Categoría: Opinión

“A nadie le gusta pagar impuestos”. Todo el mundo está de acuerdo con esta expresión. Por eso cuando un gobierno lo plantea, la lógica reacción es de enojo, reclamo, crítica y, por supuesto, oposición.

Ahora bien, ninguna sociedad que se precie de civilizada puede vivir sin impuestos. La controversia fundamental es qué tipo de impuestos debe haber en la sociedad y quién debe pagarlos.

Fundamentalmente, hay dos grandes clases de impuestos. Genéricamente, los impuestos regresivos, o indirectos: y los impuestos progresivos, o directos. Por supuesto que estamos haciendo una gran simplificación explicativa para efectos de este comentario, buscando que su honrosa lectura del mismo, logre transmitirle la esencia de nuestro planteamiento. Discúlpennos cualquier impericia técnica.

Los impuestos regresivos, o indirectos, son los que se les aplica a todo mundo, sin importar su ingreso. Según los especialistas, el más injusto de todos ellos, es el impuesto sobre las ventas, mismo que el actual Gobierno pretende que se transforme para convertirlo en el impuesto al valor agregado (IVA).

Pero, pensamos nosotros, seguirá siendo injusto; es más, todavía más injusto. Tan es así que están proponiendo “devolverle” a la gente más pobre que no podrá dejar de pagar el IVA (si se aprueba), unos 44 mil colones, en promedio, de “reintegro” al mes. ¡Menudo lío! Hay tanta gente pobre en nuestra Patria y no nos imaginamos cómo sería la estructura burocrática para esa “devolución”.

Dentro de los impuestos progresivos, o directos, están los que se aplican, por ejemplo, a personas que tienen más ingresos que el resto y que, por tanto, pueden pagarlos, con base en un principio fundamental de Justicia Tributaria.

Dentro de los impuestos progresivos, el más “emblemático” es el de las rentas al capital, a las grandes fortunas, a las riquezas, especialmente las abusivas y excesivas. También, el presente Gobierno está proponiendo algo al respecto pero parece que de manera muy “liviana”.

El caso costarricense, en términos generales, muestra que el sistema tributario está volcado, totalmente, hacia lo regresivo en materia de impuestos: pagan más, proporcionalmente hablando, los que tienen menos que, además, son la mayoría de la población.

El reto estratégico de nuestra sociedad actual, en consecuencia, es “darle vuelta a la tortilla”; es decir, cambiar esa injusta estructura tributaria regresiva para que “pase al otro lado”. O sea, para que empieza a ser una estructura tributaria progresiva: que paguen más los que más tienen y que, son la menor parte de la población. Por tanto, con leyes rigurosas, se les podría cobrar más los impuestos que, realmente, deberían estar pagando en función de que tienen más, de que acumulan más.

Este tema de impuestos regresivos vs. impuestos progresivos está muy estudiado. Por ejemplo, a nivel de la región, el prestigioso centro de investigación especializado en esta materia, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), ha indicado que “la política fiscal centroamericana continúa carente de una visión de largo plazo y sin el cumplimiento de los principios básicos de la justicia tributaria”.

Dice el ICEFI que “el 70 % de los impuestos son indirectos, provienen de los que tienen menos en función de sus recursos, los que más tienen pagan menos y los sectores económicos más pujantes no pagan impuestos, más bien se premian con exoneraciones”.

Recientemente, estos y otros datos y comentarios sobre la gran injusticia tributaria que azota a los pueblos de nuestra región, fueron expuestos durante la presentación que hiciera el Director Ejecutivo del ICEFI, el señor Jonathan Menkos, en Tegucigalpa, Honduras: “Perfiles macrofiscales de Centroamérica”.

Así es en Costa Rica. Por lo general, esos pocos que tienen muchísimo, son los que reciben exoneraciones. Como las de las zonas francas. Por lo general, esos que tienen más, son los que evaden impuestos, eluden el pago de sus tributos y, descaradamente, se los roban, dañando a toda la sociedad.

Por tanto, los cambios tributarios estructurales que ocupa nuestra Patria son en función de la progresividad, no de la regresividad.

Creemos, en consecuencia, que la actual Asamblea Legislativa debe aprobar los proyectos que el Gobierno actual le está demandando, por ejemplo, en estos aspectos: regulación de las exenciones y de las exoneraciones, contra el contrabando y contra el fraude fiscal, la restauración del impuesto a las sociedades anónimas. Quienes no robamos impuestos, especialmente el segmento laboral del país (tanto el que tiene empleo y salario fijo, como el que está en la informalidad y en el desempleo), debemos respaldar estas iniciativas de las más diversas formas.

Sin embargo, es por el lado de las rentas al capital donde sí deben crearse los tributos necesarios. Por ejemplo, establecer la renta global, para que se sumen todas las diversas fuentes de ingresos que tenga una persona o una corporación y así se sepa la realidad de su capital para imponerle los tributos del caso. O bien, un impuesto a las transacciones financiero-bancarias luego de cierto monto para gravar el enorme flujo de movimientos de capital que se dan en el sistema bancario nacional diariamente. Pero, hay mucho más de qué hablar en estos temas de impuestos…

Las últimas semanas, definitivamente, han estado conmocionadas política y socialmente hablando. A tan solamente un mes de firmados los acuerdos del proceso “Una agenda patriótica para el bien común”, en el Teatro Popular Melico Salazar, el pasado viernes 26 de junio de 2015; el lunes 27 de julio anterior ocurría la primera gran manifestación, bajo el concepto de LA DEMOCRACIA DE LA CALLE, en el nuevo escenario nacional producto de los acuerdos entre el Partido Acción Ciudadana (PAC), el Partido Frente Amplio (PFA), y el Colectivo Sindical Latinoamericanista PATRIA JUSTA.

Desde ese 26 de junio a la fecha, los ataques, las tergiversaciones, la manipulación a la opinión pública, las falsedades, hasta caer en la infamia, la calumnia y la injuria, no han cesado en contra de las entidades firmantes de “Una agenda patriótica para el bien común”, ni han parado las agresiones de todo tipo en contra de varias de las personas que ostenta cargos relevantes en ellas.

Es evidente que los acuerdos suscritos en el Teatro Popular Melico Salazar y lo que de ellos se puede derivar (como la manifestación del lunes 27 de julio), han generado pánico y terror en sectores del tradicional poder económico y políticamente hegemónico que manda en el país en los últimos tiempos; precisamente el grupo social que más grandemente ha sido beneficiado con las políticas macroeconómicas y fiscales de los últimos gobiernos y que, por ello, también precisamente, es el grupo social que mayor riqueza ha venido concentrando por la desigualdad que ha generado en nuestra sociedad.

Esta gente ha estado mostrando todos estos días una impresionante proclividad hacia el totalitarismo, mostrando actitudes autoritarias pocas veces vistas en los últimos años; tratando de descalificar a quienes pensamos distinto, mediante las más detestables prácticas de satanización mediática, sustituyendo los argumentos por las más execrables falacias.

Hoy les compartimos la tercera entrega de “¿Qué les molesta?…” (las anteriores fueron publicadas los pasados días miércoles 8 y 15 de julio), pues es realmente imprescindible y necesario que se sepa, la gran transparencia y el contenido profundamente social y a favor del bien común de los acuerdos del Melico.

¿Por qué es que les da pánico y terror el contenido del punto 2.1 de esos acuerdos? Juzgue usted: “Respaldar los proyectos de ley para mejorar la recaudación fiscal, la debida penalización del fraude al fisco y del contrabando, así como la realización de cobro en sede administrativa”.

Está harto demostrado que solamente por robo de impuestos y fraude tributario en todas sus formas, al año, le roban al pueblo la espantosa cantidad de ¡2 billones 160 mil millones de colones! En cifras: 2.160.000.000.000.00. Si este punto les da pánico y terror es porque son ladrones de impuestos, acumulan ganancias abusivas defraudando al fisco, son cómplices del fraude fiscal y/o son politicastros pagados para que defiendan que se mantenga esta situación que, en esencia, es un crimen contra toda la sociedad.

¿Qué les molesta? ¿Tienen miedo de que no puedan seguir siendo beneficiarios del actualmente abusivo y excesivo sistema de exoneraciones, si se aprobase, como lo estamos respaldando, el expediente legislativo No. 19.531? Por esta situación, el fisco está dejando de percibir 1 billón 620 mil millones de colones, ¡anualmente! En números: 1.620.000.000.000.00.

Por favor, lea otra de nuestras propuestas generadores de pánico y de terror de toda esa gente del poder: “Promover la reforma de varios párrafos del Artículo 50 de la Constitución Política para reconocer y garantizar el derecho humano de acceso al agua, expediente No. 18.468”.

¿Qué les molesta?… ¿Que sus campos de golf y/o los de sus amigotes paguen, realmente y como debe corresponder, semejante despilfarro y lujosísimo privilegio, como lo es un uso de agua tan banal; o, que del todo se prohíba este exceso propio de las vidas disipadas? ¿Qué les molesta?… ¿Que su imperio cervecero y de agua embotellada quede en total evidencia por un uso de las fuentes de agua y de los mantos acuíferos no necesariamente inspirado en el bien común? ¿Qué les molesta?… ¿Que esta legislación esté planteada tan visionariamente como para proteger la vida de todas las personas y de todos los seres vivos que habitamos el territorio costarricense, en escenarios regionales y globales en los cuales las guerras que se ven venir son por el control del agua?

La pobreza argumental que ha venido mostrando toda la pléyade de francotiradores del proceso-acuerdo “Una agenda patriótica para el bien común”, ha quedado completamente expuesta, pues han estado centrando su ataque en consignas panfletarias, muletillas ideológicas gastadas, campañas del miedo que ya a nadie asustan; y, en algunos casos, centrándose en ataques personales que, por el contrario, solamente fortalecen la posición agredida.

En el Colectivo Sindical Latinoamericanista PATRIA JUSTA pensamos que está dando resultados fomentar una estrategia integral de lucha sociolaboral y cívico-política que, contemple, en un todo armónico, la propuesta, la incidencia y la movilización, como hasta el momento se ha venido mostrando. Ahora bien, también tenemos convicción de que éste es solamente un aporte; que falta más unidad, más diversidad y mayor multiplicidad organizacional.

Como concepto sociopolítico comprobado ya que ha sido en muchos lugares del planeta, LA DEMOCRACIA DE LA CALLE se vuelve completamente transformadora cuando resulta posible que todos los elementos anteriores puedan armónicamente conjuntarse para propiciar el nacimiento de la nueva hegemonía: la del bien común, la de la inclusión, la de la solidaridad y la de la justicia social.

El Colectivo Sindical Latinoamericanista PATRIA JUSTA tan sólo busca dar su aporte en una de las circunstancias sociohistóricas y político-sociales más delicadas de toda la historia republicana costarricense. – Vea mas en: http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/266281/que-les-molesta-parte-3#sthash.HODMFpgl.dpuf

Respetuosamente, le pedimos leer esto: “Demandamos a esta Asamblea Legislativa proceder a aprobar el Expediente Legislativo No. 19.312, “Ley del Salario Mínimo Vital”, (SMV), como podríamos empezarle a llamar; el cual es una iniciativa de ley orientada a lograr un incremento del salario mínimo que se paga a los trabajadores y a las trabajadoras del sector Privado; de manera tal que con tal incremento pueda este conglomerado laboral asalariado que es el más grande del país, tener un poder adquisitivo más próximo a las necesidades básicas de consumo vital; especialmente en un escenario de un país cuyo costo de la vida está entre los más altos del continente, así como considerando la inminencia de un nuevo método, más integral y real, para establecer con propiedad actual el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Los choferes de autobús, los guardias de la seguridad privada, los obreros de plantaciones agrícolas como banano y piña, el personal trabajador del comercio y de las fábricas y de los servicios (entre otros), viven procesos de pauperización salarial realmente dramáticos”.

También respetuosamente, póngale cuidado a esto otro: “Demandamos a esta Asamblea Legislativa proceder a aprobar el Expediente Legislativo No. 19.130, tendiente al fortalecimiento del proceso de Inspección del Trabajo; política pública que requiere un fortalecimiento considerando que, por un lado, el prestigioso Estado de la Nación ha indicado que de cada 10 trabajadores que tienen la ‘suerte’ de tener empleo formal y salario fijo, solamente a 4 de ellos se les respeta a plenitud sus derechos laborales fundamentales; y que, por otro, la represión de las libertades sindicales que es cosa de todos los días en las empresas privadas, le impide al trabajador de la empresa privada reclamar por tales violaciones so pena de quedarse sin trabajo; todo lo cual convierte a tal proyecto de ley en una decisión legislativa de corte estratégico, imprescindible y sumamente necesaria”.

Miles de trabajadores y de trabajadoras, personas asalariadas que laboran para el sector Público desfilaron por el centro de San José, en manifestación pacífica, el pasado lunes 27 de julio, a fin de entregarle a los diputados y a las diputadas un pliego de seis peticiones, como clase trabajadora; dos de las cuales acabamos de transcribir de manera textual. Estas dos peticiones le conciernen directamente a usted que labora en la empresa privada.

La manifestación, convocada por el Colectivo Sindical Latinoamericanista PATRIA JUSTA, llevaba también entre sus peticiones, la necesidad de corregir el espantoso, gigantesco y descomunal robo de impuestos del cual usted, como persona trabajadora del sector privado, no es responsable.

Igualmente, tampoco es responsable de este delito contra la sociedad, como lo es el fraude fiscal, la evasión y la elusión tributarias, las personas trabajadoras asalariadas que laboran para el Sector Público; hombres y mujeres costarricenses como usted que en las últimas semanas han sido víctimas de una campaña de agresión mediática por parte de la prensa del capital oligárquico, para enemistar, generar odio y división social entre quienes trabajan para el sector Privado y quienes lo hacen para el sector Público.

La tesis que hemos venido defendiendo todos estos años de lucha social tiene un fundamento principal: el principal problema nacional es el crecimiento de la desigualdad; y, para enfrentarlo con éxito se necesita de una nueva política salarial para la clase trabajadora, tanto la del sector Privado como la del Público.

En el primer caso, el salario mínimo debe elevarse cualitativamente para que incremente su poder de compra (que no es lo mismo que el pírrico reajuste semestral por costo de vida), de ahí que estemos defendiendo que se convierta en ley el expediente legislativo No. 19312. El mismo va aparejado con el 19.130, pues quizás usted ha sido víctima de alguna violación o irrespeto a sus derechos laborales fundamentales.

Para fortuna de la democracia informativa, hay que resaltar la importancia de que a nivel de prensa escrita exista el Diario Extra. Solamente este medio publicó una integralidad del pliego que el Colectivo Sindical Latinoamericanista PATRIA JUSTA entregó al parlamento. Diario Extra sí mencionó que se peticionó la aprobación de esos dos proyectos. Por eso es que este periódico es el más leído por la y el preferido de la clase trabajadora costarricense.

Y en el caso del sector Público, más allá de lo que debe corregirse y hay cosas que deben corregirse, la estrategia de llevar los salarios del empleo público a la baja, precarizándolos, solamente agravará ese proceso de crecimiento de la desigualdad.

Por tanto, no es un asunto de privilegios; como sí lo es que haya un costarricense, una persona física, de carne y hueso como usted que lee esto, que posee ella sola, una fortuna de 1.600 millones de dólares; ubicándose en el lugar número 2 de los 12 hombres más ricos de la América Central. ¡Esto sí es un privilegio! La lucha continúa…

Aunque correspondía publicar hoy la tercera entrega de nuestra secuencia de artículos “¿Qué les molesta?”, con relación a los contenidos del proceso-acuerdo “Una Agenda Patriótica para el Bien Común”, firmado el pasado 26 de junio de 2015 en el Teatro Popular Melico Salazar, por parte de los partidos Acción Ciudadana (PAC) y Frente Amplio (PFA), con el Colectivo Sindical Latinoamericanista PATRIA JUSTA; la coyuntura de estos días en torno al tema de la cuestión salarial del sector Público, nos obliga a postergar la entrega de ese tercer comentario.

La campaña de agresión psicológica y de terrorismo ideológico que cierto sicariato mediático está ejecutando contra miles de personas trabajadoras asalariadas del sector Público, está llegando a niveles jamás vistos en los últimos 30 años de lucha entre dos visiones de desarrollo sobre el futuro de nuestra Patria y de la Democracia misma; circunstancia que ha estado en permanente colisión, incluso, mediando episodios de alta polarización y confrontación social abierta, como el que ya vemos en el horizonte por estos días y semanas.

No es un problema de “excesos” o “abusos” salariales; no es un “problema” de déficit fiscal… ¡No! El “problema” ¡es el mismo sector Público, es la gente que trabaja en él!; más allá de cuánto gana, más allá del cierto desorden y algún caos salarial generado desde que empezó a regir la misma Constitución Política del país, actualmente vigente (el 7 de noviembre de 1949); más allá de los temas de desempeño, eficiencia y eficacia del servicio público.

De manera contundente lo ha dicho una de las figuras más respetadas por la oligarquía del capital neoliberal y sus latifundios mediáticos, además de vocera político-parlamentaria por excelencia del mismo: el diputado Ottón Solís Fallas. Él indico: “de los salarios, horas extra, anualidades y dedicación exclusiva, el 95% es plata botada”.

Así que, lo que usted se gana, señor policía, es “plata botada”, según Ottón Solís Fallas. Lo que a usted le pagan por trabajar en el sector Público como oficinista, secretario, chofer, mensajero, vigilante, mecánico, cocinera… es “plata botada”.

Lo que a usted, como profesional, le pagan por trabajar en ministerios, por ejemplo, es “plata botada”. No importa sus años de estudio y de carrera universitaria. No importan sus años de esfuerzo, empeño y trabajo honesto. Según Ottón Solís Fallas lo que a usted le pagan es “plata botada”.

No importa que usted sea abogado, psicólogo, trabajadora social o socióloga; educador, maestro, profesor; ingeniero, arquitecto, geógrafo, geólogo, economista, contadora, administrador; estadístico, informático, periodista, antropóloga; médico, enfermera, asistente de pacientes; etc…

Lo que el Gobierno le paga a usted como salario, según Ottón Solís Fallas, es “plata botada”. Usted, como empleado público, como empleada pública, “no vale nada”; usted es un “paria”, usted es “descartable”, usted es “prescindible”… Sólo le faltó al Sr. Solís Fallas decirlo explícitamente pero de manera implícita se puede colegir que usted es “vago, ladrón, corrupto, ineficiente, ineficaz, haragán…”.

Sólo basta para que sea empleado público y, de inmediato, queda estigmatizado, categorizado, satanizado, señalado de esta forma pues, lo que el Estado invierte en usted, salarialmente, es “plata botada”.

Ottón Solís Fallas no está solo. No es únicamente de él ese infame, provocador, indignante y detestable criterio. Debemos entender que él habla por el grupo económico-neoliberal del gran capital oligárquico, el cual sigue sin aceptar el resultado electoral del 2014.

Como empleados públicos y como empleadas públicas, debemos entender que la estrategia de odio social que se impulsa en contra nuestra es para alcanzar cuatro perversos objetivos (aunque hay más) de la minoría multimillonaria del país, la cual, pese a ser únicamente el 2% de la población, concentra la mayor riqueza nacional.

PRIMERO: Que la sociedad le perciba a usted, empleado público, como enemigo de la misma. Usted, como empleado público, es el responsable de todos los males de nuestra sociedad; pero, en especial, del más grande según esta gente: el déficit fiscal.

SEGUNDO: Que no se cambie ni en lo más mínimo, la gran injusticia del sistema tributario actual del país; que no haya nuevas leyes ni reglamentos para parar el gigantesco robo de impuestos y para cambiar el pago de renta por el lado de los que lo evaden y tienen más para pagarlo.

TERCERO: Que los trabajadores de la empresa privada no se den cuenta que desde los sindicatos del sector Público, estamos luchando por una nueva ley del salario mínimo, a fin de que haya más justicia salarial en el sector Privado.

CUARTO: Terminar la tarea privatizadora pendiente de la institucionalidad pública. Abrir nuevos nichos de mercado con los servicios públicos para la lógica mercantil de apropiación privada; incrementando así la gran riqueza de quienes ya de por sí viven en extremados niveles de concentración de la misma.

Ya no es un problema de “excesos” o “abusos” salariales; ya no es un problema de “pluses”; “ya no es un problema de “salario único”; ¡usted, como empleado público, como empleada pública, es el problema! Lo que el Estado le paga a usted como salario, es “plata botada”. ¡Defendámonos! Salga a la calle este lunes 27… Aún hay tiempo.

¡Por favor, lea bien lo siguiente: “Identificar e impulsar iniciativas compartidas orientadas tanto hacia la adecuada fiscalización del cumplimiento de la universalidad en los servicios que presta la Caja Costarricense de Seguro Social a la ciudadanía, como asegurar la transparencia de la gestión institucional. Revisar y eliminar los portillos legales que permiten evadir las cuotas obrero-patronales”.

Lea esta otra: “Gestionar el control político y ciudadano necesario para garantizar la eficiencia y la eficacia en la ejecución del presupuesto de las instituciones públicas, de manera que no haya superávit”.

Y ésta: “Analizar el empleo público con el fin de promover sistemas para estimular la excelencia en la prestación de los servicios”.

Estos tres propósitos, estos tres nobles objetivos de enorme impacto y proyección social, están definidos como parte de los objetivos estratégicos del proceso sociopolítico Una Agenda Patriótica para el Bien Común; el cual es una agenda de trabajo acerca de los desafíos más grandes de la Costa Rica actual, firmada por acuerdo del Partido Acción Ciudadana (PAC), del Partido Frente Amplio (PFA), con el Colectivo Sindical Latinoamericanista PATRIA JUSTA.

El estado actual de la Caja y lo que será su futuro es, quizás, la más grande preocupación social del pueblo costarricense en estos momentos. La Caja está enferma. La Caja sufre una especie de secuestro por parte de grupos corporativos internos y externos. La Caja es del pueblo trabajador, no de los sindicatos. Con el proceso Una Agenda Patriótica para el Bien Común, damos un aporte, dentro de otro conglomerado de aportes bienintencionados que han venido formulándose al respecto, todos los cuales coinciden en la imperiosa necesidad de salvar a la Caja, aunque presentan divergencias en el cómo.

Por otra parte, el tema de la eficiencia y de la eficacia en la prestación de los servicios públicos se convierte en un tema de agenda nacional insoslayable. La necesidad de que en el empleo público se destaque la excelencia por encima de la mediocridad es un reclamo a gritos de la ciudadanía usuaria de esos servicios públicos. En el caso de los sindicatos agrupados en PATRIA JUSTA, decidimos abrir el debate y empezar, incluso de manera autocrítica, a considerar, estratégicamente hablando, este asunto.

Pensamos que se ocupan de nuevas metodologías para mediciones de otro carácter en evaluación del desempeño de forma tal que se prestigie la condición de servidor público, liberándola del cerco fiscalista de obsesión macroeconómica y, a la vez, entronizando las reglas de la máxima excelencia frente a todas las formas de desidia.

Con base en el mismo espíritu y en función de tanta necesidad social que hay actualmente, con tantas personas en situación de vulnerabilidad producto de la creciente desigualdad, es inadmisible que haya instituciones, que haya jerarcas, que existan mandos medios, incapaces de ejecutar un presupuesto a plenitud, transparentemente asignado y que se espera sea eficientemente invertido. Es inadmisible que se presenten superávits, especialmente, en materia de políticas públicas para el bien común. Se requiere “meter el bisturí” en este tipo de situaciones, mediando un control político sumamente estricto.

Como pueden constatar ustedes, respetable ciudadanía lectora de esta columna, resulta inexplicable, es completamente incomprensible, no tiene lógica y escapa a toda comprensión racional; las razones por las cuales se está atacando estos y otros contenidos del proceso-documento Una Agenda Patriótica para el Bien Común, según acuerdo de los partidos Acción Ciudadana (PAC) y Frente Amplio (PFA), con el Colectivo Sindical Latinoamericanista PATRIA JUSTA.

En cierta prensa (afortunadamente, no en toda), politicastros, amanuenses, sicarios mediáticos y especies similares, cegados por una iracundia enfermiza pretenden aterrorizarnos; ya no solamente con el tema del déficit fiscal por el cual nos vienen anunciando la “llegada del Apocalipsis” y “el fin de los tiempos”; sino que ahora, luego de la firma pública del proceso-documento Una Agenda Patriótica para el Bien Común, insultan la inteligencia social y popular, gritando en histérico coro algo así como que “el oso comunista” amenaza con apoderarse de nuestra Patria y devorarnos a todos y todas. ¡Sean más serios, por favor!

El acontecimiento sociopolítico del pasado viernes 26 de junio de 2015, en el Teatro Popular Melico Salazar, cuando se dio a conocer y se firmó ahí mismo el documento “Una Agenda Patriótica para el Bien Común”; proceso de acuerdos mínimos entre el Partido Acción Ciudadana (PAC) y el Partido Frente Amplio (PFA), con las organizaciones integrantes del Colectivo Sindical Latinoamericanista PATRIA JUSTA, está recibiendo los ataques que esperábamos y desde las lógicas procedencias.

Sin embargo, lo que está destacándose es la virulencia y la agresividad retóricas de esas críticas, mostrando todas ellas niveles de intolerancia y de totalitarismo que, ingenuamente, pensábamos erradicados del debate democrático nacional.

En este tipo de circunstancias y asuntos, cuando se insulta, se agrede de palabra, se tergiversa la verdad del proceso y se pretende manipular, sin ética alguna de por medio, a la opinión pública, sólo quedan evidentes tres cosas: precariedad intelectual, debilidad argumental y peligrosa irracionalidad.

Ahora bien, la mejor forma de entender la rabia y la cólera de quienes están en contra del proceso “Una Agenda Patriótica para el Bien Común”, es explicándole a usted, quien nos hace el honor de leernos en esta columna que publica el más democrático de los periódicos impresos que hay en el país en estos momentos, el Diario Extra; qué contiene esa agenda y cuál es la razón de tanta furia en contra de la misma.

Entendemos que tal furia, próxima a la irracionalidad, no puede explicarse de otra forma que la sensación “amenazante” que representa esa agenda para quienes la están atacando, así como para los sectores poderosos que se expresan por esa pléyade de amanuenses e histéricas voces, “periodísticamente objetivas”. ¿Qué les molesta?…

¿Les molesta el compromiso de luchar por el fortalecimiento de la inspección laboral del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), impulsando la aprobación del proyecto de ley con el expediente legislativo No. 19.130)?

Nada más y nada menos que el prestigioso Estado de la Nación ha indicado que en nuestro país, de cada 10 personas trabajadoras asalariadas que tienen la suerte de tener empleo formal y salario fijo, solamente 4 de ellas obtienen total respeto por sus derechos laborales básicos consagrados en la legislación costarricense.

Si están molestos por esto, entonces es porque son patrones acostumbrados a violar nuestras leyes laborales; o bien, porque escriben, mediando paga, para este tipo de empresarios.

¿Les molesta que tanto el PAC como el Frente Amplio, en conjunto con los sindicatos de PATRIA JUSTA, dentro del proceso “Una Agenda Patriótica para el Bien Común”, decidieran “impulsar iniciativas orientadas a lograr un incremento del salario mínimo de las y los trabajadores del sector privado más próximo a las necesidades básicas de consumo vital, tal como lo propone el proyecto con expediente N° 19.312”?

¿Es también esto lo que les molesta: que se luche y que se haga ley la tesis que defendemos para que se establezca el “Salario Mínimo Vital (SMV), para el sector privado?…

Según su exposición de motivos, este proyecto de ley “…tiene como propósito hacer efectivo el cumplimiento del principio constitucional relativo a la determinación de los salarios mínimos en Costa Rica. Según el artículo 57 de nuestra Constitución Política, ´Todo trabajador tendrá derecho a un salario mínimo, de fijación periódica, por jornada normal, que le procure bienestar y existencia digna´. Lamentablemente, ese principio no parecería estar siendo cumplido a cabalidad en nuestro país, o al menos, ese no parece ser el caso del sector privado´”.

Se agrega en la presentación de dicho proyecto que “De acuerdo con el estudio ´Reducir la pobreza en Costa Rica, Propuestas para la acción´, publicado recientemente por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en la actualidad, del total de ocupados cuyos ingresos se encuentran alrededor del salario mínimo, el 12,1% de los mismos se encuentran en condición de pobreza y el 3,1% en condición de extrema pobreza. Mientras tanto, entre aquellos cuyos ingresos se encuentran por debajo del mismo, el 68% se encuentran en condición de pobreza y el 87% en condición de extrema pobreza (PNUD, 2014: 42)”.

Habrá notado el respetadísimo público lector de esta columna cómo tan sólo estos dos puntos incluidos en el proceso de “Una Agenda Patriótica para el Bien Común”, precisamente están inspirados en la promoción del bien común de una gran cantidad, enorme número, de las personas trabajadoras asalariadas que laboran para el sector privado de la economía.

El concepto de Salario Mínimo Vital (SMV), está fundamentado en el principio básico de justicia laboral que dicta que toda persona ocupada debe tener derecho a un salario suficiente para acceder a una vida digna, como medida justa de la retribución al trabajo; y parte de dos principios fundamentales.

El primero, en la perspectiva de la generación de más bienestar social y mejor redistribución del ingreso; y el segundo, en la perspectiva de la necesidad de promover la reactivación de la economía real y la producción nacional.

Aquí están dos de las verdaderas razones por las que tanto están atacando el proceso “Una Agenda Patriótica para el Bien Común”. Son dos iniciativas de ley pensadas para mejorar los mecanismos de distribución de la riqueza y reducir el crecimiento de la desigualdad.

Con ocasión de la firma de un inédito acuerdo político-partidista y social-sindical, el pasado viernes 26 de junio de 2015 y en el marco esplendoroso que ofrece el Teatro Popular Melico Salazar, entre el Partido Acción Ciudadana (PAC) y el Partido Frente Amplio (PFA), con el colectivo sindical latinoamericanista PATRIA JUSTA; se ha dado un paso diferente y esperanzador para el desarrollo de la Democracia costarricense, la revitalización de una institucionalidad venida a menos, así como la posibilidad de atajar el crecimiento desbocado de la desigualdad, dando espacio al diálogo social con negociación efectiva.

El acuerdo, aprobado por las mil personas presentes, todas y todos dirigentes político-sociales y sindicales (articuladores de organización para la movilización), está generando gran polémica y controversia, lo cual nos entusiasma mucho pues dinamiza el debate nacional sobre las erradas políticas públicas que han estado vigentes en el país todos estos años, generadoras de una gigantesca deuda social; en contraste con las que habría que impulsar para atender las diversas manifestaciones de la pobreza, de la exclusión y de las desigualdades que tales políticas públicas dejaron; todas, por cierto, fuertemente impulsadas en los tiempos de los gobiernos del viejo “PLUSC”.

Algunos detractores de este proceso, detentadores directos del poder político-económico tradicional o que le sirven a éste, sin la más mínima cortesía de analizar el contenido del que hemos llamado “Una Agenda Patriótica por el Bien Común”, se han lanzado en su contra, apelando a las desgastadas muletillas ideológicas típicas de la Guerra Fría; intentando asustar a la población costarricense con el concepto sociopolítico y filosófico de “Izquierda”, pero utilizado en su versión panfletaria, hueca, propias de personas con pobres intelectos y con grandes debilidades argumentales como para comprender cuál es la maravillosa oportunidad de que Costa Rica, con el aporte de todos se reencuentre como una sociedad en la que, precisamente, quepamos todos.

Las bases sociopolíticas del acuerdo son más que inobjetables. Ha sido firmado por los dos partidos políticos más votados en las elecciones presidenciales del 2014: Acción Ciudadana y Frente Amplio. Ha sido firmado por organizaciones sindicales históricas, de reconocida trayectoria de lucha social y de gran capacidad de propuesta.

Los contenidos de “Una Agenda Patriótica por el Bien Común”, precisamente apuntan a la preservación, recuperación y relanzamiento de una institucionalidad de servicios públicos que fue pensada para el bien común y para la integración social; especialmente dedicada a satisfacer necesidades colectivas que demandan las mayorías ciudadanas del país, especialmente la que está representada en la clase trabajadora.

Sostenemos la tesis de que llevamos en el ADN del ser costarricense, la preocupación por lo social, por el bien común, por la inclusión y la igualdad social. Desde que ejerciera el gobierno el Presidente de la República más importante de toda la historia republicana de Costa Rica, don Juan Rafael Mora Porras, don Juanito Mora, el país inició el impulso de políticas públicas sociales del más diverso contenido a favor del mayor número. Hablamos de mediados del siglo XIX, ¡imagínese usted!, y ya se empezaban a dar las mismas.

La histórica tradición republicana costarricense, hasta la llegada de los programas de Ajuste Estructural (PAE’s), del Consenso de Washington y, en sí, del neoliberalismo, siempre miró a la izquierda, si entendemos por Izquierda todo lo que lleva a la promoción del bien común y de la integración social.

Esa Izquierda, incluso considerando lo esencialmente ideológico de la misma, socialismo marxista, fue una fuente proveedora de esa visión multifacética tan costarricense de la construcción social, que fue de admiración en la América Latina; cuando nuestra institucionalidad construida también lo fue mediante pensamiento con contenido de liberalismo social, Humanismo Cristiano (Doctrina Social de la Iglesia Católica) y la Socialdemocracia clásica del PLN original.

Entonces, es de izquierda que se fundara un INS, en 1924; es de izquierda que tuviéramos Código de Trabajo, Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), y Universidad de Costa Rica (UCR). Es de izquierda, nuestra propia Constitución Política, la del 7 de noviembre de 1949 y su capítulo de las Garantías Sociales. Es de izquierda haber firmado, como país, la más hermosa pieza del Derecho Internacional a favor del Bien Común: la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de diciembre de 1948, base fundamental de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Es de izquierda la universalización del servicio de electricidad y de agua. Es de izquierda declararnos país verde, con grandes extensiones del territorio nacional convertidas en parques nacionales. Es de izquierda tener una Sala Constitucional que defiende nuestros derechos fundamentales. Son de izquierda, entonces, los conceptos de Trabajo Decente recientemente adoptados por el país, al ser miembro de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Entonces, ¿a quién pretende asustar?… De lo que se trata es de ideas para dialogar y para construir.

Ha empezado a dar mucho de qué hablar. Ya se desató la polémica. Para quienes estamos de este lado de la acera, resultará imposible (irresponsable, más bien), no leerla, por lo menos.

Estudiarla sería lo mejor. Para la lucha social de la actualidad representa un arsenal de pensamiento para potenciarnos y apuntarnos, con nuevos aires, en la mejor de las causas que jamás se han emprendido: la lucha por la preservación misma del planeta Tierra y la preservación de la vida misma, de todas las formas de vida; ante la amenaza criminal y genocida más grande de la historia de la Humanidad: la extinción producto de un sistema económico degenerado, perverso, maligno como lo es el capitalismo depredador que impera actualmente y su terrorífica mortandad de la desigualdad.

Estamos hablando de “Laudato si” (“Alabado seas”), según se afirma, la primera encíclica de su propio puño y letra que ha emitido el Papa Francisco, dada a conocer la semana pasada: “Carta Encíclica del Santo Padre Francisco sobre el cuidado de la Casa Común”, que es el nombre oficial dado por el Estado del Vaticano a uno de los documentos de la Iglesia Católica más impactante de los últimos tiempos.

“Uhm… Este Papa se las trae…”, podríamos decir a lo interno de la amplia gama de la gigantesca diversidad de sectores, grupos, organizaciones, partidos, academias, etc.; que compartimos la lucha global, regional y nacional contra la anticristiana globalización neoliberal.

Pero, el “uhm… Este Papa se las trae…”, también debe estarse pensando en los centros principalísimos de poder real global, ese de la hegemonía política planetaria que representan, por ejemplo, las grandes empresas multinacionales y transnacionales; o bien, alguno o algunos de esos 90 archi-recontra-super-ricos que tienen tanta plata junta entre sí como la suma de la plata que poseen, juntas a la vez, 3.500 millones de personas: ¡la mitad de la población actual del planeta!

Lo importante es que esta encíclica ecológica del Papa Francisco ofrece una nueva perspectiva de construcción social para la articulación contrahegemónica que puede, repetimos, darle un nuevo aire a la lucha sostenida bajo el concepto filosófico-político de “Otro mundo es posible”; desde que la actual orientación de la globalización neoliberal criminal y excluyente asomara sus orejas con la llegada de la señora Margareth Thatcher al poder, en el Reino Unido, en 1979.

Con solamente reparar en los títulos de sus seis capítulos, la encíclica ecológica del Papa Francisco deviene en provocadora para el orden sistémico global que no está beneficiando a las mayorías planetarias: “Lo que le está pasando a nuestra casa”, “El Evangelio de la Creación”, “Raíz humana de la crisis ecológica”, “Una ecología integral”, “Algunas líneas de orientación y acción”; y, “Educación y espiritualidad ecológica”.

Cientos de comentarios por las redes sociales están formulándose ya y hay que acudir a la internet para poder aquilatar cuál es el impacto que está teniendo “Laudato si”. Resulta imposible pensar que en Costa Rica, dado el poder de los latifundios mediáticos coludidos con el poder político real de la hegemonía del capital, el pueblo pueda tener acceso general y universal a este extraordinario y más que oportuno pensamiento papal.

Para el célebre teólogo y pensador latinoamericano de origen brasileño, Leonardo Boff, “Laudato si” es “La carta magna de la ecología integral: grito de la Tierra/grito de los pobres”. Le recomendamos digitar en internet “La carta semanal de Leonardo Boff”, donde encontrará un extraordinario análisis de este documento papal (http://www.servicioskoinonia.org/boff/).

El padre Boff nos indica que el pensamiento del Papa Francisco en esta encíclica ecológica “…es tributario de la experiencia pastoral y teológica de las iglesias latinoamericanas que a la luz de los documentos del episcopado latinoamericano (CELAM) de Medellín (1968), de Puebla (1979) y de Aparecida (2007) hicieron una opción por los pobres contra la pobreza y a favor de la liberación”. El Papa Francisco, decimos nosotros, está “matriculado”, indudablemente “con los y las de abajo”.

A este respecto, resulta interesante percatarse de que los principales ataques al Papa Francisco por su pensamiento “revolucionario”, visto en el contexto global actual, provienen nada más y nada menos que de la derecha ultraconservadora de los Estados Unidos, especialmente de los políticos del partido de las transnacionales y de los archimillonarios, el Republicano.

“Los conservadores en EE.UU. que no son católicos y que no están muy familiarizados con la Iglesia católica y su doctrina, creen que se ha pasado de un papa conservador y de derechas a uno de izquierdas, radical e incluso marxista”, apunta el experto del AEI”.

Es ésta la opinión del señor James Pethokoukis, periodista y analista del Instituto de Empresa Estadounidense (AEI, por sus siglas en inglés), un centro de estudios conservador con base en Washington. Así lo leímos en el sitio web de noticias de BBC.com/mundo.

Lo que sucede es que es tal la magnitud perversa de la, repetimos, criminal globalización neoliberal del capitalismo depredador, que no sería nada raro que a la misma Declaración Universal de los Derechos Humanos, de 1948, el primer tratado internacional en la materia, se le declare “comunista”, “marxista”. Con mucha emoción y gran esperanza vamos a ver si podemos estudiar en serio la “Laudato si”.

Como supuestamente estamos llegando “al fin de los tiempos” en este asunto del llevado y traído déficit fiscal; y, considerando que se pretende meterle gran miedo y terror a la población de que el “Apocalipsis” está a la vuelta de la esquina en esta materia; además de que según la gente que está pensando así ha llegado la hora de empezar a prender las hogueras “a lo Torquemada”, pues la responsabilidad de todo este “desastre” son los empleados públicos y las empleadas públicas, aquí van unas diez ideas a considerar si es que alguien se preocupa, objetiva y sanamente, en propiciar algún “acuerdo nacional” en esto de las finanzas públicas y del déficit fiscal.

PRIMERO: El esfuerzo debe incluir, al menos, a partidos políticos, fuerzas sociolaborales y gremios corporativo-empresariales, con representatividad objetiva e interés sano en buscar una salida integral y compartida al problema. Los extremismos fundamentalistas de uno y otro signo que suelen coludirse, políticamente hablando, en contra del bien común, en contra de la inclusión social y evitando que haya políticas para reducir la desigualdad, deberían estar al margen.

SEGUNDO: Definir con cuál porcentaje de déficit podríamos seguir viviendo y con cuál porcentaje no. A partir de esto último, empezar a buscar alternativas de solución. Costa Rica siempre ha tenido déficit fiscal y la tesis de déficit cero o cercano a cero, representa un coctel social sumamente explosivo.

TERCERO: Definir una nueva metodología para calcular la realidad del porcentaje del déficit fiscal, considerando la integralidad de toda la estructura financiera del Estado y no una parte de la misma, que es el mal llamado presupuesto general de la República.

CUARTO: Atacar el robo de impuestos de raíz, aprobando los proyectos de ley contra el fraude tributario, el contrabando fiscal, las abusivas exenciones y exoneraciones; y, a la vez, generar un potenciamiento estricto y real de la gestión tributaria.

QUINTO: Los “Torquemada” del gasto público deben puntualizar cuál es la parte del empleo público que les molesta en función de lo que ellos llaman “disparadores del gasto”. Adversamos su perversa tesis de satanización generalizada, brutal y descarnada de todo el empleo público. ¿Por qué no pensar en un régimen salarial único para todos los altos cargos político-jerárquicos y de alta gerencia ejecutiva-corporativa para todo el Estado, incluyendo al régimen municipal? ¡Den el ejemplo!

SEXTO: Establecer nuevas políticas y metodologías de evaluación del desempeño en la función pública para resaltar la excelencia, en el marco de reglas claras de gestión y gerenciamiento institucional; pero no por razones fiscalistas y mucho menos, las de orden fundamentalista.

SÉTIMO: Identificar los ámbitos de la política pública en los cuales el debilitamiento del empleo público está rozando con los compromisos internacionales del país en materia de Derechos Humanos; ámbitos en los cuales el sector privado nunca tendrá interés pues no hay lucro de por medio.

OCTAVO: Es necesario hacer una auditoría de la deuda del país, tanto la interna como la externa. ¿A quién le debemos?, ¿cuánto, en realidad, debemos?, ¿quién gana con el pago de intereses?…

NOVENO: Establecer medidas de ley para impulsar la progresividad tributaria (que paguen más los que, proporcionalmente, tienen más y que son los que más roban impuestos, generalmente); para que abandonemos la regresividad tributaria, en la cual pagan más, proporcionalmente hablando, los que menos tienen. Digámoslo con fuerza una vez más: la clase trabajadora no roba impuestos. Por un lado, el de ventas (el más injusto de todos, tributariamente hablando), se paga al momento mismo de la compra, en la caja registradora. El otro, el de renta al salario cuando éste supera el monto límite exento, se hace el rebajo de planilla, inmediatamente.

DÉCIMO: Establecer regímenes sancionatorios para ineficientes procesos de ejecución presupuestaria, pérdida de recursos por ineficaz gestión; sanciones por mala ejecución de empréstitos con abuso de consultorías y/o planillas paralelas. Además, regular la “guerra” de las apelaciones de licitaciones por parte del sector privado.

Aunque siempre hemos abogado por el sistema de acuerdos nacionales en temas complejos de la convivencia como sociedad inmersa en grandes contradicciones (y podemos dar pruebas de ello); somos sumamente escépticos de que en esto del déficit fiscal, de las finanzas públicas y del mismo empleo público, haya alguna posibilidad de un acuerdo nacional.

El extremismo fundamentalista que está mostrando ese poder fáctico que es el capital neoliberal y sus latifundios mediáticos (al que le importa un bledo las mayorías electorales expresadas en las urnas), como enemigos declarados de los empleados públicos y de las empleadas públicas que son, exige que haya grandes movilizaciones para enfrentarlo.

Esta gran obligación de movilización por la supervivencia misma, bajo el concepto de “Democracia de la Calle”, ya no solamente es de quienes laboran, asalariadamente, para el sector Público, sino que deberán involucrar a sus propias familias.

Además, muchos proveedores de bienes y servicios que el sector Público necesita para funcionar, van a tener que comprender que la cruzada de los “Torquemada del gasto” y de la inversión pública, también acabará con ellos mismos, poniendo en riesgo la estabilidad de esas empresas y abriendo paso al desempleo en las mismas.

¿Es que alguien todavía tiene alguna duda de qué es lo que está en juego y hacia dónde vamos?…