Categoría: Opinión

Por Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP

Desde el pasado 30 de mayo de 2023 se está tramitando en la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y bajo el Expediente No. 23-003122-CO, la Acción de Inconstitucionalidad interpuesta por la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), en contra la perversa Ley Marco de Empleo Público (LMEP), No. 10.159; perversa legislación que, según nuestra visión sindical, persigue dos objetivos estratégicos de corte antidemocrático: la imposición del salario global a como dé lugar, violentando Derechos Humanos (DD.HH.) como los de situaciones jurídicas consolidadas y derechos adquiridos, castrando la negociación colectiva y dando un golpe mortal a la Libertad Sindical. Esto, por una parte.

Por otra parte, el segundo objetivo de esta ley es imponer un Estado al mayor nivel posible de autoritarismo centralizado con verticalismo de corte totalitario; similar al que había antes de los sucesos armados de lo que fue la Guerra Civil entre costarricenses, en el año 1948 del siglo pasado.

La Acción de Inconstitucional que interpuso la ANEP fue la primera en denunciar la gran cantidad de inconstitucionalidades contenidas en la perversa LMEP, al punto de que afirmamos que ésta ha representado la más grande violación de Derechos Humanos (DD.HH.) de las últimas décadas.

ANEP está pidiendo a la alta magistratura constitucional del país que se declaren inconstitucionales los artículos 2, 5, inciso b), 6, 7, incisos a), c), d) f), l) y m), 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 19, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 43, 44, 49 incisos a), c), d), e) f). De la misma manera, los transitorios VII, XI, XII y XV de la Ley Marco de Empleo Público N°10.159 (LMEP), también deben ser declarados inconstitucionales.

Según los expertos de la Unidad de Asesoría Jurídica (UAJ) de la ANEP, así como los especialistas del Instituto Internacional de Responsabilidad Social y Derechos Humanos (IIRESODH), contratado por la organización para este y otros aspectos; la perversa LMEP violenta-lesiona los artículos 1, 9, 11, 34, 39, 50, 56, 57, 62, 73, 74, 84, 85, 87, 99, 156, 170 y 188 y siguientes de la Constitución Política de Costa Rica.

De la misma manera, han sido violentados los principios de división de poderes, igualdad, progresividad y no regresividad, seguridad jurídica, libertad sindical, el derecho a la negociación colectiva, el debido proceso, las autonomías constitucionales, el principio de retroactividad, los derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas. Todos estos derechos están establecidos en la Constitución Política y en diversos tratados de derechos humanos ratificados por Costa Rica en materia de derechos económicos y sociales.

En ANEP somos del criterio de que la perversa Ley Marco de Empleo Público representó un verdadero Golpe de Estado parlamentario a la Constitución Política del 7 de noviembre de 1949; de tal suerte que a quienes la impusieron debieran asumir sus responsabilidades político-históricas si la Sala IV certifica, en todo o en parte, las atrocidades que tal ley cometió contra nuestra Carta Magna; juicio al que deberían ser sometidos, al menos, dos sujetos: Carlos Alvarado Quesada y Carlos Ricardo Benavides Jiménez.

En nuestro criterio estas dos personas deben ser consideradas como vándalos políticos; líderes los dos de una pandilla de facinerosos que en el período constitucional de la República 2018-2022, se coludieron para legislar a favor del poder plutocrático que tiene a la República aherrojada, expoliando a las grandes mayorías populares, atizando un voraz proceso de concentración de riqueza.  Espere la segunda parte la próxima semana.

SALARIO GLOBAL: ¡DETENGAMOS AL “ORNITORRINCO-FRANKENSTEIN”!

Del señor magistrado de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, don Luis Guillermo Rivas Loáiciga, es la siguiente afirmación: “A mí me parece que esto va a crear una situación algo así como de un frankenstein, un ornitorrinco o una cosa de esas. Estamos desarmando el Estado costarricense y volviéndolo armar cada uno por su lado”.

Lo dijo en comentario de nota de prensa en la cual él criticaba el desarrollo de una especie de caos jurídico en el seno de cada uno de los poderes del Estado, a propósito de la implementación de la perversa Ley Marco de Empleo Público (LMEP), con forceps, y del concepto Salario Global que impulsa, a cómo de lugar y caiga quien caiga, la autoritaria Ministra de Planificación, por encargo del Gobierno del Presidente Chaves Robles; quien, en campaña, dijo que esa ley era un “adefesio” jurídico. ¡Claro! ¡Él estaba en campaña electoral!

Pues ese adefesio (persona o cosa muy fea, ridícula o extravagante), también ya había estado recibiendo los calificativos despectivos de “frankenstein” (unión monstruosa de partes de diversa procedencia), así como de “ornitorrinco” (mamífero semiacuático con pico de pato, cola de castor y patas de nutria), precisamente porque esa ley no presenta un todo armónico, es una colección de partes jurídicas que se contradicen entre sí; presenta graves violaciones a situaciones jurídicas consolidadas y a derechos adquiridos, sin mencionar la colección de violaciones a la Carta Magna de 1949.

Además, violenta diversos tratados internacionales de Derechos Humanos (DD.HH.), suscritos, firmados, ratificados y protocolizados por nuestro país; tratados con los cuales Costa Rica tiene un pacto de vinculatoriedad absoluta del cual no es posible renegar, desconocer, violentar.

¡Jamás había salido de la Asamblea Legislativa un esperpento jurídico como lo es esta Ley Marco de Empleo Público y su salario global, tan adefésico y esperpéntico como desigual!

La Sala Constitucional tramita ya varias acciones de inconstitucionalidad en contra de esa perversa ley y su salario global.

Admitidas que fueron no han logrado que la jerarca de MIDEPLAN pare su frenética carrera loca por llevarnos, jurídicamente y socialmente hablando, a encontronazos fuertes, como los episodios de calle que se ven venir; sin hablar de una alta cuantía, todavía por estimar, de procesos administrativos y judiciales que ya están en preparación. Al menos, en la corriente sindical en la cual militamos, ya estamos tomando las medidas del caso.

Tan es así la frenética carrera loca de la Ministra MIDEPLAN por imponerle al país el tal salario global, que la llevó a inventarse la figura de “salario global transitorio”, el cual no está en la propia ley sino en el reglamento de la misma; es decir, las instituciones que están contratando personal bajo el “salario global transitorio”, lo hacen en estado de ilegalidad; y quienes lo están sufriendo ya, puedan cuestionarlo en sede administrativa primero, y judicial después.

Para empeorar las cosas, no se conoce al momento de escribir este comentario, los correspondientes estudios técnicos del tal salario global para cada caso, ni mucho menos, cómo hicieron para establecer el “salario global transitorio”.

En el sector público reina, en estos momentos, confusión y enojo ante la posibilidad, por ejemplo, de que una persona servidora de recién ingreso pueda ganar lo mismo que su jefatura con 25 años de experiencia. Y que gane aún más que los mismos compañeros y compañeras que a su lado estén haciendo lo mismo. Sin duda, es perentorio detener al “ornitorrinco-frankenstein”.

No tenemos el texto completo pero un matutino consignó una frase de la carta de renuncia al Partido Liberación Nacional (PLN), del actual alcalde de Alajuela y aspirante a ser reelecto en ese cargo, don Humberto Soto Herrera; frase que citamos de seguido, la cual constituye una acusación muy grave contra dicho partido que según el denunciante presenta: “un distanciamiento de sus raíces socialdemócratas” y muestra “falta de cohesión ideológica”.

Es obvio que don Humberto respira por la herida por cuanto en el PLN, la cúpula que manda lo dejó fuera de la candidatura a la reelección por esa bandera partidaria; por tanto, él decide salirse y, de seguro, seguirá promoviendo su candidatura con algún partido-taxi que le acoja para la contienda municipal verdadera. Esto de los partido-taxi, por cierto, ya es muy común en la política electoral costarricense.

También es más que obvio que la acusación al PLN de haberse distanciado de sus raíces socialdemócratas y de tener falta de cohesión ideológica, suena a oportunismo político y a una pose electorera, dado que don Humberto lanza dardos envenenados en contra de la colectividad partidista que le hizo alcalde, hasta ahora, cuando ésta le dio la espalda; con razón o sin razón, lo cual no corresponde a nosotros determinarlo. Lo real es que lo dijo, aunque sea por pose, resentimiento, venganza, dolor.

Lo importante aquí es que, efectivamente, hace ya mucho tiempo que el PLN se distanció de sus raíces socialdemócratas y se alejó de tener una cohesión ideológico congruente con esas raíces.

Tan es así que todavía quedan personas militantes del PLN que, según afirman, dan fuerte lucha interna para que el PLN vuelva a su redil. Y uno siente que es así, con posiciones honestas y consecuentes. De la misma manera, en la actual fracción parlamentaria liberacionista hay algunas personas diputadas que, merecedoras de nuestro mayor respeto y consideración, afirman ser la conciencia crítica socialdemócrata de que, efectivamente, las últimas tres derrotas electorales del PLN a nivel presidencial, precisamente, tienen que ver mucho con la renuncia ideológica a los principios que animaron a los padres fundadores del PLN en sus orígenes.

Y no les será nada fácil un reposicionamiento del PLN como alternativa socialdemócrata en estos tiempos de gran concentración de riqueza, creciente desigualdad y de dramáticas y dolorosas exclusiones sociales y económicas.

En este sentido y en ese marco, las actuaciones parlamentarias del PLN en el período constitucional 2018-2022 resultan imposibles de ser olvidadas: hicieron viable el gobierno de Carlos Alvarado Quesada y le dieron los votos a la tríada de legislación anti-obrera más cruel desde la fundación de la denominada Segunda República: leyes 9635 (combo fiscal), 9808 (anti-huelgas) y Marco de Empleo Público (10.159). Además, dejó en la corriente parlamentaria, mediando toda su fracción de ese cuatrienio, el proyecto de ley contra la histórica jornada de las 8 horas; el cual, precisamente en la presente legislatura, fueron votos PLN de su actual fracción, con notables excepciones, los que garantizaran su aprobación en primer debate.

Un nuevo episodio de eso que don Humberto calificó como “un distanciamiento de sus raíces socialdemócratas” y una muestra “falta de cohesión ideológica”, es el voto al proyecto dizque para sacar a Costa Rica de la lista gris de países no cooperantes del fraude fiscal que elabora la Unión Europea (UE); iniciativa que no nace de un sentimiento nacionalmente genuino por librarnos de la dictadura del fraude y de la evasión fiscal, sino porque esa potencia económica nos puso contra la pared.

Con admiración y respeto para quienes luchan todos los días por lo que podríamos llamar algo así como el “rearme de la socialdemocracia liberacionista”, fuera y dentro del parlamento, valga la siguiente cita tomada de la publicación denominada Nueva Socialdemocracia, del economista y político español Manuel Escudero:

(https://www.infolibre.es/cultura/nueva-socialdemocracia_1_1209479.html)

“Pusimos el dedo en la llaga al afirmar que, a pesar de la existencia de un Estado de bienestar, nuestra sociedad es cada día más desigual porque se está produciendo en términos de renta y de riqueza una polarización entre una minoría a la que las cosas le van muy bien, y una mayoría que se ha estancado o retrocedido. La lucha contra las desigualdades en renta y riqueza se ha convertido en un elemento central de la búsqueda de la justicia social en el proyecto político socialista”.  ¡Semejante reto tiene quienes quieren “refundar” el PLN!

Con el título de Propuesta para un mejor futuro-Construyendo una hoja de ruta para avanzar en el desarrollo de Costa Rica, don Jorge Vargas Cullell, Director del Programa Estado de la Nación, participará en la presentación de este documento elaborado por el think-tank costarricense Academia de Centroamérica; en acto solemne a celebrarse en el Salón de Jefes de Estado, Presidentes y Presidentas de la Asamblea Legislativa, el próximo miércoles 20 de setiembre de 2023.

También, en el panel de presentadores-comentaristas de esta actividad, estará la investigadora del Programa Estado de la Nación, la señora Natalia Morales Aguilar.

El evento será presidido por el propio Presidente del parlamento, don Rodrigo Arias Sánchez, a quien nosotros catalogamos como uno de los rostros visibles del conjunto plutocrático del real poder en la Costa Rica actual.

Por supuesto, el Presidente de la Academia de Centroamérica y el asociado a la misma, señores Ricardo Monge González y Federico Villalobos Carballo, respectivamente, estarán entre los expositores.

Como se puede colegir, de los contenidos del documento nada más sabemos su título y subtítulo, aunque está clarísimo cuáles podrían ser los mismos si se sabe bien la matrícula ideológica de la Academia de Centroamérica, siempre del lado del todo mercado-nada Estado. Y, ¿es que esto debe ser censurable, criticable? ¡En lo absoluto! Es la democracia del libre pensar y de la exposición de las ideas.

Lo que nos llamó poderosamente la atención es la participación, con rango oficial y explícito, del Programa Estado de la Nación, habida cuenta de su siempre reiterada y proclamada posición de neutralidad ante el conflicto social costarricense de estos tiempos, caracterizado por una dramática concentración del ingreso y una dolorosa exclusión social y económica.

El Programa Estado de la Nación nos tiene acostumbrados a su riguroso diagnóstico anual de nuestras penurias como sociedad y a algunas advertencias, cuidadosamente redactadas, de que el camino del desarrollo del país de los últimos tiempos no es el correcto. Aun así, ha logrado un posicionamiento de prestigio en la sociedad con no pocas reservas.

Ahora aparece el Programa Estado de la Nación en un foro en el cual su protagonista central, la Academia de Centroamérica, defiende un ideario que, a nuestro atender, por un lado, es co-responsable de la intrusión de un pensamiento en la política pública costarricense altamente pernicioso para una democracia con inclusión; y, por otro, las denuncias diagnósticas anuales del equipo de don Jorge Vargas Cullell parten, precisamente de la implantación en la sociedad de los contenidos centrales defendidos por el indicado think tank.

Desde la sensibilidad de quienes hemos estado militando en la acera que ha venido defendiendo las Garantías Sociales, la Constitución Política de 1949, el Estado Social y Democrático de Derecho; así como la importancia estratégica para la Democracia de la Doctrina de los Derechos Humanos (DD.HH.) sus tratados internacionales en la materia firmados y ratificados por nuestro país con su obligatoriedad y vinculatoriedad absolutas; consideramos que en la Academia de Centroamérica se forja el pensamiento fundamental que ha venido consolidando el poder de la plutocracia en el seno de nuestra alicaída democracia y su, hoy muy atacada, institucionalidad republicana.

Por ello nos sentimos con la atribución de hacer este señalamiento al Programa Estado de la Nación pues su participación en la indicada actividad nos genera enorme duda acerca de su ruta neutral en el análisis diagnóstico de la realidad nacional.

Hasta la fecha hemos entendido esa ruta neutral,considerando que el Programa Estado de la Nación, con la alta capacidad diagnóstica que tiene, reconocida por tirios y troyanos, si se decidiese a formular propuestas concretas, posiblemente chocaría con los intereses mezquinos de la plutocracia en el poder. Juntándose con uno de los think tank que ésta tiene como proveedor de ideología, no le hace nada bien al grupo investigador académico de don Jorge Vargas Cullell; ya de por sí, aunque en carácter personal, columnista permanente del medio emblema de esa plutocracia.

Por: Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP.

¿Cómo es posible que, en la actual Asamblea Legislativa, prácticamente, a ninguna persona legisladora le esté importando que al pueblo trabajador costarricense le saquen de sus estrujados y apretados bolsillos, la espantosa cantidad de casi 16 mil millones de colones al día (16.000.000.000), para atender lo que denominan el servicio de la deuda pública, en especial el pago obsceno y vulgar de los intereses de la deuda pública?; los cuales, por cierto, son, de los más altos del mundo?

El Ministerio de Hacienda acaba de remitir al parlamento lo que se conoce como el Presupuesto Nacional 2024, el cual solamente representa cerca del 40% de la totalidad de la estructura financiera del Estado (Gobierno Central, en esencia). En realidad, debería denominarse “presupuesto parcial” pues el 60% no se tramita en la Asamblea Legislativa, sino ante la Contraloría General de la República (CGR).

De ese mal llamado “presupuesto nacional”, cuya totalidad es 12 billones 600 mil millones de colones (en cifras, así: ₡12.600.000.000.000), casi la mitad, el 46%, debe destinarse a lo que denominan servicio de la deuda pública, lo cual incluye el pago diario, escandaloso y obsceno, de los intereses de la deuda pública.

Ese 46% representa la enorme cantidad de 15 mil 928 millones 767 mil 123 colones, al día, c/24 horas, para la deuda pública; en cifras redondeadas, 16 mil millones de colones por día: ₡16.000.000.000.

En total, para los doce meses del próximo año 2024, el pueblo trabajador costarricense debe sacar de sus, financieramente, estresados bolsillos, para esa deuda pública, casi los 6 billones de colones; con exactitud, 5 billones 814 mil 600 millones de colones: ₡5.814.600.000,000.

Esta cruel y criminal, socialmente hablando, realidad se viene repitiendo durante todos estos años sin que la clase política tradicional, la vieja y la nueva, alce ni la más tímida voz de alarma o de denuncia; considerando que cada vez son más graves, las afectaciones-recortes al financiamiento de las diversas políticas públicas que desde el Gobierno Central están obligadas a atender programas de Seguridad Social (Educación, Salud y Seguridad Social, Eco-ambientales, Cultura, Infraestructura Vial, Seguridad Ciudadana, combate estratégico al crimen organizado y al narcotráfico, entre otros).

Como bien lo vienen afirmando y demostrando personas estudiosas de la academia y del pensamiento social costarricense, dedicados a la defensa de los bienes comunes (como lo son, por ejemplo, los de la seguridad social y los de los ecosistemas); la deuda pública y su escandalosísimo y súper-usurero pago diario de intereses está minando las bases de la Democracia misma.

¡Así es! La deuda pública, casi cercana a los 29 billones de colones, ligada a ese aplastante pago diario de intereses, guarda relación intrínseca y perversa con la permanencia de un sistema tributario injusto y corrupto; el cual tiende a profundizarse por las ilegales maniobras del macro-empresariado evasor-elusor fiscal nacional que, como gran “moda”, está trasladando sus lucrativas empresas al régimen de zonas francas, desnaturalizándolo y prostituyéndolo, pues el mismo siempre fue destinado para atraer inversión extranjera, no para abusar de él como mecanismo de evasión tributaria.

Esta realidad corrupta ameritaría, al menos, la conformación de una comisión legislativa para entrarle al asunto con gran seriedad y quitarle el amplio manto que cubre tanta operación tributario-fiscal sucia; proceso que caería como anillo al dedo a propósito de la tramitación parlamentaria del mal llamado presupuesto nacional 2024. Creemos que, ni siquiera, habrá una persona diputada que plantee algo así en las actuales circunstancias.

En el propio Día de la Madre, el pasado 15 de agosto de 2023, 32 personas diputadas le dieron primer debate al repudiado proyecto popularmente denominado Jornadas 4-3; convirtiéndose así en el más grave ataque que ha sufrido el Código de Trabajo desde que éste fuera promulgado en 1943. Hablamos del ataque a la histórica jornada de 8 horas que tanta sangre, sudor y lágrimas costó a la clase obrera internacional y también a la costarricense.

Exactamente, 12 días después de ese cruel “regalo” legislativo a las madres trabajadoras del país, a las personas trabajadoras, el pasado domingo 27 de agosto de 2023, nuestro Código de Trabajo llegó a sus 80 años de vida; acontecimiento este que para toda la oficialidad gobernante del país pasó desapercibido. Otra crueldad.

De nada valieron una serie de pronunciamientos de distintas procedencias los cuales puntualizaron muchos aspectos en contra de esa iniciativa de ley, formulando argumentaciones sólidas y técnicamente sustentadas.

Imperó una especie de consigna de orden dogmático y de carácter antiobrero porque la esencia del proyecto jornadas 4-3 persigue un único objetivo estratégico: abaratar la mano de obra eliminando el pago de horas extra; para, especialmente, beneficiar al empresariado corporativo que se cobija bajo el régimen de zonas francas.

Como sabemos, el proyecto jornadas 4-3 se encuentra en el proceso de consulta constitucional antes de que le den el segundo debate; resultando muy oportuno que se esté dando a conocer en estos momentos, un criterio de carácter internacional sumamente calificado, como lo es el informe del Relator de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre formas de esclavitud modernas, el señor Tomoya Obokata.

El informe del Sr. Obokata tiene un considerable peso moral y ético, aparte de político, que ninguna de esas 32 diputaciones está en capacidad de rebatir; como son las posibles afectaciones a la salud de las personas trabajadoras que serán sometidas a dichas jornadas, tal y como fue señalado por instancias nacionales con sobrado criterio al respecto.

Dijo el señor Obokata: “Las largas jornadas laborales pueden agravar más rápidamente la fatiga y la pérdida de concentración de las personas trabajadoras, lo que a su vez puede desencadenar accidentes laborales y lesiones”.

Fue categórico el informe ONU al señalar que “las largas jornadas de trabajo diarias propuestas por Costa Rica siguen yendo más allá del principio general de 8 horas diarias”, pues se afecta el derecho a la salud física y mental según se establece en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de 1966, importantísimo tratado de Derechos Humanos (DD.HH.) del cual Costa Rica forma parte.

Siempre hemos afirmado que este proyecto de ley ha avanzado en la Asamblea Legislativa como parte del pacto de los Rodrigo: Rodrigo Chaves Robles y Rodrigo Arias Sánchez; el primero a la cabeza del Poder Ejecutivo y el segundo, presidente legislativo.

Al llegar nuestro Código de Trabajo a su 80 aniversario, no tenemos más alternativa que intensificar nuestros esfuerzos para evitar que este ataque del capital a su corazón, la histórica jornada de 8 horas, se consolide. Si lo aprueban en segundo debate, iremos a la Sala Constitucional a defenderla y si ésta no lo hace, habrá que ir al escenario internacional el cual incluye dos posibles vías.

Acaba de desarrollarse la Primera Cumbre Ministerial para una “Tributación Global Incluyente, Sostenible y Equitativa”, en la ciudad de Cartagena, Colombia. Ministros de Hacienda y personal de alto nivel de gobiernos de 15 países de América Latina y del Caribe participaron.

Como comprenderán, este acontecimiento nos llamó poderosamente la atención dado que en la corriente sindical en la cual militamos, la agenda de lucha que nos motiva todos los días tiene en su máxima posición lo que denominamos la Transformación Tributaria Estructural del sistema de distribución de la riqueza de nuestro país.

Y el propósito de la indicada cumbre ministerial para una “Tributación Global Incluyente, Sostenible y Equitativa”, nos certifica nuestra concepción de que en Costa Rica el sistema tributario es doblemente perverso.

Por una parte, pagan más los que tienen menos (la clase trabajadora asalariada y no asalariada, por ejemplo); mientras que los deberían pagar lo que les corresponde, no lo hacen del todo: evaden, eluden, hacen fraude fiscal a todo nivel y esconden la plata fuera del país. Por la otra parte, hay mucha corrupción: el sistema aduanero y tributario está muy sucio.

Así las cosas, es fácil comprender la no participación de Costa Rica en tan relevante evento. Es más, es algo completamente lógico considerando que la plutocracia reinante mantiene un control total de la cuestión tributaria no importa cuál partido esté en el Poder Ejecutivo y cuál sea la conformación de la Asamblea Legislativa de turno. Esta circunstancia nos lleva a la afirmación de que en nuestro país el tema tributario es subversivo.

En el comunicado de prensa oficial del evento se consignan lo siguientes datos que son dolorosos, espeluznantes, indignantes; y que llaman a una acción militante, al menos, desde el ámbito del sindicalismo sociopolítico en el cual depositamos nuestros sueños por un mejor mañana.

América Latina y el Caribe es una de las áreas más desiguales del mundo, donde el 10% más rico concentra el 77% de la riqueza total de los hogares, mientras que el 50% inferior de la distribución ni siquiera posee el 1%. Los países de la región comparten un arraigado sistema fiscal regresivo, reflejo de una deficiencia histórica en la tributación de las rentas altas, en particular de las rentas del capital. Además, los países de la región pierden el equivalente al 6,1% del PIB total debido a fraude, evasión y elusión fiscal (según datos de la CEPAL), mientras el 27% de la riqueza de la región se encuentra offshore (según el economista Gabriel Zucman).

La documentación disponible sobre los contenidos de este evento es extraordinaria para nuestros anhelos de real justicia social en un país como el nuestro que ya, lamentablemente, ha implantado una desigualdad de tal calibre que va potenciando su carácter sistémico. Y, por supuesto, desde estas prestigiosas páginas digitales y en la medida de lo posible, seguiremos planteando el problema y sus diversas perspectivas. Seguiremos, subvirtiendo el orden tributario dominante. Por ahora, les compartimos, seguidamente, las diez recomendaciones para las reformas tributarias en la región; y, por supuesto, aunque Costa Rica no estuvo en esa cumbre, tienen gran relevancia para nuestra corrupta e injusta realidad tributaria. Veamos:

Incorporar el cumplimiento de las obligaciones de derechos humanos y en asuntos ambientales como principios generales que guíen e informen la toma de decisiones tributarias.

Promover la progresividad y la equidad de los sistemas tributarios de la región.

Promover reformas de la tributación corporativa, en especial de las empresas multinacionales, que consideren y protejan los intereses de la región.

Tomar medidas orientadas a incrementar la transparencia fiscal.

Promover tributos que busquen la protección del ambiente, especialmente con relación a la transición energética y la respuesta a la crisis climática.

Revisar beneficios tributarios con criterios de transparencia y equidad, eliminando privilegios y priorizando los beneficios que generan crecimiento inclusivo, desarrollo sostenible y justicia social.

Fomentar una gobernanza tributaria global verdaderamente inclusiva y respetuosa de la soberanía nacional.

Incorporar el enfoque de género en la política fiscal.

Descolonizar los estándares sobre tributación y transparencia internacional.

Asegurar la participación genuina de la sociedad civil en la nueva plataforma.