Categoría: Opinión

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

El más reciente anuncio público de parte de la señora Rocío Aguilar Montoya, ministra de Hacienda, es muy revelador del fracaso de su gestión. Nosotros pensamos que debe irse. Creemos que ella está matriculada, ideológicamente, con una visión del desarrollo de la sociedad que ha fracasado; y, por el contrario, se impone otro enfoque del problema fiscal del país.

Nos dice esta señora que el déficit fiscal no baja y que vamos hacia los 6 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB), al finalizar este año 2019, considerando que a la mitad del mismo se llegó al 3%.

Prácticamente está indicándonos que se avecina otro paquetazo de impuestos en el corto plazo; mismo que, una vez más, recaerá sobre las espaldas de las mayorías populares y ciudadanas, habida cuenta de que, por su posición ideológica, dicha jerarca no está dispuesta a impulsar transformaciones tributarias estructurales, sin las cuales, nos seguiremos hundiendo en el precipicio del pago de la deuda y sus más que abusivos intereses.

Según nuestro entender, escuchando y leyendo a personas y entidades especializadas, se requiere, al menos, una sólida intervención política para entrarle fuerte al problema fiscal del país que, como lo hemos dicho muchas veces, es sumamente grave; pero tal gravedad no es imputable ni a la clase trabajadora (en todas sus clasificaciones), ni al micro, pequeño y mediano empresariado.

Dice la Ministra de Hacienda que dos factores siguen jugando para que estemos en la ruta perversa del alto déficit fiscal: la desaceleración económica y el alto pago de intereses de la deuda.

Entonces, por un lado, hay que potenciar la necesidad de efectuar una auditoria ciudadana de la deuda, tal y como fue practicada en otros países. El nuevo espacio de confluencia de fuerzas sociales que se ha coaligado en el Encuentro Social Multisectorial (ESM) ya está avalando nuestro planteamiento al respecto; planteamiento que viene también respaldado por un notable grupo de empresarios que estiman que la deuda pública del país es un barril de pólvora cuyo estallido sería de inenarrables consecuencias. 

Por otra parte, expertos indican que Costa Rica tiene desafíos fiscales estructurales que, a nuestro juicio, ni siquiera se mencionaron con ocasión de la tramitación de la traumática ley del combo fiscal, mal llamada de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

Esos desafíos fiscales estructurales plantean aspectos como que el gasto público es insuficiente y sumamente rígido; hay poca transparencia en la ejecución del gasto; los ingresos públicos son insuficientes para cubrir los gastos; la carga tributaria es rígida; los resultados del combate a la evasión son muy pobres; la estructura tributaria no permite el combate a los FIC (flujos ilegales de capital, léase dinero sucio, dinero del narcotráfico); la estructura tributaria es regresiva; gastos tributarios como estrategia de competitividad; y, la deuda pública tiene rasgos de insostenibilidad, es decir, que no se puede pagar.

La clase política tradicional, entendida ésta como las cúpulas y las estructuras partidarias centrales de los partidos Liberación, Unidad y Acción Ciudadana, pretenden continuar ignorando la naturaleza profunda y extendida del malestar ciudadano, laboral, social y hasta empresarial.

Por otra parte, las matrices mediáticas todavía hegemónicas continúan sosteniendo un estado de cosas que hace aguas por todo lado.

Particularmente, los señores Ignacio Santos y Armando González, así como las señoras Silvia Ulloa y Amelia Rueda, deben responsabilizarse también de lo que nos está pasando, pues ellos representan ya actores políticos en el amplio sentido del término.

Afortunadamente a ellos, como contrapartes del escenario confrontativo-polarizador que está más al rojo vivo que nunca antes, los cobija la Democracia; esa Democracia que también nos cubre a quienes estamos en la activa protesta social y sus diferentes y multifacéticos episodios de movilización que se han venido dando y que continuarán presentándose.

Esta clase política, estas personas directoras de los indicados medios de prensa, más el gran “empresauriado” (básicamente aglutinado en la UCCAEP), representan los sectores ganadores de un modelo económico y de distribución de la riqueza que la ha concentrado en grado sumo; y que, por tanto, ha tirado a miseria, a la pobreza, a la vulnerabilidad de pobreza y al alto endeudamiento, a cada vez más sectores de la sociedad; de los cuales, los que están aglutinados en sindicatos de clase trabajadora, son apenas una parte.

Si las percepciones ciudadanas acerca del carácter y del desenvolvimiento de la gestión gubernativa-ejecutiva que está encabezando el señor Carlos Alvarado Quesada, son abrumadoramente negativas, prácticamente del 80%; entonces es que se han venido juntando las dos Costa Rica de las cuales hemos venido hablando en los últimos tiempos; vs. la Costa Rica que integran esos grupos y personas a los cuales les ha ido muy bien, les sigue yendo muy bien y les seguirá yendo muy bien, en sus respectivas zonas de confort que les garantiza, por ejemplo; la acumulación de riqueza, el escamoteo de las responsabilidades tributarias, la corrupción de la colusión de la cosa pública con el alto corporativismo empresarial, el alto rentismo salarial de las burocracias doradas y de altas gerencias corporativas.

¿Qué es lo que nos está pasando? Que las otras dos Costa Rica excluidas se han venido juntando, mediando sus distintas expresiones organizativas y espontáneas.

La Costa Rica de la desesperanza, la de quienes tienen que luchar durísimo, en total adversidad, por la comida diaria; en la informalidad, en el desempleo e, incluso, acudiendo al delito.

La Costa Rica que se resiste caer en la pobreza, los amplios sectores de la otrora próspera clase media; altamente endeudada y sobre la que está recayendo el peso del ajuste fiscal draconiano; mediante reducción de derechos económico-sociales, rebajas y congelamiento salarial, inseguridad en empleo, flexibilizándolo para despedir con más “eficiencia”; ahogada con los intereses de usura en tarjetas de crédito; con el micro-pequeño y mediano empresariado arrinconado contra la pared de la ruina y la desaparición; entre ellos los productores agropecuarios nacionales.

Es esto lo que está pasando. No es producto de una mente perversa, ni de la acción de una única persona, o de un único individuo a quien, ustedes, los de la élite política del real poder, insisten en culpabilizar de todo el desastre económico de los últimos 30 años.

Sigan durmiendo de ese lado. Si están pesando en la eliminación física del objetivo que han determinado desaparecer (siguiendo la lógica del principio número uno del manual goebbelsiano de la propaganda nazi), de nada les servirá.

Pensamos que la sordera y la ceguera política en que están sumidos, les estallará en la cara pues son miles y miles los que ya llegaron a un nivel de hartazgo muy fuerte.

Es hora del gran diálogo, real y transparente; efectivo y sincero. ¡Es hora de la paz!

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

El infernal régimen totalitario de Adolfo Hitler, en la Alemania nazi del período 1933-1945, tuvo en la propaganda un punto fundamental para la manipulación de las masas a niveles prácticamente únicos en la historia contemporánea del planeta.

Joseph Goebbels, ministro de Propaganda de Hitler, ideó, en una especie de inspiración malévola y perversa insuperable a la fecha, 11 principios en materia de propaganda; planteamientos de tal impacto psicológico-operativo en el control de las mentes que siguen siendo aplicados, en estas épocas, a los más diversos ámbitos de la vida en sociedad.

Lo que ha venido pasando en la sociedad costarricense de los últimos tiempos y gobiernos, nos muestra a una clase dominante, política y económicamente hablando, que le cuesta mucho mantener el control.

Los políticos y los partidos que le sirven se han venido desprestigiando, deslegitimando, corrompiendo y aislándose de las necesidades y de las aspiraciones de la gente que tan solo busca vivir en paz, con seguridad y bienestar.

Nunca antes como ahora, la distancia entre el gobernante y los gobernados había sido tan profunda.

La más reciente apuesta de esa clase dominante por renovar su control hegemónico, el Partido Acción Ciudadana (PAC), no les funcionó. Presuntamente, y según su propio fundador -hoy defenestrado por sus propias actuaciones-, el PAC nació con dos objetivos estratégicos fundamentales: combatir la corrupción y combatir el neoliberalismo. Ni lo uno ni lo otro.

¿Cómo estamos hoy? El PAC (ahora Gobierno por segunda vez), está tan deslegitimado como sus contrapartes ideológicas, PLN y PUSC. Hoy, los tres, completamente desgastados y con credibilidad a ras del suelo.

Es en tal sentido que esta gente del poder, gran parte de la cual no tiene escrúpulos y mediando la prensa del odio que responde a sus intereses, viene aplicando varios de los 11 principios de la propaganda nazi para tratar de frenar el ascenso de un proceso de resistencia cívico-popular que hoy tiene más amplia base social que hace un año.

Ponga usted cuidado a lo que indica el principio número uno de la propaganda nazi-goebbeliana: “Principio de simplificación y del enemigo único. Adoptar una única idea, un único símbolo, individualizando al adversario en un único enemigo”.

A medida que van quedando al desnudo sus incompetencias estructurales para generar una sociedad de integración social, los sectores del real poder, el política y económicamente hegemónico, han venido tratando -de manera poco ética y muy perversa-, de que la población crea que los males generales de la sociedad se deben a la acción de una sola persona, en este caso de carácter sindical; y, ahora, en la organización sociolaboral que le cobija.

Contando con varias renombradas figuras del periodismo nacional al servicio de corporaciones mediáticas del gran negocio de las noticias, el postulado nazi de la propaganda goebbeliana, “principio de simplificación y del enemigo único” ha venido cobrando notoriedad realmente peligrosa, pues se nota intencionalidades subliminales para que tal individuo-persona sea exterminado físicamente, incluso.

Gran parte de la fractura social que muestra nuestra convivencia como sociedad en estos momentos se debe a la acción perversa de ese periodismo de odio que, sin escrúpulo alguno, ha venido potenciando ese principio nazi propagandístico; pues ante la potencia argumentativa de la resistencia civil que descalifica el modelo económico excluyente que nos vienen imponiendo, resulta más “práctico” personalizar al máximo en ese individuo sindical que, de manera reiterada, es una voz (dentro de tantas), que viene señalándoles el mal rumbo que le han impuesto al país, acumulando riquezas de manera desenfrenada y hasta (en algunos casos), por métodos nada convencionales y sí ilegales.

Lo que no parecen considerar es la real dimensión del impacto liberador que está generando en las bases de la población el uso de las redes sociales, por un lado; y, por otro, el papel de la prensa decente y el de la prensa digital de carácter alternativo. Se está rompiendo el bloqueo ideológico que hasta no hace poco mantenían esos latifundios mediáticos controlando las mentes populares.

Y, lo segundo, también de manera afortunada para la democracia, es que la solidez argumentativa de las propuestas formuladas por la amplia gama de sectores cívico-sociales y sindicales en resistencia va teniendo fuerza social, músculo social. 

La ruta hacia el retorno de la inclusión social, la de la reducción de las desigualdades, la del bien común y la del fortalecimiento de las políticas públicas al efecto, se ha abierto ya con mucha solidez y ese tránsito liberador de la gente hastiada, indignada, enojada empezó con enorme fuerza. 

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

La máxima cúpula empresarial del país, sindicalizada en el gremio representativo de los intereses de los mega-negocios y del más alto corporativismo del sector privado de la economía, la UCCAEP, gritó a los cuatro vientos denunciando que cada día de bloqueo en las principales rutas nacionales (especialmente, la número 32), generaba una “pérdida” de 10 millones de dólares diarios, en el rubro de las exportaciones.

Como lo sabe todo el mundo, el pasado lunes 24 de junio, con la histórica manifestación de los cuerpos policiales del país, inició un nuevo episodio de lucha social contra el modelo neoliberal; lo cual (entre otras expresiones de acción civil organizada y explícita), mostró a gran cantidad de trabajadores traileros-transportistas, con sus herramientas de trabajo (los cabezales y los camiones), estacionados en carreteras de enorme relevancia para la economía del país.

Este no es punto principal para el presente comentario. Es el de los datos, las cifras, los números. Empecemos: 10 millones de dólares diarios multiplicados por 365 días al año, son 3.650.000.000; 3 mil 650 millones de dólares.

Con el tipo de cambio de 590 colones por dólar, hablamos de la siguiente cifra en colones: 2 billones 153 mil 500 millones de colones (2.153.500.000.000). Entonces, hablamos de unos 6.15 puntos del Producto Interno Bruto (PIB).

Si la gritería del alto corporativismo empresarial es cierta, en cuanto a que cada día de la actividad exportadora del país genera unos 10 millones de dólares; tenemos que la fuerza obrera que labora en la misma y todo el conglomerado laboral que gestiona lo pertinente, generaría 6.15 puntos de PIB al año (a razón, de 350 mil millones de colones por cada punto PIB).

La obligada pregunta que generan estos datos se relaciona con la naturaleza del cumplimiento de las responsabilidades de Seguridad Social y tributarias de esos conglomerados corporativos exportadores; pregunta de multifacéticas derivaciones con sus respuestas correspondientes.

¿A quién se le podría ocurrir la bestialidad de pensar de que los sindicatos estamos en contra de la actividad exportadora del país? ¿Cómo alguien en el mundo de este tipo de negocios y de mediana inteligencia, podría pensar que exista una intencionalidad maquiavélica para atentar contra los miles de puestos de trabajo que son el pilar de este desarrollo comercial del país?

Lo que sí resulta legítimo es preguntarse si tal nivel de capital involucrado en esta actividad exportadora, es congruente con un nivel distributivo justo, tanto en el plano salarial-ocupacional, como en el plano de las responsabilidades tributarias para con la sociedad.

Lo que sí resulta legítimo es preguntarse si esta actividad es generadora de pérdidas y/o de cero ganancias, como pareciera derivarse (en algunos casos), de la más reciente información obligadamente divulgada por el Ministerio de Hacienda.

Lo que sí resulta legitimo es proponer una revisión estructural del sistema impositivo de la actividad, con la finalidad de determinar si se guarda relación con el volumen de dinero generado, las aportaciones salariales y a la Seguridad Social; y, como indicamos, las responsabilidades para con el sistema tributario.

Para que tengamos una idea más cabal de la magnitud de los recursos, de las ganancias, del valor monetario del rubro exportador del país (considerando la supuesta pérdida diaria de 10 millones de dólares por los bloqueos), esos 6.15 puntos PIB representan un poco más de 5 veces lo que se pretende recaudar con el controversial paquetazo de impuestos-combo fiscal, ley 9635, “cuna madre” de las protestas sociales del año pasado, de las que se acaban de desarrollarse y de las que vendrán.

Esta “cuna-madre” se llama injusticia tributaria: un sistema de impuestos que obliga a pagar más, proporcionalmente hablando, a quien gana menos; y los que ganan más, no pagan lo debido, lo evaden-lo eluden, son exonerados y, lo que es peor, lo sacan del país para esconder sus capitales en paraísos fiscales.

Es éste el problema fundamental-central de nuestro tiempo, de nuestro tiempo tormentoso.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

La máxima cúpula empresarial del país, sindicalizada en el gremio representativo de los intereses de los mega-negocios y del más alto corporativismo del sector privado de la economía, la UCCAEP, gritó a los cuatro vientos denunciando que cada día de bloqueo en las principales rutas nacionales (especialmente, la número 32), generaba una “pérdida” de 10 millones de dólares diarios, en el rubro de las exportaciones.

Como lo sabe todo el mundo, el pasado lunes 24 de junio, con la histórica manifestación de los cuerpos policiales del país, inició un nuevo episodio de lucha social contra el modelo neoliberal; lo cual (entre otras expresiones de acción civil organizada y explícita), mostró a gran cantidad de trabajadores traileros-transportistas, con sus herramientas de trabajo (los cabezales y los camiones), estacionados en carreteras de enorme relevancia para la economía del país.

Este no es punto principal para el presente comentario. Es el de los datos, las cifras, los números. Empecemos: 10 millones de dólares diarios multiplicados por 365 días al año, son 3.650.000.000; 3 mil 650 millones de dólares.

Con el tipo de cambio de 590 colones por dólar, hablamos de la siguiente cifra en colones: 2 billones 153 mil 500 millones de colones (2.153.500.000.000). Entonces, hablamos de unos 6.15 puntos del Producto Interno Bruto (PIB).

Si la gritería del alto corporativismo empresarial es cierta, en cuanto a que cada día de la actividad exportadora del país genera unos 10 millones de dólares; tenemos que la fuerza obrera que labora en la misma y todo el conglomerado laboral que gestiona lo pertinente, generaría 6.15 puntos de PIB al año (a razón, de 350 mil millones de colones por cada punto PIB).

La obligada pregunta que generan estos datos se relaciona con la naturaleza del cumplimiento de las responsabilidades de Seguridad Social y tributarias de esos conglomerados corporativos exportadores; pregunta de multifacéticas derivaciones con sus respuestas correspondientes.

¿A quién se le podría ocurrir la bestialidad de pensar de que los sindicatos estamos en contra de la actividad exportadora del país? ¿Cómo alguien en el mundo de este tipo de negocios y de mediana inteligencia, podría pensar que exista una intencionalidad maquiavélica para atentar contra los miles de puestos de trabajo que son el pilar de este desarrollo comercial del país?

Lo que sí resulta legítimo es preguntarse si tal nivel de capital involucrado en esta actividad exportadora, es congruente con un nivel distributivo justo, tanto en el plano salarial-ocupacional, como en el plano de las responsabilidades tributarias para con la sociedad.

Lo que sí resulta legítimo es preguntarse si esta actividad es generadora de pérdidas y/o de cero ganancias, como pareciera derivarse (en algunos casos), de la más reciente información obligadamente divulgada por el Ministerio de Hacienda.

Lo que sí resulta legitimo es proponer una revisión estructural del sistema impositivo de la actividad, con la finalidad de determinar si se guarda relación con el volumen de dinero generado, las aportaciones salariales y a la Seguridad Social; y, como indicamos, las responsabilidades para con el sistema tributario.

Para que tengamos una idea más cabal de la magnitud de los recursos, de las ganancias, del valor monetario del rubro exportador del país (considerando la supuesta pérdida diaria de 10 millones de dólares por los bloqueos), esos 6.15 puntos PIB representan un poco más de 5 veces lo que se pretende recaudar con el controversial paquetazo de impuestos-combo fiscal, ley 9635, “cuna madre” de las protestas sociales del año pasado, de las que se acaban de desarrollarse y de las que vendrán.

Esta “cuna-madre” se llama injusticia tributaria: un sistema de impuestos que obliga a pagar más, proporcionalmente hablando, a quien gana menos; y los que ganan más, no pagan lo debido, lo evaden-lo eluden, son exonerados y, lo que es peor, lo sacan del país para esconder sus capitales en paraísos fiscales.

Es éste el problema fundamental-central de nuestro tiempo, de nuestro tiempo tormentoso.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

El pasado lunes 1 de julio de 2019, entró en vigencia el cobro del Impuesto al Valor Agregado (IVA), y la magnitud de su injusticia se desnuda ante bancos inundados de plata.

Con datos en la mano, proporcionados a la ANEP por el Banco Central de Costa Rica (BCCR), ante solicitud nuestra y con corte a setiembre del año 2018, se nos muestra la magnitud de la injusticia que representa la imposición del Impuesto al Valor Agregado (IVA); con gran agobio económico para los sectores empobrecidos, los asalariados altamente endeudados, el micro, pequeño y mediano empresariado y, por supuesto, la cada vez más estrujada y sacrificada clase media.

Si hay un dato que, con dolorosa crudeza, muestra la profundidad de la injusticia que agobia a la mayoría del pueblo costarricense por un modelo económico fracasado, es los datos de los depósitos y tenencia de activos que en moneda extranjera tienen, por un lado, los bancos comerciales; y, por otro, los sectores económicamente poderosos de gran influencia política en nuestra sociedad.

Los bancos públicos y privados en depósitos del público y tenencia de activos en moneda extranjera acumulan 32.819 millones de dólares: $32.819.000.000,00, esto es 19 billones 363.210 millones de colones: ¢19.363.210.000.000,00, lo que representa ¡55,32 puntos del PIB!

Y, con toda la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, No. 9635, conocida popularmente como combo fiscal, incluyendo el IVA, pretenden recaudar 1,40% del PIB, haciéndole daño a la mayoría de la población.

Por otra parte, los sectores de gran poderío económico, el gran empresariado corporativo de los meganegocios, incluyendo potenciales capitales de procedencia dudosa, tenían depósitos en bancos y a esa misma fecha de setiembre de 2018, 12.351 millones de dólares: 12.351.000.000, 00. En colones, 7 billones 287.090 millones (¢7.287.090.000.000,00). Esto equivale a, prácticamente, 21 puntos del PIB.

¡Es indudable! El Sistema Bancario Nacional pudo, por sí mismo, librar al pueblo costarricense del injusto paquetazo fiscal y del IVA mismo.

Es más, semejante acumulación de capital también serviría para resolver el mismísimo déficit fiscal.

Esa espantosa situación (más allá de la lógica de la comprensión de la generación de lucro privado producto de la actividad empresarial), se debe a los profundos procesos de exclusión económica, de sistemática desigualdad y de abusiva concentración de la riqueza; procesos cuya responsabilidad política fundamental debe caer sobre los partidos Liberación, Unidad y PAC y los soportes mediáticos, “pone-magistrados”, que les sustentan.

Contra este megapoder, el de la corrupción y el de la codicia desenfrenada, lucha el pueblo costarricense. En el fondo, esta acumulación tan excesiva y tan desenfrenada de dinero es lo que reclaman las mayorías, al sentirse excluidas, burladas, en total indefensión económica y social por la desigualdad indetenible; y por el hambre en no pocos casos ya. 

En defensa de nuestros más sagrados valores nacionales y de nuestra Constitución Política, nos constituimos como el Encuentro Social Multisectorial (ESM). Como instancia de reacción popular, se ha recogido el malestar de la ciudadanía y las demandas de sectores productivos y sociales ante las políticas económicas del Estado que estimula la concentración de capital, el empobrecimiento de la mayoría de la población, la indigencia, el desempleo y otros.

El Encuentro Social Multisectorial (ESM), es la alianza de sectores que consideran a un gobierno en contubernio con partidos tradicionales y sectores empresariales que trasladan a la población laboralmente activa (formal e informal), la factura del déficit fiscal omitiendo una justicia distributiva.

En este punto, la evasión fiscal, las amnistías tributarias, la corrupción de aduanas, la ineficiencia del Estado en el manejo de los recursos públicos (infraestructura escolar, vial y otros), dejan la sospecha de la imposición de un modelo económico (“neoliberal”, de economía de mercado, de concesión de obra pública y otros), que desmantela instituciones estatales (CNP, CCSS, ICE, RECOPE, JAPDEVA, INS y otros).

En virtud de lo anterior, planteamos al Gobierno de la República, una mesa de negociación multisectorial unitaria, para abordar los siguientes grandes temas nacionales:

1. Salida de Edgar Mora Altamirano.
2. Defensa de los valores cristianos como parte esencial de la identidad de la sociedad y las familias costarricenses, por lo que se solicita revisión integral de los programas educativos.
3. Moratoria de 18 meses del IVA y transformación del sistema tributario.
4. Atención urgente a problemáticas de transportistas.
5. Atención urgente a problemática de pescadores.
6. Atención urgente a deudas de agricultores, productores agroalimentarios, problemas rurales y mercadeo integral de productos y seguridad jurídica de la tenencia de la tierra y uso de suelo.
7. Tramitación urgente de proyectos contra intereses de usura.
8. Retiro de TODOS los proyectos de ley que atenten contra las libertades sindicales y sociales.
9. Retiro del proyecto Ley marco de empleo público.
10. Devolver el INFOCOOP al Movimiento Cooperativo, según lo establece la ley de asociaciones cooperativas.
11. Defensa del ICE contra la privatización del modelo eléctrico nacional, promovida desde el Ejecutivo a través del MINAE. Respeto a la autonomía institucional dada por ley 8660.
12. Problemática de Limón: Ilegalidad de APM Terminals por incumplimiento contractual, respeto al interés público y económico, fortalecimiento de JAPDEVA y solución a la problemática de empleo en Limón.
13. Defensa y fortalecimiento del CNP.
14. Atención a pliego de cuerpos policiales.
15. Recuperación de la autonomía constitucional del régimen municipal.
16. Detener el despilfarro de dinero en este momento por parte del MEP.
17. Retiro del proyecto de educación dual y cambios en prueba faro.
18. Impulsar un vigoroso plan de reactivación económica.

El anterior es el contenido fundamental de una agenda mínima para la reducción de la desigualdad, dada a conocer al país este lunes 1 de julio de 2019, en el marco de una atmósfera nacional de efervescencia.

Albino Vargas, Secretario General ANEP

Hoy, 1 de julio de 2019, el cuestionado Impuesto al Valor Agregado (IVA) entra en vigencia, en medio de una gran conmoción social: las manifestaciones de costarricenses traileros y transportistas, con gran apoyo ciudadano, en muchos puntos de la geografía nacional; proceso de lucha social que podría ampliarse en próximos días.

La entrada en vigencia del IVA representa un fuerte golpe a los sectores medios y populares del país, pues se trata del impuesto más injusto de todo el sistema tributario nacional, cuyo carácter regresivo se profundiza a partir de hoy lunes 1 de julio.

Como bien sabemos, en Costa Rica y proporcionalmente hablando, pagan más impuestos quienes menos tienen; y los que tienen más, no pagan lo debido. Se la pasan escamoteando, evadiendo, eludiendo sus responsabilidades tributarias y/o escondiendo sus fortunas fuera del país en paraísos fiscales.

Efectivamente, el IVA no discrimina capacidad de ingreso de las personas, lo cual lo hace más grave la situación financiero-familiar de quienes, aunque teniendo empleo fijo, sufren congelamiento salarial, en los sectores público y privado; de ese millón de compatriotas en la informalidad; de las casi 300 mil personas desempleadas (en cuenta, casi el 40 % de ellas, jóvenes); amén del fuerte impacto negativo en la estabilidad económica de las micro-pequeñas y medianas empresas.

Los sectores pudientes, con gran peso político-económico en la vida del país, han bloqueado todas las iniciativas para llevar un poco más de justicia al sistema tributario nacional.

Sobran las alternativas y las propuestas para hacer llegar recursos frescos a las golpeadas finanzas públicas, cuyo deterioro no puede imputársele al pueblo costarricense. El abultado déficit fiscal no es culpa de la clase trabajadora.

Por el contrario, ésta y, en general, las mayorías ciudadanas sufren las consecuencias de esas espeluznantes cifras de la evasión y del fraude fiscal: 8.5 puntos del Producto Interno Bruto (PIB); sufren porque deben hacerse cargo de los 6 puntos PIB en materia de exenciones y de exoneraciones establecidas en 440 leyes que nadie quiere revisar. Y esto, tan sólo para citar dos ejemplos de la monstruosa injusticia tributaria.

Como si esto no fuese suficiente, las personas pagadoras del IVA están, en gran cantidad, altamente endeudadas cargando con esos abusivos intereses de usura, que le sacan a la gente, anualmente, casi 7 puntos PIB; unos 2.3 billones de colones que van a parar a los bolsillos de reducidos grupos económicos, especialmente los del sector financiero.

Entre otras razones, ello ha motivado que la acumulación de riqueza en el sistema bancario (público y privado), ande por el orden de, prácticamente, unos 33 mil millones de dólares; cifra que al pasarla a colones resulta incomprensible para dimensionar su magnitud: supera ya los 19 billones de colones (19.363.210.000.000).

La lucha social y popular por la más que necesaria transformación tributaria estructural que ocupa la golpeada Democracia costarricense de la actualidad, es una tarea pendiente por parte de todas las fuerzas cívicas y patrióticas del país; anhelando que en algún momento se dé la conjunción estratégica al respecto, cuya ausencia posibilita que los sectores dominantes agredan a los y las de abajo con injusticias tributarias como la del IVA.

San José, lunes 1 de julio de 2019.
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) Colectivo Sindical PATRIA JUSTA.

Una de las demandas que genera mayor atención, de las planteadas con ocasión de la histórica manifestación de los cuerpos policiales del país, ocurrida este lunes 24 de junio, tiene que ver con el delicado debilitamiento que sufren estos en cuanto al recurso humano; una circunstancia que no han querido atender las autoridades políticas de los últimos gobiernos, precisamente por los fundamentalismos dogmáticos que dominan las cuestiones relacionadas con la política macroeconómica y fiscal del país.

En tal sentido, resulta dramática la situación que se vive en los parques nacionales y en las áreas protegidas de nuestro país. Se le pregona al mundo que somos un país “verde” y que el 25 % del territorio nacional está ecológicamente destinado a su preservación. Este es uno de los mejores “ganchos” para la atracción del turismo internacional.

Sin embargo, estamos mostrando una doble moral pues se está perdiendo esta ventaja comparativa que se ha tenido en cuanto al mercadeo turístico, dado que el narcotráfico, el crimen organizado, la delincuencia común y la caza furtiva están arrinconando al escaso y desprotegido personal del servicio público de guardaparques; cuyos trabajadores se sienten impotentes y en total estado de indefensión para asumir tantos frentes abiertos a la vez, en materia de seguridad y de preservación de las áreas verdes del país. Mal pagados, precariamente dotados de herramientas y de tecnología y sobreexplotados, exigen más personal.

Otro caso de irresponsabilidad política de la clase hegemónicamente gobernante tiene que ver con la carencia de personal en la policía migratoria del país. Sin caer en xenofobias, la realidad es que a nuestro país entra “Raymundo y todo el mundo” con la mayor facilidad. Las fronteras nacionales están prácticamente abiertas y el escaso personal, también mal pagado, extenuado y sobreexplotado, sigue sin reforzamiento estratégico.

Por ejemplo, en los aeropuertos internacionales del país crece la llegada de turistas y con bombos y platillos se anuncia que más líneas aéreas abren rutas de acceso directo desde sus lugares de origen al territorio nacional, pero la agilidad de la tramitación sufre en cuanto a celeridad por la escasez de personal.

El colmo de esta penosa situación es el fuerte reclamo de que hemos llegado a punto tal de irresponsabilidad que está haciendo falta personal de control aéreo, algo que nos hace correr el riesgo de que seamos un país que cae en el ridículo al respecto, por graves problemas de seguridad aérea.

En cuanto a la carencia de personal para la importante labor de la seguridad en las carreteras, la situación es igual de grave. Se ha determinado que, al menos, hacen falta unos 1.000 oficiales de Tránsito para atender el fenómeno psicosocial que acontece en las carreteras del país con conductores en alto grado de estrés, de tensión, de agresividad, por la acumulación de una serie de factores que vuelven más peligroso el transitar por las rutas nacionales.

No hay palabras para expresar la realidad que vive el sacrificado y disminuido cuerpo de oficiales fiscales del país, encargado de combatir el robo de impuestos en todas sus manifestaciones. Cuesta creer que un país con una cifra de evasión tributaria superior a los 8 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB) tenga 100 efectivos en este cuerpo policial.

La magnitud de la irresponsabilidad política de la gente que controla el real poder en este país al respecto no tiene perdón de Dios. El robo de impuestos es un crimen contra toda la sociedad y debería ser estratégicamente prioritario su combate para una buena fe gubernativa centrada en la promoción del bien común y de la inclusión social. ¡No la hay!

El déficit de personal policial penitenciario es, igualmente, preocupante en grado sumo. Si no fuera por su altísima vocación de servicio público, el país habría presenciado y vivido dolorosos episodios de violencia intramuros carcelarios como se han dado en otros países, con muertes incluidas.

Igualmente, el cuerpo policial más grande del país, la Fuerza Pública, tiene grandes dificultades para atender los crecientes desafíos de seguridad ciudadana en un país que, dolorosamente, está apostando por la desigualdad, por la concentración de la riqueza, por el alto desempleo y la no menos alta informalidad; amén de que la violencia y el crimen organizado muestran un desarrollo criminal muy cualitativo y el Estado no está haciendo lo correspondiente con relación al fortalecimiento, en todos los ámbitos, incluido más personal, con su fuerza pública.

Hay que enfrentar con mucha fuerza, unidad, solidaridad y argumentos la perversa política neoliberal de satanización del empleo público, especialmente en el campo de la seguridad ciudadana y en todos los cuerpos policiales que sirven a esta. En eso estamos. Los cuerpos policiales ofrecen una fuente de empleo para tanto joven con preparación que no encuentra trabajo en estos momentos.

Por: Albino Vargas Barrantes Secretario General ANEP

Hace muchísimo tiempo lo habíamos pronosticado desde la esfera sindical. Particularmente, la persistente lucha patriótica del sindicato de JAPDEVA, SINTRAJAP lo había estado denunciando. Desde la corriente sindical en la cual militamos, ¡también! Las tarifas por utilizar los muelles del Atlántico se triplicarían con relación a lo que estuvo cobrando la empresa estatal portuaria limonense y nacional.

¿Quién lo hubiera imaginado? La misma cúpula empresarial que aplaudió la entrega de ese patrimonio nacional para que fuera operado por un consorcio transnacional, APM-Terminal, ahora se rasga las vestiduras y pega el grito al cielo porque el uso de las terminales portuarias que fueron de JAPDEVA, ahora implican un aumento de costos de hasta el 280 %.

Perdones ustedes nuestra inmodestia: pero, al igual que con la circunstancia de la lucha contra la ahora odiada Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, No. 9635, tenemos que decirlo fuertemente: los sindicatos teníamos razón.

La Cámara de Exportadores de Costa Rica (Cadexco), la Corporación Bananera Nacional (Corbana), la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA) y la Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña (Canapep), dieron declaraciones al popular periódico DIARIO EXTRA, indicando “…que las tarifas cobradas por APM Terminals son de las más altas afectando así la competitividad, pues han registrado alzas que van del 60 % hasta el 280 % en el manejo de la carga”.

Estamos en presencia de los altos costos políticos que implica la imposición de las más funestas posiciones ideológicas del llamado modelo neoliberal, cual es la satanización de que la intervención del Estado en la prestación de servicios públicos de alta rentabilidad, es contraria al desarrollo social y económico para el mejor bienestar de la población.

Dichas cámaras empresariales, integradas al núcleo político de la actual hegemonía dominante, constatan ahora el enorme perjuicio que les causa la privatización monopólica, vulnerándose así uno de los postulados más “sagrados” del dogma neoliberal que siempre han defendido estos entes empresariales, que nos habla de la “libre competencia”. ¿Cuál?

Ahora, claman por la intervención de “papá Estado”: para que éste, vía el Consejo Nacional de Concesiones-MOPT, revise las tarifas, pues la “…la competitividad del país podría estar en riesgo, provocando que las empresas navieras prefieran ir a otros muelles de menor costo”.

Implícitamente están reconociendo que con Japdeva sí eran competitivos, por lo cual el grito que pegan deberían darle una pizca de honestidad y de transparencia y reconocerlo abiertamente.

Lo delicado de la situación es que, como dice el refrán popular, es al perro flaco al que se le pegan las pulgas:  el personal obrero piñero y bananero parece que sería la víctima directa. Estas personas trabajadoras asalariadas serán sacrificadas ante el Dios mercado, con sus empleos en riesgo de perderse.

Afortunadamente, existe hoy en día más conciencia obrera de la importancia de la organización sindical en estos sectores laborales, tradicionalmente oprimidos y explotados. Relevantes esfuerzos se vienen haciendo al respecto, desde el Colectivo Sindical PATRIA JUSTA, por ejemplo.

Por ejemplo, una de las organizaciones integrantes del mismo, el Sindicato de Trabajadores de Plantaciones Agrícolas (SITRAP), ha logrado suscribir, recientemente, dos convenciones colectivas de trabajo, algo imposible hasta hace poco tiempo y, en parte, facilitado por la vigencia de la ley de la Reforma Procesal Laboral (RPL).

Pese a las contradicciones inherentes al modelo económico excluyente, ideológicamente contrario a la promoción del bien común y de la inclusión social, esa circunstancia podría ofrecer un espacio de diálogo social inter-partes; a fin de, por un lado, lograr que la competitividad de que habla el indicado empresariado no esté en riesgo; y, por otro, la protección de miles de puestos de trabajo en momentos tan crudos como el actual, dada la inoperancia de un gobierno que no atina por ningún lado en materia de reactivación económico y alto desempleo.