Categoría: Opinión

Albino Vargas Barrantes
Secretario General
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

Lo venimos planteando, lo reiteramos e insistiremos en ello: la distancia entre el gobernado y los gobernantes se hace cada día que pasa, más grande y profunda.

En las redes sociales hay un hervidero de comentarios fuertes que muestran distintas expresiones de un enojo ciudadano con eso que han dado en llamar la clase política, especialmente la de corte neoliberal y sus diferentes expresiones actuales a nivel de partidos: PLN, PUSC, PAC, el PLUSC-PAC.

“Desobediencia civil”, “golpe de Estado”, “lucha armada”, “insurrección popular” …, resumen sentires cargados de impotencia y de rabia, de iracundo enojo ante la percepción (más que justificada), de que no se están haciendo bien las cosas en este país y que quienes están perdiendo son las mayorías.

La última encuesta que acaba de salir a la luz pública es más que contundente: Alvarado resulta calificado como el peor mandatario de los últimos 40 años (desde Rodrigo Carazo Odio); entre el 70-75% de la gente que vive en la Gran Área Metropolitana (GAM), y cerca del 95% que habita las zonas costeras en las provincias de Guanacaste, Limón y Puntarenas, consideran que Costa Rica va por un rumbo equivocado.

La gente está empezando a darse cuenta de que, si bien va a votar cada cuatro años, no elige. El rumbo que adoptan los gobernantes, no es el que la gente eligió cuando, ingenua y manipuladamente, fue a votar.

En el caso de las 57 personas diputadiles que conforman el parlamento, con destacables excepciones, notamos que la legitimidad formal que les llevó a ocupar una curul, no guarda relación con la legitimidad real que están ostentando en estos momentos.

Eso podría ser corregido al atender ya no sólo las necesidades de las personas que les eligieron, sino las del pueblo, en general; cada vez más estrujado por las derivaciones negativas de una sociedad que tiene en la desigualdad, en el desempleo y en la corrupción, su principal flagelo.

Se está gobernando-legislando para poderosos intereses del alto gremialismo corporativo-empresarial; se está protegiendo las enormes riquezas y fortunas concentradas (algunas mal habidas); tolerándose, de manera cómplice y hasta remunerada, que siga la evasión y la elusión tributario-fiscales, tanto en lo administrativo-gubernativo como en lo legislativo.

El creciente alejamiento entre el gobernante y el gobernado va de mal en peor. Ahora, la clase política tradicional, que responde a la élite económica que la nutre y la respalda, va a dar un paso peligrosísimo, provocador y hasta detonante, socialmente hablando:

Van a instaurar una especie de dictadura parlamentaria institucionalizada, con la anuencia del poder Ejecutivo, reformando el reglamento legislativo para impedir que ese alejamiento entre el gobernante y el gobernado, germine en adversa reacción popular de insospechadas consecuencias.

“Cuando el Poder Ejecutivo presente un proyecto de ley podrá optar para que su proyecto reciba mociones de modificación o bien, no aceptar ninguna, o aceptar solamente las que en su criterio tiendan a mejor el proyecto o garantizar su aprobación”.

Es ésta una moción de fondo presentada con relación al expediente legislativo No. 21.116, Reforma General del Reglamento de la Asamblea Legislativa; modificando el artículo 123 del mismo, “Presentación de mociones en comisión”.

La dictadura parlamentaria institucionalizada operaría, de manera especial, durante los dos períodos de sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa (agosto y de diciembre a abril), en los cuales es el Poder Ejecutivo es el que indica qué proyectos de ley se deben tramitar; asegurándose que se aprueben tal y como los envía, a contrapelo de opiniones ciudadanas responsables, diputados y diputadas con real vinculo cívico y popular (no corporativo-empresarial), criterios especializados y legislaciones contrarias al bien común.

Considerando la naturaleza de corte neoliberal que controla la hegemonía política en el actual gobierno Alvarado Piza; considerando los intereses reales que se protegen desde la tríada gobiernista PLUSC-PAC y su mayoría parlamentaria de corte cuantitativo; agregándole la naturaleza de los intereses preponderantes que la misma promueve en conjunto con los fundamentales que se defienden desde Zapote; esta reforma al reglamento legislativo no tiene más propósito que el de instaurar una dictadura parlamentaria institucionalizada, a fin de pasar peligrosa legislación contraria al bien común.

La serie de tropelías que se vienen cometiendo desde la extremadamente sorda clase política tradicional (como el fallo constitucional de compadre hablado que impuso, como ley de la República, el combo fiscal -hoy ley de la República No. 9635-); tiene, lamentablemente, espacio abierto para esta abusiva reforma al reglamento legislativo… y, ¡para más!; pues el gobernado está disperso, desarticulado, excesivamente gremializado, con precariedad de visión, con no pocos oportunismos y arribismos en su interior, que le impiden presentarse ante el gobernante con altura cívica integradora de desafío estratégico. Pero no será así por siempre…

“Nuestros pueblos no son el ‘patrio trasero’ de nadie”. No recuerdo que en Costa Rica se haya reseñado, periodística y mediáticamente con la fuerza y la intensidad requerida, este pensamiento del papa Francisco manifestado por él con ocasión de pasada Jornada Mundial de la Juventud, acontecida en el pueblo hermano de Panamá.

En dos sitios de noticias por internet, nos encontramos la reseña completa del todo integral en que tal frase, “nuestros pueblos no son el ‘patrio trasero’ de nadie”, fue pronunciada por el máximo jerarca del catolicismo mundial.

Tales sitios son: www.annurtv.com y www.kontrainfo.com. Leamos, por favor, la nota de prensa en referencia:

“En el marco de la Jornada Mundial de la Juventud, organizada por la Iglesia en Panamá, el papa Francisco dedicó un extenso discurso a los obispos allí reunidos en el que los llamó a “no estar lejos del sufrimiento de su pueblo” y criticó especialmente al actual “sistema económico que no tiene como prioridad las personas y el bien común y que hizo de la especulación “su paraíso” desde donde seguir “engordando” sin importar a costa de quién.

Así nuestros jóvenes sin hogar, sin familia, sin comunidad, sin pertenencia, quedan a la intemperie del primer estafador”, una frase de alta significación en Panamá dado su carácter de “paraíso fiscal”, pero relevante para toda América Latina, cuyos pueblos “no son el ‘patio trasero’ de nadie”, en clara alusión a los EEUU, con un particular pasado de intervencionismo en todo el continente y especialmente en la actualidad en Venezuela.

Dado el estado actual de las cosas en este injusto momento histórico en que nos ha tocado vivir (por demás, la etapa más desigual de tota la historia de la Humanidad), los contenidos del mensaje del papa Francisco que por nuestro país no merecieron el realce necesario; sin que perdamos una sola neurona de nuestro cerebro para saber el por qué tal ocultamiento. Al respecto, tenemos que:

UNO: El papa Francisco formuló un severo llamado de atención a los obispos latinoamericanos al instarles a “no estar lejos del sufrimiento de su pueblo”. Al ser la América Latina la región más desigual del planeta, el clamor papal tiene gran sentido. La Iglesia Católica, como depositaria del mensaje más relevante de la historia humana, el de Nuestro Señor Jesucristo, no puede mirar para otro lado, cerrar sus ojos y acomodarse, para su propio confort y seguridad, al actual “sistema económico que no tiene como prioridad las personas y el bien común…”;  es decir, apuntamos nosotros, al perverso sistema económico neoliberal generador de los espantosos niveles de concentración de la riqueza y del crecimiento de la desigualdad, del cual también es víctima el pueblo costarricense.

Veamos la magnitud del jalón de orejas que el papa Francisco formula a obispos y sacerdotes católicos: “el pastor, para buscar y encontrarse con el Señor, debe aprender y escuchar los latidos de su pueblo, percibir ‘el olor’ de los hombres y mujeres de hoy hasta quedar impregnado de sus alegrías y esperanzas, de sus tristezas y angustias (…) El pastor no puede estar lejos del sufrimiento de su pueblo; es más, podríamos decir que el corazón del pastor se mide por su capacidad de dejarse conmover frente a tantas vidas dolidas y amenazadas”.

DOS: Efectivamente, el neoliberalismo y su sistema económico, como lo dice el papa Francisco, hizo de la especulación financiera “su paraíso” para seguir en el desenfrenado y criminal proceso concentrador de riqueza, “engordándolo”, “sin importar a costa de quién”.

El correcto sentir, más que oportuno, del jerarca vaticano se conecta con el más reciente informe de Oxfam International que acaba de ser publicado y que arroja datos espeluznantes como el de que 26 multimillonarios tienen tanta riqueza acumulada entre ellos, como la que tiene la mitad de toda la población del planeta junta. Tan solo dos años atrás, en el 2017, eran 43 multimillonarios los que acumulan riqueza del equivalente a 3 mil 500 millones de personas. Es decir, en dos años, la concentración de la riqueza avanzó a niveles inconmensurablemente obscenos.

TRES: Los pueblos latinoamericanos “no son el ‘patio trasero’ de nadie”. Indudablemente que la actual situación que vive Venezuela debió haber estado en la mente del papa Francisco al haber pronunciado, públicamente, esa expresión; cargada de connotaciones políticas que no convenía resaltar en Costa Rica, donde vivimos una abusiva intoxicación mediática parcializada hacia un único lado del proceso que se da en ese hermano país latinoamericano.

El papa debió haber meditado acerca de que el concepto de la soberanía nacional de los pueblos y de los países, sigue siendo un pilar del Derecho Internacional, pese a tan devaluado que está tal concepto de cara a los intereses hegemonistas de las actuales potencias planetarias.

Por otra parte, tengamos presente la nacionalidad argentina del papa Francisco y que la última dictadura militar que sufrió el pueblo rioplatense, en los años 70’s del siglo pasado, con sus 30 mil desaparecidos, sus miles de torturados y exiliados; fue un régimen militar cruelmente dictatorial engendrado y apadrinado por los Estados Unidos, cuyo concepto geopolítico de “patio trasero” con respecto a la América Latina, incluía como una de sus mejores joyas a la Argentina.

Resulta más que obvio que lo que dijo el papa Francisco, en Panamá, no nos lo dijeron en Costa Rica, con la amplitud, objetividad, intensidad que merecíamos; habida cuenta que los tres aspectos que acabamos de comentar de lo que él dijo en Panamá y no nos lo dijeron a nosotros, en Costa Rica; expresan sentimientos y preocupaciones que, de un modo u otro, están relacionados con la supervivencia misma de la Humanidad y de su convivencia en real y justa Democracia.

Como lo hemos venido denunciando de diversas formas y en varios espacios, el gobierno Alvarado-Piza y la tríada gobiernista PLUSC-PAC, se coludieron políticamente hablando y, mediando el fallo constitucional de compadre hablado, le impusieron al pueblo costarricense la que ahora es Ley de la República No. 9635.

Recordemos que esta ley se origina en el detestado y repudiado expediente legislativo 20.580, llamado por la gente “combo fiscal” pero que, en el lenguaje orwelliano del sistema político tradicional, denominaron como Ley de Fortalecimiento de Finanzas Públicas.

¿Por qué decimos que, para imponer el combo fiscal, la hegemonía político-mediática que está controlando la institucionalidad republicana en estos momentos, tuvo que recurrir al fallo constitucional de compadre hablado?

Porque desde las entrañas de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, conocida como Sala Cuarta, se ha estado admitiendo que la visión macroeconómica del actual problema fiscal del país, defendida por el tripartidismo PLUSC-PAC, se impuso a los fundamentos pilares de las normas constitucionales; que, con ocasión de un proyecto de ley de tal calibre como el 20.580 y en la lógica objetiva de tramitación parlamentaria, exigía 38 votos.

Sin embargo, en el fallo constitucional de compadre hablado se dijo lo contrario; es decir, que no eran necesarios 38 votos con lo cual se facilitó la aprobación truculenta de esta Ley 9635; causando ésta ya estragos en miles de hogares de clase trabajadora, sin contar lo que viene a mediados de año producto de tal legislación.

Además, y más grave todavía a juicio de opiniones altamente calificadas y especializadas, la Sala Cuarta confrontó a la propia Corte Plena (de la cual se deriva), al descalificar a la misma, la cual había dictaminado que el combo fiscal sí afectaba la organización y el funcionamiento del Poder Judicial.

La Sala Cuarta golpeó la mesa, mandó al cajón de la basura el dictamen de Corte Plena y emitió ese fallo constitucional de compadre hablado, con una sentencia que dejó a más de un abogado cuestionándose si valió la pena tantos años estudiando para ello. El tribunal constitucional dijo que el combo fiscal no afecta ni el funcionamiento ni la organización del sistema judicial del país.

Traemos lo anterior a colación a propósito de un nuevo pronunciamiento de Corte Plena, acabadito de salir del horno del olimpo jurídico, en el cual afirma que, nuevamente, la organización y el funcionamiento del Poder Judicial será afectada si el tripartidismo PLUSC-PAC impone otra legislación de corte antidemocrático; esta vez de ataque político a mansalva contra los sindicatos y contra el derecho constitucional de huelga.

Estamos hablando del proyecto-expediente legislativo No. 21.049, oficialmente denominado, según el arriba indicado lenguaje orwelliano “Ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos”; aunque su nombre real debió ser “Ley para la declaratoria de ilegalidad de la huelga y procedimiento para liquidar al sindicato que la promueva”.

Fíjense ustedes que leímos la siguiente información de prensa: “La corte resolvió este lunes que el proyecto que pretende reformar el Código de Trabajo en específico los artículos donde se califica la huelga, sí afecta al Poder Judicial por el cambio en las funciones de los juzgadores. La Corte Plena brindó el criterio sobre el proyecto que pretende modificar la actual Reforma Procesal Laboral en específico la calificación de la huelga. Los magistrados resolvieron que este sí afectaría la funcionalidad del Poder Judicial porque hace cambios en las competencias de los despachos judiciales encargados. Según el magistrado que realizó el informe, Porfirio Sánchez, pretenden centralizar las solicitudes de calificación únicamente en el juzgado de trabajo de San José. Otro aspecto por lo que consideran que sí afecta, es que, si el juzgado de trabajo de San José no puede recibir la solicitud la calificación porque también estén huelga, el tribunal de apelación lo recibiría, después seguirá la Sala Segunda y si en primera instancia llega hasta ese punto, la apelación la debería resolver la Corte Plena”.

Es decir que, al igual que sucedió con el combo fiscal-expediente legislativo No. 20.580, hoy Ley de la República No. 9635; estamos en presencia de otro expediente legislativo, el 21.049, también criticado por Corte Plena en cuanto a que sus contenidos, también, sí afectan la organización y el funcionamiento del Poder Judicial; y, por tanto, se requiere mayoría calificada de votos, 38; amén de que nunca puede tramitarse así un proyecto por vía rápida, como le está sucediendo al expediente 21.049; expediente que nosotros bautizamos como “Ley para la declaratoria de ilegalidad de la huelga y procedimiento para liquidar al sindicato que la promueva” (el proyecto del diputado Carlos Ricardo Benavides Jiménez).

Gigante pregunta surge ya en muchísimas conciencias ciudadanas: si la tríada gobiernista PLUSC-PAC lograra imponer la aprobación del proyecto 21.049 (tal y como lo hizo con el 20.580); pese a que Corte Plena indica que sí afecta al Poder Judicial (como también lo dijo en el caso de ese expediente 20.580); ¿cuál será el pronunciamiento de la Sala Cuarta cuando le preguntasen si ese 21.049 está siendo tramitado correctamente? ¿Nos impondrán otro fallo constitucional de compadre hablado?

Por: Albino Vargas Barrantes
Secretario General
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

En pocos días empezará a regir un aumento en la cotización obrera, medida adelantada que imponen las altas autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), a la clase trabajadora cotizante que sostiene el sistema de pensión Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).

Lo anterior, pese a que se había fijado fecha muy posterior para dicha medida, señalada en principio para el año 2020. La adelantaron unos doce meses y a mediados de este año 2018 el salario de las personas trabajadoras que cotizan para IVM-CCSS se reducirá en un 0.50%, que es el monto del aumento en la cuota obrera para dicho régimen.

Adicionalmente a tan injusta medida, las mismas autoridades de la Gerencia de Pensiones de la CCSS advierten sobre estudios que realizan para disminuir el monto del porcentaje que recibe el trabajador jubilado en 4%; o sea, pasar de un 60% a un 54%, lo que eventualmente significaría un crudo golpe para aquellas personas que durante muchos años han procurado con sus aportes la sostenibilidad del régimen de pensiones solidario de IVM de la Caja Costarricense del Seguro Social.

La práctica de cargar sobre las espaldas de la clase trabajadora cotizante del mayor sistema de pensiones del país, se ha vuelto la receta, por excelencia, para subsanar los problemas financieros que viene enfrentando desde los años 90 el sistema como producto de su “envejecimiento” desde su creación hace más de 70 años.

Hay algo claro de manera contundente: es que el sistema de IVM se mantiene gracias al aporte obrero. El Estado ha sido moroso durante décadas y no son poco los patronos que evaden y/o subdeclaran.

Adicionalmente, pese a que la institución goza de una autonomía constitucional, la práctica de colocar presidencias ejecutivas afines al gobierno de turno ofrece a cada gobierno la excelente posibilidad de meter mano en los fondos del sistema. Así lo confirma el dato de que hasta un 75% se invierte en títulos valores del Ministerio de Hacienda, lo que hace al IVM, ser algo así como “la caja chica” del Estado, sea cual sea el gobierno de turno que se instale. Nuestro compañero de causa, don Giovanny Ramírez Guerrero, con su especialidad en el tema, nos dio muy importantísimo aporte para el presente comentario.

Desde el año 2005 se viene hablando de diversificar la cartera de inversión de los fondos de IVM, pero la verdad es que poco se ha hecho al respecto. Acaba de salir a la luz pública una presunta pérdida de fondos de IVM-CCSS de muchos millones de colones, llevándonos a presumir de la presencia de una actitud indolente de quienes administran esos fondos.

La pérdida de 850 millones de colones, según nota de prensa, reflejaría la falta de planificación, así como la falta de rigurosidad técnica que conlleve a buenas inversiones que produzcan ganancias al sistema. Si la pérdida en mención corresponde al 1% de inversión, ¿qué estará sucediendo con el restante 99%?

La auditoría institucional detecta riesgos e inconsistencias en la rentabilidad de las colocaciones, y otros aspectos al parecer elementales de medición del riesgo de inversión de los fondos de IVM.

Saltan obligadas preguntas como las siguientes: ¿cuáles serán las consecuencias para los responsables por su mala lectura del mercado para la inversión? ¿Cambiarán en el corto plazo las estrategias de inversión de los fondos de IVM? ¿Será necesario revisar el papel del comité de inversiones pasando hasta por sus integrantes?

El presidente ejecutivo de la institución ha afirmado que, si se tuviera una excelente lectura del mercado, “…seríamos millonarios”. ¡Vaya afirmación de quien se encuentra al frente de la institución!

¿Será que durante lo que le resta de gestión al frente de la Caja tendrá como propósito dar un golpe de timón en esa dirección y que con ello se acaben los problemas financieros que enfrenta el sistema de jubilaciones de IVM?

¿Tendrá el carácter suficiente la junta directiva institucional para enmendar el error y responsabilizar a los responsables de pérdidas millonarias?

Lo dicho por el presidente de la Caja nos pone a pensar en aquellas personas que deben sobrevivir con pensiones de hambre como la  del régimen no contributivo, mismas que deben elevarse; nos pone a pensar en que deben ser mayores las cifras de los porcentajes de pensión de los trabajadores como los municipales, o de las señoras que atienden los comedores escolares, quienes jubilados deben buscar otra forma de ingreso para resolver sus más básicas necesidades; o de buen número de trabajadores de la salud que, a pesar de laborar en contacto permanente con enfermedades contagiosas, muchas veces no logran alcanzar su anhelada pensión y sus bien ganadas cesantías…

Si la intención de la máxima y actual jerarquía política de la Caja es en tal dirección, es decir, atacar la situación de precariedad del grueso de las pensiones actuales del IVM, de seguro tendrá un gran apoyo popular. No podemos resignarnos a lo que parece vislumbrarse en un horizonte de corto plazo: pensionarse bajo el sistema IVM-CCSS es empobrecerse.

Por Albino Vargas Barrantes

Secretario General ANEP

Miles de personas trabajadoras asalariadas del sector Público ya han empezado a sentir en sus bolsillos salariales (o están próximos a ello), los efectos perniciosos de la ya (lamentablemente), Ley de la República No. 9635, oficialmente denominada “Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”; misma que el pueblo en lucha contra ella bautizó como combo fiscal, convirtiéndose en el proyecto de ley más detestado, popularmente hablando, desde la ley del combo ICE, del año 2000.

La misma situación de afectación a las finanzas familiares del resto del pueblo trabajador de este país, por la entrada en vigencia de dicha legislación, se sentirá en las próximas semanas y meses.

Todo el conjunto de circunstancias político-mediáticas y económico-sociales que rodearon el proceso de tramitación de esta Ley 9635, dentro y fuera del parlamento, no solamente está por escribirse y analizarse como fenómeno sociohistórico; sino que, la herida abierta en la sociedad por tal circunstancia sigue abierta; amén de que producto de toda esta circunstancia, la distancia entre el gobernante y los gobernados no solamente ahora es más larga que antes, sino que más profunda.

En el marco de este complejo estado social confrontativo, todos los especialistas coinciden en el papel más que crucial jugado por la Sala Constitucional de la Corte Suprema Justicia, al emitir un fallo unánime (sus siete integrantes) que a más de uno dejó perplejo; por cuanto el enfoque oficialista, hegemónico-mediático y político, privó por encima de la solidez pétrea que supone la Constitución Política de la República, como el conjunto de normas fundamentales angulares de la convivencia civilizada de los y de las costarricenses y del resto de las personas habitantes de nuestro país.

¡No fue así! Desde la perspectiva con la cual nosotros interpretamos los fenómenos políticos, sociales y económicos de la lucha sindical y social, hemos estado hablando y planteando sobre la polémica decisión de la Sala Cuarta que ésta emitió el fallo constitucional de compadre hablado; viabilizando así de manera política y jurídico-formal la aprobación legislativa truculenta del combo fiscal, según nuestra visión.

Se le pasó por encima a la Constitución Política en aras de una visión macroeconómico-fiscal de una parte de la sociedad (la mediático-minoritaria, la que controla y hegemoniza el aparato republicano institucional esencial); más no la de las amplias mayorías ciudadanas y trabajadoras que han venido siendo golpeadas por un proceso sostenido de desigualdad económica y de exclusión social.

Recientemente, dos distinguidos costarricenses del campo del pensamiento político-social de la actualidad; académicos que pueden exhibir una solidez en su formación intelectual, se refirieron a la cuestionada decisión constitucional que, repetimos, nosotros conceptuamos como el fallo constitucional de compadre hablado. Dado que son criterios sumamente calificados hemos querido compartirlos con usted.

Por un lado, don Pablo Barahona Kruger, abogado constitucionalista y profesor universitario, quien fue embajador de Costa Rica ante la OEA, escribió este artículo: “Defender la independencia judicial es defender la Constitución”. Leemos en el mismo:

Fallo. Es en ese marco que debe dimensionarse la sentencia de la Sala Constitucional. Un fallo(nazo) que no resiste el análisis como yerro histórico cuyas consecuencias perniciosas para la independencia judicial serán patentes tarde o temprano. Una falla inocultable desde que el propio presidente a.í. de la Sala Constitucional reconoció, al publicar la sentencia y tratar de justificarla, que primó en ellos la consideración política de lo fiscal, desplazando insoslayablemente la criba jurídica, que es a la deberían limitarse como magistrados, y aún más, como juristas, según el principio de legalidad que les alcanza. Ninguna crisis económica -por más “asustante” que se haya propagandeado desde la oficialía que fue acompasada por los grupos de presión interesados en esta reforma –y no en otra más progresiva- valen nuestra Constitución Política. ¡Ninguna! El Estado de Derecho se defiende jurídicamente, no se discute politiqueramente”.

Otro distinguido ciudadano costarricense, don Carlos Araya Guillén, doctor en Filosofía, apuntó lo siguiente en su artículo titulado “Politización de la Sala IV”.

“Cuando el ejercicio de la justicia comienza a servir a los políticos de turno la democracia está en peligro. El control político por parte del gobierno sobre el Poder Judicial, ejercido por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales que establezca la ley, acaba con el principio de la independencia absoluta entre ellos…  En este año (2018) otro fallo es objeto de críticas por su parcialidad gubernamental. El Viernes 23 de noviembre dio luz verde al trámite de la Reforma Fiscal subrayando que no encontró vicios de inconstitucionalidad de procedimiento y de forma en el proyecto expediente 20580, lo que le permitió al gobierno aprobarlo por 34 votos en la Asamblea legislativa. Nuevamente la Sala Cuarta fue criticada manchando una vez más su credibilidad porque hasta la misma Corte Plena había señalado que el proyecto afectaba su organización y funcionamiento de tal manera que requería 38 votos. La intromisión de la Presidencia de la República en la decisión de la Sala Cuarta es grave para nuestras libertades democráticas. Una Sala Constitucional pro-gobierno nos llevaría a un sentimiento de pérdida de dignidad nacional en la majestad y pureza de la justicia”.

El golpe socioeconómico a la situación financiera de las mayorías ciudadanas del país; y, particularmente, la vulneración de la dignidad laboral de miles de personas trabajadoras asalariadas, fue facilitado por una descarada violación a la Constitución Política generada desde el supuesto santuario del Derecho que la debe proteger: la Sala IV. Más allá de la esfera sindical, como habrá usted notado, en otros ámbitos de la cultura y del pensamiento, se tiene la misma conclusión, la cual dicha con lenguaje nuestro es ésta: se dio un fallo constitucional de compadre hablado.

Tuvimos el honor de ser testigos de un gran acontecimiento que marca, de manera relevante, la naturaleza del desafío actual de la clase trabajadora de nuestro país, cual es el de la preservación de los derechos democráticos de organización sindical y de negociación colectiva; por demás, ambos consagrados por la legislación obrera internacional y, adicionalmente, conceptuados como Derechos Humanos.

Adicionalmente, este gran acontecimiento expresa la magnitud de la importancia para la Democracia costarricense que implica la aplicación, en desarrollo, de la histórica legislación de la Reforma Procesal Laboral (RPL), hoy ley de la República No. 9343; misma que está mostrando, con su vigencia práctica, sus potencialidades para convertir en derechos reales de la vida obrera cotidiana, la libre sindicalización, la negociación colectiva, el debido proceso y el mismo derecho de huelga.

¿Por qué hablamos de preservación de tales derechos? Porque fuerzas retrógradas y antidemocráticas se están moviendo, en los actuales momentos, en los espacios formales de la institucionalidad republicana del país, como la Asamblea Legislativa, para que se restrinja (al máximo posible), los espacios políticos-legales de la acción obrera y laboral organizada en sindicatos.

Este domingo 20 de enero, en el salón de eventos de la Expo-Pococí, en Guápiles, zona atlántica de nuestro país, el ya legendario sindicato obrero bananero SITRAP (Sindicato de Trabajadores de Plantaciones Agrícolas), alcanzó su objetivo de posicionarse como la agrupación vanguardia del país, que marco rumbo en el campo de la reivindicación plena de los derechos reivindicativos económico-salariales y sociales de toda esa fuerza laboral que, de sol a sol, trabajan en la producción de banano y de piña; explotaciones agrícolas que están en los primeros lugares del ranking de las exportaciones costarricenses.

Aunque el ámbito cotidiano de la lucha sindical del SITRAP son los cantones de Limón, Matina, Siquirres, Pococí y Guácimo, el impacto de su quehacer ha repercutido en otras zonas del país que tienen cultivos de banano y de piña, en las cuales ya está desarrollándose esa esperanza obrera, ahora en crecimiento, a partir de la persistente lucha del SITRAP.

Hablamos de actividad sindical en los cantones de Sarapiquí, Buenos Aires, San Carlos y Río Cuarto, con colectivos laborales que valoran la importancia de organizarse en sindicatos, pese a formas de represión como el despido abierto, o como las campañas psicológicas de infundir miedo.

El SITRAP, fundado en el año 1972 y que tuvo que sufrir el largo y sinuoso camino de un tránsito duro y doloroso en medio de las más grandes adversidades, luego de la feroz ofensiva del capital a partir de los hechos de la histórica huelga bananera de 1984; repunta en estos momentos como la agrupación sindical más relevante en el plano internacional en cuanto a un estatus de organización obrera referente para los consumidores de banano y de piña costarricenses, los cuales, en los mercados de la Unión Europea (UE) y estadounidenses, toman en cuenta las condiciones de empleo, de trabajo y socioambientales en que se dan tales producciones en suelo tico.

Por decirlo de alguna manera, el visto bueno del SITRAP en tal sentido, determina (en buena medida), el éxito (o fracaso), de inserción de banano y piña ticos en los supermercados británicos, alemanes y franceses, por ejemplo.

La Asamblea General del SITRAP de este domingo 20 de enero adquirió relevancia histórica pues, según registros, tal congregación obrero-bananera, especialmente, en el marco de un evento de carácter sindical, no ocurría desde el año 1981; es decir, tuvieron que transcurrir 38 años para que pudiésemos ser testigos de un evento sindical-asambleario como el indicado.
Y como si ello no fuese ya suficiente para darle carácter histórico a la asamblea general del SITRAP de este domingo 20 de enero, dentro de la rendición de cuentas que la directiva saliente presentó, informó de la suscripción de una Convención Colectiva de Trabajo en la finca Duacarí 04 suscrita con la empresa Corporación Agrícola del Monte, S. A.; que es la primera en su género en casi 40 años. Innegable hito histórico-obrero en este campo de la actividad productiva del país.

Realmente fue reconfortante constatar que el ideal sindical no solamente es legítimamente válido, sino que imprescindiblemente necesario en momentos de crecimiento de la desigualdad y de la marginación social. Tantos trabajadores y tantas trabajadoras del banano y de la piña congregados por la asamblea general del SITRAP, así lo formularon con contundente evidencia.

La incansable, ejemplarizante y hasta heroica laboral de organización sindical que promueve el SITRAP nutre, desde el campo agrícola bananero-piñero, el desarrollo mismo de la Democracia; así como la naturaleza imprescindible de la fuerza obrera sin la cual tal producción resultaría imposible.

Por tanto, que tal fuerza obrera sea realmente valorada, justamente pagada, dignamente tratada es lo que motiva no solamente el crecimiento y la consolidación del SITRAP; sino el desarrollo de la organización sindical obrero-piñera en las otras zonas del país, como hemos reseñado. Lo que SITRAP ha logrado, inobjetablemente representa una esperanza obrera en sólido crecimiento.

La tríada gobiernista PLUSC-PAC ya tiene listo cómo quiere que sea el empleo público luego de que lograra, mediando el fallo constitucional del compadre hablado, imponerle al pueblo la ahora ley de la República No.9635, conocida por el pueblo como combo fiscal.

Al igual que lo hiciera con ocasión de la tramitación legislativa de tan detestada legislación, pretende ahora emular el, para ellosexitoso, proceso de “negociación” con los sindicatos; estableciendo dos vías paralelas: la real y la ficticia, transitando ambas al mismo tiempo.

 La real es la que implica involucrar a los actores hegemónicos parlamentarios en ese proyecto de empleo público; mientras que la ficticia es la que le hará creer a los sindicatos que están negociando, cuando ya están definidos los ejes estratégicos de su proyecto de empleo público.

 ¿Cuál es la decisión neoliberal ya tomada en materia de empleo público? Veamos, seguidamente, la naturaleza de las definiciones político-estratégicas de corte neoliberal, ya tomadas en materia de empleo público.

 UNO: La instauración del salario único. Aparte de que ya ha venido siendo impuesto en varias partes de la Administración Pública; con la ley 9635, la de el fallo constitucional del compadre hablado, se da vía libre al salario único, al desvincularse los reajustes salariales semestrales a la base y el cómputo de las anualidades de los tradicionales salarios base. Entonces, ¿qué quieren negociar aquí con los sindicatos?…

 DOS: Reducir de 14 a 7 los regímenes de empleo público. Ahora hay 14 sistemas de empleo público. Quieren dejar sólo 7: empleados de confianza, maestros, policías, médicos, empresas estatales en competencia y el funcionariado público restante. El sétimo vendría a ser el municipal, pero todavía no lo han confirmado. Todos con salario único, por supuesto. ¿Qué negociar aquí?…

 TRES: Incentivos no salariales: pasantías, licencias de cuido, capacitaciones. Todo esto ya está legislado, reglamentado, negociado, jurisprudenciado. ¿Qué nuevo hay para negociar?…

 CUATRO: Servicio Civil como dependencia de Mideplan. La ley 9635, la de el fallo constitucional del compadre hablado, le dio la potestad al Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan), ser el ente rector del empleo público. Lo que ya decidieron, en consecuencia, es pasar a la Dirección General de Servicio Civil a ser dependencia de Mideplan, sacándola del ámbito del Ministerio de la Presidencia. ¿Qué negociar, entonces?…

 CINCO: Alta gerencia. Establecer una especie de élite tecnocrático-gubernativa a la cual accederían jefaturas de alto nivel mediando una serie de requisitos para ingresar a tan selecto cuerpo gerencial. Nada que negociar pues ya tienen definido el concepto teórico al respecto.

 No hay razones de peso suficientes como para creer que el proceso de diálogo que el actual gobierno PLUSC-PAC está proponiendo en materia de empleo público, sea radicalmente distinto de lo que ocurrió con ocasión del combo fiscal; en el cual la buena fe sindical fue pisoteada, burlada, manipulada y ridiculizada.

 Para empezar, los reales personajes políticos y hegemónicamente decisores no estarán, cara a cara, con los sindicatos; amén de que los fundamentales actores parlamentarios del PLUSC-PAC se caracterizan por su virulento antisindicalismo, expresado en tres iniciativas de ley ya tramitándose en el actual período de sesiones parlamentarias.

¿Cómo va a usted a creer en ese tipo de diálogo social con una guillotina que amenaza con cortarle la cabeza? ¿Cómo darle la espalda a todo un pueblo que estuvo esperanzado en la voluntad social organizada en demanda de real justicia y equidad distributiva? ¿Cómo sentarse, como si nada hubiese sucedido, con quienes no muestran ni transparencia ni honestidad ética para jugar dentro de la institucionalidad, si deben torcer ésta para imponerse? ¿Quién está más necesitado de legitimarse?

 A nosotros nos parece que es el gobierno, puesto que se ha venido deslegitimando luego de quedar al desnudo cuál es la naturaleza de clase de los intereses que está defendiendo desde el ejercicio del poder.

 La lucha sindical, social y popular no necesita que se la legitime desde arriba. Por el contrario, son “los y las de abajo” el interés supremo que debe animar cualquier quehacer cívico-patriótico pensado en el bien común.