Categoría: Opinión

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Este martes 28 de junio, el pueblo trabajador (asalariado o no), tuvo que pagar más porque subió la tarifa de bus, aunque se anunció, prácticamente al mismo tiempo, una reducción en el precio de los combustibles. ¿Quién gana aquí? La respuesta es más que obvia.

El pasado lunes 27, el gran empresariado “ofreció” un 1% para un reajuste extraordinario en el salario mínimo pagado a la clase trabajadora del sector privado, asunto que se está “debatiendo” en el seno del Consejo Nacional de Salarios (CNS), órgano de composición tripartita (cámaras-Gobierno-sindicatos); considerando el alza incesante en el costo de la vida en lo que va de este año 2022 y cuyo porcentaje inflacionario para la mitad del año se acerca al 9%.

Y todavía osan impulsar más explotación laboral con el funesto proyecto de jornadas 4-3, siendo que es la malnutrición y el hambre lo que está imperando en el seno de los hogares de salario mínimo. En el caso del sector laboral que trabaja para el Estado, su situación económico-financiera va en picada hacia deterioros del poder de compra del salario jamás pensados. 

Una parte del mismo, totalmente minoritaria, la sigue pasando bien (por ejemplo, la alta cúpula político-gerencial y tecnocrática de los tres poderes y el resto de la institucionalidad republicana); y quienes dentro de esta cúpula estaban mal pagados, ministros-ministras y sus respectivos vices, se les aumentó, de un solo tiro, un 100%. Lo realmente injusto y dramático es que la gente de ingresos salariales medios y bajos que constituyen la abrumadora mayoría del personal de la Administración Pública del país, la está pasando muy mal.

Durante una reunión que nos concedió el Sr. Presidente, don Rodrigo Chaves Robles, en la propia Casa Presidencial, el pasado jueves 12 de mayo, le comentamos que por los graves retrocesos que está experimentando la sociedad costarricense en materia de desigualdad y de exclusión económico-social, nuestra impresión es que Costa Rica está sentada en un barril de pólvora.

De 1982 a 2022, período de 40 años, las administraciones gubernativas anteriores (5 del PLN, 3 del PUSC y 2 del PAC), dejaron al país en estado calamitoso con una deuda pública (impagable, decimos nosotros), cercana a los 50 mil millones de dólares ($50.000.000.000). Y, para nuestra sorpresa, el mandatario nos corrigió inmediatamente: ¡él afirmó que son varios barriles de pólvora en los que Costa Rica está sentada! Él y su gobierno recibieron a Costa Rica en total desastre. 

¡Tiene razón el Sr. Presidente! Estamos sentados en varios barriles de pólvora. ¿Cuántos? Veamos: Se dice que bajarán el precio de los combustibles, pero no bajarán los precios de los artículos y servicios de consumo básico (no hay mejor ejemplo ahorita que el de las tarifas de autobús). Un 1% de incremento extraordinario en el salario mínimo cuando la inflación se acerca al 9% a mitad del año. Esto es prácticamente un congelamiento salarial para el sector privado que pinta de extrema gravedad, como el que ya se manifiesta en el público; al cual, por cierto, le quieren imponer un congelamiento brutal por al menos una década, sino más, con la imposición de la inconstitucional Ley Marco de Empleo Público.

¿Cómo explotarán esos barriles de pólvora? ¿A nivel sectorial, regional y/nacional? Son potenciales estallidos sociales y Costa Rica ya los ha tenido recientemente: revisen lo que pasó en los años 2018, 2019 y 2020.

Una eficaz estrategia preventiva se impone, pero la misma pasará por desafiar, sino todos, algunos contenidos del modelo hegemónicamente dominante en lo político y en lo económico, de forma tal que el egoísmo de la plutocracia reinante no termine de imponerse para desventura de la Democracia misma.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

El señor Ministro de Hacienda, don Nogui Acosta Jaén, pegó el grito al cielo porque una “rebajita pequeñita” en el impuesto único a los combustibles, como la que van a tramitar en la Asamblea Legislativa, le generaría al fisco, dice él, una disminución de 6 mil millones de colones (₡6.000.000.000). Sería una reducción simbólica, como de 15 colones por litro y durante unos seis meses. ¡Vaya tomadura de pelo a la gente!

Sin embargo, el punto del presente comentario no es ese. Queremos centrarnos (una vez más de los cientos de veces en que hemos tratado el asunto), en que el problema número uno de Costa Rica, en materia de finanzas públicas, es la existencia y persistencia de un sistema tributario que es doblemente perverso: es totalmente injusto y está muy corrupto.

Este criterio nuestro recibió un espaldarazo político inesperado para nosotros y es que el actual Presidente de la República, don Rodrigo Chaves Robles, durante la conversación que con él tuvimos el privilegio de sostener el pasado jueves 12 de mayo y en la propia Casa Presidencial, nos reconoció que en nuestro país el fraude fiscal-tributario, ¡por año!, es del orden de los ¡TRES MIL SEISCIENTOS MILLONES DE DÓLARES! Lo hemos escrito entre signos de admiración y en letras mayúsculas para dimensionar la terrible magnitud de este crimen social que es el robo de impuestos en Costa Rica.

Este robo de impuestos de $3.600.000.000 por año, según la denuncia presidencial que les estamos comentando, equivale a que, en un semestre, la cifra sería de $1.800.000.000 (mil ochocientos millones de dólares).

Si esos $1.800.000.000 lo multiplicamos por 700 colones (valor del dólar que anda ya cercano a esta cantidad), entonces nos da ₡1.260.000.000.000 (UN BILLÓN 260 MIL MILLONES DE COLONES).

Don Nogui -repetimos-, se pegó una llorada porque la “rebajita pequeñita” que definirían en la Asamblea Legislativa al impuesto único a los combustibles, que sería temporal (seis meses), le quitaría a las finanzas públicas 6 mil millones de colones.

Pero, don Nogui, ¡vea usted!: en esos mismos seis meses, el robo de impuestos sería de ₡1.260.000.000.000 (UN BILLÓN 260 MIL MILLONES DE COLONES).

Y esta inmensa cantidad que debería entrar al fisco si tuviéramos otro sistema tributario, es, oiga usted don Nogui, 210 veces los 6 mil millones de colones que dice usted le harán falta por la “rebajita temporal en el precio único a los combustibles”. Conste, Sr. Ministro de Hacienda, que estos cálculos parten de un dato de procedencia presidencial. ¡Nada más y nada menos!

Por supuesto que nadie espera (mucho menos nosotros), que el robo de impuestos desapareciera en un 100%. Pero es que, don Nogui, ¡no se hace algo! Y el ministerio bajo su dirección, y usted lo sabe muy bien, no tiene como principal característica una transparencia absoluta en materia de gestión de cobro de tributos, dicho de manera elegante.

Los 3 mil seiscientos millones de dólares anuales que representa el robo de impuestos en Costa Rica, no solamente equivalen a 210 veces los 6 mil millones de colones que le preocupan a don Nogui; sino que, equivalen a, prácticamente, ¡SIETE MIL MILLONES DE COLONES DIARIOS! (₡7.000.000.000).

Su llorada, don Nogui (dicho con respeto), por esos 6 mil millones de colones que el fisco “perdería” por la “rebajita temporal” en el precio de los combustibles, usted los recuperaría en un solo día sin evasión fiscal y, por el contrario, le “sobrarían” mil millones de colones.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

43 mil millones de dólares es la cifra que nosotros manejamos del monto total de la deuda pública del país, al terminar la funesta gestión gubernativa de Carlos Alvarado Quesada, 2018-2022.

Esta gigantesca cantidad de deuda pública se acumuló durante los últimos 40 años, 1982-2022, en las sucesivas administraciones gubernativas cuatrienales. 

Cinco corresponden al Partido Liberación Nacional (PLN), 3 al Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y dos a Acción Ciudadana (PAC).

Según los esquemas macroeconómico-fiscales de ideología neoliberal, esos 43 mil millones de dólares llegaron a representar un 68% del Producto Interno Bruto (PIB), razón por la cual se encendieron las luces rojas en los mercados financieros que tienen el control fundamental de los gobiernos; y, por tanto, llegó la hora de “pagar” semejante deuda pública. Pero, ¿a quién se la están cobrando? Es esta la cuestión medular a la que hay que entrarle.

Desde la acera de lo obrero-social y popular, en la cual vivimos y pensamos, hemos estado pegando el grito al cielo por considerar una monstruosidad que los poderes dominantes hayan decidido que sea el pueblo trabajador el que pague.

Por ejemplo, las personas trabajadoras que laboran para la Administración Pública del país han sido “sentenciadas” a pagar. ¿Cómo? Con la Ley Marco de Empleo Público que entrará en vigencia el 9 de marzo de 2023. Sufrirán un congelamiento salarial total pues quedó prohibido reconocerles cualquier tipo de incremento salarial, ni siquiera los reajustes mínimos por costo de vida. ¡Ni un cinco por tal causa! Estamos tratando de que tan perversa legislación no entre en vigencia.

Los grupos familiares que dependen del ingreso salarial por prestarle servicios al Estado, mediando quienes trabajan para el mismo, deberán esperar a que la relación deuda pública-Producto Interno Bruto (PIB), llegue hasta el 60%. Y eso tardará, al menos, 10 años. ¡Sí! Una década. Es decir, que tendrían un reajuste por costo de vida hasta el año 2033. Si nos va bien…

Esto no es sostenible bajo ningún punto de vista. Ni en lo moral ni en lo ético. Tampoco en lo social. Este congelamiento salarial total y radical para el empleo público, a no dudarlo, va a alimentar tensiones sociales de diverso orden y no se puede descartar que aporte para un impactante estallido social, al juntarse con otras problemáticas de exclusión económica y social que ya están sufriendo grupos de compatriotas condenados al desempleo, a la marginalidad, a la delincuencia, al hambre, a la pobreza total.

Se estima que un 75% de esos 43 mil millones de dólares de deuda pública es deuda pública interna. Y que gran parte de la misma es a nivel del mismísimo Estado. Razón de más para encontrar soluciones alternativas para el manejo de esta deuda pública interna con menos fundamentalismo extremista neoliberal y, por ende, con visiones humanistas y hasta de carácter preventivo; ¿preventivo de qué? De estallidos sociales sectoriales, regionales y hasta nacionales.

No vamos a cesar de plantear este grave problema. Hay un gran poder que impide que se aborde el mismo. Albergamos que las fuerzas sanas de nuestra sociedad, político-partidistas y civiles, pueden conjuntarse alrededor de esta gigantesca dificultad.

En lo inmediato, deseamos que cada persona trabajadora empleada pública comience a imaginarse cómo será su vida y la de su familia, sin un cinco partido por la mitad de reajuste por costo de vida durante la próxima década a partir de 2023; congelamiento salarial total al que ya vienen sufriendo en los últimos cuatro años.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

¡Atención, señores del FMI que están de visita en el país en estos momentos!: 6 mil 300 millones de dólares ($6.300.000.000) es el monto aproximado del robo de impuestos en Costa Rica, de la evasión fiscal en todas sus variables y de la elusión tributaria en sus más “creativas” formas.

Fue el propio y actual presidente de la República, don Rodrigo Chaves Robles, la persona que nos proporcionó ese impactante dato. Ocurrió el pasado jueves 12 de mayo, en reunión con varios representantes sindicales y en la mismísima Casa Presidencial. Quien escribe esto estuvo ahí. Estaban cuatro señoras ministras de Estado: las de Presidencia, de Trabajo, de Educación y de Planificación.

Además, quienes ocupan las dos vicepresidencias del país y uno de los viceministros de la Presidencia.
6 mil 300 millones de dólares anuales en robo de impuestos, señores del FMI, representan, en promedio 300 millones de dólares por mes; o bien, unos 10 millones de dólares diarios.

Y en esa reunión, el actual mandatario costarricense nos indicó que en cuanto a exenciones y exoneraciones impositivo-tributarias, las cifras son parecidas.

Es decir que, al juntar las cifras de evasión fiscal y de elusión tributarias, con las de las exenciones y exoneraciones, mínimamente, estamos hablando de 14 puntos del Producto Interno Bruto (PIB).

¡Atención señores del FMI! Ustedes fueron “embaucados” por el estafador político que estaba en la Presidencia de la República cuando el gobierno de éste y su camarilla de extremistas neoliberales propusieron la ahora Ley Marco de Empleo Público como “piedra angular” de un ajuste fiscal para que se desembolsara el primer tracto del famoso préstamo de 1.778 millones de dólares que el FMI le daría al país para evitar un inminente “default”.

Deben saber ustedes que los salarios de las personas trabajadoras asalariadas del sector Público nunca han sido responsables del déficit fiscal. Está más que demostrado. Nos hemos encargado de ello en los últimos tiempos. Por eso estamos demandando que tan perversa legislación no entre en vigencia.

Primero, porque no representa mayor impacto en el problema del déficit fiscal, mucho menos en el corto plazo. Segundo, porque comete graves injusticias y generará mayores niveles de empobrecimiento y de exclusión económica, dándole un lamentable impulso a la entronización definitiva de la desigualdad en el país la cual viene en ascenso. Y, tercero, porque expone al Estado costarricense a una enorme cantidad de demandas individuales y/o colectivas en las cortes internacionales de Derechos Humanos, lo que podría generar multimillonarias sumas de recursos fiscales en indemnizaciones.

Deben tener presente ustedes, señores del FMI, que la ahora Ley Marco de Empleo Público fue la culminación de una operación plutocrático-mediática de lo que hemos denominado el periodismo de odio, desplegándose la más infame campaña de agresión psicológica y de terrorismo ideológico jamás desplegada contra grupo social alguno, desde la fecha de entrada en vigencia de la actual Constitución Política de Costa Rica, el 7 de noviembre de 1949.

Deben ustedes saber señores del FMI que al nuevo Gobierno le hemos planteado lo siguiente: “Instalar una comisión de especialistas, de procedencia multisectorial, misma que debe determinar la certeza del impacto fiscal real de dicha ley en el escenario fiscal integralmente comprendido a mayo de 2022. No confiamos en las cifras de Mideplan generadas durante la atropellada tramitación parlamentaria de esta ley”. Estamos esperando respuesta.

Finalmente, hay que reiterar que voces públicas muy autorizadas siempre argumentaron, con planteamientos sólidos, que Costa Rica nunca debió haber sido “embarcada” con un convenio con el FMI.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

¡Lo planteamos de manera contundente! La Ley Marco de Empleo Público debe desecharse. No debe entrar en vigencia. Así se lo planteamos a la representación gubernamental con ocasión del evento denominado “Mesa Técnica de Escucha sobre las implicaciones legales de la Ley Marco de Empleo Público 10.159”, convocado por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan).

Esto ocurrió el pasado lunes 6 de junio.

Solamente tuvimos diez minutos de exposición. Sin embargo, entregamos un documento elaborado con seriedad y con responsabilidad. Pese a ello, demasiados argumentos hemos planteado desde que, por vez primera, de manera pública, empezamos a abordar el tema, allá por 2014, cuando nos percatamos de que la tal reforma del Empleo Público venía contaminada de contenidos antiobreros y potenciada por las principales matrices mediáticas del periodismo de odio.

Desde el propio principio de la indicada conjura antiempleo público, hemos respondido con visión de clase, de clase trabajadora, contraria a la visión totalitaria y totalitarista del neoliberalismo.

En el evento en mención resaltamos, en tan corto lapso, diez requerimientos fundamentales si, en verdad, hubiese voluntad política de construir el futuro del empleo público en Costa Rica sin las ataduras ideológicas de un enfoque de extremismo fiscal, como lo representa esta perversa Ley Marco de Empleo Público, No. 10.159. Por ejemplo: Instalar una comisión de especialistas, de procedencia multisectorial, misma que debe determinar la certeza del impacto fiscal real de dicha ley en el escenario fiscal integralmente comprendido a mayo de 2022. No confiamos en las cifras de Mideplan generadas durante la atropellada tramitación parlamentaria de esta ley.

Se requiere la conformación de una comisión de especialistas, de alta solvencia moral, también de procedencia multisectorial, la cual debe puntualizar las evidencias de potencialidades inconstitucionalidades presentes en esta ley. Además, debe esclarecerle al Gobierno los riesgos de diverso orden para el Estado, producto de la acción de miles de litigantes en el escenario internacional de los tribunales de Derechos Humanos. En este sentido, ANEP se viene preparando con mucho cuidado y con la asesoría experta requerida.

Hay que desechar, radicalmente, la pretensión maligna de esta ley de imponer un congelamiento salarial por 10-12 años, lo cual no solamente es alimentar un estallido social de imprevisibles consecuencias, sino que conspira con las posibilidades de un proceso sostenido de reactivación económica que tiene en el mercado interno enorme potencial, pero en relación directa con el poder de compra-adquisitivo de los salarios. Además, es éticamente imposible de justificar, partiendo de que la clase trabajadora asalariada del sector Público (y también su homóloga del sector privado), no es evasora de sus responsabilidades tributarias. Debe establecer como Política de Estado los contenidos de la Opinión Consultiva 5-27 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), relevante instrumento del Derecho Internacional y de obligada observancia y cumplimiento para Costa Rica que resalta los estratégicos roles democráticos de la Libertad Sindical y de la Negociación Colectiva, para lo cual la entidad líder debe ser el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

La entrada en vigencia de esta perversa ley está señalada para el 9 de marzo de 2023. Pensamos que algo tiene que pasar antes para evitarlo.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

“La deuda pública es el negocio más grande en el país y me atrevería decir que no hay uno privado más rentable”, comentó el economista Fernando Rodríguez Garro en Semanario Universidad.

En los últimos cuatro meses de este año 2022 (enero, febrero, marzo y abril), la deuda pública aumentó en 1 billón 400 mil millones de colones (1.400.000.000.000). Es decir, creció a razón de ¡11 mil 666 millones ₡ diarios!

Al mes de mayo, la deuda pública estará en, prácticamente, 43 mil millones de dólares ($43.000.000.000). Consideremos que ya estamos a 700 colones por dólar, entonces esa gigantesca cantidad en moneda estadounidense, equivale a 30 billones 100 mil millones de colones costarricenses: 30.100.000.000.000. ¡Una verdadera locura!

Ahora, tomemos en cuenta que ya somos 5 millones 300 mil costarricenses; entonces, cada persona viva tica, sin importar su edad, estaría “debiendo” unos 5 millones 680 mil colones (₡5.680.000).

La cuantía de lo que a usted “le toca pagar” de esa deuda pública crecerá, día con día, no solamente porque nos van a seguir llevando por esa perversa vía; sino que, al subir el precio del dólar con relación al colón, la deuda pública “suya”, también aumentará.

Si al momento de que usted lea este comentario, está naciendo un nuevo compatriota en algún centro de salud del país, ya viene esta personita con ese monto de “deuda pública” en sus espaldas.

El problema empezó a generarse hace unos 40 años. Ocho son las sucesivas administraciones gubernativas responsables de semejante desastre. Del año 1982 al 2022 tuvimos 3 gobiernos del Partido Liberación Nacional (PLN), 3 del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), así como 2 del Partido Acción Ciudadana.

Es muy necesario establecer cómo fue evolucionando la deuda pública en cada uno de esos ocho gobiernos. Al menos, nosotros no tenemos ese detalle y agradeceríamos si alguna persona o entidad (pública o privada), lo posee para que nos lo comparta.

Ahora volvamos al comentario del ya citado economista con el cual iniciamos este artículo: “La deuda pública es el negocio más grande en el país y me atrevería decir que no hay uno privado más rentable”. ¿Quién o quiénes han estado ganando con este negocio? ¿Cuál es la poderosa razón por la cual las sucesivas administraciones gubernativas citadas eluden entrarle, de fondo, al problema? ¿Cómo fue que llegamos hasta aquí, al borde del precipicio?

Es más que obvio que si el fraude tributario-fiscal anual, en todas sus manifestaciones y modalidades, es del orden de los 3 mil 600 millones de dólares (cifra que nos dio, personalmente, el propio Presidente Chaves), entonces aquí está una de las razones fundamentales del problema de la deuda pública.

Hablamos de 300 millones de dólares al mes, es decir, 210 mil millones de colones (210.000.000.000); o sea, un medio punto porcentual del Producto Interno Bruto (PIB). ¡6 puntos PIB al año!

Llevamos tiempo insistiendo en este grave problema y, particularmente, en la necesidad de que se efectúe una Auditoría Ciudadana de la Deuda Pública.

El ahora Presidente de la República, como candidato, indicó en su oferta de campaña que disminuiría los intereses de la deuda pública. El pago diario de los mismos es de una cuantía realmente obscena, a juicio de la “zarina” del sistema financiero costarricense, la señora Rocío Aguilar Montoya.

Todo esto de la deuda pública, incluyendo su obsceno pago diario de intereses es el más importante tema de la política nacional de corte tradicional. Pero es un tema tabú al que hay que entrarle muy fuertemente. Por eso es que el economista don Fernando Rodríguez Garro dijo que no hay negocio privado más rentable en la Costa Rica de hoy que el de la deuda pública.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

El altísimo precio de los combustibles, especialmente el de la gasolina y del diésel, está golpeando durante las economías familiares de los hogares de la clase trabajadora, asalariada o no asalariada; tanto como las actividades productivo-comerciales, especialmente las de las micro, pequeñas y medianas empresas. Estas conforman la mayoría de lo que se conoce como el parque productivo del país.

Acabamos de decir una verdad del tamaño de la catedral. Nada nuevo bajo el sol. Todo el mundo lo sabe. Sin embargo, desde nuestra perspectiva obrero-social, la raíz fundamental del altísimo precio de los combustibles es por la carga tributario-impositiva que pesa sobre los mismos. Un impuesto radicalmente injusto por su carácter regresivo. ¡No es Recope!

Es decir, en la bomba suministradora de combustibles, el dueño del carrito-cacharpita, el del auto más o menos bonito o bueno, el propietario del vehículo de carga fundamental para su trabajo cotidiano; pagan el mismo precio del litro de gasolina o de combustible que el propietario de un lujosísimo automóvil, de esos que circulan por las carreteras del país, exhibiéndose como una de las muestras más claras y contundentes de la sociedad desigual costarricense de la actualidad.

Además de tal circunstancia, el impacto que implica para el valor de cada litro de combustible el impuesto único es, por supuesto, diametralmente opuesto en uno o en otro caso. Hasta aquí, nadie podrá estar en desacuerdo de lo que hemos planteado.

Entonces, ¿cómo atacamos tanta desigualdad y tanta injusticia que se muestra en cada bomba de combustibles del país? Pero, atacándolas de raíz. Los diputados y las diputadas de la actual Asamblea Legislativa deben derogar, ¡sí!, eliminar el impuesto único a los combustibles; y, a la vez, fijando las fuentes alternativas para que el Gobierno reciba la misma cantidad de plata que tal tributo le produce al día, al mes y al año, pues, efectivamente, llevan razón las actuales autoridades ejecutivas del país que pegan el grito al cielo reclamando cómo repondrán esos dineros que, de manera inmisericorde, le han venido quitando a la gente común, especialmente la del sector trabajador, hace ya bastantes años.

La plata que “perdería” el Ministerio de Hacienda si se deroga el impuesto único a los combustibles se puede coger de estas fuentes “vírgenes”:

Uno: De los 3 mil 600 millones de dólares que, al año, se roban en impuestos en el país en las actividades corporativo-productivas y financieras de los sectores empresariales de gran poderío económico. Esta cifra es dada por el propio Presidente de la República, don Rodrigo Chaves Robles. La actual Asamblea Legislativa puede desempolvar el informe Los papeles de Panamá, emitido en el período parlamentario 2014-2018, el cual cita, una a una, medidas para recuperar parte de esa plata. Y no significa crear nuevos impuestos, ni siquiera para los súper-ricos.

Dos: Cada mes, el Ministerio de Hacienda debe desembolsar 240 mil millones de colones (240.000.000.000), por el pago de los intereses obscenos de la deuda pública (se pagan 8 mil millones de colones diarios). En el Programa de Gobierno que el hoy mandatario Chaves ofreció a la ciudadanía para que le eligieran, este asunto quedó planteado. En este caso de la gravedad socioeconómica que amenaza la paz social, como lo es el alto precio de los combustibles, se justifica, política y moralmente, entrarle a este tubo abierto de las finanzas públicas para, coger recursos (vía renegociación del pago de esos intereses), que sustituyan los que se eliminarían si desaparece el detestado impuesto único.

Pero, ¿Cuánto recauda el gobierno por tal tributo? En promedio, 60 mil millones por mes, ¡apenas un 25% de la carga mensual de los intereses obscenos de la deuda pública! Y, más o menos, un 30% del monto mensual del robo de impuestos. ¡Hay soluciones! Pero falta voluntad política y, por supuesto, se necesita muchísima fuerza social.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Ante la crisis social y económica que está en desarrollo en nuestro país, derivada de los altísimos precios de los combustibles, producto de la alta carga tributaria (impuesto único), que pesa sobre los mismos, el Presidente de la República, don Rodrigo Chaves Robles, indicó que se va a eliminar el subsidio al asfalto que venía favoreciendo a las diversas empresas constructoras, especialmente las involucradas en el sonado caso “Cochinilla”.

Estamos seguros de que la inmensa mayoría de personas propietarias de todo tipo de vehículos ni idea tenían de que, cada vez que iban a la bomba de gasolina y compraban combustible, el precio a pagar incluía 8 colones por cada litro adquirido; dineros que se destinaban para financiar la compra de asfalto para empresas constructores como MECO y H Solís.

El respetado y prestigioso medio de prensa Semanario Universidad, al informar sobre la indicada decisión presidencial, muy acertada, por cierto, recordó que ya había denunciado esta situación desde el mes de julio del año pasado 2021.

Universidad denunció que ambas empresas recibieron tal tipo de financiamiento por una cantidad anual de casi 5 mil millones de colones (4.780 millones para ser exactos), mediante ese impuesto de 8 colones incluido en el valor de cada litro de combustible que usted, honorable persona lectora de este comentario, pagaba en la bomba, como propietaria de un vehículo.

La indicada publicación nos dice que en el período comprendido entre los años 2017 y 2020, la cuestionada medida que el propio Presidente dice, ahora, que debe desaparecer, alcanzó un monto de subsidio superior a los 18 mil millones de colones (18.000.000.000). Es decir, tal cantidad de dinero y en ese período, se la sacaron a usted, en la bomba de suministro de combustibles, cada vez que acudía a llenar el tanque.

Tal cifra, según Universidad, es elaboración propia con base en datos aportados por el Ministerio de Ambiente y Energía y por el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).

Fue en la administración gubernativa de Luis Guillermo Solís Rivera que tal impuesto se decretó, en enero del año 2016.

Ahora bien, ¿cuál es nuestro punto central aquí): Que el denominado impuesto único a los combustibles es de los más inequitativos de la perversa estructura tributaria costarricense; y, “compite” en injusticia con el impuesto al valor agregado (IVA), establecido en el 2018, dentro de la no menos injusta ley del combo fiscal.

Que el sencillo automovilista, integrante del amplio conglomerado mayoritario de la población costarricense (los sectores populares, trabajadores y la clase media); subsidiaria la actividad empresarial de las mega-constructoras mencionadas, en esto de la compra de asfalto, es un acto de gran inmoralidad política, más allá de la injusticia.

Nos preguntamos: ¿es que un mínimo resarcimiento ético para tanto compatriota agredido, económicamente, por ese subsidio, no merecería que la actual Asamblea Legislativa llame a dar explicaciones políticas al hoy exmandatario Luis Guillermo Solís Rivera y a su ministro del MINAE, co-firmante del decreto que lo estableció, el señor Edgar Gutiérrez Espeleta?

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

3 mil 600 millones de dólares es la cifra aproximada que, ¡por año!, se roban en Costa Rica las personas y las empresas que roban impuestos. ¡Sí!, roban impuestos porque la evasión tributaria y el fraude fiscal no es más que eso: vulgar robo de impuestos que, desde un punto de vista sociológico, es un crimen social. 3 mil 600 millones de dólares, en cifras se escribe así: $3.600.000.000.

3 mil 600 millones de dólares convertidos a colones, al tipo de cambio de la actualidad, 671 colones por dólar, nos indica esta monstruosísima cantidad: 2.415.600.000.000. ¿Le costó leerla? ¡A mí también! Es así: 2 billones 415 mil 600 millones de colones.

Si tomamos esta gigantesca cantidad de plata y la relacionamos con la categoría económica denominada Producto Interno Bruto (PIB), tenemos que, en la práctica, 6 puntos PIB al año, se va en robo de impuestos; 6 puntos PIB al año es la plata que no llega a las arcas del Estado-Ministerio de Hacienda. Hablamos de que, al término del año 2021, un punto PIB equivalía a unos 400 mil millones de colones (400.000.000.000). Datos del Banco Central de Costa Rica (BCCR).

3 mil 600 millones de dólares de robo de impuestos, ¡al año!, es dato que nos dio el mismísimo Presidente de la República, don Rodrigo Chaves Robles, durante la reunión que con él sostuviéramos, en Casa Presidencial, el pasado jueves 12 de mayo. ¡Mejor fuente no se podía tener! Sus antecedentes profesionales como funcionario de la banca internacional le dan la credibilidad necesaria. Pero, además, ya se venía hablando de este estratosférico fraude tributario hace ya bastante tiempo (en cuenta, nosotros mismos).

Pero, los que han podido actuar para corregir este crimen social, nunca han hecho nada. Nunca han querido hacer nada. Hoy, al inicio del presente gobierno, hay que lanzar la más fuerte acusación cívica jamás formulada en contra de la corrupta clase política que durante las últimas ocho administraciones han sido cómplices de este crimen social.

Tal clase política corrupta ha tenido bajo su control a 3 gobiernos del Partido Liberación Nacional (Arias Sánchez, Figueres Olsen y Chinchilla Miranda); a 3 gobiernos del Partido Unidad Social Cristiana (Calderón Fournier, Rodríguez Echeverría y Pacheco de la Espriella); a 2 gobiernos del Partido Acción Ciudadana (Solís Rivera y Alvarado Quesada).

Son 32 años de fraude fiscal, son 32 años de evasión de impuestos de manera descarada, son 32 años de podredumbre en las aduanas del país, son 32 años de un sistema tributario doblemente perverso (corrupto e injusto); y, son 32 años de crecimiento de la deuda pública que hoy nos tiene al borde del precipicio.

Vienen aprobando leyes anti-obreras, vienen promoviendo legislaciones para destruir las herencias del denominado Estado Social de Derecho, vienen satanizando a las personas empleadas públicas al punto de exponerlas como criminales mediando sus violentos reportajes cargados de periodismo de odio; vienen pisoteando la mismísima Constitución Política del 7 de noviembre de 1949.

La Asamblea Legislativa que acaba de concluir sus gestiones (2014-2018), la más anti-obrera de las últimas siete décadas, no hizo algo al respecto. Se deleitó en promulgar legislación contra los derechos laborales que son Derechos Humanos y se dedicó a endeudar más el país. Terminó su gestión con un proyecto perverso de quitarle los derechos de cesantía a las personas trabajadoras cuando concluyen su vida laboral y pretenden pensionarse.

La que empezó el pasado 1 de mayo, va por el mismo sendero anti-obrero: pretende acabar con la histórica jornada de 8 horas, que tanta sangre costó para dar paso a un mayor nivel de intensidad de explotación obrera. ¡Estamos mal, pero muy mal!

Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)

En primer término, considero necesario aclarar lo siguiente. Ni en primera ni en segunda ronda electoral de las pasadas elecciones presidenciales, quien esto escribe votó por los candidatos finalistas. La persona que mereció mi voto no pasó de la primera vuelta. Para la segunda, “gané”: es que no fui a votar. Me sumé al “partido abstencionista” que tuvo más “votos” que el señor Rodrigo Chaves Robles y que el señor José María Figueres Olsen. Finalmente, según las reglas constitucionales para este tipo de elecciones, don Rodrigo se dejó la Presidencia de la República.

En los dos pasados gobiernos del Partido Acción Ciudadana (PAC), especialmente para el segundo, la clase trabajadora asalariada del sector Público sufrió el ataque mediático más cruel que grupo social alguno haya sufrido en Costa Rica, desde los tiempos de la llamada Segunda República.

Varios medios de prensa se conjuntaron y se conjuraron, en lo que nosotros mismos llamaríamos después como periodismo de odio, para desplegar una feroz campaña de agresión psicológica y de terrorismo ideológico contra aquellas personas trabajadoras (y sus familias) ocupantes de puestos en los más diversos servicios públicos estatales.

Tales medios practicantes del periodismo de odio, fanáticos del dogma ideológico-neoliberal “todo mercado-nada Estado”, querían que la opinión pública (o la opinión publicada, como suele aclararnos al respecto el político ecuatoriano don Rafael Correa Delgado); se “convenciera” de que el desastre de las finanzas públicas llamado déficit fiscal, se debía a los salarios devengados por quienes laboran en el sector Público, construyendo así una cortina de humo para esconder las verdaderas razones del déficit fiscal.

¡Fracasaron en su empeño! Luego de mucho confrontar a ese periodismo de odio en este asunto, se logró determinar las reales causas del problema fiscal del país que, en esencia, no se deben a los salarios pagados en el sector Público. Sin embargo, como el asunto es ideológico, el periodismo de odio, sigue en su enfermiza obsesión “todo mercado-nada Estado”.

Al llegar a la campaña electoral del 2022, el tripartidismo clásico, Liberación-Unidad y Acción Ciudadana, tutelado por ese periodismo de odio, decidió bloquear el ascenso de un recién llegado a la política doméstica con aspiraciones serias, al notar que sus candidaturas presidenciales preferidas sufrían el desgaste de ocho administraciones consecutivas de este tripartidismo; desgaste que exhibe cifras y resultados desastrosos, en todos los órdenes, para las mayorías populares.

De nuevo, el periodismo de odio se conjuntó y se conjuró en contra del señor Rodrigo Chaves Robles, a partir de situaciones de orden personal sumamente publicadas y de amplio conocimiento de la gente. Y, aunque desde nuestra perspectiva político-sindical la consigna ideológico-neoliberal del “todo mercado-nada Estado” no está en peligro sustancial con la llegada de él a la Presidencia de la República, es obvio que no representa su estadía en Casa Presidencial algo de lo cual debe alegrarse el periodismo de odio.

Ya en la silla presidencial, considerando la posición del nuevo Gobierno sobre el tema de la pandemia del covid-19, el periodismo de odio volvió a atacar en cuadrilla al ahora nuevo Presidente de la República. Las señales son claras: el periodismo de odio nunca quiso y no quiere al señor Chaves Robles en la Casa Presidencial.

En la superficialidad de un análisis nada riguroso, alguien podría decir que el Presidente y los sindicatos del sector Público, al tener el mismo “enemigo común” (el periodismo de odio), deberían “unirse”. En realidad, se pueden poner en mesa visiones relativamente parecidas en cuanto a la naturaleza real del déficit fiscal y su relación directa con la defraudación tributaria en todas sus expresiones y modalidades, para citar tan sola una posibilidad de acercar posiciones. Si las del mandatario son bien fundamentadas como lo han sido las sindicales (al menos, las de la corriente en la cual militamos), “¡quien quita un quite…!”.