Opinión

¡Policía administrativa dentro de un régimen de excepción!

Publicada el 21/04/2020 | por ANEP | Dejar un comentario

La Fuerza Pública y demás cuerpos policiales, paradójicamente, han sido considerados por la Sala Constitucional dentro de un régimen de excepción, en mi opinión, algo absolutamente incoherente por lo que desarrollaré a continuación:

En principio, es importante revisar la Constitución Política, la cual reza en su artículo 12.-: “Se proscribe el Ejército como institución permanente. Para la vigilancia y conservación del orden público, habrá las fuerzas de policía necesarias”.

“Sólo por convenio continental o para la defensa nacional podrán organizarse fuerzas militares; unas y otras estarán siempre subordinadas al poder civil: no podrán deliberar, ni hacer manifestaciones o declaraciones en forma individual o colectiva”.

Ahora bien, para comprender la hermenéutica del ordinal de marras, se trae a colación la interpretación del jurista Rubén Hernández, sobre dicho artículo, el cual señala que:

“El tercer principio contenido en esta norma es la eventual sujeción de las autoridades militares al poder civil en caso de que se llegaren a organizar aquellas por convenio continental o razones de defensa nacional. Este principio está razonado por lo establecido en el numeral 139 inciso 3) de la Constitución, según el cual corresponde al presidente de la República, en forma exclusiva ejercer el mando supremo de la fuerza pública. La Libertad de expresión garantizada a todas las personas en el artículo 29 Constitucional, se restringe respecto de las fuerzas armadas, dado que se les prohíbe, de manera expresa, deliberar, hacer manifestaciones o declaraciones en forma individual o colectiva. Con ello se pretende impedir toda injerencia de las eventuales fuerzas militares que se llegaren a formar en los asuntos políticos del país”.

En tal sentido, en efecto, dicho ordinal no aplica para nuestros cuerpos policiales, toda vez que los mismos tienen carácter civilista. Desde toda perspectiva, se trata de funcionarios públicos cuyas competencias y atribuciones están reguladas por la Constitución Política, la Ley General de Policía Nº 7410 y la Ley General de la Administración Pública ¿Cuál es la excepción entonces?

La única que hemos identificado es aquella que restringe derechos, que es usada por algunos malos mandos dentro de la Fuerza Pública para atropellar la dignidad de sus subordinados; por cuanto, en función de las resoluciones del tribunal constitucional, las autoridades ministeriales han interpretado a conveniencia, la existencia de una imposibilidad o limitante para que nuestros policías se puedan manifestar e inclusive, expresar con libertad sus opiniones sobre aquello que les aqueja. En lo demás, no existe ninguna diferencia entre ser parte de un régimen policial (excepción) y los demás funcionarios públicos; inclusive, en materia disciplinaria los funcionarios policiales son juzgados por funcionarios públicos, en dependencias netamente administrativas.

Las personas trabajadoras de los cuerpos policiales tienen impedimento legal para hacer huelga, así como para negociar una convención colectiva de trabajo. Ello por ser parte de un régimen de excepción y estar contemplada su labor dentro de los servicios esenciales. La principal característica de los servicios esenciales es, precisamente, lo trascendental de su impacto en las personas administradas: “son aquellos servicios cuya interrupción podría poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de las personas en toda o parte de la población” (OIT, 1983).

Así las cosas, debería aplicarse la recomendación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que sugiere dotar de condiciones laborales favorables a los sectores laborales que se ven excluidos de la negociación colectiva o la huelga, como instrumentos para la demanda de mejores condiciones de trabajo.

En cuanto a la libertad de sindicalización y de manifestación, el criterio N.º C-143-97, de la Procuraduría General de la República, fechado el 4 de agosto del año 1997, en el cual el Dr. Luis Antonio Sobrado González, resuelve una consulta realizada por la otrora Ministra de Seguridad Pública, la MSc. Laura Chinchilla Miranda, con respecto a “… el alcance del artículo 12 de la Constitución Política y qué debe entenderse en lo que se refiere a que no podrán deliberar, ni hacer manifestaciones o declaraciones en forma individual, o colectiva, en lo que al derecho de sindicalización de los policías se refiere…”;

Indica el criterio supra, CONCLUSION: “En el ordenamiento jurídico costarricense no existe limitación alguna para que los policías ejerzan el derecho de sindicación que la Constitución garantiza, sin que sea válido interpretar que su numeral 12 sea la fuente de una restricción de tal naturaleza. (…)”.

Todos estos años me he venido preguntando de dónde surge o cuál es el origen del régimen de excepción, que ha sido utilizado por malos mandos para perseguir, amedrentar, perjudicar los derechos de sus compañeros uniformados de la “tropa”. Traslados arbitrarios bajo la falacia de necesidad operativa, por el simple hecho de que un buen policía se atreva a expresar sus opiniones, ¡sí!, eso permite el régimen de excepción en nuestro Estado de derecho.

Tengo un profundo respeto por las y por los magistrados de la Sala Constitucional, no obstante, he de decir que me parece incoherente que en un país democrático y sin ejército, se restrinjan derechos fundamentales a un grupo de personas trabajadoras, por el hecho de ser parte de la policía administrativa. Paradójicamente, el artículo 33 de la norma suprema, señala que “Toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse discriminación alguna contraria a la dignidad humana”, sin embargo, la excepción establecida por la Sala Constitucional incluye el ser excluidos de garantías constitucionales, un acto desapegado al bloque de legalidad que vulnera a nuestro gremio, siendo discriminado, en comparación del resto de funcionarios públicos.

Si nuestros policías están contemplados dentro de un régimen de excepción, sabidos de lo esencial de su trabajo, debería el gobierno dotarlos de salarios dignos y condiciones laborales justas. Lo contrario, es despreciar el esfuerzo, la mística, la entrega, la vocación y el valor de sus miembros.

Señores de UCCAEP ¿Y a ustedes quién los cuida?

Publicada el 20/04/2020 | por ANEP | Dejar un comentario

Jonathan Flores Mata/Directivo Nacional de ANEP

Costa Rica, al igual que el resto del mundo, se enfrenta a un enemigo inclemente que ha puesto en riesgo la estabilidad de la economía, seguridad y salud de las personas.

Claro está, me refiero a la patología provocada por el virus covid-19. Sin embargo, para nuestra mala fortuna, en medio de la crisis, cuando más unidos deberíamos estar, para hacer frente juntos a los retos que tenemos por delante, nos topamos con la inescrupulosa conducta de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP). Y es que, en momentos en los que se requiere de solidaridad, honestidad y buena fe, los representantes de esta institución han demostrado las muestras más cínicas de egoísmo.

Es claro y evidente que, durante años, esta agrupación ha montado una estrategia anti obrera, especialmente enfilada contra los funcionarios del sector público, a quienes han hecho todo lo posible por arrancar de sus manos las conquistas laborales que tomaron siglos conseguir. Por supuesto, la idea es que sus explotados trabajadores no aspiren nunca a tener las mismas condiciones, y sigan soportando a diario la forma en que les violentan sus derechos laborales. Cada quien, con sus fines, aunque den asco, empero, aprovecharse de la pandemia para entablar una polémica entre trabajadores privados y públicos, con el único objetivo de buscar arrebatar derechos laborales a estos últimos, es un acto vil, despreciable y cabe en otros adjetivos que, por respeto a los lectores no externaré.

Tienen el suficiente descaro de saber que a pesar de representar algunas empresas que eluden y evaden impuestos, robándole así al progreso del país que les cobija, señalan a los servidores públicos como responsables de las dificultades económicas de Costa Rica. Pero la indignación de este servidor no hace más que empezar ahí, pues ya han dejado claro los de UCCAEP que su misión es eliminar las anualidades, el salario escolar, y hasta han tenido la osadía se sacar la calculadora para apuntarle al aguinaldo. Reitero, aprovechándose de la pandemia para extender los virulentos tentáculos políticos que ostentan, e impulsar sus apestosos proyectos.

Como recordará estimado lector, ANEP cobija bajo la protección de su sigla a los sectores laborales más vulnerables, de menos remuneración económica y mayor exigencia en su labor, como las señoras de los CEN-CINAI, recolectores de basura y policías, por nombrar solo algunos ejemplos. Para esta ocasión me voy a enfocar en el sector de servidores policiales.

Estos abnegados trabajadores pierden el arraigo familiar, ven truncados sus estudios, pierden de a pocos su salud por los roles (si, tenemos estudios que lo comprueban), trabajan mínimo 12 horas, un error les puede costar el trabajo, o una vida, sea la de un ciudadano, de un compañero, o la suya propia. Este sector ha sido terriblemente abandonado por décadas, al policía le obligan a presentarse en delegaciones que dan asco, con las aguas negras desbordadas, techos desintegrándose sobre sus cabezas y cableado eléctrico en constante atentado de potencial incendio. Estos seres humanos, que tragan humo, se exponen al sol, la lluvia y arriesgan su vida, todos los días, al enfrentarse contra gente hostil y peligrosa, perteneciente a estructuras de crimen organizado; son remunerados con un salario que constituye una verdadera burla a su sacrificio.

Aún bajo estas condiciones, y a sabiendas de la esencial importancia de los oficiales, de los distintos Cuerpos Policiales, viene UCCAEP con lengua viperina a decir que se les tiene que quitar el salario escolar y las anualidades; ¡Ah, ahora que recuerdo! ¿Es cierto que también estuvieron presionando al gobierno para que no se pagara el aumento extraordinario?

Nos gustaría ver a cualquiera de sus encorbatados neoliberales intentando aguantar al menos una hora de pie, bajo el sol, con el pesado chaleco antibalas y el radio de comunicación zumbándole al oído, con la ansiedad de enfrentar el peligro en cualquier momento y las preocupaciones económicas taladrando la concentración. ¿En serio creen que servidores de esta naturaleza que apenas ganan 450 mil colones mensuales deben perder aún más su salario, por los errores en la dirección de la economía del país? ¿Y si mejor ustedes declaran las ganancias verdaderas y pagan los impuestos con honestidad?

Señores de UCCAEP ¿Y a ustedes quién los cuida? Parece que se les ha olvidado que desfilan sus representantes por los pasillos de las instituciones policiales, demandando más seguridad (y omitiré detalles de las conversaciones y “convenios” en los despachos). Ustedes exigen que el tránsito sea fluido para que las mercancías lleguen rápido, que el sistema de justicia tenga bajo control los sociópatas que sorprendieron robando en un negocio, que pase la patrulla haciendo “comercio seguro” y estén al tanto del transporte público con la modalidad “bus seguro”; por indicar solo algunos ejemplos. ¿Quiénes creen que ejecutan esas tareas? Así es, las y los policías, esos mismos que ahora vienen ustedes a pedir que se les siga desmejorando sus condiciones salariales.

Espero que esas ansias desatadas por perjudicar salarialmente al trabajador policial no deriven de la puesta en ejecución de alguna estratagema pactada con el apretón de manos intercambiado con grandes líderes de organizaciones de crimen organizado. Aunque cuando uno se pone a atar algunos cabos, la idea no parece tan abstracta.

Por cierto, si creen que instruyendo a los negocios para que ofrezcan un café gratuito, o un descuento en sus combos, dan al policía el caramelo tranquilizante para que olviden la puñalada que les están metiendo por la espalda, están muy equivocados. El gremio ha venido despertando de un letargo de sumisión en el que durmió durante años, y ahora más que nunca, poseen la conciencia y el valor para encarar a sus enemigos. ¡Oh si enemigos! Porque en eso se han convertido señores de UCCAEP en enemigos de los trabajadores, públicos y privados, y eso incluye a los policías. ¡Si! Se están echando de enemigos a quienes los cuidan, que grave ¿verdad?

Aun no comprende este servidor como pretenden impulsar una reactivación económica, restándole poder adquisitivo a los trabajadores y me resulta aún más insólito que busquen la manera de desmejorar las condiciones y motivación de los servidores públicos, que constantemente cuidan de sus negocios, sus ganancias, su integridad física y la de sus familias. Den la cara a la policía, explíquenle con claridad, y de frente a los oficiales, la razón por la que ustedes en UCCAEP están luchando para que a ellos se les siga bajando el salario, digan con sinceridad si es cierto que es oponían a la entrega del aumento extraordinario, describan las razones reales por las que quieren que a los uniformados se les quiten las anualidades, el salario escolar y hasta el aguinaldo. Después de eso, ahora sí, pídanles hacer “comercio seguro” …

Covid-19: ¢17 millones diarios en cuidados intensivos

Publicada el 15/04/2020 | por ANEP | 1 comentario

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

La semana pasada leímos en prensa, como una noticia destacada de primera plana, que el “sector privado aportará camas de cuidados intensivos ante coronavirus”, comunicando a la opinión pública que varias empresas privadas del negocio con la salud de las personas dejaron ver su intención de “ponerse a las órdenes” de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), en el caso de que la pandemia del coronavirus Covid-19 desbordara las capacidades de atención de la medicina pública, especialmente en las denominadas UCI: unidades de cuidados intensivos; punto este más que neurálgico y estratégico para atender a las personas gravemente enfermas producto del nuevo mal.

Sinceramente no deja uno de pensar en cuál podría haber sido el destino de la salud de los y las costarricenses, de la abrumadora mayoría de la población del país, si no hubiésemos tenido estos últimos 30 años esa férrea resistencia popular y cívica ante las diversas intentonas de distinto carácter y a lo largo de las administraciones gubernativas nacionales luego de la Caída del Muro de Berlín, las cuales de un modo u otro han estado cuestionando el modelo de salud pública representado por la CCSS, básicamente, para privatizarlo mediante iniciativas de índole multiforme.

Sin discusión alguna se puede afirmar ya categóricamente que, estando en medio de tal pandemia, la existencia de la CCSS como bien patrimonial público es un asunto de seguridad nacional; como gusta definir los gringos a aquellos aspectos de su institucionalidad que estiman imprescindibles para su supervivencia y su supremacía como nación.

Pero bien, la historia de la resistencia cívico-popular en defensa de la Caja Costarricense de Seguro Social está por escribirse, pese a que, también hay que decirlo, desde su propio seno han salido intentonas privatizadoras perversas, pues paradójicamente cuenta con enemigos internos colocados en posiciones de poder.

Volvamos ahora al eje central de nuestro comentario semanal en esta importante sección de opinión de El Periódico de más Venta en Costa Rica.

$30.000 diarios es el costo de atención, por día, que representa el internamiento de una persona enferma en la unidad de cuidados intensivos de esas empresas privadas de salud que funcionan en Costa Rica.

Es decir, poco más de ¢17 millones diarios viene a ser el costo de permanencia en una UCI; y, un internamiento, mínimo, de unos 10 días pensando en la gravedad de la persona contagiada con Covid-19, estamos hablando de ¢170 millones; subiendo esta cifra hasta un 50% más si tal internamiento llegare a ser necesario por 15 días.

Prácticamente solo una cantidad reducida de costarricenses que tienen altísimos ingresos podría pagar tan calificada atención médica como la que implica el internamiento en cuidados intensivos en caso de sufrir Covid-19, o cualquier otro padecimiento que requiera ser ingresado en una UCI privada.

Dimensionemos ahora lo que significa tener acceso a los servicios de una UCI brindados por la Caja para el pueblo trabajador, mismo que jamás podría tener acceso a medicina privada en cuidados intensivos en el caso de la pandemia que nos afecta.

Para este lunes 13 de abril de 2020, según el reporte gubernamental diario de las personas que presentaban síntomas del coronavirus Covid-19, 14 de ellas estaban internadas en varias UCI de hospitales de la Caja.

Eso significa que al precio de cotización de mercado de la medicina privada que se ofreció para atender en sus propias UCI personas contagiadas de Covid-19, la Caja Costarricense de Seguro Social estaría erogando unos ¢240 millones por día, que es el importe de inversión en salud por tener esas 14 personas en sus propias unidades de cuidado intensivo.

Si esas 14 personas internadas en las UCI de la CCSS tuvieran que permanecer, en promedio y cada una unos 10 días de internamiento, estamos hablando de ¢2.400 millones: una cifra demasiado atractiva para colegir que la salud sí es un negocio cuando fuese privatizada. Esperemos que ello nunca suceda.

Solamente pensemos, a partir de estos datos, el significado de la Caja Costarricense de Seguro Social para la abrumadora mayoría del pueblo costarricense, especialmente de su clase trabajadora; clase trabajadora que en un ciento por ciento nació cuando ya existía la Caja y que por tanto no tiene la menor idea de lo que es vivir sin ella.

Por cierto, la información de prensa que venimos comentando también indicó que un día de internamiento por cuestiones de salud en esas empresas privadas, y que no sea en una UCI, implica erogar al menos $1.000, o sea casi ¢600.000.

No hay discusión: la Caja representa la vida misma y ahora eso ya no amerita discusión alguna. Debe seguir en manos públicas y bajo nuevas formas y sistemas de cuido ciudadano para matarle los virus privatizadores que siempre están esperando oportunidades para atacarla.

Covid-19: quienes menos tienen son los que más sufren

Publicada el 14/04/2020 | por ANEP | Dejar un comentario

El denominado bono “Proteger” que está poniendo en práctica el Gobierno de la República para “ayudar”, fundamentalmente, a las personas trabajadoras del sector privado a las cuales les fue aplicado el despido, la reducción salarial y de jornada y/o la suspensión transitoria de sus contratos de trabajo; representa una protección a medias, va a incrementar la miseria y dejó a miles más desprotegidas todavía, pues ya estaban en tal condición antes del estallido en el país de la pandemia del coronavirus covid-19.

La cantidad de 125 mil colones (y, peor aún, el 50% de la misma, 62.500 colones), no alcanza para solventar, en condiciones de dignidad, situaciones de pobreza surgida de manera súbita, lo cual hará crecer la vulnerabilidad de los hogares de escasos recursos que ya antes de la pandemia, sobrepasaban la cifra de 400 mil.

Será, por tanto, sumamente crítico para la fuente de ingresos del hogar que quedó en la calle, las jefaturas de familia, comprar los alimentos básicos, pagar recibos de servicios públicos, alquiler de vivienda y atender deudas con esos 125 mil colones.

Es urgentísimo ampliar las posibilidades de estos hogares para enfrentar la desgracia socioeconómica que ya tienen encima, haciéndose necesario una condonación del pago de los recibos de agua, de luz y de teléfono durante el próximo trimestre, pues ni siquiera una moratoria será beneficiosa dado que, al término de la crisis, esos hogares estarán mucho más endeudados.

Lamentablemente, en sociedades como la nuestra donde las personas han sido condenadas para que estén al servicio de la economía y, más grave aún, si dentro de la misma la prioridad es las cifras macrofiscales asociadas al pago de la impagable deuda pública; quienes menos tienen son quienes más sufren.

En el caso costarricense, este grupo de personas ciudadanas ya había crecido considerablemente antes de la pandemia y, como ahora es notorio, sigue aumentando su número.

En tal sentido, la consigna oficial del “quedarse en casa” incrementa el sufrimiento, la congoja y el estrés de más de la mitad de la población costarricense, lo cual nos da la posibilidad de recordar que sí hay iniciativas de corte alternativo, más humanistas y más congruentes con la filosofía del Humanismo Cristiano que inspira la actual Constitución Política de Costa Rica.

Con la propuesta del Subsidio Social Solidario (SSS), formulada por la ANEP hasta un número de 660 mil personas-familias habrían podido recibir 250 mil colones mensuales, cogiéndose el pago diario de intereses de la deuda pública, declarándose una moratoria para tal efecto, mismo que anda en la cantidad de 5.500 millones de colones diarios. El fundamentalismo ideológico dominante en Casa Presidencial lo impide.

Con estupor y con indignación contemplamos que dentro del presupuesto extraordinario que el Gobierno plantea en estos días a la Asamblea Legislativa para que lo tramite, con toda celeridad y para darle contenido financiero a su bono Proteger, incluye 224 mil millones de colones para atender la deuda pública; es decir, casi 2 mil 500 millones de colones diarios en un período de 90 días, que es el plazo del bono gobiernista.

Casi 300 mil familias podrían haber recibido un Subsidio Social Solidario de 250 mil colones para cada una, durante los meses de abril, mayo y junio, con esos 224 mil millones de colones correspondientes a los acreedores de la deuda pública del país y sus correspondientes intereses obscenos.

Sin discusión alguna, quienes menos tienen son los que más sufren. Pero alternativas hay para que esto no fuera así.

Covid-19 municipalidades: emplazamiento público al presidente Alvarado Quesada

Publicada el 13/04/2020 | por ANEP | Dejar un comentario

Por: Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Con la pandemia del coronavirus covid-19 ya entre nosotros y a un mes de su llegada oficial al país, el 6 de marzo de 2020, resalta la imperiosa necesidad de fortalecer toda la institucionalidad pública que le ha hecho frente a la misma.

Ya no solamente en el campo de la Salud en el cual su éxito es irrefutable (al menos, hasta el momento y no hay elementos fuertes para sostener lo contrario); sino, necesariamente, en el campo de las derivaciones de orden económico y social de su impacto en las comunidades, especialmente las más vulnerables; muchas de las cuales ya mostraban indicadores de impacto negativo fuerte en la calidad de vida de las personas que las habitan, desde antes del nuevo escenario-país que tenemos encima.

En tal sentido, es más que urgente que usted, don Carlos Alvarado Quesada, usando la facultad constitucional que se le da al Presidente de la República en la Constitución Política, para fijar la agenda parlamentaria del período extraordinario de sesiones de la Asamblea Legislativa actualmente en desarrollo, mismo que vence el próximo 30 de abril; proceda a convocar dos expedientes legislativos citados a continuación, los cuales son imprescindibles para la devolución, para el retorno, a las municipalidades costarricenses de la autonomía que la ley 9635 les cercenó, generándose así una de las más graves violaciones de facto constitucionales, ocurridas por la imposición de tal legislación.

Hoy, tal y como puntualizamos al inicio del presente comentario, desde antes del día 6 de marzo de 2020, fecha oficial de la llegada al país de la pandemia del coronavirus covid-19, estaba más que comprobado el fracaso de esa legislación, popularmente conocido como del combo fiscal, Ley de la República No. 9635, erróneamente denominada de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas; al punto de que la misma fue catalogada como “insuficiente” por parte de dos de las tres más importantes calificadoras de riesgo que funcionan en los mercados internacionales, a las cuales nosotros denominamos como la policía financiera del planeta.

Hacemos la acotación de que ni Moody’s Investors Service, ni Fitch Ratigns quedaron satisfechas con esa ley pese a que la misma golpeó duramente a quienes menos responsabilidades tienen con relación al déficit fiscal costarricense. La otra calificadora, Standard & Poor’s, no debe andar muy lejos en cuanto a su criterio sobre la ley 9635.

Volviendo al punto central del presente comentario, la relevancia estratégica de que se fortalezca el régimen municipal en la actual circunstancia histórica que nos ha tocado vivir, no se discute.

Las municipalidades cobran un papel fundamental para hacerle frente, de mejor manera, a los perniciosos efectos socioeconómicos de la pandemia, los cuales parecen volverse más injustos con la gente que menos tiene y que es la que más sufre en este tipo de coyunturas.

Sacar a las municipalidades de los alcances de la nefasta regla fiscal establecida en la Ley 9635, es algo ya no solamente un asunto de urgencia política, social y económica; sino un asunto de mera racionalidad habida cuenta de los nuevos desafíos de más desempleo, de más exclusión y de más desigualdad que genera la pandemia covid-19.

Es imperiosamente urgente que la actual Asamblea Legislativa, misma que está tramitando de manera veloz legislación para enfrentar la coyuntura difícil que Costa Rica vive (ya sea que se comparta o no; en todo, o en parte); les dé viabilidad política a dos expedientes legislativos relacionados directamente con la recuperación de la autonomía municipal cercenada por el combo fiscal-ley 9635.

Hablamos de los proyectos de ley números 21.430 y 21.494, presentados en el último año y luego de que importantes figuras legislativas se dieran cuenta del grave error que representó incluir a las municipalidades en esa ley 9635; y, peor todavía, sujetarlas a la nefasta regla fiscal.

Por cierto, ese tipo de regla fiscal, muy de moda ideológica en naciones que se consideraban superiores a países como el nuestro y que hoy están sufriendo duramente por la pandemia covid-19, como los europeos; están haciendo añicos legislaciones inspiradas en ajustes y límites fiscales draconianos; y están pagando con miles de muertos haberles impuesto a sus respectivos pueblos ese fanatismo macroeconómico-fiscalista de orden neoliberal.

El expediente legislativo No. 21.430, titulado Ley de fortalecimiento de la autonomía constitucional del régimen municipal, cuenta con el patrocinio político de los señores diputados Wálter Muñoz Céspedes, José María Villalta Florez-Estrada, Ignacio Alberto Alpízar Castro y Dragos Dolanescu Valenciano; así como de las señoras diputadas Sylvia Patricia Villegas Álvarez, Araycelly Salas Eduarte, Shirley Días Mejía y Carmen Irene Chan Mora.

Por su parte, el Expediente Legislativo No. 21.494, ha sido impulsado por los señores legisladores Roberto Hernán Thompson Chacón, Erwen Yanán Masís Castro, Luis Ramón Carranza Cascante, Wálter Muñoz Céspedes, David Hubert Gourzong Cerdas, Óscar Mauricio Cascante Cascante, Edward Newton Cruickshank Smith, Gustavo Alonso Viales Villegas, Daniel Isaac Ulate Valenciano, José María Villalta Florez-Estrada, Jonathan Prendas Rodríguez y Dragos Donalescu Valenciano. Las señoras diputadas Franggi Nicolás Solano, Paola Alexandra Valladares Rosado, María José Corrales Chacón, Nidia Lorena Céspedes Cisneros, Carmen Irene Chan Mora y Aracelly Salas Eduarte, también están firmando este proyecto 21.494.

Note usted nombres repetidos en uno y otro expediente; es decir, voluntades compartidas en la misma dirección: devolver a las municipalidades la autonomía municipal. La misma representa ahora un obligado interés patriótico que sea retornada con urgencia.

Las municipalidades, el gobierno más cercano a la gente, ahora se necesitan más cercanas a sus respectivas comunidades. De ambos proyectos se puede hacer uno solo y tramitarlo rápidamente si el Poder Ejecutivo los convoca ahora mismo para que las nuevas autoridades municipales que asumen este primero de mayo puedan disponer de sanos recursos propios para coadyuvar a que salgamos mejor, como país y con más justicia de la pandemia del covid-19. Ese es nuestro llamado a usted, señor Presidente de la Republica.

Covid 19: todos y todas tenemos que caber en Costa Rica

Publicada el 13/04/2020 | por ANEP | Dejar un comentario

Una vez más tenemos que insistir que antes de la llegada oficial de pandemia del coronavirus Covid-19 al país, el 6 de marzo de 2020, los indicadores sociales y económicas más relevantes y de mayor credibilidad según las entidades que nos los dan a conocer; nos permitían sacar estas cincos conclusiones determinantes: alto desempleo e informalidad, alta concentración de la riqueza y desigualdad, alto endeudamiento salarial, alta exclusión social y económica, alto endeudamiento público y déficit fiscal.

En lo específico, se nos informó de, al menos, unas 309 mil personas desempleadas, 12.4% de desempleo abierto según las cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Podríamos colegir que en unos 309 mil hogares costarricenses las dificultades económicas llegan al punto de determinar problemas para que hubiese comida, lo que es lo mismo que determinar dificultades de subsistencia, al mínimo, para esos y esas compatriotas en desventaja económica y social.

En tal sentido y considerando los efectos de la pandemia del covid-19 más allá de la cuestión de Salud, se nos viene un problema ético y moral a considerar desde el punto de vista de la política económica y fiscal gubernativa: darle prioridad al pago de la deuda y/o de sus intereses vs. darle prioridad a que el encierro obligado que se nos recomienda, sea con hambre o sin ella.

Esa plata destinada a pagar intereses cuyo monto se estima en unos 165 mil millones de colones mensuales alcanza para darle un Subsidio Social Solidario a todas esas personas-familias afectadas por carecer de ingreso mínimo desde antes de la pandemia y las que ésta está afectando ya o lo va a hacer en el futuro cercano. En total, unas 660 mil familias podrían beneficiarse si se les explica a los acreedores-tenedores de bonos de deuda pública que no se les pagará sus intereses en los próximos tres meses, al menos; pues esos dineros se emplearán, más bien, se invertirán en paz social.

¡Sí!, en paz social. ¿Es que acaso no se ha pensado en qué podría derivar la desesperación de padres de familia, de madres de familia (muchas de ellas al frente de sus hogares), que no tienen cómo darle un plato de arroz, un plazo de frijoles a sus hijos e hijas?

En las próximas horas, en la Asamblea Legislativa y con la urgencia del caso y que nosotros aplaudimos, se tramitará una iniciativa del Gobierno para darle asistencia económica mínima a familias de personas desempleadas que perdieron su trabajo producto de la pandemia del covid-19; o bien, víctimas de rebajas salariales producto de reducciones de jornada, así establecido legalmente. Se pretende legislar un contenido de 225 mil millones de colones para un trimestre, a razón de 75 mil millones por mes.

¡Eso no alcanzará! Son más personas, son más familias, son más niños, son más niñas y son más adolescentes con problemas de comida producto de la pandemia covid-19. A los que ésta ha afectado, se suman los que ya estaban afectado y que, por tal circunstancia, estarán en peor o nulas condiciones de conseguir un sustento por vía legal, el trabajo, para sí mismos y para sus propios seres queridos.

La propuesta de la moratoria del pago de intereses de la deuda pública, que no afectará el principal adeudado y cuyos acreedores ya tienen bastante poder económico-financiero acumulado, permitirá ayudar hasta 660 mil familias en los próximos tres meses. La propuesta del Gobierno, en el mejor de los casos, solamente aliviará la vivencia cotidiana a unas 375 mil. Es ésta la gran diferencia. Posterguemos el pago de los intereses de la deuda. Es más rentable en términos de paz social, de estabilidad y de seguridad. Los señores diputados y las señoras diputadas tienen la posibilidad de que, al menos, en los próximos tres meses, todos y todas tendremos cabida en Costa Rica en lo que respecta, al menos, a tener un plato de comida seguro en nuestras mesas.

¿De qué sirven los aplausos?

Publicada el 13/04/2020 | por ANEP | Dejar un comentario

En los últimos días, en función de la emergencia nacional por el Covid 19, hemos visto como se aplaude la labor de nuestros policías; los cuales se mantienen en controles de carretera, vigilando que se cumpla la restricción sanitaria vehicular, evitando que personas irresponsables acampen en las playas, en las fronteras, evitando el ingreso de personas de manera irregular, así como en mantenimiento del orden publico y la seguridad ciudadana. Los aplausos incluyen al presidente de la República, el cual, en mi opinión ha procurado “reconciliarse” con la Fuerza Pública, que en definitiva y a pesar de las veces que el mandatario le ha dado la espalda, sigue siendo su “brazo fuerte”.

La función policial, por disposición normativa y jurisprudencia constitucional ha sido considerada como excepcional, se ha definido como una labor esencial. Sin embargo, tal consideración únicamente se ha utilizado como mecanismo para restringir Derechos Humanos y derechos laborales a las personas trabajadoras de los distintos Cuerpos Policiales. En tal sentido, los policías (funcionarios públicos) tienen una jornada laboral ordinaria de doce horas, sea diurna o nocturna y no aplica el pago de horas extra (salvo que supere las doce horas), ni pago de jornada nocturna, tal cual sucede en la mayoría de los casos, en materia de derechos fundamentales, prevalece la “necesidad operativa”.

Ahora bien, de que sirven los aplausos si nuestros uniformados siguen ayunos de legislación, de herramientas que les permitan hacer mejor su trabajo, e inclusive, proteger de mejor manera su integridad física. En un par de oportunidades he planteado ante las máximas autoridades ministeriales, la necesidad de invertir en una mejor capacitación, en la adquisición de equipo policial (armas menos letales); no obstante, para quienes dirigen la etapa de formación policial, así como para el Ministro de Seguridad Pública (así se ha interpretado de sus respuestas) el proceso de adiestramiento policial tiene lo necesario.

En criterio del suscrito, el proceso de formación policial es apenas una inducción, tal afirmación tiene sustento en que por ejemplo; en defensa personal la capacitación tiene una duración de 45 horas, o sea, imposible pensar que la persona adquiera destrezas que le permitan neutralizar a su oponente en un cuerpo a cuerpo, de ahí que veamos muchas veces a nuestros uniformados a los revolcones, en algunos casos, salvados por la gracia de Dios, cuando han quedado inmovilizados y con sus armas totalmente expuestas a merced del rival.

Claro, muchas de esas deficiencias en la formación policial, se suplen con la experiencia del día a día, con la vocación y el esfuerzo personal. Un día dijo un ex coronel: “puedes hacer de un policía un buen abogado, pero no necesariamente un abogado, puede ser un buen policía”. Lo anterior se relaciona con la vocación, la convicción, la mística, el estar listo para las faenas más difíciles, cuando las circunstancias lo ameritan y lo demandan.

El abandono a la policía ha sido algo sostenido en el tiempo. Sin embargo, esperamos que los aplausos y los mensajes que ahora le dedican a la Fuerza Pública, se transformen en dignificación para las personas que la integran, en condiciones laborales dignas, trato humano y respetuoso, profesionalización verdadera, equipamiento, capacitación, remuneración justa; porque ha quedado demostrado en la atención del Covid 19, que sus funcionarios (as) son tan importantes y esenciales como los de la salud.

“El buen general cuida de sus hombres como si fueran sus hijos. Por ello, sus soldados lo seguirán hasta donde sea. Cuida de sus tropas como si fueran sus criaturas amadas y ellos no dudaran en morir por él”. (El arte de la guerra).

Lic. Mainor Anchía Angulo

ANEP

Tenemos que hablarnos y dialogar porque es tiempo de construir para sobrevivir

Publicada el 13/04/2020 | por ANEP | Dejar un comentario

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

No sabemos cuándo esto terminará. No sabemos cómo terminará. Por supuesto que todo el mundo quiere que esto termine pronto y que termine bien… ¡para todos y para todas!

Sin embargo, diversos líderes mundiales ya están aceptando que esta es la peor crisis planetaria desde la Segunda Guerra Mundial. Como sabemos, de este acontecimiento surgió un reordenamiento del escenario político internacional del cual su más notable resultado fue la fundación de la Organización de Naciones Unidas (ONU)… para bien, o para mal.

Cada cual puede tener su criterio al respecto. Tal nuevo orden, como es lógico suponer, fue diseñado por las potencias vencedoras; pero, para excluir no para incluir. Desde antes del estallido de la pandemia del covid-19, los resultados hablaban ya por sí solos.

En el caso de nuestra amada Patria, Costa Rica, el último acontecimiento traumático y doloroso fue, sin duda, los sucesos armados entre costarricenses ocurridos en el año 1948. De ello derivó un nuevo orden interno, plasmado en la Constitución Política de 1949… también diseñada por el bando de los vencedores. Aquí pareciera que la conclusión es más para bien que para mal. También, cada cual puede tener su criterio al respecto; sin embargo, hasta hace un tiempo fue que nos perdimos (o, nos perdieron) y se empezó a excluir. Desde antes del estallido de la pandemia del covid-19, los resultados hablaban ya por sí solos, al igual que a escala planetaria.

Estamos viviendo un acontecimiento que ya, sin terminar y sin saber cómo ha de concluir, es histórico. Sin embargo, a como estamos viendo todo esto y, especialmente, conmovidos y horrorizados por lo que vemos en otras latitudes, la historia no va a ser escrita ni por los vencidos, ni por los vencedores. Será escrita por las personas sobrevivientes.

Si ya estamos conscientes de que en Costa Rica estamos viviendo el acontecimiento más relevante desde 1948 a la fecha; y, que, además, a quienes tengamos la dicha de ser sobrevivientes (pues quiero ser uno de ellos), nos corresponde la ineludible responsabilidad de construir; entonces hay que plantearse construir ese nuevo orden nacional, basado éste en esos valores eternos formulados por el cristianismo original; y valores que, precisamente, la dimensión de esta tragedia del covid-19, está mostrando cuánto se habían olvidado.

El reto mayúsculo es si podemos dar paso a la tolerancia para aceptar que debo sentarme con el otro, tan diferente a mí, por encima; pero tan igual a mí, por lo humano que somos; y, además, con el mismo riesgo ambos de sucumbir; y si conscientes de esto último, de que ambos podemos sucumbir, podemos estar en un mismo espacio como para decirnos la razón por la cual no nos soportamos.

El reto mayúsculo es comprender que la institucionalidad formal que, acertadamente, parece ir sacando la tarea de la urgencia inmediata; podría no poderlo realizar más, a la hora de la construcción, porque hace tiempo mucha gente siente que esa institucionalidad formal tomó partido a favor de una parte y no del todo; que hace tiempo renunció a potenciar el equilibrio para dar paso a la controversia que tiende a transmutarse en conflicto.

El reto mayúsculo es comprender que lo público nos está salvando de sucumbir del todo, como a ningún otro país, al parecer; pero que lo público por sí solo no será suficiente para la sobrevivencia, que lo privado juega en todo esto.

El reto mayúsculo es saber discernir cuál fue la parte de lo público que se desbordó para desnaturalizarse y olvidarse del bien común; como el reto, también, será discernir cual es la parte de lo privado que se creyó en el Olimpo y que se sobreestimó al punto que la pandemia le desnudó su incompetencia y sus insensibilidades.

La tarea de la sobrevivencia es el reto de la construcción con inclusión. Eso ya lo experimentamos en Costa Rica y desde que empezamos a ser República. La exclusión es el alimento de la destrucción. Covid-19 se ha encargado de mostrarlo y de qué manera.

COVID-19 y municipalidades: emplazamiento público al presidente Alvarado Quesada

Publicada el 13/04/2020 | por ANEP | Dejar un comentario

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Con la pandemia del coronavirus COVID-19 ya entre nosotros y a un mes de su llegada oficial al país, el 6 de marzo de 2020, resalta la imperiosa necesidad de fortalecer toda la institucionalidad pública que le ha hecho frente a esta circunstancia.

Hoy, tal y como puntualizamos al inicio del presente comentario, desde antes del día 6 de marzo de 2020, fecha oficial de la llegada al país de la pandemia del coronavirus covid-19, estaba más que comprobado el fracaso de esa legislación, popularmente conocida como el combo fiscal, Ley de la República No. 9635, erróneamente denominada de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas; al punto de que esta misma fue catalogada como “insuficiente” por parte de dos de las tres más importantes calificadoras de riesgo que funcionan en los mercados internacionales, a las cuales nosotros denominamos como la policía financiera del planeta.

Hacemos la acotación de que ni Moody’s Investors Service, ni Fitch Ratigns quedaron satisfechas con esa ley pese a que esta golpeó duramente a quienes menos responsabilidades tienen con relación al déficit fiscal costarricense. La otra calificadora, Standard & Poor’s, no debe andar muy lejos en cuanto a su criterio sobre la ley 9635.

Volviendo al punto central del presente comentario, la relevancia estratégica de que se fortalezca el régimen municipal en la actual circunstancia histórica que nos ha tocado vivir, no se discute.

Sacar a las municipalidades de los alcances de la nefasta regla fiscal establecida en la Ley 9635, es ya no solamente un asunto de urgencia política, social y económica; sino un asunto de mera racionalidad habida cuenta de los nuevos desafíos de más desempleo, de más exclusión y de más desigualdad que genera la pandemia COVID-19.

Por cierto, ese tipo de regla fiscal, muy de moda ideológica en naciones que se consideraban superiores a países como el nuestro y que hoy están sufriendo duramente por la pandemia COVID-19, como los europeos; están haciendo añicos legislaciones inspiradas en ajustes y límites fiscales draconianos; y están pagando con miles de muertos haberles impuesto a sus respectivos pueblos ese fanatismo macroeconómico-fiscalista de orden neoliberal.

El expediente legislativo No. 21.430, titulado Ley de fortalecimiento de la autonomía constitucional del régimen municipal, cuenta con el patrocinio político de los señores diputados Wálter Muñoz Céspedes, José María Villalta Florez-Estrada, Ignacio Alberto Alpízar Castro y Dragos Dolanescu Valenciano; así como de las señoras diputadas Sylvia Patricia Villegas Álvarez, Araycelly Salas Eduarte, Shirley Días Mejía y Carmen Irene Chan Mora.

Por su parte, el Expediente Legislativo No. 21.494 ha sido impulsado por los señores legisladores Roberto Hernán Thompson Chacón, Erwen Yanán Masís Castro, Luis Ramón Carranza Cascante, Wálter Muñoz Céspedes, David Hubert Gourzong Cerdas, Óscar Mauricio Cascante Cascante, Edward Newton Cruickshank Smith, Gustavo Alonso Viales Villegas, Daniel Isaac Ulate Valenciano, José María Villalta Florez-Estrada, Jonathan Prendas Rodríguez y Dragos Donalescu Valenciano. Las señoras diputadas Franggi Nicolás Solano, Paola Alexandra Valladares Rosado, María José Corrales Chacón, Nidia Lorena Céspedes Cisneros, Carmen Irene Chan Mora y Aracelly Salas Eduarte, también están firmando este proyecto 21.494.

Note usted nombres repetidos en uno y otro expediente; es decir, voluntades compartidas en la misma dirección: devolver a las municipalidades la autonomía municipal, la cual representa ahora un obligado interés patriótico que sea retornada con urgencia.

Las municipalidades, el gobierno más cercano a la gente, ahora se necesitan más cercanas a sus respectivas comunidades. De ambos proyectos se puede hacer uno solo y tramitarlo rápidamente si el Poder Ejecutivo los convoca ahora mismo para que las nuevas autoridades municipales que asumen este primero de mayo puedan disponer de sanos recursos propios para coadyuvar a que salgamos mejor, como país y con más justicia de la pandemia del COVID-19. Ese es nuestro llamado a usted, señor Presidente de la República.

COVID-19: Todos y todas tenemos que caber en Costa Rica

Publicada el 13/04/2020 | por ANEP | Dejar un comentario

Albino Vargas Secretario General, ANEP

Una vez más tenemos que insistir en que antes de la llegada oficial de pandemia del coronavirus COVID-19 al país, el 6 de marzo de 2020, los indicadores sociales y económicos más relevantes y de mayor credibilidad, según las entidades que nos los dan a conocer; nos permitían sacar estas cincos conclusiones determinantes: alto desempleo e informalidad, alta concentración de la riqueza y desigualdad, alto endeudamiento salarial, alta exclusión social y económica, alto endeudamiento público y déficit fiscal.

En lo específico, se nos informó de, al menos, unas 309 mil personas desempleadas, 12,4% de desempleo abierto según las cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Podríamos colegir que en unos 309 mil hogares costarricenses las dificultades económicas llegan al punto de determinar problemas para que hubiese comida, lo que es lo mismo que determinar dificultades de subsistencia, al mínimo, para esos y esas compatriotas en desventaja económica y social.

En tal sentido, y considerando los efectos de la pandemia del COVID-19 más allá de la cuestión de Salud, se nos viene un problema ético y moral a considerar desde el punto de vista de la política económica y fiscal gubernativa: darle prioridad al pago de la deuda y/o de sus intereses vs. darle prioridad a que el encierro obligado que se nos recomienda, sea con hambre o sin ella.

Por eso venimos insistiendo en que se debe utilizar la partida presupuestaria que el Ministerio de Hacienda tiene asignada para el reconocimiento del pago de intereses de la deuda pública y destinarla para darle de comer a los varios miles de personas-familias que no tenían cómo llevar comida a sus hogares producto del desempleo y de la informalidad; personas compatriotas o que viven en suelo nacional que ya tenía problemas de ese tipo antes de la pandemia del COVID-19. Esa plata destinada a pagar intereses cuyo monto se estima en unos 165 mil millones de colones mensuales alcanza para darle un Subsidio Social Solidario a todas esas personas-familias afectadas por carecer de ingreso mínimo desde antes de la pandemia y las que esta está afectando ya o lo va a hacer en el futuro cercano. En total, unas 660 mil familias podrían beneficiarse si se les explica a los acreedores-tenedores de bonos de deuda pública que no se les pagará sus intereses en los próximos tres meses, al menos; pues esos dineros se emplearán, más bien, se invertirán, en paz social.

En las próximas horas, en la Asamblea Legislativa y con la urgencia del caso y que nosotros aplaudimos, se tramitará una iniciativa del Gobierno para darle asistencia económica mínima a familias de personas desempleadas que perdieron su trabajo producto de la pandemia del COVID-19; o bien, víctimas de rebajas salariales producto de reducciones de jornada, así establecido legalmente. Se pretende legislar un contenido de 225 mil millones de colones para un trimestre, a razón de 75 mil millones por mes.

¡Eso no alcanzará! Son más personas, son más familias, son más niños, son más niñas y son más adolescentes con problemas de comida producto de la pandemia COVID-19. A los que esta ha afectado, se suman los que ya estaban afectado y que, por tal circunstancia, estarán en peor o nulas condiciones de conseguir un sustento por vía legal, el trabajo, para sí mismos y para sus propios seres queridos.

La propuesta de la moratoria del pago de intereses de la deuda pública, que no afectará el principal adeudado y cuyos acreedores ya tienen bastante poder económico-financiero acumulado, permitirá ayudar hasta 660 mil familias en los próximos tres meses. La propuesta del Gobierno, en el mejor de los casos, solamente aliviará la vivencia cotidiana a unas 375 mil. Es esta la gran diferencia. Posterguemos el pago de los intereses de la deuda. Es más rentable en términos de paz social, de estabilidad y de seguridad. Los señores diputados y las señoras diputadas tienen la posibilidad de que, al menos, en los próximos tres meses, todos y todas tendremos cabida en Costa Rica en lo que respecta, al menos, a tener un plato de comida seguro en nuestras mesas.