Categoría: Opinión

Gracias a las convicciones democráticas del Diario Extra, en el campo del respeto a la Libre Expresión, ANEP publica, semanalmente, en días miércoles, esta columna.

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Indudablemente que la señora Primera Vicepresidenta y Ministra de Justicia y Gracia dará amplias explicaciones de sus relaciones políticas con el susodicho legislador y con el laboratorio farmacéutico nacional, para que se establezca con claridad qué son esas “negociaciones” que el diputado Echandi Meza dice que ella “lidera”. ¿Qué es lo que se ha “negociado”?; ¿cuándo?, ¿cómo?, ¿dónde?. Al darse una negociación, se supone que hay, al menos, dos partes. ¿Es doña Laura una de esas partes?, ¿quién es la otra?..; etc., etc.

Nosotros no “juzgaremos”, a priori, a la respetabilísima señora Ministra Chinchilla. Nosotros no haremos un juicio sumario de este caso, planteando hipótesis aventureras e irresponsables. La honorabilidad de dicha jerarca es un alto valor en su carrera política y no saldrá de nosotros ni la más mínima insinuación que pretenda manchar su limpia trayectoria de servicio público.

Como personalidad pública de tan alto nivel, como ciudadana en pleno uso de sus derechos constitucionales, ella tiene el legítimo derecho a defenderse de las afirmaciones del diputado Echandi y no pueden hacerse juicios de valor sobre esas “negociaciones” a partir de conjeturas amañadas, subjetividades, presunciones sin sustento, argumentos falaces. Con este tipo de artimañas no se puede botar a la basura una limpia trayectoria de servicio público como es el caso de doña Laura.

Y precisamente es en función de este principio básico de presunción de inocencia y de no manchar carreras de servicio público completamente limpias con base en conjeturas amañadas, subjetividades, presunciones sin sustento y argumentos falaces; que hemos salido en defensa de los policías penitenciarios de La Reforma, señalados como culpables y sentenciados a priori por doña Laura, en el caso de la fuga de dicho centro penal ocurrida en octubre del 2006.

Y peor aún. Las declaraciones periodísticas de doña Laura sobre este penoso caso, prácticamente han arruinado ya varias trayectorias de limpio servicio público en seguridad penitenciaria, de trabajadores que superan los 25 años de labor ininterrumpida con honestidad, de la misma manera en que ha transcurrido la carrera de servicio público de doña Laura.

Por eso es que hemos acudido al alto tribunal constitucional en el caso del arbitrario y sumario proceso administrativo contra los policías penitenciarios que ya doña Laura sentenció. La Sala IV admitió para su estudio por el fondo, el recurso de amparo interpuesto por la ANEP a favor de tales servidores.

Sin embargo, a doña Laura no le gustó cómo falló la Sala IV en este caso y ahora está buscando cómo burlar la orden constitucional que se le dio de restaurar los derechos de sus subalternos que ella lesionó, por la prensa y de manera pública, a partir de conjeturas amañadas, subjetividades, presunciones sin sustento y argumentos falaces.

Pero nosotros no actuaremos así. Nosotros, partiendo de conjeturas amañadas, subjetividades, presunciones sin sustento y argumentos falaces, no le haremos un juicio “sumario” a doña Laura sobre las “negociaciones” que ella lidera con un laboratorio farmacéutico nacional, según lo indicó el intercambiable legislador Echandi. Esperaremos sus explicaciones.

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Cuesta creer que el “libre” comercio del TLC haya llegado a posiciones tan aberrantes, como las que se expresan en el proyecto de ley “Adhesión de Costa Rica al Tratado de Budapest sobre el reconocimiento internacional del Depósito de Microorganismos a los Fines del Procedimiento en materia de Patentes”.

Como este proyecto tiene un nombre tan largo y que busca encubrir su verdadera esencia, es comúnmente conocido como “Tratado de Budapest”. El proyecto se tramita con el Expediente Legislativo No. 16.123 y forma parte esencial de la llamada “agenda de implementación” del TLC.

Si bien ya los obispos de Costa Rica han pegado el “grito al cielo” por este proyecto, las organizaciones sindicales UNDECA, ASDEICE y ANEP dirigieron una carta a los jefes de la Iglesia Católica de Costa Rica, pidiéndoles que emprendan una verdadera cruzada de denuncia pública, acerca de la perversidad y de la malignidad de ese proyecto de ley que permite, óigase bien, el patentamiento de microorganismos para la creación de formas de vida, incluyendo la humana.

“El Tratado de Budapest constituye una de las agresiones a la ética y la moral más monstruosas y aberrantes que la sociedad comercial corporativa multinacional le haya impuesto a la población mundial. El Tratado de Libre Comercio de Centroamérica, República Dominicana y los Estados Unidos (TLC), sirvió para abrirnos los ojos en relación con los alcances a los que se ha llegado en la mercantilización de toda materia y sujeto existentes, incluyendo el ser humano”.

Esta es una de las partes fundamentales de una carta que distinguidos costarricenses, inspirados en el humanismo cristiano, le dirigieron a la Conferencia Episcopal de Costa Rica (CECOR), para que reaccionaran ante el trámite legislativo de ese proyecto de ley que, sin duda alguna, generará un_ “competidor”_ en cuanto a la creación de la vida humana. Hoy reconocemos la oportuna intervención al respecto de la ciudadana Olga Marta Mena Pacheco; y de los ciudadanos, Carlos Agustín Páez Montalbán, Arnoldo Mora Rodríguez, Hernán Collado Martínez, Fernando Soley Soler y Arturo Robles Coronas.

La carta sindical enviada a la CECOR expresa que el Tratado de Budapest “es incompatible en forma total con la enseñanza de la Iglesia en materia bioética”. Adicionalmente, se le indica al obispado costarricense que el Tratado de Budapest está en contradicción con las enseñanzas vaticanas sobre la vida y sobre la condición humanas; específicamente con la “Instrucción sobre el respeto de la vida humana naciente y la dignidad de la procreación”, emitida por la Congregación para la Doctrina de la Fe, en el año 1987, firmada por el entonces cardenal Joseph Ratzinger, hoy Papa Benedicto XVI.

Para la historia ha de quedar el oportuno señalamiento sindical sobre la perversidad de un proyecto de ley que, guardando las dimensiones de espacio y tiempo, abre las posibilidades para la reedición de los experimentos humanos del Dr. Mengele, de la Alemania Nazi.

En su momento, el cardenal Ratzinger, hoy Su Santidad Benedicto XVI, alertó contra las aberrantes posibilidades “de intervenir sobre el patrimonio cromosómico y genético” de la creación humana; señalando, además, que tales intentos “no son terapéuticos, sino que miran a la producción de seres humanos seleccionados en cuanto al sexo o a otras cualidades prefijadas”.

Esta es la esencia del perverso proyecto Tratado de Budapest, parte esencial de la_ “agenda de implementación”_ del TLC. Así que Dios tendrá_ “competencia”_ en cuanto a la creación de la vida humana y los 38 diputados oficialistas (incluyendo los “socialcristianos”, más Echandi y Guyón), están dispuestos a votar una ley para que usted “escoja”, en el marco del TLC y de ahora en adelante, como quiere que sea su retoño: ¿chiquito?, ¿chiquita?, ¿de ojos verdes?, ¿de ojos azules?, etc. … Tal parece que el “legado” del Dr. Mengele no se “perdió”.

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Nota:
Para conocer un poco mejor sobre este tema baje y lea de ARCHIVOS ADJUNTOS
Ingeniería Genética Extrema

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Estamos presenciando la máxima “transfiguración” de la Asamblea Legislativa de Costa Rica de toda su historia moderna. La han transformado en un verdadero mercado donde, con toda seguridad, por sus pasillos debe correr plata por millones.

Profundizando el engaño y la trampa que significa la “agenda de implementación” del TLC, la peonada diputadil que está vendiendo los mejores patrimonios públicos de la Patria, sin ruborizarse en lo más mínimo, ha estado proponiendo entregar los servicios de telefonía fija a los grandes consorcios de telecomunicaciones; consorcios que están en disputa para_ “robarse”_ una de las joyas más preciadas de la institucionalidad costarricense: el ICE.

Claro, ahora están diciendo que echan “marcha atrás”, luego de que pegara el grito el cielo la gaceta oficial oligárquica desde la cual se dirige el actual Gobierno. Pero nosotros no les creemos.

Las familias de, por ejemplo, Hatillo, Alajuelita, Desamparados, Goicoechea, Aserrí, Pavas, los barrios del sur y comunidades urbanas de similar composición socioeconómica; de las zonas rurales y de otros sectores residenciales habitados por las clases populares de la ciudadanía tica, que tienen su aparato telefónico residencial, en sus casas, caerían en los tentáculos de esas gigantescas telefónicas.

Éstas, como monopolios privados de telefonía que son, acumulan riquezas descomunales en sociedad con grupos económicos nacionales; grupos que aunque en condición minoritaria, también reciben inmensas tajadas dado el volumen de ganancias que supone este tipo de “negocio”, consistente en las necesidades de la gente sencilla de tener un servicio telefónico en sus casas

¡Van por todo!. No solamente es la telefonía celular, la internet y las llamadas internacionales, la que ha provocado el asalto a la institucionalidad democrática en el seno de la Asamblea Legislativa, convirtiéndola en mercado persa. Ahora ha quedado en evidencia que también la telefonía fija es parte inseparable del pastel de telecomunicaciones.

Si por ahora hay un “retroceso”, no es por “patriotismo” o por amor al ICE.¡Por supuesto que no! Es porque en las condiciones actuales, entregar la telefonía fija es echarle a perder el negocio en perspectiva que ya tiene diseñado, el grupo económico nacional que ahora “centroamericanizado”, ha venido sosteniendo políticamente al Presidente Arias.

Al diablo con los principios de solidaridad, de equidad distributiva, de movilidad social, de concepción de las telecomunicaciones como parámetro de desarrollo nacional. No, ahora lo que importa es la acumulación de capital por esta vía, el ICE, y para unos cuantos.

“Poderoso caballero es don dinero”. Creo que no tenemos idea, como pueblo costarricense, de las cuantiosísimas comisiones que deben estarse jugando con la entrega del ICE al capital transnacional. Don José Figueres Ferrer, Don Pepe, debe estarse revolviendo en su tumba, al contemplar cómo desde el partido político que fundó y que gestó el ICE para el bien común del país, hoy se promueve su venta más vulgar. El otro noble patricio del bien común, el Dr. Calderón Guardia, debe estarle haciendo segunda, constatando que su filosofía del humanismo cristiano se convirtió en libreto de pacotilla para quienes, con su bandera ultrajada, llegaron a una curul legislativa.

Estamos de cara a una nueva estafa política de la clase dominante contra un pueblo noble e indefenso como el costarricense. Quizás la más grande desde la instauración de la Segunda República, en 1949. Primero, como reiteradamente lo hemos venido manifestando, porque la tal “agenda de implementación” del TLC nunca se votó en el referéndum del pasado 7 de octubre. Y, segundo, porque siempre le afirmaron a la gente que la telefonía fija era “intocable”. Supuestamente, en las últimas horas, han echado “marcha atrás”… pero, ¿alguien les cree?

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Lea también:
Agenda de Implementación PRIVATIZA su teléfonía fija

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No es un “comunista trasnochado” el autor de la frase anterior. Tampoco un sindicalista “extremista”, como suelen llamarnos los plumíferos y los amanuenses de los periódicos de la oligarquía. Quien escribió tal pensamiento fue el señor Robert Reich, Exsecretario de Trabajo de Estados Unidos y hoy catedrático de Políticas Públicas en la Universidad de California, en Berkeley. En el más reciente número de la prestigiosa revista Foreign Policy (edición en español), el señor Reich plantea tesis tan contundentes como que “ninguna nación democrática está resolviendo los efectos negativos del capitalismo”:

Para el autor, la “democracia significa mucho más que un proceso de elecciones libres y limpias”, algo que en Costa Rica está en cuestionamiento para muchos luego de ver cómo se desarrolló el proceso del referéndum sobre el TLC.

El Sr. Reich estima que la democracia “es un sistema para realizar cosas que sólo pueden lograrse cuando los ciudadanos se unen para favorecer el bien común. Sin embargo, aunque el libre mercado ha supuesto una prosperidad inusitada para muchos, ha ido acompañada de unas desigualdades crecientes de rentas y riqueza, más inseguridad en el empleo y riesgos medioambientales como el calentamiento global”.

Nada más oportuno para la actual realidad sociopolítica que tiene nuestro país, los comentarios del señor Reich. Tenemos un régimen gubernamental que tiene al mercado como su dios único. Un régimen que ha pervertido toda la institucionalidad republicana (parlamento, tribunal constitucional, tribunal electoral), para entregarle a ese dios mercado, el patrimonio público de mayor valor económico acumulado por la sociedad costarricense (ICE e INS, por ejemplo). Una idea fija que, como es más que evidente, atenta contra el bien común y que profundizará más las “desigualdades crecientes de rentas y riqueza”.

“La democracia, cuando funciona como es debido, permite que los ciudadanos mantengan un debate colectivo sobre cómo repartir el pastel y decidan qué normas deben regir los bienes privados y cuáles los públicos”.

Este es el debate que, deliberadamente, el autoritarismo y el totalitarismo de mercado de la acción gubernativa actual, le ha negado a la ciudadanía costarricense. Cuando se polarizaron los vidrios del parlamento, para actuar a escondidas de la mirada cívica de la gente, es porque se está aplicando la dura sentencia del Exsecretario de Trabajo estadounidense: “el capitalismo acaba con la democracia”.

Para los fundamentalistas del libre mercado, su “santísima trinidad” (desregulación, privatización y recorte del gasto social), se impone bajo regímenes de gran autoritarismo. “La tiranía en la democracia”, frase que ya quedará como tristemente célebre del Presidente Arias, certifica el análisis de don Robert Reich. Nunca como en ninguna otra época de la historia republicana de Costa Rica, hay completa claridad de la necesidad que tiene la gente de defenderse, lo cual se ha vuelto consustancial con la defensa de la misma vida.

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Por eso mismo es que hacemos el más vehemente llamado a la ciudadanía patriótica y que detesta la corrupción política y gubernamental, para que apoyemos la movilización del próximo lunes 26, impulsada por las organizaciones laborales del ICE.

El robo del ICE, su asalto final, está a pocos días de consumarse, precisamente estando en la Presidencia de la República la misma persona que lo intentó veinte años atrás, cuando decretaron la entrega del sistema de telefonía celular a la transnacional Millicom, violentando la Constitución. Ahora, en el marco de esa susodicha agenda y atropellando toda la institucionalidad republicana, su peonada diputadil se apresta a legitimar ese robo, ese asalto.

Pese a que los dos proyectos de ley para robarse o para dar el asalto final al ICE no fueron votados en el referéndum sobre el TLC, insisten en manipular, en engañar a la ciudadanía. Para ello cuentan con la complicidad de la misma “gran” prensa que violó la tregua electoral los tres días antes del domingo 7 de octubre.

Es en tal marco de condiciones en que insistimos en el Derecho de Rebelión para que lo ejerzamos este lunes 26, a lo largo y a lo ancho del país, haciendo uso de las más diversas formas creativas de lucha cívica y pacífica, con toda contundencia.

Ellos han cercenado toda libertad de que podamos, en democracia, discutir y decidir si conviene o no conviene entregar el ICE a los gigantescos monopolios trasnacionales como el del señor Slim o el español. Nos negaron todo debate libre y democrático sobre la “agenda de implementación”.

“Hoy es muy claro que la libertad sin democracia no es libertad. Y que la democracia sin libertad, no es más que una dictadura disfrazada con voto y con urnas.”

La frase anterior es del Dr. Rodolfo Cerdas, destacado intelectual “libre de toda sospecha” para el régimen de “tiranía en la democracia” que ya estamos viviendo; cuando realizó una brillante intervención a propósito de la presentación de la obra del distinguido abogado don Fernando Guier, titulada “Elogio a la rebeldía”. Además, Cerdas hizo referencia a lo siguiente:

En 1776, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, consignó “…que siempre que una forma de gobierno tiende a destruir esos fines (la vida, la libertad y la consecución de la felicidad), el pueblo tiene derecho a reformarla o abolirla, a instituir un nuevo gobierno que se funde en dichos principios, y a organizar sus poderes en aquella forma que a su juicio garantice mejor su seguridad y su felicidad…”.

“…la humanidad está más dispuesta a sufrir, mientras sean tolerables sus males, que a hacerse justicia aboliendo las prácticas a que está acostumbrada. Sin embargo, cuando una larga serie de abusos y usurpaciones, dirigida invariablemente hacia el mismo objetivo, demuestra el designio de someter al pueblo a un despotismo absoluto, es su derecho, es su deber derrocar ese gobierno y establecer nuevas garantías para la futura seguridad”. Así lo dejaron escrito los padres fundadores de los Estados Unidos de América.

Nadie está hablando de derrocar al gobierno; sin embargo, tanto esfuerzo, de tantos años, generando tantos abusos y tantas usurpaciones dirigidos “invariablemente hacia el mismo objetivo” (entregar al ICE al capital transnacional), más que legitima nuestro Derecho de Rebelión contra ese objetivo. En el año 2000, por medio del Referéndum de la Calle, ejercimos ese Derecho de Rebelión y tuvieron que retroceder. Es claro que hoy nos sobra legitimidad para enfrentarlos de nuevo.

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”Ocupando lugares privilegiados en la galería del horror del TLC, tanto el convenio UPOV, rechazado por dos Asambleas Legislativas anteriores, como la ley de patentización, “Obtención de Especies Vegetales”, están diseñadas para darle el golpe de gracia a la producción y actividad agropecuaria costarricense y a una buena parte de la actividad agroindustrial nacional.

La aceptación de los productos subsidiados estadounidenses en el TLC, la desaparición de los insumos y agroquímicos genéricos y ahora UPOV, están diseñados para doblegar y saquear al pueblo costarricense a base del hambre, de la escasez alimentaria y de la miseria”.

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Este proyecto está lleno de barbaridades y de aspectos que difícilmente se pueden creer. Está dirigido a exterminar lo poco que queda de la agricultura nacional para que, de una vez por todas, se extinga el concepto de soberanía alimentaria y, por ende, reine el imperio de las transnacionales del comercio de alimentos.

Esta circunstancia nos convenció de que los agricultores nacionales tienen, también, que invocar el legítimo Derecho de Rebelión; para así acudir a todas las formas lucha que les permita librarse de un proyecto tan malévolo. Además, la ciudadanía patriota y conciente debe, a su vez, sumarse masivamente en apoyo de la agricultura nacional. Con una gran profundidad profesional y enorme seriedad, costarricenses distinguidos y honestos nos han ayudado a entender de qué se trata el proyecto UPOV. Una de estas personalidades es el Lic. José María Villalta, uno de los profesionales jóvenes más brillantes del país en estos momentos. De sus rigurosos estudios sobre este nefasto proyecto UPOV, extraemos las consideraciones siguientes. Se castigará, sin misericordia, a quienes se atrevan a usar semillas y partes de plantas patentadas sin pagarle a las transnacionales que se apropiaron de ellas. El Ministerio de Agricultura, creado inicialmente para dar asistencia y protección a los agricultores y desmantelado durante décadas, ahora debe dedicar personal y recursos cuantiosos para convertirse en policía de las patentes de las transnacionales. Es decir, no es sólo que se eliminaron todas sus funciones para ayudar al productor; sino que ahora, además, debe perseguir a los agricultores imponiendo sanciones y “medidas cautelares” a todos aquellos que usen semillas_ “falsificadas”_ o “ilegales”, sin permiso de las transnacionales. Se le otorga a estas transnacionales dueñas de las patentes sobre plantas, mayores derechos que los que tiene cualquier otra persona en Costa Rica. Incluso, se les da mayores derechos que los que tienen los pequeños agricultores y campesinos, para defenderse frente a grandes empresas que incumplen sus contratos con ellos.

Cuando se trata de proteger patentes de las transnacionales, no hay debido proceso ni derecho de defensa. Según esta ley, a un agricultor le pueden decomisar el fruto de su cosecha u obligarlo a suspender la asistencia o la cosecha de sus cultivos, en vía administrativa, sin derecho a una audiencia previa; y, sin que la transnacional que pida estas medidas, tenga que demostrar que el agricultor cometió una infracción. Si después el agricultor demuestra que estas medidas eran injustas o infundadas, él tendrá que pagar abogados e ir a los tribunales de justicia para ver si le pagan los daños causados. Daños que pueden ser irreversibles para los pequeños productores.

A petición de las transnacionales, se puede ordenar la destrucción de semillas o plantas, sus frutos y sus partes cuando éstas se consideren como “falsificadas” o “ilegales”. No importa que se trate de alimentos que se encuentran en buen estado. Este proyecto de ley está siendo “debatido”, en estos momentos y de manera atropellada, en la Asamblea Legislativa. Al quedar claro la perversidad, la maldad y el total espíritu anticristiano del proyecto UPOV, comprendemos las razones por las cuales el dictadorzuelo presidente legislativo ordenó poner vidrios polarizados en la barra del público. Es tal la ignominia que invade la conducta de los diputados del TLC, que temen ver a los ojos al pueblo que los eligió. La potencia cívica del Referéndum de la Calle, en consecuencia, debe expresarse en toda su dimensión, amplitud y profundidad.

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Y, una y otra vez y mil veces más, hay que indicar que eso lo estableció el propio Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), cuyo Presidente, el Magistrado Sobrado nos tilda ahora de “sediciosos”, por estar aclarando lo anterior, tal y como lo manifestamos en nuestro artículo de la semana anterior.

Estamos convencidos de que abunda legitimidad para enfrentar los proyectos de ley de esa “agenda de implementación”. Y creemos que, por tanto, debemos acudir al Derecho de Rebelión, que para nosotros constituye “una rebelión sin violencia, una rebelión organizada y con inteligencia, una rebelión donde la fuerza esté en el espíritu de los que luchan por una causa justa. Una rebelión que utilice las metodologías de lucha de la no-violencia activa para cambiar el rumbo de las cosas. Y cambiar el rumbo significa empezar a luchar contra el poder real, que es el poder económico”. Tal es la definición del Derecho de Rebelión, formulada por el humanista argentino Guillermo A. Sullings y que hoy hacemos nuestra.

Además, nosotros creemos que ese Derecho de Rebelión se ha de expresar a través del ejercicio cívico de la Democracia de la Calle y, más específicamente, del Referéndum de la Calle. Creemos en la movilización social pacífica y no violenta; y, para enfrentar la soberbia, la prepotencia, la exclusión y la tiranía institucionalizada de ese poder económico y su peonada diputadil de 38 votos, el Referéndum de la Calle será el mecanismo idóneo para la restauración de una democracia que ha sido vulnerada de manera inmisericorde.

Vulneración a la democracia que empezó desde el golpe de Estado técnico que significó la cuestión de la reelección presidencial; hasta la escandalosa complicidad del tribunal electoral del señor Sobrado, que permitió, entre otras barbaridades, el fraude mediático con la violación de la veda de propaganda electoral que hicieron “grandes” medios de prensa; prensa precisamente en manos de ese poder real, el poder económico, el mismo que ahora nos mandó a acusar de “sedición”.

Jamás aceptaremos, sin rebelarnos, esa ““agenda de implementación”:/article/la-agenda-de-implementacion-del-tlc-en-breve/” que entrega el ICE a la voracidad mercantil del hombre más rico del planeta. Jamás aceptaremos, sin rebelarnos, que lleven a la Caja a la quiebra financiera, pues dentro de tal agenda, está el proyecto que la obligará a comprar solamente los medicamentos de las grandes transnacionales farmacéuticas estadounidenses. Jamás aceptaremos, sin rebelarnos, porque somos cristianos, que esa “agenda de implementación”, convierta en negocio patentado las semillas de la vida humana y vegetal, algo de tanta monstruosidad que cuesta creer que haya costarricenses dispuestos a convertir en ley tal aberración.

Si para el magistrado Sobrado esto es “sedición”, pues que así sea. Si él se prestó a la argucia periodística del pasquín que publica, al día, ese poder económico para acusarnos, sepa que nos está dando una extraordinaria oportunidad para que se debata a nivel de opinión pública y en los estrados judiciales, la propia actuación del tribunal electoral que él preside; ese mismo tribunal que ha perdido toda credibilidad y toda confianza ante un elevadísimo número de costarricenses, como ya ha quedado comprobado. Ni hablemos de lo que significará esta acusación en el plano internacional.

Somos costarricenses de pura cepa. Somos hijos legítimos del gallo pinto, de la aguadulce y de la carreta con bueyes. Ese poder económico que controla la “gran” prensa, mucha de la cual es propiedad de y está dirigida por gente que no nació en nuestra adorada Tiquicia, debe saber que la lucha cívica del NO de la Patria seguirá adelante, bajo los valores cívicos del Derecho de Rebelión y de Democracia de la Calle. Así quedó constando en la magna asamblea de patriotas del pasado sábado 27 de octubre. Actuaremos en consecuencia.

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Pese a que su tribunal electoral (ese que les ayudó tanto para que obtuvieran el “gane” del referéndum sobre el TLC), les indicó que las denominadas leyes de implementación no se votaron el 7 de octubre; el régimen de los hermanos Arias Sánchez pretende fundirlas en un solo proyecto para, de un porrazo, aprobarlas lo más rápidamente posible, cometiendo un nuevo acto de asalto a la democracia. Los escuderos gobiernistas en el parlamento, el partido de los casinos y las casas de apuestas, han tomado la iniciativa, dando la señal de salida de esa carrera loca hacia la confrontación social abierta.

Así tenemos que, entre varios proyectos de esa “agenda de implementación”, la entrega del ICE y del INS, junto con la Caja (propiedad intelectual-medicamentos), se fundirán en un único proyecto de ley, al que ya podemos denominar el Megacombo. Es tal la desesperación de los grupos económicos poderosos de la campaña del miedo por realizar sus esperados negocios con ese suculento patrimonio público, que parece se decidirán por una iniciativa legal de semejante calibre. Sin duda alguna, esto constituye una provocación de incalculables proporciones contra la propia institucionalidad que ellos dicen defender y contra la misma paz social.

En consecuencia, nosotros estimamos que el derecho de rebelión contra semejante ataque a la civilidad no podrá ser eludido por la conjunción de fuerzas cívicas que, a lo largo de los últimos años y por diversas maneras, nos resistimos a la entrega de la Patria, a la voracidad mercantil del más rancio capital oligarca centroamericano que ya comanda los destinos de Costa Rica, en alianza de negocios con sus pudientes socios locales.

Y es que, efectivamente, los hermanos Arias Sánchez (particularmente el que funge como Presidente de la República), deben una explicación abierta a la ciudadanía de sus relaciones con personajes centroamericanos de gran poderío económico como el guatemalteco Dionisio Gutiérrez, el salvadoreño José Ricardo Poma, el panameño Stanley Motta, el nicaragüense Jaime Montealegre Lacayo, entre otros.

Todos ellos están presuntamente asociados en una firma de negocios denominada “Mesoamerica Investments”, junto con el costarricense Rodolfo Jiménez Borbón (Grupo Nación GN S. A.). Este grupo de negocios, “Mesoamérica Investments” ya tiene inversiones en telecomunicaciones en los otros países centroamericanos y aspira a incursionar en Costa Rica, una vez que el “megacombo” (que incluye las leyes de implementación para la privatización-apertura del ICE), logren aprobación legislativa.

Estos datos, dados a conocer por la prestigiosa publicación periodística Semanario Universidad, explican una de las poderosas motivaciones de la monstruosa campaña del miedo desarrollada en los tres días antes del referéndum, en lo que constituye ya la más grande operación psicológica de propaganda mentirosa y manipuladora jamás desplegada en un proceso electoral costarricense.

Razón tenía el Presidente del Grupo TACA-Costa Rica, el Dr. Fernando Naranjo Villalobos, cuando en un correo interno dirigido a su personal indicó (el viernes 5, dos días antes del referéndum), que “lamentablemente si la decisión fuera No ratificar el TLC, TACA se vería obligada a revisar sus planes de expansión en el país para los años siguientes”. Un claro ejemplo de lo que sucedió en muchas empresas privadas

Indudablemente que estamos más que legitimados para ejercer el democrático y civilista Derecho de Rebelión, con el fin de oponernos a las denominadas “leyes de implementación del TLC”, ahora que serían fundidas en un único proyecto, el megacombo.

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Este “triunfo”, en consecuencia, no tiene la necesaria legitimidad inherente a un proceso electoral limpio, cristalino, equitativo, justo y, sobre todo, libre. No es legítimo. Solamente tienen un pírrico resultado cuantitativo a su favor. Nosotros obtuvimos un triunfo en la “derrota”. Ellos cargan con el peso de una derrota en su “triunfo”.

El terrorismo ideológico, la agresión psicológica y el acoso mental que hasta momentos antes de la votación sufrieron miles de votantes, le quitó al proceso su condición libre. La operación de propaganda, al estilo nazi, montada tres días antes de la votación a través de varios medios de prensa oligárquicos (incluso uno televisivo de propiedad mexicana), así lo confirma para la historia.

Por ejemplo, el_ “avanzar o frenar”_, titular de portada del pasquín oligárquico en su edición del día del referéndum, fue un verdadero volante de propaganda de ellos. Sin duda alguna, la irrupción del terrorista y torturador Bush, de la Casa Blanca y de CNN en Español, mostró el despliegue de un operativo de inteligencia para la intimidación psicológica de la población; algo completamente nuevo para el pueblo costarricense, pero que ya han sufrido otros pueblos latinoamericanos cuando se han propuesto transitar caminos soberanos.

Por eso es que nada celebraron. No tenían razones para celebrar. Ética y moralmente el triunfo no fue de ellos. Además, el pueblo votó sobre el TLC, única y exclusivamente. El referéndum no era sobre la llamada “agenda de implementación”. El mismísimo Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), ese que tanto les ayudó con su descarada parcialización, así lo reconoció por boca de su máximo jerarca, el magistrado Sobrado, cuando en entrevista, el domingo 30 y para el principal periódico de ellos afirmó que, “lo que se pretende llevar al referendo es el TLC, no la agenda de implementación”. Así que ni uno solo de los trece proyectos de esa agenda, se votó el domingo 7 de octubre. Quedamos completamente legitimados para rebelarnos contra tales proyectos.

Tenemos, pues, el camino completamente libre para oponernos a esa agenda. Debemos hacerlo con toda contundencia, por todas las formas posibles, típicas y atípicas. Nuevos escenarios de lucha quedaron completamente abiertos y ahora muchos más legítimos que cuando nos tildaban de “cuatro gatos”.

Cuantitativamente somos tres cuartos de millón (así quedó certificado en las urnas), pero de corazón somos muchos más, puesto que la infame campaña del miedo “alejó” a muchos compatriotas de la senda del bienestar de la Patria; “alejamiento” que será momentáneo.

Por tanto, no tienen mandato suficiente como para cambiar por sí solos el modelo solidario costarricense, nuestro Estado Social de Derecho. ¿Qué tienen, entonces?… Una prensa oligárquica completamente prostituida y desacreditada; una fracción parlamentaria gobiernista desprestigiada con diputados y diputadas que fueron derrotados en el referéndum en sus propias comunidades; como el “lazarillo” de los Arias (en Pérez Zeledón), o la verdadera jefa de fracción de la bancada parlamentaria oficialista (en San Ramón); un “triunfo” pírrico; y, un gobierno que renquea porque la alianza que lo sustenta (_“Plusc”_ más las turecas) tuvo muchos menos votos el 7 de octubre que los obtenidos en las elecciones del 2006.

¿Es eso suficiente?… ¡NO!. El empate de fuerzas sigue vigente. Además, de acuerdo con el universo electoral, siete de cada diez ticos no votaron por el sí. Ellos van para atrás. Nosotros vamos para adelante, con toda ética y moral, con la fuerza de la razón y con un poder ciudadano en indetenible crecimiento.