Categoría: Opinión

Hoy cedemos el honroso espacio semanal que el diario de mayor circulación en Costa Rica, Diario Extra, nos brinda, para compartir con ustedes el documento que integralmente reproducimos a continuación, incluyendo las entidades y las distinguidas personas firmantes; para indicar la adhesión a este manifiesto de parte de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), así como la de la Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP), que honrosamente representamos. Este asunto del maíz transgénico debe ser un tema de interés de todo el pueblo trabajador y de la ciudadanía patriótica nacional.

Textualmente dice: “Reunidos hoy 9 de febrero del 2013 en el distrito de Las Juntas, cantón de Abangares, representantes de diversas municipalidades de Costa Rica con diferentes sectores de la sociedad civil y organizaciones ecologistas. Consideramos:
Primero: Que la forman en que se desarrolló la reciente aprobación del maíz transgénico por parte de la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad es un absoluto acto de soberbia y de imposición sobre la voluntad y sentir de múltiples sectores de la sociedad costarricense.

Segundo: Que la decisión sobre la introducción de organismos transgénicos en Costa Rica no debe ser tomada por un pequeño grupo, dadas las implicaciones y los riesgos que tienen sobre el ambiente y la población en general.

Tercero: Que la falta de consenso científico sobre los riesgos e impactos a la salud humana es un elemento suficiente para apelar a la implementación del Principio Precautorio integrado dentro de nuestra Constitución Política.

Cuarto: Que los cultivos transgénicos no pueden coexistir con los cultivos tradicionales sin contaminarlos. Existen múltiples casos registrados en los pocos países donde se ha aceptado su siembra, que demuestran este hecho.

Quinto: Que los cultivos y las semillas ancestrales son un patrimonio cultural que debe de ser protegido y conservado.

Sexto: Que el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) no ha realizado trabajos significativos en aras de fomentar y proteger la agrobiodiversidad nacional, sino que todo lo contrario, ejemplo de ello es la promoción de las semillas híbridas de Monsanto (ej. Dekalb) y la anuencia complaciente al otorgar permisos para la siembra de cultivos transgénicos en nuestro país de manera irresponsable.

Sétimo: Que el artículo 170 de la Constitución de la República reafirma la autonomía municipal.

Octavo: Que el artículo 9 de la Constitución fomenta la democracia activa y participativa, garantizando el poder soberano del pueblo.

Noveno: Que el artículo 50 de nuestra Carta Magna establece el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

Décimo: Que los transgénicos presentan riesgos e impactos negativos sobre el ambiente y la gente.

Manifestamos: 1) Reafirmamos nuestro derecho a definir el modelo de desarrollo agrícola que queremos en nuestros territorios. 2) Mantendremos nuestros campos agrícolas libres de cultivos transgénicos con base en las herramientas que el estado social de derecho nos confiere por medio de la acción directa no violenta. 3) Nuestro absoluto compromiso con el fomento de la agroecología y la preservación de las semillas ancestrales. 4) Nuestro derecho a definir el modelo de desarrollo agrícola en aras de construir una Costa Rica socialmente justa y ecológicamente sustentable. 5) Un urgente llamado a los demás cantones en la defensa de su patrimonio agrícola cultural. Debemos proteger dicho patrimonio de la contaminación transgénica y la erosión genética. 6) La urgencia de romper la dependencia de uso de granos transgénicos en la agroindustria nacional. La soberanía alimentaria debe de ser fortalecida mediante políticas participativas de los gobiernos locales fomentando el cultivo de granos básicos y demás agrobiodiversidad existente. 7) La importancia de implementar una moratoria de 30 años a la liberación de cultivos transgénicos y demás cultivos manipulados mediante técnicas de la ingeniería genética en el territorio nacional. 8) Nuestro compromiso en la promoción de una agricultura sin semillas patentadas, sin agrotóxicos, sin transgénicos.

Quienes firma son: Diputado Claudio Monge, Partido Acción Ciudadana; Ronald Vargas Araya por Partido Frente Amplio; Juventud Partido Acción Ciudadana; Juventud Partido Frente Amplio; Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (Fecon); Asociación Preservacionista de Flora y Fauna (Apreflofas); Frente Ecológico Cultural Paraíso de Cartago; Bloque Verde; Confraternidad Guanacasteca; Asociación Ecologista Oro Verde; Red de Coordinación en Biodiversidad; Movimiento Salvemos Loma de Salitral Desamparados de San José; Ruth García Zúñiga, Concejo Municipal del Distrito de Colorado; Saúl Mora Vargas, Regidor Municipalidad de Desamparados; Carlos Medina Fernández, Regidor Municipalidad de Nicoya; Rolando Zamora Villalobos, Regidor Municipalidad San Isidro de Heredia; Luz Cristina Vargas Coto, Regidora Municipalidad de Paraíso de Cartago; Gerardo Alfredo Cascante Suárez, Municipalidad de Abangares; José Ricardo Sánchez Mena, Regidor Municipalidad de Alvarado de Cartago. Envíese este documento a todos los consejos municipales y alcaldías del país”. Instamos a todas estas entidades a pronunciarse en tal sentido.

Aunque ya muchas personas de buena fe, así como diversos sectores sociales organizados y hasta de corte político-partidista, han entendido la esencia de nuestro planteamiento, con respecto al tema salarial que por ley está fijado para el cuerpo médico nacional; pensamos conveniente reiterar que la posición oficial de la organización sindical para la cual laboramos, no pretende, en lo más mínimo, que los y las profesionales en ciencias médicas del país pierdan un solo centavo, ni de lo que tienen por concepto de salario base, ni tampoco de lo que se denominan “pluses” o sobresueldos.

Enfáticamente debemos rechazar que el planteamiento que venimos formulando por estos días al respecto, sea parte de un “ataque frontal” a los derechos salariales, sociales, económicos y profesionales de este grupo laboral tan estratégico para el país como son los médicos.

Lo que sí ha llamado la atención es que sea desde el ámbito, desde la esfera sindical (en este caso, a la cual nosotros pertenecemos), que tal planteamiento haya sido formulado; cuando a lo largo de los años, ninguna persona ni ninguna entidad (ni política ni social), se hubiese atrevido a formular el asunto, públicamente, en toda su dimensión. Bueno, nosotros lo hicimos y lo seguimos sosteniendo. Sí, es cierto, tocamos un tema que era “tabú” en nuestro entorno.

Hemos estado afirmando, abiertamente, que la estructura salarial futura del personal médico nacional no debe estar vinculada (o “enganchada” como es el término que nos gusta emplear), a la estructura de salarios base de importantes puestos del Gobierno Central (Poder Ejecutivo, básicamente ministerios); dado que cambios en éstos (tanto a nivel general, como en lo particular-gremial), de manera automática repercuten en los salarios base del personal médico nacional, mediante una fórmula matemática que eleva sus salarios, semestral o circunstancialmente, de manera sensible, hasta en cuatro veces más, en no pocos casos médicos.

Hemos planteado que a lo largo de los años y en los sucesivos gobiernos, incluido el actual, las fijaciones salariales en el Gobierno Central no pueden ser de mayor dimensión, pues la excusa perfecta es que las cifras de aumento que proponen los sindicatos no pueden aceptarse porque “afectan” (según se nos ha venido indicando sistemáticamente a lo largo del tiempo), el salario del personal médico, en sumas que ni las finanzas centrales del Estado ni las de la propia Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), podrían soportar dada la existencia de esa famosa fórmula matemática que tiene rango jurídico: el artículo 12 (y su correspondiente reglamentación) de la ley salarial médica.

Evidentemente y hablando en lo específico de la Caja, su asunto financiero, visto de manera estructural, es mucho más complejo y pasa por dos grandes esferas de enorme magnitud: la evasión patronal del empresariado privado y las deudas del Estado con la institución. Pensamos que es injusto decir que la crisis financiera de la Caja se debe a la masa salarial médica y, verdad sea dicha, nosotros nunca hemos estado afirmando semejante cosa.

Además, la crisis financiera de la Caja tiene responsables directos por mala gestión y, de hecho, en el Ministerio Público hay una denuncia interpuesta que, esperamos, no se quede para las “calendas griegas”; pues varios de los supuestos responsables de esa mala gestión financiera no solamente siguen en puestos jerárquicos de altísimo nivel institucional, sino que a algunos más bien se les “premió” con ascensos.

No menos real es la circunstancia de que dado el valor que tiene la Caja para el pueblo trabajador, todo su personal honesto y todos sus gremios sanos se enfrentan al mayor desafío ético jamás pensado en toda la historia institucional: atajar y revertir el avance privatizador, liberando a la institución de la especie de secuestro a que ha sido sometida, durante los últimos años, tanto por parte de intereses corporativos externos como internos.

Volviendo a nuestro punto central en este asunto es que puestos como el de los policías, misceláneos, técnicos, profesores, agentes de seguridad, oficinistas, secretarias y hasta profesionales no médicos del Poder Ejecutivo –entre otros-; no pueden subirse hacia niveles salariales superiores que incrementen su poder de compra, que verdaderamente compensen las variaciones en el costo de la vida y que, de manera real, dignifiquen el trabajo de las personas que ocupan esos puestos (en los ministerios, por ejemplo); dada la existencia de ese artículo 12 de la ley salarial médica. Por tanto, este artículo debe modificarse, por medio de otra ley de la Asamblea Legislativa, para generar un “desenganche”, una independencia entre ambas estructuras salariales.

Esta posición y solamente ésta es la que estamos defendiendo. Sí, efectivamente, no puede negarse que el tema ha tocado las cifras más sensibles de nuestra nacionalidad costarricense, al ser la Caja la institución más querida de nuestro pueblo; y, al ser esta entidad la que tiene más personal médico que ninguna otra en su planilla salarial.

Si nuestro planteamiento va más allá de la posición del “desenganche” y, en verdad, moviliza conciencias ciudadanas en mucha mayor dimensión que antes, cuando se trata del tema de la Caja; pues quiere decir que hay espacio suficiente para un debate nacional de mucha mayor envergadura.

Y nada más propicio en nuestro caso que tal debate pudiera servir para abrirle mayor espacio a planteamientos cívicos sobre el futuro de la CCSS, como el de “Diez medidas para comenzar a ordenar la Caja”, formulado hace ya bastantes meses sobre el que poco ha podido reparar la opinión pública nacional. Igualmente, hay otros planteamientos valiosos elaborados con sana intención y de distintas perspectivas que, también, tienen problemas serios de visibilización ante la ciudadanía.

En todo caso, reiteramos, nuestra única motivación central, totalmente transparente, es la del “desenganche”; es decir, que de ahora en adelante la estructura salarial médica tenga su propia dinámica sin estar en correspondencia con lo que suceda en otros ámbitos salariales de la Administración Pública.

También puede surgir la alternativa de que los respetables gremios médicos, como sindicatos que son, se unan al resto de agrupaciones del mismo tipo que representan los intereses salariales de la clase trabajadora estatal; y que compartan, al mismo nivel, el largo y sinuoso camino de la lucha sindical por la verdadera reivindicación de las personas trabajadoras asalariadas, ya no solo del aparato público sino del sector privado. La verdad es que en todos estos años de vigencia de la indicada fórmula matemática, los gremios médicos nunca se acercaron a una mesa de “negociación” salarial.

Primero que todo, queremos ser profundamente contundentes y enfáticos para que no quepa la menor duda: No somos “enemigos” del personal médico de Costa Rica, en lo más mínimo. Todo lo contrario. A raíz de la experiencia personalísima con ocasión de la enfermedad de nuestra señora madre, que de Dios ha de gozar, nunca podremos encontrar las palabras ni las frases adecuadas para expresar nuestra profunda gratitud y la de toda nuestra familia, por la atención que ella recibió mientras estuvo enferma, de parte de los médicos que la atendieron en el Hospital San Juan de Dios.

Nada cambiará nuestra actitud al respecto de lo que pensamos con respecto al papel de los médicos, trascendental y fundamental, para una sociedad verdaderamente democrática y de real justicia social, con equidad y acceso igualitario a la salud.

Este crucial grupo profesional del país, producto de sus justas luchas, tiene una ley especial que regula todo lo que tiene que ver con sus salarios. Esta ley, la número 6836, fue emitida en 1982, reformada años después, en el 2004, por otra ley, la número 8423. Aunque inicialmente dicha legislación cubría a médicos, odontólogos, farmacéuticos, microbiológicos y psicólogos clínicos; con el paso de los años lograron ser cubiertos por la misma, los gremios de profesionales en Enfermería, en Nutrición y hasta los veterinarios.

Esta legislación tiene un componente muy especial, en su artículo 12, el cual establece un nexo, una vinculación, un “enganche” por medio del cual, cada vez que en el Gobierno Central (ministerios, por ejemplo), se establece un incremento salarial, éste, automáticamente, repercute en el salario base del personal médico, por medio de una fórmula de cálculo que partiendo de ese artículo 12, quedó “desarrollada” en un reglamento por medio del Decreto Ejecutivo No. 26944-MTSS, del año 1998.

Con esta fórmula, cada seis meses, el personal médico nacional recibe un incremento salarial a la base, superior al de aquellos que laboran en el Gobierno Central, sin que tengan que salir a la calle a exigir justos aumentos salariales como sí lo han hecho a lo largo del tiempo diversos grupos de esta parte del Estado.

Es más, ya no solamente el salario base del personal médico crece más que los reajustes semestrales generales del Gobierno Central, sino que si a algunos gremios dentro de éste, se le otorgan incrementos salariales extraordinarios o específicos, pues también los salarios médicos se verán aumentados con todo y sus pluses con base en tal fórmula de “enganche”.

Agreguemos que, ya no solamente los salarios médicos se mueven por la razón apuntada; sino que se aumentan si, por ejemplo, suben los sobresueldos del Gobierno Central como la dedicación exclusiva, la carrera profesional, el riesgo policial, el incentivo docente.

La fórmula tiene una esencia central: los salarios base del personal médico nacional siempre deben tener una “distancia” de casi cuatro puntos porcentuales (3.83% para ser exactos), del salario promedio total del Gobierno Central.

Tocar este tema desde el ámbito sindical ha desatado la ira de unos cuantos y son irrepetibles los epítetos insultantes que estamos recibiendo por ello. No tienen ustedes, estimables personas lectoras, cuánta furia en algunos grupos está desatada por tocar un tema “tabú”.

Lo insólito del caso es que algunos gremios no médicos en el seno de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), defienden este “status quo salarial médico”, a sabiendas de que esa fórmula va en contra de mejores reajustes salariales para sus propios representados que no son parte del personal médico de la institución.

Y es aquí donde está la parte fundamental de nuestro planteamiento. Lo que estamos proponiendo a los respetables gremios médicos es que se “desenganchen” de las modificaciones generales de salarios que se dan en el Gobierno Central, tanto las de orden general (cada semestre), como las que ocurrirán en partes específicas como los salarios de los policías; los salarios de los educadores; los salarios de oficinistas, técnicos y misceláneos y otros; así como que también se “desenganchen” si ocurren incrementos en sobresueldos de estos y otros grupos del Poder Ejecutivo.

Este es el caso del próximo incremento salarial extraordinario para el personal raso de la Fuerza Pública. Aplicando la fórmula salarial médica, los escuálidos 15 mil colones que, en promedio, podría recibir cada policía del cuerpo de seguridad más importante del país; pueden convertirse hasta en un aumento de 60 mil colones para los médicos y sin que éstos hayan realizado ni la más mínima gestión para cuando los gremios policiales estaban planteando su propia lucha reivindicativa en salarios.

El personal médico nacional, con este “desenganche”, no perdería ni un solo centavo de sus salarios base; no perdería ni un solo centavo de sus sobresueldos o pluses. Eso sí, con el “desenganche” quedarían con los incrementos salariales semestrales como los del resto del Gobierno Central; o bien, podrían dar sus luchas específicas pues tienen de por sí un gran poder de influencia y de incidencia.

Nosotros esperamos que en fecha próxima, los gremios médicos reciban en audiencia a la organización que representamos. Creemos que una discusión pausada, respetuosa, razonable podría dar más luz al asunto.

Lo que sí debe quedar claro es que, a partir de ahora, si un profesor sale a la calle a pedir mejores salarios; si quien lo hace es un oficinista, o un técnico-profesional; si quien lo hace es un misceláneo o una compañera de CEN-CINAI (entre otros), debe saber que también está peleando por el salario del personal médico del país y como estamos hablando de una ley; pues entonces en la calle estaríamos peleando ¡hasta por el salario de los médicos de los hospitales privados!

Las personas trabajadoras asalariadas de la Municipalidad de San José, junto a las de la de Turrialba (entre otras entidades públicas de igual naturaleza), han protestado enérgicamente, manifestándose cívicamente en la calle, contra una desafortunada decisión de la señora Contralora General de la República, Marta Acosta Zúñiga, de pedirle a la Sala Constitucional que les elimine el derecho de cesantía plena que han tenido por largos años y que han conquistado a través de la lucha laboral de carácter sindical.

Esta forma de reconocimiento de cesantía hace que se paguen todos los años de la vida laboral, sin tope, lo cual es sumamente impactante para quien se pensiona luego de unos 20, 30, 40 años de trabajo continuo. Esto hace que se permita tener un pequeño “capitalito” para sobrellevar la tercera edad en condiciones más dignas, partiendo de que las pensiones de la Caja serán bastante bajas, al ser los salarios que devengan dichos servidores municipales (con las excepciones de rigor), modestos.

Y es que para ser completamente justos, la cesantía real y plena, que debe ser un reconocimiento por toda una vida laboral, debe ser generalizada. Es más, la verdad es que el rompimiento del famoso tope de los ocho años, establecido en el Código de Trabajo (mismo que, por cierto, en este 2013 cumple 70 años de promulgado), ya ha sido roto de diversas maneras a lo largo de los últimos tiempos. Veamos el caso de la Ley Solidarista; el caso de empresas privadas que “liquidan” al final del año a su respectivo personal y lo vuelven a contratar de manera continua año tras año; el caso de cesantías diversas en el sector Público que están en 12, 15 y hasta 20 años; y, tal vez, el más trascendental de todos: la misma Ley de Protección al Trabajador que aunque fuera parcialmente (3 %), rompió el límite de los ochos años para toda persona trabajadora con empleo y salario fijo de los dos sectores: Público y Privado.

En tal sentido, no lleva razón la señora Contralora General de la República al calificar de “odioso privilegio” el derecho ganado por el conglomerado laboral de las municipalidades que han superado, sin límite, la estipulación de los ocho años que indica la máxima ley laboral del país.

Al acudirse a la Sala IV para que se quite esa cesantía sin tope, se creó un gran daño social y se generaron las condiciones para un conflicto laboral que podría ser muy delicado.

Porque en honor a la verdad, todos los derechos que se indican a favor de las personas trabajadoras asalariadas en el Código de Trabajo deben considerarse como los mínimos posibles, así señalado por la doctrina laboral. De ahí en adelante, se pueden desarrollar esos derechos por medio de la negociación colectiva, tal y como ha venido dándose en las municipalidades, por ejemplo.

Tan es así que la propia Constitución Política actualmente vigente dice que las convenciones colectivas de trabajo son ley entre partes, entre la parte patronal y la parte laboral (artículo 62 de nuestra carta magna); porque, precisamente, en estos instrumentos del derecho de Trabajo, así reconocido internacionalmente, los trabajadores pueden obtener ampliación de derechos más allá de los indicados en el Código de Trabajo.

No creemos que la justicia social se fortalezca si quitamos derechos laborales en vez de extenderlos, expandirlos y abarcar a sectores rezagados en cuanto a su reivindicación laboral plena. No creemos que porque un determinado grupo laboral ha logrado cierta conquista y los demás no, lo que corresponda es anular ese logro cuando lo que debería ser es iniciar el camino para que todos los grupos laborales lleguen al mismo nivel de justicia social.

Por ejemplo, hay una iniciativa de ley inserta ya en la corriente parlamentaria para que el tradicional tope de los ocho años del Código de Trabajo pase a doce; una sana intención en la línea de desarrollar derechos laborales en vez de acabar con esos desarrollos, como las cesantías municipales que tanto han molestado a la señora Contralora General de la República.

Lo que la señora Contralora General hizo se debe ver como una acción para reducir derechos ya establecidos; por tanto, ella incide para involucionar, para revertir, para regresar a los mínimos indicados en el Código de Trabajo.

Por otra parte, todavía estamos perplejos por la calificación que le ha dado dicha funcionaria en su alegato ante la Sala Cuarta, alegando que la cesantía de las municipalidades que hoy están protestando, es un “odioso privilegio”.

Nos preguntamos: ¿cuál es la naturaleza del análisis que se hizo para determinar una conquista laboral como “odioso privilegio”. Nos preguntamos: ¿cuáles otros “odiosos privilegios” están determinados a ser atacados por el ente contralor en próxima fecha en diversas negociaciones colectivas? Nos preguntamos: ¿tiene la señora contralora un listado de “odiosos privilegios” distintos del ámbito laboral del sector Público, como por ejemplo del lado tributario o de construcción privada de infraestructura con fondos públicos?…

La verdad es que no se puede dejar de pensar en que, en el fondo, esta acción de la señora Contralora tiene un gran contenido ideológico de signo neoliberal: reducción de derechos laborales y de conquistas sociales al amparo de las convenciones colectivas de trabajo, partiendo de una campaña orquestada para “satanizarlas”.

Esto es no solamente perverso sino condenable, dado que, hablando del Código de Trabajo, las convenciones colectivas también pueden suscribirse en las empresas privadas, con base en las mismas estipulaciones jurídicas con que han sido establecidas las del sector Público.

Tienen razón el personal municipal de San José, el de Turrialba, el de otras entidades municipales de dar la lucha en defensa de derechos conquistados. Nosotros pensamos que tal lucha se debe intensificar, que más municipalidades deben unirse, que hay que hacer una gran acción coordinada, en la calle, de toda la familia municipalista del país. Ahora es el ataque a la cesantía en sus respectivas convenciones colectivas de trabajo; mañana pueden ser otras cláusulas y, ¿entonces qué ha de seguir: su eliminación total?…

La decisión del señor Rodrigo Arias Sánchez de no seguir en la campaña por lograr la candidatura presidencial del Partido Liberación Nacional (PLN), constituye un acontecimiento político-electoral de primera línea. Esto ha despertado diversas interpretaciones que no podrán quedar exentas del subjetivismo propio del posicionamiento de las correspondientes fuentes que las generan. Estas líneas no serán la excepción.

En realidad, don Rodrigo y su hermano, don Oscar, representan una dualidad colectiva de visión y acción política totalmente compartida, de forma tal que no es posible analizar su trayectoria en la vida nacional sin relacionar al uno con el otro.

Pensamos que el sesgo personalista que a la política costarricense le imprimieron los Arias en, prácticamente las últimas tres décadas, ha terminado; sin embargo, las ideas centrales y las tesis políticas fundamentales de ambos centradas en la prevalencia del mercado como ente regulador estratégico en las relaciones sociales, siguen tan vigentes como siempre. La “salida” de ellos de la política nacional podrá manifestarse a nivel del poder formal pero en el ámbito del poder real, sus conexiones seguirán teniendo incidencia.

El “retiro” de los Arias en nada afecta la naturaleza de la actual estructuración sistémica que viene consolidándose desde el gobierno de Luis Alberto Monge Álvarez, con ocasión del primer programa de Ajuste Estructural, en 1984; y que tiene en el “frauduréndum” sobre el TLC con Estados Unidos, en 2007, uno de sus momentos más emblemáticos del lento pero sistemático proceso de desmontaje de lo que conocimos como el Estado Social de Derecho; hijo éste de las reformas sociales de los años 40 del siglo pasado y que luego fuera adoptado y desarrollado por la “Segunda República” de don Pepe Figueres, luego de la llamada Guerra Civil de 1948 (Constitución Política de 1949).

Los hermanos Arias y su pensamiento fundamentalista de mercado, de corte neoliberal, nunca fueron del agrado de una buena parte de la sociedad costarricense, por un lado; por otro, buena parte del liberacionismo histórico los consideró infiltrados en su partido, mismo que abjuró, renegó y vendió su esencia fundamental y filosófica que siempre dijo ostentar, según los valores socialdemócratas clásicos, para adoptar los del neoliberalismo, precisamente a partir de la incidencia del famoso dueto.

Esto explica, en parte, las mayores epopeyas cívicas de la historia contemporánea costarricense de las últimas décadas: el combo ICE, del año 2000, así como la lucha patriótica en contra del TLC a largo de un período de cinco años (2002-2007). De una manera indirecta, primero; y luego directa, en el segundo, los Arias fueron figuras emblemáticas en la confrontación abierta y radicalmente polarizante que el país vivió en tales disyuntivas históricas.

Ellos integraron (y seguirán integrando), el bloque hegemónico todavía dominante y garante sistémico del estado actual de cosas en nuestra sociedad, que defendió sus propios paradigmas de mercado en ambas gestas cívicas.

Esto los confrontó con enormes cantidades de sectores ciudadanos, especialmente de las capas medidas en ambas coyunturas, muchas de las cuales tenían origen liberacionista, al punto de que la propia sobrevivencia del PLN quedó en “alitas de cucaracha”. En esas circunstancias, tal bloque se vio obligado a apelar a los Arias (en este caso, a don Oscar), para revitalizarse y fortalecer su visión neoliberal de desarrollo, forzando la reelección presidencial primero; después imponiendo a don Oscar en las elecciones, prácticamente, fraudulentas del 2006; y, terminando, también con fraude, imponiendo el TLC con Estados Unidos, en el 2007.

Como vemos, la prácticamente nula popularidad de la precandidatura del señor Rodrigo Arias, que le lleva a su retiro, no deja de ser vista como una especie de cobro de factura por abrazar causas políticas que no propician el bien común, que generan exclusión social, que potencian el crecimiento sostenido de la desigualdad y de la concentración de la riqueza; en fin, haber él y su hermano promovido unas políticas públicas para beneficio de un modelo de desarrollo económico centrado en pocos grupos, de escaso encadenamiento productivo a nivel nacional y lleno de privilegios fiscales y con no pocos abusos laborales.

Evidentemente, gran parte del abono para el retiro de esta precandidatura, proviene de una amplísima gama de sectores sociales del más amplio espectro (destacándose los sindicales), pues la enorme resistencia cívica de todos estos años contra el modelo neoliberal (que, por cierto, está impuesto “a medias” precisamente por esa gran resistencia), puso a los Arias como los rostros visibles, en esencia, del enemigo a vencer y, evidentemente, hubo un gran desgaste que, finalmente, es don Rodrigo el que lo paga de primera entrada.

Pareciera, entonces, que el camino le ha quedado libre al señor Johnny Araya Monge para ser “ungido”, por aclamación, como el próximo candidato presidencial por el PLN y dado el escenario que exhibe todo lo que se conoce como la “oposición”, se le estaría facilitando alcanzar la Presidencia.

Difícilmente es esperar que una eventual presidencia del Sr. Araya tenga decisiones, por más “light” que puedan ser, que lo lleven a algún nivel de ruptura sistémica de conformidad con lo que al efecto ha venido estructurando el bloque hegemónico dominante de corte neoliberal. Decimos esto por cuanto el señor Araya ha venido diciendo, primero en privado y ahora en público, que él quiere “recuperar” los valores originales de los postulados clásicos de la socialdemocracia.

Es tal el nivel de intolerancia de dicho bloque y su poder basado, por ejemplo, en la propiedad de los latifundios mediáticos dominantes (acostumbrados a poner y quitar candidatos); que una campaña presidencial primero y, eventualmente luego una gestión gubernativa hacia la recuperación de los valores socialdemócratas clásicos, sería inaceptable para ese bloque, representando un “riesgo” que don Johnny no quisiera correr.

Se necesita mucho más, pero muchísimo más que lindos mensajes para que las grandes masas ciudadanas hartas de la política tradicional, crean en ella y en sus partidos más intrínsecos a la misma. El PLN, aunque ahora se haya “ido” don Rodrigo, es enormemente responsable de ese descrédito ciudadano en la política; de haber renegado de los valores que se generaron desde el Centro de Estudios para los Problemas Nacionales que le dio origen; de haberse convertido en una mera maquinaria electoral, muy eficiente es cierto, pero al precio de la abjuración de sus principios; de haber promovido, fomentado y participado del cruel crecimiento de la desigualdad, de la riqueza y de la corrupción en contra del bien común, del bienestar del mayor número y de la inclusión social.

Por ello es que es más clara todavía la necesidad de que en el país exista una alternativa política de corte estratégico que desafíe el orden sistémico neoliberal, lo cual ahora se vuelve de altísima prioridad. Lamentablemente, todavía no se vislumbra en el corto plazo. Tal desafío no es lo mismo que hablar de la “oposición” electorera según se maneja en los conceptos, dinámicas y actitudes de todos esos partidos y de todas esas personas que hablan de una coalición, solamente para enfrentarse al PLN.

Lo que pasó con ocasión de las elecciones presidenciales del 2010 es suficientemente de que ahora también pasará lo mismo. En las votaciones de febrero de 2010, de las nueve candidaturas presidenciales que, finalmente, aparecieron en la boleta de votación de la persona electora, siete provenían del proceso sociopolítico y cívico-patriótico del No al TLC.

Pese a cualquier cantidad de intentos por construir una alternativa electoral al neoliberalismo, con base en los partidos de esas siete candidaturas coaligadas, los personalismos de todo tipo lo impidieron. Nada nos garantiza que para el 2014 las cosas pudieras ser distintas, cuando la boleta presidencial “amenaza” tener, en vez de nueve rostros (como en el 2010), diecinueve para el 2014. La construcción del nuevo sujeto político para una nueva hegemonía es el reto estratégico por excelencia.

Nosotros damos gracias a El Creador, a Dios, Nuestro Señor Jesucristo, porque en el seno de nuestra familia, tanto en Navidad como en Año Nuevo, hubo paz, salud, bienestar y alimento; además, empezamos el 2013 teniendo trabajo.

Sin embargo, una gran cantidad de compatriotas costarricenses no tuvieron igual suerte. Para estas personas, gente como uno, las famosas “oportunidades” que nos da este sistema no se ven por ningún lado. Lo que se les receta es exclusión social, pobreza y marginalidad.

Son seres humanos víctimas de ese gran mal que nos aqueja como país, el problema número uno de la sociedad costarricense de hoy: la desigualdad. Desigualdad que, por cierto, aún a las personas con trabajo y con empleo formal pero de ingresos salariales medios y bajos, también hace sufrir por las estrecheces de la situación económica familiar, por el alto endeudamiento, por las alzas en las tarifas de los servicios públicos fundamentales (agua, luz, teléfono, buses), por las injusticias tributarias, por el “reajuste” salarial indigno y poco compensatorio de la alta carestía de la vida.

Igualmente, pensamos en las personas trabajadoras del mercado informal; pensamos en las personas sin empleo; pensamos en los micro, pequeños y medianos empresarios que resisten su exclusión de este infame sistema neoliberal que ha llevado al propio Papa, Benedicto XVI, a plantear serios cuestionamientos; mismos que hoy, precisamente, queremos compartir con ustedes que nos hacen el inmenso honor de seguirnos leyendo en este nuevo año.

El pasado 1 de enero, con ocasión de la cuadragésimo sexta Jornada Mundial de la Paz, el Papa Benedicto XVI emitió un mensaje para la congregación católica universal; mensaje que, como bien se sabe, tiene repercusiones de índole moral y ética que difícilmente pueden ser ignoradas. Empecemos…

Dice el Papa que “causan alarma los focos de tensión y contraposición provocados por la creciente desigualdad entre ricos y pobres, por el predominio de una mentalidad egoísta e individualista, que se expresa también en un capitalismo financiero no regulado”.

Cualquiera diría que el Papa se volvió “sindicalista”, pues este es uno de los ejes centrales de la lucha obrera (nacional, latinoamericana y global) que los sindicatos por todo el orbe vienen denunciando; ahora con más fuerza que nunca por los terribles episodios de la especie de guerra social que ese “capitalismo financiero no regulado” de que nos habla Benedicto XVI, ha desatado contra la clase trabajadora de países de la Unión Europea (UE), como Irlanda, Islandia, Grecia, España, Portugal, Italia, Francia y la misma Alemania.

Ante este estado de cosas tan perverso para “los y las de abajo”, dice el Papa que “actualmente son muchos los que reconocen que es necesario un nuevo modelo de desarrollo, así como una nueva visión de la economía”. ¡¡¡Eureka!!! Efectivamente, tiene razón Su Santidad Benedicto XVI.

Precisamente por eso, porque es necesario un “nuevo modelo de desarrollo”, es que se hace imprescindible que reparemos en lo que viene ocurriendo en varios países de América Latina que han ido abandonando, poco a poco, el “viejo modelo de desarrollo”, el inspirado en el perverso y anticristiano neoliberalismo, ese del “capital financiero no regulado”, como lo llama el Papa.

El combate a la desigualdad se ha convertido en eje central de las políticas públicas de países hermanos como Brasil, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Uruguay y Argentina; cuyos gobiernos, de un modo u otro, han apostado a la distribución más equitativa de los beneficios del crecimiento económico. Por el contrario, Costa Rica tiene el enorme deshonor de estar a la cabeza de las naciones latinoamericanas en cuanto a este indicador negativo: somos el país donde más creció la desigualdad.

¡Qué bien harían los ilustrados obispos ticos, integrantes de la Conferencia Episcopal de Costa Rica (CECOR), en emprender una cruzada de sensibilización ante nuestra cruel realidad de crecimiento de la desigualdad, a la luz del mensaje del Papa este pasado 1 de enero!; así como hablar de las alternativas que hay para atajarla, enfrentarla y eliminarla.

Porque Benedicto XVI, ligando la lucha por la paz con la de la justicia social se deja decir lo siguiente: “El que trabaja por la paz debe tener presente que, en sectores cada vez mayores de la opinión pública, la ideología del liberalismo radical y de la tecnocracia insinúan la convicción de que el crecimiento económico se ha de conseguir incluso a costa de erosionar la función social del Estado y de las redes de solidaridad de la sociedad civil, así como de los derechos y deberes sociales. Estos derechos y deberes han de ser considerados fundamentales para la plena realización de otros, empezando por los civiles y políticos”. Sinceramente, ¡impresionante! Lo que el Papa nos dice es algo así como para qué tener derecho al voto si se tiene hambre, si no hay trabajo…

Y en este punto conviene detenerse para compartirles este otro pensamiento papal: “Uno de los derechos y deberes sociales más amenazados actualmente es el derecho al trabajo. Esto se debe a que, cada vez más, el trabajo y el justo reconocimiento de los trabajadores no están adecuadamente valorizados, porque el desarrollo económico se hace depender sobre todo de la absoluta libertad de los mercados. El trabajo es considerado una mera variable dependiente de los mecanismos económicos y financieros…”.

En el caso costarricense, este pensamiento papel cae “como anillo al dedo”, a propósito de la lucha tenaz que algunas organizaciones sindicales sostienen por el proyecto de la Reforma Procesal Laboral (RPL), injusta e ingratamente vetado por este Gobierno. Bien haría la CECOR en interponer sus buenos oficios para que la RPL se haga ya ley de la República y el trabajo en nuestro país pase a ser considerado algo más que “una mera variable dependiente de los mecanismos económicos y financieros”.

Nosotros no terminamos de impresionarnos con este mensaje papal. ¿Se volvió el Papa “socialista”?… Nada que ver. Es que la esencia perversa de ese neoliberalismo criminal es de tal magnitud que una de las posibilidades más fértiles de poder combatirle es apelando al mensaje de Cristo Jesús, siempre y eternamente válido en favor de los desvalidos. Al respecto dice Benedicto XVI que “en el ámbito económico, se necesitan, especialmente por parte de los estados, políticas de desarrollo industrial y agrícola que se preocupen del progreso social y la universalización de un estado de derecho y democrático. Es fundamental e imprescindible, además, la estructuración ética de los mercados monetarios, financieros y comerciales; éstos han de ser estabilizados y mejor coordinados y controlados, de modo que no se cause daño a los más pobres…”.

La prédica papal con motivo de la XLVI Jornada Mundial de la Paz da para muchos más comentarios, porque también nos habla de Soberanía y Seguridad Alimentarias. Nosotros hemos de volver sobre ella en próximo comentario.

El pasado viernes 21 de diciembre el país fue conmovido por la noticia de que el Tribunal de Apelación de Sentencia de Goicoechea, absolvió al expresidente de la República, señor Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, quien gobernó durante el cuatrienio 1998-2002, del delito que se le había imputado (“corrupción agravada en la modalidad de cohecho impropio”), en el marco del sonado escándalo ICE-Alcatel, condenándosele, originalmente, a cinco años de cárcel. De la misma manera, otras siete personas, igualmente de gran renombre en este caso ICE-Alcatel, también quedaron absueltas por la resolución del indicado tribunal.

Según las diversas informaciones de prensa a las que hemos tenido acceso, tal absolución está fundamentada en dos razones de gran peso para el indicado tribunal. Por un lado se argumentó una prescripción, dado que al momento en que fueron condenados, ya había “vencido” el tiempo para recibir esa condena, contado desde el momento en que fueron informados de esos presuntos delitos.

Por otro, una estratégica prueba del proceso, según ese tribunal, fue obtenida de manera ilegal, al margen de la ley y, por tanto, es una prueba inválida; hablamos la prueba bancaria por medio de la cual se abrieron las cuentas de varios de los imputados, detectándose en ellas dineros cuestionables pero que, al parecer, ningún juez dio orden para que se abrieran esas cuentas que estaban en un banco de Panamá.

Para una persona como el que esto escribe quien no es experto en Derecho y, mucho menos, en la delicada materia penal, nos queda la sensación de que tanto el expresidente Rodríguez como los otros imputados, quedaron absueltos por cuestiones de forma, por asuntos técnicos, por tecnicismos. Es decir, que las cuestiones de fondo habrían quedado “intactas”, o sea, que la demostración de una inocencia fundamental en todo este caso ICE-Alcaltel quedó, o quedará, pendiente.

Dicho de otra forma, que las razones estratégicas por las que este asunto quedó marcado como uno de los episodios de corrupción más graves de la clase política tradicional, la del bipartidismo “histórico”, permanecen intactas; y que, por tanto, la sanción ciudadana que sufren sus actores ha de continuar invariable, prácticamente, puesto que las absolutorias que se han informado parecen ser por la forma y no por el fondo.

Pese a la gran espectacularidad mediática que rodeó todo este proceso; y, también, por qué no decirlo, pese a la especie de linchamiento sumario que se dio en torno al mismo precisamente por esa espectacularidad mediática; lo real es que siempre el perdedor en todo esto es el mismo: el pueblo, “los y las de abajo”, las mayorías populares, la ciudadanía “de a pie”. ¿Por qué? Veamos…

El escándalo ICE-Alcatel involucró una enorme cantidad de dinero, muchos millones de colones que, de un modo u otro, representaron fondos públicos que por esos tortuosos caminos terminaron en manos privadas, siendo que fueron objeto de apropiación particular. Toda esa plata, presuntamente mal habida y producto del ya incuestionado tráfico de influencias generado a la sombra del poder político tradicional, debió destinarse para cuestiones de necesidad pública inspiradas en la promoción del bien común. Aquí, en tal sentido, perdieron “los y las de abajo”, porque esa plata nunca les llegó, nunca tuvieron acceso a la misma transformada en servicios sociales para el desarrollo de quienes menos tienen.

Ahora bien, dado las absolutorias en este caso, es muy probable que todos los involucrados (o algunos de ellos), se lancen a demandar al Estado para cobrar las “indemnizaciones” que creen merecer a raíz del escarnio público que sufrieron para, finalmente, determinarse que sus correspondientes sentencias han sido anuladas.

Seguramente, alegarán daños morales, éticos, psicológicos, familiares, patrimoniales, profesionales, políticos y un largo etcétera; daños que serán cuantificados en cantidades monetarias según los peritos que se contratarán para determinarlos; amén de que, pretenderán que también les sean reconocidas las grandes cantidades de dinero invertidos en las defensas jurídicas contratadas en cada caso.

Y, entonces, el Estado (el pueblo), será demandado por una impresionante cantidad de dinero que bien podría hacer “palidecer” la cifra que estuvo involucrada en este escándalo. Entonces, luego de este proceso “resarcitorio”, el Estado será condenado y habrá que pagar. Es decir, al final de cuentas y dado el grave carácter injusto del sistema tributario costarricense serán “los y las de abajo”, esencialmente, quienes habrán de terminar pagando esas potenciales millonarias “indemnizaciones”, dadas las indicadas absolutorias judiciales.

Como vemos, el deteriorado sistema político tradicional dominante, se las “ingenia” para seguir vigente pese a que algunas de sus más connotadas figuras queden envueltas en situaciones cuestionables de dimensiones estratosféricas, como lo ha sido el caso ICE-Alcatel.

Guardando las particularidades y las ubicaciones espacio-temporales peculiares, las similitudes ICE-Alcaltel y la “piñata” de la trocha norte, son más que evidentes. La cosa pública convertida en coto de caza para enriquecimientos personalísimos que, en el primer caso, parece que no serán determinados jamás pues el sistema “absolvió”; y, en el segundo, la lógica intrínseca de perpetuación del estado actual de cosas en las relaciones de lo público con lo privado, nada raro será que al final haga que el sistema, nuevamente, preserve a “los suyos” pese a semejantes corruptelas contrarias al bien común.

Imposible es determinar en qué proporción las absolutorias del caso ICE-Alcatel incrementan la desmoralización política de una ciudadanía harta del espectáculo cotidiano de su clase gobernante tradicional y la impunidad en que la misma se desarrolla; impunidad que parece seguirá incólume. No hay duda alguna: ocupamos otra hegemonía política para una nueva democracia en el país.

Cuando muchos pensábamos que el escándalo de la “piñata regalona” de la trocha norte iba en camino de quedar en la impunidad, la Fiscalía General de la República procede a ordenar la detención y la indagación de las primeras seis personas sospechosas; generando así un pequeño asomo de esperanza de que en el más grande escándalo de corrupción de los últimos gobiernos, ha de imperar la justicia y los responsables, tanto políticos como empresariales, deberán rendir cuentas y de ser encontrados culpables, asumir sus responsabilidades plenas ante la sociedad, ante la ciudadanía.

Al momento de escribir este comentario, de esas seis personas inicialmente indagadas, dos permanecen en estado de prisión preventiva, sin conocerse con claridad qué estado de situación penal tendrán las otras cuatro durante todo el proceso que ha de culminar en los respectivos juicios.

Adicionalmente, todavía está por determinarse la naturaleza de las responsabilidades que en lo penal podría competerle a algunos de los más altos jerarcas políticos de la presente administración gubernativa; pues según las informaciones que han venido saliendo a flote, el proceso gestor de la construcción de la mal llamada carretera “Juan Rafael Mora Porras”, o trocha 1856, se habría gestado desde la propia Casa Presidencial, ante, según se decía, la inminencia de una “invasión” nica al territorio nacional.

La indignación nacional por este escándalo de corrupción que nosotros hemos dado en llamar la “piñata regalona” de la trocha norte, es de las más profundas de los últimos gobiernos. La revelación de que varios de los involucrados en este escándalo vivían opíparamente y en pecaminosas fiestas nocturnas de costo millonario en burdeles caros, ha herido muchísimo a cientos y cientos de personas que, honestamente, se ganan la vida de manera honrada, con salarios deprimidos y en medio de grandes estrecheces económicas.

Indudablemente que la acción de la Fiscalía General de la República merece el más grande aplauso cívico aunque, como era de esperarse, las primeras detenciones dejan correr la especie popular de que es “al perro flaco al que se le pegan las pulgas”, dándose a entender que los “peces gordos” están por ser capturados, en el mejor de los casos; o, en el peor, nunca serán ni indagados ni, mucho menos, castigados.

Ahora bien, hay otra situación de una magnitud de impacto mucho mayor que ha herido, también y en todavía más grande profundidad, la sensibilidad ciudadana: la crisis financiera de la institución más emblemática de la nacionalidad costarricense: la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), nuestra querida Caja.

La sola noción de que la estamos perdiendo tiene en alarma general a la mayoría del pueblo trabajador costarricense que no está, ni estará, en condiciones de acudir a la medicina privada; misma que, por cierto, está en expansión y gran parte de la cual ha avanzado en el “mercado” de la Salud, precisamente por haberle “chupado la sangre” a la Seguridad Social con la complicidad, táctica y explícita, de connotados políticos de los últimos gobiernos.

Un distinguido ciudadano, don Daniel Muñoz Corea, quien fungía como Jefe del Área de Estudios Económicos de la Dirección Actuarial y Económica de la Caja, se apersonó ante la Fiscalía General de la República para denunciar presuntos malos manejos con recursos públicos a lo interno de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS); detallando presuntos falseamientos de datos para sustentar una política salarial expansiva de gran impacto en los altos niveles salariales institucionales; detallando presuntos maquillajes de proyecciones financieras del Seguro Social; además de un potencial menoscabo de la rentabilidad del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (I.V.M.), ante un presunto conflicto de interés en cuanto a la aprobación de la compra de títulos valores de gran cuantía.

Se le está pidiendo a la Fiscalía General de la República determinar los posibles disfraces sobre la situación financiera de la Caja, que habría ocurrido una alteración de sus datos actuariales; y, especialmente se le pide determinar si es posible concluir que altos funcionarios de la institución habrían hecho uso indebido de fondos de la Seguridad Social costarricense mediante engaños, acomodo de datos financieros y/o subterfugios jurídicos.

El pasado 28 de setiembre, un importante número de dirigentes laborales-sindicales costarricenses, se apersonaron en grupo en la sede de la Fiscalía General, entregando una carta pública en la cual se le solicita a esta entidad, agilizar los procesos de investigación preliminar para determinar la comisión de presuntos delitos en contra de la estabilidad financiera, presente y futura, de la Caja.

Se le indicó a tal entidad que la crisis financiera y estructural de la CCSS, tiene como base tres tipos de conflictos: a) el conflicto entre el interés público y el interés político-partidario; b) el conflicto existente entre el interés público y los intereses mercantiles de quienes hacen jugosos negocios con la salud; y c) el conflicto entre el interés público y el interés gremial.

Además, el más reciente informe político del grupo parlamentario que analizó lo que ha venido sucediendo con la Caja, ya hizo señalamientos directos, individualizados, de personas responsables que, sorprendentemente, siguen en posiciones de poder a lo interno de la institución; e, incluso, han sido promovidos a puestos de mayores responsabilidades. Esto es inaudito y revela la naturaleza del gran poder intramuros en las altas esferas de la Caja cuya esencia no conoce la gente en su totalidad.

“Todos estos conflictos entre el interés público (de la totalidad de la población asegurada) y de unos pocos (políticos, vendedores de servicios, algunos funcionarios inescrupulosos), afectan la labor de la institución y deben ser evidenciados con prontitud. De estas acciones depende la misma sobrevivencia de nuestro modelo de salud universal y solidario, venido a menos y en serio riesgo de colapsar”. Así cerraba la indicada carta a la Fiscalía General de la República de parte de tan calificado grupo suscribiente de la misma.

Lo de la crisis financiera de la Caja viene ser como una especie de “trocha de la Seguridad Social”, nada más que de potenciales repercusiones negativas inimaginables. De ahí que, con todo el respeto del mundo, le estamos diciendo al máximo representante de la Fiscalía General de la República, el honorable Lic. Jorge Chavarría Guzmán que lo que están haciendo en lo de la “piñata regalona” de la trocha 1856, ¡está muy bien!; pero, ¿y lo de la Caja, qué?…

Una sociedad que se precie de democrática no puede prescindir de los sindicatos. Una sociedad sin sindicatos no es democrática. Tan es así que la actual Constitución Política de Costa Rica, vigente desde el 7 de noviembre de 1949, lo entendió a plenitud y lo consagró en nuestra carta magna cuando estableció en su artículo 60 que “Tanto los patronos como los trabajadores podrán sindicalizarse libremente, con el fin exclusivo de obtener y conservar beneficios económicos, sociales o profesionales…”.

Esta concepción de que hay una relación intrínseca entre Democracia y Sindicatos y entre Sindicatos y Democracia, es de tal profundidad que tanto la parte obrera como la parte patronal pueden organizarse en este tipo de agrupaciones.

Es decir, que la gente del capital y la gente del trabajo tienen el mismo derecho constitucional a la hora de defender sus respectivos intereses de clase; aunque como es lógico suponer, es la parte obrera la más débil en una sociedad como la nuestra en que la prevalencia del capital es más que notoria.

En un escenario como el de la Costa Rica de hoy, marcado por el crecimiento de la desigualdad como su problema número uno; la organización sindical de la clase trabajadora debe evolucionar desde su naturaleza tradicional (agrupamiento de personas asalariadas con empleo formal y salario fijo); extendiendo su cobertura hacia otros sectores laborales que luchan, en el día a día, para sobrevivir en los espacios de la informalidad, del cuentapropismo, del micro y pequeño empresariado.

El proceso que nos ha sido impuesto por medio del cual se pretende la destrucción de lo que se ha dado en llamar “Estado Social de Derecho” para sustituirlo por el “Estado Neoliberal de Mercado”; tiene como esencia la exclusión social y la concentración de la riqueza, de modo que, día con día, más personas de los sectores populares y de la propia clase trabajadora en su concepción más amplia, sienten que van quedando por fuera de los beneficios del crecimiento económico.

Como en una democracia, aunque sea formal, la diversidad es la tónica; en el sindicalismo tico también hay diversas formas de entenderlo y de practicarlo. La que nosotros practicamos dista mucho de pretender ser la “verdadera”, pero sí trata de entender cuál podría ser una respuesta sindical ante el desafío de la desigualdad creciente en el país que, por supuesto, es la “gente de abajo” a la que perjudica, excluye, relega y hace sufrir.

La reciente experiencia del Movimiento de Motociclistas le permitió a la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), en la cual laboramos, llevar a la práctica un planteamiento organizacional de nuevo tipo que hemos denominado “Sindicalismo Ciudadano”; es decir, el trabajo de proyección sindical fuera de sus muros tradicionales, para llevar el mensaje, la orientación, el análisis, la organización, la conducción y la negociación, en la resolución de problemas socioeconómicos que afectan a grupos de personas trabajadoras que no tienen, no han tenido, se les ha impedido y/o no han sentido la necesidad de la organización para la defensa de sus derechos.

Esto ha sido posible gracias a la comprensión de la abrumadora mayoría de los miles de personas trabajadoras afiliadas a la organización, que han entendido que su propio destino no dista mucho de lo que le está tocando vivir a esos grupos sociales excluidos y/o a punto de serlo de los beneficios del crecimiento económico.

Junto a los motociclistas, están en desarrollo bajo esta concepción de “Sindicalismo Ciudadano”, experiencias de reivindicación en grupos sociales como los exoreros del Parque Nacional de Corcovado y Piedras Blancas; las personas trabajadoras vendedoras de lotería amenazadas por la privatización de esta actividad; la extraordinaria experiencia de los saloneros y de las saloneras víctimas de una flexibilización laboral a mansalva a punto de ser corregida; microempresarios unitarios traileros amenazados por una competencia desleal a nivel centroamericano; entre otros grupos de sectores laborales de población costarricense que, de una manera u otra, ante ese indetenible crecimiento de la desigualdad, van quedando como víctimas humanas de la misma, con rostro identificable y ya no como simple estadística.

No tenemos noción exacta de si una concepción de práctica sindical “hacia afuera”, extramuros del concepto clásico de sindicalismo (el puro corporativismo); se haya o se esté practicando en otras latitudes. No sabemos si el concepto de Sindicalismo Ciudadano esté “patentado” en otras tierras con este específico nombre o con otra denominación parecida o equivalente.

Podríamos hablar mucho más de esta temática de lo que consideramos como Sindicalismo Ciudadano. Solamente indicaremos que partimos del criterio de que las personas trabajadoras son diversas y tienen distintas dimensiones: asalariadas, no asalariadas, renumeradas, no remuneradas, públicas y privadas, del sector formal y del sector informal. Estamos hablando del grueso de lo que denominamos “los y las de abajo”.

El Sindicalismo Ciudadano parte de los intereses, necesidades y aspiraciones económicas y sociales de esta diversidad trabajadora que, ante todo, es ciudadanía; y que, por tanto, no se agota en sus relaciones laborales, sino que se expresa multidimensionalmente en muy diversos aspectos de sus vidas pero siempre luchando por un nivel de vida de mayor dignidad; y, ahora, en escenarios de creciente desigualdad, defendiéndose de las diversas formas de exclusión social que lleva en su génesis el perverso neoliberalismo. Todas estas personas forman el amplísimo conglomerado civil de “los y las de abajo”.

Nosotros pensamos que le corresponde a “los y las de abajo” ser la gente del nuevo protagonismo histórico que ocupa la Costa Rica de hoy, más necesitada que nunca de una “Revolución Ciudadana”. Nosotros queremos aportar con nuestra concepción de Sindicalismo Ciudadano en tal sentido. El agotamiento del actual sistema de partidos políticos, la decepción popular con la clase gobernante tradicional y la exclusión social en desarrollo, muestran a las claras la necesidad de que haya otra hegemonía política en el país. Ésta ha de surgir desde “los y las de abajo” cuando se vean, se sientan y expresen vocación de poder como el nuevo sujeto histórico transformador de la democracia costarricense.

Específicamente, queremos agradecer por este medio a los miles y miles de motociclistas que han apoyado el reciente movimiento; especialmente, a quienes tienen en la moto, su herramienta de trabajo, su machete, con el cual llevan comida a sus hogares; así como a quienes tienen en la moto su idóneo medio de transportación desde su casa hacia su empleo y viceversa.

“Debe desterrarse todo amago o inclinación a la violencia, como instrumento de solución del conflicto. De la violencia no saldrá una respuesta adecuada a un conflicto. La violencia como medio de solución eterniza a la violencia como medio de convivencia”.

Así lo indica el primer numeral de la carta que los motociclistas entregaron el pasado martes 27 de noviembre, en la Casa Presidencial, durante su manifestación de la fecha, en contra del incremento abusivo del cobro del marchamo para este tipo de vehículos automotores.

Como bien se sabe, en la Casa Presidencial se negaron a recibir a la delegación portadora de dicha misiva, debiendo ésta dejarse, en la acera y a través de la malla, en manos del mensajero que salió a recibirla.

Como puede apreciarse, nunca, en lo más mínimo, el Movimiento de Motociclistas ha apelado a la violencia. Ni lo hará. Tampoco se alentó para la realización de bloqueos. Ni lo hará. La prepotencia presidencial y la arrogancia gubernamental en ese día 27 de noviembre, indignó profundamente a los manifestantes, ante el menosprecio con que fue “atendida” su justa demanda. Los episodios de violencia de ese día fueron circunstancias aisladas, decisiones individuales que no respondían a las orientaciones generales del movimiento y, por tanto, quienes las protagonizaron deberán asumir sus responsabilidades.

Esto da pie para rechazar, tajantemente, el calificativo de “vándalos” que la Presidenta Chinchilla le atribuyó a todos los manifestantes de ese día. Es como si se hiciese una generalización de que todo el Gobierno de ella es corrupto, a raíz de varios episodios que en su administración se han dado con actos de corrupción.

Porque si de vándalos se trata, la señora presidenta ha tenido los suyos: el caso más emblemático es de la trocha norte, donde los vándalos de cuello blanco, saco y corbata siguen impunes.

La abrumadora mayoría, la aplastante mayoría de los motociclistas es gente de bien, es gente de la clase trabajadora, es gente de vocación pacifista. Los “vándalos”, según el criterio presidencial, son ínfima minoría. Igualmente, la abrumadora mayoría, la aplastante mayoría de las jerarquías políticas que la señora Presidenta ha nombrado en los diferentes puestos de su gobierno, es gente honesta.

Ahora que si de comparaciones se trata, vaya a usted a saber cuál acto es más “vandálico”: ¿el del motociclista exacerbado, iracundo, por el desaire presidencial de ese día 27; ó, el de los altos jerarcas políticos que doña Laura colocó en las entidades ligadas a la construcción de infraestructura vial y que posibilitaron el robo de miles y miles de millones de colones de todos los y las costarricenses?… Juzgue usted.

Por supuesto que, con toda energía, condenamos ambos tipos de vandalismo; pero tenemos que rechazar la perversa generalización presidencial de que todos los motociclistas son “vándalos”. Como bien se sabe, el vandalismo es un espíritu de destrucción que no respeta cosa alguna, ni sagrada ni profana.

No, señora Presidenta, con todo respeto. Por la acción imprudente y negativa de un pequeñísimo número de los motociclistas, no puede usted satanizarlos a todos, estigmatizarlos a todos como “vándalos”. No, señora Presidenta, porque en su Gobierno haya ocurrido el escándalo de corrupción más grande de las últimas administraciones, el de la trocha norte, no podemos decir que su Gobierno sea corrupto ni que sea el más corrupto de toda la historia. La satanización que usted le receta a los motociclistas ante la sociedad, nosotros no se la vamos a recetar a su gobierno calificándolo como “corrupto”, o como el “más corrupto” de los últimos tiempos.

La cosa se vuelve más preocupante y crónica cuando la señora Presidenta profundiza esa categorización negativa sobre un grupo estimable de costarricenses y ahora pretende, “partir” a la sociedad entre “los ciudadanos de bien” y los que no lo son. No es así como se posibilitan caminos de reencuentro entre el gobernante y sus gobernados en el marco de una sociedad que como la costarricense alimenta todos los días la exclusión y la desigualdad. Atizar la hoguera de la confrontación social desde el “púlpito” presidencial es un peligroso juego de consecuencias imprevisibles.

Tenemos que insistir en que una cifra superior al 90% de los motociclistas tiene a este vehículo, a la moto, como la herramienta de trabajo, el “machete”, que le posibilita llegar comida a sus respectivos hogares. Otra elevada cantidad tiene en la moto su medio de transporte para ir a y volver del trabajo, en vez del autobús, puesto que les sale más caro este medio de transporte. En el caso de ese 90 y resto por ciento, los motociclistas mensajeros, lo que les quieren cobrar de marchamo, prácticamente, es igual a la mitad de lo que reciben de aguinaldo, o la mitad de su ingreso mensual.

El INS, por su secretismo, no ha podido demostrar porqué una moto debe pagar casi cuatro veces más que otro tipo de vehículos por concepto de seguro obligatorio automotriz. Aquí está la esencia de la motivación que ha animado a los motociclistas a agruparse y a manifestarse en un movimiento que, efectivamente, ha conmocionado a la sociedad.

La organización en la cual nos desarrollamos en lo cotidiano, es profundamente pacifista. Nuestra creencia en la Democracia de la Calle está directamente relacionada con la creciente pérdida de confianza que tiene la ciudadanía en el sistema político tradicional. La democracia es algo más que la controversial justa electoral de cada cuatro años donde el imperio de la plata es lo que determina, en esencia, quién llega a la Presidencia de la República. Por eso es que la calle ha venido adquiriendo más altos niveles de legitimidad y eso lo demuestran las casi mil manifestaciones que se han dado en lo que va de la presente administración.

El día en que se pueda articular en una única dirección todo este cúmulo de protestas; el día en que por distintas vías se llegue a la misma convicción de que nos corresponde construir el nuevo sujeto histórico; ese día se iniciará la transformación estructural de la democracia costarricense y tendremos la alborada de la nueva hegemonía que se ocupa para salvar a esa democracia tan maltrecha por la cadena de actos vandálicos que se han venido cometiendo desde las esferas del poder tradicional de las últimas administraciones gubernativas.