La Universidad Estatal a Distancia (UNED) es una universidad pública costarricense. Esto nos hace parte de una tradición universitaria de grandísima riqueza ética, espiritual e intelectual, a la que han contribuido nombres tan ilustres como los de Rodrigo Facio, Carlos Monge Alfaro, Emma Gamboa, Isaac Felipe Azofeifa y Joaquín Gutiérrez Mangel. Entre las figuras emblemáticas de la cultura y el pensamiento en Costa Rica, que hoy son portadoras de esa insignia universitaria de que somos herederos, descuellan María Eugenia Dengo, Hilda Chen Apuy, Eugenio Rodríguez y Alberto F. Cañas.
Esta tradición define un compromiso y marca un derrotero. La universidad pública en Costa Rica es una institución que cultiva el pensamiento crítico e independiente y que se compromete a profundidad con los valores de democracia, justicia social, participación ciudadana y libertad, que constituyen la base más positiva y avanzada de la nacionalidad costarricense y la más sentida aspiración en el alma de nuestro pueblo.
La riqueza de esta tradición universitaria ha quedado claramente plasmada en la normativa fundamental en que se asienta el funcionamiento de nuestra institución. En nuestras Misión y Visión Unedianas, asumimos compromisos explícitos con la más amplia democratización de la educación y el conocimiento, los valores de justicia, democracia, respeto, medio ambiente, género y diversidad cultural, y nos proponemos ser actores protagónicos en el desarrollo de nuestra sociedad y nuestro pueblo.
Desde esa tradición universitaria que nos infunde orgullo y coraje, en ejercicio de los derechos constitucionalmente consagrados (artículos 28 y 29) y, a la vez, en cumplimiento de nuestra responsabilidad como ciudadanos y ciudadanas, queremos hacer pública nuestra oposición frente al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (TLC), por las siguientes razones:
1) Este TLC constituye un acuerdo bilateral entre la primera potencia económica, política y militar del planeta y países pequeños, pobres y poco desarrollados. Además, es un acuerdo que se diseña exclusivamente con base en criterios mercantiles, ajeno por completo a cualquier consideración de justicia, equidad o democracia. Teniendo en cuenta lo anterior, el TLC implica, ya desde su misma concepción, una combinación sumamente peligrosa: por un lado, la asimetría radical entre los países signatarios y, por otro, la total primacía de lo económico-mercantil.
2) Esas dos realidades fundamentales quedan recogidas en los contenidos del Tratado de una forma contundente. Es un acuerdo enteramente sesgado a favor de los intereses de Estados Unidos. Pero no los intereses de su pueblo sino los de las grandes empresas transnacionales. Además, es un Tratado que subordina toda consideración de desarrollo sobre bases de equidad, sostenibilidad ambiental y democracia, a la primacía de tales intereses económicos corporativos.
3) Lo anterior podría ser demostrado con base en múltiples datos. Señalemos, para empezar, el abusivo régimen que se crea a favor de los inversores extranjeros. Este constituye una especie de sistema jurídico aparte, que permitiría a las compañías transnacionales estadounidenses demandar al Estado costarricense ante tribunales de arbitraje internacional, cuyo estatuto es privado y los cuales no tienen ninguna obligación de considerar las leyes costarricenses. Además, este capítulo incorpora la noción de “expropiación indirecta” como posible justificación para tales demandas. Este es un concepto jurídicamente impreciso que, en la experiencia práctica de otros tratados similares, ha dado lugar a múltiples arbitrariedades. Se ratifica así, con especial crudeza, la forma como el Tratado menoscaba el orden jurídico de Costa Rica y debilita las capacidades soberanas para la formulación y aplicación de las políticas públicas.
4) En atención a los criterios estrictamente mercantiles que le sirven de base, el Tratado obliga a que el Estado costarricense conceda a los inversores extranjeros el mismo trato que ha de dar a las empresas nacionales. Un mínimo criterio de justicia permite entender la inconveniencia de ese tipo de obligaciones ya que, sin duda, la mejor forma de propiciar la injusticia es tratando igual a los desiguales. Lo cierto es que para promover el desarrollo de nuestro país, y hacerlo por vías que propicien la participación y la equidad, han de establecerse estímulos diferenciados, tomando en cuenta criterios apropiados. Por ejemplo: tamaño de las empresas; ubicación geográfica de estas; su capacidad para generar empleos, democratizar la propiedad, innovar tecnologías o proteger el ambiente. También deben tenerse en cuenta criterios de género, de cultura o de apoyo a minorías. Nada de esto es posible con este TLC, lo que, además, contradice flagrantemente experiencias históricas de desarrollo capitalista exitoso. Incluso Estados Unidos, en sus etapas iniciales de desarrollo, estableció políticas selectivas con base en las cuales incentivó su avance económico. De forma similar han procedido, hace muy pocos años, Japón o Corea del Sur, como también China, en el momento actual. Para nuestro país esto resultaría prácticamente imposible, ya que entonces entraríamos en contradicción con el Tratado, que, en virtud de nuestro ordenamiento constitucional, posee un estatus jurídicamente superior al de nuestras leyes.
5) Paradójicamente, según quedó expresamente enunciado en la Ley de Implementación aprobada por el Congreso de los Estados Unidos, para este país el TLC tan solo posee la calidad de un agreement (acuerdo), no la de un treaty (tratado). Esto implica que es jurídicamente inferior a cualquier ley estadounidense, sea de nivel federal o estatal. Y para que no queden dudas al respecto, esa misma Ley de Implementación deja explícitamente enunciado que tal es la jerarquía jurídica que el Congreso estadounidense le reconoce y concede a este agreement. Con ello se viene a ratificar, una vez más, la tremenda asimetría de las condiciones bajo las cuales regiría este Tratado, incomparablemente más exigentes y restrictivas para nuestro pequeño país que para la superpotencia.
6) El Tratado tan solo incorpora una protección débil y parcial a favor de los servicios públicos de educación, salud y acueductos. En estos casos, y en relación con otros servicios sociales importantes, sigue vigente, entre otras, una de las normas más preocupantes: aquella, mencionada en el punto 3 de este manifiesto, que permite demandar al Estado costarricense ante tribunales de arbitraje internacional. Esto constituye un preocupante elemento de presión a la hora de formular políticas públicas relativas a tales servicios, lo que sin duda limitará los espacios de maniobra de que disponga el Estado costarricense. Pero, además, el Tratado establece un régimen de irrestricta liberalización en relación con la oferta privada de tales servicios. Ello provoca, sin control posible, que se agudicen varias tendencias problemáticas que ya estamos presenciando: el desarrollo de servicios privados de elite de altísimo costo, la proliferación desordenada de ofertas privadas y el desmantelamiento de los servicios públicos. En el caso del agua, además, se desregula por completo su comercio en forma envasada, incluyendo su exportación, lo que pone en grave peligro la disponibilidad futura de este elemento esencial para la vida.
7) El Tratado liberaliza la importación de la mayoría de los productos agrícolas alimenticios, y lo hace a pesar de la enorme desventaja que representa para nuestros productores, en virtud del masivo subsidio que sus contrapartes estadounidenses reciben de su gobierno. Esto implica la segura desaparición de nuestra agricultura de producción de alimentos para el mercado nacional, la ruina, por lo tanto, de quienes la producen. Pero, además, nos hará definitivamente dependientes de la importación de alimentos, con todas las consecuencias que esto tendrá para la soberanía política de nuestra nación.
8) La apertura-privatización de las telecomunicaciones crean las condiciones que a futuro destruirán el exitoso modelo solidario del ICE. No se propiciará la competencia por la sencilla razón de que las telecomunicaciones constituyen, por sus condiciones tecnológicas y de inversión, un monopolio natural. Unicamente se sustituirá un monopolio público construido sobre bases de solidaridad, por uno privado que tan solo atiende a criterios de ganancia, hecho que inevitablemente impactará sobre las tarifas, hoy día entre las más bajas del mundo. En el caso de los seguros, se propiciará que grandes masas de capitales, que deberíamos aprovechar a favor de nuestro desarrollo, fluyan hacia fuera del país como ganancias de aseguradoras extranjeras.
9) Este TLC no introduce ninguna mejora significativa en las condiciones de acceso al mercado estadounidense, en comparación con las actualmente existentes. Tampoco propicia ninguna modificación que pueda favorecer la atracción de más inversión extranjera, ya que esto sobre todo depende de aspectos como la estabilidad social y política, la calificación de la mano de obra y la disponibilidad de adecuada infraestructura. Por lo tanto, nada en el TLC permite creer que este vaya a generar en el corto plazo más empleo. Como sus efectos en el mediano y largo plazos serán los de un ahondamiento de las desigualdades sociales, es muy posible que este Tratado contribuya a deteriorar aún más las condiciones de estabilidad social y deslegitimación del sistema político, lo que resulta un desestímulo para la inversión privada. Además este Tratado limita la posibilidad de desarrollar políticas de promoción del desarrollo que estimulen la generación de empleo abundante y de calidad. En todo caso, hay que recordar que el país ha seguido una estrategia que enfatiza la inversión extranjera por sobre la nacional, con el agravante de que la primera se mueve entre dos extremos: o genera muchos empleos de muy baja calidad (las maquilas textiles, por ejemplo), o genera empleos de alta calidad pero en cuantía ínfima, por comparación con las necesidades nacionales (por ejemplo, Intel). En vista de los problemas de empleo que sufre Costa Rica, ninguna de estas dos opciones resulta deseable, con el agravante de que bajo las condiciones del TLC es improbable, sino imposible, que tales características del modelo de desarrollo vigente puedan corregirse.
10) Las regulaciones en materia de propiedad intelectual tienen múltiples y muy preocupantes repercusiones. Primero, en lo que respecta a medicinas y agroquímicos, claramente puede observarse que están diseñadas en función de los intereses de las respectivas corporaciones transnacionales. No solo se amplía, de forma subrepticia, pero muy efectiva, el plazo de las patentes (que llegarán hasta 25 años o más), sino que se impide, hasta por 10 años, el acceso a los “datos de prueba” o “información no divulgada”, en relación con la cual se impone, además, una forma de protección excesivamente amplia en sus alcances. Esto inevitablemente afectará la disponibilidad de productos genéricos, tanto fármacos como agroquímicos, lo que elevará sustancialmente los precios. Así, se dañarán gravemente las finanzas de la Caja Costarricense del Seguro Social y, por esa vía, la salud de nuestro pueblo. Y, además, se hará más férreo el decreto de muerte contra nuestra agricultura.
11) Como universitarios y universitarias, nos preocupan, además, las consecuencias que estas regulaciones sobre propiedad intelectual tendrán para la educación y el avance científico-tecnológico de nuestro país. Esa normativa simplemente dificulta y hace extremadamente oneroso el acceso al nuevo conocimiento. Esto sin duda conviene a los países muy desarrollados, como Estados Unidos, que son los principales centros de generación de ciencia y tecnología, pero constituye un obstáculo tremendo para nuestro desarrollo. La historia demuestra –por ejemplo, en el caso de Japón o Corea y, en la actualidad, el de China- que la flexibilidad para importar, copiar y adaptar tecnologías es requisito importantísimo en los procesos de desarrollo. Sabemos muy bien que las experiencias de tales países no pueden ser trasladadas a Costa Rica, ya que se trata de condiciones históricas y momentos distintos, como también es verdad que son casos históricos que registran muchos elementos contradictorios y problemáticos, por ejemplo, en el caso de China, los tremendos costos ambientales de su actual desarrollo. Sin embargo, debemos resaltar que la modernización de sus economías habría resultado mucho más difícil, quizá imposible, de haber estado sujetas a exigencias como las contenidas en este TLC, incluidas las aquí mencionadas sobre propiedad intelectual.
12) Además, debemos tomar en cuenta que estas normativas sobre propiedad intelectual propician algo éticamente inaceptable: la apropiación privada de la vida. Ello incluye nuestra biodiversidad, que, por medio de la liberalización de los servicios de bioprospección, queda abierta a la explotación comercial por parte de las corporaciones transnacionales.
13) En materia ambiental y laboral, el Tratado es omiso, ya que deja por fuera partes esenciales de nuestra legislación interna, y, además, y en virtud de ese carácter parcial, propicia que los estándares laborales y ambientales sean empujados hacia abajo, como instrumento para propiciar la competitividad comercial.
14) El TLC no aporta ninguna mejora significativa en materia de acceso al mercado estadounidense. En cambio, abre indiscriminadamente nuestro mercado nacional a las importaciones provenientes de ese país, incluso las de su agricultura altamente subsidiada. Por lo demás, como se ha demostrado de forma contundente, la no aprobación de este Tratado no representa riesgo alguno desde el punto de vista del acceso de nuestras exportaciones al mercado estadounidense. En el marco de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe, seguiremos gozando de las mismas condiciones de acceso que tenemos hoy día. Tal es una discusión por completo innecesaria ya que se basa en supuestos que han sido deliberadamente retorcidos. En cambio, al país le conviene entrar en un proceso de redefinición de sus nexos internacionales. Debemos mantener con Estados Unidos una relación cordial y de mutuo respeto, mientras trabajamos seriamente por diversificar relaciones comerciales y económicas, creando nuevas formas de integración y cooperación con países de todo el mundo y, en especial, con los de América Latina.
El anterior es apenas un listado parcial de los múltiples aspectos problemáticos que deben ser tenidos en cuenta en relación con este Tratado, y que desaconsejan muy seriamente su aprobación.
Por lo tanto, y con plena convicción de lo que decimos, formulamos un llamado vehemente a la Asamblea Legislativa de Costa Rica para que NO ratifique este Tratado y convocamos a los ciudadanos y las ciudadanas costarricenses a hacer manifiesto su desacuerdo y exigir de sus representantes en la Asamblea Legislativa el voto contra este TLC.
Este es un momento histórico decisivo. Mucho de la patria que se heredará a las generaciones futuras está en juego. Es un deber patriótico manifestarnos y un derecho ciudadano exigir que se nos escuche.
Por: UNED
Fecha publicación: 20/02/2007
Fuente: Argenpress
