Categoría: TLC

20 julio 2007

La Rectoría de la Universidad de Costa Rica, sumamente preocupada por el rumbo que han tomado los acontecimientos en relación con el Referendo y el TLC y ahora, específicamente, con el pronunciamiento del Tribunal Supremo de Elecciones (resolución 1617-E-2007) considera oportuno analizar lo dispuesto y compartirlo con la comunidad universitaria.

*1. Una resolución oficiosa, la 1617-E-2007. *

La resolución del Tribunal se emite a raíz de varias consultas formuladas, entre ellas la de un estudiante universitario. En lo que concierne a la consulta sobre la UCR, el pronunciamiento interpretativo del TSE se hace a título oficioso, pues el solicitante no es miembro del Comité Ejecutivo Superior de un partido político, por lo que no está, como lo señala el mismo Tribunal, legitimado para realizar dicha consulta.

Resulta extraño, entonces, que el TSE oficiosamente responda a preguntas cuya respuesta es clara en la resolución 1119-E-2007, del 17 de mayo de 2007, y, aún más, que lo haga refiriéndose a la Universidad de Costa Rica, sin haber dado oportunidad alguna a la institución de pronunciarse en cuanto a las aseveraciones ( realizadas en forma de pregunta ) hechas por el estudiante.

2. La resolución 1119-E-2007 ya incluye a los funcionarios universitarios

La resolución 1119-E-2007 señala, entre otras cosas, que: “Las restricciones y sanciones que establece el artículo 88 no son de aplicación a los funcionarios públicos… en el proceso consultivo para someter a referéndum la aprobación o improbación del TLC, lo que implica que en ese proceso… dichos funcionarios pueden participar en su etapa previa ( recolección de firmas)o de posteriores disertaciones o campañas a favor o en contra del tema sometido a consulta…

Dicha participación, empero, debe ser acorde con las obligaciones funcionales de cada servidor, lo que incluye la prohibición de utilizar recursos públicos que, directa o indirectamente, favorezcan campañas a favor o en contra del proyecto consultado…”

A las personas que laboramos en la Universidad de Costa Rica, como funcionarios públicos nos atañe el reglamento que rige el proceso de referendo y la resolución 1119-E-2007. ¿Por qué entonces reiterar esa resolución refiriéndose específicamente a los funcionarios de la UCR?

3. Las regulaciones para los medios de comunicación están claras en el reglamento

Las regulaciones en los medios de comunicación universitarios responden, como las demás, a la reglamentación ya publicada, por lo que resulta innecesario reproducirla como si se tratara de una situación especial.

En todo caso, el Consejo de Rectoría, en sesión 10-2007, en respuesta a una consulta, acuerda solicitarle a los medios de comunicación universitarios: Abrir espacios de diálogo y realizar foros y actividades relativas al referéndum de manera equitativa entre los distintos sectores involucrados en el proceso y no pautar propaganda política remunerada de ninguna tendencia.

4. Nos debemos a la comunidad

La Universidad de Costa Rica –como institución y como individualidades- tiene derecho a expresar libremente su pensamiento, sus ideas, sus opiniones favorables o desfavorables, sobre asuntos de interés nacional. Tiene la facultad y la obligación de analizar asuntos que atañen al bien común, a la colectividad, y debe transferir sus criterios a la opinión pública.

Es contradictorio afirmar, por parte del Tribunal, que los empleados públicos pueden participar en contra o a favor de la propuesta y seguidamente decir que “Tampoco es permitido que dicha casa de enseñanza realice, en sus auditorios, conferencias que conlleven tendenciosamente, a fines propagandísticos a favor o en contra de la consulta, salvo que se trate de actividades, foros o debates que sirvan exclusivamente para informar del tema… “

El pensar diferente no implica ser “tendencioso” y el debatir ideas no puede ser calificado_ “per se”_ como “propagandístico”.

La línea de división entre lo que es o no tendencioso es imprecisa tratándose de actividades académicas. Dicha calificación puede ser usada, en las actuales circunstancias, indebidamente por cualquiera de las partes como forma de acallar la libre emisión del pensamiento. En la Universidad de Costa Rica no podemos aceptar la censura, ni permitir que se nos impida exponer nuestros puntos de vista, igual que lo hacen otros sectores públicos o privados.

5. Levantar sospechas sin hechos concretos

Resulta ofensiva e irrespetuosa la manera como el Tribunal, al referirse a los extremos del artículo 84 de la Constitución Política, señala que la independencia funcional y la plena capacidad jurídica de la UCR no puede “servir de motivo para ocultar o disimular un inadecuado control y utilización de recursos públicos”.

6. No se puede extrapolar….

Por otra parte el numeral 6 de la resolución es ambiguo en cuanto parte de una consideración hecha para los funcionarios del Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados y se extrapola a los de la Universidad de Costa Rica, una instancia de educación y cultura superior, en la que el teléfono, fax, correo electrónico, computadora… forman parte del trabajo académico cotidiano.

7. Constitución, Estatuto Orgánico y autonomía universitaria

En tanto funcionarios públicos el único extremo que nos compete de la aclaración del Tribunal es la prohibición – de todos sabida- de utilizar recursos públicos para financiar y publicar propaganda explícita a favor o en contra del TLC.

Por Constitución Política y Estatuto Orgánico e incluso por interpretación del TSE en la resolución 1119-E-2007, la Universidad de Costa Rica puede – debe- participar abiertamente en la discusión sobre el Tratado de Libre Comercio. Debe poner sus conocimientos al servicio de los grupos más vulnerables, debe trabajar arduamente para que la votación, a favor o en contra, en la que participarán las y los ciudadanos sea crítica, consciente e informada.

Hasta la fecha en la UCR no se ha gastado un cinco en propaganda. Sí se han destinado recursos en aquellas actividades que se han considerado necesarias para llevar a los y las costarricenses los resultados de las investigaciones y reflexiones académicas sobre el TLC y el referéndum.

La generación, transmisión y discusión de conocimientos es la materia prima de nuestro trabajo de vida cotidiana, no importa la temática o disciplina de la que se trate. Es nuestra obligación participar en el debate nacional con argumentos, con estudios, con visión interdisciplinaria, con ética y capacidad crítica.

Planteamos más de una vez nuestra preocupación por las reacciones censuradoras de algunos sectores de nuestro país y reiteramos nuestro derecho y nuestro deber, como institución pública responsable, ética y comprometida, de participar activamente en el debate de ideas, el planteamiento de alternativas, el impacto y la transformación social. No podemos ni queremos permanecer al margen de la historia.

Hemos manifestado abiertamente nuestra disposición de colaborar con el Tribunal Supremo de Elecciones para que el proceso de referéndum sea una lección práctica de ciudadanía que eleve significativamente el nivel de nuestra democracia política. Visitamos a las señoras y señores magistrados el día 16 de mayo para exponerles nuestras preocupaciones en torno al referéndum y ofrecerles muestra colaboración.

¿Por qué ahora el Tribunal hace caso omiso de esa buena disposición de la Universidad de Costa Rica y sin medir las consecuencias institucionales emite una resolución que atenta contra la autonomía universitaria?

Durante este largo proceso de lucha interminable por la defensa de nuestras tierras cayeron junto a “Pablu Presberi” el rey de las Lapas, otros caciques, que defendieron nuestras tierras contra la invasión capitalista venida desde Europa.

También cayó en esa gesta heroica Antonio Saldaña, cacique indígena que se opuso a la ocupación de nuestras tierras por parte del capitalismo salvaje encabezado por Maynor Kieth y la United Fruit Company que obtuvo cientos de acres de nuestras tierras en el siglo pasado, como regalía de parte del gobierno costarricense y que como consecuencia de este evento los indígenas heredamos tierras arruinadas y nuestros pueblos tuvieron que refugiarse en las montañas durante un largo período. Este oscuro período nos dejó enormes pérdidas en la biodiversidad y en nuestra identidad cultural.

En la década de los ochenta se inicia un nuevo proceso de conquista de nuestras tierras ahora de la mano de Recope, Pemex y Petrocanada, compañías como Harken, proyectos mineros y de uranio que realizaron estudios de prospección de forma ilegítima a vista y paciencia del gobierno costarricense, de la misma forma inversionistas norteamericanos aún reclaman derechos sobre propiedades indígenas como el caso de Administradora Comercial S.A. que a la fecha no sabemos a ciencia cierta en qué va a parar de aprobarse este tratado.

Estos períodos generaron incertidumbre, problemas sociales, divisionismo y tráfico de biodiversidad en Talamanca. Estos hechos nos hacen pensar de una nueva era de conquista y de colonización de un tratado comercial con Estados Unidos que solo penurias puede causarnos.

Con el TLC y en el marco de la agenda complementaria se pretende desmembrar al ICE para darle paso a lo que solapadamente han llamado apertura y que no es más que privatización. Como entonces no nos va a afectar el TLC, si el 39% del potencial hídrico para generar electricidad está en los territorios indígenas y quien podrá defendernos si estos proyectos lo ejecutan grandes consorcios y bajo mecanismos jurídicos oscuros y poco accesibles para los pueblos indios. La verdad es que no creemos que solo se trate de Telecomunicaciones sino de electrificación.

¿Cómo confiar de un tratado de libre comercio que violenta un instrumento internacional como el de la OIT para pueblos indígenas y tribales, “convenio 169” ratificado por el gobierno Costa Rica? que establece claramente la obligación al derecho de consulta a los pueblos indígenas y lo están ignorando a vista y paciencia de la institucionalidad de cada país, pasándole por encima a las recomendaciones que realizó estudios técnicos de la Asamblea Legislativa. Cómo es posible que los señores diputados y el señor presidente, hayan escuchado a los empresarios aglutinados en Comex que dijeron públicamente que no era necesario consultar a los pueblos indígenas. ¿Será que aún en este país los indígenas no somos sujetos de derecho? Por eso levanto la voz y grito junto a mi pueblo NO al TLC.

Porque los negociadores de este Tratado de Libre Comercio no hicieron “reservas explícitas y claras en relación a los pueblos indígenas” como sí lo hicieron otros países centroamericanos. Debemos recordarles que dentro del tratado comercial hay temas sensibles que están sujetos a afectarnos directamente como son el tema de tierras y sus recursos naturales no renovables, la biodiversidad, agua y la propiedad intelectual.

Si hoy tenemos que hacer miles de esfuerzos para defender lo poco que nos reconoció en derechos el Estado costarricense como será con un tratado comercial que obliga y sujeta al Estado a deprimir controversias en otras instancias jurídicas no nacionales y con reglas de juego muy diferentes a las de la institucionalidad de este país.

Debería darle vergüenza a este gobierno pedirle a los indígenas votar por el SI de este tratado comercial, cuando en pleno siglo XXI ni siquiera muchas de nuestras comunidades han podido disfrutar plenamente de los servicios básicos sociales, que ofrece este Estado costarricense. Todavía hoy los altos índices de mortalidad y morbilidad infantil, el analfabetismo ronda en un 100% en algunas comunidades como Telire, donde el abandono sigue haciendo estragos en la calidad de vida de mis hermanos y hermanas indígenas. ¿Cómo don Óscar Arias y señores diputados piensan ustedes mejorar estas condiciones con un tratado comercial que sin aprobarse ya violenta la normativa legal, que tutela los derechos indígenas y que además está redactado en un lenguaje que la única interpretación es la que oficialmente les da Comex y las grandes compañías transnacionales.

Hermanos costarricenses estamos con ustedes, porque nuestras montañas, ríos y la madre tierra están tristes. Porque nuevos conquistadores y colonizadores están amenazando la seguridad jurídica sobre nuestras tierras, territorios, conocimientos tradicionales y cultura. Por estas razones los indígenas decimos NO al TLC.

Hermanos costarricenses estamos en el mismo bote y con la misma palanca, rememos juntos haciendo las mismas fuerzas ya que no estamos dispuestos a cambiar el oro que poseemos en naturaleza, la madre tierra y nuestros conocimientos, por espejos y espejismos falsos.

El espíritu del gran Sibo y el de sus clanes nos conducirán a iluminar a los indecisos para que acudan a las urnas para derrotar a los neoliberales de los partidos tradicionales y a su socio el movimiento Libertario.

Por el respeto a la institucionalidad de Costa Rica que es de todos los costarricenses este 7 de octubre todos los indígenas acudiremos a las urnas. No al TLC

*Dirigente indígena Bribri

Fuente: Diario Extra

Desde la perspectiva ética cabe citar la declaración de 25 de octubre de 1984, de la Comisión Pastoral de la Conferencia Episcopal Española: «Es cierto que se exigen algunas condiciones que garanticen la moralidad de los trasplantes de muerto o vivo: que el donante, o sus familiares, obren con toda libertad y sin coacción; que se haga por motivos altruistas y no por mercadería; que exista una razonable expectativa de éxito en el receptor; que se compruebe que el donante está realmente vivo.

Cumplidas estas condiciones, no sólo no tiene la fe nada contra la donación, sino que la Iglesia ve en ella una preciosa forma de imitar a Jesús, que dio la vida por los demás. Tal vez en ninguna otra acción se alcancen tales niveles de ejercicio de la fraternidad. En ella nos acercamos al amor gratuito y eficaz que Dios siente hacia nosotros. Es un ejemplo vivo de solidaridad. Es la prueba visible de que el cuerpo de los hombres puede morir, pero que el amor que los sostiene no muere jamás».

Nuestra actual legislación se hace eco, pragmáticamente, de esa filosofía al prohibir la comercialización de órganos, penalizando su infracción con prisión de hasta diez años (arts 5 y 23 de la “Ley de autorización para trasplantar órganos y materiales anatómicos humanos”, n° 7409, publicada en La Gaceta No. 102 de 17 de mayo de 1994).

No obstante, en el mundo existen redes que se ocupan de ese negocio. El suplemento Proa de La Nación del pasado 22 de julio, bajo el título “Se venden riñones: agencias asiáticas y latinoamericanas lucran en Internet con el comercio de órganos para trasplantes, lo que suscita gran polémica mundial” pág. (10-13). hace una escalofriante afirmación: “El trasplante de órganos de niños ha creado un negocio muy lucrativo para muchos centros de trasplante. El problema se ha superado a través de la conexión centro y sur americana. Niños de las calles de Brasil, México y otros países latinoamericanos son los nuevos ‘donantes’ en el mercado internacional. Niños de las calles son secuestrados o comprados en los orfanatos, los drogan y los envían a diferentes centros de donantes para sacarles los corazones, pulmones, riñones, hígados, para trasplantar. Los órganos son analizados y vendidos a los centros de trasplante de Europa, Asia y América. Muchos, si no todos los centros de trasplantes, tienen sus sospechas acerca del origen de estos órganos, pero han decidido tratar los órganos humanos como cualquier otra mercancía y no hacer preguntas acerca del origen.”

Precisamente el Ministerio de Comercio Exterior de nuestro país, mediante oficio DM-0592 del pasado 15 de mayo, aclara que el término incluido en el TLC como “huesos, órganos y tejidos humanos, para injertos o transplantes (sic)” es equivalente a “cualquier mercancía en el comercio internacional”, de manera que “este producto” goza del beneficio de “la desgravación arancelaria”. Al estar el tratado por encima de la ley, lo que antes se penalizaba con prisión ?dado el bien jurídico tutelado- con ese instrumento legal ingresaría por la puerta grande del libre comercio, sujeto únicamente a las leyes de la oferta y la demanda.

¿No es ese comercio contrario a los valores constitucionales de la moral y las buenas costumbres, como lo es el tráfico de blancas y el de drogas? ¿O es amoral y supra-constitucional el libre comercio?

La crónica de La Nación termina haciendo la advertencia de los riesgos que tendría para la salud pública: “si no nos oponemos a los esfuerzos para convertir los hospitales públicos y privados en una rama de comercio internacional de órganos humanos”. (Da la impresión de que el matutino incurrió ?, para decirlo en francés- en “une gaffe idéologique”; muy ilustrativo, por lo demás, dicho reportaje para los lectores).

Julio 31, 2007

Fuente: Tribuna Democrática

Lamentablemente, hasta la fecha, el TSE ha omitido intervenir, permitiendo que esta maniobra se realice impunemente.

Tramitar la agenda de implementación del TLC antes del 7 de octubre es una forma de atentar contra el proceso del referéndum y el derecho de la población a decidir sobre el TLC mediante el sufragio.

En primer lugar habría que recordar que los expedientes que forman parte de la denominada “agenda de implementación” tienen su origen directo en las cláusulas sustantivas del TLC, que, de aprobarse, tendrían rango superior a la Ley (artículo 7 de la Constitución Política) La aprobación de cada una de las reformas legales contenidas en estos proyectos, es requisito exigido de forma expresa por dicho Tratado como una condición ineludible para su entrada en vigencia.

De hecho, es altamente dudoso que algunos de estos proyectos como la Ley de Obtenciones Vegetales y el Convenio UPOV-91 siquiera hubieran sido puestos en discusión de la Asamblea Legislativa de no ser por las obligaciones establecidas en el TLC. Son proyectos que ya habían sido archivados en el pasado y carecen totalmente de apoyo en la sociedad costarricense, más allá de la presión por la aprobación de dicho Tratado.

Los trece proyectos que conforman la agenda de implementación de dicho Tratado tienen un denominador común. En lo esencial, el contenido de sus disposiciones es idéntico al contenido de las normas sustantivas del TLC que pretenden cumplir. En algunos casos la identidad es total. Estos proyectos prácticamente trascriben disposiciones sustantivas del Tratado. Otras iniciativas como el proyecto de Ley de Telecomunicaciones o la Ley Reguladora del Mercado de Seguros aportan algún grado mayor de especificidad, propio de la materia que pretenden regular. Pero también en estos últimos, su esencia es la misma que la del TLC. Se trata de normas hechas a imagen y semejanza de las obligaciones contraídas por el país en los capítulos respectivos del Tratado.

En palabras sencillas, puede afirmarse que estos trece proyectos dicen lo mismo que el TLC. No son otra cosa que “partes”, “pedazos” de dicho Tratado reproducidos y tramitados de forma independiente en la Asamblea Legislativa.

Hasta donde tenemos entendido, esta convocatoria a consulta popular vía referéndum es para que el pueblo se pronuncie sobre la aprobación o improbación del TLC en su totalidad. No se trata de una consulta para aprobar algunas de las obligaciones contenidas en los 22 capítulos que componen este Tratado. La consulta es para decidir sobre TODO el texto del TLC, sin excluir disposición o capítulo alguno.

Esto último quiere decir que el próximo 7 de octubre el pueblo de Costa Rica ha sido convocado a las urnas para pronunciarse sobre todas y cada una de las disposiciones de dicho Tratado, incluyendo aquellas disposiciones que son reproducidas o reiteradas en los expedientes que integran la agenda de implementación.

Entre otras muchas cosas, el día del referéndum el pueblo va a tener que pronunciarse sobre:

• – Si aprueba o no lo dispuesto en el artículo 15.1.5 del TLC que obliga a nuestro a país a aprobar (antes del 1 de junio de 2007) el Convenio UPOV-91. La aprobación de dicho convenio también se tramita en la Asamblea Legislativa bajo el expediente legislativo 16.590 y a su vez requiere inevitablemente de la aprobación del proyecto de Ley de Obtenciones Vegetales (16.327)

• -La aprobación o no del artículo 15.3.b) del TLC que obliga a aprobar el Tratado de Budapest sobre el Depósito Internacionales de Microorganismos (antes del 1 de enero de 2006). Eso es exactamente lo mismo que dice el artículo único del expediente 16.123 que se conoce en el Plenario Legislativo.

• -La aprobación o no del Anexo 13 del Capítulo 13 del TLC, que establece disposiciones idénticas a las contenidas en el proyecto de Ley General de Telecomunicaciones que se tramita en el Plenario bajo el expediente 16.398.

• -La aprobación o no de la Sección H del Anexo 12.9.2 del Capítulo 12, que dice lo mismo que el proyecto de Ley Reguladora del Mercado de Seguros (expediente 16.305)

• -La aprobación o no del artículo 15.9.6 del TLC que obliga al país a realizar las mismas reformas legales sobre extensión del plazo de las patentes contenidas en el artículo 2 del proyecto de ley que se tramita en la Comisión Plena Tercera bajo el expediente 16.118.

• – La aprobación o no del artículo 15.5.7 del TLC que obliga al país a adoptar las reformas sobre observancia de derechos de propiedad intelectual contenidas en el artículo 2 del expediente 16.117.

• -La aprobación o no de la Sección A del Anexo 11.13 del TLC, establece una serie de modificaciones y derogatorias a la Ley de Representantes de Casas Extranjeras, idénticas a las contenidas en el proyecto de ley tramitado bajo el expediente 16.116.

En todos estos casos, el objeto de la consulta popular que se realizará el próximo 7 de octubre coincide con el objeto de los proyectos de ley que se tramitan en la Asamblea Legislativa. Desde el momento en que al pueblo se le convocó para que manifieste su voluntad sobre la aprobación o no del TLC, esa convocatoria implica el derecho a pronunciarse sobre la aprobación o no de los artículos citados del Tratado y, obviamente, sobre sus contenidos materiales.

Si la votación de los proyectos que componen la agenda de implementación del TLC sería la forma más extrema de falsear la manifestación de la voluntad popular en el referéndum del 7 de octubre, continuar con su trámite legislativo durante el proceso electoral también lo es.

El Partido Frente Amplio rechaza rotundamente esta maniobra antidemocrática y llama al pueblo a manifestarse para derrotarla.

* Diputado, Partido Frente Amplio

Hace casi un año, la diputada del Vecchio hizo unas recomendaciones con repercusiones directas a la futura nutrición del país. La señora diputada postuló que “El mercado globalizado (de alimentos) garantizará mejoras para los usuarios en cuanto a calidad y precio…en beneficio del mayor número.” (Seguridad Alimentaria, La Nacion, 30,Agosto, 2006)

El argumento del articulo es la doctrina de ventaja comparativa.

“en esa medida todos los países podrán dedicarse a producir más aquello en que son mejores y a transar en el mercado mundial los productos que otras naciones producen con mejor calidad y a más bajo costo,”

La teoría de ventaja comparativa ayudó mucho a comprender la interacciones de diversos actores en forjar economías mas complejas a través de los tiempos. Todos entendemos como funciona la feria. Los ñames de la tierra negra de don Gregorio se transan, al igual las ricas cuajadas de doña Abigail y algún culantro de por allí. Igual la producción viñera de Portugal a cambio de los textiles de Inglaterra, uno de los primeros ejemplos del economista Ricardo.

Pero, como solía decir un profesor mío, “ Mira los datos, uno, dos, y por lo menos tres veces. Después inventa una teoría.”

Los datos del último año demuestran que el actual comercio globalizado de alimentos es a diario menos capaz de garantizar la seguridad alimentaria de Costa Rica y las “mejoras para los usuarios en cuanto a calidad y precio,” señalado por la diputada. Miremos, como aconseja a menudo, la columna En Vela, “la realidad y los hechos.”

El hecho es que el mundo entero ha experimentado una escalada en los precios de los comestibles. En Octubre del 2006, apenas dos meses después del artículo, mis vecinos en Guanacaste se quejaron por las alzas de 40% en los precios del concentrado para los cerdos y las gallinas criollas.

El precio de tortillas se cuadruplico en México, provocando motines en la nación azteca. Cabe recordar que la dependencia sobre el maíz importado de los EEUU creció con la implementación del NAFTA.

Tampoco quedan eximidos los amantes de la pizza. El recién informe de Pizza Hut, explica que la empresa se vio obligada a subir el precio de su producto “Cheese Lover’s”, debido a las constantes alzas en el precio del ingrediente que le da su nombre. El precio del queso, cotizado en el Intercambio Mercantil de Chicago ha subido un 55% en lo que va del año.

Los precios del espagueti han trepado en Italia, los de helados en Inglaterra, carne de pollo, leche y bebidas gaseosas en los EEUU. En la China el precio de la carne de cerdo se aumentó por mas de 40%. En Israel el precio de trigo subió un 30% en solo tres semanas. Panaderos de Rusia, Bolivia y la región de Aragón en España también se ven obligados a subir los precios de sus productos.

En tanto al trigo, la producción de los estados de Kansas y Oklahoma ha sido severamente afectado por un doble golpe, un invierno con severas heladas y lluvias en verano. En Europa se esta viendo demasiado lluvia en el oeste y sequía en el este. Australia, sufriendo el sexto año de una sequía, se verá obligado a importar en vez de exportar.

El Departamento de Agricultura estadounidense advierte que las reservas mundiales de granos se encuentran en el punto más bajo de la historia y que el mundo sigue consumiendo más granos de lo que produce. Un estudio de Canadá señala que la coyuntura de incrementos en costos de insumos petroquímicos, cambios climáticos, cambios de dieta como resultado de la urbanización y el rápido incremento en la diversión de comestibles para hacer biocombustibles significa el inicio de una “crisis alimentaría global.”

En los EEUU, fuente de 65% de los granos importados por otros países, 30% de la próxima cosecha se encuentra destinado a la producción de biocombustibles. El resultado es que la creciente demanda de agro-carburantes en los países ricos sigue impactando la cantidad y los precios de alimentos básicos a escala global.

El año pasado apareció un análisis en nada menos que la revista Fortune:
”Mientras que antes fue estimulado por subsidios del gobierno, actualmente la producción de biocombustibles recibe su empujón de los creces en precios del petróleo. Muchos alimentos básicos, maíz, trigo, arroz, soja y caña de azúcar se pueden convertir en combustibles. Por lo tanto, los mercados de alimentos y de energía se están uniendo. El mercado esta fijando el precio de alimentos con respéto a su valor energético. En tanto que sube el petróleo, igual subirá el precio de comida.”

Y, según los más informados, el precio de petróleo seguirá subiendo. El nuevo informe del A.I.E. augura que se acentuará la escasez de petróleo, que cualquier incremento de la oferta no será suficiente para paliar el fuerte aumento de la demanda y que existen “incertidumbres” sobre la oferta, tanto del petróleo, como el gas natural, materia prima de insumos agrícolas.

El informe de la revista Fortune, que salio antes del articulo de la Diputada del Vecchio, tal vez se le escapo la noticia. Pero no paso desapercibido por los fondos de inversión y arbitrajistas, ahora metido a “full” el juego de los futuros de alimentos provocando “cambios fundamentales” en mercados de alimentos, según la OCDE. Los mas afectados, pronostica el reporte, serán los “paises importando alimentos y sobre todo, los pobres en centros urbanos.”

Me gustaría saber si la Señora Diputada sigue convencida de que la mejor manera para asegurar la seguridad alimentaría de Costa Rica consiste en abandonar cualquier esfuerzo de autoabastecimiento y confiar en la mano mágica del mercado globalizado de alimentos. Sería nada menos que apostar al comal y a la canasta básica de los costarricenses en una subasta contra los chóferes de Cadillacs y Lexus de los países ricos donde sigue en aumento el consumo a pesar de las alzas en precios de gasolina.

La bulimia energética de los EEUU, jamás se debería curar recetando anorexia a los consumidores, especialmente a los más pobres, de Costa Rica o cualquier otro país.

Pareciera que, como nutricionista, la Diputada del Vecchio recetó a Costa Rica una dieta basada más en ideología y una agenda específica, la promoción del TLC, que en los “hechos y la realidad.” Debería mirar de nuevo los datos, “uno, dos, tres veces,” y volver a contemplar su teoría.

* M.Sc.
Paraíso, Santa Cruz
Guanacaste

La economía mexicana queda en el último lugar entre las de América Latina, con suerte, en 2008 superamos a Haití

Si alguien supone que México está en la lona por los recientes cuan desastrosos resultados futbolísticos en Estados Unidos, Venezuela, Panamericanos y conexos, o por la tunda que el gobierno gringo le ha puesto al calderonista por lo del autodenominado cuento chino, pues agárrense en previsión de lo que viene.

Apenas dos días atrás el Fondo Monetario Internacional invitaba a los mexicanos a persignarse ante la gris perspectiva económica nacional, cuando ayer la Cepal, en el clásico uno-dos boxístico, propinó tremenda paliza al discurso oficial, aquel que reza que el país, con todo y su “envidiada” macroeconomía, camina de maravilla.

A ningún gobierno se le da aquello de hacer bien las cosas, pero en tratándose de hacerlas mal abundan candidatos para ocupar la primera posición, y la “continuidad” va que vuela en pos del galardón.

En resumidas cuentas, la Cepal ubica a la economía mexicana como la peor en América Latina en cuanto perspectiva de crecimiento en el presente año (3.2 por ciento), a grado tal que de 19 países latinoamericanos considerados en su Estudio económico 2006-2007, México orgullosamente ocupa la posición 19.

Si se suman las ocho naciones caribeñas involucradas en el análisis del organismo, la economía mexicana desciende al escalón 25, de 27 posibles, sólo por arriba de Jamaica (con 3 por ciento de crecimiento) y Belice ( 2.5 por ciento). De hecho, es tal el potencial de la economía mexicana que crecería aún menos que la haitiana (3.2 contra 3.5 por ciento de los isleños).

Eso sí, la proyección de la Cepal es que en 2008 la economía mexicana supere a la haitiana, cuando ésta podría crecer el mismo 3.5 por ciento de 2007, mientras la nuestra daría un brinco espectacular: de 3.2 a 3.7 por ciento, lo que es lo mismo que nada.

Desde hace 25 años México ha sido el laboratorio por excelencia de las “reformas estructurales” impuestas por organismos internacionales y “consensos” con nombre de capital gringa. Todo se ha “reformado”, cambiado, “modernizado”, privatizado, etcétera, etcétera, y nada ha mejorado: la concentración del ingreso y la riqueza es brutal, la desigualdad ofensiva, el panorama social lacerante y la actividad económica lerda. Las cosas no han cambiado en cinco lustros, pero antes la economía crecía a una tasa anual de 6 por ciento. Ahora ni eso.

Comparada con los resultados que vislumbran otras economías de la región, la mexicana da tristeza. La argentina registraría un crecimiento de 7.5 por ciento en 2007, lo que promediaría una tasa anual de 8.55 por ciento el último cuatrienio; los números para la venezolana serían de 6.8 y 11.2 por ciento, respectivamente; la chilena 6 y 5.4 por ciento, en cada caso; brasileña 4.5 y 4.2 por ciento; uruguaya 5.2 y 9.55 por ciento; colombiana 6.8 y 5.9 por ciento; cubana 10 y 9.9 por ciento; de Trinidad y Tobago 8 y 9.2 por ciento; panameña 8.5 y 7.75 por ciento… y la mexicana 3.2 y 3.6 por ciento, una proporción menor a la de Belice, con 2.5 y 4.1 por ciento, en el mismo orden. Lo anterior, en el entendido que de 2004 en adelante “América Latina vive sus mejores años económicos desde la década de los 90” (Cepal, BID, FMI, Banco Mundial y conexos dixit).

Cierto es que, para el caso mexicano, el resultado es más que deprimente, pero también una invitación, un tanto drástica, para que se reconsidere el modelito, en especial cuando se recuerda que desde hace una década el país no registra crisis devaluatoria, inflación acelerada, problemas de “liquidez”, angustias por deuda, etcétera, (porque la macroeconomía es maravillosa), como sí se ha observado en muchas de las naciones en las que el crecimiento ha sido, es, más acelerado que en México.

En vía de mientras, la Cepal señala que en 2006 la economía mexicana registró una tasa de crecimiento del 4.8 por ciento debido al “elevado dinamismo” de todos los componentes de la demanda agregada durante los primeros tres trimestres del año, aunque su expansión se debilitó hacia el cuarto. El consumo creció 5 por ciento, la inversión 10 por ciento y las exportaciones 11 por ciento, todos ellos estimulados por el sector automotor, lo que a su vez condujo a la “mayor expansión del empleo” formal en los últimos seis años (83 por ciento se generó en el cierre sexenal) y contribuyó a la disminución del déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos ( 0.2 por ciento del PIB).

La expansión del crédito al sector privado, las remesas de los emigrantes y la reactivación de la ocupación favorecieron la demanda interna. El alto precio del petróleo contribuyó al superávit fiscal ( 0.1 por ciento del PIB), a pesar de mayores gastos causados por la terminación de obras de infraestructura y las elecciones presidenciales, legislativas y estatales.

La desaceleración paulatina que se fue produciendo a medida que avanzaba 2006 se prolongó en 2007, debido al menor crecimiento de la economía estadounidense; en el primer trimestre de 2007 el PIB “avanzó” 2.6 por ciento, proporción muy inferior al 5.5 por ciento del mismo periodo de 2006. Se prevé que el crecimiento en el año sea de alrededor de 3 por ciento, y obedecerá a la demanda interna, que seguirá estimulada por las remesas y el crédito. Se prevé una inflación cercana a 4 por ciento y equilibrio fiscal. En los últimos meses se ha extendido la preocupación por la inseguridad que se vive en algunas zonas del país, sobre todo debido a la delincuencia organizada, lo que ha sido destacado por las autoridades económicas como un factor que podría limitar la inversión y el crecimiento económico.

Fuente : /strong> Periódico La Jornada – México*
Julio 28, 2007