Categoría: Opinión

Plata fresca para fortalecer IVM-CCSS

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Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)

Don José María Villalta Florez-Estrada, actual diputado de la Asamblea Legislativa, fue el autor intelectual y el impulsor político de una crucial acción judicial que merece, por siempre, el reconocimiento obrero del pueblo trabajador. Nosotros lo hacemos por esta vía y creemos que es algo muy justo, felicitarle y aplaudirle por ello.

Gracias a su iniciativa, el Estado costarricense ha sido condenado a pagarle a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), la gigantesca cantidad de, prácticamente, 6 billones de colones (en cifras así: 6.000.000.000.000); equivalentes a la deuda que se generó cuando se decidió quitarle al Ministerio de Salud el histórico programa, famoso en América Latina y en el mundo, de la Atención Primaria, trasladándosele esa responsabilidad a la Caja para dar paso a lo que hoy conocemos como los EBAIS: Equipos Básicos de Atención en Salud.

Ese traslado ocurrió en 1994, tanto en lo político-institucional, como en la gestión directa de prestación de este servicio, de tanta cercanía a la población asegurada. Sin embargo, la Caja tuvo que hacerse cargo de financiar los EBAIS, pues el Gobierno Central (Estado: Ministerio de Salud-Ministerio de Hacienda), se lavó las manos e indicó algo así como “ahí le va eso… vea a ver cómo hace para financiarlo”. Jamás se le dio a la CCSS recursos nuevos, frescos, para sostener a los EBAIS, debiendo hacerlo la Caja con su propia plata.

De manera irresponsable, la Asamblea Legislativa al momento del traspaso, que fue en 1994, emitió la Ley de la República No. 7374, pero sin ningún traslado presupuestario o financiamiento alternativo alguno para la CCSS.

Luego de un juicio que duró mucho tiempo, agotadas que fueron todas las diversas etapas del proceso judicial, el Estado lo perdió y no le queda más que pagar el monto acumulado de esa deuda que se cuantificó en 5 billones 930 mil millones de colones; prácticamente 6 billones.

Creemos que, llegada esta situación hasta este punto, es más que conveniente que todas las organizaciones sindicales de genuino contenido obrero, se dispongan a actuar como veedoras activas, fiscalizadoras puntuales, promotoras intensas de que el Gobierno no busque subterfugios, tretas manipuladoras, recursos espurios de último momento y de dudosa legalidad, como para no honrar esa deuda con la Caja; monto gigante que dada la crucial situación que enfrenta la CCSS por la cuantiosísima inversión que ha tenido que hacer producto de la pandemia del covid-19, va a representar un respiro muy fuerte en el saneamiento de sus estresadas finanzas.

El proceso para la ejecución de sentencia que ha indicado la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), que se acaba de anunciar públicamente, exige, por lo tanto, ese acompañamiento activo, fiscalizador y promotor de parte de las diversas agrupaciones del pueblo trabajador organizado, especialmente en sindicatos; y, especialmente, también, en las entidades sociolaborales que aglutinan a la clase obrera cotizante de la Caja.

Como sabemos, también la Caja se ha visto en aprietos financieros por decisiones gubernamentales pro-patronales, más allá de lo que debió haber sido lógica razonabilidad, estableciéndose por parte de su junta directiva rebajas cuestionables en las aportaciones empresariales para la Seguridad Social; amén de las reducciones de aportaciones obreras por despidos, reducciones salariales y crecimiento de la informalidad.

Y, como es lógico suponer, la crítica situación financiero que vive la institución más emblemática del pueblo costarricense, también ha golpeado las finanzas del régimen de pensiones más importante del país: el de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM); el cual, de por sí, ya arrastraba pérdidas sensibles producto de males decisiones político-administrativas, en materia de inversiones que, incluso, están siendo tramitadas como acusaciones penales en el Ministerio Público.

Bien podría considerarse que de esa esperada inyección de 6 billones de colones que el Estado debe honrar con la Caja, se destine una cifra considerable para allegarle recursos frescos a IVM; el cual requiere con urgencia socorro financiero mientras la reactivación económica integral de los tiempos post-pandemia llegue; y, aun así, el envejecimiento poblacional de las personas que con derecho reclaman y reclamarán ser cubiertas por este régimen de pensiones, obligan a las autoridades de la Caja a considerar todas las opciones para su fortalecimiento; opciones que no pueden golpear más a la población trabajadora cotizante, misma que no está ni dispuesta ni en condiciones de que le aumenten la edad para pensionarse, ni la cotización para estar en este sistema, ni tampoco le reduzcan el monto a recibir una vez en estado de jubilación.

Pandemia y hambruna

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Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)

¡Hambruna de proporciones bíblicas! Así nos lo está alertando la principal entidad del sistema jurídico-político internacional, la Organización de Naciones Unidas (ONU); considerando que las graves consecuencias de la pandemia del coronavirus covid-19 sobre los sistemas económicos de los países del orbe, generarán el riesgo de que millones de personas enfrenten uno de los más crueles males que un ser humano pueda sufrir: tener hambre.

«Estamos en riesgo de una hambruna que podría alcanzar proporciones bíblicas», ha advertido el director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos de la ONU, David Beasley. Así fue consignado en diversas publicaciones digitales a las cuales tuvimos acceso.

Los datos más relevantes que tenemos a disposición nos indican que al terminar el presente año 2020, la gente con hambre podría aumentar en un 80% a nivel mundial con relación al período pre-pandémico.

Pero, lo que más dolorosamente impacta es que en nuestra región latinoamericana, tal aumento será terrible: hasta un 269%.

Una circunstancia que refuerza la triste realidad, ya ampliamente constatada, de que es la América Latina la región más desigual del planeta.

Como costarricense activo en la lucha social, creemos que es de extraordinaria relevancia que pensemos, seriamente, si Costa Rica ha de vivir tan doloroso drama humano: una hambruna, como dice la ONU, de “proporciones bíblicas”.

La triste realidad multifacética de la pandemia, tal cual la estamos viviendo en el día a día, nos estalló en nuestra propia cara de nación, al mostrarnos con datos crudos cuán desigual nos habíamos vuelto como sociedad; y, cómo, había ya crecido la exclusión económica y social cuando el coronavirus llegó al territorio nacional. ¡La pandemia nos desnudó!

Este terrible anuncio de la ONU, en nuestro respetuoso y humilde criterio, debe darle un fuerte impulso, nuevo y renovado, a la lucha multisectorial que se ha venido dando en estos recientes años, para que Costa Rica restaure una fuerte política pública de soberanía y de seguridad alimentaria.

Diversos esfuerzos se vienen manifestando de manera reiterada, así como varios sectores vienen pujando por ello. Particularmente, nos consta del incansable esfuerzo de profesionales honestos, tanto del MAG como del CNP, que desde las correspondientes bases institucionales y asociados en gremios de real conciencia patriótica; han dedicado muchísimas horas de estudio y de análisis a la elaboración de políticas revitalizadoras del agro nacional que, precisamente, nos harían inmunes a una hambruna.

Uno, que no es especialista en el tema, ha tenido la oportunidad de conocer de tales esfuerzos; ya no sólo los de carácter intelectual, sino los de las vivencias cotidianas, durísimas y sacrificadas, de personas agricultoras compatriotas, las cuales desarrollan una titánica tarea de sobrevivencia propia y familiar y para darle al país lo que ocupa para alimentarse de manera suficiente y sana nutritivamente hablando.

Hasta hoy, la política pública les ha visto con desdén y, en el “mejor de los casos”, casi que con asistencialismo caritativo de humillante consecución.

¡En Costa Rica ya hay hambre! Es más, antes de la pandemia, muchos y muchas compatriotas desempleadas y/o ubicadas en la informalidad laboral, presentaban en sus hogares serios problemas de abastecimiento básico-alimentario y nutritivamente elemental.

Nadie duda de que la pandemia está profundizando esta situación.

Si no es posible lograr cambios estratégicos radicales en cuanto a las políticas públicas necesarias para imponer la soberanía y la seguridad alimentaria; al menos, los sectores sociales ligados al tema, en el marco de la “hambruna de proporciones bíblicas” de que nos habla la ONU, deberíamos relanzar su coalición de lucha multisectorial con nuevos aires de desafío a favor de la vida. “Nadie con hambre en Costa Rica”, podría ser un lema aglutinador.

Es hora de que los megarricos ticos aporten:¡lo pide la ocde!

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Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)

De la manera más categórica y vehemente, tenemos que rechazar la imposición, a cambio de los préstamos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), de más cargas tributarias para el pueblo trabajador, para quienes sufren el desempleo y están en la informalidad; para las micropequeñas y medianas empresas.

El propio Ministro de Hacienda, Elián Villegas Valverde, ya lo reconoce abiertamente, aunque era un secreto a voces; como secreto es lo que han pactado con el FMI, con los hermanos Arias Sánchez y con algunos líderes parlamentarios, usuales operadores políticos de los sectores económicos con poder real en estos momentos: andan tras la venta de los activos más rentablemente jugosos que todavía quedan con categoría de propiedad pública.

Guerra a los impuestos debe ser un unánime clamor social, exhortando de nuestra parte a que, desde las bases de la sociedad trabajadora y popular de este país, se articule la necesaria oposición cívica que impida la imposición de más cargas tributarias contra las mayorías muy golpeadas desde antes de la pandemia y producto de la misma.

Lo que sí corresponde es que la injusta estructura tributaria costarricense, profundamente regresiva, agravada por un escandaloso robo anual de impuestos que no es cometido por la gente de a pie, establezca que sea el sector de los superricos ticos el que deba aportar, ahora sí, sustancialmente, para impedir la irreversibilidad de una situación tan injusta como explosiva.

Ahora resulta que es la propia Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), tan “idolatrada” por esos sectores económicos con poder real en estos momentos, la que está planteando subir impuestos al patrimonio, al capital y también establecer los denominados impuestos “verdes”.

Según reporte de noticias de prensa del medio digital español El Mundo, la OCDE acaba de dar a conocer un informe fiscal en el marco de las graves consecuencias socioeconómicas derivadas de la pandemia global del coronavirus covid-19. Dos párrafos de esa noticia son más que elocuentes y, por eso, se los compartimos:

Las medidas puestas en marcha por los países para luchar contra el coronavirus tienen un impacto clarísimo en la economía. A nadie se le escapa eso a estas alturas. Los costes se han disparado y los ingresos se han hundido, de ahí que los países se apresuren a lanzar sus planes de reconstrucción y de estímulo económico, como está haciendo Francia hoy mismo. A la OCDE tampoco se le escapa. Este jueves ha presentado un informe fiscal en el que ahonda precisamente en esa caída de los ingresos. Para la organización que aglutina a los países más desarrollados del planeta, la receta pasa por subir impuestos.

Pero, ¿qué impuestos? Subir ahora los impuestos a las rentas de trabajo o al consumo, como se hizo tras la crisis financiera de 2008, sería un error, a ojos de la OCDE. El empleo está en una posición muy delicada, por no decir en cuidados intensivos, y el consumo, también tocado, hay que reactivarlo, no penalizarlo. La fórmula posible, para la OCDE, es elevar los tributos que gravan el patrimonio o las rentas de capital”.

(https://www.elmundo.es/economia/macroeconomia/2020/09/03/5f50dbe221efa006258b467d.html)

Por otra parte, y considerando este elemento que no estaba en la mesa, lo que ahora dice la OCDE, fortalece nuestro clamor que tenemos que repetir hasta la saciedad es que no es necesario acudir al Fondo Monetario Internacional (FMI), para “resolver” el problema fiscal nacional. Hay alternativas.

Sin embargo, tanto el presidente formal (Carlos Alvarado Quesada), como el real (André Garnier Kruze), realizan una gestión político-ejecutiva de gran carga ideológica, a favor del desmantelamiento final del Estado Social de Derecho y de los valores que le inspiran, insertos en la maltrecha Constitución Política de 1949; gestión que incluye aumentar los impuestos, sin que hayan renunciado a subir el impuesto al valor agregado (IVA).

Con ese objetivo estratégico en sus mentes, la entrada en escena a la política nacional del FMI, no solamente adquiere un matiz estratégico, sino que cuentan con los operadores políticos legislativos necesarios para garantizar las votaciones mecánicas que aprobarán la segunda y vital parte de esos créditos. A eso nos enfrentamos en un marco de condiciones, desde el punto de vista de la lucha social, totalmente adverso. En realidad, ¿cuándo ha sido diferente?…

Poder Judicial ¿Otra Marioneta del Capital Neoliberal?

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Jonathan Flores Mata, Criminólogo / Directivo Nacional de ANEP

No es una novedad hablar del tema de la pérdida de confianza de muchos costarricenses en la administración del sistema de justicia de nuestro país. Y si nos centramos en el Poder Judicial, como institución encargada de tal función, las circunstancias cuestionables se incrementan.

Los factores que originan tal percepción sientan sus bases en variadas situaciones, que se han dado a conocer a la opinión pública por medio de redes sociales y medios de comunicación. Así es, lamentablemente, la dama de la justicia en Costa Rica ha sido desnudada en variadas ocasiones, por la exposición de diferentes hechos que dan mucho que pensar sobre la vulnerabilidad y transparencia del Poder Judicial.

En esta ocasión, me gustaría enfocarme en aquel factor que considero más peligroso, la influencia política. Y es que, desde el momento en que vemos el sistema de elección de los magistrados de las distintas salas de la Corte Suprema de Justicia, nos damos cuenta de la forma en que la clase política comienza a fabricar favores que cobran en el momento que más lo requieran (no por nada se pelean por elegir específicamente los de Sala III-penal).

¿Por qué estoy seguro que la política influencia las decisiones de las altas magistraturas? Muy sencillo: Además de que son ubicados en sus puestos por políticos: ¿Han visto el ataque sistemático que ha sufrido la clase trabajadora en este país en los recientes años? Pues justamente, muchos de los golpes a los bolsillos de las y los trabajadores, han contado con la venia de las Salas de la Corte.

Refresquemos nuestra memoria con la resolución de Sala Constitucional, que prácticamente dio un argumento político para dar luz verde a la Ley 9635 (combo fiscal). A eso le podemos sumar el coincidente y curioso cambio de criterio de mucha jurisprudencia laboral, como en lo referente al cobro de tiempo extraordinario y diferencias salariales, por ejemplo (ojo, esto se las trae).

Por supuesto, no es posible olvidar la forma en que los procesos que son ventilados en medios de comunicación avanzan con más rapidez que los de la ciudadanía común. Tampoco se puede obviar la preocupante impunidad que afronta el país en temas de delitos de cuello blanco, corrupción en la función pública y legitimación de capitales.

Sí, para el suscrito, igual que para gran parte de la población, es muy difícil decir que confía en la transparencia del Poder Judicial, cuando escenarios como los antes indicados evidencian que hay un terrible tráfico de influencias de la clase política. Ahora bien, si dentro del Poder Judicial se promueven acciones bajo dicha influencia, y sabemos de sobra que la política está dominada por grandes empresarios neoliberales (de esos que evaden, eluden, se llevan las grandes licitaciones del Estado y ponen plata para comprar votos), entonces, podemos concluir que estos sectores económicamente poderosos también mandan en la institucionalidad judicial. (JCB fue solo un pequeñísimo ejemplo).

Hace unos meses testificamos como al máximo referente en materia sindical del país, Albino Vargas Barrantes, se le emitió en tiempo récord, una orden de captura en su contra, por parte de las autoridades judiciales del sector Caribe, gracias a la solicitud de una autoridad política del lugar. Recientemente, nos damos cuenta, por medios de comunicación, que curiosamente, se enteran primero que las partes del proceso, de las decisiones judiciales; que el caso seguido contra el Secretario General de la ANEP, por supuesta instigación durante la huelga del 2018, se elevará a juicio.

Así es, mientras cientos de expedientes abiertos por robos, estafas y hasta homicidios, se extinguen bajo los criterios “objetivos” de la fiscalía, que no encuentra suficientes elementos de prueba para llevar la causa a instancias mayores, curiosamente, en este proceso si hay acusación. No es mi intención ofender, pero solo dar una rápida lectura a la acusación inicial es suficiente para saber que la misma estaba plagada de percepciones subjetivas, apoyadas en elementos probatorios risibles.

Si hacemos el sencillo asocie de que Albino Vargas es prácticamente un enemigo declarado de los poderosos neoliberales que acumulan riqueza de manera desigual; con el hecho de que son estos empresarios quienes mueven los políticos que influencian el Poder Judicial, entonces se podría señalar que este proceso está siendo empujado, y será manipulado, por intereses que van más allá de la institucionalidad. En pocas palabras, cuando el acusado difiere de los intereses de la clase con el poder económico, como Albino Vargas, el sistema si actúa eficientemente.

Como ciudadanos debemos preocuparnos, este es el primer antecedente de represión gubernamental, como títeres de las clases que realmente representan, a la libertad de expresión. Sin duda, un espeluznante precedente que nos muestra no solo los alcances que la corrupción y el tráfico de influencias tienen en nuestras autoridades (ni siquiera me quiero imaginar lo que puede estar pasando con el crimen organizado), sino también la forma en que se debilitan los pilares de nuestra democracia.

¿Nos vamos a cruzar de brazos mientras pasa?

Democracia electoral sustituida por el autoritarismo neoliberal

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Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)

Dos señores diputados pertenecientes a la misma fracción político-ideológica, la del autoritarismo neoliberal, Gustavo Alonso Viales Villegas y Enrique Alejandro Sánchez Carballo, atendiendo instrucciones de una de las “autoridades políticas superiores” del país, Rodrigo Arias Sánchez; anuncian que promoverán un proyecto de ley para que la próxima campaña electoral nacional, la de las votaciones presidenciales y diputadiles del año 2022, se haga de manera “express”; es decir, con una cortedad de tiempo que, por lo menos, salve la formalidad del nombramiento de las nuevas autoridades ejecutivas y legislativas de la República para el cuatrienio 2022-2026.

El argumento central que están brindando para ganarle respaldo a su iniciativa, es que la actual Asamblea Legislativa ocupa de mucha “tranquilidad”, para la tramitación de los proyectos de ley que se deriven de la materialización de los contenidos ideológicos del préstamo-crédito conocido como FMI-Stand-by, que con ardor se está impulsando por la gerencia político-gubernativa del país, instalada en Zapote y en Cuesta de Moras.

La propuesta de los legisladores Viales Villegas y Sánchez Carballo, respectivamente de Liberación Nacional y de Acción Ciudadana, pero, como indicamos arriba, integrantes del mismo parlamentarismo autoritario-neoliberal; ofrece la posibilidad de ser sometidas a análisis desde distintas perspectivas, siendo la de la lucha social de contenido cívico-patriótico, una de ellas.

¡Empecemos! Si consideramos el resentimiento de la gente acumulado en los últimos períodos gubernativos, dada la sucesión de estafas políticas electorales cuatrienales; cualquiera podría estar tentado a aplaudir al juvenil binomio político Viales-Sánchez, pues nos ofrecen un período de fanfarria propagandística de “comercialización electoral” muy corto. “Si va a ser más de lo mismo, pero en menos tiempo y a menor costo en cuanto a dineros públicos, ¿cómo oponerse a ello?”

Visto en la superficie, esto es lo que ellos pretenden: que el común ciudadano capte la “bondad” de su iniciativa y, por ende, la aprobación legislativa de su “ideota” quede asegurada.

Sin embargo, la propuesta Viales-Sánchez muestra una temeridad inusual e insana del ejercicio de la política, según se comprende a partir de la perspectiva del neoliberalismo autoritario y absolutizante.

Los contenidos fundamentales condicionantes del préstamo con el FMI están ya definidos: más impuestos indirectos, venta de empresas públicas rentables y despidos de empleados públicos.

Éstas son las matrices político-ideológicas para las cuales, según el binomio Viales Sánchez, en el parlamento se ocupa de “tranquilidad” en cuanto a la tramitación de los respectivos proyectos de ley; por tanto, los ruidos del “electorerismo comercial circunstancial”, enturbiarían la discusión, por demás, insulsa ante las definiciones macropolíticas pre-establecidas ya indicadas.

Su propuesta manda el siguiente mensaje: todo está decidido… el modelo FMI va… los mismos vamos a quedar en el 2022…; por tanto, con una campaña corta bastará para cumplir la formalidad electoral de legitimación política, internamente y ante el mundo.

Lo peor de todo es que están siendo asesorados por el propio Tribunal Supremo de Elecciones (TSE); el que dirige el cuestionado magistrado Sobrado González, cuya posición política hacia el arismo primero y luego hacia el PAC, es muy notoria en amplios círculos sociopolíticos del país.

La finalidad principal de esta propuesta está en la creación de una serie de condicionalidades ideológico-políticas y político-logísticas que inviabilicen la posibilidad real de construcción de alternativas desafiantes en lo electoral que, articuladas, pudieran poner en riesgo (retardando o revirtiendo), la estrategia de liquidación del modelo de organización política implantado en el país a partir de la vigencia de la Constitución Política, del 7 de noviembre de 1949.

El cómo se puede articular la materialización de esa obstrucción de eventuales construcciones de sujeto electoral contrario a lo representado por el dúo diputadil Viales-Sánchez, nos presenta diferentes opciones; todas las cuales germinarían positivamente para tal finalidad castrante, si el período de relevo formal del dominio hegemónico es lo más corto posible.

Por eso es que tal propuesta es peligrosa y es antidemocrática. Tiene un fuerte contenido de autoritarismo y es congruente con el planteamiento ideológico-económico que se nos está imponiendo; que, aunque partiendo del fracaso fiscal del neo-liberacionismo PAC-PUSC, apuestan férreamente por la concentración de la riqueza y por la exclusión social y económica.

La propuesta del binomio diputadil Viales-Sánchez, acatando directrices superiores, muestra una contundente congruencia con el modelo macrofiscal FMI.

El FMI y la fracción liberacionista: doble discurso y fraude político

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Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)

Consta a todo el mundo que el Partido Liberación Nacional (PLN) y, más específicamente, la abrumadora mayoría de su actual fracción parlamentaria, han jugado un papel de soporte estratégico para la gestión gubernativa de Carlos Alvarado Quesada. Es más, podría decirse que, en cuestiones de política económica y fiscal (principalmente), el PLN ha sido su faro ideológico.

Es imposible olvidar lo acontecido con ocasión de la tramitación legislativa del popularmente detestado proyecto de ley del combo fiscal, hoy ley de la República 9635, cuando su operador político central lo fue la connotada figura liberacionista de Carlos Ricardo Benavides Gutiérrez; hoy muy devaluada como para impulsar su ansiado sueño de la inmediatez electoral: ser candidato presidencial del PLN.

Dicha ley causó enorme daño a quienes menos responsabilidad han tenido en cuanto al déficit fiscal del país y todas esas personas afectadas o, gran parte de ellas, tienen factura pendiente de cobro al PLN.

La consumación del ejercicio del doble discurso liberacionista en cuanto a la práctica político-operativo cotidiana, lo ha ejercido su fracción parlamentaria en el presente período constitucional. Han mantenido, una y otra vez, una iniciativa de legislación económica centrada en el fortalecimiento de la exclusión y el potenciamiento de la desigualdad, abriendo nuevos senderos a la concentración de la riqueza.

Si alguna vez el original ideario socialdemócrata fue dejado de lado por el liberacionismo histórico, mostrándose con más crudeza, cinismo y deshumanización, ha sido el presente devenir parlamentario que empezó el 1 de mayo de 2018.

Ese fraude y ese cinismo políticos se muestran en toda su desfachatez cuando anuncian, con bombos y platillos, que no votarán la segunda parte del crédito stand-by con el Fondo Monetario Internacional (FMI), si el gobierno de Alvarado “no ordena las finanzas públicas”.

Desvergüenza total en el parlamentarismo liberacionista pues le dieron todos sus votos (excepto uno que salva la honra histórica del PLN), al primer tracto de dicho crédito, el de 508 millones de dólares, antesala del que ya está encima, por 1.750 millones de dólares. Juntos completarán el propagandizado préstamo stand-by de 2.250 millones en moneda estadounidense.

El fraude político del parlamentarismo liberacionista se nos presenta en un nuevo escenario de cinismo descarnado, pues “el ordenamiento de las finanzas públicas” ya está ideológicamente definido por el FMI en el marco de ese préstamo stand-by: 1) más impuestos, especialmente subir el impuesto al valor agregado; 2) venta de activos que no es más que pasar a manos privadas (nacionales e internacionales), las más rentables empresas públicas que todavía quedan; y 3) despidos puros y duros de una elevada cantidad de personas trabajadoras empleadas públicas.

Nótese que la fracción verdiblanca no objeta por el fondo el crédito stand-by con el FMI. Es decir, están de acuerdo en que haya más impuestos indirectos, en que se pongan en subasta las más ricas instituciones públicas y que se vaya gente empleada pública a la calle. Esto es para estas diputaciones liberacionistas-fondomonetaristas, “ordenamiento de las finanzas públicas”, en concordancia con lo que ya tienen pactado con el FMI, Alvarado y su grupo.

Las diputaciones fondomonetaristas del PLN y su propio Comité Ejecutivo siguen menospreciando la capacidad de asimilación por parte de amplios sectores del pueblo costarricenses, acerca de la naturaleza estratégica de su transición desde la socialdemocracia al neoliberalismo, hoy más evidente que nunca: guiando ideológicamente la gestión de Alvarado por la senda dorada del arismo: el autoritarismo en democracia.

Hace mucho tiempo lo habíamos planteado de que, en nuestro país, se quedó huérfana la Socialdemocracia y que quienes pensaron en el Partido Acción Ciudadana como su albergue sustituto, todavía no terminan de salir de su asombro ante la profundidad de la estafa política cometida con el proceso electoral nacional de 2018.

La Socialdemocracia, aún la más condescendiente con un orden económico global de desastre generalizado, en Costa Rica no tiene futuro alguno en los marcos del sistémico y corrupto “bunkerizado” ejercicio de la política nacional, tal cual la venimos viviendo (y sufriendo) en los últimos tiempos; particularmente en los dos años y resto que lleva el gobierno de Alvarado “alumbrado” por su faro ideológico, el PLN.

Diálogo social: tan sólo un buzón digital de sugerencias

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Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

La corriente sindical en la cual militamos, por medio de sus organizaciones ANEP y ASDEICE, le entregó al Gobierno su posición acerca del proceso que éste denominó “Costa Rica escucha, propone y dialoga”. Al hacer un análisis serio y responsable del asunto, llegamos a la conclusión de que tan sólo será una especie de buzón digital de sugerencias. Seguidamente, le compartimos algunos extractos de nuestra comunicación al Gobierno, indicándole que no nos prestaremos para legitimar un proceso que si de algo carece es, precisamente, de diálogo.

Para empezar, caracterizamos de la siguiente forma el estado actual del país de esta forma: “En momentos en que la preocupación principal del gran capital es perder lo menos posible, hay personas que lo están perdiendo todo. Hay compatriotas con hambre y hay compatriotas en condiciones de mayor precariedad, quienes viven en menos metros cuadrados, que no tienen ingreso fijo, que ocupan solidaridad e instituciones que les acompañen”.

Pensamos que “…flaco favor se la hace a la tradición democrática que distingue la vía costarricense en el concierto de las naciones, reducir a lo ínfimo, a lo minúsculo, la promoción de diálogo social sobre políticas públicas; circunscribiéndolo a un simple ‘buzón digital de sugerencias’, donde las propuestas que se realicen tienen destino incierto, donde no esté transparentado los indicadores de valoración ni la persona, el jerarca, asesor, funcionario o equipo encargado de valorar cuál propuesta es buena, cuál no lo es y en función de qué criterios; dónde previo a toda notificación formal sobre el tema, la agenda, tiempos y enfoque están preconcebidos en muchas de las áreas sensibles que requieren un abordaje más participativo y, por ende, realmente democrático.

En nuestro planteamiento, resaltamos una circunstancia muy notoria acerca de la conducta presidencial en momentos en que se lanzaba el indicado proceso: “…resulta llamativo que quien ostenta la primera magistratura del país, no estuviese presente en la conferencia de prensa en la que el pasado domingo 9 de agosto, el Gobierno anunciaba el proceso que han nombrado como “Costa Rica escucha, propone y dialoga”. Mala seña de apertura o escucha, reforzada pocos días después, al enterarnos las personas habitantes de la República, que dicha ausencia coincidió con el caso de las “vacaciones presidenciales”, que tomó notoriedad por denuncias en prensa de hechos aún no esclarecidos a profundidad.

Tanto para ANEP como para ASDEICE, el Gobierno decide impulsar ese proceso que, repetimos, es cualquier cosa menos que un diálogo social, considerando dos grandes antecedentes de movilización social: “El primero de ellos en reacción a la oposición de sectores sindicales al popularmente denominado combo fiscal (hoy, la cuestionada Ley No. 9635); y, el segundo, en reacción al manifiesto del Encuentro Social Multisectorial que implicaba la salida del entonces Ministro de Educación Pública, entre otra serie de demandas de diferentes sectores (estudiantes, sindicatos, transportistas, agricultores, pescadores, etc.).”.

Así las cosas, ANEP y ASDEICE concluimos que “…los procesos de interlocución a los que tuvo disponibilidad el Gobierno, no contaron con una voluntad política real para poner un alto a la ruta trazada por el Ejecutivo y su interlocución legislativa, acerca de las políticas públicas que causaban malestar social y que hoy hacen a Costa Rica más desigual”.

Por tanto, se le está indicando al Gobierno lo siguiente: “A pesar de la pandemia y sus efectos económicos y sociales, la iniciativa de interlocución de Gobierno para agosto de este año, no posee señas de diferenciarse de los episodios anteriores recién mencionados. Por el contrario, replica y profundiza parte de sus características.

En consecuencia, la opinión pública debe ser que ANEP y ASDEICE decidieron lo siguiente: “Ante tales coincidencias del actuar del Ejecutivo en esta materia durante los últimos tres años; resulta difícil catalogar como omisión lo que más bien pareciera ser un estilo: el de impulsar este tipo de procesos de limitado alcance, en busca de proteger en momentos de efervescencia social, la consecución de la ruta previamente trazada que no es la de la promoción del bien común ni la de la reducción de la desigualdad”. Ambas entidades sindicales, por tanto, ¡no participarán! en ese buzón digital de sugerencias promovido por el Gobierno. Eso no es diálogo social.

Diálogo social: tan sólo un buzón digital de sugerencias

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Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

La corriente sindical en la cual militamos, por medio de sus organizaciones ANEP y ASDEICE, le entregó al Gobierno su posición acerca del proceso que éste denominó “Costa Rica escucha, propone y dialoga”. Al hacer un análisis serio y responsable del asunto, llegamos a la conclusión de que tan sólo será una especie de buzón digital de sugerencias. Seguidamente, le compartimos algunos extractos de nuestra comunicación al Gobierno, indicándole que no nos prestaremos para legitimar un proceso que si de algo carece es, precisamente, de diálogo.

Para empezar, caracterizamos de la siguiente forma el estado actual del país de esta forma: “En momentos en que la preocupación principal del gran capital es perder lo menos posible, hay personas que lo están perdiendo todo. Hay compatriotas con hambre y hay compatriotas en condiciones de mayor precariedad, quienes viven en menos metros cuadrados, que no tienen ingreso fijo, que ocupan solidaridad e instituciones que les acompañen”.

Pensamos que “…flaco favor se la hace a la tradición democrática que distingue la vía costarricense en el concierto de las naciones, reducir a lo ínfimo, a lo minúsculo, la promoción de diálogo social sobre políticas públicas; circunscribiéndolo a un simple ‘buzón digital de sugerencias’, donde las propuestas que se realicen tienen destino incierto, donde no esté transparentado los indicadores de valoración ni la persona, el jerarca, asesor, funcionario o equipo encargado de valorar cuál propuesta es buena, cuál no lo es y en función de qué criterios; dónde previo a toda notificación formal sobre el tema, la agenda, tiempos y enfoque están preconcebidos en muchas de las áreas sensibles que requieren un abordaje más participativo y, por ende, realmente democrático.

En nuestro planteamiento, resaltamos una circunstancia muy notoria acerca de la conducta presidencial en momentos en que se lanzaba el indicado proceso: “…resulta llamativo que quien ostenta la primera magistratura del país, no estuviese presente en la conferencia de prensa en la que el pasado domingo 9 de agosto, el Gobierno anunciaba el proceso que han nombrado como “Costa Rica escucha, propone y dialoga”. Mala seña de apertura o escucha, reforzada pocos días después, al enterarnos las personas habitantes de la República, que dicha ausencia coincidió con el caso de las “vacaciones presidenciales”, que tomó notoriedad por denuncias en prensa de hechos aún no esclarecidos a profundidad.

Tanto para ANEP como para ASDEICE, el Gobierno decide impulsar ese proceso que, repetimos, es cualquier cosa menos que un diálogo social, considerando dos grandes antecedentes de movilización social: “El primero de ellos en reacción a la oposición de sectores sindicales al popularmente denominado combo fiscal (hoy, la cuestionada Ley No. 9635); y, el segundo, en reacción al manifiesto del Encuentro Social Multisectorial que implicaba la salida del entonces Ministro de Educación Pública, entre otra serie de demandas de diferentes sectores (estudiantes, sindicatos, transportistas, agricultores, pescadores, etc.).”.

Así las cosas, ANEP y ASDEICE concluimos que “…los procesos de interlocución a los que tuvo disponibilidad el Gobierno, no contaron con una voluntad política real para poner un alto a la ruta trazada por el Ejecutivo y su interlocución legislativa, acerca de las políticas públicas que causaban malestar social y que hoy hacen a Costa Rica más desigual”.

Por tanto, se le está indicando al Gobierno lo siguiente: “A pesar de la pandemia y sus efectos económicos y sociales, la iniciativa de interlocución de Gobierno para agosto de este año, no posee señas de diferenciarse de los episodios anteriores recién mencionados. Por el contrario, replica y profundiza parte de sus características.

En consecuencia, la opinión pública debe ser que ANEP y ASDEICE decidieron lo siguiente: “Ante tales coincidencias del actuar del Ejecutivo en esta materia durante los últimos tres años; resulta difícil catalogar como omisión lo que más bien pareciera ser un estilo: el de impulsar este tipo de procesos de limitado alcance, en busca de proteger en momentos de efervescencia social, la consecución de la ruta previamente trazada que no es la de la promoción del bien común ni la de la reducción de la desigualdad”. Ambas entidades sindicales, por tanto, ¡no participarán! en ese buzón digital de sugerencias promovido por el Gobierno. Eso no es diálogo social.

Día Internacional de las Juventudes

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El comentario siguiente es el pronunciamiento oficial de la Seccional ANEP-JOVEN y de la Secretaría de Juventud de la Junta Directiva Nacional (JDN), de la ANEP, en el Marco del Día Internacional de las Juventudes.

El Día Internacional de las Juventudes surgió en el año 1999, cuando la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), siguiendo las recomendaciones de la Conferencia Mundial de Ministros de la Juventud (Lisboa, 1998), designó el 12 de agosto como el Día Internacional de la Juventud.

La fecha busca resaltar el esfuerzo de los gobiernos y de las sociedades en promover el papel de las juventudes como actores sociales en los procesos de cambio; y generar un espacio de análisis, debate y concientización sobre los desafíos y problemas a los que éstos se enfrentan.

Este día, adicionalmente, busca celebrar y dar voz a las juventudes, a sus acciones y a sus iniciativas. Además, destaca el compromiso de las personas jóvenes en la vida y en los procesos políticos, culturales, económicos y sociales de nuestros países.

Actualmente la participación de las personas jóvenes se convierte, desde las diferentes formas de organización, en un instrumento capaz de fortalecer la democracia y buscar la justicia social.

La sociedad actual nos marca una serie de preocupaciones y desafíos, destacándose la circunstancia de que, justo las personas jóvenes se convierten en uno de los sectores vulnerables no sólo en el acceso a derechos, sino en el ejercicio pleno de sus deberes.

El desempleo juvenil, el aumento de la informalidad y la precarización laboral, así como la violación tácita de los derechos laborales, hacen que el acceso a oportunidades reales de trabajos decentes, estén siendo amenazados por la transformación de los modelos económicos que se han venido implementando en nuestra región.

La lucha contra la desigualdad, así como el creciente aumento de las brechas sociales, incluyendo la violación a los derechos humanos, coloca sobre el escenario sociopolítico el debate respecto del modelo de sociedad que queremos las personas jóvenes.

En ese sentido, la efervescencia de los malestares sobre el derecho de trabajo, la protección de la seguridad social, la defensa de los servicios públicos y los derechos humanos integrales; así como, la protección del ambiente, la reactivación económica solidaria, la justicia tributaria y la construcción de un modelo educativo bajo un enfoque crítico, plantea la necesidad del diálogo social, realmente efectivo y verificable, por encima del lucro.

Las personas jóvenes somos agentes de cambio, por ende, no sólo basta con alzar la voz; sino con ejercer nuestro derecho real de participación y marcar la diferencia, desde la construcción no sólo de alianzas y de unidad, sino en la incidencia sobre la política pública.

Las juventudes somos el presente, y en ese sentido, tenemos una responsabilidad para, por un lado, fortalecer nuestras democracias; por otro, defender las conquistas y legados que durante la historia nos han heredado.

Día Internacional de las Juventudes

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Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

El comentario siguiente es el pronunciamiento oficial de la Seccional ANEP-JOVEN y de la Secretaría de Juventud de la Junta Directiva Nacional (JDN), de la ANEP, en el Marco del Día Internacional de las Juventudes.

El Día Internacional de las Juventudes surgió en el año 1999, cuando la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), siguiendo las recomendaciones de la Conferencia Mundial de Ministros de la Juventud (Lisboa, 1998), designó el 12 de agosto como el Día Internacional de la Juventud.

La fecha busca resaltar el esfuerzo de los gobiernos y de las sociedades en promover el papel de las juventudes como actores sociales en los procesos de cambio; y generar un espacio de análisis, debate y concientización sobre los desafíos y problemas a los que éstos se enfrentan.

Este día, adicionalmente, busca celebrar y dar voz a las juventudes, a sus acciones y a sus iniciativas. Además, destaca el compromiso de las personas jóvenes en la vida y en los procesos políticos, culturales, económicos y sociales de nuestros países.

Actualmente la participación de las personas jóvenes se convierte, desde las diferentes formas de organización, en un instrumento capaz de fortalecer la democracia y buscar la justicia social.

La sociedad actual nos marca una serie de preocupaciones y desafíos, destacándose la circunstancia de que, justo las personas jóvenes se convierten en uno de los sectores vulnerables no sólo en el acceso a derechos, sino en el ejercicio pleno de sus deberes.

El desempleo juvenil, el aumento de la informalidad y la precarización laboral, así como la violación tácita de los derechos laborales, hacen que el acceso a oportunidades reales de trabajos decentes, estén siendo amenazados por la transformación de los modelos económicos que se han venido implementando en nuestra región.

La lucha contra la desigualdad, así como el creciente aumento de las brechas sociales, incluyendo la violación a los derechos humanos, coloca sobre el escenario sociopolítico el debate respecto del modelo de sociedad que queremos las personas jóvenes.

En ese sentido, la efervescencia de los malestares sobre el derecho de trabajo, la protección de la seguridad social, la defensa de los servicios públicos y los derechos humanos integrales; así como, la protección del ambiente, la reactivación económica solidaria, la justicia tributaria y la construcción de un modelo educativo bajo un enfoque crítico, plantea la necesidad del diálogo social, realmente efectivo y verificable, por encima del lucro.

Las personas jóvenes somos agentes de cambio, por ende, no sólo basta con alzar la voz; sino con ejercer nuestro derecho real de participación y marcar la diferencia, desde la construcción no sólo de alianzas y de unidad, sino en la incidencia sobre la política pública.

Las juventudes somos el presente, y en ese sentido, tenemos una responsabilidad para, por un lado, fortalecer nuestras democracias; por otro, defender las conquistas y legados que durante la historia nos han heredado.