La mezcla de religión y política: ¿qué paso?…

Escribimos este breve comentario sobre el resultado final de la elección presidencial en segunda ronda, a menos de veinticuatro horas de que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), informara de que don Carlos Alvarado Quesada, ganó la dura contienda que tan intensamente hemos vivido en las últimas semanas y meses, convirtiéndose en el próximo Presidente de Costa Rica para el período 2018-2022.

Mucho se ha de escribir al respecto y, obviamente, desde distintas perspectivas, todas las cuales, por supuesto, cargadas de subjetividad. Politólogos, sociológicos, antropólogos sociales, psicólogos, educadores, economistas, abogados, historiadores, teólogos, periodistas…, expondrán sus respectivas valoraciones sobre un proceso electoral y su resultado final que, prácticamente, nadie pudo atinar en la dimensión en que se manifestó.

La perspectiva nuestra, igualmente, es subjetiva y como ya bien supuso usted, con lente sindical. En tal sentido, tenemos muchas consideraciones en mente.

Por ejemplo, hoy le compartimos ésta. La peligrosa mezcla de religión y política tuvo repercusiones por todo lado. El voto religioso-católico jugó, al final, un papel crucial. A pocas horas de la votación, nos parece que se “quebró” la alianza (tácita) que habían forjado desde finales del año pasado, tanto la federación de iglesias evangélicas como la iglesia católica, para oponerse al matrimonio igualitario y/o al asunto de las guías de educación sexual. Tal alianza se trasladó a la contienda electoral misma, ya en la cotidianeidad de su intenso, polémico y confrontativo desarrollo.

Sin embargo, en determinado momento se presentó un severo clivaje imposible de tolerar por parte de la cúpula eclesial católica, cuando se hizo pública la opinión del pastor-mentor de don Fabricio, el señor Ronny Chaves y su concepción acerca del papel en nuestra sociedad de la sagrada expresión de fe católica en nuestro país, representada en la Virgen de los Ángeles, “La Negrita”, la Patrona de Costa Rica, como la conoce el pueblo.

Una más que sesquicentenaria expresión de espiritualidad católica de tanta profundidad en el alma nacional y tan emblemática del ser costarricense, no toleró una transgresión por fines electorales de tanta virulencia y, por tanto, el evangelismo-partido político “lo pagó caro”.

No nos consta que se hubiese dado una posición oficial de la cúpula católica nacional en tal sentido. Sin embargo, si nos llamó poderosamente la atención un mensaje que circuló pocas horas antes de las votaciones, firmado por el respetado sacerdote Luis Alejandro Rojas, clérigo bastante cercano al dinamismo cotidiano de la Conferencia Episcopal de Costa Rica (CECOR).

Quizás usted ya lo leyó pues las redes sociales fueron un intenso campo de batalla de esta especie de guerra santa que fue el proceso electoral que nos ocupó y preocupó a todos. Aquí va textualmente ese mensaje:

“El Sacerdote Luis Alejandro Rojas hace una aclaración importante a todos los Católicos. El poder político en manos de grupos evangélicos fundamentalistas es nefasto para los pobres. Estos grupos evangélicos neopentecostales se orientan por la “teología del bendecido, prosperado y en victoria”, muy afín al capitalismo, que tienen como meta la acumulación de riqueza material, porque la consideran una retribución por parte de Dios a la persona moralmente buena. En América Latina siempre que se ha unido el evangelismo y el poder político, terminan favoreciendo a los sectores económicamente poderosos e impulsores del neoliberalismo. Eso sucedió en Perú cuando llevó a Fujimori al poder. Hubo privatización de empresas estatales, más pobreza y corrupción. Y está sucediendo en Guatemala con un presidente Pastor evangélico. Lamentablemente, mucho Católico votó por Fabricio en razón de lo mandado por la CIDH y la ideología de género. Ahora, se anuncia una alianza entre los evangélicos y los neoliberales de Liberación y otros partidos que defienden el capital. Recordemos lo que ha sucedido en la Asamblea Legislativa, entre Liberación y Pastores, a la hora de aprobar leyes. Esa alianza será en contra de los pobres y la fe católica. Espero que se REVIERTA el voto de los católicos que piensan que, por los temas de ética sexual, la Iglesia oficialmente está apoyando a Fabricio y NO es así”.

¡Contundente! Sin duda alguna, la feligresía católica costarricense, oficial y/o extraoficialmente, recibió línea para votar por don Carlos Alvarado Quesada; o, votar contra su contendor, don Fabricio Alvarado Muñoz.

¿Eso está bien? ¿Esto está mal? Usted lo puede juzgar mas quien esto escribe, por haber votado en blanco considerando para ello la similitud de pensamiento económico de los equipos asesores de los señores Alvarado, lo planteamos para el debate.

Lo que sí pareciera provocar es pensarse dos consideraciones derivadas de la que acabamos de plantear. Una: La necesidad de que tengamos un Estado laico para una separación jurídico-institucional del vínculo constitucional actual, Iglesia Católica-Estado; tesis que incluso es avalada por el propio papa Francisco. Adicionalmente, cómo puede el sistema jurídico de partidos políticos seguir considerando la propiedad de formaciones partidarias de orden religioso para las competencias electorales por venir. ¿Se rebasó ya la frontera permisible para una sociedad que mostró cuánta degradación puede mostrar en el combate inter-religiones?

Dos: Algo más terrenal. ¿Alguien estaría pensando en estos momentos una reedición, guardando las dimensiones de espacio y tiempo, del proceso político nacional de los años 40 del siglo XX anterior?, considerando algunas de las principales manifestaciones que, de manera directa o indirecta, generaron el triunfo del señor Carlos Alvarado Quesada?… ¡Mucho para reflexionar!

El “consejo cívico contra la corrupción”

El señor diputado don Mario Redondo Poveda ha venido planteando que la corrupción en nuestro país, estaría representando un 7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), basándose en datos que está proporcionando el gobierno de los Estados Unidos, en su International Narcotics Control Strategy Report (Volumen I: Drug and Chemical Control), emitido con fecha marzo de 2018, por el Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs, del United States Department of State (página 141 para el caso de Costa Rica).

La probabilidad de que este dato sea completamente real es altísima. Si cada punto PIB está representando en estos momentos unos 350 mil millones de colones (350.000.000.000), entonces la sociedad, por culpa de su estamento corrupto, estaría dejando de percibir unos 2 billones 450 mil millones de colones, ¡al año! (2.450.000.000.000).

Lo que actualmente sabemos de casos de corrupción, entonces, es una pequeñísima parte. Para que haya corrupción, al menos dos deben ponerse de acuerdo. Y, por lo general, uno está en la esfera pública y otro en la privada. Indudablemente, el fenómeno de la corrupción está muy estudiado y los expertos tienen definidos varios conceptos y diversas categorizaciones, clasificaciones, tipificaciones; así como parámetros para medir su impacto en contra del bien común, de la integridad y de la inclusión sociales.

La corrupción, con ropaje legal o sin él, en el seno de la institucionalidad pública costarricense ha estado impactando al pueblo costarricense de manera muy dramática en los últimos gobiernos, incluido el que está por terminar. Es de enorme notoriedad la constatación pública de que, pese a la honestidad abrumadora con la cual se ejecuta la actividad empresarial privada, los más impactantes casos de corrupción tiene en el primer nivel a hombres de negocios de, hasta un determinado momento, “intachable prestigioso, como los ya célebres casos del cemento y del plástico”.

Por otra parte, de la misma manera en que la abrumadora mayoría de la actividad empresarial privada se ejecuta con honestidad; de esa misma manera la contundente mayoría del conglomerado laboral asalariado del sector público, ejecuta su quehacer cotidiano para la sociedad, con la misma honestidad.

Sin embargo, los corruptos de uno y de otro sector se las agencian para implementar la más variada articulación de artimañas y de estratagemas; y, en esas oficinas y ámbitos públicos donde se tejen esas maniobras para estafar a la sociedad con negocios turbios y con entrega de sobornos y coimas, el personal honesto que las detecta cae presa del miedo ante la posibilidad de que esa corruptela, bien apadrinada, amenace su propia estabilidad laboral, su propia integridad personal y familiar; facilitándose así que se establezca un entorno amenazante que instaura el silencio, generándose una complicidad tácita alimentada por el paralizante terror de ser víctima de diversas formas de acoso: laboral, psicológico, político, emocional, físico, económico.

¡Y no nos engañemos! Hay muchas esferas del servicio público contaminadas con el germen de la corrupción, pese a que, repetimos, la honestidad es el valor imperante en la abrumadora mayoría del personal público que presta dichos servicios y de los agentes empresariales privados que interactúa con éste en la concreción de la diversidad de gestiones inherentes al funcionamiento del aparato estatal.

Nadie, quien hace las cosas honestamente, debe sentirse ni molesto ni aludido por cuanto indiquemos que esta sintomatología corrupta y su patología social está en el sistema aduanero, está en de la salud y la seguridad social, en el sistema de gestión de infraestructura vial, en el seno de la diversidad de la prestación de servicios de seguridad ciudadana, en el ámbito municipal, en el ámbito penitenciario, en el bancario, en el turístico, etc.

Particularmente, que en el tributario la cuantificación oficial de todas las formas de evasión y de robo impuestos, supera los 8 puntos PIB (unos 2 billones 800 mil millones de colones), supone que el entramado corrupto para que esta monstruosidad de crimen social esté vigente, es bastante arraigado y complejo.

¿Por qué no pensamos en algún sistema de protección para toda aquella persona ligada salarialmente al empleo público, e incluso, a toda aquella persona del sector privado, que entra en conocimiento de prácticas corruptas (ya sea en gestación, en desarrollo y/o consumadas); que está dispuesta a denunciar pero que el miedo paralizante a sufrir algún tipo de daño, le impide hablar? Y mientras llega una sólida intervención policial-judicial, ¿por qué no pensar en el establecimiento de algún tipo de instancia, no necesariamente jurídico-institucional en cuanto tal, pero sí que genere nivel de confianza y de credibilidad en quien desee denunciar presunta corrupción, pero que se le garantice diverso tipo de apoyo protector en su propia unidad o esfera de trabajo, para evitar que el presunto corrupto o corruptor no se le venga encima con diversas modalidades de acoso, o incluso, valiéndose para ello de sus propias e insanas conexiones políticas?

Esta idea a la cual, preliminarmente la hemos bautizado con el hombre de “Consejo Cívico Contra la Corrupción”, la estamos planteando por esta vía pública a los dos señores Alvarado y, tanto el que gane el domingo como el que pierda, pueda valorar un impulso gestor para conformar tal consejo, con personas y organizaciones civiles de distinta procedencia y con trayectoria de honestidad y de posición fuerte contra la corrupción. Sobran costarricenses que podrían darle contenido a esta idea en cuanto a su eventual concepción, composición, procedimientos y otros. Honorables señores Alvarado, tienen ustedes la palabra.

Déficit Fiscal: La metáfora de los tres hermanos

Costa Rica, ¡la casa grande de todos y de todas! ¡Sí, así es! Pero, ahora que estamos en medio de la “tormenta” fiscal y que se nos están diciendo que todos tenemos que sacrificarnos un poco para que no “naufraguemos” como país; necesariamente, por una parte, debemos reflexionar no solamente sobre la responsabilidad política de quienes tomaron malas decisiones en el pasado (incluso en el más reciente), como para que ahora estemos en esta riesgosa situación (lo cual nosotros admitimos); y, por otra, lo más importante, de qué parte debe venir la mayor cuota de sacrificio para que no entremos de lleno a la catástrofe que se nos anuncia.

Para ello, vamos a utilizar una metáfora que se nos vino a la mente en el marco de la actual tramitación parlamentaria del expediente legislativo No20.580, “Ley de fortalecimiento de las finanzas públicas”, con el cual, prácticamente todas las colectividades político-partidarias del momento están de acuerdo, incluyendo los dos señores Alvarado que se están disputando la Presidencia de la República, en la votación electoral de segunda ronda de este domingo 1 de abril.

Resulta que mantener la casa grande, ésta requiere, fundamentalmente, de los ingresos que deben aportar dos hermanos y una hermana que, principalmente, tienen posibilidades de hacerlo pues son quienes están en edad de plenitud laboral y/o productiva.

Los tres deben de cuidar de la niñez y de la adolescencia que, supuestamente, está estudiando y de la cual son responsables; y, además, cooperan en el sostenimiento de las personas adultas mayores (algunas ya jubiladas, pero con pensiones muy bajas), que también viven en esa casa grande.

Hay un hermano al que le ha ido muy bien, pero muy bien. Su situación económica es muy holgada, partiendo de una actividad productiva sumamente exitosa para la cual ha recibido mucho apoyo de diversa política pública (como las exenciones), lo que le ha permitido realizar numerosos negocios.

Además, es muy “audaz” para declarar al fisco lo menos posible, tributariamente hablando (le paga a algunos bufetes inescrupulosos que ayudan a maquillar finanzas corporativas). Y tiene a su favor, adicionalmente, que las actuales leyes de impuestos que le imponen pagar, son muy flojas, debiluchas.

Últimamente, el tipo se ha venido juntando con una serie de políticos no menos inescrupulosos que él y que sus abogados. Todos han venido utilizando sus influencias y la de sus amigotes para que no les pongan a pagar más, pudiendo hacerlo sin que se empobrezcan para nada.

A pesar de lo abultado de sus ingresos, quiere aportar a la casa en la misma proporción en que lo hacen sus otros dos hermanos. Electoralmente hablando, su clan de amigotes apostó a las dos opciones electorales en pugna y entre todos lograron colocar fichas vitales en ambos lados que no podrán en riesgo su propio bienestar económico, pues se consideran a sí mismo, los reales dueños del no menos real poder político de la sociedad.

La hermana, por suerte, tiene un trabajo decente con un salario digno. Es profesional estatal. Ella sí paga puntualmente sus impuestos, pues no le queda de otra. Le rebajan renta del salario al momento del pago quincenal y, por supuesto, cuando va al supermercado, el impuesto de ventas lo paga en la caja registradora.

Si éste se transforma en IVA (impuesto al valor agregado), le tocará pagar más y su salario se encogerá pues hace tiempo está prácticamente congelado y no incrementa su poder de compra. Se ha esforzado mucho por superarse y así colaborar mejor para un nivel digno de vida a la familia, aportando al mantenimiento de la casa.

Sin embargo, cayó en la trampa de las tarjetas de crédito y ahora está ahogada por el pago usurero de los intereses. Ella se había venido considerándose a sí misma, como clase media. Pero y para peores, como es empleada pública, le han venido amenazando con ataques duros a su salario y a pesar de que es pagadora puntual de impuestos, le quieren responsabilizar de que su salario es el causante del déficit fiscal. Vive totalmente estresada y tiene mucha incertidumbre sobre su futuro.

Electoralmente hablando, ella cree que las dos opciones en pugna para el domingo 1 de abril, pondrán en riesgo su propio empleo y su precarizado salario. A pesar de ello, cree que debe definirse entre lo pésimo y lo peor y está en un terrible dilema.

El tercer hermano, ¡sí la está viendo fea! Aunque tiene una formación como técnico medio, lleva mucho tiempo desempleado. Ya perdió la cuenta de cuántos currículos ha entregado. La pulsea todos los días para llevar su aporte a la casa grande, pues la familia es numerosa. Se siente “arrimado” y todos los días sale tempranito a la calle a ver qué hay por ahí para ganarse algo. Prefiere llegar muy de noche a la casa para no consumir alimento y no sentirse como una carga.

Varias veces ha sido tentado para obtener dinero fácil pero dado el alto riesgo de cárcel, se ha resistido (al menos hasta la fecha). Electoralmente hablando, él está decidido no votar este domingo 1 de abril. Dice que ya perdió toda esperanza de que se acuerden de él. Afirma haber llegado a un nivel tal de desesperación que solamente pasan por su mente ideas locas.

Hasta aquí la metáfora.

Tributariamente hablando, y desde el punto del tema del déficit fiscal, el gran error y la severa injustica del proyecto fiscal actualmente en debate, el expediente legislativo 20.580, denominado “Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”, trata a los tres hermanos por igual, repartiendo culpas y responsabilidades por el calamitoso estado de las mismas, sin equidad alguna; a sabiendas de que el segundo y el tercer hermano son víctimas de la buena vida que ha llevado el primero, “tirándosela rico”, enriqueciéndose por vías legales, otras no tanto, e incluso, jugándole ya sucio a la sociedad. Dicho proyecto no considera el estado de desigualdad crónica que ya vivimos en nuestra sociedad.

Conclusión: si los tres no se sientan en una mesa a dialogar, con franca transparencia y con sincero respeto, acerca de las medidas realmente equitativas que se deben tomar para atacar la gran desigualdad en que han venido viviendo y así mantener estabilidad de la casa grande y de toda la familia que en ella habita, podría sobrevenir un colapso de dolorosas dimensiones, pues se habrán de confrontar entre sí y duramente.

¡Son los intereses de la deuda, estúpido!

Le copio a Wikipedia y lo comparto con usted: “La economía, estúpido” (The economy, stupid), fue una frase muy utilizada en la política estadounidense durante la campaña electoral de Bill Clinton en 1992 contra George H. W. Bush (padre), que lo llevó a convertirse en presidente de los Estados Unidos.

Luego la frase se popularizó como ‘es la economía, estúpido’ y la estructura de la misma ha sido utilizada para destacar los más diversos aspectos que se consideran esenciales”. Hasta aquí esta cita que he tomado prestada para efectos del presente artículo.

El “estúpido” viene a ser el que no quiere entender, el que se niega a comprender la verdadera razón de un asunto, el que se niega a reconocer la causa real y verdadera de un problema.

Con tal fin la adopto así: “¡Son los intereses de la deuda, estúpido!”. Con ello quiero referirme a todas esas personas y sectores que conforman parte del conglomerado político-económico y mediático dominante que, una y otra vez, insisten, con un extremismo fundamentalista irracional y peligroso, que el déficit fiscal se debe al empleo público y, particularmente, a los salarios que devengan todas las personas trabajadoras que laboran para el Estado.

Un día sí y otro también esgrimen este falaz argumento para inducir a la opinión pública y a la ciudadanía en general, a que no se repare en la verdadera profundidad del problema del déficit fiscal, la naturaleza perversa de su origen y desarrollo, y lo que es más grave todavía, a impulsar leyes para responsabilizar a quienes nada tienen que ver al respecto: la clase trabajadora. Por ejemplo, el “combito” fiscal, Expediente legislativo No.20.580, al que le impusieron una tramposa vía rápida de tramitación parlamentaria y que es confrontado por todos los sindicatos del país.

“¡Son los intereses de la deuda, estúpido!”. Esto es lo que está carcomiendo las alicaídas finanzas del Estado central, producto del gigantesco endeudamiento-país que está alcanzando una cifra imposible de calibrarla en toda su magnitud en nuestras mentes comunes y silvestres: Costa Rica tiene una deuda pública, solamente a nivel de Gobierno central, que supera los ¡25 mil millones de dólares en estos momentos! (En cifras: $25.000.000.000). Casi el 50% del PIB (Producto Interno Bruto) del país.

¡15 billones de colones!, calculando el tipo de cambio en la cercana cifra de 600 colones por dólar. (En cifras: ¢15.000.000.000.000). Al ser ya casi una población de 5 millones de personas, cada persona costarricense y sin importar la edad que tenga estaría debiendo 3 millones de colones.

¡Esta deuda pública es impagable! Sin embargo, el pago de intereses que se derivan de la misma es lo que está pulverizando las finanzas estatales cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día, cada mes, cada año… He aquí la verdadera razón fundamental del problema del déficit fiscal cuya responsabilidad le quieren endosar a usted, persona trabajadora asalariada y no asalariada.

“¡Son los intereses de la deuda, estúpido!”. Los últimos datos disponibles nos indican que para el año que está transcurriendo, el pago de intereses es de casi 1 billón 400 mil millones de colones. (En cifras: ¢1.400.000.000.000). Casi 4 puntos del PIB y un punto puede andar en alrededor de 350 mil millones de colones.

Prácticamente este tétrico y catastrófico pago de intereses anuales de la deuda pública del país se desglosa así: A) 117 mil millones de colones por mes (¢117.000.000.000.). B) 3 mil 900 millones de colones por día (¢3.900.000.000). C) 162 millones 500 mil colones por hora (¢162.500.000). D) 2 millones 708 mil colones por minuto (¢2.708.000). E) 45 mil 140 colones por segundo (¢45.140).

Esto es realmente espantoso y es más grave, más crónico, casi apocalíptico por cuanto Costa Rica nunca cambió su sistema tributario. Por el contrario, esta presenta las siguientes características:

A) Una baja carga tributaria. B) Una estructura tributaria que, incluso, los más optimistas consideran“moderadamente regresiva”.

C) Una evasión fiscal de cuantiosas proporciones, fiscal y éticamente inaceptable.

D) Una administración tributaria con algunos avances, pero que todavía mantiene importantes debilidades (pese a los avances nada despreciables ocurridos en la presente gestión gubernativa).

E) Una legislación tributaria sumamente generosa con ciertos sectores económicos (exoneraciones, escudos fiscales, facilidades para la elusión, tasas preferenciales) y con debilidades en el régimen sancionatorio y en la prevención de la evasión.

En esencia, esta caracterización ya fue documentada en el trabajo “Hacia una reforma fiscal para el desarrollo y la reactivación del empleo”, el cual es la expresión de un notable esfuerzo de diversos sectores sociales, particularmente sindicales, que nos dimos a la tarea de presentarle al país toda una estrategia propositiva para el tema del déficit fiscal y de la justicia tributaria, con perspectiva de inclusión social y en función de potenciar el crecimiento de la desigualdad.

La Fundación Friedrich Ebert (FES), de la República Federal de Alemania, bajo la facilitación profesional y experta del ciudadano economista don Henry Mora Jiménez, nos permitió dar a conocer este gran esfuerzo hace ya unos seis años.

Como ha notado usted, a hoy la situación tributario-fiscal del país ha empeorado dramáticamente. “¡Son los intereses de la deuda, estúpido!”, el corazón del problema del déficit fiscal, así como la mencionada deuda pública.

Albino Vargas Barrantes, Secretario general, Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

“¡Oh!… ¿y ahora, quién podrá defendernos?

¿La recuerdan? La mítica frase del célebre e inolvidable programa del cómico mexicano Roberto Gómez Bolaños, “Chespirito”, pronunciada en esos memorables episodios donde intervenía el querido personaje de “El Chapulín Colorado”, nos sirve para reflexionar acerca de lo que le puede esperar a las mayorías trabajadoras de nuestro país, sin importar cuál de los dos señores Alvarado gane la elección de segunda ronda, el próximo domingo 1 de abril: “¡Oh!… ¿Y ahora, quién podrá defendernos?

Ambos han “jurado” ante “el altar del mercado”, portarse bien y no arriesgar, para nada, el favorable entorno de acumulación de los macro-negocios que deja el presente Gobierno (salvo el problema del déficit fiscal que ya venía de las administraciones anteriores), con varios indicadores muy positivos sobre el crecimiento de la economía; lo que ha permitido a los magnates del alto corporativismo empresarial del país, impulso e intensidad al ya sistemático proceso de concentración de la riqueza y de aumento sostenido de la desigualdad.

Según hemos podido observar en los últimos días y con ocasión de las pasarelas políticas de las candidaturas de don Fabricio y de don Carlos, los equipos económicos de ambos muestran una afinidad ideológica, una misma escuela de pensamiento y una fracasada práctica de política pública para la inclusión y la integridad sociales; cuando los elementos más notables de dichos equipos estuvieron gobernando bajo las banderas del viejo PLUSC, Liberación y Unidad; siendo esas figuras principales responsables y gestoras de unas políticas económicas que desdibujaron la sociedad de inclusión y movilidad sociales que se había construido en nuestro país.

Particularmente, en ambos equipos económicos se “infiltró” gente con enorme responsabilidad en el impagable endeudamiento-país que nos estrangula con su inmisericorde carga de pago de intereses anuales, base fundamental del no menos grave y escandaloso déficit fiscal.

Derrotados, electoralmente hablando, en primera ronda electoral, tanto Liberación como la Unidad han desplegado unas jugadas estratégicas que a más de uno (incluidos nosotros mismos), nos han dejado atónitos; transmutándose y/o camuflándose uno, en el partido de don Fabricio (Liberación); y el otro, la Unidad, en el de don Carlos, el PAC. “Los muertos que vos matáis, gozan de buena salud” (frase histórica cuya autoría está en controversia todavía). ¡Así es!, el viejo PLUSC no “murió” el pasado 4 de febrero.

Nosotros no queremos entrar en el abordaje de la vertiente de fondo que distancia a un candidato Alvarado del otro candidato Alvarado: la cuestión de la política y la religión, pues debemos anotar que en no pocas bases laborales y en el seno del pueblo trabajador, la (inducida) polarización de primera ronda, perversamente nos ha estado confrontando como país, como sociedad y hasta en el seno de nuestras propias familias.

Tampoco es dable entrar a analizar otros ámbitos de política pública para puntualizar de cuánta profundidad serían las diferencias de gestión en uno o en otro caso. Por tanto, es la cuestión económica lo que concita nuestra mayor atención y preocupación.

Lastimosamente, la gravedad del problema número uno de nuestra sociedad, a nuestro modesto juicio, la desigualdad, no emergió con toda su potencia como para poder establecer una diferenciación radical entre una opción y otra; si se trata de ver este problema de la desigualdad contrastado en el marco de la inequidad en cuanto a la distribución de los beneficios del crecimiento económico.

Comprometidos ya los dos con un ideario económico que no es, necesariamente, el de la promoción del bien común, se han juntado ideológicamente para potenciar cambios tributarios que golpearán a quienes menos tienen, a quienes están más endeudados, a quienes tienen salarios congelados en la práctica, a quienes dependen de frágiles programas sociales, introduciendo rigidices fiscalistas que, en el corto y mediano plazo, harán colapsar la prestación de esos programas precisamente destinados a atender y/o resolver problemas sociales angustiantes de atención cotidiana y urgente.

Los dos sintonizaron en un mismo canal sus gestiones de política económica y tributaria, mismas que no pondrán en riesgo alguno los intereses defendidos por las personas que integrarán sus respectivas gerencias ejecutivas, de un mismo equipo económico-ideológico de dos cabezas.

No es posible calibrar la intensidad del potencial conflicto social en uno u otro caso a partir del próximo 1 de mayo. Por un lado, los sectores excluidos que catapultaron una de las dos opciones; y, por otro, los que al venir tal situación de exclusión le apostaron a la otra alternativa dada la vulnerabilidad de su actual estado social (empleados públicos, por ejemplo), podrían sentirse estafados electoralmente en uno u otro caso; dado que la matriz económica unificada que ambos candidatos defenderán desde la Presidencia, es para la acumulación no para la distribución. Por eso es que, en ambos sentidos, conviene que nos cuestionemos a lo “Chapulín Colorado”: “¡OH!… ¿Y AHORA, QUIÉN PODRÁ DEFENDERNOS?

Unificación de los Cuerpos Policiales

Se viene planteando, por parte de algunos actores políticos, la posibilidad de unificar los cuerpos policiales, al efecto, es necesario analizar la viabilidad jurídica de dicha medida, así como otras consideraciones que surgen a raíz de dicha propuesta política.

En principio, debo señalar, me parece legalmente inviable unificar los cuerpos policiales, amén de que podría provocar un tedioso y desgastante proceso en el Poder Legislativo. Recordemos lo que estipula el artículo número 12 de nuestra Constitución Política: “Se proscribe el Ejército como institución permanente. Para la vigilancia y conservación del orden público, habrá las fuerzas de policía necesarias”.

En la misma Constitución Política, encontramos que el mando único y supremo de la Fuerza Pública le es delegado al Presidente de la República; lo anterior se establece en el artículo número 139, inciso 3). En esa misma línea, el artículo número 140, incisos 6 y 16 de nuestra Carta Magna, establecen los deberes y atribuciones del Presidente de la República y el ministro de la Cartera de Seguridad Pública; en torno al resguardo de la tranquilidad de la Nación, así como el resguardo de las libertades públicas, el orden, defensa y la seguridad del país.

Siguiendo con el análisis jurídico, encontramos que los cuerpos de Policía se regulan por la Ley General de Policía, número 7410, del año 1994. La antes citada ley señala en su artículo número 6.- Cuerpos

“Las fuerzas de policía encargadas de la seguridad pública, son las siguientes: La Guardia de Asistencia Rural, la policía encargada de control de drogas no autorizadas y de actividades conexas, la Policía de Fronteras, la Policía de Migración y Extranjería, la Policía de Control Fiscal, la Dirección de Seguridad del Estado, la Policía de Tránsito, la Policía Penitenciaria, la Policía Escolar y de la Niñez, así como las demás fuerzas de policía, cuya competencia esté prevista en la ley”.

La misma Ley General de Policía, establece en su artículo número 7.-Principio de reserva de ley, el cual cita: La creación de competencias policiales constituye reserva de ley.

Así las cosas, desde el punto de vista jurídico, tal iniciativa podría resultar, reiterativa, desgastante, e improcedente, toda vez que la normativa no solamente establece las atribuciones y competencias de los distintos cuerpos policiales; también, establece el principio de reserva de ley.

Sin embargo, lo que sería muy útil en opinión del redactor del presente artículo, es la reactivación del Consejo Nacional de Seguridad Pública, a efectos de trabajar en una política de Estado en materia criminal, así como en mantener una constante coordinación de los trabajos que se definan como parte de esa política criminal, para mejorar la situación de seguridad ciudadana.

Países como Alemania, Argentina, Australia, Brasil y Canadá, manejan varios cuerpos policiales, en este último, por ejemplo, existen tres niveles de fuerzas policiales: municipal, provincial y federal.

En síntesis, en mi opinión la unificación de cuerpos policiales, no vendría a resolver la situación, por el contrario, podría resultar en un retroceso, una involución de lo avanzado en los últimos años. La especialización es parte de la evolución humana, lo vemos en las distintas profesiones, es fundamental. No es lo mismo trabajar la línea fronteriza, en materia de tránsito; o en la atención de un disturbio, para cada función se requiere de un proceso de capacitación, seguido de un constante aprendizaje y con ello la adquisición de experiencia.

Lo que ha faltado es coordinación, lo cual se puede resolver aplicando lo que señala la Ley General de Policía en sus artículos número 11 y 12.

“Articulo 11.- Constitución
Créase el Consejo Nacional de Seguridad Pública, que estará integrado por el Presidente de la República, quien lo presidirá, por los titulares de los Ministerio de la Presidencia, de Justicia y Gracia, de Gobernación y de Seguridad Pública, así como cualquier otro miembro que incluya el Presidente de la Republica.

Articulo 12.- Atribuciones
El Consejo Nacional de Seguridad definirá las políticas generales de los diversos cuerpos de policía, de conformidad con las directrices del Presidente de la Republica. Lo anterior resulta concomitante con lo que al efecto establece la Constitución Política en su artículo 139 inciso 3).”

Si analizamos en detalle el artículo 11 de la Ley 7.410, podemos entender una de las razones del incremento en la inseguridad en los últimos años.

El enfoque de un Estado que aboga por la paz, el desarme y la abolición del ejército, debe ser siempre la prevención. Para poder trabajar de manera preventiva es preciso identificar las causas de la criminalidad, así como tener el conocimiento de sus formas de aparición y nivel de desarrollo como fenómeno social e individual.

Para finalizar, es oportuno señalar que la seguridad ciudadana no es un asunto que se resuelva únicamente con más policías, en tanto, es un tema que debe partir de un abordaje integral. Además, es impensable mejorar la seguridad ciudadana contratando más policías, si no les damos condiciones óptimas, una ruta a seguir y las herramientas tecnológicas y jurídicas para obtener mejores resultados.

Lic. Mainor Anchía Angulo
Dirigente Nacional de ANEP.
mainoranchia@anep.or.cr

Déficit fiscal y corrupción empresarial

¡Sin duda alguna! Otra polarización ya está en desarrollo: es la del déficit fiscal.

Y vayamos poniendo todas las cartas sobre la mesa… en la del diálogo sociopolítico. ¡Ojalá! Y si no se puede, no hay más remedio que hacerlo en la calle, vía Democracia de la Calle. Pero tenemos que ser miles y miles y miles para que se nos escuche. ¡Este el desafío!

Entremos en materia. El déficit fiscal y la corrupción están intrínsecamente ligados. Varios aspectos lo certifican y lo muestran con contundencia. Uno de ellos es la corrupción empresarial.

Las generalizaciones son odiosas e injustas. La corrupción empresarial existe y cuán extendida está, no es posible saberlo.

Lo que sí se torna real es que hay mucha actividad empresarial que se realiza de forma honesta y que sí observa las reglas del juego democrático de manera limpia (tributario-impositivas, jurídico-laborales, de seguridad social).

Sin embargo, como el robo de impuestos en todas sus formas supera los 8 puntos de Producto Interno Bruto (PIB), y como la clase trabajadora es puntual pagadora de impuestos, es presumible que en la actividad empresarial esté muy arraigada la cultura ladrona del robo tributario.

Tres sonados casos revelados en los últimos días lo muestran con contundencia.

CASO EMPRESA YANBER

El reconocido hombre de negocios don Samuel Yankelewitz Berger está detenido bajo arresto domiciliario. Otrora poderoso político-empresario, mandamás por varios años en la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), llegó a ser un político de relieve notable en el Partido Liberación Nacional (PLN).

Se le acusa de estafar a bancos públicos y privados por una cantidad superior a los 13 mil millones de colones. Nos preguntamos: ¿cuál fue su comportamiento tributario-impositivo cuando era un empresario de “prestigio” en la sociedad? ¿Se habría robado impuestos? ¿Habría presentado declaraciones tributarias fraudulentas? ¿Cuánta plata manejó en el exterior con la pretensión de evadir al fisco costarricense…? ¿Es o no este tipo de comportamiento parte del déficit fiscal…?

CASO EMPRESA FORMULARIOS STANDARD COSTA RICA

Acaba de darse a conocer la sentencia de 15 años de prisión dictada en contra del empresario Manuel Roberto Verdesia Solano por fraude tributario. Se indicó que él: “…procuró el ocultamiento y omisión de ingresos gravables en los períodos fiscales 2002, 2003 y 2004, actos que se realizaron a través de maniobras fraudulentas”. La fiscalización que hizo el Ministerio de Hacienda, a través de la Oficina de Grandes Contribuyentes de la Dirección General de Tributación, así lo estableció. El propio Ministerio Público, mediando un comunicado de prensa, nos lo dio a conocer.

Nos preguntamos: ¿Cuántos sujetos empresariales de este tipo están activos, productivamente hablando, pero, a la vez, matrafulando con contadores y auditores igual de corruptos para engañar al fisco con maniobras tributarias fraudulentas? ¿Es o no este tipo de comportamiento parte del déficit fiscal…?

CASO COMPAÑÍA SYNTHES

Finalmente, un caso denunciado directamente desde la ANEP, hace ya algún tiempo, ha vuelto a la notoriedad mediática en estos días. Se nos anuncia que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) pretende que la compañía Synthes Costa Rica S.C.R. Ltda. le pague más de mil millones de colones (2 millones de dólares) al intentar esta firma empresarial estafarle a la institución, aseguradora del pueblo trabajador, esa gran cantidad de plata, inventando facturas de productos para operaciones ortopédicas efectuadas en… ¡personas muertas! Este vulgar y criminal chorizo se hizo en los hospitales Calderón Guardia, México, San Juan de Dios y Max Peralta.

Aunque la pretendida estafa no se consumó totalmente, algo turbio quedó por ahí como para que la Caja entable una demanda. Lo impresionante es que, pese a esta situación, ¡Synthes sigue siendo firma proveedora de la institución! Nos preguntamos: ¿cuál ha sido la trayectoria tributaria de esta empresa?; ¿cuál, la trayectoria tributaria de todas las firmas proveedoras de servicios a la Caja? ¿Cómo es posible que una empresa intente engañar-estafar a la institución y esta le siga comprando bienes y/o servicios? ¿Cuál es el cruce de información Caja-Hacienda para evitar potenciales fraudes fiscales-tributarios…?

Recordemos que el fraude fiscal, el robo de impuestos, la evasión y la elusión impositivas en todas sus formas, con ropaje legal o sin él, superan los 8 puntos porcentuales de Producto Interno Bruto (PIB).

Un punto PIB en la actualidad equivale a unos 350 mil millones de colones (¢350.000.000.000); o sea, 2 billones 800 mil millones de colones (¢2.800.000.000.000), ¡al año!, es el monto del robo de impuestos cada 12 meses. ¿Cómo no va a existir déficit fiscal si esta plata no llega a las arcas del Estado?

Prácticamente, esta gigantesca cantidad de robo a la sociedad (el robo de impuestos es un crimen social) se ejecuta desde el lado empresarial pese, repetimos, a la gran cantidad de personas empresarias que sí son honestas, y que, por culpa de los tahúres fiscales de su propio mundo de negocios, viven víctimas de una severa competencia desleal. Entonces, ¿a quién responsabilizamos por el déficit fiscal…? ¿A la clase trabajadora…? ¿A ese empresario honesto…? ¡Por supuesto que no!

*Secretario General Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

La nueva polarización en perspectiva

Está apareciendo otro fenómeno sociopolítico polarizante en nuestra sociedad que, de seguro, tomará ribetes dramáticos en el nuevo escenario político-constitucional del país: los próximos poderes Legislativo y Ejecutivo. Se trata del déficit fiscal que ya está ardiendo en el parlamento que va saliendo.

De un lado de esa nueva polarización en desarrollo, la del déficit fiscal, tenemos (entre otros actores), a operadores políticos de altísimo nivel ya “infiltrados” en las dos candidaturas presidenciales finalistas; operadores políticos que responden a los no menos altísimos intereses del gran corporativismo financiero-empresarial del país y sus referentes transnacionales que les acuerpan.

Con base en los dictados de la policía financiera global, las calificadoras de riesgo (Standard & Poor’s, Moody’s y Fitch Ratings), ya fueron establecidas las medidas macroeconómicas de política fiscal, sin importar cuál de los dos señores Alvarado llegue a administrar el próximo Poder Ejecutivo.

Adicionalmente, este frente de la nueva polarización en perspectiva tiene a su haber dos grandes fortalezas: la venidera Asamblea Legislativa que casi en su totalidad manejaría a su antojo; y, varios de los latifundios mediáticos y sus subsidiarias (como las del histerismo radiofónico), siempre eficientes en la intoxicación de la opinión pública metiéndole una única visión del problema, en detrimento de su contracara.

En este frente ya muy claramente perfilado, resurgen con potencia los postulados principales del viejo Consenso de Washington que en Costa Rica no habían terminado imponerse del todo; envalentonados ahora con la posibilidad de reposicionarse como ejes fundamentales de la política pública de corto plazo, para terminar la tarea pendiente de barrer con toda aquella parte de la institucionalidad pública destinada a propiciar el bien común, así como la tarea de la integridad y la movilidad sociales; pero, y debemos reconocerlo, una institucionalidad pública bastante golpeada por la corrupción, el tráfico de influencias, los salariazos, el clientelismo, la ineficiencia y la ineficacia, así como la precarización presupuestaria.

El otro frente que se ve perfilar es de las distintas expresiones organizativas del civismo y del patriotismo que se sienten herederas de la ya muy golpeada institucionalidad otrora diseñada para la integración y la igualdad sociales; frente que ya había mostrado sus potencialidades en episodios de altísima intensidad de lucha social confrontativa en fechas contemporáneas, como lo fueron los procesos combo ICE y No al TLC.

A partir del 2007, en este frente reinó la desarticulación más que contraproducente, pues no hubo perspectiva integradora con visión estratégica; dando pie a la entronización del feudalismo gremial e intersectorial, sin que nadie se percatara de que otra articulación, paulatina y silenciosa, se estaba armando para desafiar al orden establecido en su propia institucionalidad republicana de corte electoral.
La reedición por estos días de un nuevo esfuerzo de articulación intersindical (aunque con destacadas presencias de liderazgos todavía vigentes de la época del combo y del No al TLC, más algunos de nuevo cuños posteriores al del 2007) podría representar un estímulo vivificador y una posibilidad de reacomodo, tal vez estratégico, del campo de lo popular-organizativo; para que, al menos, el reinado del lucro per se en el seno de toda política pública, no se instale de manera definitiva como ha sido su pretensión en estos casi 30 años de pugna entre dos visiones de desarrollo encontradas y confrontadas en varias coyunturas, mediando una amplia diversidad de escenarios conflictuados entre ambas.

Llegado a este punto, la lógica de una sociedad que quiera apostar a una convivencia realmente democrática debería comprender de cuánto es la urgencia del diálogo político y social; considerando que lo que está en juego es quién se queda incluido y quién se queda fuera de la repartición de los beneficios del crecimiento económico.

Los que ya se sienten incluidos en la repartición de esos beneficios, ahora ven su oportunidad de oro para hacer irreversible tal inclusión; pues si bien dejaron de funcionar sus fórmulas político-partidistas tradicionales que les posibilitaron su propia inclusión, rápidamente se han camuflado por medio de una mágica conversión religiosa que les ofrece, en principio, riesgo cero de que tal inclusión se vulnere.

A los amplios sectores que todavía resisten caer en el abismo de la exclusión total de los beneficios del crecimiento económico (aunque algunos de ellos todavía apostando a una posibilidad electoral no muy segura y con problemas de desacreditación) no les queda más remedio que articularse entre sí para potenciarse y presentar de tal forma un fuerte valladar a una serie de medidas, especialmente de corte legislativo en el nuevo parlamento, que pretenden dejarles sin nada más que las migajas del enorme pastel del crecimiento económico, cuyos pedazos más grandes siguen siendo apropiados por menos bocas en la Costa Rica de las desigualdades ya en pleno desarrollo.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General, Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

Segunda ronda: ¿elección o designación?

¡Contra la pared! La policía financiera del planeta está al acecho. Las todopoderosas calificadoras de riesgo al servicio de los procesos globales de acumulación de capital y potenciadoras del más espantoso proceso de concentración de la riqueza jamás visto en la historia de la Humanidad, le dieron al país un ultimátum: ¡corrijan ya su déficit fiscal pues tienen los días contados! Si no lo hacen ya, le diremos al mundo que Costa Rica es mala paga; que Costa Rica no puede pagar su gigantesca deuda pública; que Costa Rica no es un destino seguro para la inversión; que Costa Rica está cerca de que sus bonos sean catalogados como basura.

El hostigamiento de la troika de las calificadoras de riesgo en contra del país (Moody’s, Fitch Ratings y Standard & Poor’s), provocó en los últimos días un alineamiento político-estratégico de nuestra clase gobernante, a favor de la derecha del capital neoliberal, al envalentonarse ésta con el resultado electoral de primera ronda, según las votaciones presidenciales y legislativas del pasado domingo 4 de febrero.

Efectivamente, los “nuevos” partidos políticos de la era de la globalización neoliberal, los consorcios mediáticos ideológicamente matriculados con la tesis de “todo mercado-nada Estado”, realizaron un fuerte proceso de incidencia e impusieron un “Acuerdo por la responsabilidad fiscal y el fortalecimiento de las finanzas públicas”, firmado y legitimado por los dos señores Alvarado, de tal suerte que no importará quién gane en segunda ronda, puesto que en materia de política económico-fiscal la cancha les quedó marcada.

El “Acuerdo por la responsabilidad fiscal y el fortalecimiento de las finanzas públicas”, potencia fuertemente que la estructura tributaria del país siga siendo perversamente regresiva; es decir, que sigan pagando impuestos los que, proporcionalmente hablando, tienen menos: los que no roban impuestos, los que no pueden acumular, los que están altamente endeudados con salarios muy comprometidos y/o precarizados, los que no tienen ni exenciones ni exoneraciones, los que se han venido empobreciendo, los que no contrabandean ni subfacturan, las micro-pequeñas y medianas empresas… Hablamos de la clase trabajadora, los sectores medios, los sectores empobrecidos y los sectores que están viajando hacia la pobreza. En términos generales y, para empezar, a los de abajo nos sacarán de nuestros estresados bolsillos, unos 700 mil millones de colones, casi 2 puntos de Producto Interno Bruto (PIB).

En ruta hacia su extinción, los principales partidos políticos responsables del gigantesco déficit fiscal y del no menos gigantesco inmanejable e impagable endeudamiento público, Liberación y Unidad, aprovechan el terremoto político del pasado domingo 4 de febrero, para transmutarse y asumir una conducción hegemónica tácita, macroeconómica y fiscalmente hablando, en el nuevo gobierno que entrará en funciones el próximo 8 de mayo, sin importar cuál de los dos Alvarado sea electo el venidero domingo 1 de abril… ¿Electo?… ¿No será más bien designado?…

Los señores Alvarado se han matriculado con un ajuste fiscal por el lado de los de abajo, esencialmente: a) transformar el impuesto de ventas en impuesto al valor agregado (IVA), mismo que en el debate parlamentario de estos próximos días puede subir del 13 al 15%; b) avalar una regla fiscal draconiana y extremista con recortes presupuestarios en los cuatro años venideros de tal calibre que perfila un abrupto despido masivo de empleados públicos de hasta unos 60 mil; c) iniciar el camino para las reducciones salariales sustanciales en el empleo público, golpeando inicialmente al sector profesional del mismo (sentenciando a su extinción la dedicación exclusiva, y considerar la eliminación legal del pago de prohibición); d) abriendo paso a mociones para poner impuesto a las cesantías superiores a los ocho años, o bajarlas todas a 8; etc., etc.

La tesis ideológicamente de fondo es homologar hacia abajo la estructura salarial del sector público para llevarla a la que existe en el sector privado en materia de salario mínimo.

El apocalipsis fiscal que se nos ha anunciado a raíz de que se espera que el déficit fiscal llegue al terminar el presente año 2018, a un 7.1% y a, prácticamente a un 8% al finalizar el 2019.

Desde nuestra propia perspectiva sindical (que no es la única), sería absolutamente irresponsable y aventurero negar la gravedad del problema.

La lógica hegemónica dominante del capital neoliberal a nivel planetario castiga severamente a los pueblos que son sometidos a la irresponsabilidad de sus respectivos gobiernos, cuando por favorecer a sus propias clases gobernantes concentradoras de riqueza, dejan que se den esos déficits fiscales estratosféricos porque nunca quisieron hacer sus respectivos sistemas tributarios realmente justos y equitativos.

Ilusamente creemos que debería ser vía diálogo político-social atender ese grave problema del déficit fiscal. Los números electorales no necesariamente reflejan las profundas cuestiones que están presentes en materia de desigualdad, de exclusión, de integración sociales y del desafío del restablecimiento del bien común como eje central de toda política pública.

Los viejos partidos políticos del desprestigiado PLUSC y sus nuevos operadores políticos se han decidido por la vía rápida del trámite parlamentario para pasarle una aplanadora al pueblo trabajador. No le queda más a éste que ejercitar su legítimo derecho a defenderse.

Ojalá las organizaciones que decimos representarle, estemos a la altura del crucial desafío que ya tenemos encima.

El IVA para “los de abajo”… y para “los de arriba”, ¿qué?

La aplanadora parlamentaria que se ha conformado en estos días, preludio de lo que podrá ser la próxima (a partir del 1 de mayo), está decidiendo pasarle la factura por el grave problema nacional del déficit fiscal a quien no tiene la más mínima responsabilidad por tal razón: el pueblo trabajador.

Con la herramienta legislativa de la vía rápida, impuesta tramposamente, impulsan ya el expediente legislativo No. 20.580, denominado “Ley del fortalecimiento de las finanzas públicas”, conteniendo este un agravamiento de la injusta estructura tributaria del país, al darle mayor peso a su carácter regresivo, con la transformación del actual impuesto sobre las ventas en impuesto al valor agregado (IVA), no descartándose que este quede en un 15% (o hasta en un 16%), modificando su cifra actual del 13%.

Si esto se convierte en ley, más las primeras reducciones-rebajas salariales para el empleo público que tal proyecto contempla, nosotros estamos convencidos de que se ha de profundizar la desigualdad, se ampliará la concentración de la riqueza y se contraerá la economía, pues habrá menos plata en el bolsillo de la gente. La esencia del ajuste fiscal en perspectiva y en el marco de ese proyecto de ley, es para que la mayor carga le toque a “los de abajo”.

El IVA representa todo lo contrario de lo que debe hacerse cuando se trata de enfrentar, con justicia y seriedad, ese tema del déficit fiscal, pues todo el mundo sabe que este es el más injusto de todos los impuestos, dado que se debe honrar sin discriminar capacidad de ingreso de las personas. Y el cuento de la devolución para los sectores más pobres de la sociedad que lo tienen que pagar es tan solo eso, un cuento.

Por el contrario, el ajuste fiscal que demanda un país con tanta desigualdad como el nuestro, para preservar sus logros en materia social, es aquel que debe abordar con seriedad y valentía la cuestión de la progresividad tributaria; es decir, por el lado de “los de arriba”.

Según la Comisión Económica para la América Latina y el Caribe (Cepal), dependencia especializada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la alta concentración del ingreso en América Latina está fuertemente relacionada con la poca progresividad de sus políticas fiscales y sociales, especialmente en comparación con los países desarrollados. Costa Rica no escapa a esta injusta realidad.

Lo anterior lo hemos leído en importantes documentos de los últimos años, siendo el más reciente “La política fiscal en Costa Rica y sus márgenes de acción”, del economista e investigador costarricense, don Miguel Gutiérrez-Saxe.

En el apartado de este trabajo, “Cargas tributarias: mitos y realidades”, nos encontramos esta conclusión: “Lo cierto es que la carga tributaria del país es baja y no guarda relación con el progreso social alcanzado y con el bienestar prometido por la legislación y la propia Constitución Política costarricense”.

¿Cómo no expresar una rotunda oposición a ese IVA contenido en el expediente legislativo 20.580, cuando Costa Rica tiene una carga tributaria con relación al PIB de las más bajas de la América Latina? Y lo que es peor, en el 2008 estaba en 15%, y ya para el 2016 había descendido al 13,3%.

Por supuesto que esta realidad no les importa para nada a los 39 legisladores que impusieron la vía rápida parlamentaria para aprobar ese expediente 20.580. Y, como es lógico suponer, a las vocerías mediáticas dominantes (los nuevos partidos políticos del capital), esta realidad les importa un bledo; al tener este tipo de prensa como idea fija y maniquea, el ataque a mansalva a los salarios del empleo público, mismos que, por ciento, empiezan el camino de su reducción con ese proyecto fiscal regresivo.

No es posible enfrentar con solidez el problema actual del déficit fiscal sin entrarle, de raíz, a la transformación de la estructura tributaria actual del país: exenciones-exoneraciones, evasión, elusión, rentas de capital, renta global, renta mundial, contrabando, subfacturación y similares. Esto sí sería hacer justicia empezando primero por los “los de arriba”.

Esta realidad de tanta injusticia tributaria y su agravamiento para perjudicar más a “los de abajo”, en beneficio directo de “los de arriba” es un eje central de lucha de los sindicatos globales, como la Internacional de Servicios Públicos (ISP), corriente obrero-social mundial de los servicios públicos en la cual militamos.

Su programa de acción 2018-2022, “El pueblo por encima del lucro”, en su apartado 4, “Una economía mundial justa”, nos señala lo siguiente:

4.3.1- La ISP condena todas las formas de elusión y evasión fiscal empresarial, ya que constituyen un robo del dinero de los/as trabajadores/as, que debería financiar legítimamente los servicios públicos y el desarrollo económico, aliviar la pobreza y permitir al Estado que cumpla sus obligaciones en materia de derechos humanos. Los impuestos justos también permiten la redistribución de la riqueza y financian una infraestructura económica fundamental. Un sistema impositivo justo, progresivo, neutral en cuanto al género y transparente es el mecanismo mediante el cual se utiliza la riqueza para beneficiar a la población.

4.3.3 La elusión fiscal de las empresas traslada la carga de los impuestos del capital a la mano de obra y deja sin recursos a los servicios públicos vitales. Los efectos son especialmente perjudiciales para las mujeres y otros grupos que dependen desproporcionadamente de los servicios públicos y para los países en desarrollo, que dependen de los ingresos procedentes de impuestos para el desarrollo y aliviar la pobreza. La elusión fiscal priva a nuestros hijos de educación, a las familias de atención sanitaria, a las personas jóvenes de empleo y a nuestras comunidades de seguridad. La ISP considera que la elusión fiscal debería ser ilegal.

El reto es definir qué hacemos ahora, “los de abajo” de Costa Rica, para defendernos.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General de ANEP