Categoría: Opinión

Por: Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP

Este próximo lunes 25 de setiembre, en el auditorio de la sede de la Oficina Regional de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ubicado en San Pedro de Montes de Oca, tendrá lugar la presentación del nuevo Director de la Oficina Regional de OIT, el señor Juan Felipe Hunt Ortiz.

Como Director Regional de OIT, el señor Hunt Ortiz tiene un radio de acción que abarca los 7 países de la América Central, más Haití y la República Dominicana.

Bien se sabe que en nuestro país hay varias corrientes sindicales.

En la que nosotros militamos, para efectos de la OIT y de las diferentes expresiones del sindicalismo continental y global, es conocida como Central Social Juanito Mora Porras-Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), siglas CSJMP-ANEP; coloquialmente, se le puede nombrar como La Juanito Mora-ANEP.

La Juanito Mora-ANEP incluye, entre otros grupos y por ejemplo, a la propia Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), al Sindicato de Trabajadores de Plantaciones Agrícolas (SITRAP), el cual es la más importante organización sindical nacional del personal trabajador en banano y en piña; así como a una agrupación ligada a la actividad productiva de corte estatal como lo el Sindicato de Profesionales del Consejo Nacional de la Producción y de la Fábrica Nacional de Licores (SiproCNP-Fanal).

La CJSMP-ANEP decidió, unilateralmente, suspender sus relaciones con la OIT-Regional desde el funesto período constitucional de la República de Costa Rica, 2018-2022, en el cual se promulgaron las tres leyes más anti-obreras desde la promulgación de la Carta Magna de 1949, el 7 de noviembre de 1949.

Hablamos de las leyes números 9635 (combo fiscal), la anti-huelgas, No. 9808; y, finalmente, la perversa Ley Marco de Empleo Público, No. 10.159.

Precisamente, nuestro distanciamiento con respecto a la OIT-Regional tuvo que ver con unas negociaciones, turbias en nuestro criterio, acerca de la redacción final de esa ley anti-huelgas 9808. Nosotros creemos que nunca debió haberse prestado la sede de la OIT, para fraguar-redactar la traición al sagrado Derecho Humano de la Huelga, constitucional y humano, que habíamos logrado con la promulgación de la histórica legislación de la Ley de la Reforma Procesal Laboral, No. 9343. Queremos pasar la página, mas no olvidar. Y quedamos en espera de la autocrítica.

Hemos aceptado la invitación que se ha formulado a la CSJMP-ANEP para participar en el nuevo proceso de la OIT a cargo del señor Juan Felipe Hunt Ortiz y acudiremos con nuestra representación a conocerle y a expresarle nuestra visión actual del gran ataque anti-obrero que hemos sufrido en los últimos años en el país; así como nuestras expectativas para la defensa de las conquistas sociolaborales de la clase trabajadora costarricense a través de sus organizaciones sindicales.

En el período en que hemos tenido el indicado distanciamiento ya mencionado, la corriente sindical objeto de nuestra militancia cotidiana, La Juanito Mora-ANEP, ha podido aquilatar el mar de posibilidades que nos da vincular, estratégicamente hablando, la defensa obrero-social con la doctrina de los Derechos Humanos (DD.HH.); a partir de la pregonada actitud-país de Costa Rica de firmar y ratificar la práctica totalidad de los tratados internacionales en materia de DD.HH.

Será muy importante que el señor Hunt Ortiz y su nuevo equipo constante, de viva voz nuestra (y la de las otras corrientes sindicales), así como con sólido apoyo documental que le proporcionaremos, la doble moral de Costa Rica en Derechos Humanos: candil de la calle y oscuridad de la casa

Por: Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP

Hemos venido sosteniendo que el período constitucional 2018-2022 ha sido el más anti-obrero de lo que va del 7 de noviembre de 1949, cuando entró en vigencia la actual Constitución Política de Costa Rica, a la fecha.

Es el período que, en lo visible a la opinión pública, gestionaron, de manera principal, dos individuos: uno en el Poder Ejecutivo, de nombre Carlos Alvarado Quesada; el otro, en el Legislativo, Carlos Ricardo Benavides Jiménez.

Para afirmar lo anterior, señalamos tres leyes aprobadas en ese cuatrienio que hoy día, en el actual período constitucional 2022-2026, estamos notando su caída, su pérdida de efectividad, aunque se ha venido notando el daño que causaron a la mayoría de la población.

Por demás, esas tres leyes han sido cuestionadas ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, interponiéndose por parte de la corriente sindical en la cual militamos, sendas acciones de inconstitucionalidad y, para grata sorpresa nuestra, el más alto tribunal de la República, conocido popularmente como Sala Cuarta, admitió las tres.

Hablamos de la ley 9635, conocida por el pueblo como “combo fiscal” y aprobada en medio de gran conflicto social, en el 2018; de seguido, en el año 2020, el autoritarismo neoliberal-plutocrático impuso la antidemocrática ley 9808, ley “anti-huelgas”; y, para terminar ese descomunal ataque anti-obrero del período constitucional 2018-2022, se impuso la ley 10.159, Ley Marco de Empleo Público, en el 2022, al término de dicho período.

La deuda pública del país y, especialmente el pago obsceno de sus intereses sigue estrangulando las finanzas públicas, cinco años después de que se promulgara la Ley No. 9635, cuyo nombre oficial es Fortalecimiento de las finanzas públicas.

Para el ejercicio fiscal de la República del próximo año 2024, prácticamente la mitad de la totalidad del mal llamado “Presupuesto de la República”, el que pasa por la Asamblea Legislativa, se destinará para el pago de los intereses; pago éste que, ¡al fin!, empieza a ser cuestionado por otras voces e instancias calificadas, muchos años después de que la corriente sindical en la cual militamos empezara a tocar este tema.

Las finanzas públicas siguen sin fortalecerse y la dependencia abusiva del endeudamiento público para sostenerlas, sigue incólume. La deuda pública y su pago de intereses sigue siendo un negocio privado de turbios intereses.

Por otra parte, uno de los contenidos fundamentales de esta Ley 9635, conocido como la Regla Fiscal, en el presente período constitucional, lo vemos quebrarse en mil pedazos. No pasa un solo día del actual período parlamentario 2018-2022 en que se hable de que tal institución pública, que aquella, que esta otra, queda fuera o quedará fuera de la arbitrariedad fiscalista fanática de la tal regla fiscal. Se contabilizan ya unas 60 entidades públicas que han sido “liberadas” de la misma, según decisiones legislativas de las actuales diputaciones.

Por otra parte, la ley anti-huelgas, aprobada en el 2020, con el pomposo título de Ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos, está mostrando su ineficacia, sencillamente no está sirviendo para nada… sencillamente, las huelgas se siguen haciendo, como la más reciente del personal trabajador de la Municipalidad de Belén, de tres días de duración.

La fortaleza de la huelga obrero-social como Derecho Humano fundamental es de tal calibre que, sencillamente, hace inaplicable la ley 9808, la ley-antihuelgas, también cuestionada constitucionalmente. Reparte usted en este articulado constitucional:

“ARTÍCULO 7º.- Los tratados públicos, los convenios internacionales y los concordatos, debidamente aprobados por la Asamblea Legislativa, tendrán desde su promulgación o desde el día que ellos designen, autoridad superior a las leyes”. Los tratados internacionales de Derechos Humanos, firmado y ratificados por Costa Rica, protegen el Derecho Humano Fundamental a la Huelga y, por tanto, esa ley 9808, queda obsoleta.

Y, la tercera ley de esta tríada de legislación anti-obrera, de corte plutocrático-neoliberal, la No. 10.159, Ley Marco de Empleo Público, no solamente está mostrando su sucia cara de desigualdad entre iguales en puestos laborales de la misma naturaleza funcional; sino que, está causando un grave caos jurídico-institucional, in crescendo, amén de un creciente malestar social multi-institucional que, desde nuestra perspectiva sindical, hay que potenciar para que se exprese abiertamente ante la comunidad costarricense. La “colección” de violaciones a los Derechos Humanos (DD.HH.) que tiene esta ley, es impresionante.

El reacomodo fiscal que necesita Costa Rica es de otra naturaleza. El lado correcto para entrarle al mismo, es el de las ganancias de la plutocracia neoliberal y del lado de quienes a ésta le sirven, medrando de sus dádivas; ya sea desde los ámbitos del periodismo de odio, desde los partidos políticos que a esa plutocracia le sirven, desde ciertas estructuras jurídico-institucionales que legitiman su orden; del lado del gran empresariado evasor-elusor de responsabilidades tributarias.

A ese reacomodo fiscal nosotros lo denominamos como Transformación Tributaria Estructural y en eso andamos.

Por Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP

Desde el pasado 30 de mayo de 2023 se está tramitando en la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y bajo el Expediente No. 23-003122-CO, la Acción de Inconstitucionalidad interpuesta por la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), en contra la perversa Ley Marco de Empleo Público (LMEP), No. 10.159; perversa legislación que, según nuestra visión sindical, persigue dos objetivos estratégicos de corte antidemocrático: la imposición del salario global a como dé lugar, violentando Derechos Humanos (DD.HH.) como los de situaciones jurídicas consolidadas y derechos adquiridos, castrando la negociación colectiva y dando un golpe mortal a la Libertad Sindical. Esto, por una parte.

Por otra parte, el segundo objetivo de esta ley es imponer un Estado al mayor nivel posible de autoritarismo centralizado con verticalismo de corte totalitario; similar al que había antes de los sucesos armados de lo que fue la Guerra Civil entre costarricenses, en el año 1948 del siglo pasado.

La Acción de Inconstitucional que interpuso la ANEP fue la primera en denunciar la gran cantidad de inconstitucionalidades contenidas en la perversa LMEP, al punto de que afirmamos que ésta ha representado la más grande violación de Derechos Humanos (DD.HH.) de las últimas décadas.

ANEP está pidiendo a la alta magistratura constitucional del país que se declaren inconstitucionales los artículos 2, 5, inciso b), 6, 7, incisos a), c), d) f), l) y m), 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 19, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 43, 44, 49 incisos a), c), d), e) f). De la misma manera, los transitorios VII, XI, XII y XV de la Ley Marco de Empleo Público N°10.159 (LMEP), también deben ser declarados inconstitucionales.

Según los expertos de la Unidad de Asesoría Jurídica (UAJ) de la ANEP, así como los especialistas del Instituto Internacional de Responsabilidad Social y Derechos Humanos (IIRESODH), contratado por la organización para este y otros aspectos; la perversa LMEP violenta-lesiona los artículos 1, 9, 11, 34, 39, 50, 56, 57, 62, 73, 74, 84, 85, 87, 99, 156, 170 y 188 y siguientes de la Constitución Política de Costa Rica.

De la misma manera, han sido violentados los principios de división de poderes, igualdad, progresividad y no regresividad, seguridad jurídica, libertad sindical, el derecho a la negociación colectiva, el debido proceso, las autonomías constitucionales, el principio de retroactividad, los derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas. Todos estos derechos están establecidos en la Constitución Política y en diversos tratados de derechos humanos ratificados por Costa Rica en materia de derechos económicos y sociales.

En ANEP somos del criterio de que la perversa Ley Marco de Empleo Público representó un verdadero Golpe de Estado parlamentario a la Constitución Política del 7 de noviembre de 1949; de tal suerte que a quienes la impusieron debieran asumir sus responsabilidades político-históricas si la Sala IV certifica, en todo o en parte, las atrocidades que tal ley cometió contra nuestra Carta Magna; juicio al que deberían ser sometidos, al menos, dos sujetos: Carlos Alvarado Quesada y Carlos Ricardo Benavides Jiménez.

En nuestro criterio estas dos personas deben ser consideradas como vándalos políticos; líderes los dos de una pandilla de facinerosos que en el período constitucional de la República 2018-2022, se coludieron para legislar a favor del poder plutocrático que tiene a la República aherrojada, expoliando a las grandes mayorías populares, atizando un voraz proceso de concentración de riqueza.  Espere la segunda parte la próxima semana.

SALARIO GLOBAL: ¡DETENGAMOS AL “ORNITORRINCO-FRANKENSTEIN”!

Del señor magistrado de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, don Luis Guillermo Rivas Loáiciga, es la siguiente afirmación: “A mí me parece que esto va a crear una situación algo así como de un frankenstein, un ornitorrinco o una cosa de esas. Estamos desarmando el Estado costarricense y volviéndolo armar cada uno por su lado”.

Lo dijo en comentario de nota de prensa en la cual él criticaba el desarrollo de una especie de caos jurídico en el seno de cada uno de los poderes del Estado, a propósito de la implementación de la perversa Ley Marco de Empleo Público (LMEP), con forceps, y del concepto Salario Global que impulsa, a cómo de lugar y caiga quien caiga, la autoritaria Ministra de Planificación, por encargo del Gobierno del Presidente Chaves Robles; quien, en campaña, dijo que esa ley era un “adefesio” jurídico. ¡Claro! ¡Él estaba en campaña electoral!

Pues ese adefesio (persona o cosa muy fea, ridícula o extravagante), también ya había estado recibiendo los calificativos despectivos de “frankenstein” (unión monstruosa de partes de diversa procedencia), así como de “ornitorrinco” (mamífero semiacuático con pico de pato, cola de castor y patas de nutria), precisamente porque esa ley no presenta un todo armónico, es una colección de partes jurídicas que se contradicen entre sí; presenta graves violaciones a situaciones jurídicas consolidadas y a derechos adquiridos, sin mencionar la colección de violaciones a la Carta Magna de 1949.

Además, violenta diversos tratados internacionales de Derechos Humanos (DD.HH.), suscritos, firmados, ratificados y protocolizados por nuestro país; tratados con los cuales Costa Rica tiene un pacto de vinculatoriedad absoluta del cual no es posible renegar, desconocer, violentar.

¡Jamás había salido de la Asamblea Legislativa un esperpento jurídico como lo es esta Ley Marco de Empleo Público y su salario global, tan adefésico y esperpéntico como desigual!

La Sala Constitucional tramita ya varias acciones de inconstitucionalidad en contra de esa perversa ley y su salario global.

Admitidas que fueron no han logrado que la jerarca de MIDEPLAN pare su frenética carrera loca por llevarnos, jurídicamente y socialmente hablando, a encontronazos fuertes, como los episodios de calle que se ven venir; sin hablar de una alta cuantía, todavía por estimar, de procesos administrativos y judiciales que ya están en preparación. Al menos, en la corriente sindical en la cual militamos, ya estamos tomando las medidas del caso.

Tan es así la frenética carrera loca de la Ministra MIDEPLAN por imponerle al país el tal salario global, que la llevó a inventarse la figura de “salario global transitorio”, el cual no está en la propia ley sino en el reglamento de la misma; es decir, las instituciones que están contratando personal bajo el “salario global transitorio”, lo hacen en estado de ilegalidad; y quienes lo están sufriendo ya, puedan cuestionarlo en sede administrativa primero, y judicial después.

Para empeorar las cosas, no se conoce al momento de escribir este comentario, los correspondientes estudios técnicos del tal salario global para cada caso, ni mucho menos, cómo hicieron para establecer el “salario global transitorio”.

En el sector público reina, en estos momentos, confusión y enojo ante la posibilidad, por ejemplo, de que una persona servidora de recién ingreso pueda ganar lo mismo que su jefatura con 25 años de experiencia. Y que gane aún más que los mismos compañeros y compañeras que a su lado estén haciendo lo mismo. Sin duda, es perentorio detener al “ornitorrinco-frankenstein”.

No tenemos el texto completo pero un matutino consignó una frase de la carta de renuncia al Partido Liberación Nacional (PLN), del actual alcalde de Alajuela y aspirante a ser reelecto en ese cargo, don Humberto Soto Herrera; frase que citamos de seguido, la cual constituye una acusación muy grave contra dicho partido que según el denunciante presenta: “un distanciamiento de sus raíces socialdemócratas” y muestra “falta de cohesión ideológica”.

Es obvio que don Humberto respira por la herida por cuanto en el PLN, la cúpula que manda lo dejó fuera de la candidatura a la reelección por esa bandera partidaria; por tanto, él decide salirse y, de seguro, seguirá promoviendo su candidatura con algún partido-taxi que le acoja para la contienda municipal verdadera. Esto de los partido-taxi, por cierto, ya es muy común en la política electoral costarricense.

También es más que obvio que la acusación al PLN de haberse distanciado de sus raíces socialdemócratas y de tener falta de cohesión ideológica, suena a oportunismo político y a una pose electorera, dado que don Humberto lanza dardos envenenados en contra de la colectividad partidista que le hizo alcalde, hasta ahora, cuando ésta le dio la espalda; con razón o sin razón, lo cual no corresponde a nosotros determinarlo. Lo real es que lo dijo, aunque sea por pose, resentimiento, venganza, dolor.

Lo importante aquí es que, efectivamente, hace ya mucho tiempo que el PLN se distanció de sus raíces socialdemócratas y se alejó de tener una cohesión ideológico congruente con esas raíces.

Tan es así que todavía quedan personas militantes del PLN que, según afirman, dan fuerte lucha interna para que el PLN vuelva a su redil. Y uno siente que es así, con posiciones honestas y consecuentes. De la misma manera, en la actual fracción parlamentaria liberacionista hay algunas personas diputadas que, merecedoras de nuestro mayor respeto y consideración, afirman ser la conciencia crítica socialdemócrata de que, efectivamente, las últimas tres derrotas electorales del PLN a nivel presidencial, precisamente, tienen que ver mucho con la renuncia ideológica a los principios que animaron a los padres fundadores del PLN en sus orígenes.

Y no les será nada fácil un reposicionamiento del PLN como alternativa socialdemócrata en estos tiempos de gran concentración de riqueza, creciente desigualdad y de dramáticas y dolorosas exclusiones sociales y económicas.

En este sentido y en ese marco, las actuaciones parlamentarias del PLN en el período constitucional 2018-2022 resultan imposibles de ser olvidadas: hicieron viable el gobierno de Carlos Alvarado Quesada y le dieron los votos a la tríada de legislación anti-obrera más cruel desde la fundación de la denominada Segunda República: leyes 9635 (combo fiscal), 9808 (anti-huelgas) y Marco de Empleo Público (10.159). Además, dejó en la corriente parlamentaria, mediando toda su fracción de ese cuatrienio, el proyecto de ley contra la histórica jornada de las 8 horas; el cual, precisamente en la presente legislatura, fueron votos PLN de su actual fracción, con notables excepciones, los que garantizaran su aprobación en primer debate.

Un nuevo episodio de eso que don Humberto calificó como “un distanciamiento de sus raíces socialdemócratas” y una muestra “falta de cohesión ideológica”, es el voto al proyecto dizque para sacar a Costa Rica de la lista gris de países no cooperantes del fraude fiscal que elabora la Unión Europea (UE); iniciativa que no nace de un sentimiento nacionalmente genuino por librarnos de la dictadura del fraude y de la evasión fiscal, sino porque esa potencia económica nos puso contra la pared.

Con admiración y respeto para quienes luchan todos los días por lo que podríamos llamar algo así como el “rearme de la socialdemocracia liberacionista”, fuera y dentro del parlamento, valga la siguiente cita tomada de la publicación denominada Nueva Socialdemocracia, del economista y político español Manuel Escudero:

(https://www.infolibre.es/cultura/nueva-socialdemocracia_1_1209479.html)

“Pusimos el dedo en la llaga al afirmar que, a pesar de la existencia de un Estado de bienestar, nuestra sociedad es cada día más desigual porque se está produciendo en términos de renta y de riqueza una polarización entre una minoría a la que las cosas le van muy bien, y una mayoría que se ha estancado o retrocedido. La lucha contra las desigualdades en renta y riqueza se ha convertido en un elemento central de la búsqueda de la justicia social en el proyecto político socialista”.  ¡Semejante reto tiene quienes quieren “refundar” el PLN!

Con el título de Propuesta para un mejor futuro-Construyendo una hoja de ruta para avanzar en el desarrollo de Costa Rica, don Jorge Vargas Cullell, Director del Programa Estado de la Nación, participará en la presentación de este documento elaborado por el think-tank costarricense Academia de Centroamérica; en acto solemne a celebrarse en el Salón de Jefes de Estado, Presidentes y Presidentas de la Asamblea Legislativa, el próximo miércoles 20 de setiembre de 2023.

También, en el panel de presentadores-comentaristas de esta actividad, estará la investigadora del Programa Estado de la Nación, la señora Natalia Morales Aguilar.

El evento será presidido por el propio Presidente del parlamento, don Rodrigo Arias Sánchez, a quien nosotros catalogamos como uno de los rostros visibles del conjunto plutocrático del real poder en la Costa Rica actual.

Por supuesto, el Presidente de la Academia de Centroamérica y el asociado a la misma, señores Ricardo Monge González y Federico Villalobos Carballo, respectivamente, estarán entre los expositores.

Como se puede colegir, de los contenidos del documento nada más sabemos su título y subtítulo, aunque está clarísimo cuáles podrían ser los mismos si se sabe bien la matrícula ideológica de la Academia de Centroamérica, siempre del lado del todo mercado-nada Estado. Y, ¿es que esto debe ser censurable, criticable? ¡En lo absoluto! Es la democracia del libre pensar y de la exposición de las ideas.

Lo que nos llamó poderosamente la atención es la participación, con rango oficial y explícito, del Programa Estado de la Nación, habida cuenta de su siempre reiterada y proclamada posición de neutralidad ante el conflicto social costarricense de estos tiempos, caracterizado por una dramática concentración del ingreso y una dolorosa exclusión social y económica.

El Programa Estado de la Nación nos tiene acostumbrados a su riguroso diagnóstico anual de nuestras penurias como sociedad y a algunas advertencias, cuidadosamente redactadas, de que el camino del desarrollo del país de los últimos tiempos no es el correcto. Aun así, ha logrado un posicionamiento de prestigio en la sociedad con no pocas reservas.

Ahora aparece el Programa Estado de la Nación en un foro en el cual su protagonista central, la Academia de Centroamérica, defiende un ideario que, a nuestro atender, por un lado, es co-responsable de la intrusión de un pensamiento en la política pública costarricense altamente pernicioso para una democracia con inclusión; y, por otro, las denuncias diagnósticas anuales del equipo de don Jorge Vargas Cullell parten, precisamente de la implantación en la sociedad de los contenidos centrales defendidos por el indicado think tank.

Desde la sensibilidad de quienes hemos estado militando en la acera que ha venido defendiendo las Garantías Sociales, la Constitución Política de 1949, el Estado Social y Democrático de Derecho; así como la importancia estratégica para la Democracia de la Doctrina de los Derechos Humanos (DD.HH.) sus tratados internacionales en la materia firmados y ratificados por nuestro país con su obligatoriedad y vinculatoriedad absolutas; consideramos que en la Academia de Centroamérica se forja el pensamiento fundamental que ha venido consolidando el poder de la plutocracia en el seno de nuestra alicaída democracia y su, hoy muy atacada, institucionalidad republicana.

Por ello nos sentimos con la atribución de hacer este señalamiento al Programa Estado de la Nación pues su participación en la indicada actividad nos genera enorme duda acerca de su ruta neutral en el análisis diagnóstico de la realidad nacional.

Hasta la fecha hemos entendido esa ruta neutral,considerando que el Programa Estado de la Nación, con la alta capacidad diagnóstica que tiene, reconocida por tirios y troyanos, si se decidiese a formular propuestas concretas, posiblemente chocaría con los intereses mezquinos de la plutocracia en el poder. Juntándose con uno de los think tank que ésta tiene como proveedor de ideología, no le hace nada bien al grupo investigador académico de don Jorge Vargas Cullell; ya de por sí, aunque en carácter personal, columnista permanente del medio emblema de esa plutocracia.

Por: Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP.

¿Cómo es posible que, en la actual Asamblea Legislativa, prácticamente, a ninguna persona legisladora le esté importando que al pueblo trabajador costarricense le saquen de sus estrujados y apretados bolsillos, la espantosa cantidad de casi 16 mil millones de colones al día (16.000.000.000), para atender lo que denominan el servicio de la deuda pública, en especial el pago obsceno y vulgar de los intereses de la deuda pública?; los cuales, por cierto, son, de los más altos del mundo?

El Ministerio de Hacienda acaba de remitir al parlamento lo que se conoce como el Presupuesto Nacional 2024, el cual solamente representa cerca del 40% de la totalidad de la estructura financiera del Estado (Gobierno Central, en esencia). En realidad, debería denominarse “presupuesto parcial” pues el 60% no se tramita en la Asamblea Legislativa, sino ante la Contraloría General de la República (CGR).

De ese mal llamado “presupuesto nacional”, cuya totalidad es 12 billones 600 mil millones de colones (en cifras, así: ₡12.600.000.000.000), casi la mitad, el 46%, debe destinarse a lo que denominan servicio de la deuda pública, lo cual incluye el pago diario, escandaloso y obsceno, de los intereses de la deuda pública.

Ese 46% representa la enorme cantidad de 15 mil 928 millones 767 mil 123 colones, al día, c/24 horas, para la deuda pública; en cifras redondeadas, 16 mil millones de colones por día: ₡16.000.000.000.

En total, para los doce meses del próximo año 2024, el pueblo trabajador costarricense debe sacar de sus, financieramente, estresados bolsillos, para esa deuda pública, casi los 6 billones de colones; con exactitud, 5 billones 814 mil 600 millones de colones: ₡5.814.600.000,000.

Esta cruel y criminal, socialmente hablando, realidad se viene repitiendo durante todos estos años sin que la clase política tradicional, la vieja y la nueva, alce ni la más tímida voz de alarma o de denuncia; considerando que cada vez son más graves, las afectaciones-recortes al financiamiento de las diversas políticas públicas que desde el Gobierno Central están obligadas a atender programas de Seguridad Social (Educación, Salud y Seguridad Social, Eco-ambientales, Cultura, Infraestructura Vial, Seguridad Ciudadana, combate estratégico al crimen organizado y al narcotráfico, entre otros).

Como bien lo vienen afirmando y demostrando personas estudiosas de la academia y del pensamiento social costarricense, dedicados a la defensa de los bienes comunes (como lo son, por ejemplo, los de la seguridad social y los de los ecosistemas); la deuda pública y su escandalosísimo y súper-usurero pago diario de intereses está minando las bases de la Democracia misma.

¡Así es! La deuda pública, casi cercana a los 29 billones de colones, ligada a ese aplastante pago diario de intereses, guarda relación intrínseca y perversa con la permanencia de un sistema tributario injusto y corrupto; el cual tiende a profundizarse por las ilegales maniobras del macro-empresariado evasor-elusor fiscal nacional que, como gran “moda”, está trasladando sus lucrativas empresas al régimen de zonas francas, desnaturalizándolo y prostituyéndolo, pues el mismo siempre fue destinado para atraer inversión extranjera, no para abusar de él como mecanismo de evasión tributaria.

Esta realidad corrupta ameritaría, al menos, la conformación de una comisión legislativa para entrarle al asunto con gran seriedad y quitarle el amplio manto que cubre tanta operación tributario-fiscal sucia; proceso que caería como anillo al dedo a propósito de la tramitación parlamentaria del mal llamado presupuesto nacional 2024. Creemos que, ni siquiera, habrá una persona diputada que plantee algo así en las actuales circunstancias.