Categoría: Opinión

Por Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Les vamos a quedar debiendo nuestra cuarta entrega de la serie de artículos que venimos publicando bajo el título “Carlos Alvarado Quesada y Los Papeles de Panamá”. Pedimos disculpas por adelantado. Tenemos pensado hasta una quinta, pues el tema es fundamentalmente estratégico para quienes pensamos en la tesis de que Otra Costa Rica es posible.

Ocurre que es de tal gravedad el deterioro de los espacios democráticos e institucionales para la acción civil (particularmente, la de los sindicatos), lo cual estamos ya enfrentando, vimos como gran necesidad compartirle nuestra lectura de este peligroso proceso de confrontación entre el autoritarismo y la Democracia.

Los signos están más que claros. La hegemonía del capital neoliberal tiene el control, casi que absoluto, de la dirección político-estratégica del país. Lo que está ocurriendo en la Asamblea Legislativa está marcando dos líneas fundamentales, primordiales, de transformación estructural del Estado, alejándolo de cómo fue su naturaleza originaria a partir de la promulgación de la Constitución Política del 7 de noviembre de 1949.

Por un lado, están ocurriendo modificaciones estructurales a esa carta magna, sin pasar por los procedimientos que la misma estableció para ser modificada ella misma. Es decir, se están haciendo reformas constitucionales de facto.

El establecimiento de una presidencia de la República, imperial y autoritaria, con dos superministerios (Hacienda y Planificación), controlando todo el aparato del Estado en materia macroeconómica-fiscal y de gestión del recurso humano, respectivamente; así como la violentación de la autonomía del régimen municipal; son dos ejemplos más que contundentes de una modificación sustancial de la concepción republicana de la acción pública-estatal, a partir de una diversidad de responsabilidades compartidas en el aparato público, según lo definió la carta magna de 1949. ¡Ahora no! Se va en camino de la entronización de un fuerte Estado central controlador absoluto.

Estas dos modificaciones constitucionales de facto ocurrieron con ocasión de la imposición legislativa de la hoy ley de la República, Fortalecimiento de las finanzas públicas, No. 9635, fuertemente resistida en las calles de este país; legislación que se verá complementada con el proyecto, ya en trámite acelerado, de la Ley Marco de Empleo Público.  

La otra línea fundamental en la ruta hacia la instauración de esa institucionalidad autoritaria, es la ofensiva político-ideológica en desarrollo contra el Movimiento Sindical y contra el derecho constitucional de huelga, el ataque más reaccionario y violento desde la implantación de la denominada Segunda Pública.

Los proyectos de ley para declarar que son esenciales la práctica totalidad de los servicios públicos para impedir toda forma de huelga en ellos; para una regulación castrante, per se, del ejercicio de la huelga reconocido internacionalmente como Derecho Humano, desconstitucionalizándolo; para viabilizar en sede judicial la disolución-anulación de la organización sindical; así como para impedir que éstas elijan, autónoma y democráticamente, sus dirigencias, impidiendo la reelección de las mismas; son elementos de indicación contundente de la instauración-imposición de esa nueva institucionalidad republicana de corte autoritario.

Algunos pensamos que, dada esta situación contra la organización popular-sindical, se está manifestando una especie de terrorismo de Estado pues, por ejemplo, medidas tan drásticas, autoritarias y dictatoriales de tal calibre, fueron impuestas en las dictaduras del cono sur latinoamericano, en los años 60’s y 70’s del pasado siglo XX.

Ahora bien, ambas medidas estratégicas que impulsa la fracción parlamentaria (y, por ahora, mayoritaria), multipartidista del capital neoliberal (la imposición del Estado central-autoritario y la aniquilación de la organización sindical-popular), adicionalmente expresan que el deterioro macro-fiscal y económico-social de la situación del país, estaría exigiendo la adopción de fuertes medidas de “ajuste estructural” en el corto-mediano plazo.

En tal sentido, se requiere de una intervención político-ideológica preventiva, para evitar reacciones populares y ciudadanas de envergadura desafiante, como podrían ser aquellas de un calibre tal que podría poner en riesgo de desestabilización a ese orden institucional autoritario, ya en proceso de instalarse.

La contracara de esta realidad, es la intensa manifestación de repudio, de enojo, de indignación y de rabia que se está mostrando en amplios sectores de la ciudadanía; pero, sin embargo, no encuentra un camino sólido, unificado, de articulación para la acción.

Quienes impulsan la implantación de esa institucionalidad republicana autoritaria, la proscripción en la práctica de la organización popular-sindical, así como la criminalización de la protesta social; tienen -por ahora-, la posición ventajosa que les da esa desarticulación de la indignación popular.

De ello se colige que no hay mayor reto para las fuerzas y sectores democráticos, civilmente patrióticos y herederos de una institucionalidad republicana pensada para la inclusión social (pese a todas sus perversiones, desviaciones y corrupciones); que aprestarnos con urgencia a la construcción de esa nueva articulación para esta nueva coyuntura. Si no somos capaces de pasar del enojo a la articulación para la acción, entonces tenemos que aceptar que nuestro clásico derecho al berreo se hizo ahora más sofisticado: lo ejercemos por las redes sociales.

Por: Albino Vargas Barrantes
Secretario General de la ANEP

Aunque no lo admitan, ellos lo saben. El combo fiscal, hoy ley de la República No. 9635, con el pomposo nombre de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, solamente sirvió para hacerle daño a la mayoría de la población del país; especialmente a la clase trabajadora asalariada y a la de la informalidad, así como a las micro-pequeñas y medianas empresas.

Además, una fuerte carga ideológica en contra del sector Público, en contra del empleo público, estuvo en la consideración política fundamental de los grupos dominantes para meterle, con forceps, a la gente esta ley que, como reiteradamente hemos apuntado, se impuso haciendo varias trampas políticas, tema éste que abordaremos en próxima entrega.

Lo que nos interesa ahora es insistir en que esta gente del gobierno del tripartidismo PLUSC-PAC ha fracasado en cuanto a su política económico-fiscal: alto desempleo (llegando al 20%); no hay reactivación económica, los salarios están deprimidos y congelados (exceptos los de la cúpula política de alto nivel, las burocracias doradas); la informalidad es ya la mitad de la Población Económicamente Activa (PEA); el alto endeudamiento público y los intereses obscenos de la deuda pública están estrangulando la economía, el agro está abandonado y en proceso de extinción, la mega-corrupción tributario-fiscal del empresauriado está sin control, etc., etc. ¡Fracasaron! La sociedad es más desigualdad que nunca.

Por eso conviene poner en la mesa que existen otras posibilidades de una nueva política económico-fiscal, distinta a la implantada por los grupos económicos del alto corporativismo empresarial instalados en Zapote en los últimos gobiernos y no solamente en el actual. ¡Son los mismos!

A juicio de la opinión de los expertos del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), Costa Rica tiene diez desafíos fiscales estructurales, más agudos todavía, luego de la fracasada apuesta neoliberal por el combo fiscal-ley 9635.

Son éstos: 1) Gasto público insuficiente y sumamente rígido. 2) Poca transparencia en la ejecución del gasto. 3) Los ingresos públicos son insuficientes para cubrir los gastos. 4) La carga tributaria es rígida. 4) Los resultados del combate a la evasión tributaria son muy pobres. 5) Los resultados del combate a la evasión tributaria son muy pobres. 6) La estructura tributaria no permite el combate a los flujos ilegales de capital (FIC), es decir, el dinero sucio producto del negocio criminal del narcotráfico y del crimen organizado. 7) Estructura tributaria regresiva. 8) Persiste el otorgamiento de gastos tributarios como estrategia de competitividad. 9) El déficit fiscal ha sido creciente. 10) La deuda pública tiene rasgos de insostenibilidad.

Cada uno de esos diez aspectos abre la posibilidad de la construcción de un enorme conjunto de disposiciones políticas, legales y administrativas, para darle un nuevo rumbo al país, un cambio estratégico ante la constatación de que los controladores de la cuestión macro-fiscal y tributaria del país en los gobiernos del PLN, de PUSC y del PAC han, repetimos, fracasado estrepitosamente.

Este dato es realmente impactante. Las arcas públicas dejan de recibir, ¡por mes!, unos 425 mil millones de colones; gigantesca cantidad que equivale a 1.21% del Producto Interno Bruto (PIB). El combo fiscal-ley 9635, la ley que está causando tanto daño a la mayoría de la población, apenas recaudará, ¡en un año!, unos 440 mil millones de colones, equivalentes a 1.25 puntos PIB.

¿Y por qué esta grave situación? Pues los mega-intereses del gran corporativismo empresarial del país no permiten ningún tipo de transformaciones profundas en materia de evasión fiscal-fraude tributario (8.5 puntos PIB), ni tampoco en exenciones-exoneraciones (6 puntos PIB).

Además, es más que un crimen social seguir sacándole recursos a los que menos tienen y a los que sí tributan y tributan más, proporcionalmente hablando; para destinar recursos a una deuda pública que es impagable, al menos en su estado actual de condiciones de pago de intereses, por ejemplo. Hay que auditar esa deuda con urgencia.

Como bien ha indicado el papa Francisco, el gran desafío para la Costa Rica actual es éste: “Una economía que da vida y no mata, incluye y no excluye, humaniza y no deshumaniza, cuida la creación y no la despoja”. Dice el papa Francisco que “hay que cambiar la economía actual y dar un alma a la economía del mañana”.

Ni Alvarado, ni Piza creen en esto. Ni André Garnier, ni Edna Camacho, ni Rocío Aguilar creen en esto. Ni Carlos Ricardo Benavides, ni Paola Vega, ni Yorleny León creen en esto. Ni los latifundistas mediáticos practicantes del periodismo de odio, creen en esto. Ni las burocracias doradas de salarios multimillonarios creen en esto. Ni el histrionismo radiofónico gobiernista, cree en esto. Ni sus respectivos adláteres, amanuenses, escribanos, aduladores, condescendientes obreros por oportunismo y similares, creen en esto. Y, sin embargo, ¡hay esperanza!

Por Albino Vargas Barrantes
Secretario General de la ANEP

A pocos meses de las elecciones municipales de febrero del año entrante, 2020, la preocupación político-laboral que expresamos con relación al futuro de la institucionalidad del régimen municipal costarricense, es enorme.

Desde la promulgación de la actual Constitución Política de Costa Rica, el 7 de noviembre de 1949, la autonomía que la misma le otorgó al régimen municipal, no había sido tan groseramente violentada, como ocurrió recientemente, con la aprobación de la ley denominada Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, No. 9635, de amplio repudio y resistencia popular.

Estamos pensando que cada persona que se va a postular para lograr alcanzar cada una de las 82 alcaldías y cada uno de los puestos de igual número de concejos municipales, estará animada de nobles propósitos; y que es la buena fe, la que le motiva en aras del bienestar de quienes serán sus propios electorales y luego sus representados.

Que el Ministerio de Hacienda esté, ya, dictando-imponiendo pautas en cuanto a política de gasto y de inversión para las municipalidades, invocando esa ley 9635, nos parece un adefesio jurídico y un atentado a la concepción democrática de los gobiernos locales; los cuales, por su dinámica de estar más cerca de las necesidades de la ciudadanía, no compatibilizarán su quehacer con los lineamientos de dicha cartera ministerial; lineamientos que, es mejor decir, saldrán de la propia Casa Presidencial.

Diversos especialistas en Derecho Constitucional, cuya opinión acertada hemos consultado, están consternados por el cercenamiento, la amputación, la violación que se cometió en la actual Asamblea Legislativa, en diciembre pasado, en contra de la autonomía constitucional del régimen municipal, cuando se votó el indicado proyecto de ley conocido por el pueblo como combo fiscal.

Se considera que, en estricto apego a la aplicación de un régimen de derecho transparente, correspondía primero discutir si esa autonomía constitucional del régimen municipal debía, valga el concepto, desconstitucionalizarse; para luego si y si ello se lograba, imponerles a las municipalidades políticas fiscales propias de una concepción macroeconómica, muy ideológica, centrada en la obtención de resultados cuantitativos, más no logros de orden social para el desarrollo integral de las personas, especialmente las más vulnerables sociológica y económicamente hablando.

Como ya es de amplio conocimiento público, esta correcta apreciación estuvo en la mente de cada una de las actuales personas regidoras de los diferentes municipios del país, cuando tres cuartas partes de los mismos se pronunciaron contra dicha legislación, en su momento. De nada valió.

En la Costa Rica de ahora, la acción gubernativa fundamental está inspirada en valores nada afines a la democracia y sí proclives al autoritarismo; especialmente aquel fundado en la ignorancia, el clientelismo electoral de corto plazo y el ventajismo oportunista de sesgo personal.

Muchos pensamos en que las municipalidades, dado su carácter de gobierno de más cercanía a la ciudadanía y más allá de sus dificultades y desaciertos; están destinadas a incrementar su papel en el plano local-comunal, al acrecentarse la desigualdad social y la exclusión económica; perverso camino que está muy potenciado desde la hegemonía gubernamental dominante, la que se ve y la que no se ve.

En tal sentido, son muchas las personas que, ya repuestas de la conmoción político-social que les generó la abrupta aprobación-imposición legislativa de la ley 9635; hoy con más claridad del grave golpe sufrido a la Democracia en materia de la autonomía municipal, se aprestan a nuevas acciones de lucha cívica para la recuperación plena de la misma.

Desde la corriente sindical en la cual desplegamos nuestro accionar todos los días, y como garantes de la estabilidad socioeconómica y laboral de una abrumadora mayoría del personal municipal del país; impulsamos nuestro aporte para que sea la Constitución la que vuelva a normar la vida institucional municipal; y no, el autoritarismo de un Estado central que se viene delineando con contenidos ideológicos radicalmente distintos a los principios y valores de la Carta Magna de 1949.

El personal que actualmente labora en los municipios del país, en enorme mayoría, ya se ha concientizado acerca de la herencia que les fue depositada por, al menos, dos generaciones de costarricenses nacidas luego de la promulgación de la Constitución Política de 1949.

Este personal, sus propias familias y su conglomerado social ciudadano de mayor cercanía en cada municipio, constituye un fuerte soporte para la actual lucha, ya en desarrollo, a fin de que vuelvan los municipios a ser gobiernos locales; no dependencias políticas del Estado central y capturados por un tipo de gestión presidencial de corte autoritario que es la que está desarrollándose en este momento. Con enorme esperanza y con gran civismo.

¡Hay alarma en Turrialba!: “Debimos haber apoyado la huelga anterior, inclusive si durara un año. Teníamos que haber ido a la huelga los pequeños y medianos empresarios junto con sus empleados…”. No son palabras de un sindicalista. ¡Son palabras de un pequeño empresario!

Este hombre de negocios turrialbeño escribió: “A partir del 1 de julio se inicia un encarecimiento de productos de primera necesidad como corte de pelo, servicios profesionales como abogados, médicos, ingenieros topografía, dentistas, etc., etc. Viene un crecimiento del desempleo porque a partir de julio a todos los que pagamos alquiler de locales comerciales, nos van a cobrar un 13 % más por el IVA decretado por los diputados. Y lo tiene que pagar solo el inquilino, para no afectar las utilidades de los propietarios de locales, como si los que alquilan un local no tuvieran ya suficientes cargas para hacer que un negocie funcione tales como: alquiler, salarios, CCSS, INS, Municipalidad, luz y teléfono, contador, etc. Esto aumentará el desempleo y más trabajadores informales a la calle a ver cómo llevan sustento a sus familias. Hay una mayoría de negocios pequeños como: tiendas, zapaterías, sodas, etc., que ya no dan para pagar mil colones más. Habrá que sobrevivir con un empleado y eliminar los demás. Ya en este momento se cuenta en Turrialba con unos 10 locales vacíos porque cerraron. Y más lo harán en los meses siguientes. Si cada local de éstos va a dejar de dos a cuatro desempleados, que alimentaban hasta cuatro personas con su salario, ya son más de 100 personas que estarán en pobreza solo en Turrialba. Lo mismo ocurrirá cantón por cantón…”.

¡Hay alarma en Tarrazú! “Tarrazú: Progreso y Futuro. Algunos comercios en Tarrazú están colocando globos negros, que representan ‘La muerte de los negocios en Tarrazú’”.

¡Hay alarma en Liberia! “Aquí en la Ciudad de Liberia, varios centros comerciales, con locales desocupados, además localitos que están corriendo la misma suerte”. “Es un desestímulo al emprendimiento y la inversión, que ahuyenta capitales de trabajo en masa. Y espérese a julio”.

¡Hay alarma en todo lado! Los comentarios anteriores están apareciendo en cuentas de facebook de ciudadanos dedicados a actividades comerciales y productivas en varias partes del país, los cuales saben que se aproxima una fuerte contracción en el consumo, producto de la entrada en vigencia, a plenitud, del impuesto de ventas al valor agregado (IVA), en un 13 %, aplicable a una gran cantidad de bienes y de servicios que son requeridos por la mayoría de la población costarricense.

La política económica del triunvirato gobiernista PLUSC-PAC, bajo la conducción del binomio Alvarado-Piza; sus congéneres de gabinete André Garnier Kruse, Edna Camacho Mejía y Rocío Aguilar Montoya; junto a sus referentes parlamentarios más notorios, como Carlos Ricardo Benavides Jiménez, Pedro Miguel Muñoz Fonseca, Víctor Hugo Morales Mora; se ha tornado sumamente perniciosa para la enorme mayoría de la población trabajadora del país, tanto la asalariada como la no asalariada.

Los comentarios que acabamos de compartir con usted, en especial el del ciudadano comerciante de Turrialba, resultan emblemáticos en cuanto a mostrar la naturaleza del fracaso de esa política económica, misma que ha priorizado en la cuestión macrofiscal del país con una fijación fundamentalista de corte ideológico-neoliberal, por un lado; por otro, esmerándose por quedar bien con las mega-corporaciones, los consorcios empresariales de alto vuelo e, inclusive, propiciando la consolidación de esquemas de defraudación fiscal en gran escala (para beneficio del empresauriado).

En la contracara, están el gran conglomerado ciudadano víctima de esa política económica: el personal asalariado estatal (con salarios a la baja y con empleo amenazado como nunca antes), la clase trabajadora del sector privado condenada a un salario mínimo congelado como valor real en cuanto a poder de compra; y, como acabamos de constatar, ese micro-pequeño y mediano empresariado que sí es pagador puntual de impuestos; o, que es rigurosamente controlado para que los pague sin escapatoria alguna ni subterfugios legales.

¡Hay alarma en Turrialba, en Tarrazú, en Liberia… en todo lado! La indignación obrero-laboral ya más que constatada, se ve ahora potenciada por el reconocimiento proveniente de la micro-pequeña y mediana empresa, en cuanto al “debimos haber apoyado la huelga”.

Liberación, Unidad y PAC, conjuntados ahora con una misma visión ideológica en cuanto a la cuestión económica, tienen absoluta claridad de cuáles son sus objetivos estratégicos del actual momento sociohistórico del país: moldear la sociedad para la instauración definitiva de un proceso concentrador de riqueza, que calce como anillo al dedo a la prédica ideológica de los latifundios mediáticos nacionales, beneficiarios directos de un proceso de tal calibre y dictadores de la agenda económica en actual trámite parlamentario.

La enorme incógnita del momento es si habrá capacidad de una construcción sociopolítica alternativa que aglutine, mediando agenda compartida, tanta voz disonante, tanta conciencia enojada e indignada, tanta ciudadanía políticamente estafada, tanto potencial creativo, tanto ideario elaborado para la inclusión social y por la restauración de la promoción del bien común.  

“…únicamente el ciudadano decente es el que paga sus impuestos de manera pronta y cumplida”. ¡Ciertísimo! Y ni se diga de lo que concierne a la clase trabajadora asalariada que, por ejemplo, paga puntualmente el impuesto sobre las ventas (ahora impuesto al valor agregado -IVA-), al momento mismo de la compra en la caja registradora; y, si está por encima del umbral exonerado de renta salarial, el rebajo de planilla es automático.

La contundente afirmación arriba entrecomillada, es parte de las conclusiones del Informe Final (expediente legislativo No. 19.973), de la comisión especial investigadora que funcionó en el parlamento del anterior período constitucional (2014-2018), acerca del escándalo internacional de Los Papeles de Panamá (Panama Papers).

No hay posibilidad alguna de que nuestro país imponga, de manera definitiva, el bien común y la inclusión social, como ejes centrales de una nueva política pública, sin que se efectúen transformaciones tributarias estructurales.

Tal y como se encuentran las cosas en cuanto a los impuestos en estos momentos, ya no hay cacao para hacer, ni siquiera un poquito, de chocolate. Todo se va en pago de la deuda, pago de sus intereses obscenos y en llenar más los bolsillos de los ladrones de impuestos.

Cualquier propuesta política que pretenda ser alternativa a la hegemonía actualmente en el poder, tanto el formal como el real, debe plantearse como uno de los puntos fundamentales de su agenda, el tema del cambio tributario en profundidad.

Además, leer, analizar y estudiar las conclusiones y las recomendaciones del mencionado informe legislativo de Los Papeles de Panamá, es una tarea de primer orden para cualquier tipo de organización que tenga como eje central de su quehacer la justicia social, como convicción y como indignación, no como discurso panfletario.

Las siguientes cuatro recomendaciones de control político nos indican con cuánta urgente necesidad es la atención de este delicado tema tributario. Y esto es solamente para dimensionar la gigantesca tarea cívica que se deriva si, en verdad, se decidiera emprender el impulso de una transformación tributaria estructural; tanto desde una nueva opción político-partidista, como de desde los movimientos sociales y sindicales realmente consecuentes con los valores de la real lucha por la justicia social.

Las transcribimos tal y como están formuladas en dicho informe: 

“Se recomienda fortalecer el presupuesto destinado a campañas de educación tributaria en centros de educación pública y colegios profesionales, con énfasis en generar una cultura tributaria responsable y solidaria. 

Recomendamos al Ministerio de Hacienda realizar las fiscalizaciones correspondientes sobre las personas identificadas como creadoras o usuarias de sociedades incluidas en la base de datos del ICIJ, o citadas en los “Papeles de Panamá”, y que cuentan con perfiles de altor riesgo fiscal.

Sugerimos que la Comisión Investigadora del Ministerio de Hacienda, sea transformada en una unidad permanente dentro de tal Ministerio, dedicada exclusivamente al análisis de riesgo fiscal, de contribuyentes relacionados con uso y creación de estructuras jurídicas offshore.  

Exhortamos al Ministerio Público para que, a partir de los casos reseñados en la presente investigación, se determine cuáles actos podrían constituir ilícitos penales para su subsecuente investigación y juzgamiento penal”.  

(Aclaración: ICIJ significa International Consortium of Investigative Journalists-Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación-).

¿Cree usted que tales recomendaciones han sido puestas en práctica? ¡Claro que no! Ojalá estuviéramos equivocados pero este tipo de medidas, si se pusieran en práctica, podrían afectar los intereses mega-corporativos que tienen en el fraude fiscal, una de sus principales fuentes de riqueza, en este caso, mal habida.

Solamente una activa y militante vigilancia ciudadana podría garantizar que estas recomendaciones se llevaran a la concreción de una real política pública volcada hacia el bien común y la reducción de las desigualdades.

Puede ser muy interesante, en el entretanto, formular una interpelación pública a la Defensoría de los Habitantes de la República a ver qué le diría ésta a la ciudadanía al respecto. A final de cuentas, el fraude fiscal a gran escala, como lo demostró esta comisión parlamentaria, afecta a toda la población habitante del país.

De enorme relevancia e interés es el análisis de las recomendaciones de la indicada comisión a lo que ésta denomina como vacíos legislativos. Estamos hablando de la necesidad de aprobar leyes que bloqueen a los tramposos tributarios seguir cometiendo sus tropelías contra toda la sociedad en esto del robo de impuestos.

En tal sentido, se puntualizan 19 vacíos legislativos cada uno de los cuales tiene recomendaciones específicas para, efectivamente, dar paso a esa transformación tributaria estructural que ocupa, con urgencia, nuestro país.

Reforzando nuestro decir anterior, una tarea cívica de enorme profundidad y/o una responsabilidad en aras de la construcción de una desafiante competencia contrahegemónica, nos lleva al análisis concienzudo para comprender el alcance de cada uno de esos 19 vacíos legislativos y la elaboración de las correspondientes estrategias y tácticas para lograrlos.

Por otra parte, el informe de la comisión parlamentaria de Los Papeles de Panamá especificó ocho proyectos de ley que, en ese momento, estaban en trámite en la corriente legislativa, al identificarlos “como prioritarios y temáticamente atinentes como posibles soluciones legislativas de la problemática detectada”; léase, la que genera la criminal mafia organizada del robo de impuestos y del fraude fiscal en Costa Rica. Hemos de revisar lo pertinente para nuestra próxima entrega en el tema.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

El señor Carlos Alvarado Quesada, actual ocupante de Zapote, cumpliendo obligaciones constitucionales, se presentó ante la Asamblea Legislativa el pasado jueves 2 de mayo, con motivo de la llegada de su primer año de gestión como cabeza del Poder Ejecutivo, exponiendo el documento que él denominó como Estado político de la República y los asuntos de la Administración.

Nos hemos puesto a analizar varios de los temas por él tocados en ese documento y nos llamó poderosamente la atención en el apartado Costa Rica es capaz, encontrarnos bajo el título de Estabilidad Económica, las palabras siguientes del señor Alvarado Quesada: 

“Estuvimos al borde de la quiebra, pero Costa Rica fue capaz de tomar una decisión valiente, un cambio difícil pero necesario”.

¡Vamos por partes! “Estuvimos al borde de la quiebra…”. ¡No, señor! ¡Seguimos al borde de la quiebra! La tal “decisión valiente”, aparte de que fue impuesta haciendo trampa política, fue una pésima decisión. En nada corrige el problema estructural de las finanzas públicas.

La monstruosa magnitud del problema de la deuda pública obligó a que, tan solo para el año pasado 2018, hubiera que destinar 3 billones de colones para atenderla. 

¡Unos 250 mil millones de colones al mes; unos ¢8 mil 333 millones por día; unos ¢347 millones 222 mil por hora; unos ¢5 millones 800 mil por segundo! ¡Vamos hacia el precipicio!

El combo fiscal, hoy ley 9635, de nada sirvió, tan solo para hacer daño a la gente más humilde, a la gente trabajadora altamente asalariada, al micro y pequeño-mediano empresariado.

Fue el gran corporativismo empresarial el principal beneficiado, pues hasta amnistías tributarias les dieron, luego de años de prácticas de robo de impuestos que han quedado impunes, con la complicidad -incluso-, de la propia cúpula política del Ministerio de Hacienda.

Veamos la magnitud de la pifia política que cometieron con esa errónea decisión socialmente injusta. Según cálculos de ellos mismos, el combo fiscal les generaría, anualmente, 440 mil millones de colones; mientras que, ¡escuchen bien!, el servicio de la deuda pública en el año 2018, consumió, en tan solo dos meses de ese año 2018, 500 mil millones de colones. 

El estar “al borde de la quiebra” es una situación de alto riesgo que se viene presentando en los últimos gobiernos. En el primer gobierno PAC, solamente se agudizó con el asunto del famoso “hueco fiscal”.

Si ya es de carácter monstruoso los dineros que se deben destinar al servicio de la deuda; es aterrador, es terrorífico, el monto en sí de esa deuda pública: ¡35 mil millones de dólares! Cifra indescriptible e incomprensible.

“…Costa Rica fue capaz de tomar una decisión valiente…”

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

El señor Carlos Alvarado Quesada, actual ocupante de Zapote, cumpliendo obligaciones constitucionales, se presentó ante la Asamblea Legislativa el pasado jueves 2 de mayo, con motivo de la llegada de su primer año de gestión como cabeza del Poder Ejecutivo, exponiendo el documento que él denominó como Estado político de la República y los asuntos de la Administración.

Nos hemos puesto a analizar varios de los temas por él tocados en ese documento y nos llamó poderosamente la atención en el apartado Desafíos nacionales, encontrarnos bajo el título de Polarización y diálogo, las palabras siguientes del señor Alvarado Quesada:

“Por último, una de mis mayores preocupaciones como Presidente, ha sido la polarización social que hemos experimentado como país. No busco que nos homologuemos en un único pensamiento, pero sí que logremos construir en respeto y en pluralidad, entendiendo que los puntos de vista diferentes enriquecen el análisis y las soluciones”.

Por una parte, parece que, en esto de la polarización social, el señor Alvarado Quesada “descubrió el agua tibia”. Los últimos gobiernos del bipartidismo PLUSC y ahora tripartidismo, PLUSC-PAC, han ejecutado políticas económicas que han llevado al país hacia una gran polarización social; más aguda considerando lo que aconteció en las elecciones presidenciales y diputadiles del año pasado 2018.

Por otra, ese pensamiento del señor Alvarado Quesada no nos merece ninguna credibilidad. Con ocasión de la traumática discusión en torno a lo comúnmente denominado por el pueblo como combo fiscal, hoy ley de la República No. 9635, se impuso una perspectiva única, autoritario-totalitaria, del grave problema de las finanzas públicas del país. De manera rotunda, quedó en evidencia que es falso que en el seno del presente gobierno aprecien que “…los puntos de vista diferentes enriquecen el análisis y las soluciones”.

¿Cómo vamos a creer que sea sincera, honesta y verdadera la expresión de que “…una de mis mayores preocupaciones como Presidente, ha sido la polarización social que hemos experimentado como país”, cuando ni siquiera hubo la mínima cortesía presidencial, al menos de carácter protocolario, de recibir a una delegación representante de la multiplicidad de sectores sociales que enfrentaron en unión y coalición cívica la lucha patriótica contra el combo fiscal, en la circunstancia de las dos multitudinarias marchas por las calles capitalinas que se dieron en aquel momento?

Nos anuncia ahora el gobierno Alvarado-Piza que “…en las próximas semanas lanzaremos el Consejo Consultivo Económico y Social, un espacio plural que represente a diferentes sectores sociales y productivos” …, a fin de establecer un diálogo“…sobre rutas para el presente y el futuro del país”…

La hegemonía política dominante, especialmente la que ejercen los latifundios mediáticos (como esos que ocultan encuestas electorales cuando la gente piensa votar a otros candidatos que no son los de sus simpatías), comprobado está que no creen en el diálogo social; pues prefieren la toma de las grandes decisiones nacionales vía imposición, a partir del control de las instancias formales del poder institucional, como sucede con el Parlamento actualmente.

Si el indicado consejo llega a instalarse (y nosotros no vemos de mala manera una iniciativa de diálogo social como ésta), es evidente que no más de entrada habría una polarización en cuanto a la fijación de una agenda temática; dado que, sin duda alguna, desde el lado de los sectores sociales sería lógico suponer que la cuestión fiscal del país sería tema número uno de cualquier diálogo social.

Además, otra delicada circunstancia que no es más que una enorme interrogante, es la del destino final de iniciativas que pudieran salir de ese consejo con la bendición de todos los sectores que lo integran; de cara a su materialización en una decisión política, por ejemplo, de orden parlamentario; especialmente cuando éste, en su composición mayoritaria, repele la participación popular y social activa en las grandes decisiones-país.

La realidad es contundente: la polarización social tiende a agudizarse. Mientras las causas fundamentales de la desigualdad sigan afianzándose; la naturaleza perversa del sistema tributario se mantenga; la deuda pública y los intereses obscenos que la misma demanda estrangulen el presupuesto estatal; la facilitación del enriquecimiento privado con la apropiación indebida (aunque tenga ropaje legal) del patrimonio público se siga potenciando (como lo ejemplifica el caso de Japdeva); repetimos, mientras estas circunstancias socioeconómicas (entre otras), contrarias al bien común y al bienestar de las mayorías sigan prevaleciendo, la polarización se acentuará y se manifestaría, incluso, con crueles realidades fuera de la institucionalidad republicana misma.