Categoría: Opinión

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

La señora Defensora de los Habitantes de la República, doña Catalina Crespo Sancho, interpuso un recurso de amparo en la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, a fin de que el Gobierno estuviera vacunando contra el covid-19 durante toda la presente Semana Santa.

En lo específico, su gestión legal la ha dirigido contra Carlos Alvarado Quesada, como cabeza política del Poder Ejecutivo; contra el ministro de Salud, Daniel Salas Peraza; y contra Román Macaya Hayes, Presidente Ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Así lo leímos en información de prensa que circuló el pasado viernes 26 de marzo, la cual indica que, a partir de datos oficiales de Casa Presidencial, a nuestro país han llegado un total de 11 lotes de vacunas, para un total de 676.455 dosis; notándose que, por el contrario, solamente se han aplicado poco más de 312.000 dosis y unas 106.000 personas ya recibieron ambas dosis.

Esas 676.455 dosis llegaron a Costa Rica en un período de tres meses, si consideramos que fue el 23 de diciembre de 2020 cuando llegaron las primeras 9.750 dosis.

Al faltar tres trimestres (más un mes adicional), para las elecciones presidenciales y diputadiles del domingo 6 de febrero de 2022; y, considerando esa cantidad de 676.455 como promedio trimestral, tendríamos un total de 2.029.365 dosis adicionales al primer lote del 23 de diciembre anterior.

Es decir, un gran total de 2.705.820 dosis (en los cuatro trimestres diciembre 2020-diciembre 2021), para un equivalente de ciudadanía receptora de la famosa vacuna de 1.352.910 personas: un 27% de la población total del país, si consideramos la cifra de 5 millones de costarricenses.

Que nuestro país y sus máximas autoridades político-ejecutivas y de salud estén aplicando la vacuna contra el covid-19, mediando una táctica cuenta-gotas es motivo para que se especule al respecto (considerando que la transparencia de la gestión pública del actual Gobierno no es su característica), de que es parte de la estrategia electoral PAC para seguir “administrando” el país.

En tal sentido, el Gobierno estaría vacunando antes de las elecciones (táctica cuenta-gotas), para luego intensificar el proceso de inmunización de las personas antes del domingo 6 de febrero entrante; lo cual hace que muchos estemos pensando en que se está impulsando tal proceso de salud con perspectiva electoral, lo que llevó a un ciudadano amistad nuestra, a definir tal táctica cuenta-gotas, como “La vacuna por el voto”.

Las suspicacias de que “La vacuna por el voto”podría ser una artimaña del gobierno PAC para repetir período en la administración del país (2022-2026), se acrecienta si la misma Defensoría de los Habitantes de la República está cuestionando que se tengan embodegadas muchas vacunas, mencionándose la cifra de 200 mil dosis. ¿Serán más? Es probable que sí.

Como indicamos al inicio, la acción judicial de la señora Catalina Crespo Sancho, que ha resonado en prensa, es para que se siga vacunando contra el covid-19 en esta Semana Santa. Si fuese lo contrario, habría tenido, también, gran destaque de prensa.

Es decir que la jerarca de la Defensoría de los Habitantes de la República debió ir más lejos: tenía que cuestionar la sospechosa lentitud de vacunación contra el covid-19 y su relación con la proximidad del proceso electoral del 6 de febrero de 2022.

Pero, no solamente en función de desenmascarar esta táctica cuenta-gotas, perversa en sí misma, si es que está pensada para coincidir con el proceso comicial venidero; sino porque se trata de un problema de salud pública que involucra la salud y la vida de los 5 millones de compatriotas que habitamos este país, más la cantidad de personas de otras nacionalidades que conviven con nosotros.

Prácticamente, cada vez que llega al país un nuevo lote de vacunas, Carlos Alvarado Quesada se apersona al aeropuerto a recibirlas, a tomarse la foto y a pulsear foco mediático. Su imagen está por los suelos y la abrumadora mayoría del pueblo rechaza su gestión. Si le ven recibiendo vacunas a menudo, seguro piensa él, obtendría algo de valoración positiva.

Nada raro sería que con cercanía al domingo 6 de febrero de 2022, se incremente el arribo al país de mayores cantidades de dosis de vacunas y de menos período de tiempo entre un envío y el anterior; y, por ende, más poses presidenciales recibiéndolas.

Así, la táctica cuenta-gotas, “La vacuna por el voto”, estaría ayudando al logro del macabro objetivo de un tercer-período gubernativo-administrativo PAC… un nuevo período consecutivo en la hegemonía del país para la plutocracia gobernante.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Purulento: que tiene pus; foco infeccioso en el tejido humano. Se ve horrible y huele mal. El tejido social costarricense, en estos momentos, tiene cuatro aspectos purulentos que (aun cuando no únicos), parecen ser los de más impacto al punto de tener enferma la misma institucionalidad republicana sobre la cual se base la maltrecha Democracia. Los citaremos a continuación, aunque el orden no indica preponderancia de uno sobre el otro.

LA CORRUPCIÓN: La corrupción política en las altas esferas de la institucionalidad pública mediando, en no pocos casos, la colusión de la misma con los intereses del alto corporativismo empresarial de los meganegocios; generando ganancias exageradas, mediante la compra de conciencias, a través de operaciones mercantiles que, con ropaje legal o sin él, han potenciado la concentración de la riqueza y del poder económico; expresado este fenómeno en la gestión de operación política de, básicamente, los partidos Liberación, Unidad y Acción Ciudadana.

EL NARCO: La penetración del narcotráfico y del dinero sucio producto del crimen organizado: por arriba y por abajo. Por arriba, precisamente en ir reclutando políticos en el nivel local, en el nivel regional y en el nivel nacional de los partidos de la clase política tradicional; así como en posicionamiento de fichas claves en esferas sensibles de la institucionalidad republicana: la municipal, la policía, la judicial, la parlamentaria y la ministerial.

EL SISTEMA TRIBUTARIO: La existencia de un sistema tributario que tiene dos características que lo hacen profundamente perverso: es injusto y es corrupto. Injusto por cuanto pagan impuestos los que, proporcionalmente hablando, tienen o ganan menos; y los que tienen más (que cada vez son menos), hacen triquiñuelas de todo tipo (dentro de la ley o al margen de ella) para no pagar lo que les corresponde, para no pagar del todo (evadir-robar tributos-eludirlos), sacando la plata del país hacia paraísos fiscales. Corrupto, porque una espantosa red de intereses privados coludidos con los de malos servidores públicos han logrado un poder de tal magnitud que impide realizar a ese sistema tributario las transformaciones estructurales que necesita, aunque fuera tenues.

LA DEUDA PÚBLICA: El altísimo endeudamiento público del país, producto de tener durante tanto tiempo un sistema tributario injusto y corrupto que impidió recaudar lo justo para mantener servicios públicos esenciales para toda la población nos ha llevado a la espantosa realidad de tener que cargar sobre las espaldas del pueblo trabajador un pago obsceno de intereses de, al menos, 7 mil millones de colones diarios; unos 11 millones de dólares estadounidenses, cada 24 horas. Esta situación ha sido tolerada por las sucesivas administraciones gubernativas de los partidos Liberación, Unidad y Acción Ciudadana, pues dentro de los mismos funciona un poderoso grupo de presión financiero-bancario que hace negocio con el déficit, las tasas de interés que demanda esa deuda y su pago diario de intereses.

Estos cuatro aspectos purulentos nacieron, han venido creciendo y desarrollándose, con mucho mayor intensidad en los años que van del presente siglo XXI; período en los cuales han sido gobierno los partidos Liberación Nacional (PLN), Unidad Social Cristiana (PUSC) y Acción Ciudadana (PAC).

Cada uno de esos cuatro aspectos purulentos de la Costa Rica actual han sido analizados, en distintos momentos, por personas especialistas honestas de diversas procedencias institucionales y hasta se han puntualizado propuestas y medidas para superar los efectos perniciosos que tienen en la colectividad. Sin embargo, dentro de la red operativa de cada uno, hay personas, personajes políticos, hombres y mujeres de negocios, figuras mediáticas que, de un modo u otro, lograron estatus de vida solventes vendiendo sus conciencias al convertirse en promotores, operadores, ejecutores, valladares al servicio de los intereses que en cada aspecto se mueven a diario.

Aunque venimos hablando del tema del Empleo Público en este importante espacio y en otros; ya podemos, con seria y fundamentada contundencia, puntualizar las mayores perversidades o aberraciones políticas que contiene el denominado proyecto Ley Marco de Empleo Público, Expediente Legislativo 21.336.

En el seno del grupo diputadil “multipartidista” que lo impulsa, la tramitación parlamentaria de este proyecto exhibe una combinación de perniciosos aspectos tales como: ignorancia a todo nivel, prosternación (arrodillamiento), prejuicios, oportunismo, desprecio por los valores de la idiosincrasia costarricense, desdén por las argumentaciones sólidas producto del conocimiento y de la experiencia; desprecio por la normativa del Derecho Internacional; y doble moral en cuanto a los postulados fundamentales de los Derechos Humanos, universalmente reconocidos. Además, enorme prepotencia, peligrosa arrogancia, lealtad para con intereses espurios y carente de transparencia.

Incluso, en estos días, un legislador oficialista denunció que la fracción del Partido Liberación Nacional le ofreció poner el pie en el acelerador de la tramitación de este proyecto sí él no presentaba una moción para investigar el negocio sucio del narcotráfico en el cantón de Corredores, en el cual estarían figuras políticas liberacionistas.

A continuación, citadas a modo muy general para mejor comprensión, doce de las perversidades o aberraciones políticas más notables, contenidas en el proyecto Ley Marco de Empleo Público:

1) Sienta las bases para un Estado totalitario, autoritario, electoral-clientelar. Impone un súper-ministerio de corte dictatorial: Mideplan.

2) Está cargado de inconstitucionalidades: Violenta la autonomía municipal (gobiernos locales), la de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), la de las cinco universidades públicas y la del Poder Judicial.

3) Violenta la separación de poderes: El Ejecutivo controlará al Judicial y al Legislativo. Así dictaminado por los especializados servicios técnicos parlamentarios y por prestigiosos juristas constitucionalistas.

4) Es un proyecto que no puede exhibir ninguna base social de legítimo respaldo. Por ejemplo, es rechazado por la totalidad de los sindicatos costarricenses; incluso, por varias agrupaciones laborales-gremiales que han estado alineadas con el gobierno de Alvarado Quesada.

5) Es un proyecto que violenta tratados internacionales de Derechos Humanos suscritos por Costa Rica; tanto a nivel del continente americano como a escala universal.

6) Es un proyecto que contradice la Carta Democrática Interamericana de la Organización de Estados Americanos (OEA), pues violenta su artículo 3 que establece la separación de los poderes públicos.

7) Es un proyecto que expresa un contenido de odio de clase jamás visto en la historia moderna del país, contra grupo laboral alguno (el sector laboral del Empleo Público).

8) Es un proyecto potenciado por el periodismo de odio y su sistemática campaña de agresión psicológica y de terrorismo ideológico en contra de la clase trabajadora estatal.

9) Es un proyecto que no pudo fundamentar que el déficit fiscal se debe al salario que devengan las personas trabajadoras del sector público, pero sí es concebido para ocultar las verdaderas causas de ese déficit: sistema tributario injusto y corrupto; por una parte. Por la otra, la espantosa realidad del endeudamiento público y su correspondiente y obsceno pago de intereses.

10) Es un proyecto que profundiza la vulnerabilidad de la clase media, altamente endeudada, lanzándola a la pobreza, a la exclusión social y económica.

11) Es un proyecto precarizador laboral, precarizador laboral-salarial, que afectará los propios servicios públicos, ya en condición de prestación deteriorada.

12) Es un proyecto que facilitaría situaciones de acoso laboral y despidos políticos en la función pública. Exigiría, por el contrario, lealtades partidarias para conservar el puesto de trabajo.

Conclusión: El proyecto Ley Marco de Empleo Público deroga, de facto, piedras angulares de la Constitución Política de 1949. Está ocurriendo, en la práctica, un Golpe de Estado parlamentario que cercena las bases de lo que conocemos como Estado Social de Derecho. Este proyecto lleva en su contenido fundamental la extremista posición neoliberal del todo mercado-nada Estado; misma que pretende, al final del camino, la privatización-venta de las empresas públicas de gran rentabilidad que todavía siguen siendo propiedad estatal.

Por: Albino Vargas Barrantes Secretario General ANEP

Este asunto del pago de los intereses de la deuda pública del país, sigue generando nuestra profunda preocupación. Ésta crece en relación inversamente proporcional al escaso o nulo interés que muestran las máximas autoridades políticas del país, acomodadas en sus diversas agrupaciones partidistas.

624 mil 542 millones de colones fue el pago de intereses durante los tres primeros meses del presente año 2021. Esos tres meses (enero, con 31; febrero con 28; y, marzo con 31), equivalen a 90 días. Tenemos, entonces, que hubo un pago diario de 6 mil 939 millones 355.555 colones (6.939.355.555).

Para mayor comprensión, redondeemos: prácticamente 7 mil millones de colones salen, ¡cada 24 horas!  de las alicaídas arcas públicas que maneja el Ministerio de Hacienda, solamente para pago de intereses de la deuda pública.

Y, en consecuencia, por hora, son 290 millones de colones los que debemos desembolsar para ese obsceno pago de intereses.

Note usted que escribo en “nosotros”, pues es la gente de a pie, las personas integrantes de los sectores populares; quienes conforman la clase trabajadora en todas sus modalidades; las personas que conforman la vulnerabilizada clase media, las que están pagando esta cifra espeluznante.  Es decir, los y las de abajo, y los y las de en medio. Por el contrario, en esencia, las clases altas y, en lo específico, la plutocracia reinante, tiene poco a nula voluntad tributaria.

¿Se habla de esto en la Asamblea Legislativa? ¡No! ¿Se escandaliza por esto el periodismo de odio?, ¡no! ¿Ha notado usted a alguna persona precandidata presidencial hablar de esto? ¡No! ¡Esto es monstruoso!

Ahora, hablemos de esta monstruosidad numérica pero convertida a dólares estadounidenses. Vamos a utilizar el tipo de cambio actual que, centavos más-centavos menos, anda por el valor de 615 colones ticos por un dólar.

624 mil 542 millones de colones (pago de intereses de los primeros 90 días del año), se convierten en mil quince millones, quinientos quince mil cuatrocientos cuarenta y siete dólares: 1.015.515.447.

MIL QUINCE MILLONES DE DÓLARES (lo ponemos en mayúsculas), salieron del Ministerio de Hacienda, en el primer trimestre del 2021, solamente por pago de intereses, para las arcas de las entidades/personas acreedoras de la deuda pública nacional: ¿quién serán?, ¿quiénes son sus bolsinistas del mercado de valores?, ¿cuáles bufetes representan a esas personas/entidades acreedoras? Es el secreto de Estado mejor guardado en estos momentos.

Y, al día, en estos 90 días del primer trimestre del 2021, el pago fue de $11.283.504 dólares (once millones doscientos ochenta y tres mil quinientos cuatro trece dólares). ¡Esto no es sostenible!

En este primer trimestre del año, ya en dólares, el pago de intereses, por hora, fue de casi medio millón; exactamente, $470.146 (cuatrocientos setenta mil ciento cuarenta y seis dólares).

Las motivaciones ocultas de la plutocracia reinante, así como las que tiene la clase política gobernante (básicamente, la del tripartidismo PLUSC-PAC), para mantener este estado de cosas, totalmente perversas y contrarias al bien común; es una tarea que urge abordar por parte de los sectores políticos decentes que todavía quedan, sin hablar de la gigantesca responsabilidad de quienes estamos en la lucha social, de buena fe y con convicción.

No parece ser difícil acometer tal tarea si nos vamos al recetario ideológico del neoliberalismo en su fase más aguda y criminal: el capital financiero-bancario; y, por otro, lado, ya se han desenmascarado algunos de sus voceros políticos en cuanto a plantear que enfrentar esa realidad monstruosa de la deuda pública del país, solamente será posible mediando la venta de activos-privatización de las todavía existentes empresas públicas rentables de propiedad estatal.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Ahora son, exactamente, 240 millones 526 mil 836 colones cada hora (240.526.836). Empezamos muy mal el año del Bicentenario, teniendo que erogar el pueblo trabajador costarricense, esa escandalosa y obscena cantidad de dinero para pagar los intereses de la deuda pública. Sencillamente catastrófico.

Cada ahora, de cada día, de cada uno de los doce meses del año pasado, el pago era de 195 millones de colones. Ahora, en números redondeados, en este 2021, la cifra aumentó 45 millones de colones más. ¡Esto es más que escandaloso!

Según datos del Ministerio de Hacienda, en el primer bimestre del año en curso (enero y febrero), el Estado tuvo que erogar la gigantesca cantidad de 340 mil 586 millones de colones (340.586.000.000), para pagar intereses de la deuda pública. ¡Solamente pago de intereses!

Prácticamente 1 punto porcentual del Producto Interno Bruto (PIB) costó el pago de intereses de la deuda en el primer bimestre de este 2021. Esto indica que, al finalizar el presente año, serán 6 puntos de PIB entregados a las personas y entidades acreedoras de la deuda pública costarricense, básicamente nacionales (un 75%). Ni el Ministerio de Hacienda ni el Banco Central de Costa Rica (BCCR), quieren decir quiénes son.

Por cada uno de los 31 días del mes de enero y por cada uno de los 28 días del mes de febrero anterior, se pagaron 5 mil 772 millones 644 mil 67 colones (5.772.664.067) ¡diarios!

Esta gigantesca cantidad de pago diario de intereses en lo que va del 2021 (al menos, los 59 días de enero-febrero), equivalen a que el Gobierno estuviera otorgando, ¡por día!, nada más y nada menos que 46 mil 181 bonos Proteger, a razón de 125 mil colones cada uno.

De manera cínica y repudiable, el Ministro de Hacienda, don Elián Villegas Valverde, se deja decir lo siguiente ante esta situación: “El excesivo monto que el país está pagando en intereses, nos somete como sociedad a un desgaste fiscal de gran importancia, ya que el ciudadano no puede ver reflejado en bienes y servicios todo el esfuerzo que realiza en el pago de impuestos”. Así se consigna en la información de la prensa diaria del capital.

¡Desvergonzado! Cuando le emplazamos en carta que le dirigiéramos, tanto a él como al Presidente del Banco Central de Costa Rica (BCCR), Rodrigo Cubero Brealey, pidiéndoles explicaciones sobre este ataque brutal a los bolsillos del pueblo trabajador y, en específico, a los de las capas medias de la sociedad; ambos indicaron que en este asunto del abultadísimo y más que obsceno pago diario de intereses de la deuda pública, no se puede hacer nada, que el asunto es intocable y, mucho menos, indicar quiénes son los acreedores y receptores de esos 5 mil 772 millones de colones diarios, que es el monto que se empezó a pagar en este 2021.

Mientras esta situación del más que abultado y catastrófico pago de intereses diarios de la deuda pública sigue sin variación alguna y, por el contrario, tiende a crecer; en la Asamblea Legislativa, la prioridad política es cómo agredir, cómo seguir dañando, cómo seguir causando dolor a las familias trabajadoras asalariadas.

Efectivamente, mediante el nefasto proyecto Ley Marco del Empleo Público quienes laboran para el Estado sufrirán rebajo y congelamiento salarial, aumento de la vulnerabilidad en cuanto a la estabilidad laboral y desempleo abierto con la apertura de un camino más despejado para más privatización de importantes servicios públicos.

En el caso del sector Privado, las reducciones abusivas de jornada y, por ende, de salarios, manipulando la situación de la pandemia, seguirán en la línea de ataque legislativo; sin que en el parlamento asuntos de tanta trascendencia como el salario mínimo o el fortalecimiento de la inspección de Trabajo, le importen un bledo a las diputaciones alineadas con los intereses de los grandes grupos corporativo-empresariales que siguen en una fiesta de acumulación sin freno ni pudor alguno.

Al considerar que los 8 puntos PIB anuales en evasión y elusión fiscales, más los 6 puntos, también anuales, en exenciones-exoneraciones abusivas y espléndidas, 14 puntos PIB en total, constituyen una de las principales fuentes de riqueza de esos grandes grupos corporativos cuyos intereses tienen una lujosa representación en la Asamblea Legislativa actual; se puede comprender mejor la naturaleza del descomunal ataque que la misma ha estado realizando en contra de la parte obrera del país, golpeándole multidimensionalmente y conculcándole derechos en abierta violación a preceptos constitucionales.

Y como en el parlamento actual el grave asunto del pago de 240 millones de colones por hora no es tema de gran interés político para los partidos políticos agresores de la clase trabajadora; uno tiene que atar cabos y llegar a la conclusión de que el mega-corporativismo empresarial que tiene que ver con la riqueza apropiada en ese universo de 14 puntos PIB, es el mismo que está lucrando con el estrepitoso pago de intereses de la deuda pública.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

La importancia del cooperativismo para la misma Democracia y para la reducción de la desigualdad y de la exclusión económica, es un asunto más que estratégico considerando la situación actual de nuestro país en el año de la conmemoración del Bicentenario de la independencia política.

Es por lo anterior que resulta sumamente importante resaltar las posiciones sociopolíticas del Movimiento Cooperativo en las actuales circunstancias nacionales de un aceleramiento de la polarización de la sociedad a partir de la distribución del ingreso, llegando al punto de que estamos en la escala de los diez países más desiguales de todo el planeta.

“¡Es hora de alzar la voz!, es el editorial del órgano oficial del movimiento cooperativo costarricense, La Voz Cooperativa, edición del pasado mes de febrero, de obligada lectura para quienes estamos en la lucha social de la actualidad, seamos cooperativistas o no.

Seguidamente, transcribimos algunos de los párrafos de dicho editorial a partir de los contenidos del mismo que expresan una confluencia de pensamiento y de lectura política con lo que venimos señalando desde la corriente sindical en la cual militamos.

“Ya no es tiempo de paños tibios. Es hora de alzar la voz. Y en este espacio, La Voz Cooperativa, debe hacerse escuchar en todos los rincones del país. El empuje sin freno de una ley de empleo público que viene a atentar contra la estabilidad financiera de miles de hogares costarricenses es sin duda un golpe al pacto social tácito mediante el cual nuestra sociedad se ha convertido en un modelo a seguir para América Latina y el mundo entero en materia de seguridad social, educación, acceso universal al agua potable y en oportunidades de crecimiento para la ciudadanía”.

En esa línea, nosotros venimos planteando que ese proyecto Ley Marco de Empleo Público, expediente legislativo 21.336, es una colección de inconstitucionalidades, considerando que sus contenidos esenciales atentan contra los principios fundacionales de lo que se llamó la Segunda República, cuando se promulgó la actual Constitución Política, el 7 de noviembre de 1949.

De manera acertada, el editorial de La Voz Cooperativa apunta lo siguiente: “Está más que demostrado que el quiebre del Estado no es dado por la planilla del sector público ni por las diferencias del modelo tributario entre empresas cooperativas y empresas comerciales. No. El frío no está en las cobijas. Quienes conducen el barco económico del gobierno de Carlos Alvarado lo saben con claridad. Lo callan. Echan leña a la hoguera de discusiones vacías y entierran en el silencio las verdades relacionadas con la elusión y los mecanismos con que por años, decenas de empresarios e inversionistas, bufetes y políticos, han logrado sacar sus ganancias del país para guardarlas en paraísos fiscales”.

Nosotros, como sindicalistas, no lo hubiésemos planteado mejor. Es más, si no identificamos que el anterior pensamiento es voz oficial cooperativa, cualquier habría concluido que se trata de una consigna sindical.

Hace ya bastante tiempo que logramos derrotar la perversa tesis de que el déficit fiscal era responsabilidad de los salarios devengados por las personas trabajadoras asalariadas estatales. Las matrices mediáticas totalizantes del discurso ideológico-político que habían orquestado una campaña en tal sentido, tuvieron que morderse la lengua y buscar otras explicaciones para su orquestación en contra del sector público y de quienes le sirven a éste.

Por el contrario, las espantosas cifras de la evasión tributaria en todas sus manifestaciones, la elusión fiscal a mansalva; así como las exoneraciones y exenciones empresariales altamente abusivas complacientes y espléndidas, muestran que combinadas ambas representan, al menos, 14 puntos de Producto Interno Bruto (PIB), anualmente, son dejados de percibir por un Estado que toleró, cohonestó y fortaleció un sistema tributario tan injusto como corrupto.

La indicación cooperativista sobre la deshonesta práctica empresarial de esconder sus capitales en paraísos fiscales, nos lleva a la mención del informe legislativo conocido como Los papeles de Panamá, presentado en el período constitucional anterior, 2014-2018; dándonos a conocer sofisticadas formas de robo de impuestos y cómo combatirlas pero que, por la actual correlación política de fuerzas, hasta la fecha ha resultado imposible un debate público al efecto.

Sin duda alguna el potencial político-social y económico del movimiento cooperativo costarricense está destinado a convertirse en parte esencial de un haz de pensamientos, sentimientos, propuestas y sectores que urge articular en la Costa Rica del Bicentenario para la restauración de la promoción del bien común y de la inclusión socioeconómica, como ejes centrales de la política pública. En tal sentido, el sindicalismo sociopolítico y su expresión material concreta en la práctica, el sindicalismo ciudadano, tenemos amplias coincidencias con las posiciones actuales del cooperativos. ¡Enhorabuena por la clase trabajadora y por la misma Democracia!

Por: Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Al pie del monumento al Héroe Nacional y Libertador de la Patria, el expresidente de la República, Juan Rafael Mora Porras, Don Juanito, con ocasión de la conmemoración histórica del PRIMERO DE MAYO, DÍA INTERNACIONAL DE LA CLASE TRABAJADORA, las organizaciones sindicales Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y la Asociación Sindical de Empleados de la Energía y de las Telecomunicaciones (ASDEICE), en este día sábado 1 de mayo de 2021 y en el marco de la conmemoración de los 200 años de la independencia política de Costa Rica con respecto a España; dieron a conocer el DECÁLOGO SINDICAL DEL BICENTENARIO ANEP-ASDEICE:

1. Por la defensa de la institucionalidad pública diseñada para y por el bien común, respetando los valores y principios de la Constitución Política del 7 de noviembre de 1949.

• Por una reestructuración de la deuda pública y su obsceno pago de intereses.

• Por una transformación tributaria estructural con el fin de quitarle al actual sistema tributario, su naturaleza injusta y corrupta.

• Por una verdadera reactivación económica, centrada en el potenciamiento y apoyo a diversas formas de emprendimientos productivos a nivel de micro-pequeñas y medianas empresas; encadenada a una política salarial que incremente el poder adquisitivo de la gente trabajadora; y, específicamente, por un nuevo salario mínimo.

• Por la recuperación del Derecho Constitucional y Humano de la Huelga.

• Por la protección de la Ecología y por una política del buen vivir como ha sido planteado por el Papa Francisco en su discurso ante las Naciones Unidas.

• Por la vigencia plena de los Derechos Humanos integralmente conceptuados.

• Por el combate frontal a todas las formas de corrupción con fondos públicos mediante la colusión de los intereses corporativos privados con los de la clase gobernante corrupta; así como también con fondos privados que perjudican a las personas inversionistas, especialmente pequeñas y medianas.

• Por un Movimiento Sindical cercano a la comunidad, a la gente y a la ciudadanía, aportando así para la construcción del nuevo sujeto histórico que requiere la Democracia real y participativa.

1. Por la democratización del acceso de la gente a la comunicación colectiva, mediante el uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico que son de propiedad estatal.

Cada uno de estos diez enunciados ofrece grandes posibilidades de aporte para su enriquecimiento de contenido y, por ende, para compartirlo con otros esfuerzos de generación de pensamiento distinto del autoritariamente hegemónico que se le ha venido imponiendo a la sociedad costarricense.

Como bien sabemos el avance de consolidación del esquema ideológico-político y hegemónico de la plutocracia reinante, está en “vía libre” ante la ausencia de un esfuerzo contrario de, al menos, de pensamiento y de propuestas compartidas; previo al adorado sueño de la construcción del urgente muro de contención que la misma Democracia pide a gritos, ante las intentonas, que parecen sólidas, de consolidación de un modelo autoritario con ropaje de democracia formal.

El Decálogo Sindical del Bicentenario ANEP-ASDEICE tiene las puertas abiertas.