Opinión: Ciegos que aun viendo… no ven

Por: Claudio Alpizar Otoya

En estos días críticos, varios amigos me enviaron para mi lectura un artículo titulado “Si hay patadas, hay pa´todos” (La Nación, pág. 27), firmado por Guiselly Mora, Eli Feinzaig, Dennis Meléndez, Luis Mesalles y Thelmo Vargas. Una línea con la visión economista más pura y auténtica que se pueda tener en momentos de una fuerte crisis social, con un reduccionismo total a los aspectos económicos, donde los factores económicos priman sobre cualquiera otros.

Los analizo desde mi sesgo que prioriza la visión social, la cual me ha hecho seguidor del economista más reconocido e icónico del Siglo XX, John M. Keynes, aún vigente y no muy amigo de los articulistas mencionados, sobre todo cada vez que aparece una crisis económica en la que intentan ignorarlo, pero en la práctica, irónicamente también terminan siendo keynesianos.

John M. Keynes no creía que el sector privado pudiera ser el que resuelva los problemas más determinantes del sistema económico, como por ejemplo el desempleo. Era menos partidario de la autorregulación del mercado, pues este con frecuencia demuestra su incapacidad, más en las crisis, cuando hasta quienes endiosan al mercado imploran la acción estatal para influir en la actividad económica y lo ven como factor clave para reactivación económica.

Los mencionados articulistas inician su escrito solicitándole al Gobierno que tome medidas más fuertes para ayudar a las empresas privadas. Esa es la premisa inicial y clave de todo su planteamiento y el ciudadano en este caso pasa a ser secundario, pues es medio y no fin.

Luego continúan pidiendo que el Estado disminuya sus gastos, pero a la vez le piden más acciones. ¡Cuán contradictorio! Tratan de disimular el ventajismo que pretenden de la actual crisis hablando de “cerrar instituciones que no satisfagan un fin social”.

Yo pregunto: ¿Quién define entonces cuáles son sociales; acaso ellos? Una generalidad pasmosa que les permitiría meter en ese paquete de cierre a CNP, FANAL, EBAIS, RECOPE, ICE y otras tantas muy debilitadas en las últimas décadas. Porque es algo que siempre han soñado y que hoy, en la crisis, ante el papel protagónico y la eficacia que demuestran las instituciones públicas sienten que se les frustra.

Ellos prácticamente -si pudieran hacerlo- reducirían el Estado con fin social a la CCSS. Claro no sin antes afectarla en sus finanzas y dejarla funcionando al mínimo, pues desde su sesgo economicista el mercado de salud supliría todo lo demás y a “mejores” precios.

Dicen estar complacidos con la reducción unilateral de jornadas laborales en el sector privado como medida para no despedir personas mientras duren las calamidades, a la cuales le sacarán ventaja para perpetuarlas, pues en río revuelto ganancia de pescadores. Ese es su objetivo: aprovechar la crisis para precarizar salarios y beneficios.

Pero olvidan, miento, obvian, que será el Estado quien deberá brindar auxilio a esas personas con subsidios que irán desde el efectivo hasta abaratar o donar los servicios públicos, y eso no lo dicen porque se sentirían muy keynesianos, pero en el fondo lo esperan, no sin antes promover la precarización estatal, la cual disimulan con una falsa solidaridad en sus propuestas. Nadie duda que el Estado debe en esta crisis racionalizar sus gastos e inversiones y que de ello deberíamos aprender para el futuro, pero cuidado con quienes intentan disminuir su papel a futuro, pues esta no será la última crisis de nuestra historia y ocupamos un Estado cada vez más solidario.

Está claro que dichos articulistas no alaban en una sola línea el papel fundamental que muchas instituciones del Estado Solidario costarricense están y estarán desarrollando por días, semanas y meses, tal vez hasta por años, ahora y posterior a la crisis del COVID-19. Ellos saben muy bien que el mundo será otro y que sus premisas economicistas, que por años promovieron, han quedado desnudadas hoy y que se caen no por culpa de una Guerra Mundial o por la avaricia y la usura del sector financiero y bancario (Crisis del 2008), sino por algo que jamás imaginaron; por eso que tanto han alabado siempre: por una “mano invisible”.

Empero, una “mano invisible” que vino de una pandemia, la cual no se solucionará con bajar o subir el dólar, con más dinero circulando, con más o menos impuestos, sino que se soluciona con atención médica y prevenciones para la salud y la alimentación de todos. Que, por dicha de Dios, para el caso de Costa Rica, está en su mayoría en manos del Estado, el que dará sus servicios con equidad e igualdad a todos los costarricenses. No será el mercado quien defina quienes pueden disfrutar de los servicios requeridos: será la solidaridad.

El Estado costarricense no tiene problemas por su tamaño, y esa es la premisa más falsa promovida por quienes hablan de 330 instituciones estatales para asustar a los costarricenses, sumatoria que incluye a las 82 municipalidades, a 50 colegios profesionales y otras más que están en ámbitos diferentes.

El problema de nuestro Estado es la carencia de mayor eficacia y eficiencia. No es un asunto de tamaño o de despedidos, pues apenas representa el 13% de la mano de obra del país, y disminuye año con año.

Costa Rica no requiere de un estado lleno de “grasa”, pero tampoco de uno precarizado que muestre sus “costillas”; lo que requiere es un Estado fuerte y “tonificado”. Por ello, esta crisis que vivimos nos debería hacer coincidir y reclamar aún más su importancia. El Gobierno tendrá sus necesidades, y no deberá permitir el gasto indiscriminado, sino que deberá asegurarlo pues lo que viene estará lejos del alcance del sector financiero.

Estos “adalides” del mercado deshumanizado piden que el Estado costarricense se reduzca a la mitad; piden la reducción del salario de funcionarios públicos a 50%, igual que lo que se pretende hacer por ley con los funcionarios privados que son el 87% de los empleados.

Aquí lo que predican es “mal de muchos, consuelo de tontos”. Insisten en la guerra entre empleados públicos y privados que han promovido por años, pero ni por asomo solicitan una disminución de los compromisos y deudas adquiridas por los funcionarios públicos o privados, o de las utilidades en las empresas de productos de primera necesidad, pues pretenden mantener las utilidades abaratando solamente el empleo.

El empleado privado es tan importante como en empleado público. Se necesitan unos a otros, y ciertamente “si hay patadas hay pa’todos”, pero esta premisa también debe ser implementa en los momentos de bonanza, pero les aseguro que estos economicistas nunca encontrarán ese momento.

No dicen los articulistas que el Estado también tendrá una caída fuerte en sus ingresos, que ya venía con problemas, pero se le seguirá exigiendo servicios y atención oportuna. Pero siguen insistiendo en que todo es culpa del empleo público. Además, desde el Estado se deberá promover y reactivar la economía, y recuérdenme, estos mismos economicistas estarán pidiendo pronto suspender la famosa y vilipendiada regla fiscal que amarra a todo el Estado costarricense y serán ellos mismos quienes lo pedirán a gritos para la reactivación económica.

He sido pequeñito empresario toda mi vida, y estoy de acuerdo que se deben revisar con detalle las cargas sociales impositivas a los empresarios; pero no estaría nunca de acuerdo en que se aprovechen coyunturas de crisis para acabar y debilitar la solidaridad y la justicia social, pues siempre habrá hienas y tiburones esperando su oportunidad para hacerlo por beneficio particular.

El problema de nuestro Estado es la necesidad de promover mayor eficiencia y eficacia en las políticas públicas. Los servicios públicos tienen que mejorar en tiempo y calidad, y aquí la culpa es repartida entre gobernantes, sindicatos y empleados públicos, que hoy ante la crisis del COVID-19 tienen la gran oportunidad de mostrarse solidarios con sus mejores tareas para retomar credibilidad.También soy fiel creyente de la iniciativa privada, lo soy, pero nunca bajo el sustento de la desigualdad de oportunidades, porque ese no fue el país que forjamos y que debemos recuperar.

Los autores del artículo que critico aprueban las medidas que está tomando el gobierno para debilitar la seguridad de trabajo y los ingresosde los empleados privados, apuntando que si las mismas se hubiesen tomado con anticipación, la crisis por COVID-19 no nos habría tomado en una precaria coyuntura económica.

Al contrario, pienso que por dicha no se adoptaron cuando ellos las propusieron pues hoy la situación sería peor para todos los costarricenses. Por ejemplo, cuántas veces han querido debilitar nuestro sistema de salud por esa visión economicista? ¡Muchas!

En el artículo hablan de “vivir hoy para pelear otro día”. Por dicha estaba con vida nuestro Estado Solidario y gracias a ello hoy en día podemos seguir peleando.

Urgen, pues, medidas de auxilio para los pequeños y medianos productores en todas las áreas; urge ayuda para los asalariados en general, y saben ustedes quien las proporcionará: por supuesto que el Estado, ese mismo que tiene enemigos adentro y afuera; que siempre lo verán grande e ineficiente, y son precisamente esos ciegos que aun viendo… no ven.

Esta crisis pone la atención sobre la importancia del Estado, repito por tercera vez, eficiente y eficaz. Un Estado para los que lo necesitan, no para los que abusan de él, y de él abusan tanto actores públicos como actores privados.

Esta crisis pone a Costa Rica en una posición inmejorable para retomar el control del destino de nuestro país por los propios costarricenses, y será una manera de reafirmar nuestra soberanía nacional, por lo que tendremos obligatoriamente que volver a ver hacia adentro, hacia lo rural, tanto de la nación como de nuestros corazones.

– Politólogo

COVID-19: contra el odio neoliberal, ¡el Estado Social respondió!

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Las personas trabajadoras asalariadas del Estado a cargo de atender la emergencia nacional producto de la pandemia global del coronavirus COVID-19, según las respectivas responsabilidades institucionales, están dando una extraordinaria lección de solidaridad y de compromiso social que, de manera radical, contrasta con el odio neoliberal que han estado recibiendo en los últimos tiempos, especialmente en la pasada administración gubernativa y en la actual.

Nunca antes en la historia contemporánea costarricense, específicamente desde los acontecimientos bélicos del conflicto civil entre costarricenses, en 1948, el odio se había manifestado con tanta su crudeza y crueldad; como ha venido ocurriendo en los últimos años; cuando miles de personas compatriotas, por la sola circunstancia de laborar en el empleo público, fueron vilipendiadas, difamadas, calumniadas, estigmatizadas, acosadas, injuriadas, satanizadas; en medio de la campaña más perversa de agresión psicológica y de terrorismo ideológico que, repetimos, guardando las dimensiones de espacio y de tiempo, solamente habíase visto algo similar en aquellos años de los cuarenta del siglo pasado.

Se les responsabilizó del déficit fiscal y desde los latifundios mediáticos del capital, dirigidos por personas que no comprenden bien el ADN costarricense, se les prendió hogueras para que fueran quemados vivos por una opinión pública manipulada al máximo; buscando, además, crear las condiciones para que se dieran las privatizaciones y la venta de esos activos públicos hoy imprescindibles en el combate al COVID-19.

A los empleados públicos y las empleadas públicas a quienes se les tildó de “vagos”, “haraganes”, “sinvergüenzas, “ladrones”, “vividores”, “corruptos”, hoy tienen a cargo la heroica tarea, la humanitaria cruzada, la cristiana labor de que el COVID-19 no cause tanto dolor y sufrimiento como a diario constatamos que se vive en otros pueblos de la Tierra, especialmente en países que se creían sociedades “superiores” como las europeas.

Pese a ese odio neoliberal contra todo lo público, es el sector público con sus instituciones sociales y con sus empresas públicas dedicadas a la promoción del bien común y con su funcionariado civil, el que está dando la cara a favor de toda la población, tanto la nacional como la extranjera que nos visita y la migrante que vive con nosotros. ¿O han visto ustedes a clínicas y hospitales de medicina privada abriendo sus puertas de par en par para ofrecer atención solidaria a la población, especialmente la desvalida y la más vulnerable?

Particularmente, la CCSS, el ICE, el INS, el AyA, la CNE, Correos, la Fanal; los servicios migratorios y de Seguridad Ciudadana (en medio de la gran precariedad en que los tienen); el Ministerio de Salud y sus programas, el CEN-Cinai, el Inder y otras entidades; de un modo u otro, representan un modo de ser costarricense que desde generaciones anteriores desarrolló valores eternos como la promoción del bien común, la inclusión social, la reducción de las desigualdades, la solidaridad.

A partir del año 1984, cuando el gobierno de Luis Alberto Monge Álvarez, del Partido Liberación Nacional (PLN), impuso el primer programa de ajuste estructural, abriendo la primera puerta para que entraran los primeros aires inmundos del neoliberalismo y contaminaran el camino costarricense de desarrollo que ya traíamos; han pasado unos 36 años de combate abierto entre esas dos visiones de concebir la sociedad: la del egoísmo exacerbado, la del “sálvese quien pueda”, la del “todo-mercado, nada Estado”; versus la de la inclusión social, la del bien común, la de la solidaridad y la de la reducción de las desigualdades.

“No hay mal que por bien no venga”: el COVID-19, en el caso costarricense, está mostrando todo el valor de que conservemos todavía esa institucionalidad pública dedicada a la solidaridad, a la inclusión social y a la promoción de bien común. Tenemos que seguirla defendiendo y tenemos que corregirle lo que no ha estado bien; pero de ahí a entregarla a ese miserable egoísmo del lucro privado y de la codicia sin freno que pregona el neoliberalismo, hay mucha distancia.

Vivimos momentos históricos, indudablemente. Tenemos, con las excepciones de rigor, una clase política corrupta tripartidista que se encargó de mandar al tanque séptico los verdaderos postulados de la socialdemocracia y del humanismo cristiano, de la Doctrina Social de la Iglesia; corrientes de pensamiento que, junto a los mejores postulados del socialismo científico adoptado a la realidad costarricense, generaron esas instituciones sociales y esas empresas públicas que hoy están en la primera línea de fuego frente al COVID-19. 

Algunos fariseos dentro del mismo gobierno actual hoy se rasgan las vestiduras, ensalzando la circunstancia de que todavía los costarricenses tengamos esas instituciones sociales y esas empresas públicas. ¡Hipócritas! ¡Farsantes! 

Se han estado entregando al fundamentalismo fiscalista neoliberal y han descargado sobre las espaldas del pueblo trabajador las negativas consecuencias de haber estado conspirando, todos estos 36 años y desde las tiendas partidarias del PLN, del PUSC y del PAC, contra ese Estado Social que hoy nos permite enfrentar la pandemia del COVID-19 en mejores condiciones. La factura hay que pasárselas. 

Ojalá lo comprendamos a cabalidad en medio de esta oportunidad histórica que, de manera paradójica, tenemos para revitalizar la lucha cívica y patriótica en defensa del Estado Social que todavía tenemos y que, por lo general, identificamos con los rostros de Manuel Mora Valverde, Rafael Ángel Calderón Guardia, Monseñor Víctor Manuel Sanabria Martínez, José Figueres Ferrer. 

COVID-19: 5500 millones de colones diarios para la crisis

Dada la circunstancia sociohistórica tan especial que estamos viviendo a raíz de la pandemia global Covid-19, se requieren tomar medidas atípicas, excepcionales; especialmente medidas que rompan tabúes y dogmas, sobre todo macroeconómicos y fiscales, tal y como lo están haciendo ya algunos gobiernos enfrentados, como el de Costa Rica, a esta pandemia.

Constas en nuestras publicaciones, algunas en este prestigioso medio de comunicación, que hace tiempo venimos planteando que la deuda pública costarricense es, prácticamente, impagable; y que se requiere una auditoría ciudadana para manejarla hacia futuro pues, según la ideología neoliberal, estamos llegando a un punto “catastrófico”: 60% puntos del Producto Interno Bruto (PIB), aunque en este momento (se dice), vamos por el 58,5%. Sin embargo, nadie nos ha explicado por qué el 60% es el punto apocalíptico; por qué no el 61%, por qué no el 62%, por qué no el 70%, etc.

Ahora bien, lo que nos interesa destacar en este momento es la circunstancia de que, según el presupuesto de la República para este año 2020, tal y como fuera aprobado por la Asamblea Legislativa; se contempla una erogación por concepto de intereses de la deuda pública, de unos 2 billones de colones; mismos que divididos entre los 366 días de este año, implica que cada 24 horas el Ministerio de Hacienda tiene que desembolsar alrededor de cinco mil quinientos millones de colones (5.500.000.000.oo).

¿Se imaginan ustedes lo que esa cantidad de dinero, al día, podría ayudar a que la gente se preparara mejor para enfrentar las consecuencias diversas de la epidemia del Covid-19; en lo sanitario, en lo económico, en lo social, etc.? Y es que cada semana que dure la emergencia, el gobierno dispondría de treinta y ocho mil quinientos millones de colones (38.500.000.000.oo): ¿cuántas microempresas podría el gobierno auxiliar a la semana con esta cantidad de dinero?

No vengan a salirnos con el cuento de que no se puede. No vengan con la excusa de que si no se honran los compromisos financieros derivados de la deuda pública se mandaría una “mala señal” a los mercados financieros. La mayoría del volumen de la deuda pública del país, ha sido contraría con acreedores internos. Son acreedores internos de mucha solvencia que no se van a ir a la quiebra por una moratoria en el pago de sus intereses, durante tres meses, seis meses, y hasta un año. Esa sí sería una decisión de un gobierno con pantalones, que piensa en el bienestar de las mayorías por encima de los intereses de pequeños grupos. A muchos en Costa Rica los deslumbran “los goces de Europa”, bueno, ahí tienen lo que está decidiendo el presidente francés, Emmanuel Macron; o su colega español Pedro Sánchez.

Las propuestas que está haciendo Alvarado Quesada y su gobierno para que Costa Rica enfrente la pandemia del Covid-19, en todos los ámbitos en que ya se está manifestando, especialmente en el área del empleo y de la sostenibilidad de las empresas, no darán los frutos esperados sino se le entra duro al problema de la deuda pública del país y su obsceno pago de intereses. Están pretendiendo sortear la tormenta con una sombrillita para infantes; y además, con el agravante de que lo recibido habrá que devolverlo.

Finalmente, la pandemia del Covid-19 se ha encargado también de contaminar al sagrado dogma del mercado como está siendo constatado; y lo dejó al desnudo ante su incapacidad de atender la emergencia social. Para eso está el Estado; y la parte más sucia del mercado, que es la financiera, deberá pagar el precio, no la gente. Lo que está en juego es la Humanidad. 

El ejemplo del caso Odebrecht

Lic. Benjamín Sevilla García , Secretario Juventud, ANEP

Este caso cobra particular importancia, precisamente, porque constituye un ejemplo claro de lo que puede hacer y llegar a ser una marca empresarial. El caso Odebrecht tiene relevancia, no sólo por lo mediático de sus presuntos actos de corrupción, sino por la cantidad de personas, empresarios y políticos que resultaron involucrados en el tema.

Implica, a su vez, casos tan sonados de soborno y cohecho entre altos mandos de distintos países de la región que esperan resolución judicial. Como aspecto relevante destaca su carácter transnacional, su permanencia en el tiempo y la cantidad de personas involucradas.

Como es de esperar, muchísimas personas están a la expectativa de las resoluciones judiciales. Pues tienen mucha credibilidad respecto de la fortaleza de los Estados democráticos de la región y en el presente caso, se pone a prueba la madurez y consolidación de cada uno de estos Estados, la capacidad de los poderes judiciales para conservar su independencia y también, aunque no se diga abiertamente, las sociedades esperan una sanción sobre las personas que se determine son responsables. La impunidad sería un indicador directo de la perdida de legitimidad política y del debilitamiento de los Estados de Derecho.

Otro factor a tomar en cuenta es que dependiendo del manejo que se les dé a estos casos, que por su implicación y alcance son tan mediáticos, podrían fortalecerse o no los liderazgos populistas que tanto daño le han hecho a nuestros sistemas sociales y políticos.

Como sabemos Odebrecht constituye un conglomerado empresarial de Brasil especializado en la construcción, la ingeniería y la petroquímica. Una de las razones de su permanencia y fuerza operativa radicaba, al parecer, en el nexo que ha conservado con el poder político. Además, se especula que dentro de su propia organización funcionaba otro grupo que se encargaba de velar por la operatividad y eficacia de los actos de corrupción a lo interno de la empresa. Con ello se aseguraban que, a través del soborno o el chantaje, Odebrecht siempre iba a tener las licitaciones de las principales obras públicas.

¿Qué puede hacer una empresa cuya organización es compleja para evitar que sus directivos incurran en estas conductas irregulares o delitos?

La idea es que las empresas, cuyo sistema operativo sea complejo, puedan hacerle frente a este tipo de situaciones y dejar de buscar excusas. Quizá, y si actúan de buena fe, podrían lograr cierto grado de éxito si ponen en práctica una serie de medidas que tienen que ver con controles en concreto o bien, con el desarrollo de la cultura de legalidad.

Al respecto, sería importante prestarle atención a temas como la valoración del riesgo, que son aquellas conductas que pueden ser previsibles y aquellas que no lo son, lo cual, eventualmente, podrían salvaguardar a la empresa de responsabilidades. Pues si la empresa metodológicamente realiza bien su trabajo y logra demostrarlo, los juzgadores no entrarán a conocer las valoraciones de las empresas, sino el método.

Por otra parte, en nuestros países aun cuando hay altos niveles de inseguridad, violencia y poca cultura de legalidad, lo correcto es impulsar este último elemento. La idea es que los controles estén bien diseñados, el tema de si una persona no aplicó correctamente estos controles puede ser manejado de manera distinta. Por eso es que suele decirse que, en estos casos, el juez debe ponderar “entre cuál es el grado que se tiene de cultura de la legalidad y cuáles son los controles que existen en concreto”.

Pero también se debe tener presente que no en todos los casos se le puede exigir a una empresa los debidos controles. Por ejemplo, se adquiere una empresa constituida, pero esta no cuenta con ningún programa de cumplimiento normativo y a los días se descubre que se realizó un pago indebido. Difícilmente, en este caso, se le pueda indilgar la responsabilidad a los nuevos directivos.

Finalmente, aunque una empresa logre mejorar sus controles y tenga un excelente plan de cumplimiento normativo, para evitar los actos de corrupción se requiere algo más, el compromiso y la voluntad de todos sus colaboradores y directivos.

Secreto bancario, lavado de dinero, fraude fiscal y financiamiento electoral

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

La necesidad que tiene el país de contar con una real legislación que le permita levantar el secreto bancario, pero levantarlo de verdad, es inobjetable. La furia que están mostrando los sectores financieros y económicamente más poderosos así lo ratifica. La prensa que les representa ya se ha descarado, sin asco, en tal sentido, por lo que podemos afirmar de que no queda la menor duda de que estamos hablando de una legislación de enorme urgencia para beneficio de la mayoría.

Y es que no solamente es una medida urgentísima dado la brutalidad anual de las cifras de la evasión y del fraude fiscal en todas sus manifestaciones. Lo que durante muchísimo tiempo veníamos afirmando ya es oficial: prácticamente son 8 puntos del Producto Interno Bruto (PIB) lo que se dejan los ladrones de impuestos; criminales sociales que no son integrantes de la clase trabajadora, pues esta paga puntualmente lo que le corresponde, como ha sido demostrado hasta el exceso.

Algunos estiman que al día de hoy un punto PIB equivale a 372 mil millones de colones. Nosotros hemos venido manejando la cifra de 350 mil millones por cada punto PIB. Esto quiere decir que, por año, la evasión es de 2 billones 800 mil millones de colones; poco más de 7 mil 600 millones de colones diarios.

Esta cantidad de plata no se guarda debajo de un colchón. Prácticamente no es detectada porque la esconden bajo el esquema de secreto bancario, tal y como está en la actualidad. Por eso, urge levantar el secreto bancario según lo está proponiendo el actual ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves Robles.

Por otra parte, el mismísimo gobierno gringo está alertando al país en cuanto al peligro de que el lavado de dinero esté ya apuntando hacia el financiamiento de las campañas electorales; un secreto a voces en el seno de la clase política (la hegemónica y la que no lo es).

El más reciente reporte anual de la Oficina de Asuntos Internacionales sobre Cumplimiento de la Ley y Narcóticos (Bureau Of International Narcotics And Law Enforcement Affairs), del Departamento de Estados del gobierno de los Estados Unidos, ha dado a conocer el pasado 2 de marzo lo siguiente, según nota de prensa que leímos: “El financiamiento de las campañas políticas en Costa Rica se ha convertido en un nuevo foco para el lavado de dinero durante el último año”.

Lo que tal informe está indicándonos, ¡costarricenses!, es que en la política electoral ya el dinero sucio entró a jugar. Y si se indica que fue “durante el último año”, habría que preguntarse: ¿fue para la campaña presidencial del 2018?; ¿fue para las elecciones diputadiles de la actual Asamblea Legislativa? ¿Tenemos ya gente en curul legislativa financiada por el narcotráfico? ¿Fue en las elecciones municipales que acaban de pasar donde ya entró el dinero narco? ¿Por qué este informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos no ha sido ampliamente difundido, divulgado, comentado, como debe serlo una noticia que debemos considerar de enorme importancia para la Democracia?

Según tal informe, somos un país sumamente frágil lo cual permite que Costa Rica tenga mucha vulnerabilidad para grupos del crimen organizado transnacional. Somos un punto de atracción “para crímenes financieros debido a limitaciones para el cumplimiento de la ley y a su ubicación en una ruta clave para el tráfico de narcóticos y bienes ilícitos”; indicando que “las instituciones financieras siguen siendo utilizadas para el lavado de dinero”.

Los llamados sportsbooks, los sitios de apuestas en línea (que en Costa Rica son legales), los importantes flujos de turistas y migrantes; la construcción, el mercado inmobiliario y los hoteles; representan ámbitos de negocios a los cuales les tiene puesto el ojo el gobierno gringo, pues estima que posibilitan los flujos ilícitos de capital que en territorio costarricense se pueden lavar fácilmente, debido a limitaciones en la ley para combatir los crímenes financieros.

El levantamiento real del secreto bancario, por tanto, se asocia directamente con el combate a los millones y millones de dólares que inundan la economía costarricense y que escapan al control fiscal, permitiendo la concentración de riquezas y de fortunas en dimensiones inimaginables para el pueblo costarricense, agobiado en su lucha por la subsistencia diaria.

Aunque en un inicio el propio ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves Robles, se dejó decir que, en materia de lavado de dinero, de dinero sucio producto del crimen organizado y del narcotráfico, anualmente se estaría alcanzando el equivalente a 22 puntos de Producto Interno Bruto (PIB), alegando conocer informes serios al respecto; rapidito se retractó (¿o lo “retractaron”?), alegando que se había “equivocado”. Sin embargo, admitió que 6 o 7 puntos PIB circulando en el sistema financiero y en la economía costarricense es algo real; cifra que hace ya bastante tiempo de nuestra parte la venimos mencionando.

Así las cosas, 7 puntos PIB de lavado de dinero indica que hablamos de unos 2 billones 450 mil millones de colones anuales. Es decir que unos 6 mil 700 millones de colones por día se mueven, ilegal y suciamente, en el sistema financiero costarricense; lo que no se puede combatir porque los mismos gringos dicen que la legislación costarricense tiene muchas limitaciones para combatir los crímenes financieros.

¿Cómo puede haber oposición a que se proceda a levantar el secreto bancario como Dios manda? ¿Cómo negar esta realidad de que, por día, cada 24 horas, al menos están disponibles unos 14 mil millones de colones (entre robo de impuestos y lavado de dinero); cifra casi tres veces superior a los 5 mil millones de colones, también diarios, que se deben pagar por los intereses obscenos que devenga la impagable deuda pública costarricense?

El levantamiento del secreto bancario está ya en vigencia en unos 150 países y quien se oponga a que en Costa Rica se dé la legislación necesaria para tal efecto, les hace el juego a criminales evasores de impuestos y/o a criminales del narcotráfico; o, lo que es peor, tienen grandes fortunas escondidas y/o camufladas en paraísos fiscales, enormes riquezas que, con toda seguridad, son por dinero mal habido. 

PAC: “…Que veinte años no es nada”

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

“…Que veinte años no es nada”: Nos inspiramos en esta frase contenida en la letra del inmortal tango “Volver”, cantado por el no menos inmortal Carlos Gardel, para hacer alusión a que, luego de los ya históricos acontecimientos de lucha cívico-social y sindical del año 2000, contra la venta-privatización del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), la gesta patriótica del Combo ICE; surgió a la vida política del país un fenómeno partidario, conocido luego como el Partido Acción Ciudadana (PAC); que vino a quebrar el, hasta ese momento, hegemónicamente vigente bipartidismo clásico reinante en la vida pública nacional, constituido por los partidos Liberación Nacional (PLN) y Unidad Social Cristiana (PUSC).

Recordemos que ambos partidos constituyeron corrientes de pensamiento (no las únicas, por supuesto), herederas de un gran proceso histórico que Costa Riva vivió en los años 40 del pasado siglo XX; el cual desembocó en los acontecimientos bélicos entre costarricenses, conocidos como la Guerra Civil de 1948 y la posterior instauración de una dictadura, a cargo de José Figueres Ferrer (Don Pepe), de dieciocho meses de duración, para dar paso a lo que la historia oficial denomina como la Segunda República.

Posteriormente, ambos se fundirían ideológicamente, adoptando los postulados dogmáticos del Consenso de Washington, el comúnmente denominado neoliberalismo; renunciando uno, el PLN, a su filosofía socialdemócrata; y el otro, el PUSC, a su ideario básico inspirado en el humanismo cristiano y en la Doctrina Social de la Iglesia Católica.

El pueblo costarricense, en su imaginario colectivo, los fundió en uno solo: el PLUSC (Partido Liberación-Unidad Social Cristiana), al quedar reducidos a meras maquinarias electorales, reparte-puestos públicos y soporte para grandes negocios con la cosa pública contaminada de corrupción.

“…Que veinte años no es nada”. Fundado en diciembre del año 2000 e, indudablemente, hijo político del combo ICE, el Partido Acción Ciudadana (PAC), representó para muchísimas personas la renovación de la credibilidad en la política-partidista; para otro gran número, la recuperación de la senda de desarrollo con inclusión y con movilidad social que habíase convertido en un distintivo costarricense en medio de una conflictiva región centro y latinoamericana marcada por la sangre de conflictos civiles, dictaduras y regímenes militares. Otros, bastantes, creyeron que el PAC sería la nueva socialdemocracia costarricense, al haber el PLN prostituido su filosofía original y haberse entregado a ser receptor del ideario anti-estatista de signo neoliberal.

Fundamentalmente, resaltó la circunstancia de que el PAC había nacido para la recuperación de la esencia de un servicio público transparente, de confrontación total a la corrupción y de imperio de la ética; vicios de la cosa pública que con gran descaro caracterizaron al PLUSC.

“…Que veinte años no es nada”. Hoy, a mitad de camino de su segunda gestión gubernativa (conocido ya qué fue lo acontecido en su primera administración ejecutiva); con un mandatario completamente descreditado, desprestigiado y en medio de una soledad política pasmosa, aislado ante un sonado caso de espionaje presidencial que, presuntamente, él mismo ordenó ejecutar; las muletas políticas que llegan para sacarlo del lodazal de la impopularidad y del rechazo ciudadano, ahora más extendido que nunca, nos ponen en un regreso al pasado.

La llegada política a Casa Presidencial del “trío de los RO”: ROdolfo Méndez Mata, ROdrigo Arias Sánchez y ROlando Laclé Castro; para que los tres saquen del bache en que la misma se encuentra por su cadena de yerros, su pésima estrategia de comunicación y por la gravedad de las revelaciones del escándalo de espionaje UPAD; marcan el entierro político-simbólico del Partido Acción Ciudadana (PAC); pues esos señores han sido categorizados como figuras emblemáticas de la transmutación de los partidos PLN y PUSC en el PLUSC, cuyos modos de hacer política fueron radicalmente rechazados por los postulados fundacionales del PAC.

Nos preguntamos: ¿qué podrían estar sintiendo en estos mismos momentos todo ese conglomerado ciudadano limpio, harto del PLUSC, al contemplar cómo su segundo presidente entrega el comando ejecutivo a personeros claves de ese bipartidismo clásico tan repudiado por el PAC? ¿Es que acaso no se sienten traicionados?

“…Que veinte años no es nada”: En estos veinte años del PAC, entonces, ¡nada cambió! Ese es el mensaje que nos deja la conformación de esa especie de “Junta de Gobierno”, con toda la carga ideológica que representan esas tres personas, los grupos económicos a los cuales pertenecen, las matrices mediáticas del corporativismo del negocio de las noticias que les respaldan, así como las férreas posiciones que siempre han estado promoviendo esos señores, para profundizar la puesta en práctica en nuestro país, de manera total, de los postulados del Consenso de Washington; incluido, por supuesto, la privatización-venta de los mejores activos-empresas públicas que todavía quedan en manos del pueblo costarricense.

Con ocasión de las alianzas político-partidistas que el señor Carlos Alvarado Quesada llevó a cabo para lograr ganar la Presidencia de la República en segunda vuelta electoral, en abril de 2018; apuntamos nosotros que esas “malas compañías”, lo hicieron cometer una gran estafa política; estafa política que hoy queda completamente al desnudo, totalmente expuesta, pues el “trío de los RO”, no significa más que el relanzamiento de la política del bipartidismo clásico que tanto repudio popular había concitado como para dar vía y viabilidad, hace 20 años, al surgimiento del PAC.

Así las cosas, teniendo como inspiración al tango de Carlos Gardel, hay que decir “…Que veinte años no es nada”:

…Y del pueblo, ¿quién se acuerda?

Albino Vargas Bartantes, Secretario General ANEP

Con dolor y con indignación constatamos que la clase política tradicional, básicamente integrada por los partidos del actual tripartidismo neoliberal, está más preocupada en sobrevivir ella misma que en atender lo que debería ser la más grande preocupación de la Costa Rica actual: la desigualdad y cómo esta parece aumentar su fortaleza sistémica al punto de ir arriesgando la misma institucionalidad democrática del país.

Que un millón de compatriotas deba arreglárselas para sobrevivir en el día a día en medio de la más grande incertidumbre, en la informalidad, en la lucha por el bocado cotidiano sin pensar en el del día siguiente, y que más de 300 mil costarricenses sufran terriblemente por no tener trabajo no son asuntos de Estado, pues ahora lo más relevante es el allanamiento a Casa Presidencial y el escándalo del espionaje UPAD.

Que grandes segmentos de la clase trabajadora esté altamente endeudada y expoliada al máximo por las abusivas tasas de usura en los créditos; y que los precios de los medicamentos sean abultadísimos, no son cuestiones relevantes; como sí lo son si la señora Defensora de los Habitantes, o si la señora Fiscal General de la República, escenificaron, o no, un show mediático con el tema de la tal Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).

Que el proceso de empobrecimiento y la precarización salarial avanzarán más, tanto por el lado del ya casi oficial congelamiento salarial para el sector Público, por una parte; y, por otro, dado el deterioro del poder de compra en cuanto al salario mínimo en el sector Privado, son cuestiones de nulo interés mediático; pues lo más relevante es la moción de censura al Presidente y si el Ministro de la Presidencia tiene que renunciar por sus pésimas decisiones en el caso de la UPAD.

La clase política tradicional ya se metió a la carrera electoral del 2022 para la cacería de puestos políticos que le asegure su propia supervivencia en medio de la crisis social más fuerte desde la fundación de lo que denominan Segunda República; y deja que la agenda económica nacional siga su propia ruta y dinámica por la lógica de la acumulación desenfrenada, el caos tributario, la deuda pública en continuo ascenso y el pago de intereses sin control.

El decomiso del celular presidencial, la “torpeza” política de un desacreditado Ministro de la Presidencia que no lee los decretos que firma, las “travesuras” cibernéticas pero de hondo contenido ilegal del imberbe equipo asesor de Alvarado Quesada; más los malabares mediáticos de la prensa afín para sostenerle y tratar de evitar su caída libre hacia la deslegitimación total; resultan acontecimientos políticos de primerísimo orden que opacan el dolor del sufrimiento cotidiano de miles de personas trabajadoras costarricenses olvidadas por esa clase política tradicional cuyo principal desvelo es ella misma.

En estos momentos está a la cabeza del Poder Ejecutivo la persona en ese cargo que exhibe la más grande pérdida de credibilidad que presidente alguno desde que se hacen encuestas; el funcionamiento del Gobierno es casi que por generación espontánea sostenido por el funcionariado medio de la institucionalidad heredada; junto a un parlamento cuya centralidad legisladora no es el estímulo al bien común ni a la inclusión social, cuando debería ser la desigualdad la gran preocupación; entonces parece que lo peor está por venir.

El pueblo costarricense ha sido el gran “olvidado” por sus tradicionales gobernantes y de él solamente se recuerdan con ocasión de los procesos electorales de cada cuatro años, a los cuales se le lleva a votar, pero no a elegir. 

He aquí el reto mayúsculo para ayudar a que emerja la otra hegemonía, la del bien común y la de la inclusión social; la vieja, “magistralmente” retratada en el episodio del espionaje presidencial UPAD, la de la clase política tradicional, es la que necesita ser sustituida y la gente espera, con ansias, su llegada. 

Sin embargo, esa otra hegemonía emergerá cuando quienes están llamados y llamadas a hacerle emerger lo comprendan a cabalidad, y estén en gran disposición de desprendimientos personales, superación de celos egoístas y de exclusivismos autoproclamadores de ser propietarios de la verdad. En el entretanto, ese pueblo por el cual todo el mundo se corta las venas, seguirá sufriendo…. Y del pueblo, ¿quién se acuerda?

Protección de la privacidad y los datos personales en el sistema interamericano

Benjamín Sevilla García, Secretario Juventud, ANEP

Los “datos personales” tienen que ver con toda aquella información respecto de un ser humano. Información que físicamente identifica a una persona, o bien, aquella información que hace que una persona sea identificable, como es el nombre, su apellido, la dirección de correo electrónico, estado civil, profesión, identidad, entre otros.

También hay “datos personales sensibles” que son todos los datos que existen sobre una persona, pero que de ser manejado de manera indebida o divulgados de forma incorrecta, le podrían ocasionar a esta persona un grave riesgo, por ejemplo: la indebida divulgación del estado de salud de una persona, la afiliación sindical, la orientación sexual o bien, las creencias religiosas que profese.

Debido a la importancia de la privacidad y la relevancia de preservar los datos personales frente a un mundo globalizado y un vertiginoso desarrollo de la tecnología, el Sistema Interamericano aborda algunos principios de particular relevancia.

Primero: La lógica que se persigue es que los datos personales deben ser recopilados solamente para fines legítimos, es decir, para aquellos propósitos que la ley expresamente indique y se deberán recoger de manera estricta por medios justos y legales. Ninguna autoridad estatal, respecto de este asunto, tiene el permiso para actuar al margen de la ley o de manera oculta. Debe indicar de manera clara y transparente cuáles son los objetivos que llevan a recopilar, usar, almacenar o divulgar los datos de una persona. No se puede obtener la información a través del engaño o actos fraudulentos.

Segundo: La regla general es que sólo se podrán obtener los datos personales con el consentimiento libre e informado de la misma persona. Este consentimiento se debe dar luego de que la persona haya recibido la información pertinente, para que no existan dudas que puedan generar incertidumbres respecto de quién o quiénes tienen acceso a esos datos; y, cuál es el procedimiento normal y legal que se debe seguir.

Tercero: La recolección de datos tiene que responder a una necesidad real y, además, este acto tiene que ser pertinente, lo que implica que los datos tienen que guardar armonía razonable con esos propósitos específicos por los cuáles se está dando la recopilación de datos.

Cuarto: La información o datos personales deben ser usados de manera limitada y su retención también tiene límites. Esto quiere decir que los datos se deben mantener por el tiempo requerido para los fines específicos y luego deben ser eliminados, ya que la retención innecesaria y excesiva de datos personales tiene evidentes implicaciones para la privacidad.

Quinto: Respecto del deber de confidencialidad, los datos no podrán ser compartidos con terceros, ni usados para propósitos que no se corresponden con aquellos para los cuales se obtuvieron. Debe atenderse no sólo la seguridad de los datos personales, sino evitar su uso y divulgación para fines distintos.

Sexto: Los datos personales deben ser protegidos de manera minuciosa para evitar el acceso no autorizado de los mismos, el uso indebido, la destrucción o la divulgación sin previa autorización o de manera irrazonable. El tema de la seguridad de los datos debe responder de manera precisa ante el constante cambio y avance de la tecnología; y, ante los ataques cibernéticos. Esto permite entender que las personas, que en aquellos casos excepcionales puedan tener acceso a los datos personales (controladores de datos), están en la obligación de asegurarlos y, además, mantener informadas a las personas de cualquier irregularidad en el manejo de estos datos.

Sétimo: Los datos que se recopilen se deben mantener actualizados, completos y exactos, pero en relación con los fines y usos legítimos para los cuales se están recopilando, esto es lo que algunos expertos denominan fidelidad de los datos.

Octavo: En todo momento las personas titulares de los datos tienen derecho al acceso y corrección de los mismos. Esto quiere decir que en cualquier momento pueden solicitar acceso a esos datos para controlar, pedir la corrección o eliminación de lo que no se ajuste a la realidad. En el eventual caso de restringirle a una persona la posibilidad de eliminar o corregir cierta información, se deberá hacer conforme a la legislación nacional y no como un acto antojadizo de los controladores.

Finalmente, es importante indicar que el error que cometen algunos controladores de datos o autoridades nacionales es que no dan seguridad diferenciada a los datos personales sensibles de los meramente personales, vulnerando con ello los aspectos más íntimos de las personas y afectando su dignidad con intromisiones innecesarias e infundadas. Lo que es peor aún, no se tienen reglas claras respecto de la responsabilidad no sólo de las medidas a implementar para que no se dé un uso indebido de los datos, sino para sentar las responsabilidades penales y administrativas que en buen Derecho corresponden cuando haya violación a estos principios.

En la misma lógica, las autoridades estatales fallan en la implementación de mecanismos de control y seguridad para manejar los datos personales en un mundo moderno en el que se presenta un impresionante flujo transfronterizo de datos. También erran, a la hora de fijar las excepciones a los principios anteriores, sobre todo cuando se trata de usar datos personales o datos personales sensibles para otros fines que no guardan relación con la soberanía nacional, la seguridad interna o externa, el combate a la criminalidad y el tan malinterpretado “orden público”. En todo caso, aun cuando se justifique excepcionalmente el uso y almacenamiento temporal de datos personales, el Estado tiene la obligación de ponerlo previamente en conocimiento a la ciudadanía y publicar dicha excepción.

El allanamiento a la Casa Presidencial

El allanamiento a la Casa Presidencial, tardíamente efectuado, pero allanamiento al fin, efectuado por la Fiscalía General de la República en la mañana de este viernes 28 de febrero de 2020, debe ser interpretado como un duro golpe para los grupos de gran poderío económico-financiero que adoptaron a Carlos Alvarado Quesada como su “gerente político”, a partir del resultado de la segunda ronda de las elecciones presidenciales de abril de 2018.

Pretendieron que él impulsase (como efectivamente ocurrió), medidas de ajuste macroeconómico fiscal de corte neoliberal, en contra del bien común y de la inclusión social, como el paquetazo del IVA, la perversa regla fiscal y el virulento ataque al empleo público.

¡Así ocurrió! Alvarado está pagando (por tal razón y por otras similares de su errática gestión), un altísimo costo al punto de que su propia credibilidad y su propia legitimidad sufren el más grave deterioro que presidente alguno mostró desde el establecimiento de la Segunda República, en 1949.

Estafar políticamente al electorado como él lo hizo al aliarse con esos grupos del megacorporativismo empresarial, básicamente aglutinados en el sindicato patronal UCCAEP; enfrentarse, ya como gobierno, a las organizaciones laborales y sindicales en el 2018 con ocasión del trámite de la hoy fracasada ley del combo fiscal; la constatación popular, hoy muy extendida, de que tal legislación ha venido perjudicar a las grandes mayorías ciudadanas que son las menos responsables del déficit fiscal; y, compartir la gestión presidencial íntima con arribistas del bipartidismo tradicional PLUSC,  así como con el inexperto “kindergarden” político-asesor PAC en su círculo cerrado, le tienen contra las cuerdas; y si no fuera por las muletas mediáticas del gran negocio de las noticias editorializadas que lo están sosteniendo, Alvarado estaría más políticamente liquidado de lo que ya lo está.

La operación encubierta de la Unidad de Análisis de Datos Presidenciales (UPAD), destapada, al inicio, “curiosamente” por una de las apoyaturas mediáticas más ligadas al capital financiero del país, misma que al principio de la gestión Alvarado actuó como su “club porrista” más entusiasta en el mundo del periodismo digital (específicamente en cuanto al inmisericorde e infame ataque al personal asalariado del empleo público); abre enormes interrogantes no solamente a lo que pareciera ser el fin de tal apoyo a Alvarado; sino en cuanto a las verdaderas razones que se gestaron en el seno del despacho presidencial mismo, para el impulso de gran opacidad a la hoy cuestionada UPAD y todo lo conexo que con ella está apareciendo.

Ahora bien, es innegable que Alvarado y su equipo más cercano se ha adherido al conjunto de grupos y sectores de lo que conocemos como la clase política tradicional, misma que -como bien sabemos-, originalmente ha estado comandada por los partidos Liberación y Unidad (que la gente asumió originalmente como el PLUSC); y ahora PLUSC-PAC, por la ampliación al Partido Acción Ciudadana; de forma tal que comandadas las tres agrupaciones partidarias desde el punto de vista ideológico por el neoliberalismo, con su característico odio a la participación estatal en el desarrollo socioeconómico; empieza Alvarado a convertirse en un “problema” por los yerros de su estilo de gestión presidencial, su soberbia y su vanidad, así como por esta extraordinaria habilidad para ganarse las antipatías de la gente, al punto de que las demandas para que renuncie a su cargo siguen aumentando día con día.

Pareciera que han decidido dejarlo sólo sus aliados partidarios de ideología macroeconómico fiscal de corte neoliberal, principalmente las voces político-gerenciales más connotadas de la actual Asamblea Legislativa, pertenecientes a Liberación y a la Unidad (más el turequismo oportunista y rentista de la deuda político-electoral); pues, luego del escándalo de la UPAD y del espectacular allanamiento de la Fiscalía a la Casa Presidencial, seguir al lado de él es un suicidio político.

A fin de cuentas, como lo que interesa es la plata y la acumulación de capital (incluida la venta de los jugosos activos de propiedad pública que todavía quedan), tienen los votos para hacer avanzar la agenda legislativa contraria al bien común (hasta los de la propia fracción gobiernista); así que, si Alvarado debe hundirse, que lo haga enterrándose solo.

La circunstancia política en desarrollo, de gran sensibilidad para la propia estabilidad institucional de la República, no se corresponde con una buena capacidad articulada que pueda emerger desde ese amplio abanico de la resistencia potencial de carácter estratégico, que no encuentra el punto clave de la convergencia como para mostrarse en contraposición desafiante a esos grupos del alto corporativismo empresarial de los macro-negocios que parece han decidido jalar la cadena y que Alvarado se haga su propio harakiri político con sus experimentos de laboratorio político de control social mediando agencias de inteligencia.

La regla fiscal y las municipalidades

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

La institucionalidad del régimen municipal del país apenas empieza a tomar plena conciencia de la gravedad que implica la intromisión del Ministerio de Hacienda en la vida republicana de los gobiernos locales, por la imposición a éstos de la denominada regla fiscal, en contra de las aspiraciones legítimas de que el desarrollo local, vía las municipalidades, alcance mayores impactos en la Costa Rica actual, la de la exclusión y la de la desigualdad.

Para este año 2020, el Ministerio de Hacienda ha ordenado a todas las municipalidades del país que sus respectivos presupuestos no puedan crecer más allá de un 4.67%, con lo cual les obliga a contraer planes de expansión de cobertura de sus servicios, a no asumir nuevos proyectos de desarrollo socioeconómico, o bien, a golpear a aquellos que estén en proceso; e, incluso, a recortes de personal, como ya nos consta.

Obligar a las municipalidades a asumir las consecuencias de unas políticas públicas de endeudamiento que, irresponsablemente, han asumido las últimas administraciones gubernativas del tripartidismo PLUSC-PAC, constituye un verdadero acto de irresponsabilidad social y, peor aún, un atentado a la Democracia misma.

Particularmente, llamamos la atención para las nuevas autoridades que asumirán escaños en los concejos municipales en el próximo mes de mayo, tanto como corresponde indicarle a las alcaldías del período constitucional venidero (las nuevas y las reelectas); acerca de que las promesas y los compromisos que se asumieron con ocasión de la pasada campaña electoral de las elecciones municipales, no se podrían cumplir a plenitud dada la intromisión fiscalista del Ministerio de Hacienda en los presupuestos de los gobiernos locales. La gente que les votó podría sentirse engañada y, otra vez, estafada, políticamente hablando.

Es conveniente y necesario ponerse a pensar en esto: ¿qué pasará si para el 2021, la orden imperial-fiscalista del Gobierno Central, vía la cartera ministerial de Hacienda, es que las municipalidades no puedan crecer, presupuestariamente hablando, en un 5.50%; si para el 2022, las obligan a observar un 7% de contención de crecimiento presupuestario?; y, ¿qué pasaría si para el 2023, por el contrario, la orden es recorten-rebajen un 5 o un 6% (o más), del presupuesto ordinario?…

Somos del criterio de que las municipalidades, por tener esa característica de ser la forma de gobierno republicano más cercana a la gente, están destinadas a asumir mayores responsabilidades de política pública; precisamente ante la parálisis (por no decir, quiebra), del Estado central, ahogado éste por un endeudamiento imposible de honrar, además de estar estrangulado por un pago, obsceno y escandaloso, de unos 5 mil millones de colones al día.

Prácticamente, el 100% de las ingresos de las municipalidades provienen de recursos propios, de tributos que paga la ciudadanía local, misma que aspira, con sobrada legitimidad, a mejor calidad de vida, integralmente conceptuada ésta; desde adecuados servicios de recolección de basura y su exigente y necesario tratamiento de desechos sólidos, pasando por nuevos servicios de seguridad comunal ante el avance criminal, así como nuevas alternativas de recreación, de cultura y de sano esparcimiento para el fomento de vidas sanas; destacando políticas de asistencia social para las poblaciones más vulnerables de sus cantones.

Creemos que es imposible que la tecnocracia fiscalista de corte neoliberal, inspirada en nefastos postulados fondomonetaristas puede comprender, cabalmente, las necesidades sociales y comunales de todos esos poblados postergados de una gran cantidad de municipios del país; los cuales, ahora, verán más cortadas sus posibilidades y sus voluntades de atención de las necesidades de la gente que atienden, porque recibieron una orden desde la Avenida Segunda de San José para que recorten presupuesto, para que no expandan, para que le entreguen a la cartera ministerial de Hacienda, sus “superávits”.

La enorme torpeza política, combinada con el fanatismo ideológico anti-estatista que impregna el quehacer parlamentario de la actual Asamblea Legislativa, violentó groseramente la autonomía constitucional del régimen municipal con la inclusión en el mismo en la nefata legislación 9635, Fortalecimiento de las finanzas públicas, popularmente conocida como la ley del combo fiscal. La no menos nefasta regla fiscal arrasó con varias autonomías constitucionales, incluida la de las municipalidades.

Dos proyectos de ley están presentados para corregir el grave error de la aplicación de la regla fiscal a los gobiernos locales. Al parecer, ya habría algún nivel de conciencia entre algunas personas diputadas actuales que le dieron su voto a esa ley, que estarían admitiendo que con las municipalidades se cometió un monumental error en esto de la regla fiscal. Es urgente que se aprueben y ambos expedientes pueden ser conjuntados para bien de la comunidad municipal costarricense.

Finalmente, creemos que es imprescindible que las autoridades municipales salientes y entrantes, que toda la población trabajadora de los gobiernos locales y sus diversas expresiones organizativas, que las comunidades y que las fuerzas vivas cantonales, sin miramientos de color partidario alguno, cierren filas para defender al régimen municipal costarricense. Nos atrevemos a decir que, desde la promulgación de la actual Constitución Política de la República, la del 7 de noviembre de 1949, jamás las municipalidades habían enfrentado un peligro semejante: la regla fiscal y la contraproducente carga ideológica que conlleva, misma que es enemiga del desarrollo local con integración social y económica.