.

Salarios mínimos: No solamente es necesario un nuevo sistema de fijación de los mismos, sino que hay que combatir la espantosa realidad, verdadero crimen social, de que a una de cada tres personas asalariadas ni siquiera se les paga el mínimo de ley, ya de por sí bastante bajo.

Política salarial: Urge estructurar una política de ampliación del poder adquisitivo de los salarios para aliviar la estrechez económica de miles de familias trabajadoras asalariadas, a la vez que se ayuda a dinamizar el mercado interno y, por ende, fortalecer el desarrollo de la micro, la pequeña y la mediana empresa.

Justicia tributaria: Urgen acuerdos no solamente en el plano de incrementar el control de la evasión fiscal que presenta altísimo niveles según lo ha determinado la autorizada voz de la Contraloría General de la República; sino que, urgen cambios en la propia estructura impositiva que, al menos, atenúen la velocidad de la concentración de la riqueza y del crecimiento de la desigualdad.

Libertades sindicales: Esperamos acuerdos para honrar los compromisos internacionales que Costa Rica tiene pendientes al respecto, de forma tal que se reduzcan los peligros de pérdida de beneficios arancelarios como podría derivarse de la demanda en curso ya presentada ante el Sistema Generalizado de Preferencias (SGP-Plus) de la Unión Europea (UE).

Finalmente, esperamos que la señora Presidenta Electa honre su compromiso de que no habrá despidos de empleados públicos ni de empleadas publicas, tal y como lo dejó constancia en carta dirigida a la organización sindical en la que trabajamos, fechada el día 1 de febrero de 2010, cuando ante respetuoso emplazamiento de la ANEP al respecto, indicó lo siguiente: “…, me permito señalarles que en nuestra propuesta de gobierno no estamos contemplando el cierre de plazas en forma masiva ni el consecuente despido de funcionarios públicos. Creemos que para mejorar la eficiencia del Estado no es necesario recurrir a dichas medidas”.

Gracias a las convicciones democráticas del Diario Extra, en el campo del respeto a la Libre Expresión, ANEP publica, semanalmente, en días miércoles, esta columna.

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Para nada involucra la posición oficial de la enorme cantidad de sectores sociolaborales que en el día a día están relacionados con el trabajo que hacemos a favor del desarrollo de la democracia con justicia social y con equidad; en contra de la corrupción y de la desigualdad.

El voto es secreto. No obstante, la circunstancia histórica es de tal calibre que hemos decidido dirigirnos, públicamente y por esta vía, a la distinguida ciudadana doña Laura Chichilla Miranda, aspirante a la Presidencia por el Partido Liberación Nacional (PLN); aunque en toda su propaganda se escondió, se invisibilizó, casi que se negó, la alusión directa, específica, abierta, explícita, del PLN como su partido de pertenencia. ¡Qué “curioso”! Si su campaña “escondió” la mención explícita al Partido Liberación Nacional, es que en el seno del mismo ya no quedó espacio para las ideas socialdemócratas de “Don Pepe”, de don Rodrigo Facio Brenes, de don Daniel Oduber Quirós.

Quien esto escribe no votará por usted. Se trata de nuestro humilde voto pero no se lo podemos dar a usted; pues, por ejemplo, el banquero que usted puso como su candidato a primer vicepresidente nos da mala espina. Él es una figura insigne de lo que nosotros llamamos “el cártel de los banqueros privados”, ese pequeñísimo grupo de gran poderío económico-financiero que amasó gigantescas fortunas influenciando entre bambalinas, la política monetaria, fiscal y hacendaria de los últimos gobiernos.

Con su banquero en tan altísimo puesto, doña Laura, su eventual gobierno hará prácticamente irreversible el acelerado proceso de concentración de la riqueza que nos desgarra como sociedad. Esto se ve agravado pues usted renunció, de previo, a cualquier modificación de carácter estructural y por pequeña que sea, que cambie en algo la injusta estructura tributaria que ahoga a la clase media, la cual vive altamente endeudada precisamente por las políticas macroeconómicas que nos han sido impuestas por el grupo de banqueros al cual pertenece su candidato vicepresidencial. Por otra parte, en materia de salarios usted no planteó absolutamente nada, ni siquiera con relación a la miseria de los salarios mínimos.

Si bien es cierto es interesante su propuesta para la creación de una red de cuido, especialmente para la niñez en condición de marginalidad, deja abierto un gran problema. La línea adoptada por su propuesta al respecto es la de “servicios pobres para mujeres pobres”, algo totalmente insuficiente para la integración social que estamos perdiendo, porque, ¿adónde queda la golpeadísima clase media a este respecto? Como sabemos, usted tomó esta idea del cuido de la propuesta de sectores sociales “Diez medidas para enfrentar la crisis económica con inclusión social y productiva”; pero jamás se pensó para que fuera así: “servicios pobres para mujeres pobres”. Es notorio el gran vacío de su propuesta de cuido con relación a la maltratada clase media, pues solamente con “asistencialismo” no superaremos la desigualdad.

Usted respalda la mordida, el soborno, de los 137 millones de dólares que los hermanos Arias Sánchez pretenden pagar por la privatización de los muelles de Limón y de Moín. ¿Cuánta política social, de carácter integral, se podría hacer en la provincia de Limón si en vez de comprar las conciencias de 1.500 personas trabajadoras de JAPDEVA, esa enorme cantidad de dinero se utilizara, por ejemplo, en CEN-CINAI, EBAIS, inspección de Trabajo, red de cuido con perspectiva hacia la clase media, etc. Doña Laura: es que estamos hablando de ¡80 mil millones de colones! que tendrá que pagar el pueblo trabajador si esa mordida, ese soborno, llegare a consumarse con su apoyo.

Doña Laura: Usted dejó abierta la posibilidad de que en un eventual gobierno suyo haya despidos de empleados públicos. Le hemos mandado una carta al respecto que, a la hora de escribir estas líneas, usted no ha respondido. El periódico que a usted la respalda le preguntó: “¿cuántas plazas hay que cerrar para hacer eficiente el Estado?”; y usted le respondió que si bien no estaba pensando en eso “ahora”, no sería “a lo Martinelli”. Martinelli es el actual Presidente de Panamá quien no más llegando al gobierno despidió, abruptamente, a 19 mil empleados públicos. La gran duda que nos quedó es que si bien usted dijo que no estaba, “ahora”, pensando en “cerrar plazas”, entonces, ¿será “después”?. Y, si no es_ “a lo Martinelli”_, entonces, ¿cómo será “cerrar plazas” que no sea “a lo Martinelli”?…

Su paso por el Ministerio de Justicia y en lo que respecta al Sistema Penitenciario Nacional fue totalmente insulso. Siempre le propusimos la necesidad de un congreso penitenciario como primer paso para superar la severa crisis institucional que sufre este ámbito de la política pública costarricense. No hubo manera. Hoy su propuesta en el campo de la seguridad ciudadana exhibe un gigantesco vacío al respecto pues “más cárceles” no resuelve el problema integral del deterioro del sistema penitenciario.

Por supuesto y ya se lo habrán imaginado, nuestra trayectoria sociopolítica y la índole de lo que pensamos y de las causas que hemos defendido, hacen inviable un voto nuestro por el señor Guevara Guth.

Insistimos en que hemos planteado un pensamiento sumamente personal y de cara a una específica coyuntura: las elecciones del próximo domingo 7 de febrero. Todos estos años hemos defendido, a capa y espada, la independencia de las organizaciones de la clase trabajadora con respecto a los partidos políticos porque ello ha sido beneficioso, por ejemplo, desde el punto de vista de que ha obligado a que desarrollemos pensamiento propio. Tal independencia la mantendremos con absoluta firmeza en cualquier escenario que se abra a partir del próximo 7 de febrero. La lucha de la clase trabajadora por su dignificación total trasciende lo meramente electoral.

Gracias a las convicciones democráticas del Diario Extra, en el campo del respeto a la Libre Expresión, ANEP publica, semanalmente, en días miércoles, esta columna.

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La presencia forzada y permanente, durante seis días, en la sede central del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), de las máximas representaciones sindicales del país, generó tal ambiente de expectativa y de tensión que, efectivamente, este asunto salió del límite de la provincia de Limón y pasó a ser un asunto que concierne a toda la población.

¿Por qué? Porque a usted que lee este comentario, como a todo el pueblo, le sacarán plata de su bolsillo para pagar la gigantesca cantidad de 80 mil millones de colones que es el monto del soborno, de la mordida, que quieren darle a cada una de las personas trabajadoras de JAPDEVA, a cambio de que éstas acepten su privatización; como si los muelles de Limón y de Moín fueran de su propiedad particular. Vulgarmente, los hermanos Arias llaman a esta mordida, a este soborno, “indemnización”.

Este pretendido acto de sucia corrupción, jamás visto en la historia nacional, está promovido por un selecto grupo de personalidades políticas y por varios amanuenses de segundo (y hasta de tercer) nivel; así como por el partido político, dizfrazado de medio de comunicación colectiva, que hoy respalda la candidatura presidencial oficialista. A este contubernio, le estamos poniendo el nombre del “cártel de la mordida y del soborno”.

En primer lugar, tal cártel está jefeado por el mismísimo Presidente de la República, Oscar Arias Sánchez. En este mismo periódico y en artículo de su puño y letra, publicado el pasado martes 19 de enero, confesó, sin pudor alguno, la aspiración mafiosa de concretar la privatización de JAPDEVA, cuyo sindicato se opone a semejante corruptela y es por eso que el Gobierno quiere eliminarlo. Al respecto, don Oscar escribió: “A cambio de la renuncia del sindicato, y que una empresa privada pueda asumir la administración del puerto, les hemos ofrecido $137 millones como indemnización”.

Junto a don Oscar, la otra cabeza del régimen, su hermano Rodrigo, es pieza más que clave en el pago de la repudiable mordida. No podía faltar, junto al dúo presidencial, porque la misma naturaleza ideológica los tiene unidos como el cordón umbilical que une al feto con su madre, el periódico “La Nación”; cuya cruzada fundamentalista en contra del Movimiento Sindical Costarricense y, por ende, en contra de la democracia, le lleva a los más abominables niveles de intolerancia ideológica, ubicables o comparables al comportamiento de aquella prensa que apoyó las más crueles dictaduras sangrientas de la historia latinoamericana reciente.

“La Nación”, abanderada insigne del pago de la cuestionable mordida de los 137 millones de dólares, se ha enfurecido porque al salir este asunto a la luz de la opinión pública con mayor ímpetu y luego de la acción sindical ejecutada en el Ministerio de Trabajo, hoy hay un número de mayor de ciudadanos y de ciudadanas que se indignan, que se enojan y que repudian tal acto de corrupción.

La denuncia sindical contra la intentona del pago de ese soborno ha sido de gran impacto. La manifestación rotunda que hemos dado en defensa del Estado de Derecho y de la legalidad, en contra un golpe de Estado a una dirección sindical honesta que se opone a ese soborno de conciencias, ha sido igual de contundente. Por eso, ya han empezado a salir los amanuenses y sicarios de la pluma a defender la “legalidad” del pago de la mordida, hablando de que una espuria asamblea sindical en JAPDEVA así lo avaló. Nada más falso. El sindicalismo decente, que es el verdadero sindicalismo, jamás se prestará para un acto reñido con la ética y con la moral, aparte de su esencia completamente ilegal.

Da pena y lástima leer el escrito de un “acostado” dirigente solidarista, aliado de “La Nación”, defendiendo el pago de la mordida y destilando veneno contra los sindicatos, que es destilar veneno contra la democracia misma. Es más, porque le conocemos al “acostado” su disminuida capacidad intelectual, es posible que solamente puso su firma en el libelo que le escribieron y que bajo su nombre avala la mordida de los 137 millones de dólares. Y, adivinen cuál medio le publicó al “acostado”, su libelo antisindical…

Finalmente, al grupo de las figuras más notables y visibles de este cártel a favor de la mordida y del soborno en el caso de la privatización de los muelles de Limón y de Moín, se ha unido la candidata presidencial del oficialismo arista, la distinguida ciudadana doña Laura Chinchilla. Ella también salió en defensa de semejante barbaridad, de la mal llamada “indemnización” para los trabajadores de JAPDEVA. Afortunadamente, ni está en_ “firme”_ ni es “honesta”, la sucia pretensión del pago de tal mordida. Esta lucha apenas empezó.

Gracias a las convicciones democráticas del Diario Extra, en el campo del respeto a la Libre Expresión, ANEP publica, semanalmente, en días miércoles, esta columna.

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La Democracia de la Calle es un mecanismo democrático de alta legitimidad que sirve para la genuina expresión popular, cuando se trata de indicarle a los gobernantes lo errático de sus decisiones, en el tanto éstas van en contra de la promoción, la búsqueda y la implementación del bien común. Éste debe ser eje central de toda aquella política pública, tal y como lo expresa la filosofía impregnada en nuestra actual Constitución Política, inspirada en el humanismo cristiano.

Nosotros estamos absolutamente convencidos de que hoy en día sobran las causas para apelar, nuevamente, a la Democracia de la Calle y al poder ciudadano expresado en movilización organizada y cívica, ante la repugnante obscenidad de la concentración de la riqueza. Un ejemplo de ello lo tenemos en la presente campaña electoral que, “pa’que no nos falte”, muestra que las dos candidaturas presidenciales más “notables”, son aquellas sostenidas en el gran capital, el cual se da el lujo de apostar a varias bandas (cárteles), dado que es de tal calibre el poder económico a su disposición que en uno u en otro caso, ese gran capital estima tener asegurado el control del próximo Poder Ejecutivo y también del Legislativo.

Y es aquí donde queremos llamar su atención porque creemos, estamos convencidos, de que hay que ir a votar en las próximas elecciones; pese a, como ya hemos indicado, desconfiamos profundamente del actual tribunal electoral, bastante parcializado a favorecer las candidaturas de la actual hegemonía en el poder, que es la de la lógica del lucro desenfrenado.

Es imperioso para los movimientos sociales y para los sectores cívicos que enarbolamos las banderas de una nueva Costa Rica inclusiva y solidaria, que personas amigas, simpatizantes, comprometidas con las luchas patrióticas de los últimos años, lleguen a la próxima Asamblea Legislativa.

Costa Rica ocupa un nuevo salto democrático y una nueva institucionalidad republicana que restaure la lógica del bien común como eje fundamental de toda política pública; para, por ejemplo, cambiar la perversa situación de verdadero crimen social que significa la circunstancia dolorosa de que a una de cada tres personas asalariadas, ni siquiera se les pague el actual salario mínimo de ley, ya de por sí completamente miserable. Ese es tan solo uno de los cambios más profundos que hay que realizar en nuestro país.

Pero ello se ocupa del derrocamiento, del derribamiento, de la sustitución de la actual hegemonía política que está basada en una lógica de lucro, mediando la generación de un poder cívico militante que deberá construirse con diversas tácticas, aportes multisectoriales, pensamiento sociopolítico autóctono y una renovada articulación estratégica, dentro de la cual la circunstancia de que haya diputados y diputadas jugando ese rol en el próximo parlamento, ha de ser vital. Y es posible hacer una vinculación transparente entre el significado del potencial de la Democracia de la Calle con los postulados del humanismo cristiano (el real, no el politiquero)

Bien dice la V Conferencia del Episcopado de América Latina y del Caribe, celebrada en Aparecida, Brasil, en el 2007, que “una democracia sin valores… se vuelve fácilmente una dictadura y termina traicionando al pueblo”. Por otra parte, acertadamente, el papa Benedicto XVI, en su homilía en la catedral de Villetri, del 23 de setiembre de 2007, nos señaló que_ “Cuando prevalece como motivación central la lógica del lucro, aumenta la desproporción entre pobres y ricos (…) Por el contrario, cuando prevalece la lógica del compartir y de la solidaridad, se puede corregir la ruta y orientarla hacia un desarrollo equitativo, para el bien común”._

En tal sentido, igual de bien hicieron los obispos ticos de la Conferencia Episcopal de Costa Rica (CECOR), en su exhortación pastoral de cara al proceso electoral en desarrollo, cuando en su documento “Caminos hacia una auténtica democracia” nos pidieron cuestionar los programas de aquellos partidos “…que pregonan el desmedido afán por la riqueza y la actitud depredatoria y egoísta hacia la naturaleza, por encima de la vida de las personas, los pueblos y nuestra soberanía”.

Por ejemplo, mantener una estructura tributaria altamente injusta y fuertemente regresiva, es consolidar la desenfrenada lógica del lucro que anima a las principales opciones electorales del gran capital: la de doña Laura y la de don Otto. El reto de la lógica del compartir y de la solidaridad nos obliga a luchar por una transformación tributaria estructural de inspiración progresiva (paga más el que más tiene), cuya lucha tendrá dos escenarios: la calle y el parlamento. Aquí es donde ocupamos elegir diputaciones amigas en al próximo parlamento. Afortunadamente las hay.

13 de enero de 2010

Gracias a las convicciones democráticas del Diario Extra, en el campo del respeto a la Libre Expresión, ANEP publica, semanalmente, en días miércoles, esta columna.

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¿Qué tenemos?… Veamos. Un tribunal blandengue, pusilánime, cómplice sistémico de un orden institucional que excluye, relega, corrompe; un tribunal que se doblegó ante los “electores” reales: las firmas encuestadoras que le impusieron a la gente quién es “elegible” y quién no lo es. Un tribunal con miedo de enfrentar el poder de los latifundios mediáticos, esos que atropellan la democracia de la libre expresión todos los días; un tribunal que “autoriza” el fraude ya que no habrá conteo manual de votos, legitimando el robo electoral ocurrido en el 2006, cuyo principal perjudicado lo aceptó pasivamente. Un tribunal al que ya no le cree, no le tiene confianza, lo mira de reojo, una cifra tan importante de ciudadanía superior al 40 %.

¿Qué tenemos?… La candidata “rehén” del “cártel” de los banqueros privados, cuyo liderazgo dependerá de lo que le deje hacer el dinámico dúo de los hermanos presidentes que, “de mentirillas”, dejarían Zapote en mayo próximo si ella “gana”. Distinguida y honesta dama, sí, pero cuyo “liderazgo” entre sus homólogos de partido en el actual parlamento, no fue capaz de impedir la imposición de la “defensora liberacionista”. La candidata presidencial que nos promete, pero no dice cómo, una infraestructura de cuido (_“pirateando”_ así una propuesta de las Diez medidas para enfrentar la crisis económica con inclusión social y productiva), para nuestra niñez vulnerable y para las personas adultas mayores sumidas en la pobreza. ¡Qué bien!, nos alegramos por esa “piratería”; pero, ¿con qué plata?, si renunció, ad portas, a una reforma tributaria estructural para no hacerle “daño” a los grandes ricos, a las enormes fortunas acumuladas por la concentración abusiva de la riqueza, a las gigantescas rentas que apoyan su postulación.

¿Qué tenemos?… El farsante libertario, ahora “¿converso estatista?” con gotas de marxismo impuro; enemigo acérrimo del sector Público, de los servicios públicos. Ninguna persona trabajadora asalariada del Estado, ningún integrante de sus respectivas familias, debe olvidar, jamás, de qué clase de individuo estamos hablando: un agresor sistemático del Derecho Laboral costarricense consagrado en nuestro histórico Código de Trabajo. ¡Chingo ‘e demagogo!… Ha pretendido vestirse con ropa ajena, “robándose” luchas sociales que no le pertenecen, como la del ilegal monopolio privado de la revisión técnica vehicular. Nunca lo vimos en las calles, junto al pueblo, en aquellos durísimos momentos en que se dio la lucha contra tal adefesio jurídico en contra de la gente propietaria de vehículos; pero sí, muy dedicado a la causa de la entrega de lo mejor del patrimonio nacional al capital transnacional, vía TLC. Ahora nos resultó hasta “defensor” de la Caja y le pidió ayuda a un cardiólogo tránsfuga (excelente médico pero pésimo político), a quien no le dieron una candidatura vicepresidencial en las esferas partidistas de la hegemonía vigente. Respetuosamente, esto es lo que pensamos sobre él y si aún sí quiere hablar con nosotros, no tendríamos empacho en hacerlo.

¿Qué tenemos?… Varias candidaturas presidenciales que debieron ser una sola, dilapidando así un capital político que costó muchísimo acumular, durante mucho tiempo, por medio del ejercicio legítimo de la democracia de la calle, manifestado una y otra vez frente a los sucesivos gobiernos de signo neoliberal de los últimos períodos. El pueblo y sus sectores más dinámicos y conscientes expresaban así, de manera sistemática, un sentimiento altamente cívico y sinceramente profundo de resistencia al desmontaje del Estado Social de Derecho que las generaciones anteriores nos habían dejado como garantía de opción por la vida de los y de las costarricenses por venir. ¿Cómo pudo ser posible que se impusiera el cortoplacismo fútil y el protagonismo enano a que les redujo el desacreditado sistema electoral impuesto por los latifundios mediáticos?; ¿cómo fue que se anuló el potencial impacto unificado de mentes tan brillantes, dividiéndose entre sí, priorizando en lo superficial y “olvidando” lo estratégico?… Sabemos bien que diciendo esto caemos mal, a muchos amigos y a muchas amigas de muchos años de lucha social compartida; personas honestas que, de manera transparente, están con alguna de esas candidaturas presidenciales que debieron ser una sola. Lo que pasa es que, igualmente, muchos y muchas, apostando a limpios sueños, habíamos acariciado la idea de un nuevo escenario de lucha compartida, que serían las elecciones presidenciales del 2010, contra toda adversidad (como siempre hemos luchado) y aun con esa clase de tribunal electoral… pero en forma unitaria. …Y, ¿qué tenemos en cuanto a diputaciones?… De ello hablaremos la semana próxima.

6 de enero de 2010

Si no es el país más peligroso de la Tierra para la actividad sindical, Colombia es uno de los que ocupa un primerísimo lugar en cuanto al riesgo de todo tipo que implica salir en defensa de los derechos laborales, que son universalmente reconocidos como Derechos Humanos.

En este 2009, 37 sindicalistas fueron asesinados, así, literalmente, asesinados en Colombia; cifra espeluznante que se une a las 39 personas sindicalistas asesinadas en el 2007 y a las 49 que hubo en el 2008.

Como se podrá notar, los crímenes contra los y las sindicalistas de Colombia se dan en una sociedad a la que los grandes medios de comunicación colectiva presentan como democrática, lo cual es una verdadera farsa, dado que, como se puede notar, invocar y/o practicar en ese hermano país el Derecho Humano fundamental denominado Libertad Sindical, implica perder la vida.

Particularmente es de resaltar que este tipo de crímenes se ha intensificado en el gobierno del señor Álvaro Uribe Vélez, Presidente de Colombia, quien ha sido ligado a la actividad paramilitar y de quien también se ha afirmado de tener vínculos con el narcotráfico.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el 10 de diciembre de 1948, estableció en su artículo 23, inciso 4 que “toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses”. En Colombia acogerse a este precepto universal del derecho internacional es jugarse la vida.

No solamente quien da la vida por la actividad sindical merece nuestro reconocimiento póstumo aunque sea por esta sencilla vía. También hay que enaltecer el valor que implica, todos los días y a todas horas, realizar actividad sindical en Colombia en medio de amenazas, desplazamientos, detenciones arbitrarias, hostigamientos, torturas, allanamientos ilegales y desapariciones.

Según datos de organizaciones sociales ligadas a los Derechos Humanos, la violencia antisindical en Colombia, ha cobrado la vida de casi 3000 personas en los últimos 24 años; es decir, estamos hablando de que, en promedio, hay dos asesinatos de sindicalistas por semana.

Indudablemente que no se puede afirmar que la plena democracia esté presente en Colombia con semejantes cifras de muerte por ser sindicalista. Lastimosamente, la comunidad internacional reacciona tibiamente, casi que de manera cómplice, ante semejantes atentados contra los Derechos Humanos. Pero, claro, imagínese usted si eso ocurriese en algún país con algún gobierno que, de un modo u otro, “se sale del saco” de la ideología dominante en el globo, esa que lleva la muerte por todo el orbe: el neoliberalismo. Ya tendríamos campañas mediáticas de gran intensidad denunciando tal barbarie.

Pero no, tales crímenes antisindicales ocurren en un país completamente neoliberal, funcional al sistema capitalista de la muerte. Por eso, seguramente, usted no sabía que esto estaba pasando en Colombia. Así rendimos tributo a tantos compañeros y a tantas compañeras sindicalistas que han ofrendado sus vidas por sus iguales, los y las de abajo, los y las de la clase trabajadora.

Gracias a las convicciones democráticas del Diario Extra, en el campo del respeto a la Libre Expresión, ANEP publica, semanalmente, en días miércoles, esta columna.

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Ni por un momento, ni en la más mínima circunstancia, ponemos en duda su honorabilidad, ni su bagaje profesional, ni mucho menos su ética. Sin embargo, consultando y analizando luego, no vemos por ningún lado que reúna usted las condiciones necesarias que en los actuales momentos de nuestra querida Patria, se necesitan para asumir ese cargo de tanta relevancia; especialmente para los sectores ciudadanos de mayores vulnerabilidades y limitaciones, en cuanto a sus demandas y expectativas por una gestión activa, militante y comprometida en la defensa de los Derechos Humanos, en toda su gama y amplitud: políticos, económicos y sociales.

Tenemos entendido que usted, doña Ofelia, mostró oposición a varios proyectos de ley en los cuales, de una manera u otra, estaban involucrados principios y concepciones relacionadas con los Derechos Humanos. Dos en el plano laboral: la ley que estableció para los saloneros y las saloneras, que la propina es parte consuntancial al salario; y el otro, la ley que regula el horario de las trabajadoras domésticas, proyecto que, según tenemos entendido, podría ser vetado por la Casa Presidencial. El otro proyecto al que usted se opuso, buscó establecer como sanción el castigo físico infantil, ¡nada más y nada menos! Fíjese usted, distinguida señora diputada, qué preocupante es si usted está en la Defensoría con semejantes antecedentes en materia de Derechos Humanos.

Otra circunstancia de enorme cuidado para que se objete su aspiración, es que la misma habría surgido como una especie de pacto, un “premio de consolidación” que don Oscar Arias le ofreció a usted, a cambio de su renuncia a las aspiraciones de llegar a la Presidencia de la Asamblea Legislativa, en la última elección parlamentaria del pasado mes de mayo; para así dejarle el camino libre a don Francisco Antonio Pacheco quien, en aras de su “pase” a la historia nacional, anhelaba llegar por cuarto año consecutivo a presidir el parlamento en un solo período constitucional.

Comprenderá usted, doña Ofelia, que tan sensible cargo para la gente desprotegida del país, no puede ser un “toma y daca”; además de que, filosófica y políticamente hablando usted (con todo su derecho, eso sí), comulga con una visión de país, la neoliberal, con la cual no empatamos más de la mitad de la población costarricense.

Por otra parte, hemos revisado, muy generalmente, su palmarés de gestión parlamentaria y, para serle muy sincero, en los proyectos de ley que, de una forma u otra han contado con su firma y/o su apoyo, no encontramos pretensiones legislativas de alta trascendencia en materia de Derechos Humanos y en materia de defensa de la institucionalidad pública al servicio de las mayorías, sobre todo, en materia de impacto social.

A la honorable Asamblea Legislativa actual que le ha de corresponder tan importante legislación, le expresamos, con todo respeto, que la persona que ha de ser la nueva Defensora de los Habitantes de la República, hombre ó mujer, debe mostrar una trayectoria de alta sensibilidad en materia de vulnerabilidad social asociada a los Derechos Humanos. Además, debe mostrar con acciones concretas el uso anterior de ese don a su aspiración a tal cargo, con sinceros deseos de servir a sus semejantes y no como “premio de consolación”. Sin nada personal y con todo respeto.