Categoría: Opinión

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

El señor Carlos Alvarado Quesada, actual ocupante de Zapote, cumpliendo obligaciones constitucionales, se presentó ante la Asamblea Legislativa el pasado jueves 2 de mayo, con motivo de la llegada de su primer año de gestión como cabeza del Poder Ejecutivo, exponiendo el documento que él denominó como Estado político de la República y los asuntos de la Administración.

Nos hemos puesto a analizar varios de los temas por él tocados en ese documento y nos llamó poderosamente la atención en el apartado Costa Rica es capaz, encontrarnos bajo el título de Estabilidad Económica, las palabras siguientes del señor Alvarado Quesada: 

“Estuvimos al borde de la quiebra, pero Costa Rica fue capaz de tomar una decisión valiente, un cambio difícil pero necesario”.

¡Vamos por partes! “Estuvimos al borde de la quiebra…”. ¡No, señor! ¡Seguimos al borde de la quiebra! La tal “decisión valiente”, aparte de que fue impuesta haciendo trampa política, fue una pésima decisión. En nada corrige el problema estructural de las finanzas públicas.

La monstruosa magnitud del problema de la deuda pública obligó a que, tan solo para el año pasado 2018, hubiera que destinar 3 billones de colones para atenderla. 

¡Unos 250 mil millones de colones al mes; unos ¢8 mil 333 millones por día; unos ¢347 millones 222 mil por hora; unos ¢5 millones 800 mil por segundo! ¡Vamos hacia el precipicio!

El combo fiscal, hoy ley 9635, de nada sirvió, tan solo para hacer daño a la gente más humilde, a la gente trabajadora altamente asalariada, al micro y pequeño-mediano empresariado.

Fue el gran corporativismo empresarial el principal beneficiado, pues hasta amnistías tributarias les dieron, luego de años de prácticas de robo de impuestos que han quedado impunes, con la complicidad -incluso-, de la propia cúpula política del Ministerio de Hacienda.

Veamos la magnitud de la pifia política que cometieron con esa errónea decisión socialmente injusta. Según cálculos de ellos mismos, el combo fiscal les generaría, anualmente, 440 mil millones de colones; mientras que, ¡escuchen bien!, el servicio de la deuda pública en el año 2018, consumió, en tan solo dos meses de ese año 2018, 500 mil millones de colones. 

El estar “al borde de la quiebra” es una situación de alto riesgo que se viene presentando en los últimos gobiernos. En el primer gobierno PAC, solamente se agudizó con el asunto del famoso “hueco fiscal”.

Si ya es de carácter monstruoso los dineros que se deben destinar al servicio de la deuda; es aterrador, es terrorífico, el monto en sí de esa deuda pública: ¡35 mil millones de dólares! Cifra indescriptible e incomprensible.

“…Costa Rica fue capaz de tomar una decisión valiente…”

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

El señor Carlos Alvarado Quesada, actual ocupante de Zapote, cumpliendo obligaciones constitucionales, se presentó ante la Asamblea Legislativa el pasado jueves 2 de mayo, con motivo de la llegada de su primer año de gestión como cabeza del Poder Ejecutivo, exponiendo el documento que él denominó como Estado político de la República y los asuntos de la Administración.

Nos hemos puesto a analizar varios de los temas por él tocados en ese documento y nos llamó poderosamente la atención en el apartado Desafíos nacionales, encontrarnos bajo el título de Polarización y diálogo, las palabras siguientes del señor Alvarado Quesada:

“Por último, una de mis mayores preocupaciones como Presidente, ha sido la polarización social que hemos experimentado como país. No busco que nos homologuemos en un único pensamiento, pero sí que logremos construir en respeto y en pluralidad, entendiendo que los puntos de vista diferentes enriquecen el análisis y las soluciones”.

Por una parte, parece que, en esto de la polarización social, el señor Alvarado Quesada “descubrió el agua tibia”. Los últimos gobiernos del bipartidismo PLUSC y ahora tripartidismo, PLUSC-PAC, han ejecutado políticas económicas que han llevado al país hacia una gran polarización social; más aguda considerando lo que aconteció en las elecciones presidenciales y diputadiles del año pasado 2018.

Por otra, ese pensamiento del señor Alvarado Quesada no nos merece ninguna credibilidad. Con ocasión de la traumática discusión en torno a lo comúnmente denominado por el pueblo como combo fiscal, hoy ley de la República No. 9635, se impuso una perspectiva única, autoritario-totalitaria, del grave problema de las finanzas públicas del país. De manera rotunda, quedó en evidencia que es falso que en el seno del presente gobierno aprecien que “…los puntos de vista diferentes enriquecen el análisis y las soluciones”.

¿Cómo vamos a creer que sea sincera, honesta y verdadera la expresión de que “…una de mis mayores preocupaciones como Presidente, ha sido la polarización social que hemos experimentado como país”, cuando ni siquiera hubo la mínima cortesía presidencial, al menos de carácter protocolario, de recibir a una delegación representante de la multiplicidad de sectores sociales que enfrentaron en unión y coalición cívica la lucha patriótica contra el combo fiscal, en la circunstancia de las dos multitudinarias marchas por las calles capitalinas que se dieron en aquel momento?

Nos anuncia ahora el gobierno Alvarado-Piza que “…en las próximas semanas lanzaremos el Consejo Consultivo Económico y Social, un espacio plural que represente a diferentes sectores sociales y productivos” …, a fin de establecer un diálogo“…sobre rutas para el presente y el futuro del país”…

La hegemonía política dominante, especialmente la que ejercen los latifundios mediáticos (como esos que ocultan encuestas electorales cuando la gente piensa votar a otros candidatos que no son los de sus simpatías), comprobado está que no creen en el diálogo social; pues prefieren la toma de las grandes decisiones nacionales vía imposición, a partir del control de las instancias formales del poder institucional, como sucede con el Parlamento actualmente.

Si el indicado consejo llega a instalarse (y nosotros no vemos de mala manera una iniciativa de diálogo social como ésta), es evidente que no más de entrada habría una polarización en cuanto a la fijación de una agenda temática; dado que, sin duda alguna, desde el lado de los sectores sociales sería lógico suponer que la cuestión fiscal del país sería tema número uno de cualquier diálogo social.

Además, otra delicada circunstancia que no es más que una enorme interrogante, es la del destino final de iniciativas que pudieran salir de ese consejo con la bendición de todos los sectores que lo integran; de cara a su materialización en una decisión política, por ejemplo, de orden parlamentario; especialmente cuando éste, en su composición mayoritaria, repele la participación popular y social activa en las grandes decisiones-país.

La realidad es contundente: la polarización social tiende a agudizarse. Mientras las causas fundamentales de la desigualdad sigan afianzándose; la naturaleza perversa del sistema tributario se mantenga; la deuda pública y los intereses obscenos que la misma demanda estrangulen el presupuesto estatal; la facilitación del enriquecimiento privado con la apropiación indebida (aunque tenga ropaje legal) del patrimonio público se siga potenciando (como lo ejemplifica el caso de Japdeva); repetimos, mientras estas circunstancias socioeconómicas (entre otras), contrarias al bien común y al bienestar de las mayorías sigan prevaleciendo, la polarización se acentuará y se manifestaría, incluso, con crueles realidades fuera de la institucionalidad republicana misma.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

El señor Carlos Alvarado Quesada, actual ocupante de Zapote, cumpliendo obligaciones constitucionales, se presentó ante la Asamblea Legislativa el pasado jueves 2 de mayo, con motivo de la llegada de su primer año de gestión como cabeza del Poder Ejecutivo, exponiendo el documento que él denominó como Estado político de la República y los asuntos de la Administración.

Contrariamente a lo que podría pensarse, y dado el enorme y extendido enojo ciudadano que hay con la presente gestión gubernativa, ese documento debe leerse para -como se dice popularmente-, “jalarle la lengua” al señor Alvarado Quesada en varios apartados; y así posicionar la contracara de los decires suyos en ese documento, especialmente cuando tiene que ver con lo que le está pasando a la propia Democracia costarricense, dado su deterioro acelerado en lo concerniente a las posibilidades de una real inclusión social.

Estabilidad económica es el primer tema de fondo al que se hace alusión en el documento en mención. ¡No es causal! En la lógica político-ideológica de los neoliberales, la estabilidad económica es un objetivo más que estratégico según su visión de mundo; y, por supuesto, centrando alcanzar el mismo en cuestiones de orden macrofiscal, dándole enorme preponderancia a variables como la atención del servicio de la deuda pública por encima de todo lo demás.

Tengamos presente que, para el neoliberalismo, las personas deben estar el servicio de la economía; y no, la economía al servicio de las personas.

Pero, bien, no es éste el punto para el presente comentario. Lo que nos interesa destacar en que en ese documento se indicó lo siguiente: “Debemos también aprobar los proyectos de ley derivados de la investigación de los Panamá Papers, como lo referencia al secreto bancario”.

¿Qué fue esto? ¿Qué le pasó a don Carlos Alvarado Quesada? ¿Será que Rodolfo Piza Rocafort (co-gobernante), así como las señoras Rocío Aguilar Montoya (ministra de Hacienda) y Edna Camacho Mejía (coordinadora del equipo económico), no revisaron bien esta parte del mensaje del Poder Ejecutivo del pasado 2 de mayo?…

¿Qué son los Panama Papers? El sitio web www.infobae.com/politica apunta: “Es la mayor investigación periodística mundial sobre los negocios offshore, ocultos durante décadas. Fue liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, a partir de una mega filtración de 11,5 millones de documentos secretos del estudio panameño Mossack Fonseca, hoy disuelto”.

“Panama Papers (en español Papeles de Panamá),es la expresión dada por los medios de comunicación a una filtración informativa de documentos confidenciales de la firma de abogados panameña Mossack Fonseca, a través de una entrega de 2,6 terabytes de información por parte de una fuente no identificada, al periódico alemán Süddeutsche Zeitung, que posteriormente compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus iniciales en inglés), revelando el ocultamiento de propiedades de empresas, activos, ganancias y evasión tributaria de jefes de estado y de gobierno, líderes de la política mundial, personas políticamente expuestas y personalidades de las finanzas, negocios, deportes y arte). Esto lo indica la enciclopedia electrónica Wikipedia.

El caso de Los papeles de Panamá tuvo repercusiones en nuestro país, dado que el robo de impuestos en Costa Rica es algo monstruosamente gigante y estos sucios mecanismos de esconder la plata en paraísos fiscales, es una práctica usual entre la gente pudiente, la de mayor poderío económico y la que tiene gran influencia política para, incluso, imponer presidentes y diputados.

Es por eso que, repetimos, llama poderosamente la atención que el documento que conoció el país el pasado jueves 2 de mayo por boca del jerarca mayor del Poder Ejecutivo, haya indicado que se deben “aprobar los proyectos de ley derivados de la investigación de los Panamá Papers, como lo referente al secreto bancario”.

¿De qué tipo de proyectos estamos hablando? La Asamblea Legislativa del período constitucional anterior, 2014-2018, integró una comisión especial que investigó el tema de Los papeles de Panamá en el marco de la realidad tributaria costarricense, mediante el expediente legislativo No. 19.973, denominándose la misma así:

“Comisión especial investigadora, que se dedique a analizar la información hecha pública a partir de la investigación periodística internacional en torno al bufete panameño Mossack Fonseca, con el fin de identificar mecanismos o prácticas utilizadas para eludir o evadir tributos, así como las deficiencias, vacíos y omisiones que pueda tener la legislación costarricense para la adecuada fiscalización y recaudación tributarias”.

Fíjense ustedes que sólo el nombre que se le dio a esa comisión legislativa da cuenta de lo que nos traemos entre manos. Las diputadas y los diputados que la integraron fueron: Rolando González Ulloa (y después, en su lugar se incluyó a Ronny Monge Salas), Marcela Guerrero Campos, Marco Redondo Quirós, Patricia Mora Castellanos, Carmen Quesada Santamaría, Otto Guevara Guth, Karla Prendas Matarrita, Juan Marín Quirós y Rafael Ortiz Fábregas.

El informe de esta comisión es, sencillamente, extraordinario, pues como ellos mismos lo admiten, en el apartado segundo, Contexto histórico tributario: “Respecto a los ingresos, es conocido el alto incumplimiento que existe en el pago de los impuestos en el país, siendo que la evasión y elusión fiscal se estiman en un 7,75% del PIB. Por su parte, se han otorgado a través del tiempo, amplias exoneraciones de impuestos que se estiman en un 6% del PIB”.

Las cifras que nosotros siempre hemos manejado es que, en estos aspectos tributarios graves de evasión y elusión fiscales, es de 8.5 puntos PIB; no de 7.75. Pero, la realidad política es que son datos monstruosamente gigantes. Y, en materia de exenciones-exoneraciones, el dato es irrebatible: 6 puntos PIB.

¡Ahora es cuando! El informe legislativo de la comisión que investigó el reflejo en Costa Rica de Los Papeles de Panamá, se ha de convertir en una poderosa herramienta de lucha de los sectores cívico-patrióticos y sociales-populares de la más diversa índole. Paradójicamente, Alvarado lo está pidiendo. La próxima semana seguiremos con el tema.

Por: Albino Vargas, Secretario General ANEP

El doctor en Economía, don Luis Paulino Vargas Solís, académico universitario y actual Director del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE) de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), tiene ya largo tiempo de investigar, analizar y escribir sobre los delicados desafíos de la Costa Rica actual en materia de desarrollo económico con inclusión social.

Se puede coincidir con él en todo, en parte; o, incluso discrepar totalmente. Pero nadie puede negar su rigurosidad académico-científico y la enorme seriedad de sus planteamientos.

Dentro de las principales preocupaciones de don Luis Paulino, y de sus insistentes y consistentes llamados de atención a las conciencias cívico-responsables patrióticas costarricenses, la cuestión de la reactivación económica ha sido de su mayor interés.

A un año, justo hoy, 1 de mayo de 2019, de la entrada en funciones de la presente Asamblea Legislativa, el tema de la reactivación económica le sigue siendo ajena a ésta, de manera irresponsable y temeraria; tanto como ya es más que contundente el soberano fracaso que en tal sentido exhibe el neoliberal gobierno Alvarado-Piza y la tríada-troika gobiernista del PLUSC-PAC.

Efectivamente, los principales datos macroeconómicos provenientes de economistas de seria reputación en los círculos corporativo-financieros del real poder, estarían ya dando señales de alarma como éstas:

El crecimiento del PIB se desploma al 2.6% o menos (hace cuatro años se estaba creciendo al 5%); el crédito al sector privado se cae al 6% (hace dos años crecía al doble), provocando mayor caos en materia de generación de nuevo empleo; la tasa básica pasiva llegaría al 8%, aumentándose severamente las cuotas de los préstamos bancarios; la devaluación del colón subiría al 8,1% (hace dos años estaba en 4.5%); la inflación llegaría al 3.8% (hace dos años estaba en 0.8%).

Se indica que “las actividades en las que trabajan las personas más pobres y con menos formación (agricultura, construcción, comercio e industria) todas tienen crecimiento bajo cero, lo que implica que no habrá nuevas fuentes de trabajo. Y en el peor de los casos, cierre de puestos”.

Por otra parte, se apunta que habrá sensible crecimiento en los delitos contra la propiedad y en la venta de drogas.

Para terminar, el colapso económico se agravará con el aumento de los impuestos indirectos que dañarán, aún más, las economías familiares de los hogares de ingresos medios y bajos, con la entrada en plenitud de la ley del combo fiscal.

A modo de ejemplo y dentro de su enorme y rica elaboración de pensamiento económico centrado en el ser humano, para este prestigioso académico patriota, la inversión pública requiere de un urgente “manejo político directo en el corto plazo”.

Hay que impulsarla de manera “planificada de forma tal que, hasta donde resulte posible, maximice su capacidad de generación de empleos y el uso de insumos de producción nacional, lo que a su vez maximizará el efecto multiplicador sobre el resto de la economía”.

Las preocupaciones y los aportes de don Luis Paulino al respecto de la reactivación económica y temas conexos, fueron acogidos, consciente y unánimemente, por la corriente sindical en la cual militamos.

El pasado 22 de marzo, la Junta Directiva de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), le presentó al Consejo Consultivo Nacional (CCN) de la organización (compuesto por las directivas seccionales de base de los actuales 151 gremios laborales aglutinados bajo la bandera de la ANEP); el planteamiento “Una reforma fiscal sin reactivación económica es infértil, y más bien puede generar una profundización de la crisis fiscal”; planteamiento que contó con el beneplácito y la aprobación política del Colectivo Sindical PATRIA JUSTA.

Este planteamiento, “Una reforma fiscal sin reactivación económica es infértil, y más bien puede generar una profundización de la crisis fiscal”,está incluido dentro de una propuesta sindical más integral, también presentada y aprobada ese 22 de marzo, denominada “Aportes para una agenda patriótica de justicia tributaria y reactivación económica”, la más reciente bandera propositiva de la ANEP y del Colectivo Sindical PATRIA JUSTA.

La concepción de Sindicalismo Sociopolítico que nos inspira todos los días de nuestra lucha, está preparada para aportar cuando llegue ese momento en que la Patria eclosionada por las pifias de un fundamentalismo fiscalista que nos lleva por el despeñadero, tenga que sentar a sus mejores hijos y a sus mejoras hijas para hallar soluciones compartidas y negociadas que nos incluyan a todos y a todas; pero hablando con seriedad de una democracia realmente inclusiva y solidaria, con su economía estratégicamente reactivada.

Con ocasión de la conmemoración histórica del Día Internacional de la Clase Trabajadora, dejamos pública constancia por esta vía de nuestro agradecimiento sincero a don Luis Paulino por obsequiarle al movimiento obrero, una parte de su mejor pensamiento económico-social.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

El Primero de Mayo debe estar presente en nuestras mentes, en nuestras almas, en nuestros espíritus, en nuestros corazones. Con diversos aportes al respecto, hoy los hacemos nuestros y se los compartimos, seguidamente.

En el caso costarricense, el Primero de Mayo implica dos conmemoraciones. Una de corte obrero-trabajador. La otra, de corte patriótico-nacionalista y soberanista.

Hace 106 años de la primera conmemoración de un primero de mayo en Costa Rica. Fue en 1913. Con esta conmemoración, nuestro país se unía así a la serie de naciones y de pueblos que decidieron honrar la gesta obrera del naciente proletariado internacional, en la lucha por la jornada de 8 horas.

La historia del caso registraría los nombres de ocho líderes sindicales que la humanidad obrera y social recuerda como “Los Mártires de Chicago”.

En 1886, el presidente de Estados Unidos, Andrew Johnson, firmó la “Ley Ingersoll” que establecía la jornada de 8 horas pero que no quería ser respetada por los patronos, lo que generó una serie de huelgas obreras, destacándose las de la ciudad de Chicago, en el mes de mayo de ese año 1886; ocurriendo un episodio violento que dejó varios policías muertos al estallar una bomba en medio de una gran manifestación obrera.

Los ocho dirigentes sindicales de ese gran movimiento por las 8 horas fueron culpabilizados.

Cuatro de ellos fueron condenados a la horca y ejecutados: Albert Parsons, estadounidense, 39 años, periodista; August Spies, alemán, 31 años, periodista; Adolph Fischer, alemán, 30 años, periodista; y, Georg Engel, alemán, 50 años, tipógrafo.

Luis Linng, alemán, 22 años, carpintero, se suicidó en su propia celda antes de ser ahorcado. A Michael Swabb, alemán, 33 años, tipógrafo; y a Samuel Fielden, inglés, 39 años, pastor metodista y obrero textil, en vez de la horca recibieron condena de cadena perpetua. Finalmente, a Oscar Neebe, inglés, 39 años, vendedor, lo condenaron a 15 años de trabajos forzosos.

La lucha obrera por la jornada de 8 horas tiene mártires y fue producto de la lucha sindical. Estos nombres son inmortales y por eso las personas sindicalistas de hoy tenemos una responsabilidad enorme en cuanto a que jamás se olviden.

La jornada de 8 horas en Costa Rica se establecería en el año 1920, a 7 años de la conmemoración del primer Primero de Mayo en nuestro país.

A nivel internacional, fue en el año 1889, en París, Francia, que se instituyó la conmemoración del Primero de Mayo como la magna fiesta obrera mundial y en recuerdo, por siempre eterno, de “Los Mártires de Chicago”, así como de las grandes huelgas por la jornada de 8 horas que tuvieron lugar en el mes de mayo de 1886.

Las corrientes sindicales de la época, de corte anarquista, socialista y anticapitalista, fueron las propulsoras de tan acertadísima decisión, adoptada por el Congreso Obrero Socialista de la Segunda Internacional, la cual fue una organización compuesta por partidos políticos laborales y socialistas de aquellos años.

Ahora hablemos de la otra conmemoración del Primero de Mayo, la de corte soberanista, patriótico, cívico y nacionalista.

Aquí le copiamos al ciudadano don Wálter Cartín, quien nos llama la atención acerca de que pocos costarricenses sabemos que el 1° de mayo es feriado en nuestro país desde 1857, pero no por motivo del Día Internacional del Trabajador.

En Costa Rica el feriado fue establecido por el decreto número 35 del 29 de octubre de 1857, firmado por el presidente Juan Rafael Mora Porras, y su ministro del Interior, encargado del despacho de Hacienda y Guerra, don Joaquín Bernardo Calvo.

Según el artículo 8: “En recuerdo del triunfo completo de las armas de Centroamérica y de la rendición y expulsión de las fuerzas filibusteras, el día 1 de mayo será feriado, y se celebrará en toda la República con la solemnidad posible, saludándose el Pabellón (Nacional) en la aurora de dicho día con veintiún cañonazos”.

El 1 de mayo de 1857 se produjo la rendición de William Walker, quien representó la primera incursión de corte imperialista de los Estados Unidos por tierras latinoamericanas. Con esta victoria, se da la afirmación de nuestra voluntad de consolidar las libertades políticas ganadas en 1821, al separarnos de España.

Muchos pensamos que esta fecha es de mayor significación que la del 15 de setiembre.

Se supuso que el 1 de mayo debía ser recordado y festejado en Costa Rica como “día de gloria para la raza latina que ha sabido defender su religión y su Patria y escarmentar debidamente a la horda salvaje que intentara sumirnos en la más oprobiosa esclavitud”, según el mensaje del presidente Juan Rafael Mora Porras al Congreso de 1857.

Muchos pensamos que este ilustre costarricense, popularmente conocido como don Juanito Mora, ha sido el más grande e importante presidente de la República que hemos tenido los y las costarricenses y hasta la fecha.

Por cuestiones de dominio entre los tradicionales grupos familiares de poder económico que ha habido en nuestra sociedad, la figura, el papel y el legado de don Juanito Mora ha sido invisibilizado, negado, disminuido, relegado, escondido.

Y no fue sino hasta el año 2014 que, por acertada decisión de la Asamblea Legislativa, se le declaró Héroe Nacional y Libertador de la Patria.

Pocos sabemos que actualmente esto ha empezado a cambiar, pero todavía queda mucho camino por recorrer para la restauración plena, moralmente justa y éticamente correcta, de su papel revolucionario soberanista de defensa de nuestra naciente patria. Como vemos, el Primero de Mayo nos convoca por partida doble.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Poco a poco, en estos ya casi 12 meses del período de gestión gubernativa 2018-2022, ejercida desde los poderes Ejecutivo y Legislativo, controlados ambos por el gran capital neoliberal, tanto ideológica como políticamente; se va delineando el perfil futuro que ocupa el control social de la población iracunda, misma que va creciendo en cuantía ante el avance del proceso de concentración de la riqueza y su contraparte dolorosa, la exclusión social.

“Los y las de arriba” ya, ahora sí, han tomado debida conciencia de que “los y las de abajo” cada vez son más y más críticos; y, por tanto, ni tontos que fueran como para no aprovechar el ventajismo de poder que les dio la estafa política ocurrida en el proceso electoral del año pasado 2018, cuando pusieron al pueblo a elegir entre “lo divino” y “lo diabólico”.

Por eso es que ahora están en loca carrera para la castración del surgimiento potente de expresiones desafiantes de democracia participativa ante el desprestigio y descrédito de la democracia representativa. Y, en tal sentido, el exterminio civil de los sindicatos es su prioridad en estos momentos.

El delineamiento de la nueva acción coercitiva del Estado, ante el desmontaje fuerte, en desarrollo, de su concepción social de Derecho, amerita dos fuertes cambios de rumbo en la ejecución de la política pública a la cual se le está impregnando de un contenido ideológico excluyente, ya no inclusivo y reductor de la desigualdad: lo que está instaurando a golpe de tambor es el todo mercado, nada Estado.

El primer cambio sustancial que ya empezó a operar al respecto, fue la aprobación del para siempre detestado proyecto del combo fiscal, hoy Ley de la República No. 9635, Fortalecimiento de las finanzas públicas.

Esta legislación, impuesta a la gente de manera tramposa, es el surgimiento de dos poderosos ministerios que, al conjuntarse las nuevas potestades político-jurídicas que les dio esa ley a ambos, anuncian el surgimiento de un tipo de presidencialismo vertical y, por ende, de corte imperial.

Desde la Casa Presidencial, mediando ambos ministerios, el Estado central, personificado en la figura del Presidente de la República, adquiere enorme poder coaccionante para definir dos estratégicos ámbitos de toma de decisiones, de corte vertical y bajo un ejercicio imperial de tal condición: la hacienda pública y el empleo estatal; incluso, reformándose, de facto, la Constitución Política de 1949.

Y nos estábamos quedando cortos en cuanto a la percepción social del surgimiento de una presidencia imperial en Costa Rica: un tercer supra-poder ejecutivo está ya en promoción de cobertura legal: el ministerio de Bienestar Social.

Toda la política de asistencialismo social, que es muy diferente a la concepción de Desarrollo Social, pasará a ser ejecutada con directrices de la presidencia imperial.

Está ocurriendo en nuestras narices el dorado sueño del ahora cuestionado exmandatario Óscar Arias Sánchez, quien siempre abogó por la instauración en Costa Rica de una “dictadura en democracia”.

Tan es así que, recientemente, este señor se ufanó que Carlos Alvarado Quesada le tiene como un especial consejero de la gestión presidencial que él lleva a cabo; misma que, por cierto, solamente 1 de cada 4 costarricenses la ve con buenos ojos.

Efectivamente, el dicho de Arias Sánchez de la “dictadura en democracia”, se concretiza (para empezar), en la conformación de una presidencia imperial y sus tres superministerios: Planificación, Hacienda y Bienestar Social.

Auscultando un poco más hacia los reales contenidos político-ideológicos de lo que le está pasando al pueblo costarricense en estos momentos, debemos apuntar que (como ya le adelantamos líneas arriba), están ocurriendo cambios de fondo de naturaleza constitucional vía legislación ordinaria; en este reordenamiento que impone el gran capital neoliberal para un disciplinamiento de una ciudadanía en ebullición ante el desprestigio de los partidos, de todos los partidos; y, en especial, de los que han gobernado en los últimos 30 años: el tripartidismo PLUSC-PAC.

La presidencia imperial abre paso al desarrollo de una concepción integral del ejercicio del Gobierno con propensión autoritaria, vertical, excluyente y con disposición radical a la extinción político-civil de aquellas expresiones ciudadanas de denuncia y de resistencia, como la de los sindicatos.

La instauración de una presidencia de la República de corte imperial ahora, se concatena con el ya control político-ideológico que se tenía por parte de los grupos de alta riqueza de la cuestión económico-financiero-bancaria de la gestión pública (así les fuera otorgado en los gobiernos del bipartidismo tradicional PLUSC);  en estricto apego a la transformación ideológica de las relaciones sociales que han venido imponiendo los latifundios mediáticos y su práctica insana de periodismo de odio, con mucha fuerza en los gobiernos PAC, “curiosamente”.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Estamos ya a unos diez meses de las próximas elecciones de los denominados gobiernos locales en cada uno de los ahora 82 cantones de la República, así como en los 8 concejos de distrito.

Pese a todas sus dificultades del más diverso orden y a toda la serie de vicios que han venido desarrollándose en este tipo de instituciones republicanas de la Democracia; siempre hemos pensado que las municipalidades representan el sistema de gobierno más cercano a la gente, más ligado a la ciudadanía, más consciente de las necesidades de sus pobladores.

Es más, siempre hemos admirado el modelo municipal instaurado en los países nórdicos, como en Finlandia, donde el poder de los municipios va ligado a una serie de exitosa prestación de una gran cantidad de servicios públicos, concebidos para la inclusión económica real y para el verdadero desarrollo social de carácter integral.

Pero, ¡bueno! Estamos en Costa Rica, la Patria amada que nos vio nacer y lo que tenemos es lo que tenemos, mediando, eso sí, una riquísima herencia institucional.

El fortalecimiento estratégico de los gobiernos locales, por tanto, debe ser una tarea de primer orden de la actual generación de costarricenses, en el marco de una sociedad que desde distintos ámbitos se nota resquebrajada.

Nosotros pensamos que las próximas elecciones municipales del próximo mes de febrero ocurrirán en un marco de transformación institucional radical del concepto histórico de la autonomía del régimen municipal, si nos atenemos a lo que sobre la misma contempló la actual Constitución Política del país, del 7 de noviembre de 1949; todavía vigente pero bastante devaluada por parte de los detentadores del poder real actual en nuestra sociedad.

Somos de la tesis de que ese concepto constitucional de la autonomía de los gobiernos locales fue violentado, vilmente, por el presente Gobierno de la República mediante la aprobación-imposición de la ley 9635, Fortalecimiento de las Finanzas Públicas que el pueblo en lucha bautizó como el combo fiscal.

Prestigiosos ciudadanos estudiosos de la Democracia, de la Constitución, del régimen municipal en lo específico, vienen señalando, con alarma, esta grave circunstancia de una modificación, de facto, de la carta magna del país en materia de la autonomía del régimen municipal.

Destaca el estudio del licenciado don Edward Cortés García, de reciente publicación, titulado, precisamente, “Ley 9635 Fortalecimiento de las finanzas públicas-impacto en el Régimen Municipal”, cuya lectura recomendamos.

Las municipalidades pasaron a depender, políticamente hablando y desde una perspectiva macroeconómico-fiscal de sesgo neoliberal, del Ministerio de Hacienda; dependencia que llega a varios extremos que todavía están por verse, pero que ya mostraron su primera faz con órdenes que ya recibieron de parte de dicha cartera ministerial con relación al crecimiento de sus presupuestos para el 2020.

Esto es de mucha gravedad para las nuevas autoridades municipales que, precisamente, entrarán en funciones en mayo de 2020, las cuales se toparán con un fuerte freno presupuestario para impulsar los principales puntos de sus correspondientes programas de gobierno en los cantones que van a dirigir, con lo cual, la ciudadanía que les votó les confrontará por incumplimiento de promesas, sin reparar que es la intrusión del Ministerio de Hacienda en las finanzas municipales lo que va a entorpecer el desarrollo comunal en los cantones de la República. 

Esto, por una parte. Por otra, toda la política de personal y de recursos humanos, también, sufrirá la intervención del Estado central, vía el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan).

El sistema de empleo público municipal será homogeneizado para ser valorado según parámetros de corte tecnocrático, por una parte; y, por otra, con contenido macroeconómico-fiscal.

Esto puede conducir a dificultades como abaratamiento-precarización de los salarios, por un lado; por otro, a gran inestabilidad laboral producto de la flexibilización de los términos del despido, con base en otra nueva intrusión en perspectiva en la autonomía constitucional del régimen municipal, cual es el proyecto Ley Marco de Empleo Público.

Creemos que con ocasión de las elecciones municipales 2020, las fuerzas vivas de cada cantón, incluidas las sindicales que representan al sector laboral de los gobiernos locales, deben promover un amplio proceso de incidencia en la conciencia de todas las personas candidatas, tanto a las alcaldías como a las regidurías, acerca de la urgente necesidad política de una recuperación estratégica de la autonomía constitucional del régimen municipal.

Este desafío es fundamental para hacer inviable la entronización en el país de un gobierno altamente centralizado, con propensión autoritaria; y, con la peligrosa circunstancia de que, a final de cuentas, será la figura presidencial la que se meta con la vida interna de los municipios vía esos superministerios, Hacienda y Mideplan, que impuso la ley 9635.

Estamos ya a unos diez meses de las próximas elecciones de los denominados gobiernos locales en cada uno de los ahora 82 cantones de la República, así como en los 8 concejos de distrito.

Pese a todas sus dificultades del más diverso orden y a toda la serie de vicios que se han venido desarrollándose en este tipo de instituciones republicanas de la Democracia; siempre hemos pensado que las municipalidades representan el sistema de gobierno más cercano a la gente, más ligado a la ciudadanía, más cociente de las necesidades de sus pobladores.

Es más, siempre hemos admirado el modelo municipal instaurado en los países nórdicos, como en Finlandia, donde el poder de los municipios va ligado a una serie de exitosa prestación de una gran cantidad de servicios públicos, concebidos para la inclusión económica real y para el verdadero desarrollo social de carácter integral.

Pero, ¡bueno! Estamos en Costa Rica, la Patria amada que nos vio nacer y lo que tenemos es lo que tenemos, mediando, eso sí, una riquísima herencia institucional.

El fortalecimiento estratégico de los gobiernos locales, por tanto, debe ser una tarea de primer orden de la actual generación de costarricenses, en el marco de una sociedad que desde distintos ámbitos se nota resquebrajada.

Nosotros pensamos que las próximas elecciones municipales del próximo mes de febrero ocurrirán en un marco de transformación institucional radical del concepto histórico de la autonomía del régimen municipal, si nos atenemos a lo que sobre la misma contempló la actual Constitución Política del país, del 7 de noviembre de 1949; todavía vigente pero bastante devaluada por parte de los detentadores del poder real actual en nuestra sociedad.

Somos de la tesis de que ese concepto constitucional de la autonomía de los gobiernos locales fue violentado, vilmente, por el presente Gobierno de la República mediante la aprobación-imposición de la ley 9635, Fortalecimiento de las Finanzas Públicas que el pueblo en lucha bautizó como el combo fiscal.

Prestigiosos ciudadanos estudiosos de la Democracia, de la Constitución, del régimen municipal en lo específico, vienen señalando, con alarma, esta grave circunstancia de una modificación, de facto, de la carta magna del país en materia de la autonomía del régimen municipal.

Destaca el estudio del licenciado don Edward Cortés García, de reciente publicación, titulado, precisamente, “Ley 9635 Fortalecimiento de las finanzas públicas-impacto en el Régimen Municipal”, cuya lectura recomendamos.

Las municipalidades pasaron a depender, políticamente hablando y desde una perspectiva macroeconómico-fiscal de sesgo neoliberal, del Ministerio de Hacienda; dependencia que llega a varios extremos que todavía están por verse, pero que ya mostraron su primera faz con órdenes que ya recibieron de parte de dicha cartera ministerial con relación al crecimiento de sus presupuestos para el 2020.

Esto es de mucha gravedad para las nuevas autoridades municipales que, precisamente, entrarán en funciones en mayo de 2020, las cuales se toparán con un fuerte freno presupuestario para impulsar los principales puntos de sus correspondientes programas de gobierno en los cantones que van a dirigir, con lo cual, la ciudadanía que les votó les confrontará por incumplimiento de promesas, sin reparar que es la intrusión del Ministerio de Hacienda en las finanzas municipales lo que va a entorpecer el desarrollo comunal en los cantones de la República.

Esto, por una parte. Por otra, toda la política de personal y de recursos humanos, también, sufrirá la intervención del Estado central, vía el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan).

El sistema de empleo público municipal será homogeneizado para ser valorado según parámetros de corte tecnocrático, por una parte; y, por otra, con contenido macroeconómico-fiscal.

Esto puede conducir a dificultades como abaratamiento-precarización de los salarios, por un lado; por otro, a gran inestabilidad laboral producto de la flexibilización de los términos del despido, con base en otra nueva intrusión en perspectiva en la autonomía constitucional del régimen municipal, cual es el proyecto Ley Marco de Empleo Público.

Creemos que con ocasión de las elecciones municipales 2020, las fuerzas vivas de cada cantón, incluidas las sindicales que representan al sector laboral de los gobiernos locales, deben promover un amplio proceso de incidencia en la conciencia de todas las personas candidatas, tanto a las alcaldías como a las regidurías, acerca de la urgente necesidad política de una recuperación estratégica de la autonomía constitucional del régimen municipal.

Este desafío es fundamental para hacer inviable la entronización en el país de un gobierno altamente centralizado, con propensión autoritaria; y, con la peligrosa circunstancia de que, a final de cuentas, será la figura presidencial la que se meta con la vida interna de los municipios vía esos superministerios, Hacienda y Mideplan, que impuso la ley 9635.

Aunque no somos fieles creyentes en las encuestas, pues la experiencia que vivimos con ocasión del “frauduréndum” sobre el TLC (en el año 2007), nos demostró su naturaleza manipuladora y acomodaticia al interés del pagador; siguen siendo tomadas muy en cuenta en diversos ámbitos de la realidad nacional.

Muy en lo específico, se les valora en esos espacios donde se toman decisiones; o en ese tipo de espacios adonde las decisiones ya tomadas, son llevadas para darles su legitimidad formal.

Igualmente, en encuestas cuyos resultados se dan a conocer y que, de antemano, se sabe que han abordado mediciones polémicas y/o controversiales; quienes son aludidos (directa o indirectamente), personas y/o entidades, ofrecen sus propias interpretaciones y/o conclusiones, según intereses directos y/o indirectos.

Apuntamos lo anterior pues nos ha llamado la atención la situación en las encuestas del señor Carlos Alvarado Quesada quien, sin haber llegado al primer año a la cabeza del Poder Ejecutivo, tiene la evaluación más negativa que una persona en su similar posición tuviera en los primeros doce meses de gestión presidencial, desde que tales mediciones se hacen, empezándose éstas hace ya 40 años.

Según entendidos en la materia, podría considerarse que las encuestas realizadas por el Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP), de la Universidad de Costa Rica (UCR), son las que ofrecen mayor posibilidad de rigor y resultado objetivo; aunque, verdad se ha dicha pese a que incomode: durante la pasada campaña electoral, el CIEP recibió no pocos cuestionamientos en el entendido de que entre los dos Alvarado en la recta final de la competencia presidencial, sus simpatías habrían estado del lado del que ahora se desempeña en Zapote.

Por eso nos llama la atención que sean las cifras del CIEP las que ahora nos estén indicando que las valoraciones positivas acerca de la gestión ejecutiva del señor Carlos Alvarado Quesada no llegan al 25 %.

Es decir, que de cada 4 costarricenses, solamente a 1 le parece bien lo que este señor hace como la principal cabeza ejecutiva de la autoridad formal del actual Gobierno de la República.

Como indicamos al principio de que, en esto de las encuestas, las interpretaciones de sus resultados son subjetivas y que cada quien puede leer los números de las mismas según sus intereses; en nuestro caso, por supuesto, nada objetivo se puede esperar de nuestro análisis de los últimos resultados del CIEP-UCR, en cuanto a la medición de la popularidad del señor Alvarado Quesada.

Y, como nuestro ámbito cotidiano de acción es el mundo de lo laboral-social, la conclusión fundamental a la que llegamos es que, él ha llegado a un peligroso nivel de deslegitimación ante una relevante cantidad de la población trabajadora de este país; mucha de la cual le dio el voto, especialmente en segunda ronda, cuando al electorado se le puso a decidir entre “lo divino” o “lo satánico”.

Es decir, no hay la menor duda de que en los actuales momentos la autoridad presidencial de la actual administración está fuertemente cuestionada, desprestigiada… y deslegitimada, a los ojos de la mayoría ciudadana costarricense.

Nuestro sistema constitucional, nuestro sistema legal, los fundamentos jurídicos que nos integran como república, no consideraron nunca el cómo debe ser el proceder ciudadano ante el tránsito desde la legitimidad real-formal-electoral, a la acera opuesta de la misma; es decir, a la pérdida de aceptación ciudadana de dicha autoridad presidencial, cuando ésta, en el ejercicio de la misma se vuelve contra las aspiraciones de quienes, como mayoría que le votó, le dio esa autoridad.

Pensamos que para quienes están muy documentados y que han estudiado mucho este tema del deterioro de las democracias representativas, cuyos electorados son víctimas de estafas políticas (como la más recientemente acontecida en el país); podría ser muy interesante diseñar los mecanismos constitucionales-institucionales para demandarle cuentas a quien, con embustes, conquistó tan alto sitial como la Presidencia de la República; tanto como pedirle explicaciones a quienes le ayudaron en tan mala empresa defraudadora de la buena fe de conciencias cívicas transparentes y esperanzadas.

Sí nos llama poderosamente la atención que las destituciones de presidentes sin terminar mandato han encontrado “vías jurídicas” en otros países latinoamericanos, pese al contenido profundamente ideológico que desde el lado del capital han tenido esas destituciones (casos de Honduras, de Paraguay, de Brasil, por ejemplo).

Sin embargo, apartando lo ideológico (muy difícil, por cierto), ¿no habrá llegado la ahora para que en Costa Rica se diseñen los mecanismos jurídico-institucionales (y, por supuesto, constitucionales), para que la gente de a pie se deshaga del tipo que la engañó, que la estafó, del que le dio la espalda no más llegando a la silla presidencial? ¿Será posible un “impeachment” a la tica?

No es poca la cantidad de gente trabajadora que por estos días se viene haciendo semejante pregunta, por demás, ¡oportunísima!