Categoría: Opinión

Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)

Sr. Fernando Faith Bonilla, Presidente, Directorio Nacional, Foro Multisectorial de Diálogo Nacional Asamblea de Trabajadores y de Trabajadoras, Banco Popular y de Desarrollo Comunal (ATTBPDC).

Nos referimos a su nota DAT-607-2020, fechada 13 de noviembre de 2020, en la cual su representada le indica a la nuestra que en la sesión número 683-2020, ese Directorio Nacional por usted presidido “… acordó exaltar el interés de la Asociación Nacional de Empleados Públicos ANEP de participar en el Foro Multisectorial de Diálogo Nacional -ATTBPDC-; sin embargo, no es posible su incorporación dado que el proceso de inscripción de organizaciones concluyó el pasado 26 de octubre 2020”.

Al respecto, destacando el respeto que siempre hemos tenido para con su persona y para con el Directorio Nacional de la ATTBPDC, indicamos lo siguiente:

PRIMERO: Hemos optado porque la presente tenga el carácter de Carta Abierta, de manera tal que todas las personas trabajadoras afiliadas a la ANEP, así como una serie de organizaciones de diversa naturaleza con interés en el proceso del Foro Multisectorial de Diálogo Nacional de la ATTBPDC, tengan clara noción del desenlace final que para la ANEP representa el mismo.

SEGUNDO: Es importante recalcar que somos la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (siglas ANEP), pues en su nota usted habla de la Asociación Nacional de Empleados Públicos, lo cual invisibiliza (pensamos que sin mala fe), la circunstancia de que cubrimos en nuestras filas sindicales a una importante cantidad de personas trabajadoras del sector privado de la economía, por cuyos derechos abogamos de manera constante; personas asalariadas que, junto a sus homólogas del sector público asociadas a la ANEP, son también como éstas, integrantes-socias cotizantes, del Banco Popular y de Desarrollo Comunal.

TERCERO: Tal parece ser que “el destino” habría de determinar la no participación de la ANEP en el Foro Multisectorial de Diálogo Nacional de la ATTPBDC, puesto de que a pesar de que nos inscribimos en tiempo y forma para participar en el mismo, un error político de su parte, don Fernando, en nuestro respetuoso criterio, provocó un retiro abrupto de la ANEP en el mismo acto de la apertura-ceremonia inaugural del Foro; dado que fuimos sorprendidos con una moción suya para que el mismo fuera “corriendo” a participar del evento que de similar naturaleza promovía el desprestigiado Gobierno de la República, pese a que éste, según nuestras fuentes confidenciales, habría intentado boicotear el foro de la ATTBPDC.

CUARTO: Nos conectamos con el punto anterior para señalar que, aunque fuera un instante no más, el de la participación de la ANEP en el acto de apertura del Foro ATTBPDC, ello indicaba que habíamos cumplido su requisito de inscripción en tiempo y en forma. Por lo tanto, no es de recibo para la ANEP que en la nota suya del pasado 13 de noviembre de 2020, se hable de que ya había concluido el proceso de inscripción para no readmitirnos.

QUINTO: El retiro abrupto de la ANEP en el mismo instante de la apertura del Foro ATTPBDC, reiteramos, generado a partir de un error político de su parte con la moción indicada que nos provocó, de entrada, una duda de transparencia sobre su propio proceder; ocasionó la preocupación de personas de buena fe ligadas al proceso que usted preside, de forma tal que se nos pidió, pese a nuestro retiro, la entrega de las propuestas de la ANEP, con las formalidades establecidas, lo cual hicimos, también de buena fe; considerándose que la eventual y posterior reinserción de nuestra representada contribuiría, de manera muy cualitativa, a alcanzar los nobles propósitos que animan el Foro, según lo planteado en los documentos promocionales y los compromisos que el mismo estableció y que la ANEP suscribió, de manera transparente, formal y políticamente.

SEXTO: Adicionalmente, hubo una especie de rectificaciones políticas apropiadas. Por una parte, el Foro ATTBPDC se hizo presente a la mesa gubernativa y así constató su propia persona, que tal proceso no le era conveniente. Por su lado, ANEP, mostró su interés político decidido en el retorno al foro dignamente presidido por su persona, entregando nuestras propuestas.

SÉTIMO: Ahora bien, finalmente, es obvio que esas distinguidas personas de buena fe, interesadas en la participación de la ANEP en el Foro ATTBPDC, fracasaron en cuanto a la interposición de sus buenos oficios al respecto. No existe interés político en que la ANEP participe en el Foro ATBPDC.

OCTAVO: Así las cosas, don Fernando, por una cuestión de ética y de decencia política la ANEP retira, en este acto, del conocimiento de los y de las participantes en el Foro Multisectorial de Diálogo Nacional, el documento que pusiéramos a su disposición, especialmente preparado con tal fin; documento denominado por ANEP como Hacia una Costa Rica de justicia real y efectiva con democracia verdadera-Algunos aportes propositivos generados por y desde la ANEP, en distintas coyunturas y procesos diversos de unidad sindical y social circunstanciales, 2000-2020”; desautorizando su utilización en todo o en parte.

NOVENO: Tales aportes representan una propiedad intelectual compartida entre la ANEP y las diversas personas y entidades que, a lo largo del período indicado, 2000-2020, los generaron; de tal suerte que, en casa caso, sin la debida y explícita aquiescencia de todas las partes involucradas, no se podrán utilizar. Como es lógico suponer, la ANEP, como parte, no está autorizando uso, según se deriva de nuestra no-participación en el Foro ATTBPDC; aparte de que, como se reconoce, esos aportes se generaron por y desde la ANEP misma.

DÉCIMO: Por tanto, públicamente declaramos que, a partir de este momento, la ANEP no tiene relación alguna con cualquier documento, resolución, acuerdo, propuesta, metodología, similares, etc., que emita el Foro Multisectorial de Diálogo Social de la Asamblea de Trabajadores y de Trabajadoras del Banco Popular y de Desarrollo Comunal (ATTPBDC). Por otra, que retiramos a la actual delegación de la ANEP que ya estaba acreditada ante la ATTBPCD, antes del proceso del foro y, por tanto, la Asamblea en cuanto tal, no cuenta a partir de este momento con representación alguna de la ANEP.

Sin otro particular,

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP.

Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto ANEP.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)

Debemos cerrarle el paso a las peligrosas y extremistas posiciones legislativas, así como a sus soportes externos (especialmente, los de carácter mediático), en materia de los recortes presupuestarios que se están planteando en estos momentos en la actual Asamblea Legislativa; cuando, sin ton ni son, se manejan, “a lo loco”, cifras antojadizas cambiantes, minuto a minuto, tocando ámbitos sensibles de la política pública como la Salud, la Educación, la Seguridad y la Cultura.

No se trata de hacer defensa del actual gobierno del Partido Acción Ciudadana (PAC), pues bien conocidas son nuestras posiciones político-sindicales con relación a la gestión que encabeza Alvarado Quesada, al frente del Poder Ejecutivo.

Se trata de llamar a la sensatez, a la racionalidad y a la prudencia, dado que los recortes presupuestarios extremistas que se están planteando, afectarán tanto a las personas asalariadas prestadoras de los servicios públicos que serán duramente afectadas, como a quienes son receptoras de los mismos.

Esta es la parte más peligrosa del drama del fundamentalismo recortista: agravará más la situación socioeconómica de compatriotas y de personas extranjeras que conviven con nosotros, ya de por sí deteriorada tanto por el desempleo y la informalidad, como por la precariedad salarial, la calidad de sus viviendas, la delincuencia, la problemática de la convivencia intrafamiliar que la pobreza conlleva, entre otras calamidades.

Bien ha hecho el señor diputado don José María Villalta Flórez-Estrada, reclamando de manera airada lo que está sucediendo en esto de los recortes presupuestarios de corte fundamentalista, propios del extremismo neoliberal que ya ha contaminado, de manera lamentable, esferas institucionales del sistema democrático, imprescindibles para una convivencia civilizada, sana y en paz. Es más, el indicado legislador ha dicho sentirse “estafado”, al darle su confianza al Gobierno y su fracción parlamentaria cuando, al parecer, le habrían indicado que no serían compartidos por el oficialismo tales recortes presupuestarios.

Recortar en programas sociales significa, prácticamente, caer en la perversa esfera de la violación de Derechos Humanos fundamentales, algo inaceptable desde cualquier punto de vista. Las personas diputadas que están abanderando estos extremismos recortistas deberían visitar un centro de cuido del programa CEN-CINAI, por ejemplo. Estamos seguros que ni siquiera por enfrente de uno han pasado.

¿Cómo se puede concebir recorte presupuestario al Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam), en una sociedad que tendrá, o que ya está teniendo, un alto porcentaje de su población en la fase de “tercera” edad? Otra cosa muy distinta es plantear si toda la política pública en tal sentido, merece una reestructuración de fondo; sin embargo, el recortismo extremista no puede actuar en esta línea, simplemente “macheteando” partidas, como indicamos, “a lo loco”.

Lo que sucede con el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y, específicamente, con el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf), en este sentido de la “moda” del recortismo presupuestario fundamentalista, no se puede tolerar bajo circunstancia alguna. Algunos entendidos estiman que la última ley de impacto social estructural que se emitió en el país fue, precisamente, la de Asignaciones Familiares, en la administración Oduber Quirós (1974-1978), creando uno de los programas sociales más sonados en la América Latina. ¿Sabrán las diputaciones actuales del PLN que tal legislación es “obra liberacionista”?

¿Cómo comprender que se atente contra el presupuesto de los programas sociales en momentos en los cuales estamos viviendo, en puertas del bicentenario de la independencia, la más cruda situación socioeconómica del país desde la fundación de lo que la historia oficial ha denominado como “¿Segunda República”, en 1949?

Tan dramático e increíble como los casos anteriores, es el recorte presupuestario para la Cultura, incluyendo lo que se pretende hacer con el Sistema Nacional de Radio y Televisión (SINART), que es “cerrarlo de un porrazo”. Es cierto que la televisión y la radio públicas merecen mejor suerte y que su papel estratégico para la democracia informativa y para la inclusión comunicacional están pendientes de un redireccionamiento estratégico. Pero aplicarle al SINART un cierre abrupto y abusivo, presupuestariamente hablando; o quitarle el presupuesto a la Orquesta Sinfónica Nacional y a la cultura, en general; no queda más que compararlo con el grito fascista de “Muera la Inteligencia”. Y sobre los recortes presupuestarios en Seguridad, ¿no sería conveniente preguntarle qué piensa al respecto el crimen organizado?…

Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)

Sin temor a equivocarnos, sin falsas modestias, sin arrogancia ni petulancia algunas; luego de varios años de esfuerzos individuales y colectivos, de personas y de agrupaciones civiles de diversa naturaleza; ciudadanía activa de distinta procedencia político-partidaria o sin ninguna, pero con visiones de mundo compartidas en medio de la diversidad de pensamiento filosófico e ideológico; la corriente sindical en la cual militamos pone a disposición del público y, especialmente, en manos de la ciudadanía patriótica costarricense, de la clase trabajadora del país y de sus sectores empresariales más honestos, conscientes y responsables, el mejor documento de pensamiento obrero-social generado en las últimas dos décadas; tanto por su contenido como por las riquísimas aportaciones político-intelectuales que contempla, generadas en el clima de constante dinámica cotidiana de lucha social de los últimos años y desde una organización sindical de incansable militancia.

Hablamos de que la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), ha publicado el documento denominado Hacia una Costa Rica de justicia real y efectiva con democracia verdadera, con ocasión de la realización del Foro Multisectorial de Diálogo Nacional que está desarrollándose, promovido por la Asamblea de Trabajadores y de Trabajadoras del Banco Popular y de Desarrollo Comunal (ATTBPDC).

Según el subtítulo de este documento, Algunos aportes propositivos generados por y desde la ANEP, en distintas coyunturas y procesos diversos de unidad sindical y social circunstanciales, se logró juntar en una única publicación, los esfuerzos más notables de producción de pensamiento alternativo al más que fracasado modelo neoliberal y su doctrina hegemónica del Consenso de Washington, cuyos resultados perversos para la sociedad costarricense ya no se pueden negar.

Este conjunto de experiencias de análisis y de propuesta sobre la organización alternativa de la sociedad, empezó a impulsarse luego de la histórica lucha cívico-patriótica del combo ICE, en el año 2000; año emblemático que derivó, entre otras consecuencias, en el rompimiento del hasta entonces bipartidismo histórico, Liberación-Unidad, en momentos en los cuales, el impulso por ambos de ese intento de privatización del ICE, marcaba el derrumbamiento ideológico de los valores que ambos partidos pregonaban sustentar como “eternos”: por un lado la Socialdemocracia original; y, por otro, el Humanismo Cristiano, respectivamente.

El documento Hacia una Costa Rica de justicia real y efectiva con democracia verdadera, junta experiencias en la generación de encuentros multisectoriales que, de un modo u otro, en sus diferentes espacios y ámbitos de quehacer social, ya intuían que la histórica convivencia civilizada de la sociedad costarricense se iba resquebrajando; y que, por tanto, era necesario analizar y plantear, en blanco y negro, nuevos retos, por ejemplo, en cuanto a movilizad e integración sociales, restauración del bien común en toda política pública, real justicia tributaria redistributiva; restauración de la importancia estratégica de la producción agropecuaria nacional; fomento, potenciación y relanzamiento de la producción para el mercado interno; como complemento, en este caso, del excesivo protagonismo que los sectores dominantes le venían dando (y hasta la fecha), al mercado externo, para propiciar una producción laboral, social y ambientalmente justa; entre otros principios y valores que ya habían sido descartados por los abanderados del Consenso de Washington y sus versiones “a la tica”.

Evidentemente, en estas dos décadas, 2000-2020, una intensa y rica serie de esfuerzos en la dirección contraria a la del orden autoritario que se nos está imponiendo, se han producido; de manera tal que, Hacia una Costa Rica de justicia real y efectiva con democracia verdadera, no es, ni pretende ser, el único esfuerzo de generación de pensamiento alternativo. Hay otros de igual o de mayor relevancia, especialmente, en el orden sectorial.

Lo que sí destacamos es que en Hacia una Costa Rica de justicia real y efectiva con democracia verdadera, las entidades y las personas que tomaron parte en sus diversas fases de ejercicio propositivo, siguen acariciando la materialización de tantos anhelos expresados en este documento, en aras de la llegada de ese sujeto histórico que lo posibilite; considerando que la actualidad de todos (o casi todos), los aportes incluidos en este documento son, prácticamente, irrefutables, contrastados con la sociedad de la exclusión económica y social que ya estamos, de manera dolorosa, padeciendo.

Para desafiar el orden autoritario que se nos está imponiendo, hay material de sobra en Hacia una Costa Rica de justicia social real y efectiva como democracia verdadera.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)

Si a alguien se le ocurrió pensar que Alvarado Quesada desistiría de someternos al Fondo Monetario Internacional (FMI), luego de las vibrantes e intensas protestas populares lideradas por el Movimiento Rescate Nacional, debemos decirle, con respeto, que está sumamente equivocado.

Luego de la estrepitosa derrota política que significó para él, para el gobierno que encabeza, para la élite de poder mediático-empresarial-político que le sostiene, retirar del conocimiento parlamentario la primera versión del “convenio” con el FMI; Alvarado Quesada va de nuevo en la misma dirección.

En comentarios consignados por el Semanario Universidad, Alvarado Quesada indicó: “Teniendo una solución consensuada se nos abre las puertas de tener una negociación con el FMI, con las propuestas que hemos acordado. Queremos tener una propuesta balanceada que sea una solución, y eso, eventualmente, podrá ser sujeto a lo que llevemos al FMI», dijo.

La nueva jugada política de Alvarado Quesada, actualmente en desarrollo, es simular el ejercicio de un “diálogo social”, encabezado por él mismo, buscando, de manera desesperada, alguna base social que le permita argumentar ante la Asamblea Legislativa que para esta segunda versión de un “convenio” con el FMI, él sí cuenta con la aprobación, con el beneplácito, con el favorecimiento de grupos organizados de la denominada sociedad civil, algunos de los cuales tienen carácter sindical.

Con base en la visión de mundo profundamente ideologizada que alimenta el quehacer político de los grupos económico-mediáticos a los cuales Alvarado Quesada responde, directamente; no es concebible la solución al grave problema fiscal nacional sin pasar por el FMI.

De esto no deberíamos tener la más mínima duda todas las personas y las organizaciones que les aglutinan que andamos en busca de un nuevo ordenamiento social para un país que, como el nuestro, ha llegado a intolerables niveles de exclusión social y económica, con una corrupción galopante y descarada, “condimentada” con la aparición de la influencia del narcotráfico y del crimen organizado en los asuntos de la cosa pública.

En el caso de la corriente sindical que encabezamos, desde un primer momento afirmamos que Costa Rica no ocupa de convenio alguno con el FMI, de que es posible una salida nacional a la crisis fiscal.

Dijo Alvarado Quesada: “Teniendo una solución consensuada se nos abre las puertas de tener una negociación con el FMI, con las propuestas que hemos acordado…”. Nosotros nos preguntamos:¿cuál será el consenso-acuerdo entre los representantes del sector corporativo-empresarial, evasor y elusor descarado que, en la última década (2010-2019), pudo haber tenido una acumulación ilegal de hasta 3 mil 800 millones de dólares, ¡anuales!; con personas y organizaciones “dialogando” con Alvarado Quesada, en tanto son voceras de sectores altamente endeudados, en la casi ruina de sus actividades agropecuarias y/o sumidas en el flagelo del desempleo?

Dijo Alvarado: “Queremos tener una propuesta balanceada que sea una solución…”. Nos preguntamos: ¿Qué propuesta “balanceada” se le puede pedir a las micro-pequeñas y medianas empresas, golpeadas durísimamente con el combo fiscal, Ley No. 9635, del año 2018? ¿Qué propuesta “balanceada” se podría generar entre los representantes del capital beneficiado ampliamente con las políticas públicas de los últimos gobiernos vs. la gran parte de la población sumida en el desempleo, en la precariedad y en el alto endeudamiento salarial y… en el hambre?

Costa Rica lleva ya muchísimo tiempo de haber sido sumida en el más grande “desbalance”. Prestigiosos estudios, tanto a nivel nacional como internacional, han documentado mediando el más riguroso análisis científico, cómo el reino de la desigualdad se ha entronizado en nuestra Patria, al punto de que hoy estamos ubicados entre las diez naciones más desiguales del planeta.

El concepto de “propuesta balanceada” que maneja y que manipula Alvarado Quesada en su mesa de diálogo, en nada beneficia al pueblo trabajador, al pueblo excluido y con hambre; en nada beneficia a una estrujada clase media viajando hacia la pobreza; en nada beneficia al micro-pequeño y mediano empresariado al que la pandemia terminó de impactar negativamente, luego de sufrir las agresiones financiero-económicas producto del combo fiscal 2018.

Todo hace indicar que la insistencia de Alvarado Quesada en someternos al Fondo Monetario Internacional (FM), pese a que haya grupos organizados de la sociedad dispuestos a apoyarle en esta nueva provocación contra los sectores populares, será discutida y con mucha vehemencia, en las calles.

Si a alguien se le ocurrió pensar que Alvarado Quesada desistiría de someternos al Fondo Monetario Internacional (FMI), luego de las vibrantes e intensas protestas populares lideradas por el Movimiento Rescate Nacional, debemos decirle, con respeto, que está sumamente equivocado.

Luego de la estrepitosa derrota política que significó para él, para el gobierno que encabeza, para la élite de poder mediático-empresarial-político que le sostiene, retirar del conocimiento parlamentario la primera versión del “convenio” con el FMI; Alvarado Quesada va de nuevo en la misma dirección.

En comentarios consignados por el Semanario Universidad, Alvarado Quesada indicó: “Teniendo una solución consensuada se nos abre las puertas de tener una negociación con el FMI, con las propuestas que hemos acordado. Queremos tener una propuesta balanceada que sea una solución, y eso, eventualmente, podrá ser sujeto a lo que llevemos al FMI», dijo.

La nueva jugada política de Alvarado Quesada, actualmente en desarrollo, es simular el ejercicio de un “diálogo social”, encabezado por él mismo, buscando, de manera desesperada, alguna base social que le permita argumentar ante la Asamblea Legislativa que para esta segunda versión de un “convenio” con el FMI, él sí cuenta con la aprobación, con el beneplácito, con el favorecimiento de grupos organizados de la denominada sociedad civil, algunos de los cuales tienen carácter sindical.

Con base en la visión de mundo profundamente ideologizada que alimenta el quehacer político de los grupos económico-mediáticos a los cuales Alvarado Quesada responde, directamente; no es concebible la solución al grave problema fiscal nacional sin pasar por el FMI.

De esto no deberíamos tener la más mínima duda todas las personas y las organizaciones que les aglutinan que andamos en busca de un nuevo ordenamiento social para un país que, como el nuestro, ha llegado a intolerables niveles de exclusión social y económica, con una corrupción galopante y descarada, “condimentada” con la aparición de la influencia del narcotráfico y del crimen organizado en los asuntos de la cosa pública.

En el caso de la corriente sindical que encabezamos, desde un primer momento afirmamos que Costa Rica no ocupa de convenio alguno con el FMI, de que es posible una salida nacional a la crisis fiscal.

Dijo Alvarado Quesada: “Teniendo una solución consensuada se nos abre las puertas de tener una negociación con el FMI, con las propuestas que hemos acordado…”. Nosotros nos preguntamos:¿cuál será el consenso-acuerdo entre los representantes del sector corporativo-empresarial, evasor y elusor descarado que, en la última década (2010-2019), pudo haber tenido una acumulación ilegal de hasta 3 mil 800 millones de dólares, ¡anuales!; con personas y organizaciones “dialogando” con Alvarado Quesada, en tanto son voceras de sectores altamente endeudados, en la casi ruina de sus actividades agropecuarias y/o sumidas en el flagelo del desempleo?

Dijo Alvarado: “Queremos tener una propuesta balanceada que sea una solución…”. Nos preguntamos: ¿Qué propuesta “balanceada” se le puede pedir a las micro-pequeñas y medianas empresas, golpeadas durísimamente con el combo fiscal, Ley No. 9635, del año 2018? ¿Qué propuesta “balanceada” se podría generar entre los representantes del capital beneficiado ampliamente con las políticas públicas de los últimos gobiernos vs. la gran parte de la población sumida en el desempleo, en la precariedad y en el alto endeudamiento salarial y… en el hambre?

Costa Rica lleva ya muchísimo tiempo de haber sido sumida en el más grande “desbalance”. Prestigiosos estudios, tanto a nivel nacional como internacional, han documentado mediando el más riguroso análisis científico, cómo el reino de la desigualdad se ha entronizado en nuestra Patria, al punto de que hoy estamos ubicados entre las diez naciones más desiguales del planeta.

El concepto de “propuesta balanceada” que maneja y que manipula Alvarado Quesada en su mesa de diálogo, en nada beneficia al pueblo trabajador, al pueblo excluido y con hambre; en nada beneficia a una estrujada clase media viajando hacia la pobreza; en nada beneficia al micro-pequeño y mediano empresariado al que la pandemia terminó de impactar negativamente, luego de sufrir las agresiones financiero-económicas producto del combo fiscal 2018.

Todo hace indicar que la insistencia de Alvarado Quesada en someternos al Fondo Monetario Internacional (FM), pese a que haya grupos organizados de la sociedad dispuestos a apoyarle en esta nueva provocación contra los sectores populares, será discutida y con mucha vehemencia, en las calles.

Por: Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP

El señor diputado don José María Villalta Flórez-Estrada presentó para su correspondiente trámite legislativo, el proyecto Ley para recuperar la riqueza atunera de Costa Rica y promover su aprovechamiento sostenible en beneficio del pueblo costarricense (Expediente No. 21.531); una importante, necesaria y más que oportuna iniciativa que, festejamos y felicitamos, comprometiendo nuestro apoyo explícito y activo a la misma, una vez estudiada.

La iniciativa llega en momentos muy oportunos desde el punto de vista de la crisis social y de empleo en la provincia de Puntarenas, cuyas autoridades locales han anunciado una profundización de la misma, ahora que la pesca de arrastre ha quedado legalmente prohibida.

La recuperación de la riqueza atunera costarricense es un viejo anhelo, muy acariciado por amplios sectores cívico-patrióticos y económicamente sanos de nuestra sociedad.

Tres objetivos fundamentales presentan el proyecto del diputado del Partido Frente Amplio: 1) Proteger y aprovechar para beneficio del pueblo costarricense la descomunal e inigualable riqueza natural del Domo Térmico de Costa Rica. 2) Cerrar todos los portillos legales que actualmente permiten el regalo de la riqueza atunera de Costa Rica a embarcaciones extranjeras sin pagar ni un cinco al pueblo costarricense por las grandes cantidades de atún extraídas anualmente o pagando montos ridículos muy por debajo de su valor real. 3) Fomentar la creación y el desarrollo de la flota pesquera nacional, que aproveche esta riqueza de forma sostenible, a través de cooperativas y otras formas de organización asociativa de economía social que generen significativas fuentes de trabajo para la población empobrecida de nuestras costas.

No nos habíamos percatado de que otra iniciativa de ley en tal sentido ya estaba en la corriente legislativa. Se trata del expediente No. 21.016, Ley para proteger la riqueza atunera de Costa Rica, impulsada por la fracción parlamentaria del Partido Unidad Social Cristiana. Don Pedro Muñoz Fonseca, legislador de esta colectividad política, de manera atinada, nos llamó la atención al respecto.

En este texto-proyecto 21.016 podemos leer: “…, el recurso atunero de nuestro país es un bien público que debe y puede generar mayores beneficios a mayor número de costarricenses de una forma sustentable”.

Pensamos que es éste el momento político más oportuno para que en la Asamblea Legislativa el tema de la recuperación de la riqueza tunera costarricense cobre alta prioridad.

En tal sentido, abogamos porque los equipos de asesores de ambas fracciones parlamentarias (Frente Amplio y Unidad), pudieran trabajar una unificación de las dos iniciativas de ley que venimos comentando, de forma tal que quede un solo expediente para que logre un apoyo parlamentario masivo.

Evidentemente, el Gobierno de la República tiene que asumir su parte en este proceso y darle su “visto bueno político”, para potenciar el abordaje del tema desde el Poder Ejecutivo.

La riqueza atunera tica, criminalmente cedida y robada durante muchísimos años, ofrece enormes potencialidades de generar sólidas oportunidades de inclusión económica y social, así como de una justa distribución de los beneficios de explotación nacional de la misma, por parte de costarricenses.

Éstos, organizados grupalmente en cooperativas y/o emprendimientos de economía social, de manera tal que no propiciemos una apropiación privada y el fomento de un lucro personalísimo, evitarán que se deje por fuera a grandes grupos de personas trabajadoras, hoy desempleadas y con hambre.

Sin duda alguna que, mediando un sistema tributario justo para esta actividad en manos ticas, también el Estado saldrá ganando y, por ende, será una contribución fiscal fresca para el problema del déficit fiscal.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General – Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

“…que Carlos Alvarado acepte un papel ceremonial de jefe de Estado tras designar una figura de mucho peso como ministro de la Presidencia para que gobierne con un gabinete tecnocrático por el resto del período presidencial”. Así entendemos nosotros que se daría en el país un Golpe de Estado; un Golpe de Estado “a la tica”.

El ciudadano Juan Carlos Hidalgo, quien se identifica como “analista de políticas públicas”, está conmoviendo el escenario político del país con su propuesta de Golpe de Estado “a la tica”, formulada de manera pública en su columna de opinión de este lunes 26 de octubre de 2020.

Conocido como gran promotor de las ideas del mercado absoluto, don Juan Carlos ya no solamente aboga por darle un Golpe de Estado “a la tica” a Carlos Alvarado Quesada, sino que se atreve a designar a sustituto, el no menos conocido Rodrigo Arias Sánchez, a quien califica como “el ministro de la Presidencia más eficiente de las últimas décadas”; quien gobernaría como Presidente de facto, para lo cual sería “legitimado” mediando un “simbólico voto de confianza” por parte de la actual Asamblea Legislativa de forma tal que ésta le dé la investidura de un mandato político.

Creemos que don Juan Carlos no habla por sí mismo. Si su columna golpista se publica en el periódico más fundamentalista en cuanto a la consigna ideológica del “todo mercado-nada Estado”, es necesario suponer que cierto sector de los capitalistas más ricos del país ha perdido la paciencia; y que su “benjamín político”, al que encumbraron a la Presidencia de la República mediando una conjura mediática urdida en un estudio de televisión y en una sala de redacción, ha resultado un fiasco, un bueno para nada,a tal punto que el país está a las puertas de un default.

Don Juan Carlos, a quien denominaremos de ahora en adelante como el columnista golpista, tiene intenciones de ser diputado de la República a partir del 2022 y por el Partido Unidad Socialcristiana (PUSC), al cual se afilió recientemente. De seguro, él y los sectores golpistas que representa, desearían que de aquí a mayo de ese año la solución al grave problema fiscal del país esté implementada totalmente; claro está, bajo su visión ideológica del todo mercado-nada Estado.

La desesperación que invade a los sectores por los cuales habla el columnista golpista, les lleva a cambiar de opinión con pasmosa velocidad. Hasta hace un tiempo, el columnista golpista afirmaba lo siguiente: “Me espanta cada vez que va en aumento la posibilidad de que Rodrigo Arias sea el próximo presidente”. También esto: “Con el retiro de Rodrigo Arias de la contienda presidencial desaparece una seria amenaza a la institucionalidad democrática de Costa Rica”. Y, éste es brevísimo pero muy elocuente: “¿Quién nos puede librar de Rodrigo Arias?”. Las redes sociales lo dejaron en evidencia; o, ¿esos comentarios suyos, don Juan Carlos, son ahora fake news? ¡Después de endiablar a don Rodrigo Arias, ahora don Juan Carlos lo endiosa! ¿Qué pasó aquí?…

En realidad, ese anhelo golpista de don Juan Carlos no es más que la aspiración más aguda del proceso autoritario que actualmente está en desarrollo en nuestra Democracia. La desesperación que invade al columnista golpista no necesariamente esté relacionada con la calificación que le da a Alvarado de un bueno para nada. Lo que pasa es que es cada vez más creciente la resistencia de amplios sectores de la sociedad para someterse, final y definitivamente, a un modelo de organización social que incrementa la cantidad de gente excluida y descartada (según la terminología empleada por el papa Francisco).

El columnista golpista y el grupo del gran capital que por él habla, está abogando por un ajuste fiscal-terapia de shock, algo rechazado ampliamente por grandes sectores populares, como ya fue demostrado mediante la acción cívico-patriótica del Movimiento Rescate Nacional. El arreglo del grave problema fiscal del país no puede basarse en el recetario dogmático clásico que no prioriza en el bienestar de la gente y que, por ende, no tiene ni una gota de Humanismo. La peligrosa salida que nos recomienda don Juan Carlos terminará por llevarle a él mismo y su grupo por el cual habla al despeñadero que dice él que hay que evitar. Requerimos de más Democracia y de menos autoritarismo. A la fecha de escribir este artículo, no sabemos si don Juan Carlos mantiene su tesis golpista. Un Golpe de Estado a la tica, nunca dejaría de ser más que un repudiable, desastroso, condenable y doloroso Golpe de Estado.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)

En la corriente sindical que ocupa nuestro desvelo cotidiano, el tema fiscal-tributario del país ha ocupado primerísimo lugar, en la última década, de nuestra lucha sindical-social con visión de país.

Particularmente, en esta columna de opinión, hemos abordado el asunto en incontables oportunidades. Nos pueden acusar de cualquier cosa, menos de no habernos preocupado y ocupado por leer, estudiar, asesorarnos, escribir, comentar, denunciar y proponer alternativas. De todo ellos, constancia documental sobra. Aunque no con total exactitud, lo que nos está pasando como sociedad y, particularmente, como pueblo trabajador, lo hemos venido anunciando en estos últimos años.

En la antesala de lo que podría ser una real catástrofe social y económica, le presentamos a continuación los aspectos de mayor relevancia que según nuestra visión-país, deberían estar en la mesa de un eventual y real diálogo nacional; pero no solamente diálogo, sino negociación que genere acuerdos y que instale un sistema de verificación del cumplimiento de esos acuerdos. Así las cosas, iríamos a un espacio tal cual, con los siguientes (aunque no los únicos) 15 puntos:

1- Costa Rica no ocupa de un “convenio” con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Estamos a favor de una salida nacional a la crisis fiscal. Alternativamente, disponer de las reservas monetarias internacionales custodiadas por el Banco Central de Costa Rica (BCCR). Prestigiosos economistas lo han venido planteando y argumentando son solidez profesional.

2- ¡No más impuestos! ¡No más impuestos para las capas medias ni para las clases populares, mucho menos para las empobrecidas o sumidas ya en total desamparo! Impuestos sí a las grandes rentas y a los altísimos salarios (en este caso, mayores a 3 millones de colones).

3- Impuesto solidario, al menos transitorio, a las mega-fortunas con base en lo que han planteado al respecto tanto el Banco Mundial como el mismísimo FMI.

4- Aplicación de la Tasa Tobin como, realmente, fue concebida: para las enormes transacciones financiero-bancarias en los mercados de capitales, en la Bolsa Nacional de Valores y similares. Esto nos lleva a hablar, como sociedad, sin tapujos, de los flujos de capital sucio proveniente del negocio del narcotráfico y del crimen organizado, en cifras tan enormes que algunos se atreven a plantear que es “gracias” a esos dineros de “dudosa reputación”, la causa fundamental de que el país no haya quebrado todavía.

5- Establecimiento de la renta global y de la renta mundial.

6- Impuesto a las zonas francas.

7- Guerra frontal a la evasión tributaria, a la elusión fiscal, al contrabando. Revisión de las exenciones y de las exoneraciones. Urgente instalación de los escáneres en las aduanas. Impulso a las recomendaciones del informe legislativo del período constitucional 2014-2018, conocido como Los papeles de Panamá.

8- Transformación institucional-estructural del Ministerio de Hacienda (“refundación”). Se debe llamar a cuentas y denunciar penalmente a todas las personas que, al menos, en la última década ocuparon los máximos cargos en el propio despacho ministerial de la cartera de Hacienda; así como en las máximas cúpulas político-gerenciales y tecnocráticas de las direcciones generales de Tributación, de Hacienda, de Adunas y de Cobro Administrativo.

9- No a la venta de activos.

10- Auditoría ciudadana de la deuda pública, reingeniería de la misma y revisión del obsceno pago de intereses. La meta aquí es obtener, al menos, 2 puntos de Producto Interno Bruto (PIB), dada la urgencia de la situación fiscal.

11- Reactivación económica urgente y directa con recursos de la banca para el desarrollo. Específicamente, cancelación de las deudas del sector agropecuario. Además, inyección de capital directo y sin requisitos “estrambóticos” para los cientos de micro-pequeñas y medianas empresas que ya habían sido golpeadas por el combo fiscal del IVA y, luego, por la pandemia del covid-19

12- Implementación de la Política de Trabajo Decente impulsada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la cual en Costa Rica tiene rango de Política de Estado desde la administración gubernativa 2010-2014.

13- Establecimiento de una nueva ley del salario mínimo.

14- ¡No a la derogatoria de la histórica jornada de 8 horas! Ésta costó sangre, sudor y lágrimas y tiene rango a nivel de la Constitución Política.

15- Empleo público: legislación dentro de los preceptos constitucionales de 1949, dándole supremacía a la plena aplicación de los postulados de eficiencia y de eficacia.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)

En la corriente sindical que ocupa nuestro desvelo cotidiano, el tema fiscal-tributario del país ha ocupado primerísimo lugar, en la última década, de nuestra lucha sindical-social con visión de país.

Particularmente, en esta columna de opinión, hemos abordado el asunto en incontables oportunidades. Nos pueden acusar de cualquier cosa, menos de no habernos preocupado y ocupado por leer, estudiar, asesorarnos, escribir, comentar, denunciar y proponer alternativas. De todo ellos, constancia documental sobra. Aunque no con total exactitud, lo que nos está pasando como sociedad y, particularmente, como pueblo trabajador, lo hemos venido anunciando en estos últimos años.

En la antesala de lo que podría ser una real catástrofe social y económica, le presentamos a continuación los aspectos de mayor relevancia que según nuestra visión-país, deberían estar en la mesa de un eventual y real diálogo nacional; pero no solamente diálogo, sino negociación que genere acuerdos y que instale un sistema de verificación del cumplimiento de esos acuerdos. Así las cosas, iríamos a un espacio tal cual, con los siguientes (aunque no los únicos) 15 puntos:

1- Costa Rica no ocupa de un “convenio” con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Estamos a favor de una salida nacional a la crisis fiscal. Alternativamente, disponer de las reservas monetarias internacionales custodiadas por el Banco Central de Costa Rica (BCCR). Prestigiosos economistas lo han venido planteando y argumentando son solidez profesional.

2- ¡No más impuestos! ¡No más impuestos para las capas medias ni para las clases populares, mucho menos para las empobrecidas o sumidas ya en total desamparo! Impuestos sí a las grandes rentas y a los altísimos salarios (en este caso, mayores a 3 millones de colones).

3- Impuesto solidario, al menos transitorio, a las mega-fortunas con base en lo que han planteado al respecto tanto el Banco Mundial como el mismísimo FMI.

4- Aplicación de la Tasa Tobin como, realmente, fue concebida: para las enormes transacciones financiero-bancarias en los mercados de capitales, en la Bolsa Nacional de Valores y similares. Esto nos lleva a hablar, como sociedad, sin tapujos, de los flujos de capital sucio proveniente del negocio del narcotráfico y del crimen organizado, en cifras tan enormes que algunos se atreven a plantear que es “gracias” a esos dineros de “dudosa reputación”, la causa fundamental de que el país no haya quebrado todavía.

5- Establecimiento de la renta global y de la renta mundial.

6- Impuesto a las zonas francas.

7- Guerra frontal a la evasión tributaria, a la elusión fiscal, al contrabando. Revisión de las exenciones y de las exoneraciones. Urgente instalación de los escáneres en las aduanas. Impulso a las recomendaciones del informe legislativo del período constitucional 2014-2018, conocido como Los papeles de Panamá.

8- Transformación institucional-estructural del Ministerio de Hacienda (“refundación”). Se debe llamar a cuentas y denunciar penalmente a todas las personas que, al menos, en la última década ocuparon los máximos cargos en el propio despacho ministerial de la cartera de Hacienda; así como en las máximas cúpulas político-gerenciales y tecnocráticas de las direcciones generales de Tributación, de Hacienda, de Adunas y de Cobro Administrativo.

9- No a la venta de activos.

10- Auditoría ciudadana de la deuda pública, reingeniería de la misma y revisión del obsceno pago de intereses. La meta aquí es obtener, al menos, 2 puntos de Producto Interno Bruto (PIB), dada la urgencia de la situación fiscal.

11- Reactivación económica urgente y directa con recursos de la banca para el desarrollo. Específicamente, cancelación de las deudas del sector agropecuario. Además, inyección de capital directo y sin requisitos “estrambóticos” para los cientos de micro-pequeñas y medianas empresas que ya habían sido golpeadas por el combo fiscal del IVA y, luego, por la pandemia del covid-19

12- Implementación de la Política de Trabajo Decente impulsada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la cual en Costa Rica tiene rango de Política de Estado desde la administración gubernativa 2010-2014.

13- Establecimiento de una nueva ley del salario mínimo.

14- ¡No a la derogatoria de la histórica jornada de 8 horas! Ésta costó sangre, sudor y lágrimas y tiene rango a nivel de la Constitución Política.

15- Empleo público: legislación dentro de los preceptos constitucionales de 1949, dándole supremacía a la plena aplicación de los postulados de eficiencia y de eficacia.