Categoría: Opinión

Cayó en nuestras manos el artículo titulado Sudamérica en disputa: la nueva guerra de las materias primas, escrito por Segalés Juan José Bautista (https://herramienta.com.ar/sudamerica-en-disputa-la-nueva-guerra-de-las-materias-primas). Aunque corto, es un interesante análisis a partir de declaraciones de la señora Laura Richardson, jefe del Comando Sur de los Estados Unidos en las cuales se nota una reformulación de la clásica Doctrina Monroe, ante lo que el gobierno de la potencia del norte de nuestro continente estima como su más relevante desafío de estos tiempos: la contención de la expansión china y de la emergencia de un poder militar de otro carácter que, dice el artículo, hace imposible impedir el tránsito global hacia un nuevo orden multipolar.

Lo que nos interesa destacar para efectos de este comentario es este concepto del autor: “Porque el neoliberalismo, más allá de ser solamente un modelo económico es, en realidad, una racionalidad radicalizada del liberalismo que destruye las bases mismas de la democracia, desde que lo político se somete a lo económico.”.

Y este otro: “…El Estado desplaza su esencia política y se convierte en una empresa fantasma, que solo administra la garantía del máximo valor del capital que financia y sostiene su conservación. Los objetivos del Estado dejan de ser políticos y se hacen gerenciales. Cuando todo ámbito de la vida humana es reducido a su carácter mercantil, la lógica empresarial invade todo y las necesidades sociales, los bienes comunes, las reivindicaciones populares, etc., etc., son comprendidos como proyectos gerenciales, es decir, son cotizados desde criterios de rentabilidad, donde los pobres son sacrificados en un mundo hecho sólo para ricos”.

Terminamos las citas con esta: “Por ello la racionalidad neoliberal pervierte las bases mismas de la democracia, una vez que introduce sus lógicas en la médula de lo político. Si las desigualdades se hacen extremas es imposible, no sólo mantener la soberanía estatal, sino sostener toda la comunidad política. Si el demo es desplazado, el kratos es el puro capital y lo que se genera es una sutil pero radical transformación de la política y la democracia desde dentro”.

En nuestro criterio, la caracterización del escenario político que se está desarrollando en nuestra querida América Latina, con fuerte impulso en unos casos desde las esferas gubernativo-ejecutivas y, en otros, con resistencias de diverso calibre e intensidad en otras esfuerzas de igual carácter; ya lo estamos viviendo en Costa Rica.

Si nos llevan, si nos están conduciendo por esa perversa senda, ¿quién podría pensar que hay que dar una respuesta desde el centro? ¡No, señores y señoras! ¡El “centro” ya no existe más! (¿Alguna vez existió…?

Consideremos estos eventos sociohistóricos de nuestra vida republicana (por supuesto, que nos quedan por fuera otros más de relevancia idéntica). Desde el establecimiento del Instituto Nacional de Seguros (INS), la promulgación del Código de Trabajo, pasando por la fundación de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), las medidas de política pública inspiradas en el bien común dictadas en la Junta Fundadora de la Segunda República, la promulgación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, e incluyendo el nacimiento de la actual Constitución Política del país, el 7 de noviembre de 1949; hoy día, todo está cuestionado según esa lógica dominante según la cual “…todo ámbito de la vida humana es reducido a su carácter mercantil, la lógica empresarial invade todo y las necesidades sociales, los bienes comunes, las reivindicaciones populares, etc., etc., son comprendidos como proyectos gerenciales, es decir, son cotizados desde criterios de rentabilidad”. Ni más ni menos como nosotros mismos lo venimos planteando: “todo mercado-Nada Estado”.

Asumir una posición crítica y de defensa activa de esas conquistas-valores que tienen que ver con la promoción del bien común, con la inclusión social y con la reactivación económica para el desarrollo de la Democracia misma, se debe hacer, con sabiduría y con militancia, con una táctica y con una estrategia de amplia base; desde el otro lado de la acera, que es el nuestro.

¡El centro ya no existe más! Fue abolido por la imposición de este paradigma del mal: “…todo ámbito de la vida humana es reducido a su carácter mercantil…”.

La magia de la construcción civil necesaria que ocupa el actual momento sociohistórica de nuestra Patria, para enfrentar el desafío del “todo mercado-nada Estado”, radica en comprender que, en este lado de la acera, las diversas sensibilidades a conjuntarse tienen más puntos en común de lo que imaginamos. Fueron ellos mismos que nos llevaron a este punto: ¡el “centro” ya no existe más!

En realidad, son 4 millones 51 mil 51 colones por minuto (₡4.041.051). Son, por hora, 243 millones 63 mil 75 colones (₡243.063.075).

Cada 24 horas, ¡por día!, el Ministerio de Hacienda debe destinar 5 mil 833 millones 513 mil 812 colones (₡5.833.513.812), para pagar intereses, ¡sólo intereses!, de la deuda pública del país.

Del 1 de enero al 30 de junio del presente años 2023 han transcurrido 181 días, y del bolsillo del pueblo trabajador costarricense, tanto público como privado, han salido en este primer semestre, un billón 55 mil 866 millones de colones (₡1.055.866.000.000).

Los datos anteriores, provenientes del Ministerio de Hacienda indican que, al 30 de junio de 2023, la deuda pública del país ascendía a 28 billones 600 mil millones de colones (₡28.600.000.000.000). Ellos dicen que representa un 61.1 puntos del Producto Interno Bruto (PIB). ¡Vaya usted a saber si nos mienten!

Pero, ¿a quién le importa? Segurísimos estamos de que, a lo que denominamos clase política tradicional (vieja y desgastada), así como a la recién llegada (mentirosa y manipuladora), esta realidad no les importa para nada.

¿Y cómo le va a importar, por ejemplo, a partidos como Liberación y Unidad, si en sus correspondientes gobiernos “aportaron” para que esa monstruosa deuda pública esté acabando con el país? Si se coludieron con el fraude fiscal y la evasión tributaria a gran escala; estimulándolo, tolerándolo, fortaleciéndolo.

En nuestros dos artículos inmediatamente anteriores al presente, hablamos del tema del congelamiento salarial socialmente criminal que ha venido afectando, que está afectando y que seguirá afectando a miles de personas trabajadoras asalariadas del sector Público.

Explicamos que, al terminar el 2023, serán ya cuatro años consecutivos de ese calvario socioeconómico, individual y familiar; y que, al consolidarse la perversa Ley Marco de Empleo Público (LMEP), No.10.159, el número de años de congelamiento podrá ir más allá de una década, al menos.

La gente trabajadora asalariada que labora para el Estado está siendo víctima de la más grande injusticia jamás cometida contra grupo social alguno, desde la entrada en vigencia de la actual Constitución Política de Costa Rica, el 7 de noviembre de 1949.

De esto hemos hablado y escrito mucho en los últimos tiempos y hemos afirmado que debemos seguirlo haciendo hasta que, ¡ojalá!, se genere una conciencia militante que ponga a este país de cabeza.

Tenemos que comprender que esta razón del monstruoso y obsceno pago diario de intereses de la deuda pública, explica muy bien las razones para el congelamiento salarial socialmente criminal que venimos denunciando un día sí y otro también.

Explica también, por ejemplo, el deterioro del sistema de educación pública; explica el paulatino deterioro de los servicios de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y, por ende, el impulso privatizador que se viene dando desde sus adentros.

También, explica la reducción de las becas de Avancemos y de los programas de asistencia social del IMAS y del PANI; que no haya plata para carreteras, que no haya fortalecimiento de la Inspección Laboral, etc., etc.,

Liberación, Unidad, el extinto PAC, el gobierno Chaves Robles-Cisneros Gallo (y los partidos turecas en que se están “metamorfoseando”), los grupos políticos de Fabricio Alvarado Muñoz y de Eliécer Feinzaig Mintz; todos, todos sin excepción, están de acuerdo con ese orden fiscal que está provocando una desestabilización social que amenaza a la misma Democracia. ¡Hay que pararlos antes de que terminen acabándonos!

Principios éticos fundamentales de la militancia y de la lucha sindical obrero-social, nos obligan a realizar todos los esfuerzos posibles y en todos los escenarios necesarios, para aportar a salvaguardar el sagrado derecho de la clase trabajadora asalariada a seguir teniendo la jornada ordinario-laboral de las ocho horas.

El más grave ataque del capital costarricense a la misma desde la promulgación misma del Código de Trabajo, en 1943, se acaba de dar en el seno de la Asamblea Legislativa con la aprobación, en primer debate, de lo que se ha dado en llamar las jornadas 4 x 3 mismas que, desde un punto de vista político-ideológico, significa la derogatoria (por ahora, parcialmente), de esa histórica y sagrada jornada de las 8 horas.

Por cierto, el día de esa votación fue el pasado martes 15 de agosto, conmemoración muy sentida por el pueblo costarricense como lo es el Día de la Madre; una acción legislativa más que macabra para tal fecha, si pensamos en las madres trabajadoras asalariadas.

Aprobación que, seguros estamos, obtuvo los 32 votos de mayoría mediando presiones externas de gran poderío millonario, económico-financieramente hablando, por una parte; y, por la otra, exhibiendo una ignorancia mayúscula acerca de todos los entornos sociohistóricos, tanto nacionales como internacionales, de cómo la clase trabajadora ha tenido acceso durante tantas décadas a que se le respete la jornada de 8 horas.

Si particularizamos al respecto, uno está muy seguro al afirmar que de esas 32 diputaciones que legislaron del lado del capital para derogar la jornada de 8 horas, son poquísimas las que conocen el significativo episodio de la lucha histórica mundial de la clase obrera conocido como Los mártires de Chicago. Y, para el caso costarricense, tampoco creo que tengan la más mínima noción histórica de cómo fue que en nuestro país se dio el establecimiento la jornada de las 8 horas.

Esta está en la mayor legislación del país: la Constitución Política, la cual nació a la vida jurídico-republicana del país, el 7 de noviembre de 1949. Y, por supuesto, es parte esencial y fundamental de la mayor ley de nuestra mayor ley laboral: el Código de Trabajo. Esas 32 diputaciones que se pusieron del lado del capital dándole primer debate a la ley de las jornadas 4-3, violentaron ambas piedras angulares de la institucionalidad jurídico social-laboral del país.

Por otra parte, si ya esa transgresión jurídica es muy grave, más lo es lo que implica en materia de la tradición costarricense de proclama y de defensa de los Derechos Humanos (DD.HH.). La jornada de 8 horas tiene un poderosísimo estatus jurídico dentro del Derecho Internacional en esa materia, los Derechos Humanos. He aquí un camino que vamos a tener que transitar.

Por ejemplo, lo que plantea la Organización Internacional del Trabajo (OIT), nada más y nada menos que en su Convenio No. 1, precisamente el de las 8 horas y promulgado en 1919, año de fundación de esta entidad y de la cual Costa Rica es Estado miembro. También, lo que se norma en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), tratado internacional en materia de DD.HH. firmado por Costa Rica y ratificado por nuestra Asamblea Legislativa, de suyo cumplimiento y observancia estricta el país no puede obviar.

El proyecto jornadas 4 x 3 únicamente persigue un objetivo estratégico para el capital que lo está imponiendo: derogar el pago de horas extras, para incrementar así la explotación obrera de la clase trabajadora que estaría sujeta a ese tipo de jornadas.

Llama la atención el jolgorio que por su aprobación está exhibiendo el ente corporativo Asociación de Zonas Francas (Azofras), dado que es en las zonas francas donde se ha venido utilizando este tipo de jornadas, de manera ilegal y con la complicidad del propio Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS; ilegalidad que ahora dejaría de serlo si se consuma la aprobación de este proyecto de ley.

El empresariado de las zonas francas verá incrementada sus ganancias pues, como ya disfruta de diversas exenciones impositivas, ahora lo que deberá invertir en salario obrero será menos y, por tanto, sus rentas corporativas subirán. Es de esta forma como nos explicamos las desmedidas presiones políticas de este grupo empresarial, por medio de sus agentes diputadiles en el parlamento, para imponer esta ley de las jornadas 4 x 3. Afortunadamente, esta lucha apenas está empezando.

El socialmente criminal congelamiento salarial es por partida doble: lo va a institucionalizar la perversa Ley Marco de Empleo Público (LMEP), No. 10.159.

Mientras el nivel de la deuda pública con relación al Producto Interno Bruto (PIB) no baje de 60 puntos, no habrá un centavo, literalmente, no habrá un centavo por reajuste por costo de vida en cada uno de los años en que esa relación se mantenga arriba de los 60 puntos PIB; disposición brutal que ya está rigiendo desde el pasado 10 de marzo de 2023, aunque pesa sobre la misma una Acción de Inconstitucionalidad interpuesta por la corriente sindical en la cual militamos y reforzada por varias acciones jurídico-coadyuvantes de la misma.

Esta perversa LMEP pretende consolidar lo que se conoce como Regla Fiscal, la cual ya se incluyó en la Ley No. 9635, popularmente conocida como Combo Fiscal; y, por tanto, es lo que ha impedido que se honre la deuda salarial de los 7.500 colones a la base, que está acumulándose desde el pasado 1 de enero de 2020 y de lo cual hablamos en nuestro artículo de la semana pasada.

Tal Regla Fiscal hará que quienes ya están con la “condena” de que no se les honre la deuda salarial individual de 7.500 per cápita; tenga una nueva “condena” encima pues en la perversa Ley Marco de Empleo Público (LMEP) cualquier reajuste por costo de vida a lo futuro, está supeditado a que la deuda/PIB baje de 60 puntos.

Es más, el sector obrero-social de las municipalidades se había “escapado” de esta regla fiscal incluida en la Ley 9635. Sin embargo, el Gobierno-Mideplán pretende imponerles el salario global indicado en la perversa LMEP, con lo cual sus históricas negociaciones salarial semestrales por costo de vida, desaparecerán.

Recordemos que las personas ya doblemente “condenadas” por este congelamiento salarial socialmente criminal, así como las “nuevas” que son llevadas a esa barbarie neoliberal, son de los siguientes segmentos laborales: cuerpos policiales, Magisterio Nacional, CCSS y Seguridad Social, los ministerios con sus diversos programas y entidades adscritas, el Poder Judicial, las instituciones autónomas-semiautónomas y casi todas las empresas públicas; y, ahora, las municipalidades.

Imaginemos, por un instante, que los liderazgos sindicales, gremiales, sociales y profesionales que representan a todas esas personas trabajadoras logran un gran acuerdo de acción coordinada en los más variados niveles, incluido el de La Calle; para crear una articulación sociolaboral de fuerte peso y sólido músculo, a fin de que ese socialmente criminal congelamiento salarial se derogue.

Ese socialmente criminal congelamiento salarial no solamente es contrario a la Constitución Política de Costa Rica; sino que, igual de grave es su roce con los Derechos Humanos. Y, peor aún, sigue indefinido como lo vemos en el horizonte. Ya la misma Sala IV lo advirtió: “El congelamiento indefinido en el tiempo afectaría ilegítimamente situaciones jurídicas consolidadas a futuro y constituiría un abuso estatal ad infinitum, ya que no solo perjudicaría el salario del funcionario, sino otros derechos como la jubilación.” (Voto 17098-2021). De ello hablaremos en nuestra próxima entrega de este tema.

De manera concomitante, un poder social de tal calibre podría poner en la mesa las reales y específicas razones del problema estructural de las finanzas públicas; de tal suerte que esas miles de voluntades obreras, actuando al unísono, le hagan el más grande bien a la sociedad costarricense desde la fundación de la Segunda Pública, cual es el de la Justicia Tributaria real.

Por: Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

El diccionario de la Real Academia Española define así al término narcopolítica: “Actividad política en que las instituciones del Estado están muy influidas por el narcotráfico”.

Nutriéndonos de fuentes alternativas diversas, constatamos que la narcopolítica impera en la hermana nación latinoamericana de Ecuador, además de estarla sumiendo en el caos. Sabemos bien, por otra parte, qué clase de potencia tiene la narcopolítica en otros países de nuestro continente.

El asesinato del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio se da en ese escenario de narcopolítica y tiene en conmoción total a esa nación, aunque, según entendidos, el fenómeno empezó a aparecer hace unos 30 años, pero lo dejaron pasar. A la clase política de Ecuador, a la misma sociedad civil organizada el agua le llegó al cuello y, sin un milagro de por medio, parece que se ahogarán.

En nuestro país, el fenómeno de la narcopolítica ya no nos es ajeno. Algunas voces autorizadas han planteado que, por ejemplo, la infiltración narco ya está en los tres poderes de la República: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. El ya desaparecido don Wálter Espinoza, Director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), lo denunció en la propia Asamblea Legislativa.

El problema del narcotráfico en nuestra sociedad costarricense, ya como un factor más de la convivencia cotidiana, lleva sus años. Más de 30, decimos nosotros. Y, aunque no parece que nos hemos ahogado tanto como la sociedad ecuatoriana en él, cada vez más somos más gente que estima que el Estado tico está perdiendo el control; o bien, que es el narcotráfico el que está ganando la partida.

Por otra parte, según nuestras fuentes, en Ecuador el 30 % de su Producto Interno Bruto (PIB) corresponde al lavado de activos. En el caso costarricense, una información del Banco Central de Costa Rica (BCCR), a la cual tuvimos acceso, nos indicó que, bajo la figura de depósitos del público en moneda extranjera en los bancos comerciales, se contabilizaron hasta no hace poco 38 mil millones de dólares.  ¿Habrá dinero sucio incluido en esta astronómica cantidad? Nosotros pensamos que es muy posible que sí lo haya.

En cuanto a las campañas electorales nacionales, la sospecha de que en las mismas ingresa dinero sucio producto de actividad del narcotráfico, ha tomado gran fuerza en toda clase de círculos sociopolíticos del país.

Seguimos recordando que, por ejemplo, en el periódico más antiguo, vocero oficial del gran capital de nuestro país, en su página digital correspondiente al 13 de marzo de 2019, apareció esta nota:

“Dinero en efectivo llegaba en ‘bolsas’ a sede de campaña de Fabricio Alvarado. Informe en manos de Fiscalía: excolaboradores del comando de Restauración relatan que el dinero se contaba en mesas en fajos de $1.000 y se entregaba en billetes a empleados y proveedores; además, se agendaban cenas de recaudación, aunque el partido no reportó mayor cosa en donaciones al TSE”.

  La información anterior presentó una foto con esta indicación: “En el expediente que tiene el Ministerio Público consta esta imagen, en la cual aparece una bolsa plástica con fajos de billetes, al parecer, de la campaña de Restauración Nacional”.

Por supuesto que de nuestra parte no estamos afirmando nada ni acusando a nadie. Pero sí tenemos que reseñar lo llamativo de la circunstancia y la ausencia de explicación oficial, completamente cierta, de parte del Ministerio Público a la fecha, a poco más de cuatro años, de qué fue eso, en realidad. O, por el contrario, es que estamos totalmente despistados y no nos dimos cuenta de que esa cuestión habría quedado más transparente que el agua clara de un manantial montañoso.

La narcopolítica ya está en desarrollo en Costa Rica. Es doloroso reconocerlo. De la nada, de la noche a la mañana, han aparecido, están apareciendo y aparecerán más ofertas electorales que dejan una estela de enorme duda de dónde salió la plata que las financia.

La narcopolítica en Costa Rica cuenta con muchas facilidades para hacerse sistémica:  hay gente de la clase política tradicional y recién llegada a este nivel de élite, dispuesta a jugársela actuando en ese escenario. Por otra parte, hay otra clase de gente dispuesta a jugarse su propia vida para ver qué agarra; mediando la realidad de una sociedad de exclusión, de descarte, de expolio desenfrenado controlado por una plutocracia en cuyo interior la narcopolítica está encontrando amplio espacio.

Y, dolorosamente, están los que están muriendo a balazos en las calles pues fue el cruel escenario de actuación que les tocó en esta entronización de la narcopolítica en nuestra sociedad, como única fuente para atacar el hambre y las ansias, más que legítimas, aunque por equivocados caminos y erradas decisiones, de tener una mejor calidad de vida.

Por: Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Nos llegó la siguiente información que, por supuesto, jamás podrá ser conocida por el gran público costarricense, considerando la ideología de las matrices mediáticas dominantes en nuestro país.

Les contamos que la leímos y releímos dado que nos pusimos a pensar en nuestra realidad socioeconómica de la Costa Rica actual.

¡Por favor, lea usted con detenimiento!: “Europa Press. El Consejo de Ministros de Italia ha anunciado la introducción de un 40% de impuesto para ingresos extraordinarios de la banca del país, cuya recaudación se destinará a ayudar a los hipotecados y a rebajar la carga fiscal de los ciudadanos.”

Que yo sepa, en Italia no hay en desarrollo ningún proceso revolucionario de izquierda, si consideramos que, según lo tradicional en el mundo de la política, tal tipo de medidas son impensables desde una perspectiva de gobiernos pro-capital y pro-mercado, como suele catalogarse a lo que, comúnmente, se denomina derecha política. Por lo menos, de derecha ha sido catalogado el actual gobierno italiano encabezado por la señora Giorgia Meloni.

Sigamos leyendo esta otra medida tributaria de corte revolucionario: “El Consejo de Ministros aprobó una regla de equidad social que es un gravamen sobre las ganancias bancarias extra en 2023“.

Eso lo anunció el vicepresidente del Gobierno de Italia y ministro de Transportes e Infraestructuras, Matteo Salvini. También dijo él que todos los ingresos procedentes del nuevo impuesto se destinarán a ayudas para las primeras hipotecas de vivienda y a recortes de impuestos.

Estima el gobierno italiano que es de derecha pero que está tomando medidas de izquierda (podríamos decir, de izquierda socialdemócrata consecuente), que se deben utilizar parte de las millonarias ganancias de los bancos para ayudar a las familias y a las empresas que, por ejemplo, se ven afectadas por la subida de los tipos de interés.

La magnitud de los problemas sociales de Italia, “potencia económica” integrante del selecto Grupo de los 7 (G7), fuente principal de la propagación política global de las ideas del neoliberalismo, deben haber motivado al gobierno de la señora Giorgia Meloni a adoptar las medidas de justicia tributaria aquí comentadas.

No se cuestiona la propiedad privada, no hay expropiaciones a la usanza de una revolución proletaria; sino, simplemente, una especie de racionalidad política elemental para que la sociedad de mercado no colapse, no se siga desnaturalizando-desprestigiando más; sino, todo lo contrario: potenciar, con verdadero impacto, los mecanismos de una mejor distribución de la riqueza y de auxilio a los damnificados sociales y económicos del exceso de esa sociedad de mercado y su expolio descontrolado.

Como que la fórmula de sentido común y de racionalidad política del gobierno italiano podría decir algo así: hay que distribuir más y mejor para salvar a la democracia misma y sistema de mercado.

La plutocracia costarricense, en cuyo seno la hegemonía bancario-financiero tiene gigante peso, debería aprender, al menos, un poquito, de esa lógica política de sentido común del gobierno italiano de derecha que sigue siendo pro-capital, pro-mercado y que de socialismo de izquierda no tiene ni un pelo.

Los banqueros ticos siempre se las ingeniado para que ningún partido político “se les salga del canasto”, con ideas “comunistas” como las del gobierno italiano de la señora Meloni.

Por Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Al terminar el presente año 2023, la práctica totalidad de la clase trabajadora asalariada del empleo público (con excepción de las municipalidades), llegará al cuarto año de congelamiento salarial absoluto: 2020-21-22 y 2023.

Ni un cinco partido por la mitad, por concepto de reajuste en el costo de la vida en los indicados años, han recibido los y las policías, el personal de Educación Pública, el del sector Salud y Seguridad Social (a excepción del personal CCSS), el funcionariado de los ministerios y entes adscritos a los mismos, así como quienes laboran en una serie de instituciones públicas dentro del Poder Ejecutivo y más allá de él; por ejemplo, instituciones autónomas y semiautónomas (con algunas excepciones).

El co-gobierno que hubo en el período constitucional 2018-2022, el de Carlos Alvarado Quesada (integrante del hoy casi extinto PAC), con el sostén político-ideológico del partido Liberación y del partido furgón de cola de los últimos gobiernos, la Unidad; se encargaron de imponer ese socialmente criminal congelamiento salarial en el empleo público que se está manifestando en dos modalidades.

Valga indicar que el actual Gobierno, Chaves Robles-Cisneros Gallo, tiene plena identificación con esas decisiones de política pública de carácter neoliberal en contra de la clase trabajadora asalariada estatal y las respaldan completamente.

Hoy les comentaremos la primera (más coyuntural), para la semana próxima abordar la segunda (más estructural). Ambas, perversas, por supuesto.

La primera: Se niegan a pagar el último reajuste por costo de vida para el sector público que se decretó en diciembre de 2019: 7 mil 500 colones a la base, que debió hacerse efectivo desde el 1 de enero de 2020. A la fecha, no ha sido cancelado a cada una de las personas trabajadoras que laboran para las entidades indicadas en el primer párrafo de este artículo. La propia Procuraduría General de la República dictaminó que ese dinero, aunque no se haya pagado, es propiedad de cada persona empleada pública; que ya está incorporado al patrimonio personal, aunque el Estado no lo haya honrado a la fecha.

Por ejemplo, si usted es policía y lee este artículo tenga en cuenta que al terminar el 2023, el Estado ajusta 48 meses de 7.500 colones cada uno, de deuda a su favor; más, lo que corresponda a aguinaldo, salario escolar y otros sobresueldos por cada uno de esos 4 años de este congelamiento salarial socialmente criminal. Podríamos estar hablando de entre 400-500 mil colones de deuda per cápita. Y así, a cada persona integrante del Magisterio Nacional, de otros ministerios, etc.

La corriente sindical en la cual militamos está tramitando todo un proceso judicial a favor de que se honre esa deuda y habrá noticias al respecto en fecha próxima. No obstante, vamos a tener que acudir a la Democracia de la Calle para garantizar verdadera justicia.

Este congelamiento salarial socialmente criminal (tanto el que hoy comentamos como el otro del cual hablaremos la semana próxima), tienen una misma base-raíz totalmente falsa e ideológicamente perversa: responsabilizar-culpabilizar a la persona trabajadora empleada pública del desastre de las finanzas públicas del país. Nosotros -y otros-, hemos demostrado la infame maldad de tal acusación política.

Estas dos modalidades de congelamiento salarial socialmente criminal se incluyeron en las perversas leyes del combo fiscal (2018) y de empleo público (2022), ambas con acciones de inconstitucionalidad en trámite, pues en nuestro criterio contienen groseras violaciones a la Carta Magna de 1949 y a los tratados de Derechos Humanos firmados y ratificados por Costa Rica.