Categoría: Opinión

Estamos tratando de constatar la veracidad de informaciones recientes aparecidas en prensa, específicamente en Semanario Universidad, acerca de que la reciente misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI), de visita en el país; hizo señalamientos “no usuales”, acerca de la cuestión fiscal del país.

El indicado medio de prensa goza de mucha credibilidad y prestigio, por lo que vamos a referirnos a esos señalamientos fondomonetaristas.

En todo caso, estamos solicitando una reunión con el representante oficial del FMI para Costa Rica, don Santiago Ochoa Olarticoechea, ahora que tal entidad abrió oficina permanente en nuestro país.

Vamos con lo primero. Que para la misión técnica del FMI los intereses de la deuda pública son “altos”. De ser así, debemos corregir de nuestra parte y decir que son excesivamente altos, que están entre los más altos del mundo, que son obscenos y de usura; y que, en esencia, son socialmente criminales.

La corriente sindical que cobija nuestro quehacer diario ha venido asumiendo este asunto como una cruzada de inspiración humanista; y, por eso, que el FMI haya empleado el calificativo de “altos” para los intereses de la deuda pública, representa una especie de pequeña victoria desde la perspectiva de la lucha social.

Todavía seguimos atónitos de que el servicio de la deuda pública y su más que exorbitante carga de intereses, implique sacar de las raquíticas finanzas públicas, a partir de enero 2024, la escalofriante, espeluznante y escandalosa cantidad de 900 millones de dólares mensuales; lo que hará que al final del año venidero, casi 11 mil millones de dólares se le haya sacado del bolsillo a los sectores medios y obrero-sociales, los cuales llevan sobre sus espaldas, el grueso de la carga tributaria nacional.

El ya marcado descenso de la inversión pública en política social, seguridad, educativa, en infraestructura vial, por ejemplo, tiene que ver con que esa gigantesca cantidad de casi 11 mil millones de dólares estadounidenses sean destinados, únicamente, para los mercados financieros, empobreciendo al conjunto de la sociedad.

Creemos que estamos llegando a puntos extremos de explotación social por honrar una deuda pública que esconde muchos aspectos que no se ventilan ante la ciudadanía.

Llama poderosamente la atención que en la Asamblea Legislativa, que debe aprobar el mal llamado presupuesto de la República para 2024, con esa monstruosa partida de casi 11 mil millones de dólares USA para el servicio de la deuda pública; no haya una sola voz parlamentaria que con vehemente argumentación plantee que ya es hora de parar esa aprobación anual a ciegas de ese tipo de erogaciones multimillonarias a costa de mayores sacrificios para la inmensa mayoría de la población.

El otro señalamiento que habría realizado la misión técnica del FMI, tiene que ver con la naturaleza perversa y corrupta del sistema tributario costarricense. Pero esto merece un próximo comentario en esta misma prestigiosa preocupación.

En todo caso, como se dice popularmente ante un acto relevante de un protagonista del cual no se esperaría ese acto, para que la misión técnica del FMI, con estos dos aspectos que críticamente habría señalado con relación a la situación fiscal del país, tenemos que decir que el FMI “la voló”

Por: Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP

El monto actual del salario mínimo, el que se utiliza para reconocer, anualmente y a nivel del sector Privado de la economía el alza en el costo de la vida, se queda muy corto si se contrasta con lo caro que resulta vivir en Costa Rica.

Cuesta muchísimo llegar a fin de mes, o de la quincena, en hogares como los de los choferes de bus, las trabajadoras domésticas, los y las oficiales de la seguridad privada, la clase obrera bananera y piñera, el peón agrícola, la gente trabajadora del comercio y servicios, por ejemplo.

Es por ello que dos importantes organizaciones sindicales que en sus filas cuentan con importantes grupos de clase trabajadora asalariada privada, vienen levantando la bandera de que en Costa Rica ocupamos un nuevo salario mínimo, congruente con lo caro que es vivir en nuestro país; pues la fijación anual por costo de vida al actual salario mínimo es una ridiculez, una burla, una miseria.

Hablamos del Sindicato de Trabajadores Agrícolas y de Plantaciones (SITRAP), y de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).

Para empezar, estamos mal cuando no se concibe que la mejor política salarial posible en una verdadera democracia, es aquella que permite el ascenso social. Eso no está sucediendo en nuestro país.

Ambas organizaciones denuncian que el cálculo del actual salario mínimo en Costa Rica está orientado a correr tras el consumo de los productos incluidos en la canasta básica como parámetro de ingesta y sobrevivencia (índices de pobreza), pero no aleja a las familias de la línea de pobreza. El cálculo de la fijación se limita únicamente a las necesidades de consumo básico y no contempla posibilidades de movilidad social.

Anotan, por ejemplo, que el trabajador agrícola realiza jornadas de trabajo que normalmente se extienden hasta doce horas al día. Por tanto, este trabajador no podrá realizar ninguna otra actividad económica que le permita ajustar sus ingresos y permitirse el consumo de otros bienes y servicios pues se encuentra estrictamente condicionado al consumo limitado de los bienes básicos para su supervivencia, con un único ingreso: el pago del salario que recibe por su trabajo.

Otro aspecto crítico es que no es correcta la relación de precios de consumo de manera general, ya que en la realidad los establecimientos comerciales tienen diferencias considerables en los precios de acuerdo con las zonas del país en las que nos encontremos; y, desdichadamente resultan más cuantiosos en las zonas de mayor vulnerabilidad como lo son las zonas rurales.

SITRAP y ANEP ponen el dedo en la llaga al afirmar que no se puede proyectar un incremento salarial que ocasione efectos negativos en la sociedad al detener la posibilidad de desarrollo el comercio y de la economía desde la producción del trabajo; sin embargo, la creciente ola de criminalidad, la saturación del sistema de seguridad social, las tasas de desempleo y de trabajos subempleados, también son repercusiones negativas para la sociedad y se vinculan, de manera directa e indirectamente, al insuficiente salario mínimo que se ha mantenido en las últimas décadas.

Dicho lo anterior, un nuevo salario mínimo se impone en el país, considerándolo como un esfuerzo atinado hacia la reducción de la brecha de la desigualdad y para posibilitar a las familias movilidad social que les permita salir de la línea de pobreza, agregar al salario elementos de proyección del consumo de las personas asalariadas más allá de lo que establece la canasta básica.

¡Llamemos al FBI, a la DEA, a la CIA! ¡Llamemos a Scotland Yard, a la Sureté, a la KGB!… Se desarrolló en el país una especie de banda de cuello blanco que nos está matando, estrangulando, desangrando: es la plutocracia de los mercados financieros que para el año 2024, “asaltará” el presupuesto de la República, dejándose para sus egoístas arcas, nada más y nada menos que, 900 millones de dólares por mes. ¡Sí!: $900.000.000 que son, dizque, para atender el servicio de la deuda pública, especialmente el pago de los más que criminales y obscenos intereses.

En ese presupuesto para el año entrante, mismo que ya debate la actual Asamblea Legislativa, se incluye la más que gigantesca partida de 5 billones 814 mil millones de colones (₡5.814.000.000.000) para “atender” el servicio de la deuda pública.

Eso significa que, por cada uno de los 12 meses de 2024, se presupuestan ₡484.500.000.000 (cuatrocientos ochenta y cuatro mil quinientos millones de colones). Y, si consideramos el tipo de cambio actual, a un promedio de 538 dólares estadounidenses, tenemos la también enorme cantidad de 900 millones 557 mil 620 dólares ($900.557.620).

Nadie, absolutamente nadie, a nivel de la clase política del país, quiere abordar este delicado asunto. Por eso, de manera jocosa, planteamos que hay que apelar a los más connotados organismos de investigación y de espionaje del mundo actual, para determinar por qué nos han llevado a niveles de, prácticamente, de exterminio social, con gran afectación de la misma Democracia.

¿Cómo comenzó todo esto? ¿En cuáles administraciones gubernativas? ¿Cuáles partidos políticos? ¿Liberación?, ¿Unidad?, ¿PAC?, ¡sin duda! ¿Cuál es la legislación financiera que impulsaron para que lleguemos a este nivel de impunidad criminal en el cobro de intereses de la deuda que, según los entendidos, están entre los más altos del mundo, sino el más alto del mundo? ¿Cómo opera ese mercado financiero? ¿Quiénes son los comisionistas con la colocación de bonos de la deuda? ¿Cómo opera el perverso negocio de que el Estado tenga un déficit “eterno”? ¿Qué papel ha jugado en todo esto la existencia de un sistema tributario perversamente corrupto e injusto?

Casi a diario escuchamos el lamento presidencial de “no hay plata”. ¡Pues claro! Se la lleva toda esa mafia financiera. Por eso es que los cuerpos policiales están, prácticamente, en la calle: desfinanciados, precarizados salarialmente, superados tecnológicamente, en condiciones de salud ocupacional peligrosas. ¡Y todavía, el Presidente y la ministra Mideplan les engañaron que tendrían “salario global”!

Se reduce la inversión social en salud y seguridad social. La educación pública de preescolar, primaria y secundaria, en estado calamitoso. Llevan a la quiebra a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), a punta de no honrarle la deuda que tiene el Estado con ella. Los parques nacionales van hacia la privatización. La inversión en infraestructura pública tiene un rezago de 30 años, sino más; y podemos seguir citando las diversas manifestaciones del retroceso estructural que estamos viviendo como sociedad, producto de una deuda pública que es impagable y del pago de unos intereses que, en toda su dimensión, no es más que un asalto “legalizado” a las arcas públicas: ¡900 millones de dólares mensuales para disfrute de una minoría! ¡Esto va a explotar!

Por Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP

En realidad, la cantidad exacta es esta: ₡11.061.643 (once millones sesenta y un mil seiscientos cuarenta y tres colones). Pero vamos a usar esta cantidad redondeada: 11 millones de colones por minuto.

11 millones de colones por minuto es la impresionante cantidad de dinero que demandará lo que llaman “atención” de la deuda pública, durante todas las horas de todos los 365 días del próximo año 2024.

Como cada día del 2024 tiene 24 horas, tenemos que el año que viene tendrá 8.760 horas; y, como cada hora tiene 60 minutos, entonces, ese año 2024 tendrá 525.600 minutos.

¿Por qué afirmamos que el año próximo, la “atención” de la deuda pública implicará 11 millones de colones por minuto?

En la Asamblea Legislativa, los señores diputados y las señoras diputadas aprobarán en próximas semanas, sin chistar y a ojos cerrados, lo que les ordena el Gobierno de Chaves Robles por intermedio del Ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén: la partida presupuestaria para la “atención” de la deuda pública durante el 2024 (pago del principal más intereses; aunque, es más por intereses que el pago del principal, según tenemos entendido).

Tal partida ascienda a la estratosférica, escandalosa e inmoral, éticamente hablando, cantidad de 5 billones 814 mil millones de colones (₡5.814.000.000.000).

Esta espantosa cantidad de ₡5.814.000.000.000, al dividirla entre los 525.600 minutos que equivalen a los 365 días del año 2024, nos da (redondeado), ese abusivo pago de 11 millones de colones por minuto, por concepto de la “atención” de la deuda pública; deuda pública que no fue generada por la clase trabajadora, ni pública, ni privada, ni informal, ni desempleada.

Esa monstruosa deuda pública se generó, prácticamente, en los últimos 40 años de gobiernos de todos los partidos políticos (incluido el actual), que se coludieron con el fraude fiscal y evasor de impuestos a gran escala; a favor, de los grandes grupos corporativo-financieros-bancarios-empresariales que les financiaban sus campañas políticas.

Esa deuda pública está, ahorita, casi en los 29 billones de colones (₡29.000.000.000.000). ¡Imposible de pagar!

Y si usted quiere mortificarse más su propia vida con este gran problema nacional, ponga mucho cuidado a lo que sucederá en los próximos días en el parlamento de este país: ¡No hablarán del tema, prácticamente, ninguna fracción parlamentaria! A lo sumo, habrá una intervención de lamento-denuncia, ¡nada más!

¡Nos desangran! Como pueblo trabajador, como sectores medios, como sectores micro-pequeños y medianos empresarios, como sector productivo del agro nacional al borde de la extinción; tenemos que hacer algo. Y, hacer algo, junto a otros grupos de costarricenses (como el estudiantado y la juventud) que, también, son víctimas inocentes del descalabro de las finanzas públicas producto de esa impagable deuda pública que, reiteramos, el pueblo trabajador no generó.

Esos 11 millones de colones por minuto que, al día, se convierten en unos 664 millones de colones; es la plata que se necesita para fortalecer los cuerpos policiales de una manera estratégica. El narco está “feliz” porque nos va ganando la guerra. Es la plata que se requiere para fortalecer la infraestructura educativa pública que está, prácticamente, en el suelo. Es la plata que hace falta para que el Estado se ponga al día con sus deudas para con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS); y, es la plata que se necesita para que el sistema IVM no quiebre. Es la plata que se requiere para retomar la inversión social con miras a reducir el avance impetuoso de la desigualdad y de la exclusión social y económica; y los demás ámbitos de la política de inversión social.

No tenemos alternativa: debemos movilizarnos a lo largo y a lo ancho del país antes de que nos extraigan “la última gota de sangre”.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

La Contralora General de la República, Marta Acosta Zúñiga, se presentó en la Asamblea Legislativa en el marco de la tramitación parlamentaria de lo que, anualmente y por estas fechas, se conoce como el presupuesto “nacional” de la República, y en este caso para el ejercicio fiscal del año 2024.

Como bien se sabe, eso de “nacional” es engañoso, considerando que los diputados y las diputadas discuten solamente el 40% de la estructura financiero-presupuestaria del aparato del Estado. El otro 60% no pasa por sus manos, dado que lo tramita, precisamente, el órgano contralor.

Como si fuese un llanto, pero de “lágrimas de cocodrilo”, la contralora “lamentó” que la inversión pública del país esté cayendo, fuertemente, producto del peso de la deuda pública en ese presupuesto “nacional”.

Ella indicó que éste demanda la casi totalidad del mismo, por cuanto hay que destinar el 46% de los gastos presupuestados para atender el servicio de la deuda pública: amortización y pago de intereses, catalogados ya como obscenos y por parte nuestra, como socialmente criminales.

5 billones 814 mil millones de colones es ese 40% del presupuesto “nacional” de la República que va para lo que conocemos como deuda pública.

En cifras así: 5.814.000.000.000. Eso significa por cada una de las 8 mil 760 horas que tendrá el año 2024, hay que estar destinando al servicio de la deuda pública, unos 664 millones de colones (₡ 664.000.000).

Ese “lamento” contralor llega demasiado tarde. Son “lágrimas de cocodrilo” aunque doña Marta diga que el servicio de la deuda genera “muchísima rigidez” que golpea las partidas destinadas al gasto social; admitiendo que el tema de la deuda es, dice ella, “grande y profundo”.

¿Cuánto tiempo tardó doña Martha en darse cuenta de que el servicio de la deuda pública genera “muchísima rigidez”, que golpea lo necesario para la inversión social y que es un asunto “grande” y “profundo”?

Son “lágrimas de cocodrilo” su lamento con relación a que la inversión pública se está quedando sin dinero, el cual es devorado por la deuda pública a razón de 664 millones de colones durante cada hora del año venidero 2024; pues ella elude abordar las causas estructurales del problema de la deuda, el cual es “grande” y “profundo”.

¿Cómo no va ser “grande” y “profundo” el problema de la deuda pública si tiene que ver con la rapidez con que se está dando en el país la concentración de la riqueza, de la mano con la sistemática y sistémica evasión y elusión fiscales-tributarias?

La magnitud del problema de la deuda pública y su profundidad seguirá creciendo, lamentablemente. Doña Marta sabe muy bien las razones de tal magnitud y de tal profundidad. Calla de manera complaciente y cómplice. Está en su zona de confort pues su ingreso personal y futuro familiar lo tiene asegurado.

El país carece de un liderazgo político para afrontarlo. Los últimos gobiernos, incluido el actual, han carecido de ese liderazgo político para enfrentar semejante problema. Sólo hemos tenido gobiernos administradores de la deuda pública.

Por: Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Ni el Presidente de la República, ni la Asamblea Legislativa llevan razón en sus respectivas posiciones con relación al resello legislativo que anuló el veto presidencial a la ley de modificación a la Ley 7092, Ley de Impuesto sobre la Renta, para lograr la exclusión de Costa Rica de la lista de países no cooperantes en materia fiscal de la Unión Europea (UE), expediente legislativo N° 23.581, usualmente denominado proyecto de la lista gris.

Ni el Presidente Chaves ni las diputaciones que se convirtieron en poderosas aliadas de la banca plutocrática de desmesurado poder en el país, han hablado con claridad y con honestidad a la ciudadanía en esto del proyecto de la lista gris.

Lleva razón el mandatario y su lugarteniente en el parlamento, la diputada Cisneros, por pegar ambos el grito al cielo ante la jugada de la plutocracia banquera de colarse en el indicado proyecto y así, de un tirón, darle punto final a una controversia tributaria de muchos miles de millones de colones en juego que, con dicha legislación, los perderá el pueblo costarricense. Este reclamo oficialista merece apoyo y desde nuestra corriente sindical se lo expresamos.

Sin embargo, ni él ni ella han querido entrarle a la profundidad del problema tributario nacional, comiéndose la bronca (lema de gran notoriedad en la campaña electoral de Chaves), con este grave mal nacional que, de una manera u otra, está carcomiendo la democracia.

Ni, mucho menos, las diputaciones que se aliaron a la plutocracia bancaria tienen interés en ver temas como la altísima regresividad que caracteriza al injusto y corrupto sistema tributario nacional; ni tampoco entrarle a la exagerada y obscena cantidad del pago diario de intereses de la deuda pública; ni investigar la perversión de la concepción original de las zonas francas ahora “de moda” para potenciar más todavía el fraude de impuestos del gran empresauriado nacional…

A la Unión Europea (UE) le han venido mintiendo. El proyecto de ley de la lista gris, ahora ley por decisión, únicamente, del resello legislativo, es un espejismo y los niveles de fraude fiscal que preocupan a la UE seguirán.

Es por ello que un notable grupo de organizaciones de la sociedad civil costarricense, incluyendo varios sindicatos, han enviado una segunda carta a la señora María José Garde, en su condición de Presidenta del Grupo Código de Conducta sobre la Fiscalidad Empresarial (Economic and Financial Affairs Council), de la UE; invocando la Aplicación del Acuerdo de Asociación de la Unión Europea con Centroamérica (AACUE), que entró en vigor el 21 de mayo del 2013, y que señala que la participación del pilar de la sociedad civil como parte consustancial del Acuerdo de Asociación de la UE firmado entre los países centroamericanos y Bruselas.

Estamos seguros que ni Chaves ni las diputaciones protagonistas del resello tienen la más mínima noción de este compromiso internacional del país; ¿o sí?… En todo caso, considerando que, tal y como cientos de veces lo hemos denunciado, la base de sustentación de la espantosa desigualdad que nos carcome, es la injusta distribución de la riqueza; y que ésta tiene su pilar fundamental en la existencia de un sistema tributario que como el costarricense es injusto y es corrupto, resulta correcto afirmar que ni Chaves ni esas diputaciones han dicho la verdad a la gente en esto de la lista gris.

La denuncia interpuesta ante la UE por parte de ese importante grupo de organizaciones civiles, va en la línea de este compromiso histórico con la Democracia que es este dueto político-estratégico: injusta distribución de la riqueza/sistema tributario injusto y corrupto.

Por: Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP

Este próximo lunes 25 de setiembre, en el auditorio de la sede de la Oficina Regional de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ubicado en San Pedro de Montes de Oca, tendrá lugar la presentación del nuevo Director de la Oficina Regional de OIT, el señor Juan Felipe Hunt Ortiz.

Como Director Regional de OIT, el señor Hunt Ortiz tiene un radio de acción que abarca los 7 países de la América Central, más Haití y la República Dominicana.

Bien se sabe que en nuestro país hay varias corrientes sindicales.

En la que nosotros militamos, para efectos de la OIT y de las diferentes expresiones del sindicalismo continental y global, es conocida como Central Social Juanito Mora Porras-Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), siglas CSJMP-ANEP; coloquialmente, se le puede nombrar como La Juanito Mora-ANEP.

La Juanito Mora-ANEP incluye, entre otros grupos y por ejemplo, a la propia Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), al Sindicato de Trabajadores de Plantaciones Agrícolas (SITRAP), el cual es la más importante organización sindical nacional del personal trabajador en banano y en piña; así como a una agrupación ligada a la actividad productiva de corte estatal como lo el Sindicato de Profesionales del Consejo Nacional de la Producción y de la Fábrica Nacional de Licores (SiproCNP-Fanal).

La CJSMP-ANEP decidió, unilateralmente, suspender sus relaciones con la OIT-Regional desde el funesto período constitucional de la República de Costa Rica, 2018-2022, en el cual se promulgaron las tres leyes más anti-obreras desde la promulgación de la Carta Magna de 1949, el 7 de noviembre de 1949.

Hablamos de las leyes números 9635 (combo fiscal), la anti-huelgas, No. 9808; y, finalmente, la perversa Ley Marco de Empleo Público, No. 10.159.

Precisamente, nuestro distanciamiento con respecto a la OIT-Regional tuvo que ver con unas negociaciones, turbias en nuestro criterio, acerca de la redacción final de esa ley anti-huelgas 9808. Nosotros creemos que nunca debió haberse prestado la sede de la OIT, para fraguar-redactar la traición al sagrado Derecho Humano de la Huelga, constitucional y humano, que habíamos logrado con la promulgación de la histórica legislación de la Ley de la Reforma Procesal Laboral, No. 9343. Queremos pasar la página, mas no olvidar. Y quedamos en espera de la autocrítica.

Hemos aceptado la invitación que se ha formulado a la CSJMP-ANEP para participar en el nuevo proceso de la OIT a cargo del señor Juan Felipe Hunt Ortiz y acudiremos con nuestra representación a conocerle y a expresarle nuestra visión actual del gran ataque anti-obrero que hemos sufrido en los últimos años en el país; así como nuestras expectativas para la defensa de las conquistas sociolaborales de la clase trabajadora costarricense a través de sus organizaciones sindicales.

En el período en que hemos tenido el indicado distanciamiento ya mencionado, la corriente sindical objeto de nuestra militancia cotidiana, La Juanito Mora-ANEP, ha podido aquilatar el mar de posibilidades que nos da vincular, estratégicamente hablando, la defensa obrero-social con la doctrina de los Derechos Humanos (DD.HH.); a partir de la pregonada actitud-país de Costa Rica de firmar y ratificar la práctica totalidad de los tratados internacionales en materia de DD.HH.

Será muy importante que el señor Hunt Ortiz y su nuevo equipo constante, de viva voz nuestra (y la de las otras corrientes sindicales), así como con sólido apoyo documental que le proporcionaremos, la doble moral de Costa Rica en Derechos Humanos: candil de la calle y oscuridad de la casa

Por: Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP

Hemos venido sosteniendo que el período constitucional 2018-2022 ha sido el más anti-obrero de lo que va del 7 de noviembre de 1949, cuando entró en vigencia la actual Constitución Política de Costa Rica, a la fecha.

Es el período que, en lo visible a la opinión pública, gestionaron, de manera principal, dos individuos: uno en el Poder Ejecutivo, de nombre Carlos Alvarado Quesada; el otro, en el Legislativo, Carlos Ricardo Benavides Jiménez.

Para afirmar lo anterior, señalamos tres leyes aprobadas en ese cuatrienio que hoy día, en el actual período constitucional 2022-2026, estamos notando su caída, su pérdida de efectividad, aunque se ha venido notando el daño que causaron a la mayoría de la población.

Por demás, esas tres leyes han sido cuestionadas ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, interponiéndose por parte de la corriente sindical en la cual militamos, sendas acciones de inconstitucionalidad y, para grata sorpresa nuestra, el más alto tribunal de la República, conocido popularmente como Sala Cuarta, admitió las tres.

Hablamos de la ley 9635, conocida por el pueblo como “combo fiscal” y aprobada en medio de gran conflicto social, en el 2018; de seguido, en el año 2020, el autoritarismo neoliberal-plutocrático impuso la antidemocrática ley 9808, ley “anti-huelgas”; y, para terminar ese descomunal ataque anti-obrero del período constitucional 2018-2022, se impuso la ley 10.159, Ley Marco de Empleo Público, en el 2022, al término de dicho período.

La deuda pública del país y, especialmente el pago obsceno de sus intereses sigue estrangulando las finanzas públicas, cinco años después de que se promulgara la Ley No. 9635, cuyo nombre oficial es Fortalecimiento de las finanzas públicas.

Para el ejercicio fiscal de la República del próximo año 2024, prácticamente la mitad de la totalidad del mal llamado “Presupuesto de la República”, el que pasa por la Asamblea Legislativa, se destinará para el pago de los intereses; pago éste que, ¡al fin!, empieza a ser cuestionado por otras voces e instancias calificadas, muchos años después de que la corriente sindical en la cual militamos empezara a tocar este tema.

Las finanzas públicas siguen sin fortalecerse y la dependencia abusiva del endeudamiento público para sostenerlas, sigue incólume. La deuda pública y su pago de intereses sigue siendo un negocio privado de turbios intereses.

Por otra parte, uno de los contenidos fundamentales de esta Ley 9635, conocido como la Regla Fiscal, en el presente período constitucional, lo vemos quebrarse en mil pedazos. No pasa un solo día del actual período parlamentario 2018-2022 en que se hable de que tal institución pública, que aquella, que esta otra, queda fuera o quedará fuera de la arbitrariedad fiscalista fanática de la tal regla fiscal. Se contabilizan ya unas 60 entidades públicas que han sido “liberadas” de la misma, según decisiones legislativas de las actuales diputaciones.

Por otra parte, la ley anti-huelgas, aprobada en el 2020, con el pomposo título de Ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos, está mostrando su ineficacia, sencillamente no está sirviendo para nada… sencillamente, las huelgas se siguen haciendo, como la más reciente del personal trabajador de la Municipalidad de Belén, de tres días de duración.

La fortaleza de la huelga obrero-social como Derecho Humano fundamental es de tal calibre que, sencillamente, hace inaplicable la ley 9808, la ley-antihuelgas, también cuestionada constitucionalmente. Reparte usted en este articulado constitucional:

“ARTÍCULO 7º.- Los tratados públicos, los convenios internacionales y los concordatos, debidamente aprobados por la Asamblea Legislativa, tendrán desde su promulgación o desde el día que ellos designen, autoridad superior a las leyes”. Los tratados internacionales de Derechos Humanos, firmado y ratificados por Costa Rica, protegen el Derecho Humano Fundamental a la Huelga y, por tanto, esa ley 9808, queda obsoleta.

Y, la tercera ley de esta tríada de legislación anti-obrera, de corte plutocrático-neoliberal, la No. 10.159, Ley Marco de Empleo Público, no solamente está mostrando su sucia cara de desigualdad entre iguales en puestos laborales de la misma naturaleza funcional; sino que, está causando un grave caos jurídico-institucional, in crescendo, amén de un creciente malestar social multi-institucional que, desde nuestra perspectiva sindical, hay que potenciar para que se exprese abiertamente ante la comunidad costarricense. La “colección” de violaciones a los Derechos Humanos (DD.HH.) que tiene esta ley, es impresionante.

El reacomodo fiscal que necesita Costa Rica es de otra naturaleza. El lado correcto para entrarle al mismo, es el de las ganancias de la plutocracia neoliberal y del lado de quienes a ésta le sirven, medrando de sus dádivas; ya sea desde los ámbitos del periodismo de odio, desde los partidos políticos que a esa plutocracia le sirven, desde ciertas estructuras jurídico-institucionales que legitiman su orden; del lado del gran empresariado evasor-elusor de responsabilidades tributarias.

A ese reacomodo fiscal nosotros lo denominamos como Transformación Tributaria Estructural y en eso andamos.