Categoría: Opinión

El Sistema Bancario-financiero del país está inundado de plata

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Por: Albino Vargas Barrantes, Secretario General

DATO 1: 32 mil 820 millones de dólares (32.820.000.000), al 30 de setiembre de 2018, era la cantidad de depósitos del público y tenencia de activos de los bancos comerciales del país (públicos y privados), en moneda extranjera (dólares). En colones y al tipo de cambio actual (570.oo colones, más o menos). Equivale 18 billones 707 mil 400 millones (18.707.400.000.000).

DATO 2: Al 31 de diciembre de 2010, y por las mismas razones, las cifras eran: 17 mil 933 millones 900 mil dólares (17.933.900.000). En colones: 10 billones 222 mil 323 millones (10.222.323.000.000).

DATO 3: Información oficial suministrada por el Banco Central de Costa Rica (BCCR), oficio No. GER-0337-2018, fechado 14 de diciembre de 2018, firmado por el señor Eduardo Prado Zúñiga, Gerente del BCCR, quien respondió solicitud oficial de la ANEP pidiendo la información contenida en los datos 1 y 2, entre otras cuestiones.

DATO 4: Del mes de enero de 2011 al mes de setiembre de 2018, transcurrieron 7 años y 9 meses (93 meses en total). En ese lapso, la cantidad de depósitos del público y tenencia de activos de los bancos comerciales del país (públicos y privados), en moneda extranjera (dólares), pasó de 17 mil 933 millones 900 mil dólares (17.933.900.000), a 32 mil 820 millones de dólares (32.820.000.000). O sea, hubo un crecimiento bruto de 14 mil 886 millones 100 mil dólares, en esos 93 meses (7 años y 9 meses): ¡un 83%!

DATO 5: Ese crecimiento de 83% en el indicado lapso, pasado a colones nos indica lo siguiente: de 10 billones 222 mil 323 millones (10.222.323.000.000), a 18 billones 707 mil 400 millones (18.707.400.000.000); un salto de 8 billones 485 mil 77 millones de colones (8.485.077.000.000).

DATO 6: A partir de ahora, los datos son producción nuestra pues la información del BCCR indicaba, como máxima fecha, 30 de setiembre de 2018. Como el crecimiento de la cantidad de depósitos del público y tenencia de activos de los bancos comerciales del país (públicos y privados), en moneda extranjera (dólares), creció del 31 de diciembre del 2010 al 30 de setiembre de 2018 (93 meses), en 14 mil 886 millones 100 mil dólares; podemos hablar de un promedio mensual de crecimiento de unos 160 millones 65 mil 591 dólares, por cada uno de esos 93 meses.

DATO 7: A partir del 1 de octubre de 2018 y hasta el 29 de febrero de 2020, transcurrieron 17 meses (recordemos que los datos oficiales del BCCR llegan hasta el 30 de setiembre de 2018); aplicando el promedio mensual de crecimiento en el indicado rubro, 160.065.591 millones de dólares (31 dic. 2010- 30 set. 2018), tendríamos que la cantidad de depósitos del público y tenencia de activos de los bancos comerciales del país (públicos y privados), en moneda extranjera (dólares), habría crecido en esos 17 meses (1 oct. 2018-29 feb. 2020), en 2 mil 721 millones 115 mil 47 dólares (2.721.115.047).

DATO 8: Si esta cifra de crecimiento en el indicado período de 17 meses a partir del 1 de octubre de 2018 y hasta el 29 de febrero de 2020, de 2 mil 721 millones 115 mil 47 dólares, la agregamos al dato oficial que nos dio el BCCR, al 30 de setiembre de 2018 (32 mil 820 millones de dólares); tendríamos que decir que a la llegada al país de la pandemia del coronavirus covid-19, la cantidad de depósitos del público y tenencia de activos de los bancos comerciales del país (públicos y privados), en moneda extranjera (dólares), ascendía a 35 mil 541 millones 115 mil 47 dólares: 35.541.115.047.

DATO 9: Hablamos entonces, en moneda nacional, colones, de 20 billones 258 mil 435 millones 576 mil 790 colones: 20.258.435.576.790. Redondeemos: 20.5 BILLONES DE COLONES habría en estos momentos depositados en las instituciones financieras del Sistema Bancario Nacional (públicas y privadas).

DATO 10: La magnitud de estos números bancario financieros es tan impresionante que podemos calibrarla con estas dos informaciones. La deuda total del Gobierno con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), es de 2 billones de colones; o sea, apenas un 10% de la plata que tiene el sistema financiero-bancario del país. O sea, se podría pagar el 100% de dicha deuda. Y quedarían 18 billones de colones. Por supuesto que esto es una ficción que mencionamos para dimensionar de qué clase de acumulación de capital ha estado ocurriendo en el país; indicador indiscutible de la desigualdad que amenaza al mismo sistema democrático.

Expresiones de una juventud que sueña

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Benjamín Sevilla García, Secretario de Juventud ANEP

La crisis que atraviesan nuestros países en la región constituye una enérgica invitación a las juventudes. Una invitación a expresar la solidaridad, el compañerismo y la prudencia.

Con cierta frecuencia escuchamos decir que las personas jóvenes somos agentes de cambio. Esta frase bonita, que al resto de la población le podría resultar excluyente, porque se le adjudica casi de manera exclusiva a un grupo de personas, debería ser una realidad en las distintas áreas de acción en las que nos desenvolvemos. Y para despejar las disconformidades respecto de una posible discriminación generacional, me alío a Douglas Mac Arthur: “La juventud no es una época de la vida sino un estado del espíritu, un efecto de la voluntad, una cualidad de nuestra imaginación, una consecuencia de nuestro entusiasmo”.

Una vez más nos enfrentamos a un enorme desafío global, uno que no admite como solución el populismo, la politiquería ni el “revanchismo”. Las juventudes estamos llamadas a la solidaridad, no podemos mostrarnos indiferentes ante las necesidades de las demás personas. Es momento de cuidar a nuestros adultos mayores, de compartir responsabilidades en el hogar, de contribuir con los programas de ayudas que organizan las distintas comunidades. Sin dejar de lado, que el sólo hecho de atender las medidas recomendadas por el Ministerio de Salud y de nuestras autoridades sanitarias en general, constituye un acto de solidaridad.

Por otra parte, el compañerismo es una expresión de una juventud soñadora, no podemos caer en el bajo juego de quienes desde la politiquería nos han dividido. La crisis social, económica y política nos plantea un nuevo desafío, valorarnos como compañeros. El “otro como enemigo” no funcionó ni como estrategia política ni como política criminal. Creo que este es un buen momento para que las personas jóvenes que ejercemos cierto liderazgo trabajemos en unidad, en un proyecto de ideas. La emergencia nos está indicando que es momento de escucharnos, de acercarnos con una visión fresca y desprovista de los sesgos tradicionales de la política.

Tampoco se debe olvidar que una de las expresiones más acertadas en el seno de nuestras juventudes debería ser la prudencia. Para nadie es un secreto que las personas jóvenes son las que más tiempo dedican al uso de redes sociales y de las tecnologías de la comunicación. Un mensaje bien dirigido genera entusiasmo y promueve el desarrollo de buenas acciones, motiva a las personas para unirse a una buena causa.

Es cierto que las personas jóvenes encontramos en los medios alternativos de comunicación un espacio para la reflexión, para expresarnos y para generar opinión. Incluso, lo vemos como una oportunidad para señalar con valentía los errores de ciertas políticas públicas. No obstante, la prudencia es fundamental, sobre todo cuando se trata de conducirnos con apego a la verdad y cuando lo que está en juego no son las ideas, sino las personas.

Finalmente, las expresiones de una juventud que sueña no son más que aspiraciones y anhelos de hombres y mujeres comunes, que guardan la esperanza en la posibilidad de un mundo mejor. Es la creencia firme de que las personas podemos escucharnos, dejar los protagonismos individuales y trabajar unidos. Es abandonar los falsos progresismos y las propuestas superficiales y volver la mirada a las ideas.

Mensaje presidencial: lágrimas de cocodrilo

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Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

“Hoy tenemos la capacidad técnica y de análisis de datos para identificar a todas las personas en condición de pobreza, o de informalidad, o que sufren una fuerte caída en su ingreso. Esto hace técnicamente posible eliminar la pobreza en Costa Rica, mediante el adecuado direccionamiento de los recursos”. “Mi dolor, como presidente, es que hoy no tenemos el espacio fiscal para hacerlo”.

Las palabras y frases entrecomilladas fueron pronunciadas por Carlos Alvarado Quesada cuando este lunes 4 de mayo se apersonó ante el plenario de la Asamblea Legislativa para cumplir el requisito constitucional de dar un informe de labores de su gestión a la cabeza del Poder Ejecutivo, al cumplirse el segundo año de su mandato. Para nosotros eso fue “lo más interesante” de la perorata presidencial que escuchamos y que pasamos a comentar.

Por una parte podríamos afirmar que Alvarado Quesada mandó un aviso de cara a las elecciones presidenciales y diputadiles de febrero del 2022: “…todas las personas en condición de pobreza, o de informalidad, o que sufren una fuerte caída en su ingreso”, ya están plenamente identificadas. Es decir, con la extraordinaria rapidez y velocidad tecnológico-digital para usar y mover toda clase de datos que existe actualmente no hay nada que garantice que la información de “…todas las personas en condición de pobreza, o de informalidad, o que sufren una fuerte caída en su ingreso” ya esté fuera de las instituciones estatales encargadas de la atención de estas miles de personas, votantes potenciales que, como sabemos, pueden hacer ganar una elección; es más, así lo han demostrado.

Alvarado Quesada se ufana y hace alarde de que hoy poseen “la capacidad técnica y de análisis de datos”, tanto como pueden ser requeridos en una estrategia de campaña electoral y considerando lo que pasó con la UPAD, políticamente muy “olvidada” por estos días de pandemia, hay que pensar en que la información de “…todas las personas en condición de pobreza, o de informalidad, o que sufren una fuerte caída en su ingreso” podría ya estar en manos del partido gobiernista y/o de la coalición partidista de facto que acompaña la actual gestión gubernativa.

No es cualquier cantidad de votantes en perspectiva: al menos 2 millones de personas la podrían estar pasando ya mal en este país, que antes de la pandemia ya mostraba una alta concentración de riqueza y de desigualdad.

“Mi dolor, como presidente, es que hoy no tenemos el espacio fiscal para hacerlo”, es el otro dicho presidencial que más nos llamó la atención. Se trata del decir más indignante y demagógico de la retórica pronunciado por Alvarado Quesada el 4 de mayo. Legítimas lágrimas de cocodrilo. Imposible calificarlas de otra forma.

Es totalmente falso que no haya hoy en día espacio fiscal para combatir la pobreza, ahora duplicada con la llegada de la pandemia del Covid-19. Realmente es repudiable que la máxima autoridad político-ejecutiva del país diga semejante ignominia en contra de los miles y miles de compatriotas que vienen sufriendo las consecuencias directas de unas políticas económicas macrofiscales y tributarias impuestas deliberadamente para propiciar la concentración de la riqueza y el crecimiento de la desigualdad, la exclusión económica pura y dura.

Alvarado Quesada sí sabe que hay espacio fiscal de sobra para aliviar el sufrimiento, la angustia, la ansiedad y el dolor que se sufre en los hogares de los y las de abajo y en hogares de los y las de en medio; porque hay que ser enfáticos en que el gobierno del tripartidismo PAC y el turequismo afín golpearon durísimo a las capas medias con el combo fiscal-Ley 9635, impuesto con triquiñuelas mediático-constitucionales, especialmente con el impuesto al valor agregado (IVA).

Alvarado Quesada y su política económica hicieron más grande el espacio fiscal para los que ya de por sí lo tenían en demasía con ese 8% del PIB en evasión-elusión fiscal-tributaria y con ese 6% del PIB en las escandalosas exenciones-exoneraciones, sin hablar de las fortunas que gravitan por la política nacional producto del negocio sucio del crimen organizado y el narcotráfico.

¡Lágrimas de cocodrilo! exhibió Alvarado Quesada en la Asamblea Legislativa, puesto que él bien sabe, no es un ignorante, tiene a su disposición el insumo profesional adecuado para abrir un real espacio fiscal a fin de aminorar, aunque sea un poco, el real dolor de esos miles de compatriotas hoy duramente castigados, doblemente castigados, por las consecuencias económico-sociales de la pandemia del coronavirus Covid-19; pero que ya la estaban pasando muy feo gracias al espacio fiscal del que disfrutan los sectores económicamente poderosos, a los cuales Alvarado Quesada se entregó cuando traicionó a los miles de votantes, especialmente de los sectores medios, que le creyeron su perorata de campaña electoral. 

Realmente indigna y enoja el cinismo político de una frase hueca, tan sarcásticamente vil como “Mi dolor, como presidente, es que hoy no tenemos el espacio fiscal para hacerlo”. ¡Legítimas lágrimas de cocodrilo!

El tren eléctrico puede esperar… ¡la Caja no!

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Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

El proyecto multimillonario del tren eléctrico puede esperar, pero la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), ¡no!

Salvar a la Caja, garantizarle su sostenibilidad financiera futura, tanto en lo inmediato como en el mediano y largo plazo, debe convertirse en la más grande prioridad de la política pública, junto a la imperiosa necesidad de la reactivación económica y la generación de empleos de calidad bajo los principios de Trabajo Decente impulsados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT); sin dejar de lado la urgencia fundamental de que tengamos en el país otro sistema tributario.

Se debe atender con prontitud el grave problema financiero de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS); básicamente generado por la deuda contraída por el Gobierno con esta imprescindible institución para la vida del pueblo costarricense; deuda cuyo monto es, ya, sin discusión alguna, de 1 billón 900 mil millones de colones… hasta este momento. En cifras así: 1.900.000.000.000.

Se nos ha informado de que el proyecto del tren eléctrico ya no costará 703 mil 950 millones de colones (703.950.000.000), por los 73 kilómetros que, en un inicio, se dijo que era el valor de construirlos. Prácticamente, 2 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB). Esto es un promedio de 9 mil 643 millones de colones por km. (9.643.000.000).

Se indica, ahora, que se han agregado 11 kilómetros más, para un total de 84, lo que eleva el costo total del proyecto a 855 mil millones de colones (885.000.000.000).

Pasar de un costo total de 703 mil 950 millones por 74 km. a 855 mil millones por 84 km, nos dice que, entonces, hubo un fuerte aumento de 151 mil 050 millones de colones por esos 11 km. adicionales (151.050.000.000); es decir, 13.731 millones de colones por cada uno de esos 11 km. adicionales (13.731.000.000). Algo no nos calza aquí…

Nótese que los 73 km iniciales salían a un promedio de 9.643 millones por km.; mientras que los 11 km adicionales, costarían 13.731 millones cada uno. ¿Qué pasó, entonces?

Al ser el monto ya oficialmente reconocido como deuda del Gobierno con la Caja, de 1 billón 900 mil millones de colones, los 855 mil millones del nuevo costo del proyecto de tren eléctrico, vienen a representar casi el 50% de esa deuda; para ser exactos, un 45%.

Con una decisión política contundente de parte del Poder Ejecutivo (y la cuestión de la pandemia del coronavirus covid-19 da argumentos de sobra), el ente financiero que prestará al Estado los 550 millones de dólares para el proyecto del tren eléctrico, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), bien puede considerar su redireccionamiento a fin de honrar la deuda del Gobierno con la Caja, bajándola significativamente.

Es más, el país podría tener ambas posibilidades para considerar con seriedad (tren eléctrico y un buen abono a la deuda del Gobierno con la CCSS), considerando el monto multimillonario de las reservas monetarias internacionales en poder del Banco Central de Costa Rica (BCCR); reservas que superan los 8 mil millones de dólares. Apenas un 6.8% representan esos 550 millones de dólares que se quieren imponerle al país para el proyecto del tren eléctrico; si en que, en serio, están considerando la reactivación económica como algo fundamental en estos tiempos.

Exhortamos a los señores diputados y a las señoras diputadas a la más profunda auscultación político-financiera de un proyecto de tantísimos millones de dólares, en momentos en los cuales las prioridades de la política pública están más que claras producto de las consecuencias económicas y sociales de la pandemia; aunque ya antes de la misma, la deuda social acumulada por el país era de enorme envergadura, a juzgar por los índices de desempleo, de informalidad, de exclusión económica y de concentración de riqueza que golpeaban la Democracia misma antes de la llegada del covid-19.

Igual relevancia será tener precisión exacta de las firmas asesoras, consultoras, ingenieriles, jurídicas y de diversa especie profesional o técnica que ya han entrado en escena cuando suele suceder en negocios tan multimillonarios como éste; tanto como es muy necesario denunciar si alguien ya está pensando en redituar, electoralmente y de cara a los comicios diputadiles de 2022, esto del tren eléctrico para construirse desde ahora ya una plataforma personal. En síntesis, en esto del tren eléctrico a la ciudadanía le falta mucha información y, especialmente, la de carácter transparente. La vehemencia con que ya empezó a ser defendido este proyecto por parte de la prensa oligárquica, es motivo más que suficiente para desconfiar la naturaleza del negocio que se pretende imponer a la gente.

Objetivo oculto, maltratar al trabajador del sector privado

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Jonathan Flores Mata, Directivo Nacional de ANEP

En ANEP estamos acostumbrados a enfrentar a diario el constante, siniestro, e inescrupuloso ataque contra el empleo público, emprendido por los neoliberales, a través de algunos grupos de poder empresarial, político y de medios de comunicación (últimamente también valoramos si estructuras de crimen organizado son parte de estas alianzas). Por ello, nuestra ideología está más que clara, nuestras posiciones son reflejo del sentimiento de defensa de los derechos laborales que han costado siglos alcanzar, y por supuesto, cuando el tópico a abordar trata de salarios, ya nos sabemos de memoria las venenosas aseveraciones utilizadas por la contraparte, para desvencijar la clase obrera del sector público ante la opinión pública.

Una de las más gastadas afirmaciones es aquella que apunta a que el funcionario gubernamental ostenta remuneraciones salariales millonarias. Lamentablemente, existen algunas plazas con salarios de seis, ocho, nueve millones y hasta más (como en este momento Rocío Aguilar), Lo curioso es que los titulares de esos puestos se caracterizan por tener una cercanía con importantes figuras políticas, colocadas allí por los mismos grupos de poder que pegan el grito al cielo por los salarios del sector público.

Por eso, desde ANEP, siempre hemos dicho: ¿De cuál empleo público quieren hablar? Porque si, existen dos realidades distintas, creadas y sostenidas por los mismos que atacan a las personas que laboran en el sector público. Por un lado, tenemos a los burócratas amigos de políticos y empresarios, con altos puestos y salarios mayores a lo que merecen, y por otro, a la aplastante mayoría de trabajadores, esos que apenas les alcanza la quincena para comer, y que se ahogan en deudas. Salarios como los de los obreros de campo de las municipalidades, cocineras de los CEN-CINAI o del MEP, oficinistas del gobierno central y policías, son solo algunos de cientos de ejemplos de personal que gana una miseria.

Las repudiables líneas argumentales de los repetidos discursos de ataque contra el empleo público (que hoy por hoy siguen recitando en UCCAEP como loros), nunca habían alcanzado a materializarse con tanta claridad como con la presente Administración. Fuerzas que se anulaban a sí mismas fueron liberadas con la llegada al poder del actual presidente de la república, quien junto con su equipo de trabajo ha dejado en claro los intereses que defiende, y que no son justamente los de la clase trabajadora, ni del sector público, ni menos del sector privado. Así fue como nuestra sociedad testificó el mayor golpe de regresividad laboral de la historia, con la aprobación de la fatídica “ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas Nº 9635” (combo fiscal). Esta asquerosa normativa no solo es el fiel retrato la actual clase política al poder, incapaz de establecer medidas progresivas o equitativas, y tomar decisiones que favorezcan al más necesitado; sino que también arrebató de las manos de los trabajadores una gran porción del poder adquisitivo económico e incrementó el costo de la vida.

Ahora bien, quienes se desempeñan en el ámbito privado pensarán que todo lo anterior no les afecta en nada, total ya las condiciones laborales en que se desenvuelven son malas. Justamente esa es parte de la génesis del ataque de los neoliberales al sector público, son las violaciones diarias a los derechos laborales del sector privado motivaciones para que el contubernio entre UCCAEP, con ciertos medios de comunicación, se encuentren buscando un constante enfrentamiento entre trabajadores de públicos y privados.

Es por ello que la trifecta empresarios-políticos-medios se empeña en manipular la opinión pública, para que los trabajadores rechacen la figura de los sindicatos y que no consigan organizarse para exigir el cumplimiento de las garantías laborales que a diario les son infringidas. Desdichadamente, amigos y amigas que trabajan en el sector privado, muchos de ustedes han mordido el anzuelo, cayeron en el juego de los que les oprimen, y cual víctima con síndrome de Estocolmo hasta les defienden.

Este servidor de ustedes, en su momento formó parte de la población trabajadora del sector privado, supe lo que fue comer mi almuerzo frío en la orilla de un caño, mientras cuestionaba la razón de que el jefe dijera que no aplicaría el aumento de ley, trabajaba como “polaco”. Experimenté las amenazas de los supervisores de una fábrica de lo que podría pasar si tardaba más de diez minutos en el sanitario, si me incapacitaba por más de una semana, o si me quejaba de mis funciones. Estoy seguro que hay miles de personas aún son víctimas de abusos como estos, de parte de patronales privados, muchos de ellos representantes de grandes marcas comerciales o poderosas compañías transnacionales.

Entonces, permítanme preguntarles: ¿Les parece que el pago de horas extraordinarias, el aguinaldo, el salario escolar, jornada laboral de ocho horas, condiciones saludables para trabajar, estabilidad laboral y garantía de permisos bajo situaciones personales apremiantes, como la muerte de un familiar, son gollerías? ¿En serio?

Ya es momento de que el trabajador privado despierte de su letargo y comience a exigir el respeto a la ley, a sus derechos, a su salud y la de los suyos. Nuestra institución sindical ha visto con ojos de orgullo como agrupaciones de piñeros, bananeros, guardas de seguridad y choferes de autobús se están organizando, ganando terreno paulatinamente, y logrando cambios en su relación laboral, con las que hace un par de años solo hubieran fantaseado.

En medio de la pandemia por el covid-19, hemos visto como el ataque contra el sector público se ha intensificado, buscan mancillar aún más las condiciones laborales, disminuir los salarios, amedrentar a los trabajadores. Hemos de admitir que están ganando. Pero el objetivo principal es permitirse a sí mismos (neoliberales) seguir llenándose los bolsillos a costas de la explotación laboral, del abuso, las amenazas, la agresión y el irrespeto a la ley. Ojo que ya algunas “figuras” políticas como Otto Guevara brindan la “idea” de eliminar el salario mínimo, si, eso quiere decir que la gente sería contratada por, literalmente una limosna. ¿Cuál sería el siguiente paso para formalizar la esclavitud?

La clase trabajadora no se divide en pública y privada, somos una sola, la fuerza que mueve la sociedad, quienes con sudor y sangre llevamos sustento a nuestras familias. Buscamos lo mismo, que nuestro estudio, trabajo y esfuerzo nos permita a nosotros, y nuestros seres queridos, vivir con dignidad. No dejemos que nos separen, luchemos juntos por nuestros derechos laborales, que no nos arrebaten lo que es nuestro y exijamos respeto a lo ya establecido.

Costa Rica no les ha agradecido lo suficiente

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Mainor Anchía Ángulo, Directivo de ANEP y presidente de la Seccional ANEP-Fuerza Pública

El suscrito, con varios años abanderando la justa lucha por los Derechos Humanos y los derechos laborales de nuestras fuerzas de policía, con gran satisfacción escuché, en una entrevista realizada en el programa Horizontes, que se transmite por Radio Centro, a un alto jerarca que no tiene relación con la seguridad publica decir: “Costa Rica no les ha agradecido lo suficiente aún”, en alusión a nuestros compañeros y compañeras policías.

Hace unos años, cuando decidí emprender la lucha por la reivindicación de nuestra labor (siendo todavía oficial de policía en aquel momento), prácticamente nadie hablaba de Derechos Humanos para las personas trabajadoras de nuestros Cuerpos Policiales.

Recuerdo que aproveché un evento de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para pedir consejos a las personas expositoras de dicha entidad y nunca olvidaré la recomendación: “Luche por hacer visibles los Derechos Humanos de sus compañeros policías, no le será fácil, pero hágalo y podrá obtener resultados”.

Entonces me propuse establecer una ruta, un plan de acción. Luego me dispuse salir a diferentes lugares, logrando constatar y evidenciar las precarias condiciones en que trabajaban mis compañeros y compañeras. Todavía se mantienen algunos casos que requieren intervención e inversión en infraestructura; sin embargo, es justo reconocer que en otros casos las condiciones en materia de infraestructura han mejorado. ¡Claro!, eso es en parte el resultado de nuestra lucha constante.

En ese contexto, al momento de escribir este artículo, se hizo efectivo un aumento de salario para nuestros uniformados que irá a la base de manera nominal, según anunciaron las autoridades del Ministerio de Seguridad Pública. En buena hora, no obstante, se debe recordar que a nuestros cuerpos policiales se les incluyó en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, con lo cual se afectaron sus incentivos salariales; o sea, el porcentaje del incremento es inferior a lo rebajado por la aplicación de la Ley 9635.

Paradójico resulta que el mismo gobierno que rechazó excluir a nuestros uniformados de la ley fiscal, luego haga un aumento extraordinario a su salario base. Podríamos considerar que se dieron cuenta del monumental error, aunque también podría ser resultado de la presión que veníamos haciendo, con la posibilidad de un nuevo movimiento de cuerpos policiales en su tiempo libre. Indudablemente que éste es un factor a considerar, para la decisión adoptada por el gobierno, el cual tiene claro que nuestros uniformados perdieron el miedo a manifestarse.

El trabajo policial, como ya hemos señalado, requiere de habilidades y características especiales por cuanto implica vivir cada día sabiendo que se tiene un pie en la cárcel, y el otro en el cementerio, que el riesgo va intrínseco a la función policial. El funcionario policial sale de su casa llevando consigo su maleta de trabajo, sin saber que le espera ese día; puede ser que su unidad de trabajo se ubique a tres kilómetros de su casa y que de repente se encuentre a trescientos kilómetros, por la atención de alguna situación especial.

La función policial implica un estilo de vida discreto, cauto, moderado en el ámbito social, toda vez que la investidura de autoridad se ostenta las veinticuatro horas del día. Así mismo, sabemos que el riesgo de la función policial no termina al finalizar la jornada e inclusive después de la jubilación. Es claro que, al participar de aprensiones, de capturas, al someter a las personas que irrespetan las normas de convivencia social o la ley, el policía será sujeto de venganzas de toda índole.

Volviendo al comentario escuchado en el programa Horizontes, “Costa Rica no les ha agradecido lo suficiente”, se podría decir que nuestros gobernantes decidieron hace algunos años reconocer la importantísima labor de los funcionarios de la Salud y de la Educación, pero dejaron en el olvido a nuestra ahora Benemérita Fuerza Pública. Valga decir que cuando se habla de Fuerza Pública, se hace en el contexto de todos los cuerpos policiales.

En hora buena, doce años después de haber conformado la primera Seccional ANEP- Fuerza Pública, para iniciar nuestro recorrido en pro de la dignificación del gremio policial; a pesar de que la figura de autoridad sigue siendo irrespetada por antisociales o por individuos que se creen por encima de la ley; cada vez son mas personas, empresas y organizaciones las que reconocen lo esencial de la función policial. En lo personal, me enorgullece cada reconocimiento que se hace a mis compañeros y compañeras. No ha sido fácil, pero seguiré hasta donde lo quiera Dios, levantado la bandera, levantando la voz (sin gritar) con argumentos, para defender sus Derechos Humanos y sus derechos laborales.

Primero de Mayo: pandemia y municipalidades

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Albino Vargas Barrantes, Secretario General de ANEP

Este viernes Primero de Mayo, la conmemoración del Día Internacional de la Clase Trabajadora será sumamente especial, considerando la grave crisis sanitaria que está viviendo el planeta y que está afectando, enormemente, la convivencia social entre las personas, así como la economía de los países. ¡Y las repercusiones de orden político están por venir! El nuestro no es la excepción, como consta a cada una de las personas habitantes de la geografía de Costa Rica.

Para el caso del movimiento obrero-laboral organizado en los diferentes sindicatos de la clase trabajadora, tanto la que tiene empleo formal y salario fijo, como la que venía estando ya en la informalidad y en el desempleo, más la recién llegada producto de la pandemia del coronavirus del Covid-19; la tradicional conmemoración será de orden virtual, es decir, por razones sanitarias más que obvias y empleándose, alternativamente, la gran variedad de comunicación que hoy se da por las redes sociales. Diversas organizaciones ya han anunciado cómo será su iniciativa digital para este histórico Primero de Mayo de 2020.

La gran diversidad de temas y luchas pendientes que tiene la clase trabajadora costarricense en su más amplia conceptualización está adquiriendo ya un nuevo carácter según los frentes que está abriendo la pandemia del Covid-19. Esta pandemia se presenta en un momento de la historia de la Humanidad que parece ser el de la mayor desigualdad jamás vista: la de la acumulación de riqueza más impresionante con este dato que es petrificantemente escalofriante: que el 1% de la población concentra tanta riqueza como el 99% del resto de las personas habitantes del planeta Tierra.

La Costa Rica de este Primero de Mayo, también marcada por el flagelo de la desigualdad, ya estaba transitando por una peligrosa senda de exclusión económica y social; exclusión que la pandemia, como es notorio, agravará si no se hace algo contundente para evitar que se profundice y explosione.

Emerge, ante la catástrofe sanitaria y económico-social, la apelación a la intervención del Estado en auxilio del mercado y que sean las políticas públicas estatales las que entren en acción directa salvadora de un mercado postrado e incapaz de salir avante por sí solo; sin que hablemos del genocidio que se ha cometido con las miles de vidas que se perdieron por servicios de salud muy golpeados, desfinanciados, precarizados y privatizados en los otrora orgullosos países del capitalismo central.

La histórica, férrea, sistemática e incansable lucha del pueblo trabajador costarricense, de sus organizaciones civiles más representativas y consecuentes (entre estas, las del sindicalismo decente), lograron que en Costa Rica el “todo mercado-nada Estado”, haya tenido incontables tropiezos en su loco afán de imponerse contra todo y contra todos. 

La pandemia ha mostrado lo afortunados que hemos sido como costarricenses al no habernos entregado por completo al séquito enfermizo de los adoradores del becerro de oro, pese al enorme poderío hegemónico-político y económico-mediático que todavía exhiben.

La importancia de los servicios públicos que se prestan a la gente, gestionados desde lo público, está mostrando su imprescindibilidad cuando se trata de la salud ciudadana, de la promoción del bien común y de la inclusión social y económica. Ahora es cuando -y ante tanta necesidad y carencia que ya estamos experimentando-, que tanto las y los de abajo al igual que las y los de en medio, ocupan de un rol altísimamente activo del gobierno más cercano a la gente: la municipalidad. Celebramos que, en el caso de las municipalidades costarricenses, ha crecido en las conciencias parlamentarias de nuestra Asamblea Legislativa, la urgentísima necesidad de posibilitarle a las municipalidades tratar la desventura socioeconómica de la pandemia con mayor celeridad, prontitud, eficiencia y, sobre todo, más humanismo.

Nos pronunciamos por el voto diputadil favorable al proyecto de ley Expediente Legislativo 21.922, que tiene como ningún proyecto tuvo antes en materia de gobiernos locales, un consenso abrumador en cada municipalidad de este país: alcaldes y alcaldesas salientes y entrantes; concejos municipales que están terminando su período constitucional dejando acuerdos firmes para facilitarle a los que asumirán este viernes Primero de Mayo la tarea integral post-pandemia; y, ni qué decir de los conglomerados laborales de las municipalidades cuyos recolectores de basura, por ejemplo, le han dado la cara al Covid-19 en cada localidad, pese al riesgo de salud y de sus propias vidas.

Pensamiento reiterado: Primero de Mayo con dos significados

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Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Hace un año y por estas fechas escribimos el pensamiento siguiente. Hoy, en vísperas de la conmemoración obrera más relevante del planeta, la cual en este 2020, tiene la circunstancia dolorosa de la pandemia del coronavirus covid-19, sentimos la gran necesidad de reiterar nuestro escrito del año pasado.

El PRIMERO DE MAYO debe estar presente en nuestras mentes, en nuestras almas, en nuestros espíritus, en nuestros corazones. En el caso costarricense, el PRIMERO DE MAYO implica dos conmemoraciones, un doble significado. Una de corte obrero-trabajador. La otra, de corte patriótico-nacionalista y soberanista.

PRIMERO DE MAYO COMO CONMEMORACIÓN OBRERA DE ALCANCE MUNDIAL. Hace 107 años de la primera conmemoración de un primero de mayo en Costa Rica. Fue en 1913. Con esta conmemoración, nuestro país se unía así a la serie de naciones y de pueblos que decidieron honrar la gesta obrera del naciente proletariado internacional, en la lucha por la jornada de 8 horas. La historia del caso registraría los nombres de ocho líderes sindicales que la humanidad obrera y social recuerda como “Los Mártires de Chicago”.

En 1886, el presidente de Estados Unidos, Andrew Johnson, firmó la “Ley Ingersoll” que establecía la jornada de 8 horas pero que no quería ser respetada por los patronos, lo que generó una serie de huelgas obreras, destacándose las de la ciudad de Chicago, en el mes de mayo de ese año 1886; ocurriendo un episodio violento que dejó varios policías muertos al estallar una bomba en medio de una gran manifestación obrera.

Los ocho dirigentes sindicales de ese gran movimiento por las 8 horas fueron culpabilizados. Cuatro de ellos fueron condenados a la horca y ejecutados: Albert Parsons, estadounidense, 39 años, periodista; August Spies, alemán, 31 años, periodista; Adolph Fischer, alemán, 30 años, periodista; y, Georg Engel, alemán, 50 años, tipógrafo.

Luis Linng, alemán, 22 años, carpintero, se suicidó en su propia celda antes de ser ahorcado. A Michael Swabb, alemán, 33 años, tipógrafo; y a Samuel Fielden, inglés, 39 años, pastor metodista y obrero textil, en vez de la horca recibieron condena de cadena perpetua. Finalmente, a Oscar Neebe, inglés, 39 años, vendedor, lo condenaron a 15 años de trabajos forzosos.

La lucha obrera por la jornada de 8 horas tiene mártires y fue producto de la lucha sindical. Estos nombres son inmortales y por eso las personas sindicalistas de hoy tenemos una responsabilidad enorme en cuanto a que jamás se olviden. La jornada de 8 horas en Costa Rica se establecería en el año 1920, a 7 años de la conmemoración del primer primero de mayo en nuestro país.

A nivel internacional, fue en el año 1889, en París, Francia, que se instituyó la conmemoración del primero de mayo como la magna fiesta obrera mundial y en recuerdo, por siempre eterno, de “Los Mártires de Chicago”, así como de las grandes huelgas por la jornada de 8 horas que tuvieron lugar en el mes de mayo de 1886.

Las corrientes sindicales de la época, de corte anarquista, socialista y anticapitalista, fueron las propulsoras de tan acertadísima decisión, adoptada por el Congreso Obrero Socialista de la Segunda Internacional, la cual fue una organización compuesta por partidos políticos laborales y socialistas de aquellos años.

PRIMERO DE MAYO COMO CONMEMORACIÓN PATRIÓTICA CÍVICO-NACIONALISTA. Ahora hablemos de la otra conmemoración del PRIMERO DE MAYO, la de corte soberanista, patriótico, cívico y nacionalista. Aquí le copiamos al ciudadano don Wálter Cartín, quien nos llama la atención acerca de que pocos costarricenses sabemos que el 1° de mayo es feriado en nuestro país desde 1857, pero no por motivo del Día Internacional del Trabajador.

En Costa Rica el feriado fue establecido por el decreto número 35 del 29 de octubre de 1857, firmado por el presidente Juan Rafael Mora Porras, y su ministro del Interior, encargado del despacho de Hacienda y Guerra, don Joaquín Bernardo Calvo.

Según el artículo 8: “En recuerdo del triunfo completo de las armas de Centroamérica y de la rendición y expulsión de las fuerzas filibusteras, el día 1 de mayo será feriado, y se celebrará en toda la República con la solemnidad posible, saludándose el Pabellón (Nacional) en la aurora de dicho día con veintiún cañonazos”.

El 1 de mayo de 1857 se produjo la rendición de William Walker, quien representó la primera incursión de corte imperialista de los Estados Unidos por tierras latinoamericanas. Con esta victoria, se da la afirmación de nuestra voluntad de consolidar las libertades políticas ganadas en 1821, al separarnos de España.

Muchos pensamos que esta fecha es de mayor significación que la del 15 de setiembre.

Se supuso que el 1 de mayo debía ser recordado y festejado en Costa Rica como “día de gloria para la raza latina que ha sabido defender su religión y su Patria y escarmentar debidamente a la horda salvaje que intentara sumirnos en la más oprobiosa esclavitud”, según el mensaje del presidente Juan Rafael Mora Porras al Congreso de 1857.

Hoy en día, a 163 años de la rendición de William Walker, son muchísimas las personas compatriotas para las cuales este ilustre costarricense, popularmente conocido como don Juanito Mora, ha sido el más grande e importante presidente de la República que hemos tenido los y las costarricenses y hasta la fecha.

Por cuestiones de dominio entre los tradicionales grupos familiares de poder económico que ha habido en nuestra sociedad, la figura, el papel y el legado de don Juanito Mora ha sido invisibilizado, negado, disminuido, relegado, escondido. Y no fue sino hasta el año 2014 que, por acertada decisión de la Asamblea Legislativa, se le declaró Héroe Nacional y Libertador de la Patria.

Pocos sabemos que actualmente esto ha empezado a cambiar, pero todavía queda mucho camino por recorrer para la restauración plena, moralmente justa y éticamente correcta, de su papel revolucionario soberanista de defensa de nuestra naciente patria.

Como vemos, el PRIMERO DE MAYO nos convoca por partida doble.

Usura: negociazo de ¢6.300 mills. diarios

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Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

6 mil 300 millones de colones diarios (en cifras así: ¢6.300.000.000) es el negociazo de los intereses por usura en las diversas entidades banquero-financieras y comerciales financieras que prestan plata y/o venden a crédito. 

“Mociones irrelevantes retrasan proyecto usura” es el titular de la información periodística de este pasado lunes 20 de abril, publicada en DIARIO EXTRA (página 15), el medio escrito más popular, vendido y leído de nuestro país; nota de prensa de la cual sacamos el dato que la acabamos de citar, cifras para el año 2018, según estimaciones (nos dice dicha información)“…de la Academia de Centroamérica, el Estado de la Nación y el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC)”. En sus respectivos ámbitos y considerando la naturaleza de sus quehaceres, las tres entidades mencionadas son muy serias. 

Para ese año 2018, los intereses de usura en las entidades comerciales sumaron 2.3 billones de colones, los cuales, divididos entre los 365 días del año, arrojan el impresionante y espeluznante dato de 6 mil 300 millones de colones diarios que se ganan reducidísimos grupos económico-financieros cobrando tasas de usura que, en algunos casos, llegan hasta el 90%. 

Imaginamos que para el 2019 las cifras deben andar parecidas, lo cual nos indica que a estos grupos la pandemia del coronavirus Covid-19 les cogió con plata acumulada en cantidades inconmensurablemente altísimas. 

Traemos el tema a propósito de un proyecto de ley actualmente en trámite parlamentario, Expediente Legislativo No. 20.861, con el cual se pretende ponerle un límite, aunque sea modesto, al cobro de intereses por el uso de tarjetas de crédito, préstamos bancarios y financieros, casas de empeño y similares; de modo tal que la escandalosa usura quede en un límite máximo de 39% para créditos en colones y de 31% en dólares.

Sin embargo, con estas cifras la usura no dejará de serlo, quedando mucho camino por recorrer pues sus beneficiarios directos seguirán siendo multimillonarios y la acumulación de riqueza que han logrado, sigue siendo un elemento central de una sociedad tan desigualdad como la costarricense de hoy, más todavía con los efectos económico-sociales producto de la indicada enfermedad viral.

En realidad, las cifras por cobro de intereses, ya desagregadas en diferentes actividades de crédito, son difíciles de creer. Vean estas barbaridades realmente obscenas.

Se nos dice que los bancos cobraron en ese año 2018, vía tarjetas de crédito, a un promedio de 49%, 638 mil millones de colones; es decir, casi mil 750 millones al día. ¡Sí!, 1.750.000.000 diarios.

En el caso de las casas de empeño y de algunos bufetes, la usura andaba en un promedio del 90% para ese año 2018, logrando sus prestamistas atesorar unos 610 mil millones de colones; es decir, unos mil 670 millones de colones cada 24 horas: 1.670.000.000 diarios.

Si nos vamos al negocio de la compra a plazos del negocio de electrodomésticos, con tasas de usura, en promedio, del 60%, la ganancia por cobro de intereses ascendió, en ese año 2018, a 883 mil millones de colones; lo que es lo mismo que decir, poco más de 2 mil 400 millones de colones cada 24 horas: 2.400.000.000 diarios.

Y este nivel de ganancias seguirá por varios años más puesto que el proyecto de ley 20.861 no es retroactivo; es decir, todos los negocios pactados con esos altísimos niveles de tasas de usura se tendrán que honrar; es decir, que los banqueros-financistas, los dueños de casas de empeño y de ventas de electrodomésticos podrán seguir acumulando riqueza por el orden de los más de 6 mil millones de colones mensuales; o bien, superando los dos billones de colones anuales. 

El proyecto de ley indicado, 20.861, es como darle un pellizco a un mastodonte; mastodonte financiero-bancario que tiene un excesivo poder real en nuestra sociedad al punto de que muchos políticos le tienen miedo y/o reciben dádivas de parte de tales grupos para que les cuiden sus negocios. 

Inspirados en este pensamiento del papa Francisco, pronunciado durante una audiencia, precisamente, en ese año 2018, es que hemos admitido, públicamente, que tal proyecto debe aprobarse, con todas esas limitaciones y aunque un 39% de tope máximo de cobro de intereses por préstamos y/u operaciones financieras similares, sigue siendo usura. 

Digamos que se abrió el camino y habrá que transitarlo con reales ofensivas político-populares ahora que las derivaciones de la pandemia del coronavirus Covid-19, estarían abriendo nuevos senderos para la acción liberadora de los pueblos. 

Covid-19: “una propuesta desde la otra acera”

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Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Con el mayor respeto nos atrevemos a recomendarle, ya sea que usted simpatice o no, con nuestras causas sociales, una lectura al documento que hemos denominado La institucionalidad al rescate de sectores laborales y productivos ante los efectos del covid-19 en el país – “Una propuesta desde la otra acera”; el cual representa un esfuerzo combinado de generación de propuesta propias y de compilación de otras a fin de que nuestra sociedad tuviera un abanico de posibilidades, una especie de plan integral, para hacerle frente a las duras consecuencias sociales y económicas que se derivan del padecimiento colectivo que como país estamos enfrentando producto de la pandemia mundial del coronavirus covid-19.

Como el nombre oficial del documento es algo largo, nosotros preferimos usar la frase “Una propuesta desde la otra acera” para identificarle y simplificar la alusión al mismo cuando se requiera.

En su elaboración-compilación partimos, por un lado, de que la llegada de tal enfermedad tomó a la sociedad costarricense (entre otras características), entrampada en un escenario de desigualdad, sistemática y creciente; de alto desempleo e informalidad, con una clase trabajadora asalariada altamente endeudada; con micro-pequeñas y medianas empresas en proceso de extinción producto de la ley del IVA-combo fiscal; alto déficit fiscal y un sistema tributario en condición calamitosa pero altamente beneficiosa para grupos económico-financieros de gran poder.

Por otra parte, la pandemia del covid-19 llega en un momento en el cual el Gobierno de la República, matriculado ideológicamente con ese modelo económico de tantos resultados negativos como los apuntados en el párrafo anterior; no muestra un plan integral, con inclusión social y económica, para hacerle frente a la nueva realidad que tenemos en el país; opinión ésta compartida por muchas personas especialistas y estudiosas del actual devenir del país.

“Una propuesta desde la otra acera” tiene 5 apartados centrales denominados medidas: 1) para aportar liquidez financiera a la institucionalidad del Estado; 2) para fortalecer el sistema tributario; 3) para el apoyo económico de quienes sufren la crisis; 4) para el rescate con inclusión social y productiva; 5) para atender brechas y sectores vulnerabilizados.

Tales 5 apartados centrales denominados medidas, a su vez, expresan un conjunto de 31 propuestas que, según nuestra visión de la sociedad a la cual aspiramos, expresan intencionalidades sanas de que enfrentemos la especial coyuntura con real justicia social y económica.

Otro detalle relevante de “Una propuesta desde la otra acera” es que contiene algunas ideas y planteamientos de varios costarricenses que han venido formulando sus criterios, muy documentados y autorizados, con relación a los desatinos políticos y socioeconómicos que tienen a Costa Rica postrada en cuanto a estos delicados temas de la inclusión social, de la promoción del bien común y de la reactivación económica para el mercado interno; asuntos éstos que, como se está notando ya, van a una agudización que podría generar conmociones sociales que nadie desea.

De los distinguidos ciudadanos Claudio Alpízar Otoya, Jaime Ordóñez Chacón, José María Villalta Flórez-Estrada, Luis Paulino Vargas Solís, Olman Segura Bonilla, Pablo Barahona Kruger, Welmer Ramos González, William Hayden Quintero, se tomaron algunas brillantes ideas, compilándose las mismas -como ya indicamos-, para hacer de “Una propuesta desde la otra acera”, un esfuerzo de propuesta desde sectores sociales con mayor solidez intelectual.

Tenemos noción certera de que “Una propuesta desde la otra acera” debe tener una fuerte base social que le dé sustento, tanto integralmente como parcial y sectorialmente según las 31 propuestas delimitan ámbitos de cobertura y/o de aplicación.

También, al igual que otros ejercicios de propuesta salidos desde los sectores sociales, en su amplia diversidad, no podrán materializarse hacia una transformación social más que urgente y necesaria hoy, si no se da el surgimiento de algo así como “la otra política”; es decir, la aglutinación de esfuerzos coordinados de todos cuantos, de un modo u otro (y particularmente, a partir de la pandemia), venimos siendo expoliados y excluidos por una minoría plutocrática que se hizo del control de la institucionalidad republicana para operacionalizarla en su propio provecho, que no es ni el del bien común ni el de la inclusión social y económica.

La institucionalidad al res… by EugenioGuerrero on Scribd