Categoría: Opinión

Información suministrada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) nos anuncia el cierre del año 2017 con un posible incremento en la cantidad de homicidios registrados, en comparación con los últimos dos años.

El lamentable anuncio hecho por las autoridades judiciales presupone un tercer año con pandemia por homicidios, según lo establece Organización Mundial de la Salud (OMS).

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) un país es considerado con un nivel de pandemia cuando la cifra de homicidios supera la cantidad de 10 personas asesinadas por cada 100 mil habitantes.

En Costa Rica, tristemente estas cifras fueron superadas en los años 2015 y 2016 con 558 homicidios y 577, respectivamente. Según la proyección realizada por el OIJ, el 2017 podría cerrar con la preocupante cifra de 600 homicidios dolosos.

Dada la realidad en nuestro país, es posible pensar que dicha cifra podría ser superada. Los medios de comunicación y las autoridades informan de homicidios dobles, triples, e inclusive con mayor cantidad de víctimas en una misma escena del crimen. Cada vez se observa una connotación de mayor violencia, con técnicas de ejecución empleadas sumamente similares al estilo de los más peligrosos carteles de la droga. Cadáveres decapitados, mensajes en los cuerpos y otras atrocidades.

La situación es realmente alarmante, es por ello que no puedo dejar de señalar que mediante escritos publicados hace varios años en la sección de Opinión del Diario Extra advertí que dejábamos de ser país de paso para convertirnos en bodega del narcotráfico. En aquellos años me desempeñaba como oficial de la Fuerza Pública en la Zona Sur; la experticia policial, los constantes movimientos de drogas que se daban en el sector y las reiteradas alertas de trasiegos procedentes de Paso Canoas, me permitían hacer el análisis y la advertencia. ¡Nadie le dio importancia al tema! Ahora vemos las consecuencias.

Los gobiernos de turno parecieran darse por satisfechos con la incautación de drogas, cuando esa “cuota” es posiblemente la que utilizan los carteles para distraer a la policía y trasegar con tranquilidad, una cantidad mayor.

Usualmente vemos caer a los “burros”, la mayoría de las veces por que los “cantan”, pueden ser sus rivales, un infiltrado de la DEA o la misma organización, como parte de su estrategia de distracción.

Muy a pesar de la tasa creciente de homicidios, aún nuestro país carece de una política de contención contra los hechos ilícitos, al menos contra los referentes del tráfico ilegal de estupefacientes y por el contrario acepta en su programación habitual circunstancias que pueden empeorar la situación.

“El señor de los cielos” Una narco-novela que transmite el canal de la Sabana, que nos muestra una situación que bien podría estar sucediendo en nuestro país; me refiero a la riesgosa infiltración del narcotráfico en todas las esferas de la sociedad. ¡Alerta! Por otro lado, promueven lo que se denomina el aprendizaje de modelos negativos, es decir, los malos ejemplos donde se idealiza como un gran “líder” a una persona dedicada a trasgredir las normas jurídicas.

En torno a la creciente situación de inseguridad han surgido hipótesis que indican que hacen falta más policías, se solicita más dinero para atender la seguridad ciudadana. Sin embargo, considero que no es más seguro el país que más policías tiene, sino el que produce menos delincuentes. Son necesarias políticas públicas, oportunidades, y transparencia en el ejercicio de los cargos en la función pública.

¿Cuántos policías tenemos entre los distintos cuerpos policiales? ¿Cuánto se está invirtiendo en seguridad? Si cuantificamos el presupuesto de la República, le agregamos el presupuesto de la Policía Judicial y sumamos las donaciones que recibe nuestro país podremos ver que es una suma nada despreciable, por ejemplo: La Unión Europea entregó al Gobierno de Costa Rica un total de €13 millones, el equivalente a unos ¢7.630 millones, el Gobierno de la República Popular China, también donó la nada despreciable suma de cinco millones de dólares ($5.000.000).

La situación actual nos lleva a encender las luces de emergencia, no es momento de tener miedo, es hora de que asumamos la defensa del legado que nos heredaron nuestros abuelos.

En nuestra visión de la Costa Rica actual, detectamos la persistencia de tres grandes problemas que están repercutiendo, desde hace bastante tiempo ya, en nuestra calidad de vida e, incluso, en la misma institucionalidad democrática del país:

1) La violencia en todas sus manifestaciones (intrafamiliar, doméstica delincuencial, económica, física, etc.); 2) la corrupción en sus diversas manifestaciones y modalidades, pública y privada, con ropaje legal o sin él; y 3) la penetración del narcotráfico y del crimen organizado en el tejido social, tanto por la parte de arriba como la de abajo de la estructura social. El orden anterior es arbitrario pues la importancia es la misma en los tres casos.

A pesar de la gravedad de estos problemas que, dolorosamente, nos están venciendo, creemos que hay uno todavía más rudo y que, de un modo u otro, alimenta y nutre para su reproducción cotidiana a los tres ya mencionados: es el crecimiento de la desigualdad en nuestra sociedad.

Nuevamente, se nos señala con el dedo por parte de entidades internacionales que hacen notar que Costa Rica es, en estos momentos, la sociedad latinoamericana en la cual crece más la desigualdad, especialmente la referida a la brecha entre el ingreso que reciben los hogares más ricos con relación al ingreso que reciben los hogares más pobres.

Evidentemente, este es una de las dos caras fundamentales de la “moneda de la desigualdad”. La otra, es la concentración de la riqueza que, con más fuerza señala, la perversidad de un sistema económico todavía hegemónico que propicia la exclusión, no la inclusión social. Pero este es otro tema.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), llama la atención sobre el crecimiento de la desigualdad de ingreso en los hogares ticos entre los años 2002 y 2014. Igualmente, lo hace la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en su informe “Panorama Social de América latina”, del 2015.

Según el informe de febrero de 2016 de la OCDE sobre el caso costarricense, el país ajusta casi 20 años de crecimiento sostenido de la desigualdad, mientras que otras naciones latinoamericanas han logrado reducciones significativas de la desigualdad y de la pobreza.

A juicio de la CEPAL, esos países hermanos latinoamericanos que han reducido en niveles importantes tanto la desigualdad como la pobreza, es porque han adoptado decisiones fuertes y eficaces de política pública en materia de mejora sustancial en los niveles de salarios mínimos, en la reducción fuerte de la informalidad al crearse más empleos estables y ampliación de la cobertura contributiva de la seguridad social.

Así lo explica el Programa Estado de la Nación (PEN) que lanza, año con año, un informe diagnóstico de cómo estamos como país en diversos órdenes.

En tal sentido conviene detenerse un poco en el papel de la política salarial como factor que puede potenciar un ataque sostenido al crecimiento de la desigualdad.

Por un lado, debe procederse a una revisión estratégica del actual nivel de los salarios mínimos en nuestro país, al relacionarlo con el altísimo costo de la vida. Efectivamente, ya no solamente somos el país latinoamericano donde crece más la desigualdad, sino uno de los más caros (sino el más) para vivir. En este sentido, el de la revisión estratégica del real poder de compra del salario mínimo en un país tan caro como el nuestro es un tema pendiente pero ya hay propuesta para abrir la discusión.

Por el otro lado, el del sector público, la desigualdad de ingresos entre los hogares de las familias asalariadas, nos muestra dos ámbitos. Por un lado, grandes zonas laborales del Gobierno Central con precariedad salarial crónica y en proceso de empobrecimiento; al contrario de lo que pasa en los estamentos de la alta cúpula político-tecnocrática gerencial del Estado en ciertas instituciones públicas fuera del Gobierno Central.

¡Qué interesante pudiera ser contrastar, por un lado, los contenidos del proyecto de ley tendiente a elevar, paulatinamente, el salario mínimo en el sector privado, propuesta del Partido Frente Amplio); y, por otro, los contenidos de una reciente iniciativa de ley para regular los abusivos salarios en la alta cúpula político-tecnocrática y gerencial del Estado! En este caso, el proyecto del actual diputado del partido Unidad, don Gerardo Vargas Rojas.

Lamentablemente, la campaña electoral nacional ya en desarrollo, tanto la presidencial como la diputadil, no incluirá el tema del crecimiento de la desigualdad en nuestro país con la contundencia que requiere atajarlo. Las honrosas excepciones que podrían plantearlo tendrán enormes dificultades de acceso a los más amplios conglomerados ciudadanos.

Es real que la contención en el crecimiento de la desigualdad y la reversión estratégica de la misma pasa, necesariamente, por cuestionamientos severos al modelo actual imperante en el país en lo que atañe a la distribución de los beneficios del crecimiento económico.

Las buenas intenciones de política pública en materia de atacar la desigualdad en los sectores más vulnerables, iniciativas que las ha habido en el paso y que están impulsándose en la actual administración, son ocasionales, son de corto plazo, cambian de una administración a otra y, ahora, están en riesgo por el problema fiscal y su corolario de liquidez en las arcas centrales del Estado.

Cuando los políticos deshonran su firma, las consecuencias son graves para toda la sociedad. La huelga de los empleados y de las empleadas judiciales, con un impresionante y abrumador respaldo, llega hoy, miércoles 26 de julio de 2017, a su octavo día.

Nosotros lamentamos las consecuencias dolorosas derivadas de este movimiento huelguístico, inédito en toda la historia republicana del Poder Judicial de Costa Rica.

Sin embargo, la culpa no es ni del personal judicial en huelga, como tampoco lo es de los diversos gremios y sindicatos que le representan.

La huelga estalla cuando se deshonró, en sede legislativa, un acuerdo político establecido entre diputados y diputadas de diversas fracciones con el cuerpo gremial del Poder Judicial, para introducirle reformas al sistema de pensiones de este conglomerado laboral, a partir de un proyecto elaborado por sus mismas representaciones sindicales. Si eso se hubiese respetado, se habría garantizado un proceso diáfano y sólido, de diálogo social y de negociación efectiva.

La ruptura de tal acuerdo y su corolario le dio fuerza moral y ética al movimiento del personal judicial costarricense. A la propuesta de los gremios se le dio una especie de “golpe de Estado” para imponer otra generada con las visiones neoliberales de la Superintendencia de Pensiones (Supen), apalancada, según se dice, por un estudio de la Universidad de Costa Rica (UCR), mismo que, al parecer, ha sido manipulado de cara a la opinión pública.

La reacción laboral de los y de las judiciales no podía ser otra, puesto que sus dirigentes se esmeraron en demasía por presentar un proyecto que no tendría que depender de las golpeadas finanzas del Estado central, pues ellos mismos estarían sufragando sus propias pensiones.

Además, el proyecto de los gremios y sindicatos judiciales acaba con las denominadas pensiones de lujo que han imperado en este poder de la República.
Nos informa don José Eduardo Cartín Elizondo, funcionario judicial en la Sección de Química Analítica del Poder Judicial, que se ha esparcido, malintencionadamente, el erróneo criterio de que el “Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial está quebrado según los resultados del informe actuarial de la Universidad de Costa Rica”.

Por el contrario, dice don José Eduardo que ello es ¡falso!: “La Universidad de Costa Rica lo que dice en su informe sobre el estudio actuarial y del análisis que se hace, plantea tres posibles escenarios donde el más pesimista indica que si en este momento no se hacen reformas en 100 años se puede tener un déficit de 5.3 billones. El Fondo de Pensiones del Poder Judicial en la actualidad tiene en sus arcas más de 500 mil millones de colones y las 3000 jubilaciones y pensiones se pagan con los aportes de los trabajadores y los rendimientos de las inversiones del mismo fondo”.

Por otra parte, el criterio, también maliciosamente esparcido, de que “las jubilaciones y pensiones del Poder Judicial son de lujo para sus funcionarios y funcionarias”, también es ¡falso! El dato que al respecto nos da el mencionado funcionario judicial acota lo siguiente: “Aproximadamente 46 exfuncionarios de alto rango… y algunos puestos que fueron de alta jerarquía, tienen una jubilación o pensión de más de cinco millones, siendo la más alta la que ostenta la viuda de un exmagistrado de más de diez millones. La mayoría de los jubilados tienen jubilaciones y pensiones que oscilan entre los 500 mil a millón y medio de colones y un muy pequeño porcentaje pasa de ese intervalo”.

Las citas anteriores son extraídas de un artículo que escribió don José Eduardo Cartín Elizondo, titulado“Mitos en Redes Sociales sobre el Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial”, fácilmente localizable en la internet.

Mientras el país se va hundiendo en una creciente crisis fiscal que amenaza con un descalabro similar al ocurrido en países como Portugal y como Grecia, ciertos diputados se enfrascan en una discusión sobre un sistema de pensiones específico, como el de los y de las judiciales, que nada tendría que ver con el descalabro, ya en perspectiva de corto plazo, de las finanzas centrales del Estado, según lo expresa la tesis del proyecto gremial objeto de un acuerdo político-legislativo ahora deshonrado y causa fundamental de esta huelga, polémica e histórica.

Ese ímpetu diputadil es preocuparse por el futuro de las pensiones judiciales, es el que hace falta para pasar leyes tributarias de corte progresivo que nos eviten caer al precipicio de una quiebra en las finanzas centrales del Estado con riesgo incluso de que, en el corto plazo, no haya plata para pagar ni sueldos ni aguinaldos.

Más allá, repetimos, de las consecuencias dolorosas de esta huelga, que nos conmueven profundamente, se debe reparar en su génesis y cómo la deshonra de un acuerdo político-legislativo no es más que certificar el ensanchamiento creciente de la distancia entre gobernantes y gobernados.

Se cumple hoy, 25 de julio de 2017, el 193 aniversario de la Anexión del Partido de Nicoya a Costa Rica, la anexión del pueblo de Guanacaste a nuestra querida Patria.
“¡Uy, uy, uy!
El 25 celebramos orgullosos la Anexión
en medio de la pobreza que vive esa región.
Una zona donde reinan los complejos hoteleros
que se encuentran en poder de empresarios extranjeros,
donde el agua y la tierra dos recursos esenciales,
están siendo apropiados por los grandes capitales,
donde muchas playas que antes eran de los ticos
han quedado reservadas para el uso de los ricos.
No se puede ingresar a esas áreas libremente,
porque eso está prohibido para el grueso de la gente.
Si queremos celebrar una verdadera anexión,
tenemos que cambiar esa grave situación,
que la plata que genera toda esa inversión,
sirva para mejorar la vida del a población… ¡uy, uy, uy!”.
Nuestro compañero de causa, Wálter Quesada Fernández, reconocido líder sindical y luchador social, promotor de los mejores valores de la cultura popular costarricense y sumamente creativo en esto de las rimas y las retahílas, es el autor de la composición que en tal sentido les acabamos de transcribir.

Notarán ustedes que nuestro compañero Wálter pone un dedo en la llaga denunciando situaciones que todos sabemos que existen en la zona guanacasteca, una en la cual se expresan con más crueldad el problema de la desigualdad en nuestro país.

¿Y cómo no vamos a estar de fiesta por partida doble si hoy, 25 de julio de 2017, entra a regir la Reforma Procesal Laboral (RPL), ley de la República No. 9343, tras intensa lucha de 17 años continuos, 1998-2015?

Durante todo ese tiempo y desde el ámbito sindical, fue la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) la organización que nunca claudicó en la promoción de esta histórica legislación obrero-social, manteniendo la vanguardia en todo momento y en todos los ámbitos sociopolíticos que se vieron involucrados, bajo la acertada conducción de don Mauricio Castro Méndez, prestigioso especialista en Derecho Laboral de consolidado respeto en las más diversos espacios políticos y laborales del país.

Tenemos en nuestro corazón y en nuestra mente, por siempre, a la persona antecesora que ANEP había designado para la tarea que luego continuaría don Mauricio; otro respetadísimo y prestigioso profesional en Derecho Laboral, el Lic. Mario Alberto Blanco Vado quien, trágicamente nos dejó el 21 de febrero del año 2000, a dos de haberse iniciado el proceso de la Reforma Procesal Laboral (RPL). A él le estamos honrando, también, en esta histórica fecha.

“Los cambios de la reforma laboral son ejecutables”. Este criterio no es de un sindicalista. ¡Todo lo contrario! Es de un ciudadano a quien no conocemos, don Manrique Blen, de la firma de consultoría empresarial Deloitte.

Un artículo que publican a este señor, inicia con la siguiente frase: “Este 25 de julio entrará en vigencia la Reforma Procesal Laboral y aunque puede existir un tono de alarma en la mayoría de las empresas costarricenses, lo cierto es que más que preocuparse, hay que ocuparse”.

¡Exacto! El empresariado responsable, los patronos que no basan la rentabilidad de sus negocios en la sobreexplotación laboral y que respetan plenamente la legislación obrero-social en materia de Derechos que le asisten a la clase trabajadora, no tienen de qué preocuparse por la entrada en vigencia de la RPL.

Por otra parte, tenemos mucho tiempo en decirlo. Pero desde las páginas de un medio, el cual está dirigido, por excelencia, al sector del alto corporativismo empresarial del país, se reconoce sin tapujos: “A partir del martes 25 de julio, las relaciones laborales entre empleados y patronos no volverán a ser iguales que antes”.

Y agrega este artículo: “Esa transformación será, quizás, la más significativa hecha en materia laboral desde la creación del propio Código”.

Nosotros afirmamos de manera categoría: no es “quizás”. ¡No! La Reforma Procesal Laboral (RPL) es la más significativa transformación del Código de Trabajo de Costa Rica, desde que esta fuera aprobado el 27 de agosto del año 1943. ¡Hace 74 años!

A pesar de lo que apuntan los indicados artículos, parece que, de manera oficial, “la procesión va a ir por otro lado”, en lo concerniente a la reacción empresarial ante la entrada en vigencia de la RPL.

Apuntamos lo anterior porque un día de estos una voz radiofónica le dio espacio amplio a un grupo empresarial, el cual se mostró histérico por la aplicación de la RPL, anunciándose una especie de cruzada jurídico-constitucional contra la nueva legislación.

Todo es cuestión de leer y analizar su opinión editorial de la edición que venimos comentando, de este domingo pasado día 23 de julio: “Por la amplitud y algunas imprecisiones de la nueva legislación, hay voces que claman por reformas o señalan supuestos vicios de inconstitucionalidad”.

Esperamos, en tal caso, que se cumpla aquel famoso refrán que indica que “por la víspera se saca el día”, considerando lo que le pasó a una legisladora que buscó torpedear la RPL en sede constitucional.

Sin duda alguna, la Reforma Procesal Laboral (RPL) es la gran conquista obrero-social de nuestro tiempo. Definitivamente, hoy 25 de julio de 2017, ¡es fiesta…! ¡Y por partida doble!

El pasado viernes 14 de julio al personal asalariado de la Universidad Técnica Nacional (UTN) no le fue depositado su salario como esperaban. Al parecer, el Ministerio de Hacienda no hizo la transferencia del caso en la fecha previamente anunciada en su calendario de pagos.

El salario de este cuerpo laboral estatal, como el salario del resto del personal de las universidades públicas, el salario del personal del Poder Judicial, las pensiones a cargo del presupuesto central del Estado, así como el salario del personal activo de todos los ministerios (incluido el de Educación), y de todas las instituciones adscritas a los mismos que dependen de las transferencias de Hacienda para pagar a sus respetivos grupos laborales… ¡ESTÁ EN PELIGRO!
Igualmente, los pagos a proveedores en sus múltiples modalidades por compras que hace el Estado central de una amplia gama de bienes y servicios estarían ya sufriendo retrasos o los presentará en futuro próximo.

No nos preocupa que nos tilden de irresponsables por plantear esta potencial circunstancia de quiebre social si no se arregla el grave problema de las finanzas públicas.

Somos conscientes de los gigantescos esfuerzos del señor Ministro de Hacienda y de su equipo político-tecnocrático de mayor confianza para que no ocurra algo así, jamás pensado pero que podría ocurrir: ir al cajero a retirar el salario y que éste no esté depositado según se anunció en el calendario de pago anual… Ni al día siguiente, ni al que sigue…

Nuestros informes indican que por estos días solamente había recursos fiscales disponibles para el pago de salarios. Que otros pagos del Estado no pudieron hacerse o que fueron postergados. Que los meses siguientes la situación podría agravarse hasta niveles insospechados.

Dos anuncios públicos formulados por el Gobierno en estos días nos confirman que la cosa fiscal está muy delicada. Por un lado, el Gobierno quiere que la Asamblea Legislativa le dé permiso, vía proyecto de ley, para ir a pedir plata prestada al extranjero.

La deuda que hay que honrar por plata que ya está comprometida con acreedores internos hace que el Gobierno necesite un billón doscientos mil millones de colones en el año 2018. ¡4 puntos de Producto Interno Bruto (PIB)! En cifras así: 1.200.000.000.000.00.

Para el presente año 2017 había que saldar deudas por una suma parecida, pero Hacienda “se la jugó”: renegoció la mitad de esa deuda, pero antes de que termine el año tiene que pagar la mitad: unos 576 mil millones de colones. ¿De dónde?… De seguro tendrá que subir las tasas de interés para conseguir que le presten para pagar parte de lo que le habían prestado…

Nuevamente, ante un escenario fiscal tan desesperante, el Gobierno insiste en sus proyectos de impuestos más imprescindibles según su visión del caótico estado actual de las finanzas públicas: aumentar el de ventas transformándolo en impuesto al valor agregado (IVA), pasándolo del 13 al 15% y más generalizado; y el de renta estableciendo dos nuevos conceptos: renta global o universal y renta mundial.

Un movimiento sindical responsable no puede eludir esta discusión. Desde el Sindicalismo Sociopolítico que defendemos y su expresión concreta en lo cotidiano, el Sindicalismo Ciudadano, nos encontramos alarmados ante datos fiscales objetivos (aunque susceptibles de interpretación política subjetiva con perspectiva de clase), que plantean la gravedad de superar la barrera de un endeudamiento PIB cercano al 60% en fechas próximas, o un déficit fiscal que supere los 7 puntos en tiempos que están a la vuelta de la esquina.

En el caso de la corriente sindical en la cual militamos, que luego de un intenso trabajo de gran laboriosidad de muchos meses de duración, logramos derrotar la tesis de que el déficit fiscal no se debe al salario que devengan las personas trabajadoras asalariadas del sector Público (hoy así reconocido por tirios y troyanos); nos compete conceptuar como la lucha social más grande de nuestro tiempo, esa que tiene que ver con la transformación tributaria estructural del sistema de impuestos que impera en Costa Rica; ese mismo que está en la base del principal problema nacional que nos agobia: la desigualdad y todas sus derivaciones de concentración de riqueza, congelamiento y alto endeudamiento salarial, violencia, inseguridad, precarización y exclusión. Atacar de raíz la perversidad que para el sistema democrático representan estos flagelos sociales implica aportar para el desarrollo, como apuntamos arriba, de la lucha social más grande de nuestro tiempo. Seguiremos con el tema…

En medio de disturbios jamás vistos para este tipo de reuniones, los pasados días 7 y 8 del presente mes de julio tuvo lugar la decimosegunda reunión del grupo de países autodenominado G20, en la ciudad de Hamburgo, Alemania.

Al Grupo de los Veinte (G20) se le considera como el foro por excelencia para la definición de las principales líneas de altísima incidencia política en materia financiera y económica, en el marco del desarrollo de la globalización neoliberal actualmente en avance. Por lo general, a sus reuniones asisten las presidencias y/o jefaturas de Estado, así como las jerarquías máximas de los Ministerios de Hacienda y de los bancos centrales.

Juntas todas las economías de los países integrantes del G20, representan el 80% del Producto Interno Bruto (PIB) del planeta, 75 % del comercio mundial y casi un 66 % de la población de la Tierra. No hay duda de su peso político-estratégico y geoeconómico global para la definición del destino de nuestras propias vidas en países como el nuestro.

Actualmente, el G20 está compuesto por los países más industrializados del orbe, conocidos así mismo como el G7: Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Alemania, Japón, Italia y Canadá. A estos siete, se les suele agregar Rusia y pasan a llamarse G8. Se conceptúa a la Unión Europea (UE), en cuanto tal y se ajustan 9 países. Las otras 11 naciones para completar el G20, son aquellas “recientemente industrializadas” que están en varias partes del mundo: China, India, Corea del Sur, Australia, Indonesia, Arabia Saudita, Sudáfrica y Turquía. Más tres latinoamericanas: Brasil, Argentina y México.

Pero el objetivo central de este artículo estriba en que conozcamos de la existencia del L20 (Labour 20), que es la reunión de las principales corrientes sindicales internacionales que actúan coordinadamente a nivel planetario, para expresar una única voz obrera-global en el marco de la existencia de esa hegemonía mundial del G20; denunciando los efectos perversos de la globalización neoliberal, el crecimiento de la espantosa dramáticamente creciente desigualdad y los riesgos ecológicos para la sobrevivencia del planeta mismo que implica el cambio climático y la depredación extractivista desenfrenada, incluyendo las guerras y los conflictos regionales más la amenaza de la devastación nuclear.

Esta enorme lucha para incidir desde un plano obrero-social en las políticas del G20 tiene a la cabeza a la Confederación Sindical Internacional (CSI), con su contraparte en nuestro continente, la Confederación de Trabajadores y de Trabajadoras de las Américas (CSA).

Igualmente, interactúa en este difícil proceso lo que se conoce en idioma inglés como el Trade Union Advisory Committee (TUAC), que es la Comisión Sindical Consultiva ante la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, ente al cual Costa Rica aspira a ingresar.

Un tercer cuerpo de incidencia sindical está conformado por lo que se conoce como Global Unions, los Sindicatos Globales, dentro de los cuales está la Internacional de Servicios Públicos (ISP).

En Costa Rica, tanto la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), como la Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP), así como el Colectivo Sindical Patria Justa, integramos esta corriente mundial de agrupaciones socio-obreras para la más alta incidencia sindical global; no solamente busca actuar ante ese foro planetario del G20, sino ante otras entidades como las instituciones financieras internacionales (IFI’s).

¿Adónde queremos llegar con esta larga explicación? Queremos divulgar al máximo dos documentos trascendentales de propuesta sindical global, ¡sí!, propuesta sindical global dado que no solamente hay una lucha intensa en el seno del movimiento obrero internacional en contra de la globalización neoliberal; sino que desde hace bastante tiempo ya, se muestra una poderosa corriente sindical global que propone alternativas de desarrollo incluyente y alternativo que no solamente impone la justicia y la equidad reales, sino que potencia una estrategia integral para la salvación del planeta mismo.

Con ocasión de la decimosegunda cumbre del G20, el Grupo Laboral L20 lanzó dos extraordinarios documentos que, en lo sucesivo y por medio de esta columna, hemos de comentar.

Propiamente en el marco de la cumbre misma, el L20 emitió su declaración “Nuevas reglas para una economía mundial más justa”, proponiendo once nuevas líneas de política pública a favor del 99 % de la población del planeta que no está participando en una justa repartición de la riqueza:

Un estímulo fiscal para salir de la trampa de bajo crecimiento y emprender una transición justa hacia una economía baja en carbono y digitalizada.

Situar el empleo y salarios de calidad en el centro de las acciones del G20 para hacer frente a las crecientes desigualdades.

Salvar la brecha de género respecto a salarios y empleo.

Establecer normas para una conducta empresarial responsable, imponiendo la debida diligencia respecto a los derechos humanos en las cadenas mundiales de suministro.

Incrementar la transparencia fiscal.

Una respuesta conjunta a los grandes movimientos de refugiados y la integración de migrantes.

Hacer realidad los compromisos sobre el cambio climático.

Alinear las políticas del G20 con la Agenda 2030.

Garantizar una distribución justa de los beneficios derivados del cambio tecnológico.

Apoyar el empleo juvenil y el desarrollo de competencias.

Integrar el diálogo social y garantizar la coherencia de las políticas dentro del G20.

Cada una de estas propuestas del L20 tiene sus propios contenidos en su propuesta de “Nuevas reglas para una economía mundial más justa” que es recomendable estudiar para quienes reivindicamos el concepto de Sindicalismo Sociopolítico. Lo más sorprendente de esta propuesta del sindicalismo global L20, es que se puede concatenar con esfuerzos nacionales obrero-sociales y sindicales de propuesta alternativa que a nivel de Costa Rica hace tiempo la corriente sindical en la cual militamos viene trabajando.

El otro documento del L20, emitido con ocasión de la mencionada cumbre tormentosa del G20, es conocido como “Declaración del Grupo Laboral L20 a la reunión de los ministros de Trabajo y Empleo del G20”; reunión sindical que tuviera lugar en la comunidad de Bad Neuenahr, Alemania, los días 18 y 19 de mayo anterior. Merece un comentario adicional en próxima entrega.

Ambos documentos, “Nuevas reglas para una economía mundial más justa” y la “Declaración del Grupo Laboral L20 a la reunión de los ministros de Trabajo y Empleo del G20”, están localizables en esta dirección electrónica: www.anep.cr

Conclusión: ¡Pensamos! ¡Sí! La clase trabajadora sindical internacionalmente organizada tiene pensamiento propio. Los sindicatos globales articulados planetariamente, han venido construyendo una sólida plataforma propositiva al criminal neoliberalismo. Nos sentimos orgullosos de estar involucrados en esos movimientos obrero-sociales globales y de representar en Costa Rica un fuerte referente de los mismos con nuestras propias propuestas-país.

Nuevas Reglas Para Una Economía Mundial Más Justa -G 20 – L 20-1-2017 by EugenioGuerrero on Scribd

Declaración Del Grupo Laboral L 20 1-2017-G 20 – L 20 by EugenioGuerrero on Scribd

El próximo martes 25 de julio, precisamente el día en que los y las costarricenses celebraremos el aniversario No. 93 de la Anexión del Partido de Nicoya-Guanacaste a nuestro país, que ocurriera en 1824; otro gigante acontecimiento marcará el desarrollo sociohistórico y económico del país de ahora en adelante, desde el ámbito de las relaciones entre los dos factores fundamentales de la producción: el capital y el trabajo.

Hablamos de la entrada en vigencia de la Ley de la República No. 9343, la ley de la Reforma Procesal Laboral (RPL); circunstancia ésta que podríamos catalogar como el evento obrero de carácter jurídico más importante de la historia del país, desde que en el año 1943 del siglo pasado naciera a la vida el Código de Trabajo, hace ya 74 años.

Efectivamente, la RPL es la modificación más amplia, más profunda, más extendida y más grande a la que dicho Código de Trabajo ha sido sometido.

En la organización sociopolítica de carácter sindical en la cual militamos, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), misma que invirtió 17 años continuos (1998-2015) de su agenda de trabajo de lucha obrera para que la RPL fuera toda una realidad, no encontramos las palabras ni las frases adecuadas para compartirle a usted la enorme satisfacción y alegría que tal acontecimiento nos genera. Vemos la entrada en vigencia de la RPL con perspectiva esperanzadora en dos grandes ámbitos.

El primero es el de la gran fuerza que adquirirá el diálogo social con negociación efectiva y con generación de, suscripción de y verificación de cumplimiento de acuerdos obrero-patronales, tanto en el plano colectivo como individual; mediando la intervención mediadora-conciliadora de nuevo tipo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). La RPL le permite al MTSS un nuevo rol de mayor peso protagónico para conciliar la desavenencia entre patronos y personas trabajadoras, tanto en el ámbito privado como el público.

Siempre fuimos del criterio de que en éstas épocas de globalización neoliberal y de ajuste estructural, en el cual han importado más las variables macroeconómicas-fiscalistas que las personas-seres humanos; al MTSS se le asignó un papel irrelevante en cuanto a posibilitar intervenciones más puntuales y de impacto para atenuar las consecuencias de la sobreexplotación obrera en aras de una competitividad entendida como precarización, como deshumanización y como fomento tácito e indirecto del trabajo indecente (al margen de y en violación flagrante de la más mínima legislación obrero-social y laboral).

Ahora, con la Reforma Procesal Laboral (RPL), el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) tendrá un papel de primerísimo nivel en el marco de las políticas públicas dirigidas a la inclusión social.

El otro ámbito transformador que generará la entrada en vigencia de la RPL tiene que ver con el desarrollo de la democracia misma; potenciando la inclusión social de quienes, de una forma u otra, habían siendo excluidos parcial o totalmente de los beneficios de la democracia en el plano de los derechos económico-sociales inherentes a cualquier legislación laboral de corte humanista y cristiano como lo es la costarricense.

La RPL hará posible que la defensa obrera ante la arbitrariedad patronal se ejerza en mejores condiciones jurídico-legales y con más herramientas al servicio del pueblo trabajador asalariado.

Violaciones comunes como no pagar el salario mínimo, pagar a medias o no del todo el aguinaldo, ejercer discriminación contra la persona trabajadora en los más diversos órdenes; o, la peor de todas éstas: castigar con el despido al trabajador por afiliarse a un sindicato, fundar uno o convertirse en representante-dirigente, son severamente castigadas por la RPL.

Con la entrada en vigencia de la RPL podemos afirmar que la democracia llegó a las empresas, por un lado; por otro, que el siguiente artículo de la máxima ley nacional, la Constitución Política, ahora sí que será letra viva y de vivencia cotidiana para las dos partes fundamentales del proceso de la producción: el capital y el trabajo. Veamos: “Artículo 60. Tanto los patronos como los trabajadores podrán sindicalizarse libremente, con el fin exclusivo de obtener y obtener y conservar beneficios económicos, sociales o profesionales”.

¡Exacto! Los patronos, “…con el fin exclusivo de obtener y obtener y conservar beneficios económicos, sociales o profesionales”, hace mucho tiempo que tienen sus propios sindicatos conocidos como cámaras (de Comercio, de Industrias, de Turismo, de Autobuseros, de Agricultura, etc.).

Ahora, con la RPL, los trabajadores y las trabajadoras, sin miedo alguno, sin miedo a perder el empleo también tienen un derecho real a sindicalizarse “…con el fin exclusivo de obtener y conservar beneficios económicos, sociales o profesionales”. La Reforma Procesal Laboral (RPL) plantea que el despido antisindical es completamente nulo. ¡Viva la democracia!

¿“Quiubo”? ¿Todo bien? ¡Ay qué dicha que hay campo! Mejor me vine a la parada terminal para agarrar campo y me voy sentado. ¡Igual yo! ¿Qué me cuenta? ¿Cómo estuvo la manifestación ayer? Algo, pero muy poco, vi en la tele. Yo no pude ver nada pero acabo de comprar la Extra. Esperate para ver si algo sacaron… ¡Aquí está! ¡Toda una página!

Pues, ¿qué le cuento? Fuimos un montón de la muni. Nos echamos una caminadota. Había gente de otras municipalidades. ¡Es cierto! Me enteré que de la Caja también hubo participantes y de otras partes.

Bueno, ¿y qué lograron? Porque viera que mis sobrinillos me hicieron caso y se fueron a hacer pelota. ¡Me “representaron”, como me dijo usted ayer! ¡Ja, ja! Pero venían “despijiados”. ¿Diay, por qué? Pues se fueron a la Caja, a la Avenida Segunda y se encontraron dos tarimas con gente gritando discursos. Como dos grupos uno contra el otro.

¡Mirá como lo pone la Extra!: “Juntos pero no revueltos”… Yo creo mucho en el sindicato de la muni, el que nos convocó a la manifestación. Yo me sentí pura vida defendiendo mis derechos.

Pero tiene usted razón. Se vio muy feo porque como todos somos afectados y la lucha es la misma, a uno le cuesta entender por qué no se ponen de acuerdo.
Pero, ¿qué pasó? ¿Qué lograron? ¡Mirá, estas luchas cuestan mucho! La directiva de la Caja está cerrada. Mantuvieron la rebaja del 1%. Ahora en este pago nos rebajan la mitad, 0,50%.

El otro 0,50% a partir de enero. ¡Bueno! Si pasara algo más grande la Caja echaría patrás. Eso me explicaron los dirigentes de mi sindicato ahí en la muni. A mí, sin entender mucho de sindicatos, me parece que se ocupa de un gran huelgón. Pero todos unidos…

Volvemos a lo que ayer comentamos. Yo en la empresa privada no puedo hacer nada. Ustedes, los del gobierno, ¡sí! ¡Manda la parada que no logren nada!

¡Bueno! Vieras qué montón de gente de las municipalidades había. Y también de otros sindicatos. Yo estoy muy contento porque las munis nos podemos unir más, si es que viene algo más grande.

¡Dios lo oiga! Porque dicen que también subirán la edad para pensionarse y que uno recibirá menos cuando se pensione. ¡Pues fíjese que sí! Según el sindicato, hasta los 70 años habría que bretear y uno se iría con el 40% del salario. ¡Por ahí anda la cosa! Uno entiende que esto no ha terminado y que la cosa sigue…

Me imagino que el sindicato suyo la pulseará con el aumentillo de julio como para compensar la rebaja que nos hace la Caja. ¡Yo espero que sí! Vea, yo lo veo así: si nos rebajan el salario para la pensión, nos queda menos plata en el bolsillo, que es lo mismo cuando suben los precios y no aumentan nada. Entonces el sindicato debe ir a pelear contra esa rebaja pa’ que nos la compensen. ¡Pues suena lógico!

Como le decía ayer, a nosotros, los de la empresa privada, nos toca ahora solo un aumentillo al año. ¿Aumentillo es mucha palabra? ¡Una cochinada nos darán! ¡Bueno! El sindicato en el que yo estoy también es de privados. Voy a hablar con algún dirigente y después le cuento cómo estará la cosa para enero entrante con el aumento de ustedes.

¡Mirá! Ya que sus sobrinillos fueron a la manifestación deciles que hasta donde yo entiendo, un grupo sindical viene pidiendo hace mucho que haya unidad, pero el otro grupo no quiere. ¡Qué pena! La Caja es la que sale ganando y uno es el que pierde. ¡Pues sí! Pero la lucha hay que seguirla dando…

Pero decime una cosa, ¿con solo que nos rebajen ese 1% el “i ve eme” se arregla? ¡Pues no! Lo que van a hacer es “patear la bola para adelante”. En dos o tres años nos apearán otro 1%, tal vez más. Por eso es que hay que ponerse las pilas en esta lucha. Y ustedes, los de la empresa privada, también tienen que apuntarse.

¿Cómo? ¿Qué quiere? ¡Que me echen del brete! Imagínate, ¿yo sindicalista? Vea, es que el problema no es de sindicalistas. Es de nosotros, los trabajadores. Eso de sindicalistas es como para el pleito entre los dirigentes. Nosotros nada que ver con que ellos están peleados. Aunque sí nos afecta.

¡Uy, ya casi me bajo! Vea, eso de que los de la empresa privada no pueden luchar se va a acabar. Ahorita entra una nueva ley que les dará a ustedes más derechos.

Se llama la Reforma Procesal Laboral. Me lo contaron los del sindicato. Pero después hablamos. ¡Ok mae, pura vida! Nos vemos. ¡Pura vida!