Categoría: Opinión

Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)

40 personas integrantes de la actual Asamblea Legislativa, con curul legislativa, votaron el pasado jueves 27 de agosto de 2020, el primer tramo o tracto de un préstamo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), por un monto total de 508 millones de dólares; antesala de otro crédito de mayor cantidad en esa moneda, por 1.750 millones.

En total será un préstamo conocido en la jerga de ese ente financiero global, como “convenio Stand-by”, el cual compromete seriamente el futuro de la actual generación y de las venideras. Llamaremos a esas señoras legisladoras y a esos señores legisladores como diputaciones fondomonetaristas.

Con base en este actuar de estas diputaciones fondomonetaristas, al comprometer la vida de miles de costarricenses todavía en vida y otros miles más por nacer, es que nos estamos preguntando cuánta legitimidad política real tienen esas 40 personas, por más rango diputadil que tengan, de asumir tan gigantesca responsabilidad, rayana según nuestra visión de mundo, en un acto de traición a la Patria.

Cada una de esas 40 personas representan, individualmente, el 0,00002 por ciento de la actual población del país, misma que es de unos 5 millones de costarricenses. Juntas las 40, apenas alcanzan a significar 0, 0008 del total nacional de ticos y de ticas vivientes en estos momentos. Ni siquiera llegan al 1% de la población nacional y se aprestan a hipotecar el futuro del país más allá de cuando alguna de ellas, ya no estén en esta tierra.

Al igual que está sucediendo con el señor Carlos Alvarado Quesada, cuya presidencia de la República tiene una altísima deslegitimación política en estos momentos; debemos elevar nuestra voz y denunciar que esas 40 personas diputadiles no tienen en la actualidad, una legitimidad política real como para actuar como una asamblea constituyente de facto, cambiando la concepción político-ideológica de carácter estratégico y estructural que fue plasmada por las personas constituyentes, que sí eran realmente legítimas, las que aprobaron la Carta Magna del 7 de noviembre de 1949.

El significado de esos créditos con el FMI que están votando esas diputaciones fondomonetaristas, va más allá de las cantidades de millones de dólares que han de aumentar la impagable deuda pública del país.

Es más, parece conveniente impulsar un ejercicio de cívica rendición de cuentas para determinar cuántas de esas 40 personas diputadas fondomonetaristas, que están dispuestas a entregar el país a los dictados del Fondo Monetario Internacional (FMI), podrían en estos momentos convocar a reuniones a quienes le eligieron, darles la cara y explicarles su actual comportamiento político-legislativo.

Apostamos a que ni uno solo de ellos o de ellas, asumirá un reto de semejante calibre; especialmente si activos grupos de ciudadanía activa se apersonaran frente a las casas donde habitan a solicitarles, con respeto y vehemencia, que den la cara.

Creemos, a la vez, que dar un voto legislativo a convenios fondomonetaristas de préstamos condicionados que implican, por ejemplo, dar viabilidad política a la venta de instituciones públicas exitosísimas como el Instituto Nacional de Seguros (INS), en su ramo la empresa comercial de seguros más importante y rentable de toda la región mesoamericana; supone un monumento a la ignorancia para con nuestra historia y lo que significó su fundación hace ya casi un siglo, en 1924; como también suponemos que se desconoce el pensamiento de don Ricardo Jiménez Oreamuno y de don Tomás Soley Güell, cuando tomaron la visionaria decisión política de impulsar la fundación del INS.

Es una verdadera conmoción política imaginar que un 0,0008% de la población costarricense actual (las 40 diputaciones fondomonetaristas), se dispongan a viabilizar la venta del Instituto Nacional de Seguros (INS), un emporio en su campo que ni siquiera la competencia de las transnacionales de actividad homóloga instaladas en el país, han podido desplazarle del mercado.

Las 40 diputaciones fondomonetaristas deben ser exhibidas, una y otra vez, con sus nombres y con sus apellidos, para indicarles por todos los medios a nuestro alcance, su real estado de deslegitimación política plena como para tomar semejantes decisiones de; por un lado, darle un golpe de Estado de facto a la Constitución Política de 1949; por otro, facilitar la entrega de parte de las más grandes riquezas de propiedad pública que todavía quedan en manos del pueblo costarricense. En el caso del INS y desde nuestras propias trincheras, siempre hemos honrado y lo seguiremos haciendo, el legado de don Ricardo Jiménez Oreamuno y de don Tomás Soley Güell.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)

Robin Hood es el legendario héroe de baladas inglesas que robaba a gobernantes y eclesiásticos acomodados, para entregar parte del botín a necesitados, menesterosos y oprimidos.

Se lo sitúa entre los finales del siglo XIV y principios del XV. Según la leyenda, Robin Hood era un barón llamado Robin Longstride o Robin de Loxsley, quien era de gran corazón y vivía fuera de la ley, escondido en el bosque de Sherwood, cerca de Nottingham, ciudad del centro de Inglaterra. Más simple: Robin Hood le robaba a los ricos para darle a los pobres.

El pasado 8 de marzo, el parlamento europeo, en el cual están representados los 27 países que forman la Unión Europea (UE), votó a favor de ponerle un impuesto a las transacciones financieras (ITF) que se hagan en toda Europa.

Culminaba así una larga lucha, básicamente impulsada por los movimientos sociales y sindicales de la UE, a partir de la propuesta del economista estadounidense James Tobin.

En 1971, él propuso un impuesto sobre el flujo de capitales en el mundo para crear un gigantesco fondo de combate a la pobreza y para propiciar políticas públicas de inclusión social. El señor Tobin recibió el Premio Nobel de Economía en 1981 y a su propuesta de impuesto sobre las transacciones financieras (ITF), se le conoció como la “Tasa Tobin”.

Esa larga lucha por llevar a la realidad la Tasa Tobin, fue liderada por la Asociación por la Tasación de las Transacciones y por la Ayuda a los Ciudadanos (ATTAC); convirtiéndose en un movimiento internacional que promueve el control democrático de los mercados financieros.

La ATTAC se originó en Francia, en junio de 1998, teniendo entre sus promotores a un extraordinario ciudadano, el periodista español Ignacio Ramonet, director de uno de los periódicos de mayor prestigio en el planeta: “Le Monde Diplomatique”.

Como es bien sabido, la ideología dominante en el mundo, pese a su evidente fracaso, es la que comúnmente denominamos como el “neoliberalismo”, pero dentro de la misma, su parte más criminal, más anticristiana, más deshumanizada, es la del capital financiero-bancario; el cual, sin piedad ni misericordia alguna, arruina países, destruye empleos, produce violencia desenfrenada, potencia a niveles siderales la corrupción y vive en una orgía desenfrenada de acumulación y de concentración de riqueza jamás vista en la historia de la Humanidad.

La propuesta de la Tasa Tobin, es decir, el ITF (Impuesto a las Transacciones Financieras), como indicamos, llegó a popularizarse en Europa como el impuesto “Robin Hood”, dado que ese capital financiero es de tal magnitud, es tan “recontragigantesco”, que quitarle un “poquito”, vía ese impuesto, en nada se le afecta. Aún ese “poquito”, generaría un fondo enorme.

Aunque por ahora el impuesto “Robin Hood” aprobado en la UE es de un monto diminuto, evitaría, por ejemplo, la necesidad de realizar recortes tan drásticos en el gasto público que afectan a miles y miles de personas trabajadoras con rebajas de salarios y con recortes de empleos y eliminación-deterioro profundo de los servicios públicos sociales.

Por ejemplo, el Instituto Austríaco de Investigación Económica, ha estimado que una tasa global de transacciones de 0.05 % podría aportar entre 447 mil millones de dólares y 1.022 millones de millones, ¡al año!

Está más que claro que el impuesto “Robin Hood” no será la solución auténtica y definitiva para atender los problemas de la pobreza y de la desigualdad mundiales, pero su entrada en vigencia podría, con gran fiscalización ciudadana, elevar los ingresos disponibles por los gobiernos para financiar algunos aspectos de una agenda de desarrollo inspirada en el bien común, la inclusión social y el cambio climático, es decir, la preservación de la vida misma del planeta.

El impuesto “Robin Hood” es una iniciativa realista y viable, sumamente necesaria para contrarrestar la dinámica desbocada de los movimientos financieros a nivel internacional (y nacional, también); movimientos que alimentan crisis recurrentes con impactos destructivos sobre la economía de los países y las condiciones de vida la población.

En Costa Rica, el capital financiero-bancario ha sido sino el más, uno de los sectores que más ha acumulado riqueza, en cantidades insospechadas por la ciudadanía, con las políticas económicas dominantes que han prevalecido en los últimos seis gobiernos, incluido el actual.

Tan es así que el comentario siguiente no es de un sindicalista, sino de un costarricense que se ha movido en ese “mundillo” y que lo conoce profundamente. Hablamos del prestigioso economista don Jorge Guardia Quirós, quien el 24 de noviembre de 2009, en su columna de opinión indicó lo siguiente:

“Lo que dije, y sostengo, es una realidad objetiva que… nadie podrá camuflar…: los banqueros han desplegado una influyente labor de cabildeo y logrado beneficios injustificados que el país debe cuestionar. Ese es el punto. Se les permitió captar recursos y efectuar préstamos sin una licencia bancaria (a cualquier mortal lo habrían metido en la cárcel), sin satisfacer encajes ni pagar impuestos. Gracias a esos y otros beneficios, su tasa efectiva es muy baja, mientras se crucifica a otros contribuyentes. Vivieron en la opulencia y cotizaron como paupérrimos. También gozaron de reducciones de encajes que les liberaban recursos para prestar y ganar más… Están las leyes, reglamentos, actos y decretos que lo demuestran, y las actas de la Asamblea donde se bendijo a las offshore, en 1995. Yo no estoy contra la banca. Cumple una función vital. Pero mi preocupación por los privilegios es sana y de interés público. Por eso creí que de la polémica podría emanar algo positivo. Esperaba un examen de conciencia y acto de contrición para pedir perdón al país por todos los beneficios concedidos y su anuencia a consentir reformas para eliminarlos. Pero no…”.

Efectivamente, en Costa Rica ocupamos de la instauración, a lo tico, del impuesto “Robin Hood”. Señora Presidenta Chinchilla Miranda: Con todo el respeto que requiere su honrosa investidura, usted que dice que los sindicatos en vez de protestar deberíamos proponer, aquí le dejamos ésta, junto a los otros 13 planteamientos que ya le formulamos para que se resuelva el grave problema del déficit fiscal que su gobierno dice tener; pero resolviéndolo sin que los y las de abajo (incluida la clase media), siga sufriendo más.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)

Detectada que ha sido una gran sensibilidad obrera de base, así constatada en cientos de consultas efectuadas en el trajinar cotidiano de la verdadera lucha sindical, hay un consenso contundente en materia de IVM-CCSS: rechazo total a la pensión a los 65 años; rechazo total a que se suba más el aporte obrero en la cotización; y, rechazo total a que se reduzca, todavía más, el monto a recibir una vez que se deja de laborar activamente.

Ninguna de las tres circunstancias es aceptable para el gran conglomerado trabajador del país. La corriente sindical en la cual militamos, lo deja constando de manera pública por esta vía, en el sentido de que esta es la base fundamental de nuestra posición para los actuales momentos históricos de IVM.

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), tiene una junta directiva de 9 personas integrantes. Solamente una de ellas tiene una legitimidad de representación obrera-genuina y es don Mario Devandas Brenes. En la corriente sindical en la cual desarrollamos nuestra lucha diaria, así lo reconocemos. La acertada intervención de él logró que sea hasta el mes de noviembre próximo cuando esa directiva tome decisiones de fondo, sobre el futuro del régimen de pensiones más importante del país: Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).

Sin embargo, como este es un tema sumamente sensible, de altísimo impacto político-laboral y que se presenta en un delicadísimo momento de riesgo de conmociones sociales impensadas, es que estamos instando, de manera pública, al respetado don Mario Devandas Brenes, para que insista en una ampliación del plazo para esta discusión, más allá de noviembre próximo.

Sabemos que don Mario está, prácticamente, “solo” en esa directiva de la Caja: De las 8 personas adicionales que junto a él la integran, 3 representan al cuestionadísimo actual gobierno; 3, al más renombrado gremio empresarial-corporativo del país, el sindicato patronal UCCAEP (gran aliado de Alvarado). Los dos restantes vienen del sector cooperativo y del sector solidarista. En el primero de los casos, el cooperativo, dudamos mucho que “su” actual directivo pueda exhibir un sólido respaldo proveniente de la base de tan importante y estratégico movimiento social.

Por tanto, será necesario que una fuerte base social se presente y se manifieste en el escenario de la discusión que la Caja quiere que sea ya, de inmediato (… o, que no se dé del todo). La dirección política de la Caja no tiene nada de ganas de que otras perspectivas sobre el estado de situación actual del IVM, se ventilen de manera pública. La Caja prefiere que sus tesis se impongan y para ello ocupa que se las legitime el mundo obrero organizado.

Las principales intenciones de la CCSS, que son las que ya olfatea la clase obrera y trabajadora, son las siguientes: a) hombres y mujeres se pensionarán a los 65 años, sin distingo alguno; b) les subirán a las personas actualmente cotizantes el aporte obrero, sustancialmente; y, c) pretenden reducir de un 60 a un 40% el monto que se recibiría por pensión.

Tampoco es descartable que esas “mentes brillantes” del manejo financiero de la Caja, ya estén pensando en poner a cotizar a las personas actualmente pensionadas por IVM, las cuales deben moverse para organizarse, ¡pero ya!, seriamente.

Para la Caja es “molesto” que se insista en que se ventilen sus decisiones de inversiones. Particularmente, en las del mundo empresarial privado como el Grupo Nación. Igualmente, que se le diga a la clase trabajadora, la verdad acerca de la plata que tiene invertida en bonos del Gobierno; bonos que muchos estiman no valdrán nada en un plazo no muy lejano, si el país llega a un estado de quiebra.

A la Caja no le gusta que se le cuestione, de manera pública, cómo tiene todavía en puestos de sensible toma de decisiones en el ámbito financiero, a personas que están cuestionadas y hasta acusadas en el Ministerio Público, por “malas” decisiones con los fondos de IVM; “malas” decisiones que dejaron un gigantesco hueco en sus finanzas, de muchísimos millones de colones.

Quedan otros ámbitos de abordaje analítico, crítico y propositivo con perspectiva obrero-social sobre este tema IVM-CCSS. Esperamos poner a disposición del pueblo trabajador, en fecha próxima, nuestros planteamientos elaborados con gran solidez técnico-profesional.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)

La crisis económica que ha generado la pandemia, ha fortalecido el control de la política nacional en materia de toma de decisiones, con un profundo contenido ideológico que no es el de la promoción del bien común, ni el de la integración social.

La estafa política cometida por Carlos Alvarado Quesada, hoy con su legitimidad político-presidencial hecha añicos, no hizo más que extender la alfombra para el paso de esas fuerzas que no soportan más la existencia de las concepciones inherentes a un Estado Social que, como el costarricense, propició importantes dosis de humanismo asistencialista con cierto abordaje integral, por una parte; y, por otra, fomentó el desarrollo económico-social de capas medias con decente nivel de vida y buena capacidad de consumo… hasta cierto momento.

Lo uno y lo otro, ya están no solamente en fase de agotamiento inducido, sino que son víctimas de gran orfandad de representación política real y consecuente.

Revertir lo anterior, con un Estado en puertas de su quiebra; o con desesperadas inyecciones de recursos externos, ideológicamente condicionados también, para evitarlo en lo inmediato; requiere de la construcción de un contra-poder que implica más que líricas declaraciones «de concordia», o de «derribamiento del modelo neoliberal».

Varios elementos conviene impulsar en el análisis ante el semejante desafío de la construcción de ese contra-poder. Veamos. Uno piensa que lo subjetivo, hablando de lo que tiene que ver con las personas actoras directas que están ubicadas en diversos segmentos de este lado de la acera, en estos momentos; parece ser un obstáculo fundamental en las actuales circunstancias de gran de soledad política en que se encuentra esa enorme cantidad de compatriotas que está sufriendo a diario por las razones harto sabidas.

Quienes nos proclamamos «defensores» del pueblo costarricense tenemos pleno conocimiento de tan cruel realidad; sin embargo, las mezquindades de la competencia por el protagonismo, el cortoplacismo personalista y la fetidez del gusanillo electorero-sistémico de corte circunstancial, se atraviesan en el camino de la indicada y necesaria construcción de ese contra-poder; contrapoder con el cual se podría atacar de raíz esa soledad política, abriendo el paso a una gran comunidad de resistencia, de esperanza y de acompañamiento colectivo y solidario.

Por el contrario, la acera de enfrente se da el lujo de exhibir ya, sin escrúpulo alguno, dos presidencias: la formal y la real, en ruta articulada y casi-triunfante hacia la polarización económica total desde la perspectiva de la concentración de la riqueza.

Esta gente lo tiene todo tan perfilado, pese a que son ya visibles las pugnas en su interior por el control absoluto de la estrategia, en aras de la apropiación total de lo bueno que queda de la institucionalidad de propiedad estatal; es decir, esa cacería descarnada que se da en el seno del ámbito de la riqueza concentrada para incrementar ésta; dejando al margen a los competidores que, dentro de la misma clase oligárquico-económica, no van a “calificar” para participar el reparto final del pastel que, si bien quieren hacerlo lo más grande posible, los pedazos del mismo serán de tal tamaño que serán pocos para distribuir.

Por ejemplo, es notoria la bronca entre dos conglomerados mediáticos practicantes del periodismo de odio, aunque aliados viles contra el empleo público; ambos con fuertes intereses de macro-negocios.

También es notoria la pugna por el control absoluto de ese proceso de apropiación de lo público que es rentable todavía, entre la estructura tradicional del sindicalismo patronal (conocida en la jerga del mundo de los grandes negocios, como los «trameros de mercado»), vs. el grupo de los «positivistas de horizonte», que tienen en sus manos la presidencia de la República, realmente, y que está funcionando como potenciadora de más mega-negocios de carácter empresaurial.

Los “trameros de mercado” sienten que, al real poder instalado en Zapote, solamente se puede acceder “helicoptereado”, dado que es así como se hacen los mega-negocios; a tal punto que hoy han renunciado a participar en el ahora desacreditado buzón digital de sugerencias, el falso diálogo social “Costa Rica escucha, propone y dialoga”. Pese a sus trifulcas internas por el reparto del pastel, el acuerdo es estratégico e ideológico: nada Estado-todo mercado.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)

El candidato impuesto por el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha resultado “electo” a la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por un período de 5 años que empezará en octubre próximo, contando para ello con el voto, ignominioso en nuestro criterio, de Costa Rica.

Trump, al imponer su candidato, logró así romper un acuerdo político, no escrito, existente desde la fundación del BID, en cuanto a que éste siempre contaría con una persona en la presidencia de origen latinoamericano. Los anteriores mandatorios de esta entidad financiera continental fueron, Felipe Herrera, de Chile (1960-1971); Antonio Ortiz Mena, de México (1971-1988); Enrique Iglesias, de Uruguay (1988-2005); y Luis Alberto Moreno, de Colombia (2005-2020).

El nuevo presidente del BID, Mauricio Claver-Carone, es hombre de la total confianza de Trump. Fue su Asistente Adjunto y Director de Asuntos del Hemisferio Occidental en el Consejo Nacional de Seguridad de la Casa Blanca; correspondiéndole fungir como el principal asesor del presidente gringo en temas relacionados con Canadá, América Latina y el Caribe. También fue Director Ejecutivo en la junta directiva del Fondo Monetario Internacional (FMI), representando al gobierno de los Estados Unidos, por demás, el mayor accionista de esta entidad. Otro cargo relevante fue el de Asesor Senior para Asuntos Internacionales en el Departamento del Tesoro estadounidense.

Inicialmente, el gobierno de Costa Rica postuló como candidata a la presidencia del BID a la señora expresidenta de la República, doña Laura Chinchilla Miranda. Su nombre postulado daba continuidad a la tradición política de una persona de la América Latina en la presidencia del BID; pero, además, más que notoria habría sido de enorme relevancia una mujer en tal cargo; aunque conocida su ideología política para nada representaría, ni siquiera remedos de ruptura, en las líneas políticas fundamentales del banco.

“Sorpresivamente”, tiempo después doña Laura desiste de su candidatura y el gobierno tico la retira, considerando (según se dice), la fuerte presión del gobierno de Donald Trump; luego de que Argentina retirara la suya, en la persona del señor Gustavo Beliz.

Lo que nos interesa destacar en este comentario es lo siguiente:

1) Nunca fue sólidamente consistente el apoyo político del gobierno de Carlos Alvarado Quesada para con la postulación de la señora Laura Chinchilla Miranda. Es decir, prefirieron prosternarse ante la orden estadounidense de dejar “limpia la cancha” al señor Mauricio Claver-Carone.

2) El gobierno gringo reclamó al tico, “le cobró la factura” (como decimos popularmente por acá), que había apoyado al ahora exministro del Ambiente costarricense, Carlos Manuel Rodríguez Echeverría, para que éste ocupara el alto cargo de Director del Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF, por sus siglas en inglés), un cargo al cual no se accede fácilmente sin el apoyo de Estados Unidos. Y, por tanto, dado ese apoyo a don Carlos Manuel, Costa Rica no tenía otra que apoyar al señor Claver-Carone.

3) Podemos suponer, por tanto, que hubo una especie de pacto, de trueque político entre los gobiernos de Alvarado y de Trump; pacto que pudo ponerse en riesgo con la candidatura costarricense de Laura Chinchilla Miranda. Es decir, el gobierno de Trump pudo haberle dicho al de Alvarado algo así como: “mirá, recordá que tenés que apoyar a Mauricio porque yo te apoyé a Carlos Manuel”.

4) La naturaleza del pacto, o el carácter irrefutable de la prosternación del gobierno de Alvarado, es que su gobierno no tuvo la más mínima porción de dignidad, por un lado; y, por otro, ni el más mínimo asomo de lealtad para con la disposición política de la exmandataria tica de poner a jugar su nombre. ¿Por qué lo uno y por qué lo otro? Porque votó, descaradamente, por el candidato de Trump y no se abstuvo, como sí lo hicieron otros 16 gobiernos con pertenencia al BID (entre ellos, México, Chile, Perú, Trinidad y Tobago, más los de la Unión Europea -UE-), mismos que, aunque nada abundantes en cuando a posiciones político-soberanistas y nacionalistas, sí les molestó la soberbia y la prepotencia del “trumpismo” al imponer a Mauricio Claver-Carone.

5) La geopolítica jugó en todo esto, indudablemente. Trump está desesperado por el avance de China hacia lo que ya se estima será su primerísimo lugar como potencia del planeta. Es más que notoria la presencia de China en América Latina. Los gringos necesitan retomar el control de la región latinoamericana y, por tanto, el control del BID les da una poderosa herramienta para el chantaje extorsivo en materia de créditos y de financiamiento a nuestros países, frenando así, creen ellos, el avance chino en Latinoamérica. Eso está por verse.

Concluimos en que estamos de cara a uno de los episodios más ignominiosos de la política exterior costarricense, la cual en los gobiernos PAC ha tenido uno de sus períodos históricos más vergonzantes.

Paradójicamente, este artículo se está publicando este día 15 de setiembre de 2020, exactamente en el 199 aniversario de la independencia política de Costa Rica con respecto a España. El episodio ignominioso que acabamos de comentar nos habla de otras independencias pendientes.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)

El gobierno neoliberal de los presidentes Alvarado-Garnier, por medio de su vocería hacendaria, está diciendo que el próximo 17 de setiembre de 2020, los y las costarricenses conoceremos cuáles serán los contenidos que el país (no es el país, son ellos), le propondrá al Fondo Monetario Internacional (FMI), como temas de “negociación” a cambio de los 1.750 millones de dólares del segundo tramo del crédito con este organismo financiero, cuya primera parte, de 508 millones de dólares, fue aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de agosto de 2020.

Varios aspectos indignan. En primer lugar, la soberbia de esta gente de creer que el pueblo tico no entiende de estas cosas, de creer que somos imbéciles, de creer que el sentido común de nuestra precaria situación económica no nos da para olfatear la catástrofe que se nos viene encima.

En segundo lugar, dado que tienen un estilo de gestión gubernativa altamente opaca, sumamente manipulador y groseramente clasista, nadie puede creer que tales temas ya no han sido discutidos en “privado”, virtualmente, con los tecnócratas fondomonetaristas y los de la cúpula política del Ministerio de Hacienda y del Banco Central. Así que lo que van a hacer el 17 de setiembre no es nada más que una operación mediática tratando de fortalecer la estrategia del engaño a la ciudadanía.

Realmente pensamos que es un crimen contra toda la sociedad, más endeudamiento público sin tener absolutamente certeza de todas las circunstancias que a lo largo de los años han confluido como para que el país (ahora sí, el de todos y todas, incluidos ellos), esté al borde del colapso total, económica y financieramente hablando; y cerca del cataclismo social.

Es inmoral, no tiene la menor pizca de ética, es más, se trata de un condenable juego sucio que, sin más ni más, nos estén diciendo que para el 2021, buscando que el país no quiebre, que ocupan 10 mil millones de dólares; cuando la clase gobernante a la que pertenece esa gente permitió que en la última década se diese una defraudación tributaria de casi 4 veces más esa cifra; si consideramos la reiterada denuncia del exministro de Hacienda, Rodrigo Chaves Robles, de que el robo de impuestos fue de 3.800 millones de dólares por año.

Por otra parte, endeudarnos más, en una cifra realmente insignificante para la magnitud del desastre que dicen que se nos avecina, resultaría inmoral si no se procede con la transformación tributaria estructural harto diagnosticada y sabida. Connotados especialistas coinciden en que este crédito con el FMI es innecesario, dado el desastre fiscal estructural que nos tiene al borde de la quiebra. Más deuda, en tales condiciones, es algo más que suicidio colectivo.

Hay trampa en todo esto. La ausencia de voluntad política para impulsar las correcciones estructurales del desastre fiscal del país, indica que la apropiación privada de los más rentables negocios que todavía son propiedad estatal, es lo que verdaderamente les importa. Por tanto, debemos fortalecer esta circunstancia ante la ciudadanía, porque quieren seguir evadiendo de manera obscena, pero acumulando riqueza, también de manera obscena.

Nuevamente, la urgencia de una Auditoría Ciudadana de la Deuda Pública del país, es lo que debería impulsarse, legislarse y ordenarse desde la Asamblea Legislativa. Es monstruoso que la deuda llegue al 80% del PIB el año entrante, 2021, sin siquiera saber quiénes son nuestros acreedores. Sencillamente, todo esto es aterrador, ojalá nos defendamos antes de que nos aplaste.      

Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)

Carlos Alvarado Quesada, como Presidente de la República, se ha quedado ya sin legitimidad política. De seguro, seguirá con la legitimidad formal dada por el resultado electoral de febrero-abril de 2018, según la Constitución y la ley; aunque 2 años y 3 meses después de haber asumido tal rol, crecen las voces que le piden que renuncie.

De manera reiterada lo venimos manifestando, es más, fuimos los primeros en plantearlo de esta forma: que Alvarado es el estafador político más notorio y más cínico en llegar a la Casa Presidencial, desde la caída del Muro de Berlín.

Por otra parte, si consideramos que desde su asunción a la primera magistratura del país a la fecha, 4 de cada 5 costarricenses desaprueben su trabajo, según la más reciente encuesta del Centro de Estudio Político (CIEP), de la Universidad de Costa Rica (UCR), se nos muestra así el carácter, la profundidad y el impacto de esa estafa política.

Alvarado representa un contundente ejemplo de la deslegitimación de la clase política tradicional del país, hoy bien marcada en el tripartidismo PLN-PUSC-PAC (más el turequismo adjunto); si consideramos que la esencia del quehacer de la misma no apunta a impulsar modificaciones estructurales que restauren, de manera estratégica, la promoción del bien común en todas las políticas públicas.

Alvarado y su realidad actual de deslegitimación política como Presidente de la República, refleja algo que también venimos señalando en los últimos tiempos de deterioro integral de nuestra convivencia como nación: cada vez más se amplía, se alarga, se profundiza la distancia entre el gobernante y los gobernados.

Por otra parte, la deslegitimación política de Alvarado es enfática si consideramos cuál es la verdadera naturaleza del real poder al cual él se asoció para gobernar: el mega-empresariado corporativo de los superricos ticos, sector económico que emergió a la luz pública en la persona de André Garnier Kruze, ministro facilitador del proceso de los macro-negocios asociados a entidades públicas determinadas; personaje que nosotros categorizamos como la figura presidencial real quedando la de Alvarado como la figura presidencial formal.

Al respecto, debemos resaltar la denuncia que en redes sociales ha estado circulando por estos días de parte del dirigente campesino don José Oviedo Chaves, quien da cuentas de una reunión en la cual él participó y en la que estuvo presente el Segundo Vicepresidente de la República, Marvin Rodríguez Cordero, el cual admitió (según nos lo narra don José), de que él mismo ha deseado irse de Casa Presidencial ante la contundencia del poder en el seno de la misma de André Garnier Kruze y su grupo; el cual tiene un agenda totalmente definida hacia el todo mercado-nada Estado, incluyendo la facilitación de la apropiación privada de los más ricos bienes estatales todavía existentes de propiedad pública, los denominados activos.

Además, el presidente real no cree en un auténtico diálogo social multisectorial, de ahí que la única concesión que ha hecho ha sido la fanfarria del buzón digital de sugerencias, oficialmente denominado “Costa Rica escucha, propone y dialoga”; remedo ridículo de participación ciudadana que no contó con la aquiescencia sindical de la corriente en la cual militamos.

Estamos ya a un año de que alcancemos los 200 años de vida republicana independiente. El bicentenario del 2021 nos llegará con una sociedad terriblemente empobrecida, muy penetrada por el crimen organizado y el narcotráfico; de enorme polarización económica en cuanto a la concentración de la riqueza y la entronización de la desigualdad, prácticamente irreversible. Un país con una deuda pública que no puede pagar, un Estado en quiebra y una clase política “bunkerizada” (alusión a la horrible estructura del nuevo edificio legislativo), que está posicionada como un fin en sí misma y gobernando para sí misma y sus círculos de amistades y familiares.

Lastimosamente, la deslegitimación política de Alvarado y todo lo que ello significa, no va acorde con la construcción de una articulación cívico-social y popular-patriótica que se asuma como desafío estratégico a ese real poder del cual el Segundo Vicepresidente de la República, don Marvin Rodríguez Cordero, se “lamenta” intramuros palaciegos.

Sabemos que se hacen esfuerzos de distinta naturaleza y bienintencionados en su gran mayoría. Sin embargo, el otro lado de la acera, jefeados por André Garnier Kruze y su grupo, avanza con rapidez que el campo de lo popular, al menos hasta hoy, no ha podido equilibrar.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)

¡Atención! ¡Su atención, por favor! Señoras diputadas y señores diputados, diputaciones fondomonetaristas: Ustedes 40 (cuyos nombres completos citamos al final del presente artículo), votaron por abrir el pernicioso camino de entrega del país a los dictados del Fondo Monetario Internacional (FMI); negándose a considerar la serie de alternativas que se han venido proponiendo en los últimos tiempos para enfrentar, con real perspectiva humanista, el horroroso panorama fiscal del país: su alto déficit, su impagable deuda pública, la naturaleza perversa de su sistema impositivo radicalmente injusto, así como la espantosa realidad de la evasión y de la elusión tributarias; dado que no puede haber responsabilidad alguna imputable por tal desastre al pueblo trabajador, ni a sus capas medias.

Congruentes con el sistema político-hegemónico del autoritarismo neoliberal que ha venido imponiéndosele a la gente, ustedes 40, diputaciones fondomonetaristas, deciden a espaldas, ya no solamente de las personas electoras que les llevaron a sus respectivas curules legislativas; sino en abierto contubernio con esas fuerzas contrarias al bien común, a la inclusión social y a la reducción de las desigualdades. Fuerzas que nos han situado en la deshonrosa posición de ser uno de los 10 países más desiguales del planeta; fuerzas a las que ustedes, ahora, potencian para que procedan al aniquilamiento final del Estado Social de Derecho, con la consigna ideológica de la venta de activos: la entrega de lo mejor que queda de ese patrimonio público que ya estaba antes de que, ustedes 40, diputaciones fondomonetaristas, hubieran nacido en esta tierra maravillosa llamada Costa Rica.

Nos atrevemos a afirmar que ustedes 40, diputaciones fondomonetaristas, no tienen ni la menor idea de los correspondientes procesos socio-históricos y político-sociológicos que dieron origen a cada una de esas entidades que ustedes se disponen a entregar; una vez que le den viabilidad a la segunda parte del mismo proceso crediticio, por 1.750 millones de dólares que votarán con el FMI; como lo hicieron votando el primer tracto, ese empréstito de los 508 millones de dólares, el pasado jueves 27 de agosto. 

Sin importar el partido político-electoral que les llevó a la actual Asamblea Legislativa, se han comportado ustedes como la mega-fracción parlamentaria al servicio de esos oscuros intereses que ya controlan el Poder Ejecutivo instalado en Zapote, disponiendo de dos presidencias de la República en estos momentos: la formal (Carlos Alvarado Quesada), y la real (André Garnier Kruze).

Sin embargo, todavía hay tiempo de que, por lo menos algunos de ustedes 40, diputaciones fondomonetaristas, retrocedan; especialmente porque ahora se nos está diciendo que esos 2.250 millones de dólares del FMI (los que ya ustedes votaron como primer tracto y el segundo por venir, de 1.750 millones de dólares), ya no se trata de un crédito stand-by, sino uno denominado “facilidad de fondo ampliada” (Extended Fund Facility -EFF-); enredo de modalidades o siglas crediticias que desde nuestra perspectiva obrero-social siempre implican entrega al FMI con ventas de activos incluida, más impuestos y más despidos de personas trabajadoras asalariadas del sector Público. O, ¿estamos equivocados? ¡Corríjannos ustedes y dígannos que no será así! ¿Podrían ustedes 40, diputaciones fondomonetaristas, convocar, al menos, a un conjunto de representaciones sociales de diversa naturaleza, dándonos la cara y explicándonos las razones de fondo, las transparentes, de su actual proceder?… ¡Lo dudamos!

En el entretanto, para las personas lectoras de esta columna, les aportamos los nombres de esas 40 diputaciones fondomonetaristas: Aida Montiel Héctor, Ana Lucía Delgado Orozco, Carlos Avendaño Calvo, Carlos Ricardo Benavidez Jiménez, Carolina Hidalgo Herrera, Catalina Montero Gómez, Daniel Ulate Valenciano, David Gourzong Cerdas, Eduardo Cruickshank Smith, Enrique Sánchez Carballo, Erwen Masís Castro, Floria Segreda Sagot, Geovanny Gómez Obando, Gustavo Viales Villegas, Ivonne Acuña Cabrera, Jorge Luis Fonseca Fonseca, Karine Niño Gutiérrez, Laura Guido Pérez, Luis Antonio Aiza Campos, Luis Fernando Chacón Monge, Luis Ramón Carranza Cascante, María José Corrales Chacón, María Vita Monge Granados, Mario Castillo Méndez, Marulin Azofeifa Trejos, Mileydi Alvarado Arias, Nielsen Pérez Pérez,  Oscar Mauricio Cascante Cascante, Paola Valladares Rosado, Paola Vega Rodríguez, Roberto Thompson Chacón, Rodolfo Peña Flores, Silvia Hernández Sánchez, Víctor Morales Mora, Wagner Jiménez Zúñiga, Welmer Ramos González, Xiomara Rodríguez Hernández, Yorleny León Marchena, Zoila Rosa Volio Pacheco.