Categoría: Opinión

Al llegar al día número 45 de la lucha patriótica contra el más detestado proyecto de ley de los últimos 20 años, el combo fiscal, el carácter autoritario y totalitario del esquema neoliberal de “desarrollo” se muestra sin tapujos, se deja de rodeos y se desenmascara crudamente: es el sistema financiero-bancario de acumulación-concentración de riqueza lo que realmente importa a esa gente que tiene el control, casi total, de la hegemonía político-económica en estos actuales momentos de crispación y de confrontación social en desarrollo.

Sin duda alguna, estamos viviendo los momentos más tensos de nuestra convivencia republicana desde los turbulentos tiempos de los años 40 del siglo pasado, mismos que terminaron en una confrontación armada entre costarricenses.

El neoliberalismo, como autoritario y totalitario que es en su esencia, nos está mostrando como nunca antes, y a propósito del conflicto de clases que representa la lucha cívico-patriótica contra el combo fiscal, su más profundo desprecio por las normas constitucionales vigentes y por la institucionalidad de la división de poderes que nuestra Carta Magna contempla.

La virulencia político-mediática del ataque de la prensa del capital contra el Poder Judicial y, en específico, contra su presidente, representa una especie de golpismo que ningún demócrata debería pasar desapercibido.

Los salariazos y las pensiones judiciales de lujo, tan ofensivas para una ciudadanía empobrecida y para una clase media en vías de dejar de serlo, son situaciones para ser abordadas y corregidas, pero sin caer en el abismo de una confrontación civil como pareciera impulsarla el periodismo del odio, hoy claramente enemigo de la división constitucional de poderes.

Por otra parte, y complementariamente, la soberbia y la prepotencia de Alvarado y su grupo PLUSC-PAC para con el procedimiento legislativo-constitucional de tramitación del conflictivo combo fiscal es otra muestra de la esencia autoritaria y totalitaria del neoliberalismo al tener posiciones de poder.

Se nota que la disidencia en el ámbito legislativo les incomoda demasiado, tratando con irrespetuoso desdén esas conciencias diputadiles que osaron escuchar el clamor popular de las calles.

Ante el desafío de clase contra clase que lanza ese neoliberalismo autoritario y totalitario gobernante, la defensa civil mediante la apelación al legítimo instrumento de la Democracia de la Calle, es la mejor garantía de la plenitud real de respeto a la Constitución ante esa especie de golpismo político-mediático en desarrollo.

La bipolaridad confrontacional que ellos están provocando, para la apropiación total de lo mucho bueno que todavía nos queda del patrimonio institucional, base fundamental de la todavía existente (y ahora muy endeudada) clase media, es de un potencial desgarrador de consecuencias imprevisibles e impredecibles.

Cuando esta gente del Gobierno abanderada del neoliberalismo autoritario y totalitario nos amenaza y nos extorsiona en cuanto a la imposición de un ajuste fiscal “más doloroso” si el pueblo y sus aliados parlamentarios no aceptan su combo fiscal; debemos encender todas las alarmas cívicas pues ya no tendrán escrúpulos de ninguna especie para materializar su ansiado proyecto de aniquilación total de lo que aún nos queda del otrora admirado por el mundo Estado Social costarricense.

He aquí, en consecuencia, el reto más relevante que tiene ante sí la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Sala IV, desde que fuera creada en 1989.

Le corresponde al más alto tribunal de la República, a propósito de la consulta (o consultas) acerca de la constitucionalidad o no del expediente 20.580, determinar una cuestión de profundo contenido estratégico: mandarle un mensaje a ese neoliberalismo autoritario y totalitario que debe comprender que Costa Rica nunca fue una sociedad de extremismos; que nuestra amada Patria debe reconfigurarse apostando por la integración social mediante el diálogo; que el combo fiscal, contaminado de vicios de nulidad, procedimentales y cargados de inconstitucionalidades, no merece que nos expongamos a más altos e intensos episodios de confrontación social abierta. Costa Rica merece la paz.

Hoy, martes 23 de octubre, es el día del “apocalipsis fiscal”. Presuntamente, en algún momento de este día nos llegará “el fin de los tiempos” pues, como podrá usted constatar, el combo fiscal, el paquetazo de impuestos, Expediente Legislativo No. 20.580, solamente tiene aprobación de primer debate y no por el número de votos obligado según la Constitución, que establece 38 votos. Por tanto, se supone, que hoy seremos “castigados” por las muy cuestionadas calificadoras de riesgo.

Alvarado y su grupo PLUSC-PAC (más el periodismo del odio que lo sostiene), nos han venido aterrorizando como sociedad, metiéndonos miedo, aplicándonos terrorismo económico en cuanto a que este día, hoy 23 de octubre, seremos “sentenciados” por las calificadoras de riesgo a “morir” por el estallido de una crisis económica “descomunal al no haber paquetazo fiscal”.

Y que, por ejemplo, el dólar llegaría a los 3.000 colones, entre otros “castigos” económicos brutales…

A los sindicatos nos dijeron, durante las conversaciones, con mediación de la Iglesia Católica (ponemos a sus representantes como testigos), que las calificadoras de riesgo (Moody’s, Standard & Poor’s y Fitch Ratings), señalaron este 23 de octubre como el día límite para que el detestadísimo proyecto 20.580, el combo fiscal, estuviera aprobado definitivamente (léase impuesto al pueblo costarricense).

“Es que se acabó el tiempo…”. “Es que ya no hay más tiempo…”. Es la muletilla “trágica” que han venido empleando todos estos meses, pretendiendo forzarnos a que, resignadamente, aceptáramos el 20.580…

¿Y ahora qué? ¡Hoy es 23 de octubre! ¿Qué nos dirán Alvarado y su grupo PLUSC-PAC (más el periodismo del odio que lo sostiene)?

Las calificadoras de riesgo, especie de policía financiera del planeta, tienen mucho “rabo que majarles”: son corresponsables de la crisis financiera de las “subprime”, de las hipotecas basura y de las quiebras bancarias de los años 2008-2009 en Estados Unidos y otros países. Y quedaron impunes mientras millones de personas (especialmente trabajadoras), quedaban en la ruina y la miseria.

Repetimos: ¿qué le van a decir ahora, hoy 23 de octubre, a la policía financiera del planeta: las calificadoras de riesgo?

Nos preguntamos: ¿Es que ya negociaron a oscuras una prórroga de la “ejecución de la sentencia” en contra del pueblo costarricense? ¿Acaso les dijeron a las calificadoras de riesgo que estén “tranquilas” porque como ya tiene primer debate el 20.580, para el segundo ya todo estaría “hablado”, incluso con la Sala IV?

¿Cuál será la “nueva” estrategia del miedo que nos aplicarán pues es más que obvio que el combo fiscal no ha quedado aprobado, definitivamente, este martes 23 de octubre… ni lo estará luego de esa fecha?

¡Bueno! Ya nos vienen adelantando algo: “que no hay plata para los aguinaldos”…

Al menos, esperaríamos que al final de este día, por la noche, hubiese una cadena de televisión en la cual se anunciase que, por un lado, la crisis ha estallado; o, por el contrario, que hemos sido beneficiados con una conmutación, al menos transitoria, de la sentencia de muerte económica que se nos tiene asignada por no haber resuelto la crisis fiscal del país como lo quieren las calificadoras de riesgo.

Y, como usted ya podría haber supuesto, la no llegada del “apocalipsis fiscal”, este martes 23 de octubre, tantas veces anunciada por Alvarado y su grupo PLUSC-PAC (más el periodismo del odio que le sostiene), los dejará en la más contundente desacreditación, con una pérdida de credibilidad más fuerte de la que ya cargan.

Todavía resuenan en nuestros oídos esas frases catastrofistas: “Es que se acabó el tiempo…”. “Es que ya no hay más tiempo…”. Con muchas ansias esperaremos el final de este “fatídico” día…

Hoy, miércoles 17 de octubre de 2018, llegamos a 38 días de lo que ya se puede denominar Huelga Patriótica.

¿Por qué Huelga Patriótica? A esta altura del desarrollo sociopolítico de los acontecimientos del movimiento de Huelga General Indefinida que arrancó el lunes 10 de setiembre anterior, es obvio que estamos en presencia de una verdadera conmoción del sistema de democracia representativa, si consideramos la cantidad de personas, sectores, grupos y gremios de distinta naturaleza que, de una manera u otra, se han venido involucrando en dicho movimiento a lo largo de estos 38 días.

El combo fiscal, así denominado popularmente el proyecto expediente legislativo 20.580, en sí mismo representa la acumulación de un proceso paulatino de desconfianza de la gente en sus gobernantes; desconfianza que ya era patente y clarísima en cuanto al bipartidismo tradicional Liberación y la Unidad, solo que ahora tal desconfianza se extendió al partido que pretendía ser el sustituto de ese bipartidismo tradicional desprestigiado: el Partido Acción Ciudadana.

Escribimos estas líneas cerca del mediodía de ayer martes 16 de octubre, día simbólico desde el punto de vista de la congregación de una gran cantidad de ciudadanos y ciudadanas no solo en la Plaza de la Justicia en el Circuito Judicial de San José; sino a lo largo y a lo ancho del país, que de una manera u otra ejercieron una acción cívica bajo la inspiración de defensa de lo que se puede denominar el principio constitucional de la división de poderes, piedra angular de la Democracia.

Se considera que el combo fiscal ha dejado al desnudo una nueva fase de encubrimientos, una nueva fase de acuerdos tras bambalinas, una nueva fase de pactos inconfesables y, lo que es peor, una nueva fase de presiones palaciegas en la oscuridad, para consolidar una legislación que tiene un hondo rechazo popular.

Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una ciudadanía militante, cuestionadora, una ciudadanía de composición multisectorial, por un lado, que rechaza este tipo de prácticas y que creyó que ya no sucederían más en gobiernos alternativos al bipartidismo como lo que en un momento representó el Partido Acción Ciudadana. Tenemos que se percibe que, con este combo fiscal, su significado tiene que ver con el proceso liquidador, en su fase final, de aquella concepción de Estado Social de Derecho que quedó plasmada en la Constitución Política de 1949. Es de hacer notar que algunos de los principales promotores políticos, ideológicos y mediáticos de dicho combo indican que este sería la primera fase de un proceso de otras leyes y políticas tendientes precisamente a desmantelar lo que todavía queda de Estado Social de Derecho.

Sin considerar el desenlace final que tendrá este combo fiscal, lo real es que hay un nuevo estado de situación sociopolítica en el país que todavía está impreciso definirlo, pero es real que el colapso del bipartidismo tradicional se marca mucho más profundamente con este combo fiscal y se lleva en banda al Partido Acción Ciudadana, el que queda de una vez catalogado como parte o como un nuevo brazo ejecutor de un bipartidismo que se consideraba agotado. La tarea de autodefensa civil, la tarea de construcción cívica para la resistencia, la tarea de articulación sindical-social, multisectorial, etc., apenas empieza, para una nueva fase histórica que ya tiene antecedentes de lucha popular en defensa de la institucionalidad democrática que nos fue heredada como las luchas en defensa del ICE y las luchas contra el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos; para citar tan solo dos ejemplos de diversos episodios de resistencia cívica a lo largo de los últimos 25-30 años.

Nos corresponde, en consecuencia, juntarnos de manera estructural; nos corresponde enlazar las diversidades, nos corresponde juntar todos los sueños de una sociedad de inclusión que tenemos escritos en diversos documentos; y, por tanto, nos corresponde, de ser posible, plantear la posibilidad del resurgimiento de una nueva Costa Rica; aún sin contornos completamente claros de lo que podrían ser, especialmente, los procesos electorales por venir.

Impresiona el apego obsesivo y político-enfermizo a esta iniciativa que concita, cada día que pasa, el rechazo de amplios sectores de la ciudadanía organizada más allá de las fronteras sindicales.

Tan obtusa fijación, de evidente corte maniqueo, es tan irracional como para jugársela ellos en propiciar un enfrentamiento social abierto que podría ser muy doloroso para la convivencia de la sociedad; ya de por sí ésta muy alterada con la violencia criminal y delicuencial, la del crimen organizado, la del narcotráfico; así como la violencia económica producto de una sociedad en desigualdad creciente y excluyente.

Tiene que haber algo oculto que no le han dicho a la ciudadanía que nos dé razones para explicar semejante fanatismo con ese proyecto 20.580; y, por ende, el menosprecio y el desdén con relación a la propuesta de los sindicatos nacionales de que se establezca una mesa nacional de diálogo político-social y multisectorial para buscar salidas, en paz y consensuadas, al grave problema fiscal y el de la deuda pública y su pago abusivo de intereses diarios.

Nos tienen psicológica y emocionalmente aterrados y acosados con la cifra de déficit fiscal al final el presente año 2018: 7.2 puntos del Producto Interno Bruto (PIB).

En el mismo sentido, anunciaron que el presupuesto general de la República para el 2019, va a tragarse un 41 % en pago de intereses de la deuda pública y en amortizaciones de la misma de próximo vencimiento.

Arriesgar capital político, aislarse de la sociedad civil organizada, enfrentarse con la ciudadanía harta de tanto agobio económico y de tanta estafa político-electoral, por imponer un proyecto que ni siquiera representa 2 puntos porcentuales de PIB, tiene que tener motivaciones ocultas, indudablemente.

Una de esas motivaciones ocultas, aunque ya se comenta en corrillos parlamentarios, es que imponiéndole a la sociedad el 20.580, el gobierno Piza-Alvarado obtendría un crédito externo de unos 4 mil millones de dólares para “sobrevivir”, fiscalmente hablando, a su período de gestión ejecutiva (2018-2022), con lo cual saldría a flote ésta, sin importarle un bledo cómo recibiría la administración próxima el estado (ya más que comatoso) de las finanzas públicas.

Como el gobierno Piza-Alvarado ha levantado las banderas del bicentenario de la independencia (2021), desea lucirse con motivo de tan especial celebración patria y que ésta no se dé en medio de un colapso socioestructural que amenace a la misma democracia.

Otra especulación es que el gobierno Piza-Alvarado sabe que este combo fiscal, aunque causa un gran daño social a la equidad y a la justicia, no va a satisfacer las apetencias insanas del bloque neoliberal de la hegemonía dominante, al cual le entregaron la conducción macro-fiscal de la presente gestión gubernativa.

Por tanto, la bola de nieve que representa el pago de la deuda pública y sus intereses, el escuálido potencial recaudatorio que le quedaría al combo fiscal si logran imponerlo, les llevarían a indicarle a la sociedad que no habría más alternativa que pedir “asistencia” al Fondo Monetario Internacional (FMI), para que se le otorgue al país un préstamo “stand by” con condiciones draconianas como las de despidos masivos y la venta de lo que queda de las empresas públicas nacionales todavía altamente rentables.

El mal augurio de la señora Ministra de Hacienda, doña Rocío Aguilar Montoya de que, sin ese combo fiscal, habrá despidos masivos de empleados públicos pues habría que hacer un ajuste fiscal “doloroso”, nos da pie para pensar que, efectivamente, a lo mejor ella y sus compañeros ideológicos insertos en el gobierno “progresista” del PAC, ya tengan en la mesa la opción FMI.

La opción realmente democrática es la del diálogo político-social y multisectorial. Esa es la que estamos defendiendo en contraposición a la del enfrentamiento abierto que busca la parte “dura” del gobierno Piza-Alvarado, pues hay que admitir que en su seno hay jerarcas genuinamente leales a la esencia de la peculiar idiosincrasia costarricense, pero no tienen el real poder.

Es por ello que ese diálogo político-social y multisectorial solamente se instaurará si hay una expresión de ciudadanía activa y en movilización pacífica, tal y como se apuesta para lo que ha de ocurrir a partir del próximo lunes 10 de setiembre.

La sensatez será impuesta desde las afueras del poder institucional formal representado por el Ejecutivo y el Legislativo, vía movilización ciudadana. La tozudez confrontativa también le llegó desde afuera a esos dos poderes, al matricularlos política e ideológicamente con el combo fiscal; aunque en el seno del Ejecutivo (calladamente) y del Legislativo (abiertamente), hay manifestaciones de encuentro con la sensatez ciudadana a manifestarse por las calles de este país, a partir del próximo lunes 10 de setiembre.

Esos 30 mil millones de dólares (en cifras, así: $30.000.000.000,00), a un tipo de cambio de 575 colones, equivalen a la gigantesca e incomprensible cantidad de 17 billones 250 mil millones de colones; en cifras así: ¢17.250.000.000.000,00.

Prácticamente, si ya somos 5 millones de costarricenses, cada tico está debiendo, por cabeza, casi 4 millones de colones.

Es más, al momento de que usted lea este comentario puede estar naciendo un chiquito en la Maternidad Carit y ya viene con una deuda de casi 4 millones de colones.

Es este problema el corazón y la esencia fundamental del grave problema fiscal del país y usted, que no fue responsable de generarlo, va a ser castigado en su ingreso mediante el paquetazo de impuestos, Expediente Legislativo No. 20.580, que se tramita en estos momentos, en la Asamblea Legislativa; con el impulso errático, torpe e improvisado por parte del gobierno Piza-Alvarado y con el apoyo abierto de los partidos políticos responsables fundamentales de este desastre fiscal.

Al bipartidismo generador de ese gigantesco endeudamiento público se ha unido ahora el Partido Acción Ciudadana (PAC), pues durante su primer gobierno agravó el problema con el denominado “hueco fiscal” de unos 900 mil millones de colones (¢900.000.000.000,00).

Esa gigantesca deuda y su pago de intereses son la “bomba de tiempo” a punto de estallar, nos dicen, como un mecanismo perverso de entronización del miedo en la sociedad para que nadie resista la aprobación del combo fiscal.

Para que tenga usted una idea, la deuda pública que usted no generó, pero que pretenden que usted pague, hará crecer el presupuesto “general” de la República para el 2019 hasta en un 17 % en relación con el del 2018.

Por ejemplo, para el año próximo no habrá un centavo adicional en las oficinas de los ministerios ni siquiera para adquirir un rollo de papel higiénico, porque el pago de la deuda y de sus intereses se llevará 1 billón 800 mil millones de colones, que es el monto en que aumentará ese presupuesto “general” de la República para el 2019.

Aunque usted no es responsable de haber generado tan gravísimo problema de endeudamiento público, porque usted nunca ha sido gobierno, pagará por ello… ¡si lo permitimos!

Fundamentalmente, su ingreso salarial-familiar sufrirá una pérdida considerable, ya no solamente porque en la práctica los salarios están congelados y con tendencia fuerte a su merma sensible de pérdida del poder adquisitivo; sino porque el paquetazo de impuestos encarecerá aún más la compra de bienes y servicios de los cuales usted no puede prescindir y/o tendrá que abstenerse de adquirir, porque la comedera será lo primerísimo; y aun así, esta será más cara con la imposición del impuesto al valor agregado (IVA).

En el caso del sector público, los sectores de ingresos salariales medios y bajos perderán derechos (algunos hasta de rango constitucional), a pesar de que se ha demostrado que el principal problema del gasto público es esa deuda astronómica y su no menos astronómico pago de intereses.

¿Existen alternativas para enfrentar ese problema de endeudamiento público que usted no generó, distintas al combo fiscal? ¡Sí! Debemos decirlo de manera contundente.

La fundamental es la apertura de una gran mesa nacional de diálogo político-social y multisectorial para que, en un clima de paz, podamos aportar en la búsqueda de soluciones integrales y compartidas a ese grave problema fiscal que es el endeudamiento público.

Una experiencia de este tipo de diálogo y a propósito del problema fiscal ya se tuvo, cuando en el mandato constitucional legislativo período 2002-2006, se instaló lo que se denominó Comisión Mixta para el Pacto Fiscal. ¡Arrojó resultados! Se demostró que sí es posible encontrar soluciones como sociedad pese a que el problema no lo generó la mayoría de sus integrantes.

Por el lado de los sindicatos, estos han generado una propuesta a fin de atender el problema con justicia y equidad.

Sin embargo, el presente Gobierno Piza-Alvarado la ha tratado don desdén y hasta con desprecio.

Hoy, lamentablemente, es el autoritarismo y la imposición lo que prima en el abordaje del problema fiscal. Además, se impulsa una visión ideológico-totalitaria del problema por parte del gobierno Piza-Alvarado, partiendo de la injusta premisa de que paguen los que nunca generaron el problema: usted y su familia; usted, persona asalariada del sector público o privado; usted, persona trabajadora desempleada o con salario mínimo o por debajo de él; usted persona altamente endeudada, como asalariada o como micro-pequeña empresaria; usted, como persona joven que no encuentra empleo; usted que paga puntualmente sus impuestos porque se los rebajan de la planilla salarial, o cuando va al súper; en fin, los amplios segmentos de la sociedad que nosotros denominamos como “los de abajo”.

“Los de arriba”, responsables de este gravísimo problema, seguirán en su fiesta desenfrenada: sin mayor carga de renta, eludiendo-evadiendo impuestos; disfrutando de exenciones-exoneraciones; con salarios y pensiones de lujo…

¿Es todo esto justo? ¡Nosotros pensamos que no! Por eso le llamamos a que usted se defienda.

Generador como lo ha sido de la espantosa deuda pública que hoy está estrangulando a la sociedad, debido a esos 30 mil millones de dólares que son prácticamente impagables; ahora lo apuesta todo a un paquetazo de impuestos que, por un lado, ni el menor asomo de solución integral representa para el grave problema fiscal del país; por otro, solamente generará más exclusión, más desigualdad, más corrupción, más concentración de riqueza, más violencia social, más empobrecimiento obrero-salarial y social.

Llama la atención que ante la creciente resistencia de amplios sectores de la sociedad que se oponen al actual paquetazo de impuestos, sus promotores ideológicos intensifican el uso de tres herramientas políticas muy usuales cuando “los de arriba” tienen problemas para controlar a “los de abajo”.

El miedo es una de ellas. Los conceptos-criterios de que ese paquetazo de impuestos es la única salida ante la “hecatombe” fiscal que está en puertas, de que estamos en el abismo, de que ha llegado “el fin de los tiempos”, impide un abordaje lo más racional posible del problema que afecta a toda la sociedad pero que la mayoría de quienes la integran, no lo generaron.

La señora ministra de Hacienda, doña Rocío Aguilar Montoya, nos mete miedo todos los días y por todo lado de que, si ese combo fiscal no se aprueba, el ajuste habrá que hacerlo con dolor; y, específicamente, despidiendo cientos y cientos de empleados públicos.

Pero, ¿de qué tipo de dolor nos habla doña Rocío como si ya no existiese dolor en los hogares con hambre, en los hogares de altísimo endeudamiento salarial, en los hogares del salario mínimo o que ni siquiera lo alcanzan, en los hogares del desempleo, en los hogares de la informalidad, en los hogares que ya no sienten seguridad alguna por el futuro (ni siquiera el de corto plazo)?

El autoritarismo es otro instrumento político de quienes abanderan para la sociedad que esta se regule por el “todo mercado, nada Estado”. Se lamentan de que exista una institucionalidad, de que existan instituciones sociales, de que existan regulaciones y controles… de que exista Democracia.

Lo fundamentalísimo son los mercados (pero los financieros), no la gente. Lo fundamentalísimo en honrar la deuda que irresponsablemente generaron poniéndola a pagar a quienes no son responsables por ella. Lo fundamentalísimo es la seguridad del inversionista, no la inclusión social.

El autoritarismo lo vimos cuando la indicada jerarca firma la chequera pública y paga, sin mediar ni parlamento ni ley, casi 200 mil millones de colones para honrar pagos de bonos de cortísimo plazo.

El autoritarismo lo vimos cuando el gobierno pasado deciden esconder datos graves de faltante fiscal y le ocultan a la ciudadanía información sensible sobre la realidad de las finanzas públicas.

El autoritarismo lo imponen cuando ponen al parlamento contra la pared para que este apruebe “su” solución al problema y se señala a aquella persona legisladora que se les salga del escenario ideológico-totalitario para abordar el desafío del déficit.

El autoritarismo lo imponen cuando niegan los beneficios democráticos del diálogo político, atropellando otro principio constitucional como el de la democracia participativa.

Y con respecto a la compra de conciencias, el tema es de enorme alcance, también. Las experiencias latinoamericanas abundan cuando se han impuesto ajustes fiscales de signo neoliberal, como el que estamos enfrentando en estos momentos en nuestra Patria.

Tanto en lo político como en lo social, siempre habrá sujetos en posiciones relevantes cuyo voto y/o aquiescencia resulta vital para imponer y/o para vulnerar la resistencia de la razón y de la democracia misma.

En los actuales momentos críticos que estamos viviendo, no tenemos certeza de que esta compra de conciencias pudiera estar ocurriendo, pero indicios sobran.

Seguimos absolutamente convencidos que el miedo, el autoritarismo y la compra de conciencias son derrotados con la Democracia misma a través de su legítimo mecanismo de la movilización organizada y pacífica de la ciudadanía. A eso estamos apelando en los actuales momentos.

Al desprestigiado bipartidismo clásico, Liberación Nacional y Unidad Social Cristiana (el viejo y desprestigiado PLUSC), ahora se les ha unido el Partido Acción Ciudadana (PAC), cuyos principios fundacionales, filosófico-políticos y ético-morales fueron, precisamente, planteados para superar el deterioro republicano generado por ese viejo PLUSC y sus pactos de palacio y de negociaciones opacas contra el pueblo. El PAC ha caído en lo mismo.

Ahora, el PLUSC-PAC (como podemos empezar a llamarle a esta tríada al servicio del capital financiero-neoliberal), está listo para aprobar el detestado proyecto de ley conocido por el pueblo como combo fiscal; un verdadero paquetazo de impuestos de gran carga inequitativa, eliminador de derechos laborales, potenciador de más concentración de riqueza, fortalecedor de más evasión tributaria; y que, para peores, no va a resolver el déficit fiscal, sino que lo agravará.

El viejo PLUSC tiene dos gigantescas responsabilidades históricas en el desastre de las finanzas públicas que hoy, se dice, nos tiene al borde del “apocalipsis fiscal”.

Por un lado, ¡nunca!, ¡jamás!, hicieron el mayor esfuerzo político para propiciar la imprescindible Transformación Tributaria Estructural (así, puesto en mayúsculas), que el país ocupaba para evitar los espantosos niveles de evasión fiscal que hoy superan los 8 puntos porcentuales de Producto Interno Bruto (PIB); y, por otro, regular con algún nivel de decencia los regímenes de exenciones y de exoneraciones que han llegado a superar el 6% PIB. Y esto solamente para citar dos ámbitos de política tributaria que nunca quisieron corregir, como estratégicamente se necesitaba ante el avance del crecimiento del déficit.

Por el contrario, ese viejo PLUSC creó, impulsó, toleró y estimuló el detestado sistema de pensiones de lujo, el cual viene carcomiendo las finanzas públicas del Estado central. Muchas de las connotadas figuras políticas de ese PLUSC disfrutan de estos abusivos privilegios jubilatorios.

La otra gigantesca responsabilidad del viejo PLUSC es consecuencia directa de no haber impulsado esa Transformación Tributaria Estructural: nos endeudaron como país a niveles que hoy son tan excesivamente altos como para que desde nuestra perspectiva social afirmemos que hemos llegado a concluir que tal deuda es imposible de pagar; o, al menos, imposible de honrar si no hay una reestructuración integral de la misma y/o un rediseño de ingeniería financiero-administrativa que la haga manejable.

A este macabro juego ejecutado por el viejo PLUSC durante sus gobiernos, se les unió ahora el Partido Acción Ciudadana (PAC), que va por su segundo gobierno; quedando en evidencia que, en su primera administración, el manejo de las finanzas públicas fue tan desafortunado precisamente porque potenció los dos pecados mortales de ese viejo PLUSC: no impulsó ninguna Transformación Tributaria Estructural, por una parte; y, por la otra, optó por nuevos e irresponsables niveles de endeudamiento que ocultó y que no presupuestó.

Ahora, los tres partidos se coluden políticamente, se cubren con la misma cobija y pretenden pasarle la factura de semejante irresponsabilidad fiscal al pueblo costarricense.

Con el combo fiscal han dado origen al tri-partidismo, al PLUSC-PAC, para así eludir juntos toda la gravedad de sus responsabilidades históricas en materia de manejo de las finanzas públicas.

Es de tal magnitud la gravedad de las responsabilidades del tri-partidismo PLUSC-PAC que ese paquetazo de impuestos será, en gran parte, para pagar el endeudamiento público que se ocultó y/o no se presupuestó por parte del Gobierno anterior; una gravedad tan grande que, aun imponiéndole al pueblo ese combo fiscal, lo que pretenden recaudar no alcanzará para honrar la profundidad del huego fiscal de los 900 mil millones de colones heredados por parte de la administración anterior a la actual, de PAC a PAC.

Es decir, no descartamos que un nuevo paquetazo se esté fraguando en las sombras de la práctica de la colusión política, vía pactos, usual en el viejo PLUSC y ahora en el tri-partidismo PLUSC-PAC, que ya emergió a la vida pública nacional.

El tri-partidismo PLUSC-PAC ha decidido pasarle la factura a toda la clase trabajadora, clavándole impuestos a la canasta básica.

El tri-partidismo PLUSC-PAC ha decidido pasarles la factura a miles de personas trabajadoras asalariadas empleadas públicas sin asomo de responsabilidad alguna por el déficit fiscal, quitándoles derechos hasta constitucionalmente legitimados.

El tri-partidismo PLUSC-PAC ha decidido que pague la clase media, altamente estrujada y endeudada, imponiéndole un IVA del 13% que será más fuente para propiciar la riqueza de quienes roban impuestos.

El tri-partidismo PLUSC-PAC ha decidido que paguen la clase trabajadora agropecuaria y sus productores con nuevos impuestos a los insumos que ocupan para su actividad.

El tripartidismo PLUSC-PAC ha decidido que, por un lado, el impuesto a los excedentes solidaristas se duplique; por otro, que las asociaciones solidaristas del sector público entren en riesgo de quiebra.

El tripartidismo PLUSC-PAC ha decidido que los excedentes de quienes son cooperativistas sufran un mayor impuesto a sus excedentes.

Etc., etc., etc. ¿Entonces? ¿Es que acaso semejante agresión al pueblo costarricense no justifica, moral y éticamente hablando, el ejercicio de una auto-legítima defensa socio-laboral y ciudadana activa?… ¡Piénselo!… ¡Defiéndase!…

A pesar de que hemos procurado (considerando nuestras propias limitaciones al respecto), leer, informarnos y estudiar lo más responsablemente el asunto, hoy tenemos que confesar que como indica el titular de este artículo, la profundidad del deterioro de las finanzas públicas es un misterio.

Las revelaciones de que el gobierno anterior, encabezado por el hoy Expresidente de la República don Luis Guillermo Solís Rivera, habría ocultado un endeudamiento público de corto plazo que podría llegar hasta los 900 mil millones de colones (o, tal vez, más), nos deja atónitos.

Impresionante resulta constatar que el equipo hacendario bajo la responsabilidad del anterior Ministro de Hacienda, don Helio Fallas Venegas (por demás, ocupante del cargo de Primer Vicepresidente de la República en la anterior administración y ciudadano a quien respetamos mucho), se está contradiciendo entre sí con relación a quién, en realidad, tuvo “tal vela en ese entierro”, como para propiciar ese enredo de los bonos de deuda de corto plazo, de los que no pudieron canjearse, de los que no pudieron colocarse; de que hablaron o no hablaron con el Citibank (¿o con otros bancos?)… en fin, ¡vaya a usted a saber qué en realidad fue lo que pasó (… y qué está pasando).

Aunque este asunto lo hemos tocado hasta la saciedad, una de las principales conclusiones que uno extracta de tanto misterio con las finanzas públicas es lo presuntamente insondable de uno de sus aspectos más cruciales: desconocemos la naturaleza real, la cuantía exacta, las dimensiones objetivas del endeudamiento público nacional; desconocemos el monto por pago de intereses con la más absoluta precisión, tanto como desconocemos quiénes son los acreedores. ¡Todo esto es un misterio!

Lo que sí tenemos ya contundentemente claro es que la gente de a pie, las personas trabajadoras asalariadas, las que están desempleadas, quienes sufren alto endeudamiento salarial y/o productivo, quienes no tienen trabajo (como el alto segmento de población joven), cooperativistas, solidaristas; el micro-pequeño y mediano-empresariado, serían las víctimas directas de un ajuste fiscal tan irresponsable como injusto, como el que se quiere imponer.

A contrapelo de la abrumadora mayoría ciudadana que se está expresando de múltiples formas en contra del injusto e inequitativo combo fiscal, insiste el gobierno Piza-Alvarado y sus aliados liberacionistas, en imponérnoslo sin que podamos auscultar que hay detrás de ese misterioso estado de las finanzas públicas; como para que uno tuviera certeza de que en un momento próximo no nos vengan a plantear que se requiere de otro paquetazo de impuestos porque el tal combo fiscal no alcanzó para honrar los “huecos” que se están evidenciando en esto de los bonos y del endeudamiento público.

Igualmente, una vez y cientos de veces más… incansablemente hay que continuar diciéndole a viva voz: ¡la clase trabajadora no es la responsable del déficit fiscal! Ni la pública ni la privada. Es más, nadie ha refutado esta verdad, ni siquiera los más acérrimos y enfermizos enemigos del empleo público.

Nosotros hemos optado centrarnos en esto del déficit, en el asunto del endeudamiento público y su pago de intereses. Si a esto no se le entra en serio y con responsabilidad cívica, no habrá paquetazo de impuestos que alcance; ni el del expediente 20.580 ni ningún otro.

Nos están metiendo paquetazos de impuestos para pagar deuda pública, para enfrentar el expolio que significa su pago diario de intereses y para honrar vencimientos de cortísimo plazo, contraídos como deuda en un ámbito de secretismo, opacidad y misterio.

El noble pueblo trabajador costarricense no merece tal nivel de ocultamiento de la realidad y de la profundidad de la crisis de las finanzas públicas.

Bastante tiene ya con esas estafas políticas cuatrienales que sufre cada vez que le llaman a votar en las elecciones, presidenciales y diputadiles, que incrementan su sensación de desencanto y engaño.

Ahora quieren que pague nuevos impuestos, que sufra merma de derechos socio-laborales, que padezca más estrujamiento económico, que viva más empobrecimiento familiar, para que se haga cargo de un endeudamiento público cuya magnitud se desconoce y del cual no tiene responsabilidad alguna; precisamente porque la profundidad del deterioro de las finanzas públicas es un misterio. ¡No se vale!