Categoría: Opinión

Albino Vargas Barrantes
Secretario General
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

En el arranque de la campaña propagandística con miras a las elecciones presidenciales y legislativas del domingo 6 de febrero de 2022, hay un tema de trascendencia histórica que, con toda seguridad, no será abordado por ninguna de las personas aspirantes a los cargos públicos en disputa; y, si fuera abordado, jamás lo será con la contundencia que se necesita.

Nos referimos al desafío que el país ocupa para abrir el camino más que estratégico hacia una Transformación Tributaria Estructural, planteada por nosotros en este y en otros espacios, durante ya bastante tiempo. Sin embargo, habrá que seguir insistiendo en ello, especialmente en las actuales condiciones históricas, sociales y económicas que estamos viviendo producto de la pandemia.

A la llegada de la misma, dos características fundamentales venían caracterizando el carácter del sistema tributario costarricense: la injusticia y la corrupción. Así de simple pero profundo.

¿Por qué la injusticia? Porque, en términos generales, quien paga más tributos es quien, proporcionalmente hablando, tiene menos. Y quien más tiene hace malabares jurídicos y acude a triquiñuelas legales para: a) tratar de pagar lo menos posible de lo que le corresponde; b) burlar la débil legislación tributaria para no pagar, del todo, nada; c) sacar la plata ganada en el país hacia otros países, por lo general, catalogados como paraísos fiscales.

¿Por qué la corrupción? Las autoridades políticas de máximo poder en los últimos gobiernos, poco o nada han hecho para cambiar la situación anteriormente descrita, por una parte; por otra, el control estratégico de la gestión tributaria responde a una ideología hegemónica en materia de política fiscal, que no es la del bien común ni es la de la inclusión social y económica. Además, los operadores político-ejecutivos de la gestión tributaria, constituyen una misma élite tecnocrático-burocrática que, alternativamente, se mueve en la esfera de lo público para luego pasar a la privada y, viceversa. Se garantiza así, pese al cambio ejecutivo de administración gubernamental, el control estratégico de la operatividad de la gestión tributaria para que ésta siga en el mismo plano: el de la corrupción y el de la injusticia. La evasión y la elusión fiscales-tributarias sigue siendo monstruosa.

Si bien es cierto la situación que vivimos producto de la pandemia está generando demasiados problemas político-sociales y económicos, no por ello debemos renunciar a considerar que el haber tolerado por tanto tiempo un sistema tributario injusto y corrupto, ha agravado el diario vivir de la mayoría de la población costarricense en estos tiempos pandémicos.

Además, es imposible seguir tolerando que las principales figuras de la denominada clase política tradicional, especialmente las que aspiran a ser electas en los cargos en disputa, miren para otro lado y no se refieran a esta situación de la imperiosa transformación tributaria estructural y la pandemia.

Como si todo esto no fuese más que necesario y de alto contenido estratégico, está el tema del altísimo endeudamiento público y su pago de intereses, exageradamente usureros. ¿Cómo puede ser posible que si de las arcas públicas, muy debilitadas por todas las razones expuestas, se estén sacando, diariamente, unos 7 mil millones de colones para el pago de esos intereses, ninguna persona precandidata presidencial esté refiriéndose al punto?

Desde el campo popular nos corresponde, creemos nosotros, intensificar el clamor de que estos temas se consideren en el marco de la campaña electoral, aunque no encontremos receptividad alguna. Particularmente, debemos desempolvar el documento-informe legislativo conocido como Los papeles de Panamá, generado por la comisión parlamentaria que investigó las derivaciones en Costa Rica del escándalo financiero internacional muy sonado a nivel planetario, en el año 2016.

Parece que podemos encontrar un nuevo escenario para considerar el debate público sobre los contenidos del informe legislativo costarricense Los papeles de Panamá, en el marco de lo que se está planteando en los centros hegemónicos del poder político-económico del capitalismo mundial, hablándose de nuevos criterios de tributación a nivel de empresas multinacionales, pero, indudablemente, con repercusiones en los planos nacionales en los cuales éstas operan.

Al vincular la doble naturaleza perversa del sistema tributario costarricense: la injusticia y la corrupción que le carcome; agregando el asfixiante, exorbitante y aplastante pago diario de los intereses de la deuda pública (sin dejar de lado la carga que la misma, en cuanto tal, representa para el país en estos momentos); además, poniendo en la mesa el informe legislativo Los papeles de Panamá, adicionándole lo que podría ser la apertura de un nuevo espacio político global para plantear transformaciones estructurales por el lado de la progresividad; tendremos en Costa Rica la posibilidad de construir y relanzar, con nuevos bríos y renovados argumentos, desde el campo de lo social-popular, el tema tributario con fuerte contenido de justicia social y real equidad.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

Consideramos de gran relevancia una respuesta pública por parte de la señora Martha Rodríguez González, Secretaria General Adjunta de la Unión Nacional de Empleados de la Caja y de la Seguridad Social (Undeca), acerca de cómo votó, en el seno de la directiva de la CCSS, de la cual ahora forma parte, en el caso del polémico nombramiento del señor Gustavo Picado Chacón, en el altísimo y sensible cargo de Gerente Financiero de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Doña Martha, recientemente, fue nombrada por Carlos Alvarado Quesada como integrante de la Junta Directiva de la CCSS para ocupar el escaño sindical disponible en el seno de la misma, luego del sensible fallecimiento del legendario luchador social, don Mario Devandas Brenes.

La designación presidencial de doña Martha para que ocupe el cargo dejado por don Mario (q.d.D.g), ha sido sumamente controvertida, con problemas de transparencia, especialmente en cuanto a la veloz transición de ella como funcionaria asalariada de la Caja, hacia la categoría de persona trabajadora pensionada por el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM); pues siendo empleada tenía prohibición para llegar al mencionado cargo directivo. Se presume que podría haber ocurrido un tráfico de influencias al más alto nivel al respecto. Sobre este particular, la discusión no está terminada.

A don Gustavo Picado Chacón le nombraron por seis años en ese altísimo cargo, mismo que conlleva enormes sensibilidades, objetivas y subjetivas, a raíz del impacto financiero para la CCSS que ha venido generando la atención de la pandemia; y, porque, además, él fue protagonista de primer orden en un pasado reciente en el cual las finanzas de la Caja sufrieron un duro golpe negativo, según lo investigara el Ministerio Público, para el cual se tomaron decisiones erróneas y controversiales que habrían dejado a la institución pérdidas de, al menos, 217 mil millones de colones.

Otras personas especialistas de altísimo nivel y de gran rigurosidad técnico-profesional, conocedores de estos temas, han hablado de una suma extraordinariamente mayor.

Ante consulta de prensa, y sobre la inclusión de don Gustavo Picado Chacón en el grupo demandado ante el Ministerio Público, éste respondió lo siguiente: “Respecto a su consulta, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) confirmó que, desde el 13 de marzo del 2020, envió al Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública una acusación dentro de la causa 12-000046-0615-PE, contra 16 personas, por el presunto delito de influencia contra la Hacienda Pública; además de solicitud de sobreseimiento en relación con tres personas más. La Fapta indicó que, actualmente, está a la espera de que el Juzgado programe la fecha en la que se realizará la audiencia preliminar”.

Don Gustavo es una de esas 16 personas y jamás estaríamos de acuerdo en que ni a él, ni a ninguna otra persona, se le violara el principio constitucional de presunción de inocencia. Además, si él y las otras quince personas serán llevadas a juicio no está definido, pues eso será resuelto en una audiencia preliminar que todavía no tiene fecha; pero lo real es que la acusación del Ministerio Público, según tenemos entendido pues estuvimos muy cerca del proceso que derivó en ello, es muy sólida.

Entendemos que la lista de personas candidatas profesionales a ese cargo superó las veinte; entonces, no entendemos las razones de peso para que la directiva de la Caja nombrara a don Gustavo que, si bien no ha sido sentenciado a nada, creemos que dado su paso controversial anterior por la gestión financiera ameritaba no reposicionarlo en este mismo ámbito.

Es en tal sentido que, repetimos, doña Martha Rodríguez González no debería permanecer más en silencio. Su designación presidencial para ocupar un puesto directivo en la Caja, autoproclamada por la corriente sindical a la que pertenece, como representación de toda la clase trabajadora, le impone un imperativo obrero-ético y moral para actuar con toda transparencia en la toma de decisiones a nivel de tal condición.

Sobran razones para que, en este caso, doña Martha nos cuente cómo votó ella misma: si la decisión fue unánime por parte de las nueve personas integrantes de esa directiva; si fue votación dividida, quiénes fueron mayoría y quiénes fueron minoría; quién presentó el nombre de don Gustavo y si podemos conocer el informe de sustentación de su nominación; qué otras personas candidatas se consideraron y sus atestados; etc.

Doña Martha: como podrá apreciar, la transparencia en estas y en otras decisiones a nivel de la Junta Directiva de la Caja, se impone como nunca antes por las condiciones que representa la realidad costarricense y, especialmente, por la realidad de la clase trabajadora en todas sus denominaciones. Su respuesta será muy apreciada. Su silencio, de persistir, también puede ser considerado respuesta.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Expresamos nuestra más efusiva y sincera felicitación al señor Alcalde de la Municipalidad de Alajuela, don Humberto Soto Herrera, por la valiente y políticamente necesaria decisión de interponer una Acción de Inconstitucionalidad en contra de la Ley No. 9851; legislación que golpea duramente a aquellos gobiernos locales en cuyos territorios están instaladas empresas bajo el régimen de Zona Franca, pues obliga a esos municipios a la devolución de dineros cobrados por concepto de impuesto a bienes inmuebles.

La legislación cuestionada por el Sr. Alcalde de la Municipalidad de Alajuela es, además, sumamente necesaria pues sería nefasto para las arcas municipales devolución de dineros ya cobrados e incorporados al giro financiero ordinario de los correspondientes presupuestos; amén de que los tiempos de pandemia también han golpeado a los gobiernos locales.

Mientras en las comunidades, todas las personas propietarias honran el pago del impuesto a los bienes inmuebles, pese a la severidad de la crisis sanitaria y económica que estamos viviendo; de manera cínica las empresas de zonas francas pretenden la devolución de lo que han pagado por tal impuesto, sin mostrar ni la menor pizca de solidaridad activa con el sufrimiento y la angustia de miles de compatriotas.

Debemos rechazar, con especial énfasis, la manipuladora tesis política de los jerarcas ejecutivos de que tal acción de inconstitucionalidad interpuesta por don Humberto Soto Herrera, Alcalde de Alajuela, trae “inseguridad jurídica” a los grupos inversionistas; cuando éstos ya cuentan con tan amplia, diversa y sólida protección que, por el contrario, el régimen de zonas francas parece pretender que se le considere una “república independiente”.

Mal hicieron las señoras diputadas y los señores diputados que, de manera irresponsable y precipitada aprobaron tal ley 9851 (“Interpretación auténtica del inciso 4), del artículo 20 de la Ley No. 7210, Ley de Régimen de Zonas Francas”). Probablemente, la “orden” de legislar así fue dada desde Casa Presidencial y en los tiempos del “superministro” André Garnier Kruze.

Se legisló, en tal sentido, retroactivamente, a contrapelo del principio constitucional respectivo; además, se legisló en contra de los intereses de las comunidades que tales personas diputadas dicen representar en el actual parlamento, por demás, el más anti-obrero de la época de la Segunda República.

El régimen de Zonas Francas ha gozado, durante sus más de tres décadas de existencia en el país, de una protección jurídica en exceso, sin hablar del poderoso respaldo político al más alto nivel de parte de los partidos coludidos en la promoción del neoliberalismo excluyente y depredador: Liberación, Unidad y PAC, básicamente.

Es así que la alta cúpula ejecutivo-macroempresarial de las empresas de las zonas francas se puede considerar parte importante dentro del conglomerado de la plutocracia gobernante de la actualidad.

El dispendioso sistema de exenciones tributario-fiscales muestra lo grotesco de su situación archi-privilegiada, comparada con la situación socioeconómica de miles de personas trabajadoras desempleadas y de salarios precarizados; además de las decenas de miles de micro-pequeñas y medianas empresas, tratadas de manera inmisericorde con relación a un sistema tributario que, aparte de su perversa naturaleza regresiva, está corrupto.

En algún momento habrá que realizar una profusa investigación ante sospechas crecientes de la gran manipulación jurídico-legal del régimen de Zonas Francas, de cara a eventuales maniobras de cierto empresariado tico para realizar sus correspondientes actividades productivas engañando al fisco para ser cubierto por tan dispendioso sistema de exenciones que tiene tal régimen.

Albino Vargas Barrantes Secretario General Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

Atención señores Rodrigo Cubero Brealey y Elián Villegas Valverde.

1) Desde el año 2016 (este año incluido), los pagos por intereses de la deuda pública nacional, han pasado a ser el componente principal del déficit fiscal, por encima del monto correspondiente al llamado déficit primario. Al concluir el 2020, y por quinto año consecutivo, ese patrón se reitera.

2) Al momento de escribir esta nota, y según las cifras disponibles en la página web del Ministerio de Hacienda, en el año pasado 2020, los pagos por intereses representaron un 4,8% como proporción del PIB (Producto Interno Bruto (PIB); mientras el déficit primario ascendía a un 3,5% PIB.

3) Si consideramos un punto PIB en la cantidad de 350 mil millones de colones tenemos que ese pago de intereses en el 2020, representó lo siguiente: 1 billón 441 mil 804 millones 600 mil colones (1.441.804.600.000), en intereses de la deuda pública interna. Si agregamos lo que se pagó de intereses por deuda externa, tenemos en total, 1 billón 681.308 millones 400 mil colones (1.681.308.400.000). Entonces tenemos que el pueblo costarricense pagó el año pasado, solamente en intereses de la deuda pública total del país, 4 mil millones 670 mil 300 colones, ¡al día! Y, escandalosamente se pagó por hora, 194 millones 595 mil 879 colones; en cifras cerradas, 195 millones de colones cada 60 minutos.

4) 1 billón 681.308 millones 400 mil colones (1.681.308.400.000), representa en moneda estadounidense, 2 mil 733 millones 834 mil 796 dólares (2.733.834.796). Esta cifra es superior, en 1.56, a la cantidad del préstamo en controversia, de los 1.750 millones $, con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

5) La diferencia entre ambos datos (PIB déficit primario vs. PIB déficit intereses), resulta mucho más significativa, dado el contexto de pandemia y crisis económica, con altísimo desempleo, entre otros graves problemas socioeconómicos, que enfrentamos

6) El incremento sustancial en las demandas y necesidades que el sector Público debía atender, derivadas de tan adversas condiciones, justificaría, de sobra, un déficit primario más elevado. Y, sin embargo, lo que hemos presenciado es, no sólo que los pagos por intereses exceden ampliamente de ese déficit primario; sino que los esfuerzos de contención se concentran en reducir este último, mientras persiste una actitud de total pasividad frente a los abusivos pagos por intereses. Esto pone de manifiesto un peligroso sesgo ideológico en el manejo de la política económica por parte de las autoridades económicas de este gobierno, del cual sus despachos son componentes más que estratégicos.

7) Las cifras involucradas en los pagos por intereses en el año pasado 2020, el año 1 de la pandemia, son absolutamente escandalosas: estamos hablando de un pago de 200.000.000 millones de colones, ¡por hora!; y de un pago, más que abusivo, de 4 mil 800 millones de colones, ¡al día! (4.800.000.000 cada 24 horas). Es desconcertante observar cómo este monto creció a ritmos por encima del 19 % anual, y hasta del 28 %, durante el trienio 2017-2019. Y, entre tanto, ¿qué hacían las autoridades económicas? ¡No movieron un dedo para frenar semejante desborde de irracionalidad!

8) Las tasas de interés sobre la deuda pública interna, son, desde todo punto de vista, abusivas. Según los datos que se ofrecen en la página web del Ministerio de Hacienda, durante todo el segundo semestre de 2020, mientras golpeaban la crisis sanitaria y la recesión económica, y el desempleo volaba a niveles sin precedentes; en promedio se pagaban tasas de interés en los alrededores del 7 %, las cuales hacia finales de año rozaban el 8%.

9) En esos mismos momentos, al finalizar 2020, la Tasa Básica Pasiva se encontraba en 3,5%, y la Tasa de Política Monetaria en 0,75% ¿Cómo entender que haya diferencias tan grandes entre las tasas que paga el Ministerio de Hacienda y las principales tasas de referencia de los mercados financieros? Sobre todo, ¿cómo explicar la pasividad de las autoridades económicas ante un atropello tan brutal a las finanzas públicas?

10) Se hace obligatorio reiterar la pregunta ¿qué han hecho las autoridades económicas para frenar este intolerable abuso? En particular, ¿qué ha hecho el Banco Central -como autoridad monetaria del Estado costarricense-, para detener esa terrible hemorragia de recursos públicos? Son preguntas que se agigantan cuando, al mismo tiempo, y de forma paradójica y contradictoria, esas autoridades económicas insisten en políticas que cortan la inversión pública, restringen los servicios sociales y decretan el congelamiento indefinido, aparentemente a perpetuidad, de los salarios públicos. Detrás de esto no hay ninguna racionalidad económica ni social respetable, sino tan solo un dogma ideológico realmente dañino.

11) Múltiples indicios permiten pensar que ha habido comportamientos especulativos, que afectan la colocación de bonos de deuda pública en los mercados financieros. Es posible que esto haya sido de alguna forma liderado por los propios bancos públicos, así como por alguno o algunos bancos privados relativamente grandes; pero es claro que es algo de lo que los demás actores participantes en los mercados financieros se aprovechan, a fin de obtener jugosas ganancias ¿Qué ha hecho el Banco Central y qué han hecho las diversas entidades a cargo de la regulación y supervisión del sistema financiero, por frenar y poner bajo control esos comportamientos anómalos y antisociales?

12) ¿Por qué el Banco Central se niega a utilizar las herramientas de política a su disposición para hacer bajar las tasas de interés que se cobran sobre los bonos de la deuda pública? La ley lo faculta, en su artículo 52), inciso f), para intervenir en los mercados secundarios de deuda… ¿por qué no lo hace? Si la respuesta es que no debe hacerse porque ello podría implicar emisión de dinero que provoque inflación, nos veríamos en el deber de hacer ver que, desde abril de 2015, la inflación interanual se han mantenido la mayor parte del tiempo por debajo del 2%, y por momentos incluso en terreno negativo.

13) Es decir, ni siquiera alcanza el límite inferior de las metas de inflación definidas por el propio Banco Central. Es obvio que la inflación NO es un problema. Los problemas son otros: el desempleo, en primera instancia, como también estos pavorosos pagos por intereses ¿Por qué el Banco Central no se enfoca en los problemas reales, en vez de seguir perdiendo el tiempo en problemas inexistentes?

14) Si la inacción del Banco Central se justifica apelando a limitaciones que presuntamente la ley le impone, lo que corresponde es que el propio Banco Central promueva un cambio de las leyes ¿Por qué no lo ha hecho? Recordemos que las leyes deben estar al servicio de las personas y de la sociedad, y que, por ello mismo, si una ley causa daño, lo que corresponde es cambiarla. Dicho de otra forma: las leyes deben satisfacer las necesidades de la vida de la gente de carne y hueso, no las veleidades ideológicas de alguna gente. De nada nos sirve una ley que impone inmovilismo e inacción frente a situaciones tan manifiestamente dañinas como esta.

15) Es urgente que el Banco Central intervenga los mercados financieros para frenar, en seco, los juegos especulativos contra la deuda pública y hacer bajar sustancialmente las tasas de interés; como es igualmente urgente que, en coordinación con el Ministerio de Hacienda, defina un plan que garantice que se podrá avanzar en una estrategia de reactivación económica, recuperación del empleo y restablecimiento del equilibrio de las finanzas públicas, sin que ese esfuerzo se vea perturbado por presiones financieras especulativas sobre el propio sector público.

16) Si el Banco Central ha sido capaz de poner a disposición de los bancos comerciales, inclusive los bancos privados, un fondo por ₡ 700 mil millones, ¿qué le impide hacer algo similar para respaldar el normal funcionamiento de la institucionalidad pública, de forma que ésta pueda atender, como es su deber y obligación, las acuciantes necesidades derivadas de la situación de crisis que enfrentamos? Negarse a hacerlo, cuando de previo se hizo para apoyar a la banca comercial, sólo se podría interpretar como una muy cuestionable opción ideológica.

17) Nos parece desatinada la idea de destinar los fondos provenientes del exterior, a la refinanciación de la deuda interna, apelando al pretexto de que ello permite cambiar “deuda cara” por “deuda barata”.

18) En primer lugar, como ya dijimos, es deber del Banco Central hacer que esa deuda cara, deje de serlo y se abarate. En segundo lugar, los recursos externos deben aplicarse a usos que reactiven la economía, generen muchos empleos y eleven la productividad. Eso es lo realmente importante, pero, además, es necesario para crear la capacidad de pago que nos permita en el futuro pagar esa deuda en moneda extranjera. Recordemos que, en el mediano y largo plazo, la deuda externa agrava la fragilidad y vulnerabilidad de la economía. La única manera de impedir que ello ocurra, es dándole un uso altamente productivo, no destinándola a la simple e improductiva refinanciación de la deuda interna.

19) Considerando la magnitud del pago de intereses de la deuda pública, cuyo carácter abusivo ya nadie puede negar en este país, es menester que sus autoridades nos brinden información acerca de la deuda pública según nuestra petición siguiente:

1. Cantidad total de la deuda pública nacional al 31 de enero de 2021.
2. Cantidad total de la deuda pública, en colones; y, cantidad total de la deuda pública en moneda extranjera, particularmente en dólares y en euros.
3. Porcentaje de la deuda pública cuyos acreedores son de origen nacional.
4. Porcentaje de la deuda pública cuyos acreedores son de origen extranjero.
5. Listado de las entidades/personas, tanto nacionales como extranjeras, acreedoras de esa deuda pública del país, detallando en cada caso el monto adeudado.
6. Fecha de formalización de cada una de esas operaciones crediticias catalogadas como deuda pública.
7. Finalidades de cada uno de esos créditos y entidad, público-privada, receptora en cada caso.
8. Tasa de interés pactada en cada una de esas operaciones crediticias con cargo a la deuda pública.
9. Porcentajes/cantidades pagadas por concepto de comisión en cada caso, tanto a personas/como entidades públicas y privadas.
10. Fechas de concreción de cada crédito con cargo a la deuda pública del país.
11. Listado de las entidades (bancario-financieras y jurídico-legales) que han intermediado en las operaciones crediticias del Estado con sus acreedores; así como en proceso de concreción de nuevos préstamos.
12. Listado de vencimientos de pago del principal de créditos de la deuda pública al término del presente año 2021.
13. Listado de vencimientos de pago a partir del año 2022.
14. Respuesta a cada una de las interrogantes que quedaron planteadas en párrafos anteriores y que aparecen subrayadas.

20) Han podido constatar sus dignas autoridades, que la información aquí peticionada es de extraordinario e inobjetable interés público; así como que las circunstancias político-económicas y sociales que vive el país en estos momentos, indican que la totalidad de la población costarricense tiene que ver, de un modo u otro, con las respuestas a nuestras interrogantes.

21) Esta solicitud de información la amparamos al Artículo 27 Constitucional y el 32 de la Ley de Jurisdicción Constitucional; amén de la reiterada jurisprudencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia con relación al derecho ciudadano de acceso a este tipo de información.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General de ANEP

Connotadas figuras políticas del bipartidismo tradicional, Liberación y Unidad, incluyendo a algunos expresidentes de la República salidos de sus entrañas (Miguel Ángel Rodríguez Echeverría y Óscar Arias Sánchez, por ejemplo), son ahora también, como lo fueron durante la campaña a favor de que el país suscribiera un tratado de “libre” comercio con los Estados Unidos, vocerías histéricas a favor de que el país se someta al convenio con el Fondo Monetario Internacional (FMI), con el “famoso” préstamo de los 1.750 millones de dólares.

De la misma forma, estamos observando que, desde las matrices mediáticas que fueron fundamentales en la promoción ideológica política de ese TLC, salen los cantos del “fin de los tiempos” si la Asamblea Legislativa del país no aprueba el préstamo con el FMI; especialmente, ya se están echando a la hoguera de las tensiones sociales amenazas fundamentalistas de que sin FMI nos “hundiremos sin posibilidad de salvarnos”, dentro de lo cual se destacan las ondas de radio, las páginas escritas y las imágenes televisivas del periodismo de odio.

Esto del FMI tiene que ver con un nuevo episodio del ataque hegemónico-ideológico de los sectores pudientes del gran capital que han abrazado la causa fundamentalista del todo mercado-nada Estado; ataque que se ha intensificado a partir de los resultados electorales de la elección presidencial y diputadil de febrero de 2018; resultados que, entre otras consecuencias sumó al Partido Acción Ciudadana (PAC) a la línea ideológica neoliberal que ya había penetrado a los partidos Liberación y Unidad.

Precisamente, es en el actual período gubernativo-constitucional, 2018-2022, a partir de la estafa política cometida por Carlos Alvarado Quesada, que esa causa fundamentalista del todo mercado-nada Estado ha avanzado sustancialmente; resaltando una tríada de legislación ideológica de ataque frontal al sector Público, a quienes laboran para él, a los derechos conquistados por el personal estatal y sus correspondientes situaciones jurídicas consolidadas, así como a las organizaciones que le representan, los sindicatos.

Esa tríada de legislación antiobrera y en contra de la institucionalidad republicana establecida en la Constitución Política de 1949 se compone de la ley del combo fiscal, de la ley antihuelgas y del actualmente en trámite ley marco de Empleo Público.
El convenio con el FMI se concibe en el marco de esa causa fundamentalista todo mercado-nada Estado; partiendo de que estamos en presencia de un Estado central prácticamente quebrado, cuyos recursos presupuestarios son destinados, en gran medida, a pagar los intereses abusivos de una deuda pública que rebasará la barrera de los 70 puntos PIB muy pronto; y que, por tanto, hará que ese bipartidismo clásico, ahora “fortalecido” con la llegada del PAC a sus filas, ponga en la agenda la venta de los activos valiosos del patrimonio patrio que todavía nos quedan.

La venta de activos, explícitamente planteada, si bien ya no se discutirá en la presente administración gubernativa, lo será en la próxima (2022-2026), habida cuenta de que el real poder que impulsa la causa fundamentalista del todo mercado-nada Estado seguirá hegemonizando, pues el sujeto histórico que desafíe esa causa sigue sin perfilarse como desafiante, aunque sí hay condiciones para ello.

“Los Miguel Ángel Rodríguez Echeverría”, “los Óscar Arias Sánchez”, el periodismo de odio y su caterva de amanuenses, repetidoras radiofónicas y televisivas, columnistas y editorialistas y similares; están con el convenio FMI pues este perdurará el estado de deuda pública, por una parte; por la otra, mantendrá el pago de intereses perpetuamente obsceno; y con ello solidificará la base real del poder del todo mercado-nada Estado, asentada en el control hegemónico de los sectores banquero-financieros, especialmente.

Los mismos del TLC, son los mismos del FMI: las mismas consecuencias negativas se darán en ambos casos para la sociedad: más exclusión y más desigualdad. El rumbo lo están imponiendo ellos que, aunque son minoría, muestran una “eficiente” articulación estratégica; nosotros, que somos la mayoría, seguimos totalmente desperdigados.

Albino Vargas Barrantes Secretario General Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

Connotadas figuras políticas del bipartidismo tradicional, Liberación y Unidad, incluyendo a algunos expresidentes de la República salidos de sus entrañas (Miguel Ángel Rodríguez Echeverría y Óscar Arias Sánchez, por ejemplo), son ahora también, como lo fueron durante la campaña a favor de que el país suscribiera un tratado de “libre” comercio con los Estados Unidos, vocerías histéricas a favor de que el país se someta al convenio con el Fondo Monetario Internacional (FM), con el “famoso” préstamo de los 1.750 millones de dólares.

De la misma forma, estamos observando que, desde las matrices mediáticas que fueron fundamentales en la promoción ideológica política de ese TLC, salen los cantos del “fin de los tiempos” si la Asamblea Legislativa del país no aprueba el préstamo con el FMI; especialmente, ya se están echando a la hoguera de las tensiones sociales, amenazas fundamentalistas de que sin FMI nos “hundiremos sin posibilidad de salvarnos”, dentro de lo cual se destacan las ondas de radio, las páginas escritas y las imágenes televisivas del periodismo de odio.

Esto del FMI tiene que ver con nuevo episodio del ataque hegemónico-ideológico de los sectores pudientes del gran capital que han abrazado la causa fundamentalista del todo mercado-nada Estado; ataque que se ha intensificado a partir de los resultados electorales de la elección presidencial y diputadil de febrero de 2018; resultados que, entre otras consecuencias, sumó al Partido Acción Ciudadana (PAC), a la línea ideológica neoliberal que ya había penetrado a los partidos Liberación y Unidad.

Precisamente, es en el actual período gubernativo-constitucional, 2018-2022, a partir de la estafa política cometida por Carlos Alvarado Quesada, que esa causa fundamentalista del todo mercado-nada Estado ha avanzado sustancialmente; resaltando una tríada de legislación ideológica de ataque frontal al sector Público, a quienes laboran para él, a los derechos conquistados por el personal estatal y sus correspondientes situaciones jurídicas consolidadas, así como a las organizaciones que le representan, los sindicatos.

Esa tríada de legislación anti-obrera y en contra de la institucionalidad republicana establecida en la Constitución Política de 1949, se compone de la ley del combo fiscal, de la ley anti-huelgas y de la actualmente en trámite, ley marco de Empleo Público.

El convenio con el FMI se concibe en el marco de esa causa fundamentalista todo mercado-nada Estado; partiendo de que estamos en presencia de un Estado central prácticamente quebrado, cuyos recursos presupuestarios son destinados, en gran medida, a pagar los intereses abusivos de una deuda pública que rebasará la barrera de los 70 puntos PIB muy pronto; y que, por tanto, hará que ese bipartidismo clásico, ahora “fortalecido” con la llegada del PAC a sus filas, ponga en la agenda la venta de los activos valiosos del patrimonio patrio que todavía nos quedan.

La venta de activos, explícitamente planteada, si bien ya no se discutirá en la presente administración gubernativa, lo será en la próxima (2022-2026), habida cuenta de que el real poder que impulsa la causa fundamentalista del todo mercado-nada Estado, seguirá hegemonizando pues el sujeto histórico que desafíe esa causa sigue sin perfilarse como desafiante, aunque si hay condiciones para ello.

“Los Miguel Ángel Rodríguez Echeverría”, “los Óscar Arias Sánchez”, el periodismo de odio y su caterva de amanuenses, repetidoras radiofónicas y televisivas, columnistas y editorialistas y similares; están con el convenio FMI pues éste perdurará el estado de deuda pública, por una parte; por la otra, mantendrá el pago de intereses perpetuamente obsceno; y con ello, solidificará la base real del poder del todo mercado-nada Estado, asentada en el control hegemónico de los sectores banquero-financieros, especialmente.

Los mismos del TLC, son los mismos del FMI: las mismas consecuencias negativas se darán en ambos casos para la sociedad: más exclusión y más desigualdad. El rumbo lo están imponiendo ellos que, aunque son minoría, muestran una “eficiente” articulación estratégica; nosotros, que somos la mayoría, seguimos totalmente desperdigados.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

PASAR FACTURA es una campaña que estamos promoviendo por redes sociales (en lo fundamental) para hacer mención de la gran responsabilidad que, como ciudadanía con derecho al sufragio, tendremos el 6 de febrero de 2022, con ocasión de las elecciones presidenciales y diputadiles, período 2022-2026. A hoy, miércoles 27 de enero de 2021, estaremos a 375 días de PASAR FACTURA.

Con base en este sentimiento-pensamiento de aprovechar la urna electoral de 2022 para PASAR FACTURA, consideramos que lo más relevante que debemos tener en mente es la gestión financiero-fiscal y tributaria de las últimas administraciones gubernativas de los partidos Unidad, Liberación y Acción Ciudadana; o, como solemos denominar a la actual coalición ejecutivo-legislativa en el “poder”, el PLUSC-PAC.

Ponemos la palabra “poder” entrecomillada, puesto que Alvarado Quesada y las personas diputadas que le siguen en el Parlamento responden a intereses financiero-bancarios y económico-mediáticos que, aun cuando no gobiernan, son el real poder en estos momentos.

En tal sentido, a la hora de votar en el 2022, el PASAR FACTURA tiene que considerar, prácticamente como asunto fundamental, la espantosa realidad financiero-fiscal que representa el gigantesco endeudamiento público del país; el cual, durante todo el año que acaba de pasar, el 2020, nos sacó de nuestros bolsillos la astronómica cantidad de 197 millones de colones, ¡por hora!

197 millones de colones por hora, hizo que, durante cada uno de los 365 días del año pasado 2020, el Ministerio de Hacienda tuviera que pagar intereses de la deuda pública por el orden de casi 5 mil millones de colones.
La profunda reflexión que debemos hacernos y la enorme pregunta paralela a esa reflexión, en el momento de PASAR FACTURA en la privacidad de la urna electoral, es las razones por las cuales la clase política del tripartidismo PLUSC-PAC no ha convertido el tema de la altísima y descomunal deuda pública del país y sus abusivos intereses en el tema número uno del debate nacional.

¿Cuál es la naturaleza de ese gran poder que está detrás de la desgastada clase política PLUSC-PAC que impide que tal tema no adquiera prioridad nacional como sí lo han hecho con el tema del empleo público, o con el tema del préstamo con el Fondo Monetario Internacional (FMI)?

Para que usted tenga una idea de la monstruosidad en contra de la población que implica esos 197 millones de colones por hora en pago de intereses de la deuda pública; y, lo que representa el pago de casi 5 mil millones de colones al día por tal razón; piense en esto:
El préstamo con el FMI es por la cantidad de 1.750 millones de dólares; mientras que solamente en 2020 el país pagó en intereses de la deuda pública 2.764 millones de dólares. Es decir, un préstamo y medio pagamos el año pasado, si nos atenemos a la cantidad esa de 1.750 millones de dólares.

¡Realmente es monstruoso! Tenemos muchísimo tiempo de reclamar la realización de una Auditoría Ciudadana de la deuda pública y del terrible pago obsceno de intereses: ¿qué personas, qué entidades, que instituciones públicas y privadas son acreedoras del país?; ¿cuándo se contrajeron esos préstamos y/o cuál es la realidad anual de la colocación de bonos?; ¿quiénes son tenedores de los mismos y en qué cantidades, al menos?; ¿qué parte de esa deuda se podría reestructurar, condonar, redefinición de plazos, rebaja de intereses, etc.? Cualquier cantidad de interrogantes y de vías de investigación se podrían hacer de este tema tan cruel con la gente como lo es el endeudamiento del país. PASAR FACTURA se convierte en un imperativo ético de primer orden para las personas honestas de este país.

Expresamos un fuerte y vehemente emplazamiento público a las cinco universidades estatales de Costa Rica pues, con todo respeto, llegó el momento de que les pasemos factura, como ciudadanía indefensa y acosada que somos por parte de la clase gobernante del tripartidismo PLUSC-PAC; en el entendido de que les corresponde, en esta hora crucial de la historia patria y de manera coincidente con el año del bicentenario de la independencia, emprender la irrenunciable tarea de ejecución de esa Auditoría Ciudadana de la deuda pública.

Deben pasarse del lado de la gente, del lado ciudadano, del lado de la verdadera democracia y superar la especie de chantaje político que les hace esa corrupta clase gobernante, con los dineros públicos que necesitan para operar.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)

“Los que hoy vienen en bicicleta, con el TLC vendrán en motocicleta BMW, y los que vienen en un Hyundai, vendrán en un Mercedes Benz, en esto consiste el desarrollo”.

Fue éste uno de los principales “argumentos” de la demagogia de Óscar Arias Sánchez, cuando en el ejercicio de su segunda Presidencia de la República (2006-2010), se metió de lleno en la campaña a favor de que el país tuviera un tratado de “libre comercio” (TLC), con los Estados Unidos.

Los indicadores sociales y económicos que tenía el país a la llegada de la pandemia del covid-19, en marzo de 2020, daban cuenta de que el tal TLC no vino a contribuir, de manera sólida, a la inclusión económica y social.

A esa fecha, por ejemplo, el desempleo era ya altísimo, especialmente en el ámbito de la población joven; la informalidad se acercaba al 50% de la Población Económicamente Activa (PEA). ¡Y ni qué decir del alto déficit fiscal y el crecimiento fuerte de la deuda pública, sin que se hubiesen dado cambios profundos en el sistema tributario!

“Denme el TLC y yo les doy la reforma tributaria”, fue otra frase de campaña a favor de ese TLC que utilizó Óscar Arias Sánchez. La demagogia de la misma, así como las terribles consecuencias que implicó no hacer esa reforma tributaria, hoy, a 13 años de la aprobación (imposición de dicho tratado), nos tiene al borde de un colapso fiscal cercano al default.

Bien sabía el indicado político que, con ese tipo de TLC, el país perdería entre 2 puntos y 2.5 puntos del Producto Interno Bruto (PIB), en impuestos que el fisco dejaría de percibir por el proceso de desgravación arancelaria (potenciado por el “clásico” desastre del Sistema Aduanero Nacional). Nunca se repuso ese faltante fiscal y nunca llegó la reforma tributaria que el país necesitaba… y sigue necesitando hoy más que nunca.

Don Óscar Arias Sánchez, los grupos económico-financiero de los cuales es él representante y vocero, así como los medios del negocio de las noticias practicantes del periodismo de odio que siempre le han respaldado; tienen una enorme responsabilidad por el grave proceso involutivo que sufre la sociedad costarricense de la actualidad, al punto de que estamos ubicados dentro del grupo de diez países más desiguales del planeta.

Él, que tiene una cuenta pendiente que saldar con los sectores pobres y desposeídos del país; e incluso, ahora podemos agregar a los sectores medios, tiene menos autoridad moral que nunca antes cuando está abogando porque el país se enjarane más todavía con el préstamo que se le quiere imponer a la población, del crédito de los 1.750 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional (FMI).

“Yo le he pedido a los diputados del PLN que le ayuden al país», dice el señor Arias Sánchez. Y nosotros nos preguntamos: ¿A cuál país? ¿Al país de 8 puntos PIB de robo de impuestos? ¿El país de 6 puntos PIB de exenciones-exoneraciones empresariales abusivas? ¿Al que está en el Top 10 de los más desiguales del planeta?

“Yo le he pedido a los diputados del PLN que le ayuden al país», ¿A cuál país? ¿Al de las zonas francas con 379 mil millones de colones 17 en exenciones? ¿Al de los banqueros que multiplican hasta en un 168% sus ganancias mediando los intereses de la deuda pública?

Con un nivel de endeudamiento público imposible de pagar, al menos en la forma brutal en que lo vienen haciendo, con ese indescriptiblemente perverso pago diario de intereses (cerca de 5 mil millones de colones cada 24 horas); un ciudadano como Óscar Arias Sánchez, debería estar procurando un proceso nacional acercamiento entre los sectores sociales y políticos cada vez más confrontados entre sí; y no, atizar él la hoguera de la confrontación, agregando más leña al fuego de la confrontación, con la propuesta fondomonetarista que no vendrá a resolver el problema de fondo, sino que lo agravará.

La verdad es que no otra cosa se esperaría del señor Óscar Arias Sánchez, considerando que él es parte privilegiada en la Costa Rica atormentada por la exclusión y por la desigualdad. Él se siente “águila” y los caracoles que se caigan por el despeñadero.

Albino Vargas Barrantes Secretario General (ANEP)

El Ministerio de Hacienda acaba de dar a conocer las principales cifras macro-fiscales del recién pasado año 2020. Cada vez que su máximo jerarca político, con Elián Villegas Valverde abre la boca para hablar de todos estos temas y sus aspectos conexos, uno siente mucha desconfianza pues su credibilidad está muy mermada, a raíz de sus contradicciones públicas con otras personas integrantes del gabinete ministerial y su equipo económico.

De los datos que dio a conocer, queremos llamar la atención en uno de ellos: es el pago de los intereses de la deuda pública. El pasado año 2020, hubo que pagar a sus acreedores, solamente por concepto de intereses, una cantidad difícil de imaginar: 1 billón 700 mil millones de colones. Ni un cinco fue para amortizar al principal de esa deuda pública.

En números, esa gran cantidad se representa así: 1.700.000.000.000.

Esta espeluznante carga de fondos públicos, destinados solamente a pagar intereses de la deuda pública, se puede desglosar de la siguiente manera:

141 mil 666 millones, 666 mil 666 colones, POR MES (141.666.666.666).

4 mil setecientos veintidós millones, 222 mil 222 colones, POR DÍA (4.722.222.222).

196 millones 759 mil 259 colones, POR HORA (196.759.259).

3 millones 279 mil 320 colones, POR SEGUNDO (3.279.320).

En múltiples ocasiones y desde hace ya bastante tiempo, la corriente sindical en la cual desarrollamos nuestra lucha social cotidiana, ha venido insistiendo en la brutalidad de la agresión a las finanzas públicas que representa el altísimo endeudamiento público y la terrible carga de su pago de intereses.

Lo que nos pasó en el 2020, según usted puede ver en el detalle de las cifras indicadas en el párrafo anterior de este comentario, es la constatación más dramática de esta especie de crimen contra toda la sociedad que significa esa deuda-país, cercana ya a los 40 mil millones de dólares.

1 billón 700 mil millones de colones en pago de intereses, solamente en el año 2020, equivale a la no menos gigantesca cantidad de 2 mil 764 millones 227 mil 642 dólares. Dicho de otra manera, 2 mil 765 millones de dólares en pago de intereses, es 1.85 superior a la cifra de 1.750 millones de dólares del ya polémico crédito que se le quiere imponer a la sociedad con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Es decir, el pago de intereses de la deuda pública el año pasado, es casi dos veces la cantidad solicitada por el gobierno al FMI.

No es el salario de las personas trabajadoras asalariadas lo que nos llevó hasta aquí. Gran parte de la responsabilidad del desastre fiscal que obliga a tan espantoso pago de intereses de la deuda pública, tiene que ver (entre otros aspectos), con la no menos corrupta evasión y elusión fiscales de la última década, anterior al año de la llegada de la pandemia al país.

Hablamos de que durante la década 2010-2019, se dio, en promedio anual, un fraude tributario del orden de los 3 mil 800 millones de dólares. En esos diez años, por coincidencia macabra, los depósitos del público en moneda extranjera, en los bancos públicos y privados, era de una cantidad muy cercana, a la suma de los recursos que el fisco nunca recibió en esa década 2010-2019. ¿Qué conexiones hubo? Sería muy interesante tener plena claridad en algún momento.

Hoy, ante el panorama fiscal y ante el riesgo para el país de quedar atrapado en las redes del FMI (por más que ahora intenten vendernos su nueva imagen), hemos llegado a la más fuerte convicción de que no habrá solución a la crisis fiscal nacional que está en desarrollo, sin atender, con bisturí político de fuerte consistencia, el tema de la deuda pública y de su pago de intereses estratosféricos.

Hay que hacer reingeniería financiera de esa deuda; reestructurarla de múltiples formas, pero no para su manejo gubernativo-circunstancial; sino para detener el estrangulamiento de las finanzas públicas en el corto, mediano y largo plazo. Hay que proceder a redefinir las tasas de interés que el Estado está pagando por esa deuda. En términos más integrales, el tema fiscal requiere de un real pacto fiscal.

No se vale seguir sacrificando “a los y a las de abajo”, llevándose ya, también, hacia el despeñadero a “los y a las de en medio”; en aras de seguir preservando un perverso y catastrófico “status quo” de la deuda pública con esa carga de intereses imposibles de seguir pagando a las tasas actuales, por una parte; y por otra, sin modificar para nada el fraude tributario estructural. La discusión y la solución debe ser integral.