Categoría: Propuesta País

Los sectores sociales y productivos, agrupados en el proyecto “Tercera República”, por medio de Enrique Acosta, representante del Movimiento Solidarista, presentamos una adición a nuestra presentación original. En la misma indicamos nuestro respaldo a una sobretasa del 5 % de renta para empresas, profesiones liberales y salarios superiores al millón de colones; aumentar de 2 al 5 por ciento, la retención a cuenta sobre el impuesto de renta que deducen las entidades públicas en el pago de servicios por consultorías y otros; retenciones en la fuente del impuesto de la renta sobre los honorarios de abogados que sean depositados en el Poder Judicial, dentro de los procesos judiciales; 50 % de aumento a vehículos de lujo de valor superior a los 7 millones de colones; renta extraordinaria para casas, yates de recreo, aviones y avionetas no comerciales y fincas privadas de recreo, cuando su valor supere los 125 mil dólares. Además, impuesto a las sociedades anónimas, escalonadamente entre 100 y 300 dólares; 5 % adicional mensual a pensiones mayores al millón de colones; mil dólares por mesa en casinos y mil dólares por puesto en apuestas electrónicas; duplicación del impuesto a los moteles y, finalmente, amnistía tributaria.

Eso sí, insistimos en que previa a la aprobación de cualquier impuesto nuevo, la Comisión Mixta con el Gobierno deben determinar el propósito fiscal concreto y cuantificado, y restarle a ese objetivo lo producido por la reingeniería de deuda pública, del manejo adecuado de la tesorería nacional, de la mayor recaudación por el mejoramiento inmediato de la administración tributaria y aduanera, así como por la no creación de un nuevo hueco fiscal de $72 millones de dólares que representaría la privatización de la cárcel de Pococí. Así mismo, insistimos en una rendición de cuentas trimestral, durante el año que dure la contingencia, que sería 2003, pues todos esos impuestos tendrían esa temporalidad. Además, el fortalecimiento de la administración tributaria actual, para lo cual hicimos un fuerte emplazamiento al Viceministro de Hacienda, integrante de la CMPF por el Gobierno, en tal sentido; aspecto que es compartido por un elevado número de legisladores de dicha comisión.

Es evidente la presión del Gobierno-Jefatura de Fracción PUSC, para aligerar la definición del contenido de la famosa contingencia fiscal. Planteó límites al debate, para lo cual nos vimos en la necesidad de pedir la palabra y hacer una enérgica intervención, asumiendo el rol de representación de la Plataforma de los Quince Puntos, recordando cada una de las organizaciones que la componen; para indicar que nuestra tesis, impulsada desde la campaña electoral, es la de un Pacto Fiscal, con todo el significado político que ello conlleva. Indicamos que, desde una perspectiva de movimientos sociales responsables, hemos accedido a considerar la realidad de la difícil situación fiscal pero que, su atención en estos momentos debe hacerse por la vía de los impuestos directos y el fortalecimiento de la actual administración tributaria.

Además, criticamos fuertemente la imposición de la directriz presidencial de restricción de gasto en las instituciones públicas, del orden del 40%, planteando que están sufriendo una especie de estrangulamiento económico, deteriorándose, sensiblemente, los respectivos servicios públicos. En fin reiteramos que Costa Rica ocupa una verdadera revolución tributaria y que el Pacto Fiscal debería ser considerado como la primera piedra, o la piedra angular de una nuevo Pacto Social para nuestra querida Costa Rica. Don Mario Redondo nos interrumpió en el uso de la palabra, para “recordarnos” los límites de las intervenciones, lo que nos obligó a decirle que nuestra presencia no podía ser considerada como decorativa. Luego de varias intervenciones, hizo uso de la palabra el Sr. Viceministro de Hacienda, don Carlos González, cuya exposición causó cierta hilaridad en varios de los y de las presentes, pues hizo, más o menos, una reiteración de los argumentos gubernamentales, con esa visión catastrofista y casi apocalíptica de la situación fiscal nacional en estos momentos. No obstante ello, brindo varias informaciones “interesantes”.

– Que las tasas de interés han aumentado 300 puntos base este año, debido al deterioro de las finanzas públicas

– Que para el 2003, el déficit proyectado es de un 4.1 % del PIB.

– Que padecemos un excesivo endeudamiento: 6.8 billones de dólares, ¡billones!.

– Que en los últimos cinco años el monto concedido por el Estado, por los diferentes regímenes de exoneraciones, llega a ¡700 mil millones de colones. (cualquiera podría decir que eliminando la tercera parte de esas exoneraciones, arreglamos de un tirón el problema del déficit). Se trata de incentivos al turismo, los regímenes de zonas francas, incentivos al sector industrial y subsidios al sector exportador. Además, dijo que por el “régimen de privilegio” para los sectores agrícola y pesquero. Esto último fue duramente criticado por el diputado Bernal Jiménez, como ejemplo, según él, de la concepción neoliberal dominante en el país: para el turismo se trata de “incentivos”, pero para el sector agrícola, se trata de “privilegios”.

– Que nuestra carga tributaria como país es del 13.5 %, mientras que en los países desarrollados, como promedio, es del 35 %. Es decir, tenemos un sistema tributario de país sub-desarrollado pero gasto de país desarrollado.

Concluyó, indicando que para ellos este proceso debe tener tres pasos: 1) la urgente aprobación de un plan de contingencia; 2) reformas estructurales en el sistema tributario (renta, IVA, sistema recaudatorio y régimen sancionatorio); 3) reformas estructurales para el control del gasto. Es interesante anotar que plantea el origen del déficit: a) ineficiencia en la recaudación; b) ineficiencia en el control del gasto; c) base tributaria limitada; d) contribución del gobierno al desarrollo económico; e) sin descuidar el gasto social; f) falta de una cultura tributaria.

Posteriormente, el diputado-presidente de la CMPF, don Mario Redondo Poveda, presentó un nuevo texto de contingencia fiscal, por parte del Gobierno, el cual está basado en cuatro aspectos: 1) Impuesto a las personas jurídicas, desde 100 a 500 dólares; 2) Impuesto solidario sobre la renta, de 5 %; 3) Impuesto a la propiedad de vehículos de lujo, cuyo valor sea superior a los 7 millones de colones; 4) Impuesto a las mesas de casinos, de mil dólares mensuales por cada mesa de juego; así como impuesto a las terminales de computadoras en las salas de apuestas, también por igual cantidad. Además se establece una amnistía tributaria por un período de tres meses. Todos esos impuestos estarían vigentes desde la entrada de vigencia de la ley hasta el 31 de diciembre de 2003.

Como se podrá apreciar, la línea que hemos mantenido para que la famosa contingencia fiscal se enfrente por la vía de impuestos directos ha cogido fuerza. Se descartó el impuesto a los celulares y a la TV por cable. Resulta obvio decir que, como sectores sociales, una propuesta semejante debería contar con nuestro apoyo.

El Partido Liberación Nacional, que hoy llegó a la sesión con refuerzos, seis diputados, sostiene que la contingencia fiscal no es sólo un paquete de impuestos. Asumieron una posición bastante fuerte sobre las pretensiones del Gobierno y elaboraron su propia moción sobre el particular, con tres componentes: 1- Racionalización del gasto público, para que se contemplen medidas de contención del gasto en partidas no prioritarias (publicidad, viajes al exterior, gastos de transporte al exterior, gastos de recepción, de representación, entre otros). 2- Eficiencia de la Administración Tributaria: definición de acciones concretas para mejorar la eficiencia en la administración y recaudación, lo cual incluye la dotación de recursos y tecnología para mejorar la recaudación y fortalecer la institucionalidad de la administración. 3) Medidas fiscales y monetarias temporales: tributos directos transitorios, por un año; así como revisión de la política monetaria a fin de lograr su neutralidad, disminuyendo sustancialmente el elevado déficit que causa la política del Banco Central.

El PUSC quería que hoy se aprobara su propuesta como texto base para conformar el nuevo plan de contingencia fiscal; sin embargo, ante el surgimiento de la moción liberacionista, el dip. Redondo Poveda, decidió pasar para el lunes el conocimiento de ambas mociones. Valga indicar que el PLN y el PAC consideran unificar sus posiciones, a partir del texto liberacionista. Inicialmente, nosotros pensamos que este es un buen planteamiento para ser acogido. Todo lo anterior pareciera perfilar importantes puntos de convergencia que, desde nuestra perspectiva, concuerdan con las posiciones que hemos venido defendiendo como sectores sociales.

Finalmente, insistimos en la nueva convocatoria al Contralor General de la República para que se haga presente en la CMPF, dado que en este día, jueves 12, precisamente, presentaron su “libro blanco” sobre cuestiones tributarias. Se acogió nuestra tesis y seguramente irá la próxima semana. Por su parte, el Departamento de Servicios Técnicos entregó tres informes: sobre cada uno de los siguientes expedientes: “Ley de Emergencia Fiscal” y “Reforma al Código de Normas y Procedimientos Tributarios…”; así como un informe ante consulta “Estimación del impacto de las medidas propuestas”.

Recomendamos la revisión de las actas en la página electrónica de la Asamblea Legislativa.

Pedimos disculpas por el atraso en el envío del informe anterior, pero hubo dificultades técnicas de último momento.

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Comparecieron los señores Oscar Barahona (su Presidente), Alberto Cañas, Julio Suñol, Guido Miranda, Otto Guevara, Mario Carazo, Rodolfo Silva y la señora Silena Alvarado (su Secretaria) y quien es Viceministra de Egresos de la cartera de Hacienda.

Ellos entregaron un documento, “Programa de Trabajo”, en el cual detallan cuestiones de funcionamiento formal, de funcionamiento relativas al fondo y la división temática. En este ámbito, especifican 25 “ejes temáticos”, como por ejemplo, analizar los grandes proyectos sociales de atención a la pobreza; trabajar para que el Poder judicial se descongestione “desjudicializando” ciertos asuntos; estudiar el “enorme” problema de las convenciones colectivas en el Sector Público; “colaborar” con la reforma del Estado en lo referente al gasto público; establecer un procedimiento escrito y confidencial para que grupos organizados o ciudadanos denuncien posibles irregularidades o corrupción en el Sector Público; dictar normas sobre el nombramiento de puestos políticos en la Administración Pública y su idoneidad para dichos puestos; …etc.

A partir de este planteamiento se abrió un período de preguntas para la discusión del mismo, formulándose una serie de propuestas al funcionamiento de la citada comisión.

En nuestra intervención, primeramente hicimos énfasis en que estamos en contra de una especie de corriente fundamentalista que pretende presentar todo el gasto público como algo intrínsecamente perverso; además, reiteramos que los grupos sociales y productivos que suscribimos el proyecto de la “Tercera República”, planteamos una definición estratégica clara: concebimos el gasto público como un gran dinamizador económico. En consecuencia, dijimos que nos opondremos a ese especie de “macarthismo fiscal”, acudiendo a las enseñanzas de nuestra experiencia de lucha.

Por otra parte, dentro de esta discusión, la ANEP presentó una serie de denuncias, aprovechando la presencia del pleno de esa comisión; mencionando lo siguiente: la aparente contratación de una exministra del Gobierno anterior, por parte del Consejo Nacional de Concesiones, por un monto de US$ 2.000 ¿mensuales?, como “asesora en materia de concesiones”; el presunto pago en el alquiler de unas oficinas, en un edificio lujoso, por parte de ese consejo, frente a las instalaciones de la UCR (Facultad de Derecho); el pago que tendría que realizar el erario público, por, prácticamente US$ 2.000.000 mensuales por la posible concesión de la cárcel de Pococí; así como el posible nombramiento irregular de la actual Directora de DINADECO, quien no tendría los requisitos legales para tal cargo, haciéndose una modificación reglamentaria posterior a su nombramiento, para “superar” ese escollo jurídico. Lo anterior con el fin de que se investiguen tales denuncias en el seno de esa comisión.

La Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN), presentó un informe escrito (su representante está en el exterior), en respuesta al planteamiento de UCCAEP sobre el plan fiscal, en donde comparte el criterio esbozado por dicha entidad empresarial en cuanto a quienes evaden impuestos y no cumplan con sus obligaciones con el Estado y sus instituciones. Se debe combatir la impunidad y debe reforzarse todo instrumento necesario para que se apliquen las sanciones respectivas incluyendo, la cárcel. No se avaló la insistencia en la propuesta de UCCAEP de la “satanización” del gasto público, pues para ellos toda inversión en desarrollo social hay que paralizarlo, lo que se opone a la propuesta hecha por las organizaciones que conforman la propuesta de la “Tercera República” que indica que todo gasto público, bien dirigido, dinamiza la economía. En síntesis se opone a la contención del gasto público por contenerlo, únicamente

También se oponen al planteamiento de frenar el crecimiento del empleo público, pues considera que es necesario el mismo para el desempeño correcto del Estado en los servicios que debe darle a la ciudadanía; así como a la no aceptación de la propuesta de “congelar” los salarios en el Sector Público, pues no es éste factor el causante del déficit fiscal, como tampoco lo es el sistema de pensiones (que no son aquellas que se podrían considerar como de lujo).

Finalmente se oponen a los impuestos indirectos como lo son los que apoya la UCCAEP en cuanto a los celulares, los servicios de cable y a los automóviles que no son los de lujo. Todo lo anterior fue respaldado por la ANEP.

Ante esta posición, la respuesta del representante de la UCCAEP fue bastante violenta y acusó al movimiento sindical representado en la comisión, de “obstruir” la puesta en marcha del proyecto de emergencia fiscal del gobierno y de no querer poner un aporte en la solución del déficit fiscal, “como si lo estaban haciendo ellos”.

Luego de esta discusión, se realizó una intervención muy interesante de don Bernal Jiménez, quien fue enfático en mencionar que no creía que el déficit fiscal fuera culpa de los salarios de los empleados del Sector Público, sino más bien de una estructura paralela que se estaba formando a la par del Estado, como lo son las contrataciones por asesorías, así como aquellos órganos con personería jurídica instrumental, los que podrían ser, entre otros, los verdaderos factores de impacto en el déficit.

Valga indicar que la ANEP, en cuanto organización sindical, prepara una documentación sobre el tema salarial del Sector Público, a fin de poner al descubierto varias falacias en tal sentido.

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En esta fecha la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP) y el Partido Movimiento Libertario presentaron sus propuestas, en las personas del señor Alvaro Ramírez y del diputado Federico Malavassi, respectivamente. Se adjuntan las presentaciones respectivas que se efectuaron en la sesión de hoy.

UCCAEP llama a su propuesta “Pacto de Solidaridad Social” (PASOS). Para ellos el Estado está en crisis y no sólo el Gobierno y el problema fiscal es tan sólo una expresión de este fenómeno estructural. La solución, por tato, pasa por una necesaria y profunda reforma del Estado. Su propuesta puntualiza en principios como equidad, solidaridad, balance, transparencia, temporalidad y neutralidad. Proponen que los empresarios, los demás contribuyentes, la administración, el Gobierno y los trabajadores se comprometan a aportar impuestos solidarios y temporales; al combate frontal de la evasión; a la contención del gasto público para 2003.

Concretamente, plantean como impuestos solidarios y temporales: a) Impuesto extraordinario por una única vez, del 5 % de renta a todos los agentes económicos; b) que lo paguen empresas privadas, profesionales liberales, cooperativas y asalariados con ingresos superiores al millón de colones. Además, un aumento extraordinario, por única vez, del 50 % en la tarifa para vehículos de lujo; impuesto a pensiones de lujo y un impuesto a suscriptores de TV pagada (cabe y Direct TV), de 3 mil colones mensuales, como gravamen temporal.

Además, avalarían el impuesto de los 200 dólares a las sociedades anónimas, de 100 dólares a los teléfonos, impuesto a casinos y moteles y una amnistía tributaria.

También proponen que el Gobierno limite por un año el crecimiento de la planilla, totalmente, sin crear nuevas plazas; además, “solicitar a los sindicatos del sector público el compromiso de limitar las peticiones de ajuste salarial a la inflación (incluyendo pluses salariales)”.

Además, un compromiso del Gobierno, firmado y sellado, de que en 2003, el gasto debe reducirse al 17 % del PIB y que la Comisión de Hacendarios de la Asamblea Legislativa, vigile, cada tres meses, el cumplimiento de las metas de gasto.

Para ellos, la meta es reducir en 2 % el déficit fiscal. Recalcan sus tres compromisos: aportar nuevos ingresos, limitar el crecimiento del gasto y combatir frontalmente la evasión, algo en lo que enfatizaron bastante.

Por su parte, la propuesta del Movimiento Libertario, catalogada como “mítica” por el diputado Bernal Jiménez (PLN), pues no hay sociedad en el mundo que ponga en práctica algo semejante, según indicó; se resume en lo siguiente: la reactivación de la economía y la racionalización del gasto público y su manejo adecuado, allegarán más recursos a las arcas del Estado. Por tanto, no se ocupan nuevos impuestos. No obstante, aceptarían algunos impuestos siempre y cuando vayan ligados a medidas efectivas de control del gasto.

Ellos abogan por limitar constitucionalmente el gasto y el endeudamiento; modificaciones estructurales el sistema de contratación del empleo público; desregulación agresiva; venta de activos ociosos; impuesto a pensiones de lujo; reformas financieras para aumentar la competitividad; aperturas (INS, FANAL, RECOPE, ICE); bajar impuestos a vehículos automotores, repuestos y accesorios; eliminar la proliferación de diversas modalidades de contratación administrativa; frenar la política de dispersión presupuestaria (“personalidades jurídicas instrumentales”); entre otros.

Indicaron que no creen en la emergencia fiscal, que el Gobierno está haciendo una “contabilidad creativa” y que se nos está haciendo un “engaño contable”. Que el Banco Central es un banco quebrado y que debe discutirse su situación dentro del problema fiscal.

Valga indicar que el tema de la política monetaria del Banco Central de Costa Rica no fue citado por la propuesta empresarial. Don Bernal Jiménez insistió en ello y nosotros ya estamos plenamente convencidos que es más que necesario. La política monetaria y la política fiscal tienen una estrechísima relación. La Unidad indicó que su anuencia a tratar el tema, aunque no para la contingencia fiscal. El PAC ya lo había mencionado.

En términos generales, tenemos la impresión de que si tiene que haber un plan de contingencia fiscal, su base fundamental será por la vía de impuestos directos y con carácter de un año de temporalidad. Me parece que esto puede ser importante para la clase trabajadora y para los sectores medios y clases populares. La propuesta de gravar los celulares, que en nuestro criterio debe ser rechazada y la de la televisión por cable, parecieran ser las únicas de tipo indirecto, que no discriminan el ingreso de las personas. Las reformas estructurales llevarán más tiempo, corriéndose el riesgo de que el Gobierno pierda el interés en ello y se “contente” con las medidas de emergencia.

La sesión de la fecha fue consumida, prácticamente, por las presentaciones y no hubo posibilidad de mayor debate. Dejamos planteada nuestra solicitud de palabra para referirnos la próxima semana, particularmente al emplazamiento que nos lanzó UCCAEP, en cuanto sindicatos del Sector Público, en lo de los aumentos salariales del próximo año. Vamos a coordinar con los compañeros de Rerum Novarum una respuesta conjunta. La semana próxima se recibirá a la representación de la Comisión de Notables sobre el Gasto Público que nombró el Presidente de la República y, nuevamente al Ministro de Hacienda. Los servicios técnicos de la Asamblea Legislativa deberán prepara un cuadro comparativo de propuestas y arrancará el proceso de fondo.

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También se tenía previsto que hicieran su presentación la “Comisión de Notables” del Gasto Público que nombró el Sr. Presidente de la República. Estos se excusaron de asistir por problemas de “coordinación de agenda”. En todo caso, la visita del Sr. Contralor General consumió toda la sesión, hasta el mediodía.

El funcionario fue relativamente amplio en su intervención. Creemos que se pudo profundizar más. Planteó que tenemos una administración pública obsoleta, dispersa y en cuanto a su calidad, diversos regímenes laborales complican la gestión. Insistió en la necesidad de que el país defina una política sobre la contratación colectiva en el Sector Pública, con base en las obligaciones internacionales en la materia (OIT, decimos nosotros).

Se le mencionó el tema de las denominadas “personerías jurídicas instrumentales”, nueva figura jurídica para una especie de descentralización administrativa y de escape del control interno, aunque él enfatizó que tal escape no es posible. Esto fue interesante por cuanto, por un lado, él criticó tales procedimientos pero, por otro, la misma Contraloría ha recomendado buscar esas personerías vía legislación. Acotó que no hay contradicción, sólo que, en un marco de tanta confusión jurídica-institucional, para efectos de legalidad de los presupuestos, algunas entidades debían legitimar el suyo por la vía mencionada.

Dió, a este respecto, un dato interesante: cerca de 900.000 mil millones de colones, están presupuestados en entidades fuera del control centralizado del Presupuesto de la República. Le pedimos un amplio detalle de las mismas para fecha próxima.

Indicó el estudio (“libro blanco”) que se está realizando, pues esta es un área nueva de preocupación del trabajo de contraloría (el control del ingreso), y no solamente lo tradicional. Planteó que en dos semanas tendría el trabajo listo. Por iniciativa nuestra se le dejó invitado para que lo exponga, considerando que será importantísimo para el trabajo de la Comisión Mixta.

Nos llamó la atención dos datos de su parte: el 60 % del impuesto de la renta se evade y con el de ventas, el porcentaje evasor es del 35 %. Dijo que son datos de un estudio de 1997. Pero, en todo caso, dijo que lo que indicará el “libro blanco” será sumamente interesante. Aunque fue muy cuidadoso hacia qué lado será “lo interesante”; es decir, si del lado de los que decimos que se evade mucho, o del lado de los que dicen que no es tanto.

Trató diversos temas según preguntas de los diputados y de las diputadas presentes, así como de los asesores. En este último caso, el representante de la UCCAEP le preguntó sobre las SALES del ICE, respondiendo él básicamente sobre el carácter jurídico de la Ley SAL.

Por nuestra parte, le comentamos sobre el control de fondos de procedencia externa (caso COMEX, de donde se financian, presuntamente, los salarios de los negociadores comerciales). No tiene ámbito de control la Contraloría en este campo. También le preguntamos sobre PROCOMER, que tiene 5 directivos nombrados por el Sector Privado y 4 del Público. A pesar de ello, indicó que se trata de una entidad de evidente interés público, pero, tampoco está bajo el ojo contralor. Mencionó el caso del Instituto del Cáncer como otra entidad pública que no está bajo tal fiscalización.

Una situación interesante fue cuando la Sra. Doris Osterloff le preguntó sobre el rubro “Otros”, de la partida de Transferencias, incluido en el reporte de presupuesto de Contabilidad Nacional, entregado por el Ministro de Hacienda. Se trata de saltos muy grandes de un año para otro. El no supo contestar, le pidió datos a un asistente y al final intervino el propio Viceministro de Hacienda, para indicar que se trataba de los aportes al CONAVI y a FODESAF, entre otros. Lo curioso es que siendo cantidades de dinero tan enormes, no se “visibilicen”, identifiquen plenamente, en el reporte y se incluyan como “otros”. También se refirió al tema de la rendición de cuentas, sobre el que indicó que el país debe profundizar sobre el particular. En cuanto a las posibilidades de que tengamos políticas públicas centradas en una verdadera priorización de gasto, no se refirió sobre el particular.

El señor Contralor, una y otra vez, nos remitió a las memorias de la Contraloría General de la República y, por ende, a su página electrónica, como una forma de profundizar en las inquietudes transmitidas.

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El propio Gobierno así lo acepta y su Jefe de Fracción Parlamentaria, Mario Redondo, habló de porcentajes entre el 5 y 15 como sobre tasa al impuesto sobre la renta. Sin embargo, se le “ocurrió” proponer un impuesto al uso de los aparatos celulares, de 100 dólares, que les daría 20 mil millones de colones, si hablamos de 500 mil aparatos actualmente en uso por la gente. ¡Vaya idea!

La fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC), presentó su propuesta por escrito, la cual catalogamos de excelente. De la misma forma, don Bernal Jiménez, Jefe de Fracción Parlamentaria de Liberación Nacional, aunque no presentó propuesta concretas, reiteró su posición de que el problema hay que atacarlo por el lado de la renta y el manejo de la política monetaria, algo en lo que coincidieron tanto el PAC como el mismo PUSC. Muy interesante.

La UCCAEP basó su exposición planteando una visión catastrofista del problema, indicando el “peligro” de la baja en la calificación del concepto “riesgo-país”, haciendo eco a la posición del Ministerio de Hacienda. Dijeron que se necesitan más impuestos pero que éstos no deben caer a la producción, aunque no dieron alternativa.

Por nuestra parte, se expuso nuestra visión del problema fundamentada en criterios políticos de una visión de país hacia una sociedad incluyente. Se planteó el rechazo a la tesis de déficit fiscal cero, nuestra concepción de que el gasto público dinamiza la economía y que, por tanto, no debe ser satanizado y que la famosa Reforma del Estado que algunos quieren, no puede ser tratado en el ambiente de una “contigencia” fiscal. Se enfatizó en la propuesta estratégica de Pacto Fiscal y que tal “contingencia” si implicara mayores impuestos, éstos deben ser de carácter progresivo. Se adjunta las filminas de la exposición realizada. Esta es producto de acuerdo político entre CADEXCO, Movimiento Solidarista, Movimiento Cooperativista, la Central Rerum Novarum y ANEP.

El representante del sector agropecuario, Sr. Blanco, hizo una intervención para reforzar sus criterios de la sesión anterior y planteó que tiene grandes coincidencias con nuestro planteamiento.

El Movimiento Libertario se quedó sin exponer sus tesis, porque decidió exponer de último y no alcanzó el tiempo de sesión. Creemos que, posiblemente, nada de lo que oyeron les gustó. Creemos que tuvieron un error de cálculo político porque su parecer se hará hasta el lunes, día en que se oirá al Contralor General de la República y al representante de la Comisión del Gasto Público y sus tesis no se darían en un espacio político tan calificado como el que representó la sesión de hoy por la calidad de las exposiciones.

Todo el mundo coincide en el combate a la evasión y el fortalecimiento de la administración tributaria pero, según el Gobierno, la plata que se necesita para aliviar el problema fiscal no es suficiente por tal vía. Ellos plantean la necesidad de unos 100 mil millones de colones.

En síntesis, pareciera posicionarse la tesis de que la “contingencia” fiscal debe resolverse por el lado de los impuestos directos, especificando un carácter temporal que tendría el nuevo proyecto de ley al respecto. La excepción es la famosa proposición del impuesto a los aparatos celulares. De igual forma cobra fuerza la utilización de la política monetaria, como por ejemplo el alza en el encaje mínimo legal que se cobra a los bancos, y que tradicionalmente no se ha tocado beneficiando sobre todo a la banca privada. Luego se seguiría trabajando en las reformas estructurales comprendidas dentro de un Pacto Fiscal según nosotros lo entendemos y hacia eso habría que apuntar los esfuerzos.

Valga indicar que nuestro trabajo directo en las sesiones de la comisión está acompañado con el aporte del compañero Rafael Mora Solano, Coordinador Nacional Adjunto de la Federación Nacional de Trabajadores de los Servicios Públicos y quien fuera Secretario General del sindicato UPINS del Instituto Nacional de Seguros.

En el caso del suscrito, es bueno tener presente que estamos en ese espacio con la venia de la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON), el Frente Interno de Trabajadores del Instituto Costarricense de Electricidad (FIT-ICE), la Mesa Nacional Campesina, la Federación Nacional de Trabajadores de los Servicios Públicos, el Grupo Indígena IETSAY y la propia Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP). Así consta desde la primera acta de sesiones de la Comisión Mixta (CM).

Acontecimientos de la sesión de hoy:

El Gobierno entregó, oficialmente, sus cuatro proyectos en la materia: 1) Ley de Emergencia Fiscal (Exp. 14.826), 2) Ley de Creación de la Agencia Nacional de Administración Tributaria –ANAT (Exp. 14.830), 3) Reforma al Código de Normas y Procedimientos Tributarios y al Código de Comercio, Ley No. 3284, de 30 de abril de 1964 (Exp. 14.837) Y 4) Ley de Imposición sobre la Renta (Exp. 14.828).

La Ley de Emergencia Fiscal, a su vez, incluye cuatro aspectos básicos: a) Impuesto a las sociedades anónimas; b) impuesto de la renta y obligatoriedad de entregar 10 % sobre “utilidades”, a las empresas del Estado organizados bajo el Derecho Privado, instituciones autónomas y bancos comerciales del Estado; c) Sacar a los trabajadores hacendarios de Tributación Directa, Aduanas y Policía Fiscal, del Régimen de Servicio Civil; d) transformación del Impuesto sobre las ventas en impuesto al valor agregado.

Los proyectos ANAT y reforma al Código Tributario, pasaron a subcomisiones de la CM. En tres semanas debe tenerse una especie de dictamen.

Se esperaba para hoy la comparecencia del Contralor General de la República, pero éste se excusó y quedó para fecha posterior su presencia en la CM.

Nosotros planteamos, básicamente, lo siguiente: a) Rechazo a la Ley de Emergencia Fiscal: Se trata de medidas estructurales, con permanencia indefinida en el tiempo y reforzando la estructura impositiva de carácter indirecto. Además, lo de las instituciones del Estado es, totalmente inaceptable. Además, indicamos que se debe presentar la lista completa de estas instituciones, e invitarse a cada jerarca a comparecer para que indique las potenciales afectaciones de semejante propuesta de Gobierno. El representante de las centrales sindicales, señor Rodrigo Aguilar, se pronunció en la misma dirección.

Enfatizamos en que la misión es el logro de un verdadero Pacto Fiscal, búsqueda de solución al problema del desequilibrio estructural de las finanzas públicas, según reza el mandato de la CM. En tal sentido, la representante empresarial del gremio CADEXCO, insistió en esa dirección, sobre los componentes a observar en la ruta del Pacto Fiscal.

Reclamamos, además, la tardanza la puesta en práctica de los acuerdos para el proceso de convocatoria y de divulgación a la ciudadanía sobre este proceso. Se había hablado de transmisiones en vivo por Canal 13 y por Radio Nacional, página web, foros y otros. Se acordó que delegados de cada fracción y de los sectores civiles, junto con el Departamento de Relaciones Públicas de la Asamblea Legislativa, diseñen una estrategia integral al respecto.

El representante del Gobierno, Sr. Carlos González, Viceministro de Hacienda, presentó inquietud para que, nuevamente, se haga comparecer a los economista Luis Carlos Peralta y Johnny Alvarado, quienes trabajan en la UCR; pues lo que ellos apuntaron en sesión anterior, planteando un escenario distinto sobre el tema de la gravedad del déficit fiscal, amerita, según el jerarca mencionado, señalar la serie de incongruencias de tal exposición.

También se acogió una idea del representante cooperativista, Víctor Morales, respaldada por nosotros y otros sectores, para que el próximo jueves, cada fracción política y cada sector civil, den su posición sobre la Ley de Emergencia Fiscal y, en general, del proceso de Pacto Fiscal. Nosotros intentaremos presentar una visión conjunta desde la perspectiva de la llamada “Tercera República”. Ya se ha venido trabajando en varias propuestas alternativas al plan del Gobierno. La sesión de este jueves, en consecuencia, promete ser intensa porque se pondrían en mesa, todas las cartas.

Un factor sobre el que insistimos, avalando la tesis del diputado liberacionista Bernal Jiménez, es el tema de la política monetaria y su relación con el déficit fiscal. Curiosamente, cuando se presentó una moción, del Dip. Federico Malavassi, para que el Dr. Eduardo Lizano Fait, compareciera para abordar el asunto, se rechazó la misma y el mismo Bernal Jiménez no la votó. Se adujo “razones humanitarias” pues, aparentemente, el señor Lizano ha estado enfermo. La semana pasada estuvo el Gerente del Banco Central, Sr. José Rafael Brenes, pero algunos consideraron necesario escuchar al máximo jerarca del mismo.

El representante del Foro Agropecuario, Sr. Ulises Blanco, presentó un documento que, en términos generales, expresa las preocupaciones centrales que hemos venido teniendo nosotros del tema. Introdujo, eso sí, el tema de la banca estatal y las desigualdades de ésta para competir con la privada.

A propósito de banca estatal, la Dip. Epsy Campbell, se refirió al salario millonario que, presuntamente, devenga el Gerente del Banco de Costa Rica, Sr. Mario Barrenechea. Ella es de la tesis que si hay que hacer un sacrificio por el problema fiscal, los salarios de los altos jerarcas deben aportar. Nosotros indicamos que se debe conocer los salarios de toda la estructura jerárquico-gerencial del Estado y sus distintos poderes.

Indicamos además, la necesidad de conocer cuánto le debe el Gobierno Central a las instituciones autónomas. Más o menos, la mitad de toda la deuda del Estado. La otra mitad es del Sector Privado la cual, se dice, es imposible saber en manos de quién está, pues es por bonos al portador. Le indicamos al señor Viceministro de Hacienda, Sr. Carlos González, representante del Gobierno en la CM, si es posible conocer la cantidad de las emisiones de bonos a lo largo de estos años y el valor de cada una de esas emisiones.

El Gobierno espera, según mandato de la comisión, que sobre su Ley de Emergencia Fiscal haya un dictamen para el 1 de octubre. Nosotros indicamos que si bien ese es el plazo inicial, nada impide extenderlo, habida cuenta de la necesidad de encontrar soluciones estructurales al problema fiscal. Es interesante destacar que el diputado presidente de la CM, Sr. Mario Redondo, Jefe de la fracción parlamentaria oficialista, indica que el proyecto apuntado, no necesariamente es el punto de llegada. Que se quieren oír alternativas pero, eso sí, que le hagan llegar al Gobierno, la misma cantidad de recursos que se esperararía de la pretensión oficial del Poder Ejecutivo. Al menos, eso es lo que hemos entendido.

También se acogió una moción del diputado Malavassi, para que en el seno de la CM confluya el trabajo que se realiza en otras instancias sobre el tema, por ejemplo, que se dé información de lo que realiza la denominada Comisión de Reducción del Gasto Público, presidida por el Sr. Oscar Barahona Streber; comisión en la que no hubo ninguna representación social, por cierto.

Finalmente, aunque esto es de muy prematuro criterio, podría pensarse que la Ley de Emergencia Fiscal, tal y como está planteada por el Gobierno de la República, no tendría una trayectoria nada fácil y lo que podría posicionarse es, no solamente cuán grave es la naturaleza del problema fiscal, sino que, si de verdad se ocupan recursos para atender una verdadera contingencia fiscal, desde qué fuentes se deberían obtener tales recursos y, al menos en nuestro caso, una cosa es contundente: tales fuentes no pueden ser las tradicionales, es decir, los impuestos indirectos.

Bueno, eso es todo por ahora. Disculpen el desorden en la presentación. Prometemos mejorar los próximos reportes. Aceptamos y urgimos de todo tipo de aportes y de valoraciones críticas.

Respetuosamente,

Albino Vargas Barrantes.