Categoría: Opinión

Por Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP

En realidad, la cantidad exacta es esta: ₡11.061.643 (once millones sesenta y un mil seiscientos cuarenta y tres colones). Pero vamos a usar esta cantidad redondeada: 11 millones de colones por minuto.

11 millones de colones por minuto es la impresionante cantidad de dinero que demandará lo que llaman “atención” de la deuda pública, durante todas las horas de todos los 365 días del próximo año 2024.

Como cada día del 2024 tiene 24 horas, tenemos que el año que viene tendrá 8.760 horas; y, como cada hora tiene 60 minutos, entonces, ese año 2024 tendrá 525.600 minutos.

¿Por qué afirmamos que el año próximo, la “atención” de la deuda pública implicará 11 millones de colones por minuto?

En la Asamblea Legislativa, los señores diputados y las señoras diputadas aprobarán en próximas semanas, sin chistar y a ojos cerrados, lo que les ordena el Gobierno de Chaves Robles por intermedio del Ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén: la partida presupuestaria para la “atención” de la deuda pública durante el 2024 (pago del principal más intereses; aunque, es más por intereses que el pago del principal, según tenemos entendido).

Tal partida ascienda a la estratosférica, escandalosa e inmoral, éticamente hablando, cantidad de 5 billones 814 mil millones de colones (₡5.814.000.000.000).

Esta espantosa cantidad de ₡5.814.000.000.000, al dividirla entre los 525.600 minutos que equivalen a los 365 días del año 2024, nos da (redondeado), ese abusivo pago de 11 millones de colones por minuto, por concepto de la “atención” de la deuda pública; deuda pública que no fue generada por la clase trabajadora, ni pública, ni privada, ni informal, ni desempleada.

Esa monstruosa deuda pública se generó, prácticamente, en los últimos 40 años de gobiernos de todos los partidos políticos (incluido el actual), que se coludieron con el fraude fiscal y evasor de impuestos a gran escala; a favor, de los grandes grupos corporativo-financieros-bancarios-empresariales que les financiaban sus campañas políticas.

Esa deuda pública está, ahorita, casi en los 29 billones de colones (₡29.000.000.000.000). ¡Imposible de pagar!

Y si usted quiere mortificarse más su propia vida con este gran problema nacional, ponga mucho cuidado a lo que sucederá en los próximos días en el parlamento de este país: ¡No hablarán del tema, prácticamente, ninguna fracción parlamentaria! A lo sumo, habrá una intervención de lamento-denuncia, ¡nada más!

¡Nos desangran! Como pueblo trabajador, como sectores medios, como sectores micro-pequeños y medianos empresarios, como sector productivo del agro nacional al borde de la extinción; tenemos que hacer algo. Y, hacer algo, junto a otros grupos de costarricenses (como el estudiantado y la juventud) que, también, son víctimas inocentes del descalabro de las finanzas públicas producto de esa impagable deuda pública que, reiteramos, el pueblo trabajador no generó.

Esos 11 millones de colones por minuto que, al día, se convierten en unos 664 millones de colones; es la plata que se necesita para fortalecer los cuerpos policiales de una manera estratégica. El narco está “feliz” porque nos va ganando la guerra. Es la plata que se requiere para fortalecer la infraestructura educativa pública que está, prácticamente, en el suelo. Es la plata que hace falta para que el Estado se ponga al día con sus deudas para con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS); y, es la plata que se necesita para que el sistema IVM no quiebre. Es la plata que se requiere para retomar la inversión social con miras a reducir el avance impetuoso de la desigualdad y de la exclusión social y económica; y los demás ámbitos de la política de inversión social.

No tenemos alternativa: debemos movilizarnos a lo largo y a lo ancho del país antes de que nos extraigan “la última gota de sangre”.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

La Contralora General de la República, Marta Acosta Zúñiga, se presentó en la Asamblea Legislativa en el marco de la tramitación parlamentaria de lo que, anualmente y por estas fechas, se conoce como el presupuesto “nacional” de la República, y en este caso para el ejercicio fiscal del año 2024.

Como bien se sabe, eso de “nacional” es engañoso, considerando que los diputados y las diputadas discuten solamente el 40% de la estructura financiero-presupuestaria del aparato del Estado. El otro 60% no pasa por sus manos, dado que lo tramita, precisamente, el órgano contralor.

Como si fuese un llanto, pero de “lágrimas de cocodrilo”, la contralora “lamentó” que la inversión pública del país esté cayendo, fuertemente, producto del peso de la deuda pública en ese presupuesto “nacional”.

Ella indicó que éste demanda la casi totalidad del mismo, por cuanto hay que destinar el 46% de los gastos presupuestados para atender el servicio de la deuda pública: amortización y pago de intereses, catalogados ya como obscenos y por parte nuestra, como socialmente criminales.

5 billones 814 mil millones de colones es ese 40% del presupuesto “nacional” de la República que va para lo que conocemos como deuda pública.

En cifras así: 5.814.000.000.000. Eso significa por cada una de las 8 mil 760 horas que tendrá el año 2024, hay que estar destinando al servicio de la deuda pública, unos 664 millones de colones (₡ 664.000.000).

Ese “lamento” contralor llega demasiado tarde. Son “lágrimas de cocodrilo” aunque doña Marta diga que el servicio de la deuda genera “muchísima rigidez” que golpea las partidas destinadas al gasto social; admitiendo que el tema de la deuda es, dice ella, “grande y profundo”.

¿Cuánto tiempo tardó doña Martha en darse cuenta de que el servicio de la deuda pública genera “muchísima rigidez”, que golpea lo necesario para la inversión social y que es un asunto “grande” y “profundo”?

Son “lágrimas de cocodrilo” su lamento con relación a que la inversión pública se está quedando sin dinero, el cual es devorado por la deuda pública a razón de 664 millones de colones durante cada hora del año venidero 2024; pues ella elude abordar las causas estructurales del problema de la deuda, el cual es “grande” y “profundo”.

¿Cómo no va ser “grande” y “profundo” el problema de la deuda pública si tiene que ver con la rapidez con que se está dando en el país la concentración de la riqueza, de la mano con la sistemática y sistémica evasión y elusión fiscales-tributarias?

La magnitud del problema de la deuda pública y su profundidad seguirá creciendo, lamentablemente. Doña Marta sabe muy bien las razones de tal magnitud y de tal profundidad. Calla de manera complaciente y cómplice. Está en su zona de confort pues su ingreso personal y futuro familiar lo tiene asegurado.

El país carece de un liderazgo político para afrontarlo. Los últimos gobiernos, incluido el actual, han carecido de ese liderazgo político para enfrentar semejante problema. Sólo hemos tenido gobiernos administradores de la deuda pública.

Por: Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Ni el Presidente de la República, ni la Asamblea Legislativa llevan razón en sus respectivas posiciones con relación al resello legislativo que anuló el veto presidencial a la ley de modificación a la Ley 7092, Ley de Impuesto sobre la Renta, para lograr la exclusión de Costa Rica de la lista de países no cooperantes en materia fiscal de la Unión Europea (UE), expediente legislativo N° 23.581, usualmente denominado proyecto de la lista gris.

Ni el Presidente Chaves ni las diputaciones que se convirtieron en poderosas aliadas de la banca plutocrática de desmesurado poder en el país, han hablado con claridad y con honestidad a la ciudadanía en esto del proyecto de la lista gris.

Lleva razón el mandatario y su lugarteniente en el parlamento, la diputada Cisneros, por pegar ambos el grito al cielo ante la jugada de la plutocracia banquera de colarse en el indicado proyecto y así, de un tirón, darle punto final a una controversia tributaria de muchos miles de millones de colones en juego que, con dicha legislación, los perderá el pueblo costarricense. Este reclamo oficialista merece apoyo y desde nuestra corriente sindical se lo expresamos.

Sin embargo, ni él ni ella han querido entrarle a la profundidad del problema tributario nacional, comiéndose la bronca (lema de gran notoriedad en la campaña electoral de Chaves), con este grave mal nacional que, de una manera u otra, está carcomiendo la democracia.

Ni, mucho menos, las diputaciones que se aliaron a la plutocracia bancaria tienen interés en ver temas como la altísima regresividad que caracteriza al injusto y corrupto sistema tributario nacional; ni tampoco entrarle a la exagerada y obscena cantidad del pago diario de intereses de la deuda pública; ni investigar la perversión de la concepción original de las zonas francas ahora “de moda” para potenciar más todavía el fraude de impuestos del gran empresauriado nacional…

A la Unión Europea (UE) le han venido mintiendo. El proyecto de ley de la lista gris, ahora ley por decisión, únicamente, del resello legislativo, es un espejismo y los niveles de fraude fiscal que preocupan a la UE seguirán.

Es por ello que un notable grupo de organizaciones de la sociedad civil costarricense, incluyendo varios sindicatos, han enviado una segunda carta a la señora María José Garde, en su condición de Presidenta del Grupo Código de Conducta sobre la Fiscalidad Empresarial (Economic and Financial Affairs Council), de la UE; invocando la Aplicación del Acuerdo de Asociación de la Unión Europea con Centroamérica (AACUE), que entró en vigor el 21 de mayo del 2013, y que señala que la participación del pilar de la sociedad civil como parte consustancial del Acuerdo de Asociación de la UE firmado entre los países centroamericanos y Bruselas.

Estamos seguros que ni Chaves ni las diputaciones protagonistas del resello tienen la más mínima noción de este compromiso internacional del país; ¿o sí?… En todo caso, considerando que, tal y como cientos de veces lo hemos denunciado, la base de sustentación de la espantosa desigualdad que nos carcome, es la injusta distribución de la riqueza; y que ésta tiene su pilar fundamental en la existencia de un sistema tributario que como el costarricense es injusto y es corrupto, resulta correcto afirmar que ni Chaves ni esas diputaciones han dicho la verdad a la gente en esto de la lista gris.

La denuncia interpuesta ante la UE por parte de ese importante grupo de organizaciones civiles, va en la línea de este compromiso histórico con la Democracia que es este dueto político-estratégico: injusta distribución de la riqueza/sistema tributario injusto y corrupto.

Por: Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP

Este próximo lunes 25 de setiembre, en el auditorio de la sede de la Oficina Regional de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ubicado en San Pedro de Montes de Oca, tendrá lugar la presentación del nuevo Director de la Oficina Regional de OIT, el señor Juan Felipe Hunt Ortiz.

Como Director Regional de OIT, el señor Hunt Ortiz tiene un radio de acción que abarca los 7 países de la América Central, más Haití y la República Dominicana.

Bien se sabe que en nuestro país hay varias corrientes sindicales.

En la que nosotros militamos, para efectos de la OIT y de las diferentes expresiones del sindicalismo continental y global, es conocida como Central Social Juanito Mora Porras-Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), siglas CSJMP-ANEP; coloquialmente, se le puede nombrar como La Juanito Mora-ANEP.

La Juanito Mora-ANEP incluye, entre otros grupos y por ejemplo, a la propia Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), al Sindicato de Trabajadores de Plantaciones Agrícolas (SITRAP), el cual es la más importante organización sindical nacional del personal trabajador en banano y en piña; así como a una agrupación ligada a la actividad productiva de corte estatal como lo el Sindicato de Profesionales del Consejo Nacional de la Producción y de la Fábrica Nacional de Licores (SiproCNP-Fanal).

La CJSMP-ANEP decidió, unilateralmente, suspender sus relaciones con la OIT-Regional desde el funesto período constitucional de la República de Costa Rica, 2018-2022, en el cual se promulgaron las tres leyes más anti-obreras desde la promulgación de la Carta Magna de 1949, el 7 de noviembre de 1949.

Hablamos de las leyes números 9635 (combo fiscal), la anti-huelgas, No. 9808; y, finalmente, la perversa Ley Marco de Empleo Público, No. 10.159.

Precisamente, nuestro distanciamiento con respecto a la OIT-Regional tuvo que ver con unas negociaciones, turbias en nuestro criterio, acerca de la redacción final de esa ley anti-huelgas 9808. Nosotros creemos que nunca debió haberse prestado la sede de la OIT, para fraguar-redactar la traición al sagrado Derecho Humano de la Huelga, constitucional y humano, que habíamos logrado con la promulgación de la histórica legislación de la Ley de la Reforma Procesal Laboral, No. 9343. Queremos pasar la página, mas no olvidar. Y quedamos en espera de la autocrítica.

Hemos aceptado la invitación que se ha formulado a la CSJMP-ANEP para participar en el nuevo proceso de la OIT a cargo del señor Juan Felipe Hunt Ortiz y acudiremos con nuestra representación a conocerle y a expresarle nuestra visión actual del gran ataque anti-obrero que hemos sufrido en los últimos años en el país; así como nuestras expectativas para la defensa de las conquistas sociolaborales de la clase trabajadora costarricense a través de sus organizaciones sindicales.

En el período en que hemos tenido el indicado distanciamiento ya mencionado, la corriente sindical objeto de nuestra militancia cotidiana, La Juanito Mora-ANEP, ha podido aquilatar el mar de posibilidades que nos da vincular, estratégicamente hablando, la defensa obrero-social con la doctrina de los Derechos Humanos (DD.HH.); a partir de la pregonada actitud-país de Costa Rica de firmar y ratificar la práctica totalidad de los tratados internacionales en materia de DD.HH.

Será muy importante que el señor Hunt Ortiz y su nuevo equipo constante, de viva voz nuestra (y la de las otras corrientes sindicales), así como con sólido apoyo documental que le proporcionaremos, la doble moral de Costa Rica en Derechos Humanos: candil de la calle y oscuridad de la casa

Por: Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP

Hemos venido sosteniendo que el período constitucional 2018-2022 ha sido el más anti-obrero de lo que va del 7 de noviembre de 1949, cuando entró en vigencia la actual Constitución Política de Costa Rica, a la fecha.

Es el período que, en lo visible a la opinión pública, gestionaron, de manera principal, dos individuos: uno en el Poder Ejecutivo, de nombre Carlos Alvarado Quesada; el otro, en el Legislativo, Carlos Ricardo Benavides Jiménez.

Para afirmar lo anterior, señalamos tres leyes aprobadas en ese cuatrienio que hoy día, en el actual período constitucional 2022-2026, estamos notando su caída, su pérdida de efectividad, aunque se ha venido notando el daño que causaron a la mayoría de la población.

Por demás, esas tres leyes han sido cuestionadas ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, interponiéndose por parte de la corriente sindical en la cual militamos, sendas acciones de inconstitucionalidad y, para grata sorpresa nuestra, el más alto tribunal de la República, conocido popularmente como Sala Cuarta, admitió las tres.

Hablamos de la ley 9635, conocida por el pueblo como “combo fiscal” y aprobada en medio de gran conflicto social, en el 2018; de seguido, en el año 2020, el autoritarismo neoliberal-plutocrático impuso la antidemocrática ley 9808, ley “anti-huelgas”; y, para terminar ese descomunal ataque anti-obrero del período constitucional 2018-2022, se impuso la ley 10.159, Ley Marco de Empleo Público, en el 2022, al término de dicho período.

La deuda pública del país y, especialmente el pago obsceno de sus intereses sigue estrangulando las finanzas públicas, cinco años después de que se promulgara la Ley No. 9635, cuyo nombre oficial es Fortalecimiento de las finanzas públicas.

Para el ejercicio fiscal de la República del próximo año 2024, prácticamente la mitad de la totalidad del mal llamado “Presupuesto de la República”, el que pasa por la Asamblea Legislativa, se destinará para el pago de los intereses; pago éste que, ¡al fin!, empieza a ser cuestionado por otras voces e instancias calificadas, muchos años después de que la corriente sindical en la cual militamos empezara a tocar este tema.

Las finanzas públicas siguen sin fortalecerse y la dependencia abusiva del endeudamiento público para sostenerlas, sigue incólume. La deuda pública y su pago de intereses sigue siendo un negocio privado de turbios intereses.

Por otra parte, uno de los contenidos fundamentales de esta Ley 9635, conocido como la Regla Fiscal, en el presente período constitucional, lo vemos quebrarse en mil pedazos. No pasa un solo día del actual período parlamentario 2018-2022 en que se hable de que tal institución pública, que aquella, que esta otra, queda fuera o quedará fuera de la arbitrariedad fiscalista fanática de la tal regla fiscal. Se contabilizan ya unas 60 entidades públicas que han sido “liberadas” de la misma, según decisiones legislativas de las actuales diputaciones.

Por otra parte, la ley anti-huelgas, aprobada en el 2020, con el pomposo título de Ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos, está mostrando su ineficacia, sencillamente no está sirviendo para nada… sencillamente, las huelgas se siguen haciendo, como la más reciente del personal trabajador de la Municipalidad de Belén, de tres días de duración.

La fortaleza de la huelga obrero-social como Derecho Humano fundamental es de tal calibre que, sencillamente, hace inaplicable la ley 9808, la ley-antihuelgas, también cuestionada constitucionalmente. Reparte usted en este articulado constitucional:

“ARTÍCULO 7º.- Los tratados públicos, los convenios internacionales y los concordatos, debidamente aprobados por la Asamblea Legislativa, tendrán desde su promulgación o desde el día que ellos designen, autoridad superior a las leyes”. Los tratados internacionales de Derechos Humanos, firmado y ratificados por Costa Rica, protegen el Derecho Humano Fundamental a la Huelga y, por tanto, esa ley 9808, queda obsoleta.

Y, la tercera ley de esta tríada de legislación anti-obrera, de corte plutocrático-neoliberal, la No. 10.159, Ley Marco de Empleo Público, no solamente está mostrando su sucia cara de desigualdad entre iguales en puestos laborales de la misma naturaleza funcional; sino que, está causando un grave caos jurídico-institucional, in crescendo, amén de un creciente malestar social multi-institucional que, desde nuestra perspectiva sindical, hay que potenciar para que se exprese abiertamente ante la comunidad costarricense. La “colección” de violaciones a los Derechos Humanos (DD.HH.) que tiene esta ley, es impresionante.

El reacomodo fiscal que necesita Costa Rica es de otra naturaleza. El lado correcto para entrarle al mismo, es el de las ganancias de la plutocracia neoliberal y del lado de quienes a ésta le sirven, medrando de sus dádivas; ya sea desde los ámbitos del periodismo de odio, desde los partidos políticos que a esa plutocracia le sirven, desde ciertas estructuras jurídico-institucionales que legitiman su orden; del lado del gran empresariado evasor-elusor de responsabilidades tributarias.

A ese reacomodo fiscal nosotros lo denominamos como Transformación Tributaria Estructural y en eso andamos.

Por Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP

Desde el pasado 30 de mayo de 2023 se está tramitando en la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y bajo el Expediente No. 23-003122-CO, la Acción de Inconstitucionalidad interpuesta por la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), en contra la perversa Ley Marco de Empleo Público (LMEP), No. 10.159; perversa legislación que, según nuestra visión sindical, persigue dos objetivos estratégicos de corte antidemocrático: la imposición del salario global a como dé lugar, violentando Derechos Humanos (DD.HH.) como los de situaciones jurídicas consolidadas y derechos adquiridos, castrando la negociación colectiva y dando un golpe mortal a la Libertad Sindical. Esto, por una parte.

Por otra parte, el segundo objetivo de esta ley es imponer un Estado al mayor nivel posible de autoritarismo centralizado con verticalismo de corte totalitario; similar al que había antes de los sucesos armados de lo que fue la Guerra Civil entre costarricenses, en el año 1948 del siglo pasado.

La Acción de Inconstitucional que interpuso la ANEP fue la primera en denunciar la gran cantidad de inconstitucionalidades contenidas en la perversa LMEP, al punto de que afirmamos que ésta ha representado la más grande violación de Derechos Humanos (DD.HH.) de las últimas décadas.

ANEP está pidiendo a la alta magistratura constitucional del país que se declaren inconstitucionales los artículos 2, 5, inciso b), 6, 7, incisos a), c), d) f), l) y m), 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 19, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 43, 44, 49 incisos a), c), d), e) f). De la misma manera, los transitorios VII, XI, XII y XV de la Ley Marco de Empleo Público N°10.159 (LMEP), también deben ser declarados inconstitucionales.

Según los expertos de la Unidad de Asesoría Jurídica (UAJ) de la ANEP, así como los especialistas del Instituto Internacional de Responsabilidad Social y Derechos Humanos (IIRESODH), contratado por la organización para este y otros aspectos; la perversa LMEP violenta-lesiona los artículos 1, 9, 11, 34, 39, 50, 56, 57, 62, 73, 74, 84, 85, 87, 99, 156, 170 y 188 y siguientes de la Constitución Política de Costa Rica.

De la misma manera, han sido violentados los principios de división de poderes, igualdad, progresividad y no regresividad, seguridad jurídica, libertad sindical, el derecho a la negociación colectiva, el debido proceso, las autonomías constitucionales, el principio de retroactividad, los derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas. Todos estos derechos están establecidos en la Constitución Política y en diversos tratados de derechos humanos ratificados por Costa Rica en materia de derechos económicos y sociales.

En ANEP somos del criterio de que la perversa Ley Marco de Empleo Público representó un verdadero Golpe de Estado parlamentario a la Constitución Política del 7 de noviembre de 1949; de tal suerte que a quienes la impusieron debieran asumir sus responsabilidades político-históricas si la Sala IV certifica, en todo o en parte, las atrocidades que tal ley cometió contra nuestra Carta Magna; juicio al que deberían ser sometidos, al menos, dos sujetos: Carlos Alvarado Quesada y Carlos Ricardo Benavides Jiménez.

En nuestro criterio estas dos personas deben ser consideradas como vándalos políticos; líderes los dos de una pandilla de facinerosos que en el período constitucional de la República 2018-2022, se coludieron para legislar a favor del poder plutocrático que tiene a la República aherrojada, expoliando a las grandes mayorías populares, atizando un voraz proceso de concentración de riqueza.  Espere la segunda parte la próxima semana.

SALARIO GLOBAL: ¡DETENGAMOS AL “ORNITORRINCO-FRANKENSTEIN”!

Del señor magistrado de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, don Luis Guillermo Rivas Loáiciga, es la siguiente afirmación: “A mí me parece que esto va a crear una situación algo así como de un frankenstein, un ornitorrinco o una cosa de esas. Estamos desarmando el Estado costarricense y volviéndolo armar cada uno por su lado”.

Lo dijo en comentario de nota de prensa en la cual él criticaba el desarrollo de una especie de caos jurídico en el seno de cada uno de los poderes del Estado, a propósito de la implementación de la perversa Ley Marco de Empleo Público (LMEP), con forceps, y del concepto Salario Global que impulsa, a cómo de lugar y caiga quien caiga, la autoritaria Ministra de Planificación, por encargo del Gobierno del Presidente Chaves Robles; quien, en campaña, dijo que esa ley era un “adefesio” jurídico. ¡Claro! ¡Él estaba en campaña electoral!

Pues ese adefesio (persona o cosa muy fea, ridícula o extravagante), también ya había estado recibiendo los calificativos despectivos de “frankenstein” (unión monstruosa de partes de diversa procedencia), así como de “ornitorrinco” (mamífero semiacuático con pico de pato, cola de castor y patas de nutria), precisamente porque esa ley no presenta un todo armónico, es una colección de partes jurídicas que se contradicen entre sí; presenta graves violaciones a situaciones jurídicas consolidadas y a derechos adquiridos, sin mencionar la colección de violaciones a la Carta Magna de 1949.

Además, violenta diversos tratados internacionales de Derechos Humanos (DD.HH.), suscritos, firmados, ratificados y protocolizados por nuestro país; tratados con los cuales Costa Rica tiene un pacto de vinculatoriedad absoluta del cual no es posible renegar, desconocer, violentar.

¡Jamás había salido de la Asamblea Legislativa un esperpento jurídico como lo es esta Ley Marco de Empleo Público y su salario global, tan adefésico y esperpéntico como desigual!

La Sala Constitucional tramita ya varias acciones de inconstitucionalidad en contra de esa perversa ley y su salario global.

Admitidas que fueron no han logrado que la jerarca de MIDEPLAN pare su frenética carrera loca por llevarnos, jurídicamente y socialmente hablando, a encontronazos fuertes, como los episodios de calle que se ven venir; sin hablar de una alta cuantía, todavía por estimar, de procesos administrativos y judiciales que ya están en preparación. Al menos, en la corriente sindical en la cual militamos, ya estamos tomando las medidas del caso.

Tan es así la frenética carrera loca de la Ministra MIDEPLAN por imponerle al país el tal salario global, que la llevó a inventarse la figura de “salario global transitorio”, el cual no está en la propia ley sino en el reglamento de la misma; es decir, las instituciones que están contratando personal bajo el “salario global transitorio”, lo hacen en estado de ilegalidad; y quienes lo están sufriendo ya, puedan cuestionarlo en sede administrativa primero, y judicial después.

Para empeorar las cosas, no se conoce al momento de escribir este comentario, los correspondientes estudios técnicos del tal salario global para cada caso, ni mucho menos, cómo hicieron para establecer el “salario global transitorio”.

En el sector público reina, en estos momentos, confusión y enojo ante la posibilidad, por ejemplo, de que una persona servidora de recién ingreso pueda ganar lo mismo que su jefatura con 25 años de experiencia. Y que gane aún más que los mismos compañeros y compañeras que a su lado estén haciendo lo mismo. Sin duda, es perentorio detener al “ornitorrinco-frankenstein”.

No tenemos el texto completo pero un matutino consignó una frase de la carta de renuncia al Partido Liberación Nacional (PLN), del actual alcalde de Alajuela y aspirante a ser reelecto en ese cargo, don Humberto Soto Herrera; frase que citamos de seguido, la cual constituye una acusación muy grave contra dicho partido que según el denunciante presenta: “un distanciamiento de sus raíces socialdemócratas” y muestra “falta de cohesión ideológica”.

Es obvio que don Humberto respira por la herida por cuanto en el PLN, la cúpula que manda lo dejó fuera de la candidatura a la reelección por esa bandera partidaria; por tanto, él decide salirse y, de seguro, seguirá promoviendo su candidatura con algún partido-taxi que le acoja para la contienda municipal verdadera. Esto de los partido-taxi, por cierto, ya es muy común en la política electoral costarricense.

También es más que obvio que la acusación al PLN de haberse distanciado de sus raíces socialdemócratas y de tener falta de cohesión ideológica, suena a oportunismo político y a una pose electorera, dado que don Humberto lanza dardos envenenados en contra de la colectividad partidista que le hizo alcalde, hasta ahora, cuando ésta le dio la espalda; con razón o sin razón, lo cual no corresponde a nosotros determinarlo. Lo real es que lo dijo, aunque sea por pose, resentimiento, venganza, dolor.

Lo importante aquí es que, efectivamente, hace ya mucho tiempo que el PLN se distanció de sus raíces socialdemócratas y se alejó de tener una cohesión ideológico congruente con esas raíces.

Tan es así que todavía quedan personas militantes del PLN que, según afirman, dan fuerte lucha interna para que el PLN vuelva a su redil. Y uno siente que es así, con posiciones honestas y consecuentes. De la misma manera, en la actual fracción parlamentaria liberacionista hay algunas personas diputadas que, merecedoras de nuestro mayor respeto y consideración, afirman ser la conciencia crítica socialdemócrata de que, efectivamente, las últimas tres derrotas electorales del PLN a nivel presidencial, precisamente, tienen que ver mucho con la renuncia ideológica a los principios que animaron a los padres fundadores del PLN en sus orígenes.

Y no les será nada fácil un reposicionamiento del PLN como alternativa socialdemócrata en estos tiempos de gran concentración de riqueza, creciente desigualdad y de dramáticas y dolorosas exclusiones sociales y económicas.

En este sentido y en ese marco, las actuaciones parlamentarias del PLN en el período constitucional 2018-2022 resultan imposibles de ser olvidadas: hicieron viable el gobierno de Carlos Alvarado Quesada y le dieron los votos a la tríada de legislación anti-obrera más cruel desde la fundación de la denominada Segunda República: leyes 9635 (combo fiscal), 9808 (anti-huelgas) y Marco de Empleo Público (10.159). Además, dejó en la corriente parlamentaria, mediando toda su fracción de ese cuatrienio, el proyecto de ley contra la histórica jornada de las 8 horas; el cual, precisamente en la presente legislatura, fueron votos PLN de su actual fracción, con notables excepciones, los que garantizaran su aprobación en primer debate.

Un nuevo episodio de eso que don Humberto calificó como “un distanciamiento de sus raíces socialdemócratas” y una muestra “falta de cohesión ideológica”, es el voto al proyecto dizque para sacar a Costa Rica de la lista gris de países no cooperantes del fraude fiscal que elabora la Unión Europea (UE); iniciativa que no nace de un sentimiento nacionalmente genuino por librarnos de la dictadura del fraude y de la evasión fiscal, sino porque esa potencia económica nos puso contra la pared.

Con admiración y respeto para quienes luchan todos los días por lo que podríamos llamar algo así como el “rearme de la socialdemocracia liberacionista”, fuera y dentro del parlamento, valga la siguiente cita tomada de la publicación denominada Nueva Socialdemocracia, del economista y político español Manuel Escudero:

(https://www.infolibre.es/cultura/nueva-socialdemocracia_1_1209479.html)

“Pusimos el dedo en la llaga al afirmar que, a pesar de la existencia de un Estado de bienestar, nuestra sociedad es cada día más desigual porque se está produciendo en términos de renta y de riqueza una polarización entre una minoría a la que las cosas le van muy bien, y una mayoría que se ha estancado o retrocedido. La lucha contra las desigualdades en renta y riqueza se ha convertido en un elemento central de la búsqueda de la justicia social en el proyecto político socialista”.  ¡Semejante reto tiene quienes quieren “refundar” el PLN!