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Lisbeth Barboza González
lbarboza@prensalibre.co.cr

Quesada dio una exposición basada en el informe que emitió la Defensoría y en el que señala que el TLC si bien es cierto traería como consecuencia mayor riqueza, esa riqueza se concentraría en pocos sectores beneficiados con los términos del acuerdo, pero a su vez fomentaría un mayor exclusión para la mayoría de los productores nacionales.

“A la luz del análisis realizado, la Defensoría de los Habitantes concluye que el proyecto TLC constituye una profundización del modelo de desarrollo aperturista aplicado en el país desde inicios de la década de 1980 y si nada cambia, se espera que se profundicen dichas consecuencias”, afirmó.

La Defensora considera que si la implementación del proyecto no es acompañada con mecanismos compensatorios y de redistribución de la riqueza efectivos, dadas las características del modelo de desarrollo actual, se puede esperar un incremento en la desigualdad social y una mayor exclusión de los grupos de menores ingresos dentro de la actividad económica de la sociedad costarricense.

Desde la perspectiva económica, la Defensora manifiesta preocupaciones y dudas respecto a temas como son limitaciones a la política económica, limitaciones al sector agropecuario, reconversión productiva, seguridad alimentaria y los beneficios para el consumidor nacional.

Quesada recordó que en el TLC los países centroamericanos -y el mismo
Estados Unidos- establecieron una reserva aplicable a cualquier sector, para proteger su derecho La defensora de los Habitantes, Lisbeth Quesada, criticó el modo en que fue negociado el TLC. A adoptar o mantener cualquier medida incompatible con las obligaciones que otorguen derechos o preferencias a las minorías social o económicamente en desventaja.

“Pero, analizado el proyecto, la Defensoría confirmó que Costa Rica no hizo reserva alguna en ese sentido, no protegió la capacidad del Estado para aplicar las medidas de protección a minorías, quedando mucho más limitado que los demás países, omisión muy grave por parte de los negociadores del tratado”, acotó.

Además reiteró que en cuanto a los agricultores y subsidios, el productor nacional podría ser eliminado no por ineficiente, sino por la competencia desleal.

Subrayó que los precios norteamericanos son más bajos producto de prácticas desleales originadas en una de las asimetrías, como son los subsidios que el Gobierno norteamericano otorga a sus productores, que les permite vender a precios por debajo de los costos de producción.

“Con esta estrategia, el productor norteamericano subsidiado logra sacar a sus competidores del mercado local e internacional, una vez eliminada la producción interna el mercado queda a merced del competidor desleal, con lo que pierde el productor costarricense y también el consumidor, porque los precios podrían subir de forma desmedida”, dijo la Defensora a los diputados.

La prensa Libre 24 de agosto de 2006. Pág.4

*Adolfo Pérez Esquivel **, presidente honorario de SERPAJ AL capítulo Argentina.

Foto: Leonel Ibarra
Texto : Gloria Silvia Orellana

En tono muy serio, afirmó que el tema del agua, la seguridad alimentaria, y la privatización de ejércitos, para exportar la guerra en el mundo, son los males a los que deberán enfrentarse los movimientos sociales, que buscan una sociedad más justa.
Reitera que con la vigencia de los TLC´s , la soberanía de los pueblos va a estar en manos de las transnacionales, que manejan todo el comercio mundial, y que al desplazar a los gobiernos de América Latina, dejarán en clara indefensión a millones de ciudadanos, donde los abusos será la cotidianidad de los pueblos.

Co Latino – Señor Pérez Esquivel, quizá si nos explica el trabajo del Servicio para la Paz y la Justicia , en América Latina.
Pérez Esquivel (PE) – El Servicio Paz y Justicia comienza en el año sesenta; desde México viajan dos grandes amigos, la doctora en filosofía Hildegard Goss-May (Viena, Austria), y su esposa Jean Goss, un obrero ferroviario (Francia), líder de la Segunda Guerra Mundial, que cuando ve la política de Francia en Argelia, devuelve todas sus condecoraciones y tiene un cambio profundo, hacia la no-violencia.
Ellos comienzan entonces un trabajo desde México, visitando a Obispos , Iglesias Evangélicas, tratando de motivarlos en la no-violencia, y el compromiso social, que va más allá de los enunciados o las oraciones personales .

¿Qué lo llevó, a un compromiso de esa magnitud, recordemos que en esa época, los movimientos populares eran reprimidos por los gobiernos en turno?
PE – Yo siempre estuve ligado por mi origen, que era muy humilde, segundo, me crié con los franciscanos, tenía conocimiento de los grupos de base y las organizaciones sociales, esto era en lo ecuménico, había un compromiso social.
Y también, mi conocimiento de los movimientos en América Latina, tomar contacto con los campesinos en Paraguay, de los indígenas en Brasil, Argentina, Chile. Para mí, mis grandes maestros fueron los pueblos.
Y aprendí de mi abuela india, que era una guaraní, que nunca llegó a aprender muy bien el español, Mi abuela era iletrada pero, era muy sabia. Comprendía el sentido profundo de la vida, tenía tres años, cuando murió mi madre y ella me crió.

¿Con su experiencia, qué lectura hace sobre las democracias actuales y los gobiernos militares de los sesenta a los ochenta?
PE – Nosotros pasamos en América Latina por dictaduras militares, desde el período sesenta al setenta , esto responde a políticas impuestas a través de la doctrina de seguridad nacional. Más de 80 mil militares latinoamericanos pasaron por las escuelas de las Américas, en Panamá, y de los Estados Unidos, hubo un proyecto de dominación del continente que dura hasta el día de hoy.
Terminaron las dictaduras y comienza la primavera de las democracias, que son formales, no reales, donde muchos gobiernos terminan siendo cómplices del sistema, se hacen acuerdos a espaldas del pueblo. Cuidado esa no es democracia, es dictadura.

¿Por qué ?
PE – Cuando votamos, al día siguiente te botan. Hay algunos gobiernos que son rescatables pero, tienen ataduras tremendas, porque una cosa es el gobierno y otra es el poder.
La responsabilidad del Estado, sus acuerdos y Fray Beto lo dijo, con el gobierno de Lula (presidente de Brasil), cuidado ha llegado al gobierno, pero, no al poder.
La democracia debe estar ligada a la vigencia de los derechos humanos, que son valores indivisibles, en su integridad, o sea, sociales, culturales y económicos, educación , libertad de prensa y el derecho de participación.

¿Dónde está el poder?
PE- Está en las grandes corporaciones, en tanto mecanismo de dominación, en las privatizaciones, en la deuda externa, que es eterna, que ahoga y asfixia a los pueblos. Que es amoral e injusta, pero, los gobierno siguen pagando a costa del pueblo.
Eduardo Galeano dice: que más que democracia son “democradura”, es un juego de palabras, sobre el tipo de democracia que tenemos, ahora, pienso que la democracia es algo que debemos de construir, no es algo que se regala, sino que, se conquista.

¿ Cuál es entonces, su opinión en la negociación del tratado de libre comercio de los Estados Unidos con la región?
PE – De libre comercio no tiene nada. Son imposiciones de control de las economías y lleva la destrucción del pequeño y mediano empresario rural e industrial. Basta ver los subsidios agrícolas y tecnológica de los Estados Unidos, y lo mismo hace la Unión Europea.
Los tratados de libre comercio son para el ingreso de las transnacionales que controlan todo, y hay un problema muy preocupante, el problema del agua, que es un bien cada vez más escaso.
El otro, la soberanía alimentaria, que cada día esta más controlado por las transnacionales y que están llevando a nuestros pueblos al monocultivo, destrucción del medio ambiente y al condicionamiento a través de los transgénicos.

¿Resultará un nuevo conflicto entre las naciones que han negociado el TLC?
PE – La instalación de bases militares norteamericanas en todo el continente y el entrenamiento de los ejércitos (nacionales), como hicieron con la doctrina de seguridad nacional (60´s a 80´s), donde la hipótesis del conflicto, el enemigo es el pueblo, según la dictadura, Vemos que cambió una forma del ejercicio en el sistema del poder de dominación.
Si un informe de la FAO que es organización de la ONU, afirma que hay más de 35 mil niños que mueren de hambre. Yo a eso le llamó terrorismo económico.
Con el TLC será una zona maquilera. En Haití la gente se encuentra en semi-esclavitud, descansan medio día a la semana, en jornadas de 16 horas, y para ir al baño y comer sólo tienen 20 minutos.

¿Y que pasó con la responsabilidad de los partidos políticos (de izquierda), que no logran representar los intereses de los ciudadanos?
PE – Yo escribí, hace tiempo, un artículo que se llamaba “Las izquierdas en su laberinto”, donde se reúnen dos, forman tres partidos políticos. Ellos dividen lo dividido, y no tratan de acercar posiciones para construir proyectos alternativos o nacionales o continentales.
Hay una mala visión, es como que cada uno cuida su territorio, y esa es la verdad absoluta. No comparten y esto los está llevando al fracaso y al cansancio de la población.

¿Cuál es la alternativa para la gente?
PE – Los movimientos sociales que están creciendo, que van generando otros espacios, porque los partidos políticos no están dando las respuestas. Tenemos el Foro Social Mundial, el Foro de las Américas, que nosotros estamos trabajando fuertemente para el mes de noviembre, y se realizará en Mar del Plata.
Paralelo al Encuentro de las Américas de los presidentes del continente. Incluso, va a ir (George) Bush, donde ya hay un gran cordón preventivo de seguridad, habrá cientos de guardias y todo el personal del hotel entero, será sustituido por el personal que él trae, por sólo tres días. Ese es un hombre esclavo de sus propias atrocidades.

¿Qué pueden hacer entonces los pueblos?
PE – Hay emergentes muy importantes, que puede unir a los pueblos en el continente, están los sectores indígenas, el movimiento de mujeres, que hay que estar muy atentos, porque tienen una intervención cada vez, más grandes, los organismos de los derechos humanos, al margen de los partidos políticos.
A los partidos hay que revitalizarlos, hay gente honesta, lo que tenemos que hacer es la construcción de la democracia y utilizar herramientas como el plebiscito, donde la población pida rendición de cuentas o derogue mandatos

¿Por el momento, la población se encuentra frente a la impunidad de los políticos?
PE – Llevamos muchos años de lucha en esto, y es contra la impunidad. Y esto tiene que ver con el poder judicial, que generalmente está aliado o sometido al poder político, cuando debería ser independiente.
Y sino, qué ha ocurrido que no se ha investigado los asesinos de Monseñor Romero (Óscar Arnulfo), el asesinato de los Jesuitas y de tanta gente, en las masacres, sobre la impunidad es muy difícil construir un proceso democrático.

¿Entonces qué debe buscar la gente?
PE- Que las instituciones del Estado funcionen correctamente, al hacerlo sería la gran revolución, que exista un control que evite la corrupción, consejos populares para fiscalizarlos, esto significa democracia.

¿Definitivamente, el TLC con los Estados Unidos ya se ratificó, qué puede hacer la población?
PE – Los pueblos no se rinden, tienen la resistencia cultural, social y espiritual. Creo en los imprevistos históricos, en los cambios y en la capacidad de respuesta de los pueblos.
El mundo está en crisis, esto va generando otras perspectivas con los países del Norte, hay una fuerza en los pueblos y hay que darle la dimensión política, haciéndola participativa y respetando los derechos humanos, como divisas indivisibles.

¿Está en crisis el neoliberalismo?
PE – Estados Unidos está en crisis profunda, necesitaron de la guerra, de invadir países, y hay un terrorismo de Estado y ese lo están ejerciendo, fundamentalmente los Estados Unidos.

Nos preocupa más la privatización de las guerras, están creando empresas multinacionales de ejércitos privados que llevan a otros países. Y los dos grandes centros de entrenamiento y reclutamiento son los Estados Unidos y Gran Bretaña.

Estos ejércitos se alquilan y los Estados Unidos y gobiernos africanos lo están haciendo, para el control, en sus empresas de las minas de diamantes o de oro, que según una investigación han obtenido ganancias hasta por los cien millones de dólares.

Donde soldados ganan 15 mil dólares mensuales, y en situación de riesgo, dos mil dólares diarios, hay altos mandos que llegan a ganar por años hasta 500 mil dólares.

Estos actúan en muchos lados, pueden estar en Colombia, Cono Sur, o Centroamérica, donde los Estados no se hacen responsables, porque son privados y ellos obedecen a la única bandera, la del dinero.

Hay que revertirlo a través de la conciencia de los pueblos, de los valores, desde ahí podemos comenzar a decirle a la gente, que otro mundo es posible y no hay que desesperar.

Martes, 23 de Agosto de 2005 hora 13:58

* Esquivel es Secretario del Servicio para la Paz y la Justicia en América Latina (SERPAJ – AL).

Fuente: www.diariocolatino.com

Lisbeth Barboza González
lbarboza@prensalibre.co.cr

Una acción de inconstitucionalidad presentada por el abogado y ex diputado Rodrigo Gutiérrez Schwanhauser pretende que se señale como contrario a la Carta Magna el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (expediente legislativo 16.047), antes de que sea sometido a votación el documento.

En la petitoria Gutiérrez solicita, como ciudadano, que se ordene la desaplicación “del proceso de incorporación del Tratado en cuestión al orden normativo interno, se ordene al órgano legislativo suspender definitivamente el conocimiento y trámite de dicho proyecto de ley”.

De declararse con lugar la impugnación, haría que el expediente legislativo se retrotraiga a su fase inicial, por lo que “esto constituirá una segunda oportunidad para que se hagan las cosas bien y se negocie un tratado de libre comercio de forma bilateral con Estados Unidos”, afirma.

La acción de inconstitucionalidad, particularmente, se orienta a objetar las omisiones del Poder Ejecutivo con motivo de la negociación y firma del TLC, ya que el accionante considera que se violan las disposiciones del artículo 7 de la Constitución Política.

En ese artículo se establece que los tratados internacionales que estén ratificados tendrán rango superior a las leyes, pero inferior al mandato constitucional.

“El problema es que la sola aprobación del TLC en la Asamblea Legislativa, sin la aprobación previa de una legislación complementaria o agenda complementaria, como le llaman popularmente, provoca automáticamente fuertes vicios de inconstitucionalidad”, destaca Gutiérrez.

El abogado además citó preocupado el informe emitido por el Departamento de Servicios Técnicos del Congreso, en que se detalla la posibilidad de que Costa Rica, como nación, resultará responsable pecuniariamente por el incumplimiento en la aprobación de la agenda complementaria que exige el tratado.

Seguros y telecomunicaciones

En la acción presentada ante la Sala Constitucional, Gutiérrez se refiere al principio de gradualidad que debe prevalecer para que se garantice una apertura de las telecomunicaciones y seguros, y a la conveniencia y oportunidad de las fechas planteadas y acordadas en el TLC, las cuales a su criterio_ “hoy no son razonables ni proporcionadas”_ tal y como lo entiende el Derecho de la Constitución.

Asegura que se impone al Poder Legislativo una responsabilidad que no le compete a causa de la precipitación del Poder Ejecutivo, visto en la actualidad en el incumplimiento de las fechas planteadas y acordadas en el Tratado en materia de telecomunicaciones, y otras próximas a vencer en materia de seguros, ya que no se vislumbra aprobación legislativa de la legislación complementaria a corto plazo.

En ese sentido, opina, no habrá período de acomodo del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) a las nuevas condiciones de apertura, lo que pone en riesgo al Estado costarricense y sus servicios inalámbricos.

De igual manera, cita Gutiérrez, ocurriría en el caso del Instituto Nacional de Seguros (INS), cuya administración de seguros de riesgos de cualquier género es monopolio del Estado, institución que “nunca fue consultada durante el proceso de Ronda de Negociaciones del TLC”, según lo hizo saber el entonces presidente ejecutivo, Germán Serrano Pinto.

Recordó que los actuales presidentes ejecutivos del ICE y del INS han manifestado que esas instituciones públicas no están preparadas para entrar en competencia de libre mercado tan pronto se apruebe el TLC, y que_ “demandará aproximadamente de 4 a 6 años ajustar estructural y administrativamente a cada una de estas instituciones autónomas”_.

Nombramientos cuestionados

Gutiérrez también considera que el nombramiento de los negociadores del acuerdo comercial fue irregular, ya que “según un informe de la Contraloría General de la República esa designación se hizo por medio de servicios profesionales, procedimiento que no es correcto ni el más idóneo”.

Ello por cuanto no medió un concurso para los puestos de los negociadores, con lo que asegura se violaron las normas constitucionales contenidas en el artículo 182 de la Carta Magna.

“¿Cuál facultad, norma legal, acuerdo ejecutivo o acuerdo legislativo autorizó al señor ministro de Comercio Exterior, Alberto Trejos Zúñiga, a la jefa del equipo de negociadores Anabel González Campadabal, y a los negociadores (funcionarios públicos) a incluirlos (telecomunicaciones y seguros) en la Ronda de negociaciones?”, acotó.

Razones de peso

Para el abogado, es necesario el control de constitucionalidad antes de que Congreso apruebe o no el TLC, ya que es inconstitucional debido a que no puede ser aplicado directamente, pero aún así rompería de inmediato los monopolios de seguros y telecomunicaciones.

“Ahora es el momento más indicado y oportuno para ejercer el control de constitucionalidad de las omisiones hechas por el Poder Ejecutivo acometidas durante el proceso de negociación y suscripción para evitar gravísimos perjuicios a la Nación, evitar lesionar los principios que uniforman el Derecho de la Constitución y los principios de legalidad y de supremacía de la Constitución”, afirma.

Finalmente Gutiérrez recordó que no sólo él ha cuestionado el TLC, sino que también los ex presidentes de la República, Luis Alberto Monge y Rodrigo Carazo Odio, así como la Conferencia Episcopal, la Comisión de Notables, las cuatro universidades públicas, el ICE y el INS, entre otros, han manifestado ya sus dudas respecto al contenido del tratado.

Mal hace el Presidente de la República, Dr. Oscar Arias Sánchez, atizando la hoguera de la confrontación social, insistiendo en un TLC que ya es rechazado por una abrumadora mayoría de la ciudadanía.

Este TLC está generando tanta resistencia que insistir en su aprobación, es abrir las puertas de un conflicto social de grandes dimensiones, aún superior a lo visto con ocasión de las protestas del año 2000 que derrotaron el combo ICE.

El actual gobernante cree que ya se le olvidó al pueblo costarricense lo cuestionado del proceso que lo llevó a la Presidencia de la República:

Reelección presidencial inconstitucional; el proceso electoral más polémico desde 1948: y, un triunfo controversial y cerradísimo, determinándose finalmente que tan sólo tuvo el apoyo de 1 de cada 4 ciudadanos inscritos en el padrón electoral.

Al Presidente Arias se le salió el sesgo autoritario, creyendo que la Costa Rica de hoy es igual a la de hace 20 años.

El imponente movimiento de los sectores sociales organizados se encargará de demostrárselo en las vías públicas de este país, pues se ha de enfrentar al más grande evento de ciudadanía activa jamás visto, a través del Referéndum de la Calle, llegado el momento oportuno, cada vez más cerca.

Ese tufillo autoritario del Presidente Arias lo lleva, incluso, a insultar al parlamento costarricense, depositario de la soberanía popular según nuestras reglas constitucionales.

Si las cosas van lentas como dice el Presidente Arias, es porque hay una feroz resistencia, dentro y fuera de la Asamblea Legislativa, a sus ideas; que son las ideas del grupo económico-financiero que se ha enriquecido aceleradamente en los últimos veinte años, a costa del empobrecimiento generalizado.

El Premio Nóbel de la Paz, deshonra el honor de ser poseedor semejante galardón, el más prestigioso del planeta. Paradójicamente, con la casa a punto de incendiársele, agita, peligrosamente, la hoguera de la confrontación entre sus propios conciudadanos. Estamos convencidos de que el Referéndum de la Calle le cerrará la boca.

San José, domingo 20 de agosto de 2006

María Florez Estrada
Redactora Semanario Universidad

Cuando la administración Arias alcanza sus primeros 100 días y encuentra que la aprobación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (TLC), junto con la conversión de los servicios de telecomunicaciones y electricidad en actividades mercantiles, es más lenta y trabajosa de lo que pensaba, ha optado por un cambio de estrategia: fusionar las leyes de fortalecimiento del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y de apertura del sector.

Si bien la versión final de este nuevo proyecto todavía no fue presentada a las autoridades superiores de esta entidad, sí le fue anunciado en la primera semana de agosto, según una fuente bien informada, quien también aseguró que las organizaciones sindicales del Instituto se encuentran_ “detrás del palo”_ sobre lo que está ocurriendo.

“SE MANTIENEN LAS AMARRAS”

Según la fuente (cuya identidad pidió mantener en reserva) la posición del Gobierno cambió en la primera semana de agosto, luego de negociaciones con el Banco Central y la Junta Directiva del ICE, a partir de los cuales venía afinando su propuesta original.

“Anunciaron que unirán fortalecimiento con liberalización, pues no se quieren correr el riesgo de aprobar, primero, el fortalecimiento del ICE, y que luego no se apruebe el proyecto de apertura o el TLC”, dijo.
En resumen, agregó, “se trata de una segunda versión del combo, en la que se incorpora el marco para la competencia, bajo la rectoría de un Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET)”.

“El anuncio oficial al ICE ya se hizo. Solo se están negociando pequeñas modificaciones a la propuesta de reforma”, continuó.

“Este nuevo proyecto abrirá el mercado, con TLC o sin él. Pero, lo más grave es que se mantiene la exigencia de tener que pasar por autorizaciones para el financiamiento de las grandes obras del ICE, a pesar de que se señala su autonomía de endeudamiento para las cosas pequeñas. Se mantienen las restricciones, más las apelaciones y el refrendo de las licitaciones públicas, en competencia. Como resultado, el ICE terminaría desapareciendo”, enfatizó.

Lo anterior queda en evidencia principalmente en el artículo 10 de la propuesta del Ejecutivo, referido al endeudamiento de la entidad, y que la fuente proporcionó.

Allí se establecen regulaciones diferenciadas para el endeudamiento que pueda hacer el ICE en grandes proyectos, según los servicios de la institución estén sujetos o no a competencia.

Así, en caso de estar en un régimen de apertura, se plantea que “el ICE y sus empresas podrán adquirir y ejecutar pasivos reales y contingentes sin requerir de la autorización previa del Poder Ejecutivo, Banco Central de Costa Rica o de cualquier otro ente u órgano externo a la institución.”
Pero, en caso de no haber competencia, solo “podrán adquirir y ejecutar pasivos reales y contingentes sin requerir de la autorización previa del Poder Ejecutivo, Banco Central de Costa Rica o de cualquier otro ente u órgano externo a la institución, con un límite anual de crecimiento en el índice de endeudamiento de un 20%.”

Además, con competencia o sin ella, “el nivel de apalancamiento (se refiere al límite del compromiso por este endeudamiento) máximo del ICE y sus empresas será del 60 %, respectivamente”. En este caso, la dirección del ICE plantea precisar que el apalancamiento sea sobre sus “activos”.

Sin embargo, una tercera opción, que barajan el Ejecutivo y el Banco Central, es que, en cualquier caso no importa si hay apertura o no, el ICE deba seguir las siguientes reglas: “Para el financiamiento de su capital de trabajo, de sus inversiones, el ICE podrá incrementar su pasivo total hasta por un monto anual equivalente a: multiplicar el saldo de su pasivo total al 31 de diciembre del año anterior, denominado en dólares de los Estados Unidos de América, por el factor resultante de sumar tres (CINCO) puntos porcentuales al promedio de la tasa de crecimiento real del producto interno bruto de Costa Rica, de los últimos tres años.”

El inciso agrega que “en el caso de que el ICE requiera incrementar su financiamiento en montos mayores a los contemplados en el inciso anterior, deberá someter sus requerimientos de financiamiento adicional a la autorización del Poder Ejecutivo, el cual, para su decisión, solicitará un dictamen al Consejo de Empresas del Estado en Energía y Telecomunicaciones.”

A su vez, para elaborar su dictamen, este Consejo deberá considerar: “i.- Las condiciones de oferta y demanda de los servicios para financiar por medio del endeudamiento adicional. ii.- El impacto en la capacidad competitiva de la economía. iii.- El acceso a estos servicios de los habitantes en condiciones de universalidad y solidaridad. iv.- La opinión del Banco Central de Costa Rica sobre la capacidad de endeudamiento total del país y el efecto del nuevo financiamiento en la balanza de pagos. v.La opinión del Ministerio de Hacienda respecto del impacto del financiamiento sobre la situación global de las finanzas públicas. vi. La opinión del Ministerio de Planificación Nacional sobre los requerimientos de inversión de otros sectores económicos y sociales y las prioridades del desarrollo nacional.”

Finalmente, “las decisiones del Consejo de Empresas del Estado en Energía y Telecomunicaciones serán adoptadas por mayoría calificada y el dictamen deberá ser motivado y razonado de conformidad con lo establecido según la Ley General de la Administración Pública. Las disposiciones contempladas en este artículo serán aplicables a CNFL, RACSA, CRICSA y demás subsidiarias con que cuente el ICE.”

UNIVERSIDAD intentó obtener la opinión del presidente Ejecutivo de la entidad, Jorge Gutiérrez Gutiérrez, sobre esta información, pero al cierre de edición, el lunes 14, no se había obtenido respuesta.

SITUACIÓN “MUY DELICADA”

Por su parte, consultado sobre el tema el ingeniero Ricardo Segura, fiscal de la Asociación de Técnicos en Telecomunicaciones (ANTTEC), del ICE, consideró que “el reemplazo del proyecto de ley de fortalecimiento con uno de reforma del sector de telecomunicaciones, que involucra la apertura, plantea una situación muy delicada, similar a la que antecedió a la lucha contra el “combo del ICE”. En aquella ocasión, el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez avanzó en esa misma dirección, es decir, se dejó de lado el fortalecimiento del ICE y se aventuró en el pantano del “combo energético” aperturista. Ya conocemos el resultado de esa decisión. Con estas agendas complementarias previas al TLC, que involucran el desmantelamiento del ICE y de otras instituciones, el gobierno va hacia un terreno “movedizo y pantanoso.”

El también miembro de la Comisión Política del Frente Interno de Trabajadores (FIT), de esa institución, consideró que “la inversión es clave para el desarrollo de las telecomunicaciones y de la energía, especialmente en esta última, que es de gran cuantía para llevar adelante el Plan de Expansión de la Generación Eléctrica. En esto, al ICE lo han debilitado sistemáticamente y no se vislumbra una intención política para mejorar esa situación.”

El dirigente sindical recordó que las decisiones de los gobiernos anteriores en cuanto al ICE “han sido para golpearlo de una u otra manera.”

Entre ellas, citó la concesión concedida a Millicom en la anterior administración Arias, que luego fue declarada inconstitucional; la Ley 7200 para la generación eléctrica privada, en la administraciones Arias y Calderón Fournier; la propuesta para la venta de activos del Estado y privatización del ICE, de Roberto Dobles y René Castro; la Ley 7508 para ampliar la generación en competencia, en la administración Figueres Olsen; el “combo” del ICE en la administración Rodríguez Echeverría; las propuestas de recorte de la inversión, en la administración Pacheco de la Espriella.

“Con esos antecedentes y en un gobierno de corte derechista como el de Óscar Arias no se puede esperar otro propósito que un ataque frontal a la institucionalidad costarricense. Por eso, es razonable que no quieran que el ICE invierta nada. Lo que les interesa es debilitarlo. Si la situación es seria ahora, en el caso de una apertura, el ICE paulatinamente se iría debilitando hasta convertirlo en un cascarón inservible”, aseguró.

Por otro lado, afirmó que “los sindicatos del ICE, agrupados en el FIT, no están de ninguna manera “viendo para los cipreses”. Estamos conscientes de la responsabilidad política de nuestras decisiones. Estamos claros de que el país está enfrascado en una contradicción político social de gran envergadura. El Frente Interno del ICE, inició ya un proceso de trabajo para enfrentar este “big combo” aperturista, con el que se quiere poner en subasta al ICE.”

Segura también opinó que el ambiente se está caldeando.
“El TLC no es la contradicción en sí misma, es un acelerante de esa contradicción social, que avanza incontenible. La concentración de la riqueza es cada vez mayor y los mecanismos de distribución de riqueza están haciendo agua por todos lados. Todos sabemos que los salarios no alcanzan, es decir, que hay problemas. Estos y otros factores de alguna manera, indistintamente del TLC, están calentando el ambiente y todos los pasos que está dando el gobierno se orientan hacia una confrontación social. Ellos quieren avanzar en la contrarreforma y destruir el Estado Social. Que sigan por ese camino. Nosotros les vamos a oponer una feroz resistencia”, pronosticó.

“ES CONTRADICTORIO”

Por su parte, el experto en telecomunicaciones, Gerardo Fumero, llamó la atención sobre el hecho de que “a solo dos semanas de que el Consejo Directivo aprobara el Proyecto de Ley de Fortalecimiento del ICE, a pedido del Poder Ejecutivo, para que entrara con su aval a la corriente legislativa, el Gobierno envió un nuevo proyecto, que incluye aspectos que no deben estar en una Ley del ICE, sino en una Ley Marco de Telecomunicaciones.”

Sobre esto, añadió: “La primera idea que salta a la mente es que el Gobierno, desesperado por aprovechar el impulso de la nueva administración y antes de que sufra el tradicional desgaste y empeore su credibilidad, dispara con escopeta. Improvisación y ocurrencias, parecen ser el pan de cada día.”

Para ilustrar su punto, Fumero agregó que “la visita del señor Presidente al Vaticano para solicitar que los señores obispos de Costa Rica desistan de sus posiciones críticas respecto al TLC, y luego a Chile, requiriendo ayuda para sustituir nuestro modelo solidario por el de libre mercado chileno, conforman un panorama lamentable, pues revelan la incapacidad del Gobierno para convencer al pueblo de las reformas y la imposición del principio maquiavélico de que el fin justifica los medios.”

Además, en su opinión, el plan de la administración Arias de mercantilizar las telecomunicaciones es contradictorio con su declarado propósito de apoyar la educación como un pilar del desarrollo nacional.

“Si en algo ha hecho énfasis este Gobierno es en fortalecer la educación, sustrato para cualquier proceso de desarrollo. Es una verdad de perogrullo que las telecomunicaciones son, a su vez, un elemento estratégico para alcanzar un nivel de educación que impulse el desarrollo. No por casualidad nuestro país es líder en Latinoamérica en ambos campos. Sin embargo, de nuevo, el Gobierno, haciendo gala de su incongruencia, mientras habla de fortalecer la educación, limita la capacidad el ICE para endeudarse y, por tanto, para invertir, obstaculizando el desarrollo en telecomunicaciones, en energía eléctrica y por ende en educación”, dijo.

Y agregó que el argumento de que la inversión privada complementaría la inversión pública, no es válido, pues “a aquella solo le interesa su rentabilidad, jamás llevar servicios sino a los grandes centros urbanos ya cubiertos, por lo que lo único que se podría esperar en este caso, es que los privados desplacen al ICE de esos mercados, para convertirlo en un IMAS, en un INCOFER o en un CNP más.”

COMPROMISOS ATRASADOS

Si bien la administración Arias promovió, durante la pasada campaña electoral, la capacidad del también Premio Nobel de la Paz, de llevar al país en la dirección de un comercio de bienes, servicios y capitales sin restricciones por causas de interés nacional, mediante la aprobación legislativa del TLC y la consiguiente creación de un mercado de las telecomunicaciones, en la práctica la mar parece estar más brava de lo que calculó el capitán.

Según estipula el punto “II. Modernización del ICE”, del Anexo 13 del TLC, titulado “Compromisos Específicos de Costa Rica en Materia de Servicios de Telecomunicaciones”, el país “promulgará un nuevo marco jurídico para fortalecer al ICE, a través de su modernización apropiada, a más tardar el 31 de diciembre de 2004.” (La Gaceta NO 225, Proyecto No. 16047, TLC, Tomo I, pg. 13-14, 2005)

Además, según el punto “IV. Principios regulatorios“ de ese mismo Anexo, Costa Rica se comprometió a tener en vigor un marco para regular los servicios de telecomunicaciones (Ley Marco de Telecomunicaciones), “a partir del 1 de enero de 2006.” (Ídem Pg. 13-15)

Como se recordará, la polémica suscitada por el cambio que se pretende introducir en cuanto a este servicio público llevó, en el 2000, al mayor levantamiento cívico ciudadano, que se prolongó durante un mes, en todo el territorio nacional.

Esto ocurrió luego de que la Asamblea Legislativa aprobara, en primer debate, el proyecto de ley respectivo, que precisamente fusionaba en una las tres leyes que se discután independientemente por eso fue popularmente bautizado como “el combo del ICE” , y que en una lógica temporal privilegiaban el fortalecimiento del ICE antes de una posible apertura.

A tal resistencia ciudadana siguió un fallo de la Sala IV, que objetó el proyecto por errores de procedimiento; pero en vista de la gran tensión social, en lugar de retomarlo, la entonces administración Rodríguez optó por dejarlo en el archivo.

Más recientemente, el pasado 19 de julio, y después de cinco años de trabajo, la UCR dio a conocer su posición frente a este tema, cuando su rectora, Yamileth González, presentó la alternativa “Propuesta de marco conceptual y jurídico para el fortalecimiento del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE)”, la cual tiene como prioridad fortalecer las funciones del ICE y limita la apertura a servicios de valor agregado como las redes privadas, buscapersonas, troncalizados y/o información y difusión. (Ver UNIVERSIDAD 1676).

Otros aspectos de esta propuesta son: los servicios estratégicos (telefonía móvil e Internet) quedan reservados al ICE, el cual podrá desarrollarlos en alianzas con municipalidades, cooperativas y empresas privadas; el ICE se mantiene como operador único y no solo dominante; el Ministerio de Ciencia y Tecnología tendrá la rectoría de estos servicios, en vez del MINAET; la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) ejercerá la supervisión, en vez de una Superintendencia de Telecomunicaciones; la Presidencia Ejecutiva del ICE desaparecerá; se mantienen los subsidios a la telefonía básica y se incluyen nuevos subsidios para Internet, a través del Fondo de Servicio Universal; ARESEP asume el control de radio; y la capacidad de endeudamiento del ICE pasará del 23% al 60% del valor de sus activos.

Fuente: Semanario Universidad

San José de Costa Rica 15 de agosto del 2006.

Excelentísimo Señor Embajador:

Tenemos el honor de saludarlo en ocasión de hacerle llegar, con el ruego de que la traslade a su alta destinataria, la carta anexa dirigida por varias importantes organizaciones de los movimientos sindical y social costarricense, a la Excelentísima señora doctora D. Michelle Bachelet, Presidenta de la República de Chile.

La carta, que se explica por sí sola, constituye una reafirmación de los vínculos de solidaridad y amistad que prevalecen entre nuestros pueblos así como una toma de posición del movimiento social y sindical ante la que consideramos es un burdo intento de manipulación del gobierno de Costa Rica, de dichos vínculos.

Al agradecer su colaboración en esta gestión, aprovechamos la oportunidad, Señor Embajador, para reiterarle las muestras de nuestra más alta y distinguida consideración.

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San José de Costa Rica, 15 de agosto del 2006.

Excelentísima señora
Michelle Bachelet
Presidenta Constitucional
República de Chile
S. M.

Excelentísima Señora Presidenta:

Costa Rica y Chile gozan de una profunda y larga amistad. Fue a través de Chile que exportamos a Europa nuestros primeros sacos de café, a mediados del siglo XIX; y fue de Chile desde donde, a principios del siglo XX, nuestra educación recibió el hábito de la reforma.

En efecto, mientras que otros países del área recibieron asesores para sus ejércitos, el nuestro, representado por las emblemáticas figuras de dos de nuestros más preclaros dirigentes populares, el maestro Joaquín García Monge y la escritora Carmen Lyra, acogió el consejo de Chile para sus legiones de maestros.

Por eso afirmamos, Excelencia, que el vínculo que une a nuestros pueblos es de una fortaleza inquebrantable cuya esencia, la solidaridad y el amor común por la paz, la libertad y la democracia, no debe ser invocado en vano.

Hace pocos días hemos sabido por los medios de comunicación de nuestro país que el Presidente de Costa Rica le habría solicitado a Su Excelencia (…) el envío de una misión encabezada por el Expresidente Ricardo Lagos y el Canciller Alejandro Foxley, con el propósito de interceder y convencer a los diputados y a las diputadas de nuestra Asamblea Legislativa para que ratifiquen el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos.

Semejante propuesta tendría como fundamento la experiencia chilena en la materia, así como la innegable autoridad política y reconocido prestigio del Gobierno de Chile y sus ilustres representantes.

Las organizaciones sociales y, particularmente, sindicales, suscriptoras de esta respetuosa misiva a Su Excelencia, deseamos transmitirle nuestra preocupación por este nuevo intento del Gobierno de Costa Rica, ya explorado y fallido en una iniciativa similar a favor del tratado de libre comercio con los Estados Unidos, emprendida ante la Santa Sede; de utilizar con claros propósitos de manipulación doméstica los sentimientos de amistad y solidaridad con Estados y Gobiernos queridos y respetados por el pueblo costarricense.

No escapará a su clara inteligencia, Compañera Presidenta, el avieso propósito que inspira al Presidente Arias al solicitar su intervención, en un proceso que ha producido una gran polarización y amenaza con enfrentar a la sociedad costarricense consigo misma.

Valga decir, el Presidente Arias, en un esfuerzo desesperado, apela a su incuestionable liderazgo de dirigente socialista y luchadora en pro de las causas populares, para traer agua a sus molinos, que son los intereses del pequeño pero inmensamente rico grupo de poder económico, nacional y trasnacional, que él representa; al tiempo que nos pretende dividir y enfrentar en un tema sumamente delicado para el futuro de Costa Rica.

No es esta la oportunidad ni la ocasión para referirnos en extenso a los motivos que explican nuestra rotunda oposición al Tratado de Libre Comercio, que los hay de sobra y por razones fundamentales.

Sin embargo, permítanos Señora Presidenta, señalar que son agudas y diversas las diferencias que separan las experiencias chilena con la centroamericana en torno a un libre comercio que, según nuestro concepto, está diseñado para profundizar las asimetrías entre nuestros países y las naciones poderosas; asimetrías que dramáticamente se profundizarán en las naciones centroamericanas, dados los tradicionales esquemas de exclusión que agobian a nuestros pueblos.

Para Costa Rica el impacto de este tipo de TLC será todavía más devastador, considerando que el pueblo costarricense construyó a lo largo de varias décadas un concepto de Estado Social de Derecho que generó mayor bienestar general y un cierto nivel aceptable de repartición de la riqueza; esas conquistas sociales, propias de una decisión de país que priorizó en el bien común, están hoy severamente amenazadas por las políticas de libre comercio según ese TLC.

Los y las costarricenses defendemos esa característica de país que procuró hacer las cosas de una manera diferente en función de alcanzar al máximo la inclusión social, aspecto éste que sabemos, Su Excelencia siempre supo apreciar de Costa Rica.

El pueblo de Costa Rica siempre recibirá con los brazos abiertos, como lo hizo durante los nefastos años de la dictadura a todas las chilenas y a todos los chilenos, cuando acogimos con cariño y fraternidad a las personas perseguidas políticas del sanguinario generalato pinochetista.

Sin embargo, no quisiéramos que el espíritu fraterno que ha impregnado las relaciones entre los pueblos chileno y costarricense, pueda ser indebidamente invocado con propósitos que en nada corresponden a la cultura democrática que ambas naciones han buscado desarrollar, pese a los quiebres abruptos que nuestras respectivas historias nacionales han experimentado en diversos momentos.

Es es función de ello, que no consideramos un acto prudente que Su Excelencia acceda a la impropia y para nosotros irrespetuosa petición, del envío de una delegación del ilustrado Gobierno chileno; para que sea utilizada con el propósito de manipular y distorsionar, de cara a la opinión pública nacional, los elementos de una delicada discusión que se está dando en estos momentos en nuestro país y en el Primer Poder de la República, nuestra Asamblea Legislativa; discusión que, por tanto es, en esencia, una discusión entre costarricenses.

Al reiterarle Excelentísima Señora Presidenta y querida compañera, nuestros sentimientos de respeto y amistad, aprovechamos la oportunidad para hacerle llegar y por su digno intermedio al pueblo de Chile, nuestros votos por un futuro de justicia y bienestar.

La saludan cordialmente organizaciones del Movimiento Sindical y Social de Costa Rica:

Asociación Sindical de Empleados del Instituto Costarricense de Electricidad (ASDEICE)
Frente Interno de Trabajadores y de Trabajadoras del Instituto Costarricense de Electricidad (FIT-ICE)
Asociación Nacional de Educadores (ANDE)
Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE)
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
Unión Nacional de Empleados de la Caja y de la Seguridad Social (UNDECA)
Sindicato de Profesionales del Grupo ICE (SIPROCEICE)
Sindicato de Ingenieros del ICE (SIICE)
Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP)
Federación Nacional de Trabajadores de los Servicios (FENTSEP)
Sindicato de Profesionales en Ciencias Médicas de la CCSS e Instituciones Afines (SIPROCIMECA)
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Solicitaron a la CIDH que, entre otras cosas, realice una visita esos paises para constatar las situaciones expuestas.

El Centro de Recursos Jurídicos para los Pueblos Indígenas, el Congreso General Kuna, el Pueblo Maya Q’eqchi’, la Asociación Estoreña para el Desarrollo Integral (AEPDI), los Pueblos Brunca y Teribe, la Organización Kus Kura, el Pueblo Miskito, y el Centro por la Justicia y los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEJUDHCAN), expusieron el pasado 19 de julio ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el marco de una audiencia temática, como Panamá, Guatemala, Costa Rica y Nicaragua lesionan los derechos colectivos de propiedad de los pueblos indígenas sobre sus tierras y recursos naturales, a pesar de las compromisos internacionales asumidos al ratificar no solo la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sino también los Convenios 107 y 169 de la Organización Internacional del Trabajo relativos a pueblos indígenas.

El Congreso General Kuna denunció como el Estado panameño ha negado en forma constante el reconocimiento de sus derechos colectivos de propiedad sobre sus tierras ancestrales ubicadas en la provincia de Colón, distrito de Santa Isabel, a pesar de los recursos judiciales interpuestos por más de 20 años.

Además, explicó como las tierras ancestrales de Santa Isabel están íntimamente relacionadas con la cultura y cosmovisión Kuna, así como su importancia material y espiritual para la supervivencia cultural de sus comunidades.

En este sentido, se indicó que tales tierras son parte del corredor biológico y cultural de Kuna Yala, donde más de 200 familias indígenas realizan actividades de agro-forestería sostenible en la región, así como sus actividades de caza y medicina tradicionales.

El Pueblo Maya Q’eqchi’ de El Estor, Izabal, explicó como el Estado guatemalteco en forma sistemática no delimita, ni demarca ni titulariza sus territorios ancestrales, con la sola finalidad de desconocer así sus derechos de propiedad sobre sus tierras y recursos naturales. En especial, evidenció como en forma estratégica Guatemala desconoció los derechos colectivos de propiedad y libre determinación, a fin de conceder, en forma irregular y oscura, la licencia de explotación de níquel a favor de la Empresa Guatemalteca de Níquel (CGN), sin siquiera informar y consultar previamente a las comunidades afectadas, que constantemente solicitaron el inmediato catastro de sus territorios.

Los Pueblos Brunca y Teribe, en términos generales, indicaron como el Estado costarricense desde hace casi 30 años viene desconociendo los derechos colectivos de sus pueblos indígenas reconocidos por la propia ley interna 6172 de 1977 “Ley Indígena”, al no aplicar sus preceptos ni hacerlos respetar por particulares. Incluso, denunciaron como Costa Rica lesiona los derechos colectivos de propiedad y libre determinación de sus pueblos indígenas, imponiéndoles su organización en “Asociaciones de Desarrollo Indígenas” – entidad de naturaleza estatal con débil participación indígena -, desconociendo sus propias formas tradicionales de organización comunitaria, así como sus autoridades tradicionales.

En particular, advirtieron como se pretende inundar parte de sus territorios ancestrales ubicados en la “Reserva Boruca-Terraba”, con la sola finalidad de que la empresa estatal – Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), lleve adelante el “Proyecto Hidroeléctrico Boruca” con financiación internacional.

Asimismo, indicaron los innumerables impactos negativos de naturaleza espiritual, cultural, y económica que tal proyecto produciría en sus comunidades, así como el desplazamiento interno forzado al que se verían expuestas. El Pueblo Miskito detallo como el Estado nicaragüense incumple las obligaciones emergentes, no solo de la ley interna 445 “Ley de Propiedad Comunal”, sino también de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Awas Tingni, relativas a sus derechos colectivos de propiedad sobre sus tierras y recursos naturales.

En especial, expuso como Nicaragua ahora pretender violar nuevamente tales derechos por medio de la inscripción de los títulos colectivos de propiedad de las comunidades indígenas bajo la figura del “co-dominio con el Estado” y; a través de su inscripción en forma provisoria, para menguar así sus plenos efectos jurídicos.

Todo ello, se denunció que, por un lado, no permite el pleno ejercicio de los derechos colectivos de propiedad sobre los recursos naturales ubicados en territorios indígenas por parte de las comunidades y; por otro lado, favorece el avance de la frontera agrícola en perjuicio de sus comunidades.

Finalmente, los mencionados pueblos y organizaciones indígenas solicitaron a la CIDH que, entre otras cosas, realice una visita in loco a Panamá, Guatemala, Costa Rica y Nicaragua para constatar las situaciones expuestas; así como recomiende a tales Estados la adopción de medidas administrativas, legislativas o de otra índole necesarias para garantizar, en forma idónea y efectiva, los derechos colectivos de propiedad sobre las tierras ancestrales y recursos naturales de los pueblos indígenas.

El Centro de Recursos Jurídicos para los Pueblos Indígenas, a través de esta audiencia temática, demostró así a la CIDH como tales Estados promueven ante la comunidad y cooperación internacional fuertes políticas de derechos humanos que, hacia el interior de sus fronteras no se traducen en el respeto integro de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, lo que deja entrever una clara y constante practica discriminatoria.

Asimismo, exigió a la CIDH que, en el marco de sus funciones de defensa de derechos humanos en este Hemisferio, aplique a favor de los pueblos indígenas el principio de derecho internacional relativo a la soberanía permanente sobre sus recursos naturales, en tanto constituye el criterio idóneo para garantizar los derechos colectivos de propiedad y libre determinación, como ya ha sido establecido en el marco del sistema de Naciones Unidas.

www.ecoportal.net Enviado por: Leonardo A. Crippa, Abogado, Centro de Recursos Jurídicos para los Pueblos Indígenas Tel. (202) 547-2800 / Fax (202) 547-2803

Fuente: cr-solidaria@costarricense.cr