Categoría: Opinión

La decisión de la Presidenta Chinchilla de romper con el contrato de concesión de la vía San José-San Ramón resultó inevitable. La lección de lucha cívica que dieron las comunidades y los pueblos del Valle Occidental del país es histórica y desde una perspectiva popular, es una epopeya. La ciudadanía patriótica de San Ramón, Palmares, Naranjo, Valverde Vega, Atenas, Zarcero entre otros cantones involucrados, directamente en esta situación, merece aparte de imitarse, celebrarse.

No hay mejor ocasión para ello que el próximo Primero de Mayo que, como indicamos la semana pasada, no es cualquier Primero de Mayo: Conmemoramos los primeros cien años de la primera celebración en Costa Rica del Primero de Mayo como Día Internacional de la Clase Trabajadora, 1913-2013.

La cuestionada concesión mostró un proceso de gran opacidad y de severos problemas de transparencia y, además, eventuales ilegalidades de mucha naturaleza que, como consta al país, generaron un repudio a una obra pública concesionada a privados, como jamás otra de esta naturaleza había provocado.

La decisión presidencial, si bien oportuna, no va a darle punto a final a la discusión de los resultados de lo que han venido siendo las concesiones en el país.

Al respecto, expresamos nuestras preocupaciones sobre aconteceres similares con las vías Florencio del Castillo, la de circunvalación metropolitana, la ruta Cañas-Liberia y otras. Además cobra gran validez y vigencia lo que ha venido sucediendo con la concesión portuaria de los muelles del Atlántico (Limón y Moín), misma que tiene un proceso de cuestionamiento y de deslegitimación ciudadanas también impresionante.

El desenlace “final” con la repudiada concesión de la vía San José-San Ramón ha dejado a la propia Contraloría General de la República (CGR), en un gran descrédito y muy lesionada su autoridad en materia de control y de transparencia de estos delicados ámbitos de concesión de obra pública y de negocio privado con los servicios públicos destinados al bien común.

La titular de tal ente, señora Martha Acosta Zúñiga, debe muchas explicaciones a la ciudadanía; especialmente, sobre cómo avaló que entre firmas privadas se cedieran el contrato de concesión sin ninguna intermediación de autoridad pública alguna, como si se tratase de un traspaso de una patente de licores entre dos comerciantes.

Esperamos de parte de la Fiscalía General una inmediata, eficiente y ejemplarizante acción en contra de todas las personas funcionarias públicas que tuvieron que ver con esta concesión, pues la sospecha ciudadana de presuntos tráficos de influencias y de enormes sumas de dinero de por medio, se agiganta con la decisión presidencial de romper con tal contrato. Ojalá que la impunidad no se imponga en esta vergonzosa situación.

¿Cuál es la naturaleza de los procesos que llevaron a determinar que tal “obra” costaría 524 millones de dólares? ¿Quién los hizo? ¿Quién los ordenó? ¿Cuáles funcionarios públicos intervinieron? ¿De qué instancias? ¿Y los nombres del bufete o bufetes de las empresas privadas que negociaron entre sí el traspaso de la concesión? Estas cosas y otras muchas más están por serle indicadas al país.

Igualmente, falta mucho por conocer sobre las condiciones en que se da indicada ruptura y las consecuencias para el erario público. Esperamos que la señora Presidenta Chinchilla Miranda le dé amplios detalles al país al respecto. Y de todo esto emerge la imperiosa necesidad de que el actual jerarca del MOPT deje de serlo. Que se vaya, que le destituya, que le pidan la renuncia…

Es más que necesario que el parlamento debe derogar la perversa ley de concesiones y que la lucha organizada del pueblo se apropie de esta causa. Pensamos que esta puede ser un motivo fundamental para que salgamos, masivamente, a la calle este Primero de Mayo que no es cualquier Primero de Mayo. La concesión que el pueblo derrotó lo hace diferente. ¡Celebrémoslo!

Siempre hemos de insistir en que a la clase trabajadora costarricense le hicieron el “asalto” más grande de nuestra historia como nación: el que los sectores gobernantes mezclaran la histórica celebración mundial del PRIMERO DE MAYO, concebido como el DÍA INTERNACIONAL DE LA CLASE TRABAJADORA, con el ritual de la institucionalidad republicana dominante que acontece dentro de los muros del parlamento costarricense: la famosa elección del directorio legislativo y la lectura del mensaje presidencial de rendición de cuentas.

Soñamos que puede materializarse, algún día, la necesaria reforma constitucional que permita a “los y las de abajo”, especialmente a quienes son parte de la clase trabajadora, celebrar el DÍA INTERNACIONAL DE LA CLASE TRABAJADORA tal y como se hace en, prácticamente, todo el planeta: sin “mezclarlo con ningún otro acontecimiento”.

Hace tiempo presentamos en la Oficina de la Iniciativa Popular de la Asamblea Legislativa (valga la redundancia), una iniciativa en tal sentido, anhelando que en el caso costarricense celebremos tan magna efemérides sin la “contaminación” que representan esos actos en el seno del parlamento (algunas veces bastante bochornosos), que hacen que las demandas propias formuladas por el mundo obrero tico y a propósito de tan gigante celebración, queden relegadas, disminuidas, invisibilizadas, tratándoseles como de “segundo orden”. Es más, hasta las “integran” cual si fueran presentaciones bufonescas de la parafernalia tica del Primero de Mayo.

Este Primero de Mayo no es cualquier Primero de Mayo. Hace 100 años, en 1913, un grupo de costarricenses celebró por primera vez tan importante fecha en territorio nacional; acontecimiento que ya se conmemoraba, con toda su carga político-social y emotiva, en muchos otros países del mundo.

Como muchos sabemos, el Primero de Mayo recordamos la histórica gesta laboral de la clase obrera estadounidense, misma que, precisamente el día 1 de mayo de 1886, dio inicio a un conjunto de movimientos huelguísticos para que se estableciera la jornada de trabajo de las 8 horas. Efectivamente, la consigna de tales huelgas fue ¡8 horas de trabajo! ¡8 horas de reposo! ¡8 horas de recreación!

Muchas ciudades de los Estados Unidos sufrieron estas grandes e históricas conmociones sociales, particularmente la de Chicago. En esta urbe ocurrieron acontecimientos violentos que no fueron promovidos por los huelguistas. Hubo muchos muertos y el “sistema” decidió cobrar venganza por tal osadía obrera, abriendo procesos judiciales que luego se demostrarían que fueron espurios, contra los líderes más connotados de esos movimientos; especialmente el grupo dirigente que para la posterioridad han quedado como “Los Mártires de Chicago”.

Hoy los vamos a recordar. Vamos a honrar su memoria, su legado y su sacrificio. La jornada de 8 horas no surgió de la nada. No fue regalada por los capitalistas. Costó mucha “sangre, sudor y lágrimas”. Con gran detalle nos lo cuenta el prestigioso historiador nacional, don Gerardo Contreras, “Contre”, en su trabajo “La Historia del 1 de mayo”, publicación que elaboró para el Partido Frente Amplio.

De los 8 “Mártires de Chicago”, cuatro murieron ahorcados: August Spies, de 31 años, periodista. Adolf Fischer, 30 años, periodista. George Engel, 50 años, tipógrafo y periodista. Y Albert Parsons, 38 años, veterano de guerra.

El quinto, Louis Lingg, 22 años, carpintero, prefirió suicidarse antes de que lo ahorcaran. Dos de ellos, Michael Schwab, de 33 años, tipógrafo y encuadernador; y Samuel Fielden, 39 años, pastor metodista y obrero textil, aunque condenados a la horca inicialmente, la presión mundial obligó a un nuevo juicio, salvándose de morir ahorcados ya que se demostró que “habían sido víctimas inocentes de un error judicial” (hasta los que ya habían sido ahorcados). El octavo, Oscar W. Neebe, 36 años, vendedor, quien recibió una condena inicial 15 años de trabajos forzados, al final también quedó libre.

La epopeya histórica de “Los Mártires de Chicago”, también había de celebrarse en Costa Rica y, como indicamos, fue el Primero de Mayo de 1913, el Primer Primero de Mayo que se conmemoró en Costa Rica, como homenaje a estos héroes obreros que han pasado a la posterioridad.

Al acercarse la emblemática fecha del Primero de Mayo de 2013, en próximos días, a 100 años de la primera conmemoración que hubo en “Tiquicia” de esta, repetimos, gigante epopeya obrera mundial; hay que rendir homenaje a los ilustres costarricenses Joaquín García Monge y Omar Dengo; a la insigne luchadora social y escritora costarricense, Carmen Lyra (mujer gigante de la historia patria de la cual tan sólo se nos dice que escribió “Los cuentos de mi tía Panchita”, porque si se mencionara en toda su dimensión su militancia político-social de toda una vida, sería “subversivo” para las nuevas generaciones juveniles de hoy).

Hemos de rendir tributo, 100 años después, también a las “sociedades obreras de Alajuela, Cartago, San Ramón…”, según nos lo recordó en estas mismas páginas el ciudadano Francisco Morales Hernández, Exministro de Trabajo y Seguridad Social; indicándonos él que la iniciativa de hace 100 años nació en el seno del Centro de Estudios Sociales Germinal, junto a gremios de zapateros, tipógrafos, panaderos; y hasta un conjunto futbolístico, el Club Sport La Libertad, promovieron la celebración del Primer Primero de Mayo en Costa Rica.

¡Cuántas razones tenemos para salir a la calle este Primero de Mayo! ¡Cuántas demandas, denuncias y propuestas podemos reivindicar en nuestras mantas, cartulinas, panfletos, folletos y volantes; a viva voz, en las tumbacocos y en los megáfonos!

Salvar a la Caja; otra política salarial, que incluya la elevación estructural y sustancial de los salarios mínimos, contra el pernicioso concepto del “salario único” y demandando aumentos salariales realmente compensatorios del alto costo de la vida; la vergonzosa concesión de la vía San José-San Ramón y todas las otras concesiones que expolian el bolsillo de las mayorías; la injusta estructura tributaria que asfixia a “los y a las de abajo” y a la clase media; la depredación ecológica y la agresión ambiental; la corrupción desenfrenada y la creciente e indetenible desigualdad con esos episodios mediáticos del lujo desenfrenado y la ostentación abusiva de la riqueza; por los miles y miles de compatriotas que pasan hambre y que, con suerte, comen una vez al día; contra la sobreexplotación obrera de la mano de obra nicaragüense en el país; humanizar el trabajo informal y dignificar a los vendedores ambulantes; por el respeto pleno a la Libertad Sindical en las empresas privadas, dado su carácter de Derecho Humano Fundamental… y muchas otras causas nobles más, en aras de una sociedad más justa, más equitativa, más solidaria, más igualitaria.

Contra todas las formas de discriminación: de género, de orientación sexual, religiosa, por discapacidad; contra el racismo en todas sus manifestaciones y en el fútbol especialmente… Razones de sobra hay para salir a la calle este Primero de Mayo de 2013 que en Costa Rica no es cualquier Primero de Mayo.

Las personas con discapacidad y sus diferentes organizaciones han estado realizando diversas acciones de calle, tratando de lograr más atención a sus respectivas problemáticas, ya no solamente de parte de las autoridades gubernamentales, sino de la misma opinión pública. Diversas fuentes, de bastante credibilidad y algunas con rango internacional, han indicado que en nuestro país habría hasta unas 700 mil personas con discapacidad. Esta cifra es preocupante y alarmante y deja en evidencia que la política pública al respecto deja mucho que desear, aunque no se puede desconocer importantes esfuerzos institucionales que se vienen haciendo para atender a esta población costarricense de alta vulnerabilidad.

El pasado lunes 8 de abril nuevamente un importante grupo de personas con discapacidad salieron a la calle, terminando su protesta frente a la sede central del Ministerio de Educación Pública (MEP); precisamente porque su protesta está dirigida a la calidad de la atención que reciben la población infantil y juvenil con discapacidad, en cuando a su formación educativa y en los espacios especializados diseñados para ello dentro del sistema educativo público.

Los padres, madres, familiares, profesionales, amigos y amigas de personas con discapacidad solicitan se les dé intervención y participación en la reformulación de los planes de estudio de los centros de formación en Educación Especial y cualquier carrera que tenga materias pedagógicas o implique la atención de personas con discapacidad.

En esta línea, plantean que los planes de estudio deberán tener las materias básicas para la atención de personas con discapacidad en su currícula. Consideran que desde siempre sus hijos, hijas y familias han padecido una propuesta educativa que los ha dejado fuera del sistema educativo. Según el Censo del 2011, se indica que apenas el 25% del colectivo con discapacidad logra concluir la educación primaria.

Estiman quienes protestan que, históricamente, esto ha ocurrido porque, presuntamente, las autoridades, docentes, miembros de equipos técnicos y otras autoridades han carecido de una visión paradigmática desde la perspectiva social y de Derechos Humanos relacionados con esta población, lo que ha ocasionado falta de propuestas adecuadas para atender el derecho a la educación de sus hijos e hijas.

Las familias de personas con discapacidad, especialmente las que tienen seres queridos en el proceso educativo especial, valoran la importancia de colaborar estrechamente con las instituciones educativas para garantizar la inclusión, optimizando las experiencias y experticias de todos los sectores (autoridades, profesionales, familias, personas con discapacidad y comunidad), para que se cumplan las leyes y el derecho de todos y de todas; pretendiendo contribuir al logro de la igualdad de oportunidades, la inclusión que todos anhelamos y el cambio de paradigma educativo, con un verdadero modelo social, de derechos, que se promueva en todo el territorio nacional para servicios del Estado y también privados. Para el colectivo de las personas con discapacidad, su lucha se concentra en estos trece puntos centrales:

1. Consulta de cualquier plan, reglamento, legislación u otra propuesta que afecte de manera directa o indirecta al colectivo con discapacidad, según lo establecido en el artículo 13 de la ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad. En lo especifico alegan que el Plan de Estudio de Aulas Integradas y Escuelas de Enseñanza Especial es un instrumento desarrollado en el año 2000, encontrándoce anacrónico con los nuevos instrumentos jurídicos importantes, como la Convención de la ONU y la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminción de la OEA.

2. Requieren que se realicen los nuevos planes con un abordaje que sea consecuente con los instrumentos anteriormente señalados, haciendo no sólo a las consultas a las organizaciones de la sociedad civil; sino que desean ser actores en el diseño, desarrollo e implementación de estos planes.

3. Se plantea homologar el concepto de discapacidad en todas las esferas del aparato estatal, con el fin de abordar la temática de esta población de manera transversal, sobre todo apegado a la legislación nacional y a los acuerdos internacionales ratificados por nuestro país, esto en todas las instancias del Estado Costarricense.

4. Eliminar las prácticas y condiciones de hacinamiento en todos los centros de Educación Especial de este país, que no sólo atentan con la calidad de educación que se merece el colectivo con discapacidad, sino también por salvaguardar la integridad física y emocional de las y los estudiantes de estos centro educativos.

5. Mejorar y ampliar la infraestructura de los centros educativos de Educación Especial para que éstos cumplan a satisfacción con los principios de accesibilidad, usabilidad y diseño universal, respondiento al principio de inclusión al espacio físico cumpliendo con las necesidades básicas de cada una de las personas con discapacidad atendidas en estas instituciones.

6. Incluir espacios curriculares relativos al abordaje de la discapacidad y multi discapacidad en los planes de estudio de los Centros de Formación Docente de Educación Especial de nuestro país.

7. Incluir espacios curriculares relativos al abordaje de la discapacidad y de la multi discapacidad en los planes de estudio de los Centros Formativos de Edución Especial, en las áreas de Educación Física, Educación Artística y otras.

8. Garantizar un proceso que asegura que todos los integrantes del colectivo con discapacidad participen de forma equitativa, ejerciendo su derecho a la autodeterminación, dejando de manifiesto el concepto de capacidad jurídica implementado en la Ley 8661.

9. Reconocimiento de los grupos sociales distintos el valor que hay en cada diferencia, el respeto a la diversidad, y el reconocimiento de un tercero vulnerable, con necesidades específicas que deben ser saciadas para que pueda estar en condiciones de igualdad y disfrutar de sus derechos fundamentales.

10. Exigen pensar en lo que sucede cuando niños, niñas y adolescentes interactúan en el sistema en el que se encuentran incluidos la familia y el colegio, es decir en la comunidad y después de la etapa escolar.

11. Cubrir aspectos como la vida (plena) en comunidad, la autonomía en la toma de decisiones, la participación ciudadana, el acceso y uso de los bienes y servicios disponibles para los ciudadanos.

12. Se exige una sociedad inclusiva, por tanto, se deberá disponer y habilitar mecanismos para asegurar la garantía de los Derechos Humanos, la dignidad y la ciudadanía activa de todas las personas que componen nuestra sociedad.

13. Requieren la transversalización de la temática de la discapacidad en todas las esferas de la educación nacional, para que las capacidades de estos profesionales visibilicen la diversidad presente en este colectivo.

En la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) nos sentimos honrados de que muchas de las personas integrantes de los diversos colectivos de la discapacidad hayan encontrado una casa de organización para canalizar sus luchas, como lo sienten en la ANEP.

Con profundo dolor, consternación y enorme indignación, denunciamos ante el pueblo costarricense y el centroamericano, ante el pueblo latinoamericano y el del resto del mundo, la tragedia cotidiana que se vive en el hermano país de Guatemala; ante la más reciente ola de asesinatos selectivos, crímenes políticos, de personas luchadoras sindicales y sociales, defensoras de los Derechos Humanos, mismas que han ofrendado sus vidas al luchar en aras de verdadera justicia social y real democracia para uno de los pueblos más sufridos de toda la historia de la América Latina: el guatemalteco.

En Guatemala, ser dirigente social y luchar por un mundo mejor es una actividad que conlleva riesgo de morir asesinado, tal y como lo expresan los casos que aquí, seguidamente, denunciamos.

A nivel de la causa laboral, Guatemala es un país donde el derecho de Libertad Sindical es violentado “a tiro limpio”, de manera sistemática por parte del sector empresarial autóctono y transnacional, por altos funcionarios de Gobierno y por los alcaldes municipales.

De manera pública exhortamos a nuestro respetado compatriota, don Francisco Dall’Anese Ruiz, residente en Guatemala dado que la Organización de las Naciones Unidas (ONU), le dio el encargo de presidir la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CIGIC); para que disponga todo lo pertinente y para que exija un alto a esta macabra acción de los oligarcas guatemaltecos en contra de la dirigencia social chapina; procediendo a darle prioridad a las investigaciones para que, mínimamente, los crímenes más recientes comentados aquí no queden impunes.

De conformidad con el acuerdo 3, inciso b, del acuerdo entre la ONU y el Gobierno de Guatemala para la creación de la CIGIG (12 de diciembre de 2006), ésta puede insertarse en procesos de investigación criminal, como lo son los asesinatos de la dirigencia social guatemalteca. Veamos:

KIRA ZULUETA ENRÍQUEZ MENA: Secretaria General del Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de Nueva Concepción, del departamento de Escuintla. Asesinada el viernes 22 de marzo. Baleada en su puesto de trabajo, la biblioteca municipal. Ella era directiva nacional de la Federación de Trabajadores de la Alimentación, Agroindustria y Similares de Guatemala (FESTRAS).

SANTA ALVARADO: Integrante del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud de Guatemala (SNTSG), quien laboraba en la cocina del Hospital Nacional de Totonicapán, fue interceptada por hombres armados con sus rostros cubiertos en el momento en que su esposo la recogía luego del trabajo. A él lo bajaron del carro y a ella se la llevaron. Luego apareció estrangulada. Tenía 45 años. Deja dos huerfanitos, de 5 y 3 años.

TOMÁS QUEJ: Líder comunal del caserío Moxanté, Purulha, Baja Verapaz. Su cuerpo fue encontrado, el 26 de febrero, con impactos de bala en el pecho y en la cabeza, en la comunidad de Chirretzaaj, en la periferia de Cobán.

CARLOS ANTONIO HERNÁNDEZ MENDOZA: Asesinado el 8 de marzo, miembro de la Coordinación Campesina Nuevo Día, de la Coordinadora de Organizaciones Populares, Indígenas, Iglesias, Sindicales y Campesinas de Oriente (COPISCO), y del Comité Ejecutivo del Frente Nacional de Lucha (FNL). 8 tiros acabaron con su productiva militancia social. Su asesinato se produjo en Camotán, Chiquimula. Era un defensor de Pacha Mama (la Madre Tierra) y un incansable luchador contra las empresas mineras.

JERÓNIMO SOL AJCOT: Asesinado el 11 de marzo, en la aldea Chacayá, Santiago Atitlán, Sololá. Lo balearon cuando iba para su trabajo, en la finca Valparaíso, Chicacao, del departamento de Suchitepéquez. Él era dirigente de la Asociación Maya Tzutujil de Agricultores de Santiago Atitlán, integrante de la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina (CONIC). Ya había sido amenazado de muerte con antelación.

EXPECTACIÓN MARCOS UCELO: Secretario del Parlamento Xinca, apareció muerto dentro de un vehículo luego de que fuera secuestrado el domingo 17 de marzo, junto a otros tres líderes campesinos. Todos regresaban a sus hogares luego de una consulta comunitaria dada su naturaleza de dirigentes campesinos, en la aldea El Volcancito, San Rafael Las Flores, Santa Rosa. Sus tres compañeros tuvieron la “suerte” de quedar con vida luego de que fueran abandonados una vez torturados y golpeados: Rigoberto Aguilar, Roberto López y Roberto González. Todos son de Santa María Xalapán, Jalapa.

La dirigencia del Comité de Unidad Campesina CUC, fue atacada el 24 de enero, amenazada con machetes en mano por personas contratadas por una empresa cementera, cuando se desplazó a la comunidad de San Antonio Las Trojes, en San Juan de Sacatepéquez.

Intento de asesinato, en su propia casa de habitación, con irrupción violenta de tres hombres fuertemente armados, contra Rubén Mazariegos Vásquez, Secretario General de los Sindicatos de Salud Pública y Vicepresidente de la Unidad de Acción Sindical y Popular (UASP). Esto ocurrió el martes 12 de marzo. La UASP lucha contra el modelo extractivo y ha denunciado presuntas y grandes corrupciones fiscales de evasión de impuestos.

María Teresa Chiroy Pumay, Secretaria de Actas y Acuerdos del Sindicato de Trabajadores del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (STIGSS), está amenazada de muerte. Adicionalmente, dos dirigentes de esta organización, Rodolfo Eduardo Juárez Ralda y Layla Lerissa Chanquín Jocol de Pérez, enfrentan un proceso penal por sus actividades sindicales corriendo el riesgo de terminar en la cárcel.

Rubén Herrera, ingeniero de profesión y defensor de los Derechos Humanos en Huehuetenango, fue capturado por orden judicial, acusado de “instigar” a la población que se resiste al establecimiento de una empresa hidroeléctrica privada, en la comunidad de Barillas, Huehuetenango.

65 dirigentes sindicales asesinados en los anteriores gobiernos de Berger, Colom y ahora el de Pérez Molina. Total impunidad, ni investigación ni castigo alguno. Según un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de 2012, en Guatemala hay impunidad total.

Según la Unidad de Protección a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos (UDEFEGUA), organización no gubernamental ONG guatemalteca, de enero a octubre de 2012 hubo 254 ataques a personas luchadoras por los Derechos Humanos.

Desde Costa Rica formulamos fuerte emplazamiento al Gobierno de Guatemala, presidido por el exmilitar Otto Pérez Molina; a su Ministro de Gobernación, señor Héctor Mauricio López Bonilla; así como a la Fiscal del Ministerio Público de ese país, señora Claudia Paz y Paz, y al señor Jorge De León Duque, Procurador de los Derechos Humanos; para que no escatimen esfuerzos ni recursos en identificar y juzgar a los autores intelectuales y materiales de estos crímenes sociales; para que protejan las vidas de quienes siguen luchando por la Vida, por la Democracia, por los Derechos Laborales que son Derechos Humanos; en fin, a favor del bienestar y la felicidad del sufrido pueblo trabajador guatemalteco.

Rendimos tributo póstumo a estos héroes y heroínas populares de Guatemala que dieron su vida por los y las de su clase, por “los y las de abajo”. Llamamos a la más amplia solidaridad.

Según entendemos, el Papa Francisco no era lo que todos esperaban en el seno del catolicismo y en el mundo de la política global. Una parte deseaba que estuviera bien comprometido con una complicidad, tácita y/o abierta, al respecto de los crímenes de la dictadura de Argentina, durante los dolorosos años 1976-1983 y sus 30 mil detenidos-desaparecidos. Parece que no es así y, por el contrario, dos sacerdotes colegas de su orden religiosa, la Compañía de Jesús (los jesuitas), con posiciones progresistas y predicadores de la Teología de la Liberación, fueron detenidos por el régimen militar durante algún tiempo.

Por otra parte, otro sector anhelaba que se continuase con una línea ultraconservadora en el seno de la cúpula vaticana, bastante conmocionada por una serie de escándalos que han golpeado durísimo la credibilidad de la Iglesia Católica en cuanto institución milenaria de la política mundial. Ni lo uno, ni lo otro. ¿Pero qué hay del problema de la desigualdad en el mundo?…

Recientemente leímos que el Papa Francisco es del criterio de que hoy en día la hegemonía política global es la del “envilecimiento del Estado”, lo cual él percibe como “propio del más crudo liberalismo”.

Opina el Papa Francisco que el Estado “es un instrumento creado para servir al bien común, y para ser el garante de la equidad y de la solidaridad del entramado social”.

Junto a este criterio, el Papa Francisco nos indica que las sociedades de hoy viven dos enfermedades: “la evasión de los impuestos, y el despilfarro de los dineros del Estado, que son dineros sudados por el pueblo. Ambas comprometen la equidad social y la justa distribución del ingreso” (por un momento pensamos que Su Santidad estaba relatando la situación costarricense de los últimos tiempos). Igualmente, en tal escrito alertó contra el “endiosamiento del Estado, que parece una especie de Dios, que todo lo puede, al cual nada malo le podría pasar”.

Las citas que hemos mencionados son un documento, “Queremos ser nación”, escrito por el ahora Papa Francisco, cuando la Argentina estaba hundida en una profunda crisis; documento preparado con ocasión de la reunión No. 129, de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Argentina. Buenos Aires, 10 de agosto de 2001 (localizable en www.aica.org).

Ahora bien, es real que hoy en día estamos viviendo uno de los tiempos más perversos de la historia de la Humanidad: la era de la globalización neoliberal hegemonizada por la parte más brutal del explotador sistema capitalista: la del sistema financiero-bancario.

Y es todavía más real que los valores eternos del pensamiento de Cristo Jesús, a pocas horas de recordar su pasión, muerte y resurrección, se revalidan y se relegitiman a la luz de la pobreza criminal que el sistema financiero-bancario de signo neoliberal se va imponiendo en países donde jamás se pensó que algo así pasaría, como varios de las naciones de la Unión Europea (UE).

Cuando uno se percata de noticias que podrían pasar “inadvertidas” para la gente, como ésta de que las fortunas estratosféricas de los más multimillonarios de los multimillonarios del planeta no paran de crecer; no solamente queda clarísimo que en la agenda de la lucha por la supervivencia humana, el primer lugar lo ocupa la lucha contra la desigualdad; sino que la misma preservación de la vida en el planeta, su continuidad, está asociada a una revolución ética y moral jamás pensada, más allá de las transformaciones políticas que están pendientes.

Como creyentes, pensamos que las enseñanzas de Cristo Jesús le pueden dar un contenido espiritual de proporciones insospechadas a la promoción de procesos profundos de transformación social, como lo muestran varios de los gobiernos progresistas de la América Latina de hoy. Enhorabuena que el Papa Francisco esté potenciando que el camino correcto es de la reivindicación de “los y las de abajo”.

Por eso pensamos que hay que ponerle mucho cuidado a la gestión del Papa Francisco, a los gestos y a las señales que está mandando y a alguna parte de su pensamiento antes de convertirse en el jerarca máximo de la Iglesia Católica mundial.

Desde una perspectiva sindical, es imposible no reparar en este criterio del Papa Francisco: “La dignidad la tenemos por el trabajo, porque nos ganamos el pan, y eso nos hace mantener la frente alta. Pero cuando el trabajo no es lo primero, sino que lo primero es la ganancia, la acumulación de dinero, ahí empieza una catarata descendiente de degradación moral. Y termina esta catarata en la explotación de quien trabaja. Cuando se revierte el verdadero fin del trabajo, el centro del trabajo, que es la persona, empieza a crecer el afán de dinero insaciable”. (Homilía del 27 de marzo del 2011, cuando era cardenal arzobispo de Buenos Aires, en memoria de varios niños y jóvenes, víctimas de trabajo esclavo que murieron en un incendio del taller clandestino en que trabajaban).

Pero vámonos al otro extremo: el de la codicia sin límites. ¡Vaya ejemplos! Veamos.

Desde hace cuatro años el mexicano Carlos Slim está en el lugar número uno de las personas más archimillonarias del planeta: 73 mil millones de dólares de fortuna, misma que creció en 4 mil millones de dólares del 2011 al 2012.

En este “ránking de la locura de la concentración de la riqueza en el mundo”, el gringo Bill Gates está en el lugar dos: con 67 mil millones de dólares (con 6 mil millones más que el año anterior).

Y en tercer lugar, nada más y nada menos que un español, sí, de España, esa nación europea que está llegando al 30% de desempleados y que tiene a la mitad de toda su población juvenil sin trabajo: un empresario llamado Amancio Ortega, subió al tercer lugar del indicado “ranking”, pues en solamente un año su fortuna llegó a los 57 mil millones de dólares, estando el año anterior de este tipo de medición, en 37.500 millones de dólares. (Todos estos datos son de la revista especializada Forbes, divulgados desde la ciudad de New York, por las agencias noticiosas internacionales de prensa AFP y EFE).

La revolución política que necesitamos para combatir este perverso escenario de desigualdad; las gigantes movilizaciones sociales que para ello se ha de requerir; las impresionantes coaliciones de diversidad que será necesario construir para ello; deben tener dos contenidos fundamentales, a nuestro modesto modo de entender: una base moral y ética profunda que desde las enseñanzas fundamentales de Jesucristo se pueden tener elementos centrales; y una amplísima tolerancia para trabajar en la diversidad que debe despojarse del sectarismo fundamentalista y salvacionista típico de los cultos dogmáticos que se reivindican para sí mismos la etiqueta de “revolucionarios”, impidiendo el crecimiento del movimiento liberador que urge nuestro tiempo. Seguiremos el caminar del Papa Francisco.

Varias informaciones de prensa recientes dieron cuenta del caso de un grupo de trabajadores y de trabajadoras nicaragüenses que ingresaron al país, de manera clandestina, para ser explotados laboral y miserablemente, por parte de empresas ticas que no tienen escrúpulos de ningún tipo cuando se trata de burlar las leyes laborales y sociales costarricenses.

La prensa del hermano país norteño, específicamente “El Nuevo Diario”, dio cuenta de este caso, denunciando que estas personas fueron traídas al país para cortar naranjas, prometiéndoles que ganarían al día unos 50 dólares (25 mil colones, aproximadamente), pero la realidad fue otra: solamente recibirían 1.800 colones. Prácticamente, laborarían en condición de esclavitud. Afortunadamente, la Dirección General de Migración y Extranjería de nuestro país indicó que harán una fuerte y seria investigación al respecto.

Evidentemente, este no es un caso aislado ni será el último. Es un secreto a voces la naturaleza explotadora de la mano de obra migrante en nuestro país, especialmente la de origen nicaragüense, que es abrumadoramente mayoritaria. Nuestros colegas luchadores sociales y sindicales de muchos años, del Sindicato de Trabajadores de Plantaciones Agrícolas (SITRAP), encabezados por el compañero Didier Leitón Valverde, nos cuenta a menudo de cómo se trata a estos trabajadores migrantes en las plantaciones piñeras y bananeras del atlántico de nuestro país, lo cual es únicamente un grave ejemplo de explotación y sobreexplotación laboral cotidiana, silenciosa, dolorosa; que persigue cualquier forma de organización sindical.

Con seguridad, son también constantes los episodios de violación de derechos laborales a la población migrante nicaragüense en las zonas urbanas. Nosotros pensamos que debe combatirse, por todas las formas posibles, esta situación, tanto en el campo como en la ciudad. Nuestras leyes laborales y sociales, especialmente la de Libertad Sindical, deben cubrir plenamente a este conglomerado laboral extranjero en nuestro país.

Si no le entramos a corregir la sobreexplotación y explotación laboral de la mano de obra migrante, se golpea nuestro sistema de Seguridad Social, específicamente a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS); pues si los patronos inescrupulosos y abusadores no declaran planillas de este personal, o cuando lo hacen subdeclaran montos salariales, hemos de perder toda la clase trabajadora y, por supuesto, la costarricense, con los dineros dejados de percibir por cuotas obrero-patronales evadidas o subdeclaradas.

Para aportar en esta lucha y desde la perspectiva sindical, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), de Costa Rica, ha convenido con el Frente Nacional de los Trabajadores (FNT), la mayor y más representativa organización sindical del hermano país de Nicaragua; la firma de un acuerdo “Para la organización y defensa de los Derechos Humanos y Laborales de los Trabajadores Inmigrantes”.

Como dice el documento que se firmara en la capital nica Managua, el pasado 13 de febrero, “ambas organizaciones reconocen, que los trabajadores inmigrantes Nicaragüenses y de otras nacionalidades en Costa Rica, enfrentan problemas de extrema marginalidad laboral que conllevan a la violación de sus derechos laborales y humanos, sabiendo que existe una importante fuerza de trabajadores inmigrantes Nicaragüenses en el sector del cultivo del banano, piña y café, seguridad privada, actividad de comercio y servicios domésticos, la construcción, transporte colectivo y otros. Todas las formas de relación o contratación en estos sectores de actividad laboral, generalmente aparecen de forma oscura y sin una intervención tripartita generando desventajas a los trabajadores inmigrantes y nacionales en términos de condiciones de trabajo…”.

Además, el acuerdo ANEP-FNT establece “acompañar el proceso de normalización del status migratorio del trabajador inmigrante”; de la misma forma que incluye la realización de “gestiones para crear una BOLSA DE TRABAJO CON INMIGRANTES como resultado de acuerdos tripartitos…”; previendo que la organización sindical migrante bilateral que se establece en este acuerdo, “sean las responsables de la organización y recepción de la fuerza de trabajo”. Por supuesto, objetivos sumamente ambiciosos pero con un profundo contenido de solidaridad obrera internacionalista y de honda connotación humanista cristiana.

Lo novedoso de este acuerdo es que su implementación será en ciertas comunidades urbanas en las cuales residen compañeros trabajadores y compañeras trabajadoras nicaragüenses, tales como La Carpio, en San José; y Guararí, en Heredia.

Se ha pensado que estas personas que vienen al país y que de un modo u otro vienen a solventar problemas serios de fuerza laboral en varios sectores delicados de la economía nacional, como los mencionados en el indicado acuerdo ANEP-FNT, deben recibir capacitación, formación, educación y sensibilización para que sepan cómo defenderse de la explotación laboral al margen del sistema legal costarricense; para que sepan cuáles son los derechos a los cuales tienen acceso otorgados en nuestro Código de Trabajo; para que sepan cómo defender esos derechos y cómo organizarse para invocarlos, incluido el proceso de conformación de agrupaciones sindicales que les representen.

Igualmente, se pretende que comprendan la naturaleza del sistema de Seguridad Social costarricense y las responsabilidades que el mismo exige a la persona trabajadora en cuanto a su cuota obrera, al no abuso de sus servicios, a defender esta legendaria conquista social costarricense y a denunciar las irregularidades.

Esta nueva fase del convenio ANEP (Costa Rica)-FNT (Nicaragua), arrancará este viernes 22 de marzo, a las 6 de la tarde y en la comunidad de La Carpio, en el salón comunal CODECA, con una actividad oficial con representación oficial de ambas entidades. Habrá una presentación cultural saludando la experiencia. Si usted vive ahí y desea acompañar el acontecimiento, desde ya se le invita. Este es, sin duda, un notable esfuerzo, inédito en la historia del país y que abre perspectivas nuevas de trabajo de lo que nosotros pensamos acerca del “Sindicalismo Ciudadano”.

El colectivo laboral del Sistema Nacional de Radio y Televisión (SINART S.A.), siente gran indignación y enorme molestia ante la desafortunada decisión del Alcalde de San José, don Johnny Araya Monge, en lo que atañe a las transmisiones televisivas de los todavía en desarrollo Juegos Deportivos Centroamericanos San José 2013.

Así nos lo indica la voz sindical líder en tal entidad, militante de la agrupación en la cual nos desempeñamos, don Fernando Vargas Torres, reconocido profesional de la comunicación colectiva de nuestro país.

Analizando las informaciones que sobre este asunto nos fueron suministradas, consideramos más que justificado que la opinión pública nacional, especialmente la que toma mucho nota de los acontecimientos deportivos, tanto nacionales e internacionales, pudiera percatarse de este aspecto de los famosas justas competitivas de la zona; mismas que motivan a la juventud nacional y regional, a desplegar extraordinarios esfuerzos individuales y grupales para resaltar a sus respectivos países.

Los y las televidentes del país no pudieron disfrutar de las transmisiones deportivas de los Juegos Deportivos Centroamericanos San José 2013, tal y como lo pudo haber realizado el Canal 13-SINART. Don Johnny lo dejó por fuera por el carácter de los contratos comerciales que para tal propósito firmó con Repretel y con Canal 7, todo ello a pesar de que el Estado es el principal patrocinador de las justas.

Nada en contra, por supuesto, de que estas empresas privadas de comunicación colectiva pudieran tener tales contratos; pero, la discriminación de la televisión estatal, que se despliega con otra lógica más allá del mero lucro, merece ser explicada por don Johnny. Incluso, el caso de Extra TV 42 para la presente circunstancia, no escapa a esta explicación del aspirante presidencial liberacionista.

En el caso del Canal 13-SINART, ya éste estaba preparado para transmitir ocho horas diarias de todo lo que aconteciera en las competencias; incluso había llegado al acuerdo con Canal 15 de la Universidad de Costa Rica (UCR), para producir y transmitir en directo desde cuatro puntos distintos donde se desarrollarían las competencias. Nada de eso fue posible por la entrega que se hizo de los derechos de transmisión de los juegos.

Según la propia Presidenta de la República, Laura Chinchilla Miranda, sólo el Gobierno Central ha invertido más de ocho mil millones de colones en obras de infraestructura y preparación de atletas; cifra que es mucho superior al tomar cuenta los cientos de millones de colones que gastan los bancos estatales y otras instituciones públicas en el patrocinio del evento. No puede dejar de catalogarse como paradójico que haya sido el propio candidato presidencial oficialista quien dejara por fuera de toda posibilidad al canal estatal (más bien, a dos canales estatales), en esta coyuntura deportiva tan excepcional.

Creemos que pudieron haber existido dos tipos de cobertura: la meramente comercial y la de orden social y comunitario, de forma que más televidentes por más tiempo y con más opciones horarias pudieran haber tenido acceso a información más amplia de estos juegos.

Don Johnny le dio la espalda a dos instituciones públicas, el SINART y la UCR, que se preparaban para brindar un servicio público de televisación de los juegos desde otra perspectiva, de mayor profundidad popular; pues la sensación que se ha venido percibiendo es que desde la perspectiva privada comunicacional que prefirió don Johnny, las transmisiones parecer ser a “cuentagotas”.

El sector laboral del SINART así lo percibe, y como se trata de un grupo de mucha especialización, alto profesionalismo y solidez técnica para la cuestión televisiva (tanto como lo que exhiben sus contrapartes privadas), nosotros pensamos que llevan razón en su reclamo. Al final, el público televidente expectante de las transmisiones de las diferentes competencias de estos juegos centroamericanos, parece hacer sido el más perjudicado.

En estos últimos días (según nos cuentan desde el SINART), don Johnny se ha puesto en contacto con sus autoridades para que se transmitiera por el Canal 13 “algo de lo que queda” para no quedar tan mal parado como ha sucedido hasta el momento en este aspecto de la transmisión televisa de los Juegos Deportivos Centroamericanos San José 2013. Don Johnny, al parecer, se dio cuenta de que la fuerza de sus compromisos comerciales dio al traste con una difusión más amplia de un evento que para volver a realizarse en nuestro país, deberán pasar muchísimos años.

Hoy, y ya faltando poco para que los Juegos Deportivos Centroamericanos San José 2013 terminen, el Canal 13-SINART transmite un resumen todos los días, con una hora de duración, que le da una pequeña muestra al candidato presidencial sobre la capacidad y el profesionalismo que existen en el Canal 13.

Si eso lo hace don Johnny en este momento que es candidato presidencial, ¿qué le esperará al país y que le esperará al SINART, como institución pública, si él llegara al poder? Usted tiene la palabra, Señor Alcalde de San José…

Con este título, “¿Podrán los sindicatos salvar a la economía mundial?”, se ha publicado recientemente, en el sitio web de noticias de BBC Mundo (que es un consorcio de noticias de origen británico y muy prestigioso, la British Broadcasting Corporation, del Reino Unido, en Europa), un interesante artículo acerca del papel que pueden desempeñar en las condiciones actuales de la economía mundial, las legítimas organizaciones de la clase trabajadora: los sindicatos.

Comienza el artículo indicando que “con la globalización y la desregulación se ha asentado la idea de que los sindicatos son una traba al crecimiento económico, un dique que erosiona la competitividad y el empleo por el impacto que tienen en los costos sus exigencias de aumentos salariales y mejores condiciones laborales”.

Esta ha sido la visión dominante según la hegemonía del capital imperante en el planeta, luego de la caída del Muro de Berlín (1989), promovida por el neoliberalismo que se autoproclamó como el “pensamiento único”, cuando fue declarada después de esa fecha, la “muerte de las ideologías”.

Seguidamente, el artículo menciona que tal visión “ha empezado a cambiar con el estallido financiero de 2008, que puso en entredicho el paradigma reinante desde la revolución privatizadora thatcherista-reaganiana de la década de los años 80”. Nosotros preferimos hablar de “revolución” para “los de arriba”; involución y explotación, a mansalva, para “los de abajo”.

Según el comentario de marras, “ese estallido financiero se debió a una explosión descontrolada del crédito impulsada, entre otras cosas, por la necesidad de compensar la caída del salario real y disimular la creciente desigualdad de las últimas décadas”.

Y es aquí donde nosotros hacemos una primera conexión con la realidad costarricense, signada, profundamente en estos días por el crecimiento de la desigualdad, que percibimos como nuestro problema número uno como sociedad.

Como es sabido, tal crecimiento de la desigualdad en el país tiene, en términos generales, en alto endeudamiento a una elevada cantidad de personas trabajadoras asalariadas, tanto del sector Público como del Privado (y no asalariadas, también); con enormes deudas que carcomen sus respectivos salarios y/o ingresos informales, reduciendo su correspondiente liquidez y, por ende, llevándolas a un deterioro de su calidad de vida, precisamente porque el dogma dominante hasta hoy en este ámbito de la realidad laboral, restringió al máximo el poder de compra del salario.

Volviendo al artículo, se da un ejemplo de lo acontecido con el salario promedio en los Estados Unidos, dando cuenta de que, en 1978, al inicio de la ofensiva neoliberal privatizadora thatcherista-reaganiana, equivalía a unos 48 mil dólares anuales (a valor actual); mientras que el 1% más rico tenía un ingreso promedio, en ese año, de 390 mil dólares al año. Hoy, ese salario promedio laboral ha descendido a los 33 mil dólares; mientras que ese 1% más rico, gana, al año, un millón de dólares. Semejante retrato de la desigualdad nos deja perplejos y enormemente indignados.

Estas cifras son de Robert Reich, quien produjo un documental denominado “Desigualdad para todos”, exministro de Trabajo en el gobierno del presidente estadounidense Clinton.

Dice el artículo que tal desigualdad es muy similar en lo que comúnmente se denomina (se denominaba, decimos nosotros), “países desarrollados”, pues en éstos, tal proceso de indescriptible injusticia fue producto de “la pérdida de poder de los sindicatos”, así como de “la aparición de un núcleo duro de legislación para limitar sus actividades”.

Luego de que está más que demostrada la debacle neoliberal, con sus consecuencias de más pobreza, más desigualdad, más corrupción, más totalitarismo económico de mercado, menos derechos laborales y sociales; aparecen opiniones calificadas, en otra dirección, como las de Andreas Bieler, profesor de Economía Política de la británica Universidad de Nottingham, Reino Unido.

Apunta este pensador, según consigna el artículo que comentamos, que “lo que se necesita hoy es más demanda”; que “con sindicatos más fuertes, habría aumentos salariales que estimularían este proceso”. Esta opinión se ve en este nuevo contexto de pensamiento que plantea llegada la hora de acabar con “la demonización de los sindicatos”.

Claro que no todo lo que apunta el señor Bieler lo podemos compartir, pues él indica que si bien es cierto que “nadie pone en duda que la desigualdad entre ricos y el resto ha crecido en todo el mundo”, lo que muchos cuestionan es “su significado”; dado que, apunta él, “desde esta perspectiva, el problema no es tanto el crecimiento de la desigualdad como que no se produzca más riqueza”.

Por supuesto que con esta parte de tal enfoque, discrepamos, por cuanto la desigualdad no es una cuestión objetiva, sino profundamente política, moral, ética y cristiana; y, además, esto de elevar el crecimiento, tampoco es una cuestión objetiva, pues está de por medio la existencia misma del planeta, si pretendemos que los abusivos niveles de consumo del 1% más rico, se extendieran, así no más, al 99% que está quedando por fuera de ese “crecimiento” a la luz de una mera perspectiva de fría economía.

Nosotros pensamos de lo que se trata es de que ese 1% más rico, sea completamente arrinconado, tributariamente hablando, para mencionar tan sólo una línea de combate, realmente efectiva, de la desigualdad.

En todo caso, y para la realidad nuestra, el artículo nos indica que la existencia de los sindicatos es vital para escenarios de combate a la desigualdad; que los altos endeudamientos de un país, están en los segmentos de sus correspondientes clases trabajadoras, básicamente, y dados los ataques al poder de compra de los salarios.

Que se deben diseñar novedosas políticas públicas para atacar el problema del alto endeudamiento laboral y recordamos aquí, una propuesta social que planteó el Plan solidario para rescatar a personas altamente endeudadas, incluido en un documento más general denominado “10 medidas para enfrentar la crisis económica con inclusión social y productiva”, entregado en el 2009 a las entonces personas precandidatas presidenciales.

Que se ocupa de otra política salarial, en el caso de Costa Rica, para combinarla con políticas productivas dirigidas a ampliar el mercado para consumo interno, dado que el parque productivo nacional es, casi en su totalidad, de micro, de pequeñas y de medianas empresas. Y, en tal estado de cosas, debemos empezar, por ejemplo, discutiendo cuáles son los niveles dignos, necesarios y vitales de las actuales cifras de los salarios mínimos del país; que no es lo mismo que hablar, cada seis meses, de cuánto se reajustan por inflación. En la campaña electoral para el 2014, ya en desarrollo, ¿no creen ustedes que este debería ser un tema central y estratégico?…

El presente y el futuro de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), es un asunto directamente relacionado con nuestras propias vidas, especialmente, las vidas de la clase trabajadora, en su amplia concepción. La clase pudiente, suficientemente adinerada, no ocupa de la Caja. Va a la medicina privada y la que más plata tiene, va a la medicina privada en el exterior.

Es más, mucha gente de los sectores medios asalariados, haciendo un gran esfuerzo y sacrificio financiero, paga medicina privada en ciertas ocasiones porque nuestra querida Caja no le resuelve de inmediato su necesidad de salud. Pero aún en estas circunstancias, para la abrumadora mayoría del pueblo costarricense, la Caja es sinónimo de vida.

Un importante grupo multisectorial de organizaciones sociales ha hecho, durante muchos meses, un gran esfuerzo por analizar qué es lo que le ha hecho a la Caja el poder político y corporativo tradicional; qué es lo que se debería corregir, qué se debe proponer para relanzar la Caja, como costarricenses pertenecientes a la clase trabajadora.

Sin creerse dueños de la verdad, ni tampoco que se la única propuesta, se está relanzando el planteamiento “Diez medidas para comenzar a ordenar la Caja”, esperando difundirlo al máximo, darle base social y generar un esfuerzo ciudadano de carácter organizativo y movilizador en torno al mismo.

Estamos convencidos de que la Caja ha venido siendo víctima de una especie de secuestro de grupos corporativos, internos y externos; estamos convencidos de que la Caja es del pueblo trabajador, no de los sindicatos. Estamos convencidos de que la abrumadora mayoría del personal de la Caja, incluyendo la mayoría de su cuerpo médico, es gente trabajadora honorable, entregada, comprometida y abnegada.

Sin embargo, el poder de ciertas élites al interior de la institución, como el poder de lo que denominamos la “realeza médica”, está perjudicando y empañando la preservación de este lema estratégico: la Caja es la vida, la vida del pueblo trabajador.

Según el planteamiento “Diez medidas para comenzar a ordenar la Caja”, sus problemas se originan en tres tipos de conflictos de interés de cuya resolución depende el futuro de la Seguridad Social.

PRIMERO: El conflicto existente entre el interés público y los intereses político-partidarios. Este conflicto ha producido, por ejemplo, que la jerarquía institucional le perdone deudas al Estado o no se utilicen todos los instrumentos legales para impedir la morosidad del Estado con la Caja; o que se haya contratado más de 10 mil personas, la mayoría en cargos administrativos a nivel central.

SEGUNDO: El conflicto existente entre el interés público y los intereses mercantiles de quienes hacen jugoso negocio con la salud (o más bien, con la enfermedad) de las personas. Este conflicto ha producido, por ejemplo, que se siga contratando servicios privados a un costo altísimo, en lugar de realizar las inversiones que permitan a la Caja prestar esos servicios de forma directa a un menor costo.

TERCERO: El conflicto existente entre el interés púbico y el interés gremial. Algunos de los gremios de la Caja están actualmente defendiendo situaciones desfavorables para la población asegurada. Por ejemplo, en lugar de buscar que la hora ordinaria se remunere bien para todos, defienden que una pequeña élite de profesionales en ciencias médicas ganen más de 10 millones de colones al mes. Esto se hace mediante abultadas jornadas extraordinarias como guardias médicas y disponibilidades que disparan el gasto en esta partida presupuestaria y que no guardan relación con las listas de espera que son verdaderamente uno de los “talones de Aquiles” del sistema. Estas jornadas extraordinarias devienen permanentes, con lo que se bloquea la creación de segundos y terceros turnos. Este círculo vicioso impide que la mayoría de los centros de atención de la Caja abiertos las 24 horas logren un verdadero impacto en la efectividad, calidad y humanización de los servicios. También impide la contratación de personas jóvenes que releven a la fuerza de trabajo actual.

Todos estos conflictos entre el interés público (de toda la población asegurada) y de unos pocos (políticos, vendedores de servicios y de algunos pocos especialistas inescrupulosos), que afectan directamente lo que hace y deja de hacer la Caja, tanto hacia dentro como en sus relaciones externas, deben ser abordados con transparencia y objetividad. He aquí la propuesta de las “Diez medidas para comenzar a ordenar la Caja”:

1) Implementación del expediente electrónico en un plazo de 6 meses a nivel nacional.

2) Transparentar las listas de espera e incorporar la participación de la gente en el seguimiento y control, incluyendo cirugías, exámenes de diagnóstico y citas con especialistas

3) Fiscalizar de mejor manera el cumplimiento de los horarios de todo el personal de la Caja, en particular de los/as profesionales de las ciencias médicas, con un énfasis de control real, efectivo y prioritario en lo que a extras, guardias, disponibilidades se refiere ya que estos rubros son onerosos para el sistema y no guardan relación con la atención que el pueblo trabajador merece. Modalidades de trabajo que deben irse eliminando a partir de implementar lo referido en el punto siguiente.

4) Disminuir el tiempo extraordinario hasta donde sea posible en atención a la calidad y la oportunidad del servicio público, y sobre todo como forma permanente de pago de jornada, creando nuevas plazas en segundos y terceros turnos para que los hospitales y otros centros de atención sigan funcionando las 24 horas.

5) Desenganchar los salarios de los profesionales en ciencias médicas de la fijación salarial del resto del sector público.

6) Establecer gradualmente y conforme se desarrolle un agresivo programa de formación de nuevos especialistas, la prohibición de tener simultáneamente práctica pública y privada para evitar el conflicto de intereses por parte de algunas ramas de profesionales en ciencias médicas.

7) Retomar el enfoque preventivo del modelo de atención.

8) Acordar y ordenar en un plazo de 30 días la centralización de las compras de medicamentos e insumos médicos y permitir el seguimiento público de estas compras.

9) Formular con carácter urgente en un plazo de dos meses, un plan de inversiones que establezca metas concretas para la adquisición de equipo y tecnología de punta para eliminar la contratación de onerosos servicios privados.

10) Dar contenido fiscal a todos los compromisos del Estado con la Caja y sus deudas, tanto en el régimen de Enfermedad y Maternidad, como en el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte; y eliminar los portillos legales que permiten evadir y eludir las cuotas obrero-patronales mediante la utilización de redes de empresas privadas y personas jurídicas.

Recordemos las entidades sociales que, hasta el momento, están respaldando e impulsando el proceso de las “Diez medidas para comenzar a ordenar la Caja”:

Unión de Productores Independientes de Actividades Varias (UPIAV)
Unión Nacional de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios (UPANACIONAL)
Cooperativa de Electrificación Rural Los Santos (COOPESANTOS)
Cooperativa Agrícola, Industrial y de Servicios Múltiples (COOPEAGRI)
Cooperativa de Caficultores de Tarrazú (COOPETARRAZÚ)
Sindicato Nacional de Enfermería (SINAE)
Asociación Regional de Salud Comunitaria de San Ramón (ARSC)
Iglesia Luterana Costarricense (ILCO)
Consorcio de Gestión de la Economía Social (CONGES)
Comité Cívico Nacional de Motociclistas de Costa Rica
Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP)
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

Nosotros estamos muy emocionados con el triunfo electoral, rotundo y contundente, del actual Presidente de la hermana república latinoamericana de Ecuador, Rafael Correa Delgado, quien fue reelecto para un nuevo período al mando de dicho país hasta el año 2017.

Y como si tal triunfo presidencial no fuera ya de por sí abrumador, 60%, obtuvo él una calificada mayoría parlamentaria, lo cual le permitirá seguir impulsando políticas públicas y leyes que, definitivamente, terminarán cambiando, radicalmente, a la sociedad ecuatoriana. Desde esta columna, saludamos al pueblo hermano de Ecuador y felicitamos a su distinguido presidente Correa.

¿Por qué nuestra emoción y nuestra alegría? El triunfo del Presidente Rafael Correa Delgado, potencia, reafirma, consolida una tendencia política a nivel latinoamericano (marcadamente en la parte sur del continente), que ha abandonado como ejes rectores de las decisiones de política pública, los dictados del tristemente célebre “Consenso de Washington”; conjunto de recetas de inspiración neoliberal que le fueron impuestas a nuestros países latinoamericanos por organismos financieros internacionales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y más recientemente la Organización Mundial de Comercio (OMC); y, a nivel regional, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El movimiento político que ha venido liderando en Ecuador, su prestigioso Presidente, don Rafael Correa, tiene los mismos valores inspiradores, en términos generales, que motivan el accionar de otros presidentes latinoamericanos de los actuales momentos de la historia de nuestra Patria Grande. Hugo Chávez Frías, en Venezuela; Evo Morales Ayma, en Bolivia; Daniel Ortega Saavedra, en Nicaragua; José (“Pepe”) Mujica Cordano, en Uruguay; Cristina Fernández, en Argentina; y hasta Dilma Rousseff, en Brasil; están promoviendo un conjunto de políticas públicas que fomentan la integración, la equidad y la movilidad sociales; que impulsan la integración de la América Latina; que plantean acciones en política internacional sin “pedirle” permiso a los Estados Unidos; que luchan por un nuevo orden internacional; y que, potencian conceptos como la soberanía y la seguridad alimentarias, amén de que estos gobernantes luchan para que las riquezas naturales de sus países (como las minerales, gasíferas, petrolíferas), generen dividendos para su distribución con base en la promoción del bien común y en la reivindicación plena de “los y las de abajo” de sus respectivos pueblos.

Uno de los aspectos más interesantes y de mayor relevancia de estos procesos de cambio en los indicados países hermanos latinoamericanos, tiene que ver con las estrategias seguidas por sus nuevos líderes políticos y los movimientos que los han respaldado.

Han logrado la construcción de una articulación de fuerzas político-partidistas, sociales y cívico-ciudadanas de nuevo tipo; impulsándose procesos desde abajo, desde la base social misma que había venido soportando la exclusión, para avanzar hacia arriba; derribando las estructuras sistémicas tradicionales, en todo o en parte, pero que desplazaron las viejas estructuras hasta ese entonces vigentes, de todo tinte ideológico.

No sabemos si estamos en lo correcto cuando hablamos de que todos estos mandatarios y mandatarias y sus correspondientes soportes políticos sustentadores de los procesos de cambio que están impulsando, podría darnos fundamento para hablar de una nueva izquierda latinoamericana; pero de lo que sí estamos convencido es de que, con honrosísimas excepciones, la vieja izquierda de este continente (la “jurásica”, de la cual en nuestro país todavía quedan ciertos espernibles especímenes), quedó rebasada con estos nuevos aires de cambio de los procesos como los de Correa, en Ecuador; de Chávez, en Venezuela, de Morales, en Bolivia, para citar tres de los más paradigmáticos que estamos presenciando en la Latinoamérica de hoy.

Una de las claves parece ser que encontraron la fórmula de generar ilusión en grandes segmentos de sus propios pueblos que habían venido siendo totalmente excluidos y ya no solamente explotados; ilusión que les llevó a la movilización social primero y luego electoral, como para instaurar nuevas hegemonías políticas distintas a la de corte neoliberal y profundamente amplias con gran respeto para la diversidad.

Con lo poco que hemos conocido y leído de esos procesos, nos queda claro que los esquematismos de la añeja izquierda “clásica”, hundida en el lodazal del sectarismo aunque completamente asimilada sistémicamente hablando, a la vieja estructura de poder; jamás hubiera posibilitado el surgimiento de fenómenos sociopolíticos como pueden conceptuarse varios de esos procesos latinoamericanistas de nuevas estrategias para la integración y la inclusión sociales, con posiciones soberanistas hacia la obtención de la segunda y real independencia.

Llama la atención que la propiedad privada no ha sido abolida en estos países, a excepción de ciertas nacionalizaciones que se consideran estratégicas para desarrollos económicos y sociales de nuevo tipo; y la actividad empresarial privada ha quedado sujeta a fuertes controles fiscales y nuevas obligaciones tributarias.

Por otra parte y en el orden de los valores culturales de estos pueblos en procesos de cambio, también llama poderosamente la atención la incorporación de orientaciones de política pública que se fundamentan en el Humanismo Cristiano, como en el caso de Nicaragua y la nueva experiencia revolucionaria que están viviendo, a la cual conceptúan como “Cristiana, Socialista, Solidaria” (algo que los dinosaurios catacúmbicos de cierta “izquierda” tica jamás entenderían).

Para nosotros, como creyentes en Dios, Nuestro Señor, Cristo Jesús, queda claro que la lucha por la justicia social inspirada en valores socialistas en nada está reñida con los más eternos valores de las enseñanzas de Jesucristo en su paso por la tierra, y en escenarios de libertad y de democracia directa y participativa.

Pareciera que aquí, en Tiquicia, y en el seno de los diversos pensamientos progresistas mucho nos falta por aprender de tales procesos de cambio que vemos desarrollarse en esos países.

Somos del criterio de que si bien es cierto en nuestro país está el potencial, la “materia prima” para impulsar un movimiento político-estratégico que nos abra el camino hacia una nueva hegemonía (la de la inclusión y la integración sociales y la del retorno total de la política del bien común); muchas actitudes electoralistas de corto plazo con fuerte ingrediente personalista, impiden la construcción de las bases para impulsar un real movimiento de largo alcance que cambie las actuales estructuras sistémicas centradas en los negativos valores asumidos por una minoría que potencia, elección tras elección, el crecimiento de la desigualdad y la exclusión. Y nada pareciera indicar que con las elecciones presidenciales y diputadiles del 2014, las cosas serán diferentes. Así estamos… Por ahora, ¡a seguir luchando!