Categoría: Opinión

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Carlos Alvarado Quesada resultó ser el más grande estafador político que ha ocupado la Presidencia de la República, al menos de las últimas seis administraciones gubernativas a nivel del Poder Ejecutivo. En diversos espacios y circunstancias, hemos explicado este criterio nuestro, así como también lo hemos escrito.

En la pasada campaña electoral, durante su recorrido buscando votos en locales sindicales, Alvarado Quesada planteó una acción gubernativa radicalmente distinta a la que estamos sufriendo hoy, la abrumadora mayoría del pueblo costarricense.

Además, considerando que su partido, el Partido Acción Ciudadana (PAC), había elaborado un ideario ideológico-programático centrado en la búsqueda y la promoción del bien común, así como la recuperación estratégica de las políticas de inclusión social y económica, queda más claro aún que la estafa política en las elecciones presidenciales y legislativas del año 2018, fue por partida doble.

La gente le ha cobrado a él, esa estafa política. Es el mandatario ejecutivo más desprestigiado, más repudiado, el de menor credibilidad, desde que se hacen encuestas para medir la percepción ciudadana de la persona que ocupa la Presidencia de la República. Además, es el que más acusaciones penales tiene en trámite.

Aparte del empleo por parte nuestra de esta categoría sociopolítica de estafador que le hemos venido endilgando al señor Alvarado Quesada; ahora vamos a tener que agregarle otra, la de embustero, también en el plano de la calificación sociopolítica de su actuar presidencial.

Explicamos… El señor Alvarado Quesada se dejó decir que la aprobación del proyecto-Expediente Legislativo 21.336, Ley Marco de Empleo Público, es una condición sine qua non para que el Fondo Monetario Internacional (FMI), le “preste” al país 1.750 millones de dólares para el tema del descalabro fiscal que vive Costa Rica; no debido, por cierto, al pueblo trabajador sino a los gobernantes de las últimas administraciones de la cosa pública y sus pésimas gestiones ejecutivo-legislativas.

Durante todas las semanas recientes en que este asunto del “convenio” con el FMI ha estado en la palestra pública, ni una sola vez se le dijo a la población que, sin la aprobación de esa legislación, el FMI no prestaría esa plata; plata que Costa Rica no necesita porque aquí hay de sobra.

Es más, no conocemos de una indicación explícita del FMI de que eso sería así. Y si la hubiera, la habrían ocultado. Sin embargo, no lo creemos. Esta gente del FMI, por lo general y dada su trayectoria, no se anda con pelos en la lengua.

Al navegar en internet (https://www.wordreference.com/definicion/embustero), la palabra embustero nos dice de alguien que dice una mentira grande disfrazada de verdad. El adjetivo embustero se emplea para calificar a aquel que realiza embustes: engaños, trampas. Un individuo embustero, por lo tanto, es mentiroso.

Creemos que Alvarado Quesada no puede demostrar el documento-directriz del FMI en el cual se indique si no hay Ley Marco de Empleo Público, no habrá plata (los 1.750 millones de dólares). Por tanto, se trata de un embuste.

Tendríamos que retractarnos, por esta mía vía, si nos lo enseñase y pudiéramos constatar su autenticidad. Como eso no es real, tendremos que decirle aparte de estafador, embustero; repetimos, como categorías políticas de calificación del señor Alvarado Quesada como gobernante.

El proyecto Ley Marco de Empleo Público representa una iniciativa criolla de los sectores económico-financieros dominantes del accionar de la Casa Presidencial como el del parlamento. Se trata de una iniciativa plenamente ideológica, congruente con otras dos ya aprobadas en contra de la naturaleza y del personal del sector público costarricense.

Este proyecto 21.336 forma parte de la tríada de legislación que pretende la destrucción del modelo de Estado surgido a partir de 1949, con la denominada Segunda República. Esas dos legislaciones ya aprobadas son la conocida como el combo fiscal (2018) y la ley anti-huelgas (2019). Como ven ustedes, el señor Alvarado Quesada, aparte de estafador político, también nos está resultando un embustero político.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

“Se debe desligar a las municipalidades-como cuerpos elegidos por el pueblo- de las influencias del Poder Ejecutivo.”

Este contundente criterio y concepto fue pronunciado durante las históricas sesiones parlamentarias que, con ocasión de la Asamblea Constituyente de 1949, dieron origen a la actual Constitución Política de Costa Rica, la del 7 de noviembre de 1949; la cual consagró la Autonomía Municipal como una de las piedras angulares del nuevo proceso republicano que se abrió con la promulgación de esa Carta Magna, misma que, hoy 71 años después, todavía fundamenta nuestra institucionalidad como nación.

Otro diputado constituyente de ese gran acontecimiento histórico, la Asamblea Constituyente de 1949, también fue enfático al indicar lo siguiente: “Si se desea realmente otorgar a las municipalidades plena autonomía, deben desligarse del Poder Ejecutivo.”

Así nos lo ha recordado, de manera muy oportuna, el ciudadano don Manuel Hernández Venegas, en su reciente artículo Detractores de la autonomía municipal.

Quienes, dentro y fuera de este parlamento, se han convertido en detractores ideológicos y detractores políticos del régimen municipal costarricense, deben saber que no tienen el más mínimo respaldo en el seno de la comunidad institucional, política, social, laboral y comunal de las municipalidades de Costa Rica. Hablamos con la autorizada voz que nos da ser la expresión contundente de la clase trabajadora municipal organizada en la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP); a través de los compañeros y de las compañeras dirigentes laborales de base de la ANEP en los gobiernos locales, presentes aquí y con el beneplácito de quienes no pudieron asistir por diversas razones, para indicarles a ustedes, señoras diputadas y señores diputados, lo siguiente:

PRIMERO: El proyecto Ley Marco de Empleo Público representa, en el caso de los gobiernos locales costarricenses, una involución y un retroceso de siete décadas en el desarrollo de la institucionalidad democrática y republicana de las municipalidades.

SEGUNDO: El proyecto Ley Marco de Empleo Público somete a las municipalidades a las decisiones circunstanciales de la Casa Presidencial de turno, en materia de gestión estratégica e integral de Recursos Humanos; y, por ende, invade los espacios autónomos de ejecución administrativo-financiera según las necesidades comunales. Se abre, así, un portillo, de consecuencias insospechadas pero temibles.

TERCERO: El proyecto Ley Marco de Empleo Público, sienta las peligrosas bases para abrirle paso a un modelo de Estado de corte autoritario-totalitario, excesivamente verticalista; modelo de Estado que existía antes de los dolorosos acontecimientos de la Guerra Civil entre costarricenses, ocurrida en marzo-abril de 1948, lo cual contribuyó o fue una de las causas de ese conflicto armado que le quitó la vida a, al menos, 2000 compatriotas de entonces.

CUARTO: El proyecto Ley Marco de Empleo Público, contiene groseras violaciones a nuestra Carta Magna del 7 de noviembre de 1949. Está plagado de ocurrencias, de inconsistencias, de improvisaciones irresponsables; mostrando su contenido esencial y sus torpes mociones consecutivas, un desprecio profundo de la jurisprudencia constitucional en materia de gestión ejecutiva y de relaciones obrero-patronales a nivel del Estado; un desdén caprichoso y soberbio por los informes previos de gran contenido histórico-jurídico y de solvencia moral internacional, preparados por valiosos especialista,; entre éstos, los de la propia ANEP, los cuales emitieron criterio vulgarmente despreciado por las personas legisladoras que han llevado la conducción ideológica y político-hegemónica del trámite de este nefasto proyecto.

QUINTO: El proyecto Ley Marco de Empleo Público es profundamente ideológico, al responder a los intereses de los sectores de mayor poderío económico, los cuales resienten la tardanza en la apropiación privada de las más relevantes empresas públicas propiedad de todo el pueblo costarricense; concibiendo esta perversa legislación como un paso fundamental en la ruta egoísta que le quiere imponer al país la plutocracia reinante.

SEXTO: Gran parte de las motivaciones fundamentales que impulsa el proyecto Ley Marco de Empleo Público, han sido generadas por la insana práctica de periodismo de odio, mediando matrices mediáticas que han intoxicado a la ciudadanía, con la ejecución de la más perversa campaña de agresión psicológica y de terrorismo ideológica jamás desplegada contra grupo social alguno de personas costarricenses, en lo que va de lo que denominamos Segunda República. Una campaña propagandística que mandó al cajón de la basura las elementales reglas de un periodismo decente y equilibrado.

SÉTIMO: Las municipalidades están destinadas a ampliar su red de servicios públicos, fortaleciendo los que actualmente gestionan y asumiendo otros no menos relevantes; mismos que se brindan desde un Estado central colapsado por el pago exorbitante de los intereses de la deuda pública y de la deuda misma; razón por la cual, como legítimas representaciones obreras del personal municipal costarricense, indicamos que los gobiernos locales deben ser fortalecidos en las más diversas dimensiones para que potencien el desarrollo más integral a nivel de la comunidad; propiciando más empleo, más gestión de micro-pequeños y medianos negocios-empresas y actividades de economía social solidaria. Más programas de prevención social e integración ciudadana; más atención a la juventud; más apoyo a las madres jefas de hogar, más fortalecimiento para el pequeño y mediano productor agropecuario en los cantones donde corresponda; más recreación y cultura, más deporte y sano esparcimiento.

OCTAVO: El proyecto Ley Marco de Empleo Público castra, de raíz, los indicados y otros aspectos del potenciamiento del desarrollo futuro de los gobiernos locales; con lo cual, se va a acrecentar los peligrosos niveles de exclusión económica y de desigualdad social que sufrimos en nuestros cantones y de los cuales, como personal municipal, hace que afrontemos a diario el dolor, las congojas y el sufrimiento de nuestros vecinos y de nuestras vecinas.

NOVENO: Los gobiernos locales nunca debieron ser considerados para incluírseles en esa nefasta legislación de empleo público; por demás, un proyecto que nunca fue exigencia o requisito para que el Fondo Monetario Internacional (FMI), le dé un préstamo al país por 1.750 millones de dólares que Costa Rica no los necesita, pues las alternativas internas sobran para atender el problema de las finanzas públicas; problema que ninguna persona trabajadora municipal del país, ni nuestras respectivas autoridades en los gobiernos locales jamás generó.

DÉCIMO: Nosotros y nosotras, como personas trabajadoras honestas, asalariadas del sector municipal del país, régimen que es esencia misma de la maltrecha Democracia; nos comprometemos a desplegar todos los esfuerzos necesarios, en los más diversos ámbitos, tanto en lo local como en lo nacional, así como en lo internacional, para salvaguardar una de las herencias más sensibles de nuestra institucionalidad actual: la Constitución Política de 1949 y su constitucional régimen municipal. Recogemos ese legado de los padres y de las madres que fundaron el Estado Social de Derecho, en los procesos de lucha social previos a la Guerra Civil de 1948, así como en los que le siguieron a partir de la Carta Magna de 1949. Y ésta es nuestra consigna fundamental de lucha en estos históricos momentos: “Se debe desligar a las municipalidades-como cuerpos elegidos por el pueblo- de las influencias del Poder Ejecutivo.”

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Alvarado Quesada, la élite macro-empresarial para la cual él gobierna, así como las diputaciones que ejecutan las órdenes políticas de la misma (a las cuales se les “tuerce” los brazos”, según decir del legislador oficialista-PAC, Luis Ramón Carranza Cascante); insisten en imponer su concepción ideológica del empleo público en esta etapa histórica tan compleja que estamos viviendo, marcada por la exclusión económica y por la desigualdad social, con la renuncia a la búsqueda y a la promoción del bien común, por parte de quienes controlan las políticas públicas.

Nosotros pensamos que más que una cuestión fiscal, la concepción de empleo público que están tratando de imponer, con la tramitación parlamentaria atropellada del Expediente Legislativo 21.336, Ley Marco de Empleo Público, es de carácter ideológico, en esencia, con una fuerte dosis de odio de clase en contra de las personas trabajadoras estatales.

El Gobierno, vía Ministerio de Hacienda, ha indicado que “…es necesaria la aprobación de una ley de empleo público que permitiría ahorrar 0,81 del PIB a partir del 2023”, según comunicado de prensa emitido por la Unidad de Comunicación Institucional de dicha cartera ministerial, con fecha 6 de enero en curso. (Por cierto, que, en el mismo, se oficializa que el “Gobierno no considera aumentar el IVA al 14% ni crear impuesto a transacciones financieras en propuesta al FMI; decisión cargada de miedo por la fuerte resistencia popular a iniciativas de este tipo, así expresado por una multiplicidad de sectores, entre ellos el sindicalismo no alineado).

¿Por qué creemos que el trasfondo del proyecto de la Ley Marco de Empleo Público, es de orden ideológico con fuerte carga de odio de clase?

Si nos atenemos a la magnitud del tamaño del déficit fiscal, según el oficialismo, que nos digan que solamente se pretende ahorrar 0.81% del PIB y que tal ahorro se daría a partir del 2023, es muestra que es lo ideológico y no lo fiscal lo que impulsa tal funesta legislación; si nos atenemos que la gritería oficialista de corte neoliberal es que el déficit fiscal es “altísimo” y que está “fuera de control” (7-9 puntos PIB).

Efectivamente, 0.81% del PIB es una cantidad que equivale a unos 285 mil millones de colones; una cantidad que puede ser sustituida, fácilmente, por otras fuentes de ingresos fiscales que siguen intocadas y que tienen que ver con la naturaleza perversa de las exoneraciones-exenciones empresariales, que suman 6 puntos del PIB; o bien, con la pavorosa red de corrupción que permite las más diversas y extendidas formas de evasión y de elusión fiscales, que superan los 8 puntos del PIB.

“A confesión de parte…”, nos dice el refrán popular. Es el propio Ministerio de Hacienda el que se encarga de oficializar, de manera indirecta, que no es lo fiscal lo que priva en la locura irresponsable de un proyecto como la Ley Marco de Empleo Público plagado de inconstitucionalidades; considerando que ya no es sostenible la perversa tesis de que el déficit fiscal se debe a los salarios devengados por las personas trabajadoras asalariadas estatales. De esto ya nos habíamos encargado de desacreditarlo hace bastantes meses, en el seno de la corriente sindical en la cual militamos.

Como es lo ideológico el contenido sustancial del proyecto de Ley Marco de Empleo Público, el mismo tiene un valor estratégico para la camarilla del real poder gobernante de la actualidad, la de la consigna del “Todo mercado-Nada Estado”. La reestructuración totalizante del modelo de Estado Social que todavía conservamos, aunque en condiciones precarias, ya logró la conversión en ley de la República de los otros dos proyectos integrantes de esta especie de “tríada maldita de legislación antiobrera” en contra del empleo público. Nos referimos a la ley del combo fiscal, impuesta en el año 2018; y la ley anti-huelgas, también impuesta en el 2019. Adicionalmente, ese expediente anti-empleado público, 21.336 es, en realidad, el objetivo central, también ideológico, para las “negociaciones” con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Ya nadie engaña a nadie.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

7 mil millones de dólares; o, en moneda nacional, 4 billones 300 mil millones de colones (4.300.000.000.000), es el monto de dinero acumulado al cierre del mes de octubre del recién concluido año 2020, por concepto de superávits (tanto los de carácter libre como los de orden específico), que atesoran importantes entidades del sector público.

Es la propia Contraloría General de la República (CGR), quien así lo dio a conocer en el informe “Ejecución de los ingresos y gastos del sector descentralizado al mes de octubre de 2020”.

Dicho informe indica, “De acuerdo con el resultado de la ejecución, al 31 de octubre de 2020, un total de 269 instituciones del sector descentralizado reportan un saldo de 4.322.937 millones (12.4 del PIB), por concepto de superávit acumulado no gastado. Esta cifra se compone de un 46.2 % (1.996.513 millones) de superávit libre y 53.8 % de superávit específico”.

7 mil millones de dólares acumulados en las arcas públicas del sector descentralizado del Estado costarricense, hacen innecesario que el país sea sometido al estrés social y a una eventual confrontación delicada con el “convenio” FMI que se quiere imponer, a cambio de un préstamo de 1.450 millones de dólares; cantidad ésta que apenas es un 25 % de esa gigantesca cifra de los superávits informados por el ente contralor.

Categóricamente reafirmamos la oposición de la ANEP a aumentar el Impuesto al Valor Agregado (IVA), que es el más injusto de todos los tributos; ni siquiera en el incremento de un punto para dejarlo en 14 %.

7 mil millones de dólares; o, en moneda nacional, 4 billones 300 mil millones de colones (4.300.000.000.000), es el monto de dinero acumulado al cierre del mes de octubre del recién concluido año 2020, por concepto de superávits (tanto los de carácter libre como los de orden específico), que atesoran importantes entidades del sector público.

Es la propia Contraloría General de la República (CGR), quien así lo dio a conocer en el informe “Ejecución de los ingresos y gastos del sector descentralizado al mes de octubre de 2020”.

Dicho informe indica, “De acuerdo con el resultado de la ejecución, al 31 de octubre de 2020, un total de 269 instituciones del sector descentralizado reportan un saldo de 4.322.937 millones (12.4 del PIB), por concepto de superávit acumulado no gastado. Esta cifra se compone de un 46.2 % (1.996.513 millones) de superávit libre y 53.8 % de superávit específico”.

7 mil millones de dólares acumulados en las arcas públicas del sector descentralizado del Estado costarricense, hacen innecesario que el país sea sometido al estrés social y a una eventual confrontación delicada con el “convenio” FMI que se quiere imponer, a cambio de un préstamo de 1.450 millones de dólares; cantidad ésta que apenas es un 25 % de esa gigantesca cifra de los superávits informados por el ente contralor.

Categóricamente reafirmamos la oposición de la ANEP a aumentar el Impuesto al Valor Agregado (IVA), que es el más injusto de todos los tributos; ni siquiera en el incremento de un punto para dejarlo en 14 %.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

El distinguido ciudadano, académico universitario y de profesión economista, don Luis Paulino Vargas Solís, quien es el director del Centro de Investigación Cultura y Desarrollo (CICDE), de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), publicó un excelente comentario titulado “Necesitamos renegociar la deuda interna”, que merece toda la atención ciudadana posible.

El artículo de don Luis Paulino fue publicado en setiembre de 2020.

La corriente sindical en la cual militamos ha venido insistiendo en este grave asunto de la deuda pública del país, especialmente en el escandaloso pago de intereses de la misma, a razón de 195 millones de colones diarios.

Pensamos que este problema es uno de los fundamentales que pueden ayudarnos a explicar la gravedad de la desigualdad y de la exclusión socioeconómica que sufre la abrumadora mayoría del pueblo costarricense.

Por la importancia del asunto, hemos considerado compartir con usted doce consideraciones que motivan a don Luis Paulino a fundamentar su planteamiento de la necesidad nacional de una renegociación política de la deuda interna del país.

En varias partes, don Luis Paulino escribe con la temporalidad del artículo, hablando del año que iba a concluir (2020), proyectando lo concerniente al presente, 2021. La contundencia de los planteamientos es completamente actual.

Este distinguido académico costarricense nos llama la atención de la siguiente manera:

PRIMERO – Factores que hacen viable esa renegociación.

1)  Del total de la deuda del Gobierno Central, el 77% es interna.

2)  Solo un 4% del total de la deuda interna está en manos de “no residentes”, o sea, personas o sociedades que no están domiciliadas en Costa Rica.

3)  Alrededor de un 45% de esa deuda está en el propio sector público (obviamente el restante 55% corresponde al sector privado, incluyendo bancos privados, cooperativas y mutuales).

 SEGUNDO – Factores que lo hacen necesario.

4)  Según las estimaciones oficiales, los pagos por intereses representarían para este año un 5,3% del valor de la producción nacional (el PIB) y un 5,6% el año venidero. O sea: la mayor parte del déficit fiscal proviene de los intereses.

5)  Las necesidades totales de financiamiento del Gobierno Central, que corresponden al financiamiento del déficit más la deuda que vence y que debe ser refinanciada, representa un monto muy significativo: 14% del PIB este año, y 15% en 2021.

TERCERO – ¿Qué objetivos tendría la renegociación?

6)  Reestructurar los plazos para convertir deuda de corto plazo en deuda de largo plazo y disminuir significativamente las amortizaciones que deban hacerse este año y los años inmediatos siguientes.

7)  Disminuir significativamente las tasas de interés, las cuales actualmente rondan un nivel sumamente elevado de alrededor del 7%. Puesto que la tasa básica pasiva está en estos momentos en un 3,45%, la tasa que pague el gobierno no debería exceder del 4%.

 CUARTO – ¿Cuáles deberían ser las metas concretas a las que deberíamos aspirar?

8)  Primero: reducir los pagos por intereses. Una tasa del 4% sobre la deuda interna, debería reportar un ahorro de unos ₡400 mil millones anuales, un poco más del 1% del PIB.

9)  La reestructuración de los plazos, deberían permitir reducir en varios puntos del PIB las necesidades de refinanciación de la deuda pública para este año y los siguientes.

QUINTO – ¿Habría alguien que pierda?

10)   Pues claro: los acreedores recibirán menos pagos por intereses, y deberán admitir plazos de vencimiento más largos. No olvidemos que ello incluye no solo personas y familias muy ricas, sino también cooperativas, fondos de pensión y mutuales, además de muchas instituciones públicas.

11)   Frente a ese inconveniente, lo que habría que sopesar es la necesidad urgente de abrir espacio en lo fiscal. Claramente esta medida no sería suficiente, y debería ir acompañada de algunas otras, pero es un paso necesario, para aliviar la presión sobre las finanzas públicas, y crear condiciones para una mejor gestión de la crisis y el impulso de una política vigorosa de reactivación económica y generación de empleos.

12) Esta medida, junto a algunas otras, podrían darnos la autonomía de decisión suficiente para prescindir del gravoso, realmente dañino, acuerdo con el FMI.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Habrá que decirlo, nuevamente, desde las calles de este país: ¡No más impuestos! Alvarado Quesada, con el respaldo de los partidos políticos que han venido co-gobernando con él, insiste en imponerle a la sociedad un “convenio” con el Fondo Monetario Internacional (FMI), a cambio de que esta entidad le “preste” al país 1.750 millones de dólares, los cuales, si consideramos el tipo de cambio actual en 615 colones, equivalen a 1 billón 76.250 millones de colones.

Desde el mismo momento en que anunciaron que pedirían plata prestada al FMI, nosotros planteamos que el país no la necesitaba; que Costa Rica no ocupa de ningún convenio con esa institución financiera internacional, cuya trayectoria de agresión económico-financiera a los pueblos como el costarricense, es imposible de obviar. Prestigiosas personalidades, incluyendo renombrados economistas, se han pronunciado en la misma dirección: Costa Rica no ocupa de un convenio con el FMI.

Ahora, es la propia Contraloría General de la República (CGR), la que se encarga de reafirmar esta posición, “sin querer, queriendo”. El sector Público tiene plata “guardada”, de sobra. ¡Impresionante! La CGR da a conocer que hay 4 billones 300 mil millones de colones de superávits acumulados en una importante cantidad de las entidades estatales más ricas; una cifra tan grande que calculada al tipo de cambio de 615, prácticamente nos da 7 mil millones de dólares.

Solamente una posición fanática de corte ideológico es lo que impulsa a Alvarado Quesada y a la élite del alto corporativismo empresarial para la cual él gobierna, de llevarnos a una confrontación social, una nueva confrontación social, tratando de imponernos el “convenio” con el FMI.

Planteado el asunto de una manera más sencilla, no lleva lógica tener “en caja” 7 mil millones de dólares, por una parte; y, por otra, pedir prestado 1.750 millones de dólares, los cuales equivalen al 25% de la plata “guardada” por el sector Público.

Sin duda alguna, tenemos que potenciar, de la manera más contundentemente pacífica, las pasadas protestas promovidas por el Movimiento Rescate Nacional, con ocasión de la primera y fallida intentona de Alvarado Quesada de golpear a la ciudadanía con su primer paquetazo de impuestos. Recordemos que, gracias a este movimiento, la gente con propiedades de todo tipo y tamaño no está pagando 3 veces más por concepto de impuesto de bienes inmuebles.

Ahora, debemos recalcar, con fuerte voz cívico-colectiva que no aceptamos ni un punto más al Impuesto al Valor Agregado (IVA); que no vamos a permitir que sigan golpeando a la alicaída clase media que la tienen enrumbada hacia una pauperización y precarización laboral-salarial; que no aceptamos el impuesto al salario escolar; y que, tampoco estamos dispuestos a aceptar impuesto a las transacciones bancarias diarias de los sectores pobres, populares y medios; que las micro-pequeñas y medianas empresas no soportan nuevas cargas tributarias ni tampoco incremento alguno en las actuales.

Tenemos que considerar que, en la actual Asamblea Legislativa, la mayoría de las diputaciones responde a los intereses del grupo más pequeño de la sociedad: el de los mega-negocios, el de las grandes fortunas, el de los acumuladores de ganancias exorbitantes mediando el fraude fiscal en todas sus dimensiones, con ropaje legal o sin él. Muchas de las actuales personas legisladoras le deben su cargo a capitalistas que “les tuercen los brazos”, como reconoció, sin pelos en la lengua, un parlamentario gobiernista; y recordemos, también, que los dineros sucios del narcotráfico y del crimen organizado ya tienen infiltrada a la clase política tradicional.

Ya no es la búsqueda ni la promoción del bien común lo que está moviendo a la actual clase gobernante del país. Ya no es la inclusión económica ni la movilidad social ascendente lo que inspira a quienes tienen el poder que les da el control de, prácticamente, toda la institucionalidad republicana. Tengamos presente que ya no hay valores realmente socialdemócratas ni genuinamente cristiano-humanistas en casi todas las personas que, con poder de decisión en las últimas administraciones gubernativas, se olvidaron de usted y de su familia.

Han pervertido la democracia electoral. Debemos acudir a la otra democracia, la que ha conmovido los sistemas político-sociales en otros pueblos como el nuestro: la Democracia de la Calle. ¡No más impuestos! No ocupamos de un convenio con el FMI.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)

Las personas trabajadoras asalariadas estatales que conforman cada uno de los cuerpos policiales del país, no tienen responsabilidad alguna en el déficit fiscal.

Hablamos del personal de la Fuerza Pública; de las policías Penitenciaria, de Migración, Fiscal, Judicial, Tránsito, Aeroportuaria, de Control de Drogas, Guardacostas. Incluimos al personal guardaparques, verdadera policía ecológica del país. Absolutamente, ninguno de sus integrantes tiene responsabilidad alguna en esto del déficit fiscal.

Las personas trabajadoras asalariadas estatales que laboran para el estratégico programa de asistencia social para niñez en estado de vulnerabilidad, el CEN-CINAI, tampoco tienen responsabilidad alguna por el déficit fiscal.

Pensemos en el abnegado, sacrificado y comprometido personal de los programas de prevención que todavía están bajo el Ministerio de Salud, como quienes se encargan de combatir las plagas y las epidemias, trabajando directamente en campo abierto. ¿Cuál mente, relativamente razonable, puede concebir que sus bajos salarios sean, también, responsables del déficit fiscal? ¡En lo absoluto!

Quienes laboran para el sistema público de la educación pública costarricense (MEP): maestros y maestras, profesores y profesoras, siempre han sido pagadores puntuales de impuestos. Tampoco puede responsabilizárseles del déficit fiscal.

El personal administrativo-técnico, operativo y profesional de los diferentes ministerios y entes adscritos a los mismos, tampoco tiene responsabilidad alguna por el déficit fiscal.

Solamente los fanáticos-ideológicos anti-Estado pueden sostener la absurda posición de que las personas trabajadoras asalariadas de las municipalidades del país tienen responsabilidad por el déficit fiscal. ¿Se han puesto ustedes a pensar en un trabajador o una trabajadora que recolectan basura o que asean vías, como responsables de evasión fiscal? Ninguna de estas personas evade sus responsabilidades tributarias. Además, las municipalidades tienen recursos propios y no dependen de las finanzas del Gobierno Central.

Si hablamos del personal de exitosas empresas públicas costarricenses como el ICE, el INS, el AyA, por ejemplo, no tienen relación alguna con el déficit fiscal.

En cuanto a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), la más emblemática institución del pueblo costarricense, imprescindible para la vida de las personas integrantes de las clases trabajadoras del país, ¿con qué base se puede sostener que el salario que devengan quienes laboran en ella, sean responsables del déficit fiscal?

Sin embargo, todas estas personas trabajadoras asalariadas del Estado que laboran para los citados sectores de la institucionalidad pública del país (más otros que no estamos mencionando, detalladamente), han sido víctimas de la más perversa y más injusta campaña de agresión ideológica y de terrorismo ideológico que jamás sufriera grupo social alguno en la historia moderna del país: el conglomerado social del empleo público costarricense.

Las causas del déficit fiscal están en otro lado, no en el lado de quienes son asalariados del Estado costarricense.

Esa campaña de agresión psicológica y de terrorismo ideológico, sistemáticamente impulsada en los últimos gobiernos, especialmente las dos gestiones gubernativas del Partido Acción Ciudadana (PAC), ha propiciado la emisión de tres perversas legislaciones anti-obreras que tienen como centralidad política, el ataque a mansalva a las personas asalariadas del empleo público.

Estas tres legislaciones, la del combo fiscal, la ley anti-huelgas y la que está todavía en trámite, la ley marco de empleo público, tienen un denominador común: la criminalización de las personas trabajadoras estatales, debilitar a las organizaciones que les representan y precarizar todavía los servicios públicos que brindan, reservando para la privatización los más exitosos y rentables.

Por el contrario, no se promueve legislación alguna para atacar las verdaderas causas del déficit fiscal. Esta legislación, mucha de la cual se encuentra puntualizada en el informe legislativo del período constitucional anterior (2014-2018), conocida como Los papeles de Panamá, está bloqueada-vetada por los poderosos grupos de poder económico que controlan la actual Asamblea Legislativa y el propio gobierno de Alvarado Quesada.

El déficit fiscal no se resolverá, jamás, ni por el lado salarial del empleo estatal, ni por el de más endeudamiento público. El ataque al empleo público es, profundamente, ideológico. Estando en estos momentos en una de las etapas más crudas de este ataque, anhelamos que, esas miles de personas trabajadoras estatales, decidan defenderse a sí mismas.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)

Entramos al año 2021, el de la conmemoración del aniversario 200 de la independencia política del país con respecto a España, en los momentos más delicados y adversos para toda la clase trabajadora costarricense de los tiempos modernos; ya sea que tenga ésta la suerte de todavía tener un empleo formal, o no. Lo real es que un amplísimo sector de la población del país, que es el mayoritario, no verá el Sol, ni siquiera una luz tenue en el horizonte del progreso con inclusión social y económica.

Es la exclusión el valor central de la política pública imperante. Ya no es la búsqueda y la promoción del bien común. Costa Rica se desequilibró, a partir de la conjunción última de tres factores: la estafa político-electoral del 2018, en especial la de la segunda ronda de las elecciones presidenciales; la conformación de un parlamento cuya mayoría de diputaciones son dóciles a los intereses ideológicos, políticos y económicos del mercado; y la llegada de la pandemia del covid-19. A la llegada de ésta, marzo del 2020, las deudas sociales eran ya de corte estructural y la desigualdad había cobrado preponderancia total. Todo esto ya ha sido analizado bastante y desde diversos planos. ¿Qué hacer, en consecuencia?

Es absolutamente irresponsable y demagógico afirmar que tenemos la respuesta al respecto. ¡Sí podemos decir qué nos compete hacer desde la trinchera de lucha social que representa la organización en la cual militamos! Y, aun así, nos quedaríamos cortos y/o hasta cometeríamos desaciertos.

Pensar en la persona como centro de toda política, en especial la económica, debe reinar el accionar sindical por encima de cualesquiera otro valor o principio. Desvelo máximo debe ser cuando planteamos la defensa y la promoción de derechos de las personas trabajadoras que decimos representar; o, por las cuales luchamos en la generación de una sociedad realmente justa. Se trata de un humanismo concreto, centrado en las personas de las clases trabajadoras, integrantes del pueblo trabajador. ¡Imposible parar… la lucha debe continuar!

Mantener la bandera en alto de la defensa de los Derechos Laborales, como parte que son de los Derechos Humanos y la bandera en alto de éstos en cuanto tales, integralmente asumidos, es un imperativo ético-moral y jurídico-legal que estamos obligados a observar siempre, especialmente porque es un asunto de convicción de vida.

Aquí no hay que inventar nada. Nuestra Constitución Política actual, nuestro Código de Trabajo, nuestra propia jurisprudencia, el marco legal del derecho obrero-humano y civil internacional; los 30 artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los 8 Objetivos del Milenio de las Naciones Unidas, constituyen (entre otras), herramientas democráticas para que las defendamos y para que las utilicemos en beneficio de las mayorías que son las que están de nuestro lado, de nuestro lado de la acera. ¡Imposible parar… la lucha debe continuar!

Toda esta base ético-moral y jurídico-legal, en lo nacional y en lo internacional, da pie para que la lucha por la Justicia Social adquiera renovados aires y nuevos compromisos, tratando de alcanzar el impulso más fuerte que necesita recibir, con la transformación estructural del sistema tributario. Ésta es ya una verdad inobjetable que está siendo planteada por parte de voces y espacios de altos quilates en el seno de la comunidad mundial de naciones; en las cuales y producto de la pandemia, crece la conciencia de que nunca antes en la historia de toda la Humanidad, habíase vivido un mundo tan inconmensurablemente desigual y catastróficamente criminal con la ecología.

Particularmente, en Costa Rica estamos en presencia de una especie de crimen social en desarrollo, cual es el exterminio de las otrora capas medias, a raíz del desenfreno acumulador que tienen los grandes grupos económicos decididos a liquidar el Estado Social de Derecho surgido antes de y durante la denominada Segunda República. Esto terminará con una polarización total y agresiva desde el punto de vista de la concentración de la riqueza y la disputa por la vida misma.

La lucha por la real Justicia Social pasa, en consecuencia, por re-equilibrarnos como sociedad; asumiendo las tareas históricamente pendientes de esa transformación tributaria estructural, por una parte. Por otra parte, sin un Estado Social adecuado a las realidades crueles de esta no menos cruel globalización neoliberal, es imposible la tarea fructífera de la lucha por la Justicia Social real. ¡Imposible parar… la lucha debe continuar!

Albino Vargas Barrantes Secretario General, (ANEP)

Tenemos un logo esencial y otro de exportación de droga, así tituló Diario Extra información periodística sobre denuncia planteada por el señor Luis Fernando Quesada Coghi, Vicepresidente de la Cámara de Exportadores de Costa Rica (Cadexco), publicada en la edición del pasado lunes 21 de diciembre (página 13); vehemente clamor empresarial que nos da cuenta de un grito desesperado de denuncia de lo que para nosotros resulta ser el imparable avance del narcotráfico en el seno del tejido social costarricense, por arriba y por abajo.

Textualmente, según indicó la nota de prensa en mención, el citado dirigente empresarial habló con preocupante e indignante contundencia: “Por un lado, el ICT (Instituto Costarricense de Turismo) hace publicidad de atracción de turistas con un logo Esencial y ahora tenemos otro logo de exportación de droga. Es incongruente, como país debemos tomar decisiones y esta es una decisión política y de seguridad”.

Junto al esfuerzo de las autoridades gubernamentales para posicionar el Esencial Costa Rica como la marca-país que nos distingue en cuanto a mercado confiable atrayente de turismo y de inversiones seguras; resulta ahora que estamos resaltando como gran país exportador de droga, dado los constantes decomisos de estupefacientes camuflados en exportaciones de piña y de banano en puertos europeos que nos exhiben, prácticamente, como nación-narco en el amplio sentido del término: consumo, almacenaje y exportación.

El sector exportador representado en Cadexco afirma que ya han pasado nueve años (gobiernos de Laura Chinchilla Miranda -PLN- y las dos del PAC: Luis Guillermo Solís Rivera y Carlos Alvarado Quesada), que no han hecho absolutamente nada, contundente, consecuente y necesario, para que todos los puestos aduanales y fronterizos del país, tuvieran instalados los escáneres para auscultar el contenido del cien por ciento de los contenedores que sacan del país los productos exportables dentro de los cuales se camufla y esconde la droga.

Uno de los aspectos que más nos llamó la atención de la denuncia de Cadexco es que se indica conocer de las “…operaciones clandestinas donde bautizan los contenedores camino a los puertos, …”; una afirmación que compromete, seriamente, la transparencia de las máximas autoridades políticas de la seguridad del país. Efectivamente, luego de esta nota de prensa que venimos comentando, no vimos reacción alguna por parte de las entidades a las que debe demandárseles cuentas serias.

No debemos minimizar los esfuerzos sanos que realizan las autoridades policiales honestas en el combate al narcotráfico. Sin embargo, no expresan una decisión política agresiva al máximo nivel, empezando porque cada vez más las debilitan, negándoles presupuesto, en una acción maléfica que pudiera ser parte de un macabro plan hacia el narco-Estado total.

Por supuesto, nadie en la clase política tradicional habló de esto. En la Asamblea Legislativa actual las prioridades son la reversión del Estado Social de Derecho, minar las bases democrático-institucionales del mismo, acabar con derechos laborales y dar paso a las privatizaciones faltantes; habida cuenta de que la abrumadora mayoría de las actuales personas diputadas son susceptibles a que los agentes del gran capital empresarial para el cual trabajan en serio, les tuercen sus brazos. No podemos descartar que algunas curules legislativas se hayan logrado con dinero sucio del narcotráfico y por eso estos temas no merecen atención política a este nivel.

Particular mención merece lo que sucede a nivel de otra cámara empresarial, la de productores y exportadores de piña, Canapep, especialmente en la zona norte del país. Los productores honestos de la zona viven un gigantesco drama debido a la competencia desleal que representa la inserción de capitales sucios en la actividad piñera. Estos dineros lavados están saboteando el trabajo limpio en la producción de piña para la exportación. Lamentablemente, no cuentan con el respaldo del funcionariado público llamado a combatir la actividad sucia del narcotráfico. Corrupción por todo lado.

La salud moral, ética, ambiental, económica y sociolaboral de la República está en peligro porque el avance del narcotráfico sigue imparable. Si los políticos con poder para intervenir en el proceso han sido silenciados, corresponde a las fuerzas sanas de la convivencia democrática asumir un estratégico e histórico papel al respecto. Una alianza obrero-empresarial, por ejemplo, en la producción piñera para poner límites a la competencia desleal, pueda ser un fuerte paso que construya el necesario contrapeso a la política sucia que, lamentablemente, ya influencia elecciones.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)

Aún conmovidos por la irreparable pérdida de don Mario Devandas Brenes, corresponde a las principales corrientes sindicales la designación de su reemplazo en el seno de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Nueve son las personas que componen lo que supone es el máximo organismo de dirección política de la más importante institución de bienestar social del pueblo costarricense.

Tres personas son de designación directa del gobierno de turno (una de las cuales ocupará la presidencia ejecutiva); otras tres, representan al empresariado corporativo organizado en el sindicato patronal de mayor renombre; y las tres restantes para completar los nueve escaños, se distribuyen así: uno, nombrado por el movimiento solidarista; otro, por el cooperativismo; y, finalmente, el que designan los sindicatos.

En este último caso, los sindicatos que pretendan participar en la designación del próximo directivo obrero de la Caja, lo serán aquellos que ya habían tomado parte en la designación de don Mario Devandas Brenes (q.d.D.g.), pues se trata de nombrar a alguien para que termine su período. Esta es nuestra interpretación de la regulación administrativa en la materia.

Como corriente sindical representativa de varios miles de personas trabajadoras asalariadas tanto del sector Público como del Privado, todas las cuales son cotizantes del sistema de seguridad social representado por la Caja; nos sentimos con la suficiente autoridad ética y moral para plantear lo siguiente:

Aspiramos a que logremos consenso interno entre las fuerzas sindicales participantes de la indicada designación, hoy profundamente divididas por intereses personalistas y de gremialismo-corporativo de corto plazo; nombrando a una persona con suficiente credibilidad entre esos sectores sindicales y que tenga la suficiente claridad de las amenazas que se ciernen sobre la Caja Costarricense de Seguro Social.

Además, que tenga la suficiente valentía y el coraje político para actuar en el seno de un cuerpo directivo donde casi siempre será 8 a 1, debido al alineamiento imperante con relación a los anti-valores de la hegemonía político-económica dominante del acontecer nacional.

Pensamos que esta persona deberá establecer un proceso constante de comunicación con los sectores sindicales que le habrían designado, de tal suerte que se procure establecer un proceso de seguimiento de los grandes asuntos de la Caja, habida cuenta del gran peso de ésta en la vida de miles y de miles de personas trabajadoras y sus familias, tomando decisiones que les afectarán seriamente, tanto en el corto como en el mediano plazo.

Es criterio nuestro que nunca como antes y desde su fundación, la Caja tiene el más grave peligro de su historia; que sus enemigos, tanto internos como externos, hoy están sumamente empoderados. Que los anti-valores del negocio con la salud de las personas, ha llevado a muchos mandos tecnocrático-jerárquicos a pervertirse y a corromperse, generando pérdidas multimillonarias a la seguridad social representada en la Caja.

Tendrá el nuevo (y único) directivo obrero de la Caja que comprender que hay extra-poderes a la propia directiva de la institución y que, en no pocos casos, se lleva a su seno los asuntos por resolver ya “cocinados”, con tráficos de influencias en desarrollo. Estas circunstancias le deben llevar a plantear las denuncias correspondientes para lo cual su constante comunicación con los sindicatos será esencial.

Además, esta persona representante que se ha de designar, debe tener la suficiente fuerza crítica propia para comprender que la Caja Costarricense de Seguro Social es del pueblo trabajador, no de los sindicatos, ni siquiera de los sindicatos que le han respaldado para que ocupe ese escaño.

El acuerdo-consenso en ese nombre es clave en estos momentos cruciales de la desestructuración ideológico-política del proceso de desmontaje del Estado Social de Derecho que nos fue heredado y del cual la Caja ha sido bastión insigne.

No lograr tal consenso intra-sindical, es darle la posibilidad a Alvarado y su deslegitimado gobierno de imponer el 9 a 0 en todas las sensibles decisiones que ha de tomar la directiva de la CCSS, designando en sustitución del irremplazable don Mario Devandas Brenes, a un elemento alineado. Esto sería de gran perjuicio para la Caja y para todo el pueblo trabajador que ocupa sus estratégicos y vitales servicios.