Categoría: TLC

Formidables asimetrías. Se esperaba que de un convenio entre cinco países pequeños y pobres con una nación grande y poderosa como Estados Unidos surgiría una agenda amplia de cooperación que ayudara a las repúblicas centroamericanas no solo a superar obstáculos y carencias propias del subdesarrollo, como la infraestructura deficiente o la reducida inversión en ciencia y tecnología, sino también a amortiguar las formidables diferencias en la estructura productiva y en las políticas económicas.

Las asimetrías eran enormes y se esperaba un trato “especial y diferenciado”, como se denomina en la jerga del comercio internacional.

¿Cómo comparar el tamaño y la capacidad productiva de las empresas norteamericanas con las de Costa Rica y el resto de Centroamérica? ¿Cómo contrastar el ingreso de una familia de Ohio o de la Florida, que sobrepasa los $60 mil al año, con el de un nicaragüense de Rivas o un costarricense de Zarcero? Algún contrapeso ameritaban esos desbalances.

Era evidente, además, que Estados Unidos no estaba dispuesto a transar sobre subsidios y ayudas internas a los agricultores norteamericanos, que en el algunos productos como arroz, maíz, azúcar o lácteos representan entre un 30% y un 50% del precio y en total sobrepasan los $75 mil millones anuales. Este aspecto introducía una asimetría adicional.

Lamentablemente estas y otras disparidades no fueron consideradas de manera explícita y, por lo tanto, no se construyó una agenda de cooperación sustantiva para ayudar a los países a enfrentar la apertura frente a un socio comercial gigantesco.

La negociación, se señaló enfáticamente, se basó en la reciprocidad, o sea, se hizo bajo la ficción de que se trataba de un acuerdo entre iguales. Cualquier apoyo financiero se basaría en empréstitos externos. Así nació la Agenda Complementaria.

En algo sí parecía existir simetría. Era en el tema jurídico. Cierta discusión surgió en torno a si Tratado (Treaty) y Acuerdo (Agreement) significaban lo mismo y si tenía los mismos efectos legales. Los negociadores afirmaron que si bien podía existir alguna diferencia, esta no era relevante y el TLC tendría el mismo rango jurídico y las mismas consecuencias jurídicas tanto en Estados Unidos como en Costa Rica.

Diferencias fundamentales. Ahora nos damos cuenta, con la presentación de la Ley de Implementación del Cafta-DR en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que las cosas no son así, y que existen diferencias fundamentales en los dos países en cuanto a las implicaciones jurídicas del Tratado/Acuerdo.

La Ley de Implementación del Cafta-DR establece en la Sección 102 titulada: Relación del Acuerdo con la Legislación de Estados Unidos (Federal) y de los Estados, lo siguiente:

• La normativa estadounidense (Federal) prevalece sobre cualquier precepto del Acuerdo de Libre Comercio.

• Todas las disposiciones que sean inconsistentes con la normativa Federal quedan sin efecto.

• Nada del Acuerdo podrá alterar o modificar la legislación Federal.

• La legislación de los estados tampoco será alterada o modificada por el Acuerdo.

• Ninguna persona privada podrá demandar al gobierno de Estados Unidos o a los gobiernos estatales con base en el Acuerdo.

Esta caracterización jurídica del TLC en Estados Unidos es diametralmente opuesta a lo que este instrumento representa en la normativa costarricense. Veamos algunos ejemplos.

• En la legislación nacional el Tratado de Libre Comercio tiene rango superior a la ley, y cualquier normativa que se le oponga queda automáticamente derogada.

• En el Capítulo del TLC referente a las “Disconformidades” se enumeran todas aquellas normas actuales que se contradicen con el Tratado pero que el propio acuerdo ratifica su vigencia. Las que no están incluidas son abolidas.

• Los legisladores costarricenses no podrán aprobar nueva legislación que contradiga los mandatos establecidos en el TLC.

• Las personas físicas y jurídicas norteamericanas que se vean afectadas por medidas del Gobierno en materia comercial o de inversiones podrán accionar contra el Estado costarricense con base en el Tratado.

Esta nueva asimetría de naturaleza jurídica, que no conocíamos y que se constata en la Ley de Implementación del Cafta-DR, no deja dudas en cuanto a los limitados compromisos que asume Estados Unidos con el Acuerdo, al tiempo que el Tratado afecta seriamente el marco normativo e institucional costarricense.

Confiamos en que la Comisión de Notables, nombrada por el presidente Pacheco para analizar el TLC le conceda a esta asimetría jurídica toda la importancia y análisis que merece.

Juan Manuel Villasuso
La República 7/22/2005

Julio de 2005

Para algunos esta era la propuesta medular que serviría de telón de fondo al TLC. Los aspectos negativos del Acuerdo se solucionarían con los programas y proyectos de la Agenda y los elementos positivos se potenciarían para aprovechar “la consolidación del acceso al mercado más grande del mundo”.

Debo confesar que yo me hice ilusiones. Pensé que se aprovecharía la ocasión, no tanto para enmendar los desaciertos de la negociación, cosa que solo una renegociación resolvería, ni para plantear una estrategia de desarrollo, algo que esta Administración ha sido incapaz de hacer, pero sí para esbozar en forma estructurada algunas iniciativas relacionadas con el crecimiento económico y la distribución del ingreso.

Tres ingredientes me parecían indispensables en la Agenda Complementaria. Por una parte, nueva legislación relacionada con los compromisos asumidos en el propio TLC, tales como la Ley de Modernización del ICE, la Ley Marco de Telecomunicaciones, incluyendo el fortalecimiento de la función reguladora, y una nueva normativa para el Instituto Nacional de Seguros. Estas leyes debían plantearse con un objetivo fundamental: garantizar la solidaridad y promover la eficiencia institucional.

En segundo lugar, los aspectos vinculados con el apoyo a la producción nacional. El énfasis debería estar no solo en respaldar a las empresas que venden en Estados Unidos y a las que exportan sus productos a Centroamérica, que sufrirán las consecuencias de la desviación del comercio, sino también en ayudar a las que producen para el mercado nacional que tendrán que enfrentar mayor competencia a causa de la desgravación arancelaria.

Finalmente, lo relacionado con la compensación a los sectores y actividades que resultarán perjudicados con el TLC y la necesaria reconversión para que puedan seguir contribuyendo a la producción y la generación de empleo. Esto necesariamente conlleva decisiones de naturaleza distributiva que, ya sea empleando instrumentos fiscales u otras herramientas de política pública, trasladen recursos de los ganadores a los perdedores.

Lamentablemente la Agenda Complementaria presentada por el gobierno, más que una propuesta novedosa para encarar los grandes interrogantes que plantea el TLC desde el punto de vista económico y social, lo que hace es recoger, en un listado con poca coherencia, varios proyectos que organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y el Banco Centroamericano de Integración Económica están dispuestos a financiar.

Es decir, la Agenda Complementaria no es más que la enumeración de un conjunto de empréstitos externos que por un monto de $355 millones el gobierno contrataría (y todos los costarricenses pagaríamos) para ser ejecutados en un plazo de cinco años.

Ante esta triste realidad y la falta de seriedad solo podemos preguntarnos si debemos reír por la ocurrencia o llorar por el futuro de Costa Rica.

Juan Manuel Villasuso

San José, 24 de junio de 2005.

Nos dicen lo importante que es el mercado americano para nuestras exportaciones de piña, yuca, banano, guayaba, etc, y que por cada dólar que importamos de productos agrícolas, exportamos $2.5, pero no nos dicen que hace pocos años les enviábamos más de $ 3 por cada dólar de productos agropecuarios.

Tampoco nos dicen sobre los productos agrícolas que Estados Unidos no nos exportan, porque aquí los producimos, y con el tratado empezarían a enviarnos como arroz, leche y derivados, carne, pollo, cerdo y otros productos agrícolas, lo cual acelerará la tendencia a la reducción de la relació $2.5 por dólar importado. Además nos inundarán de productos subsidiados, que por una estructura oligopólica de importación y mercadeo existente en el país, poco beneficiará al consumidor y representará la ruina de muchos productores nacionales.

Por ello tiene razón el representante comercial de E.E.U.U., Peter Allgeier, quien indicó en su defensa por el TLC que éste posibilitará duplicar las exportaciones agrícolas a la región centroamericana en unos $1500 millones al año. Agrega el señor Allgeier a su argumentación que “la mayoría de bienes de las seis naciones centroamericanas ya están entrando al mercado de USA libres de gravámenes en virtud de la iniciativa de la Cuenca del Caribe. El CAFTA resultará en una liberación automática del 80% de los bienes industriales estadounidenses y más de la mitad de las exportaciones agrícolas” (La Republica, 14 abril). Esos bienes tenían restricciones de acceso al mercado centroamericano que no tendrán.

Tampoco nos dicen que pese a que USA tiene un déficit comercial inmenso y creciente con el mundo; sucede lo contrario con Costa Rica, en donde pese a todas las ventajas unilaterales que nos han dado desde el inicio de esta iniciativa hace 20 años, nuestro país importa entre un 10% y 30% más de Estados Unidos de lo que le exportamos. Esto hace evidente la diferencia de tamaño existente entre ambos países (asimetría) .

En resumen E.E.U.U. se beneficia mas de su relación con Costa Rica que nosotros con ellos y esta circunstancia no fue suficientemente defendida por nuestros negociadores. La tendencia se incrementara y además perderemos parte del mercado industrial y agroalimentario centroamericano pues si no podremos competir dentro de nuestro país con productos subsidiados, menos en el resto de Centroamérica.

Esto no se considera en la publicidad pro TLC. Tampoco la posibilidad de renegociar y se dice que debemos discutirlo, pero resulta que no podemos hacerle ninguna sugerencia de cambio porque el gobierno americano ha dicho que se aprueba todo como está o nada. Su insistencia en aprobarlo en base a criterios de publicidad parece convertirlos en los defensores de los intereses USA y no de tiquicia.

Lo doloroso de todo esto es que tuvimos condiciones y gente capacitada para haber hecho un mejor tratado para nuestro país pero, o no fueron capaces de hacerlo o el machote venía listo y no se podía hacer casi nada. Y si fuera este el caso, tampoco tuvieron la hidalguía de reconocerlo públicamente o de pedir ayuda a la sociedad civil costarricense como enfoque país.

Son tantas las ventajas que ofrece nuestro país a Estados Unidos que en compensación, todos nuestros productos agrícolas no tradicionales deben mantener su acceso actual y nuestros sectores agrícolas sensibles mantener la protección a los alimentos que producimos. Además conservar las actuales condiciones de propiedad intelectual, que ya son ventajosas para ellos, así como el respeto al derecho a decidir qué hacer con nuestras instituciones y qué país queremos.

Hoy miles de productos industriales, tecnológicos, eléctricos, servicios, materias primas etc., que no producimos, las importamos sin mayores restricciones de USA. De igual forma deben entrar allá nuestros productos agrícolas. Por algo tenemos un déficit comercial tan grande.

Nos dicen que ante los nuevos tiempos el cambio es lo único permanente como actitud de superación y de adaptación. Sin embargo estas sabias palabras se han convertido en “slogan” haciendo creer en el cambio por el cambio como positivo y de avanzada pero muchas veces los cambios son retrocesos y mantener lo que tenemos es avanzar y mejorar, la meta. Después de 10 años de Tratado con E.E.U.U., México ha mantenido estable su salario mínimo, el cual continua siento la mitad del de Costa Rica… y nosotros sin TLC.

Para debatir un tema se necesitan ideas, para publicitarlo lo que se necesita es dinero, más de 2 millones en una página a color en un periódico o más de 800 mil colones por un minuto de anuncio televisivo entre 6-9 pm. Con esta avalancha publicitaria parecen tener razón los que defendiendo la renegociación u oponiéndose a este tratado, cuestionaban la validez de un plebiscito ante la abrumadora diferencia de recursos disponibles, lo cual da una ventaja evidente a quienes tienen estos medios económicos.

Por este motivo parece que lo más conveniente para el país es que don Abel no envíe al congreso el Tratado y este se convierta en el tema de campaña electoral, en donde en los próximos ocho meses los diferentes partidos políticos, en sus múltiples reuniones en todos los rincones del país, pueden expresar sus puntos de vista a la ciudadanía y ésta a través del voto, a los candidatos de su preferencia y afines con su filosofía, estarían rechazando o aprobando este tratado.

Ronald Solís Bolaños
Vicepresidente Cámara Empresarios Pro Costa Rica

San José, 27 de mayo del 2005.

El Comité Ejecutivo de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras, FENOCIN, resolvió en la asamblea del pasado 27 de mayo, realizar el 9 de junio próximo, una movilización en la ciudad de Guayaquil, sede de la “X Ronda de Negociaciones del Tratado de Libre Comercio, TLC, para exigir que Ecuador se retire de las negociaciones, y busque otras alternativas comerciales, en donde los pequeños productores puedan competir y los ecuatorianos mantengan el control de su soberanía.

El Presidente de la FENOCIN, Pedro de la Cruz, informó que como parte de las acciones de rechazo del TLC, se realizará el próximo jueves 9 de junio, a las 09H00, en la Plaza San Francisco, de Guayaquil, “La exposición de semillas”, como parte de las defensa de las semillas tradicionales y en contra de los transgénicos, que impone Estados Unidos. Los indígenas, dijo vamos a defender las semillas mediante los proyectos agro ecológicos que se están aplicando en las diferentes comunidades de la sierra, costa y amazonía, a través de los cultivos asociativos. Participarán en la exposición delegaciones de todas las provincias.

El dirigente indígena campesino, anunció que ese día, las organizaciones de base de la Cuenca del Guayas, se concentrarán a las 12H00, en el Coliseo de la Facultad de Educación Física de la Universidad Estatal, para participar en la movilizarán que iniciará a las 14H00 y se dirigirá hacia las Instalaciones del Banco de Progreso, ubicada en la avenida Francisco de Orellana, sede de la X Ronda de Negociaciones.

La FENOCIN, movilizará a más de dos mil personas, entre campesinos, arroceros, ganaderos, pequeños agricultores, quienes sienten desde ya los efectos destructores que acarreará el TLC, por eso insisten nuevamente al gobierno de Alfredo Palacio, para que Ecuador se retire con dignidad de este proceso de negociaciones, en los cuales Estados Unidos está imponiendo condiciones drásticas, sin importarles que la pobreza en el país se agudizará.

Pedro de la Cruz, señaló que esta organización está preocupada en vista de que en la X Ronda, no se incluye el tema agrario y que el gobierno de Estado Unidos negociará en Washington. Se preguntó, será a caso para imponer nuevas condiciones como siempre lo ha realizado.

www.fenocin.org
Ecuador

Mayo de 2005

(bilaterals.org).- República Dominicana está obligada a tener una competitividad “sistemática y no sólo basada en recursos naturales y fuerza de trabajo barata”, dice el estudio del PNUD dado a conocer a la prensa la semana anterior en Santo Domingo. Entre las trabas para alcanzar esa competitividad están los problemas eléctricos que arrastra el país caribeño desde hace años.

El TLC no representa “ventajas trascendentales” para el bienestar de los dominicanos, dice el PNUD, que analiza “las concesiones” que debió ejecutar Santo Domingo para aprobar el tratado con Washington en 2004.

“Desde enviar tropas a Irak, apoyar las solicitudes de Estados Unidos de no aplicar un artículo del Tribunal Penal Internacional (TPI) que permita juzgar a ciudadanos de ese país acusados de violar los derechos humanos”, incluyeron esas concesiones. Para lograr el acuerdo, el gobierno dominicano debió renunciar a posiciones en los foros internacionales “que pudieran ser interpretadas como contrarias a sus intereses económicos”, anotó el informe.

Para lograr competitividad, el país caribeño deberá “incrementar las exportaciones de bienes con mayor contenido tecnológico y en sectores más dinámicos”. República Dominicana debe impulsar acciones institucionales para crear un trato especial diferenciado de su economía con Estados Unidos.

Aunque las autoridades dominicanas anunciaron un 99,5% del universo de los bienes quedará exento de aranceles de manera inmediata, el 90% de las exportaciones dominicanas ya entraba libre a Estados Unidos.

En cambio, República Dominicana se comprometió a una liberación inmediata de 76,5% de sus líneas arancelarias y a desgravar el resto en 20 años. “Esto significaría un drástico desmantelamiento de las barreras a las importaciones, con potenciales implicaciones productivas y para los ingresos fiscales”, sostiene el informe.

República Dominicana es el principal socio comercial de Estados Unidos entre los signatarios del TLC y ocupa el número once entre los proveedores de textiles al mercado estadounidense. Aparte de ese renglón la economía dominicana depende del sector turismo y la venta de productos agrícolas. República Dominicana y Estados Unidos firmaron el tratado en abril de 2004, cuando ocupaba la presidencia el socialdemócrata Hipólito Mejía (200-2004) y ahora el liberal Leonel Fernández gestiona su ratificación en los parlamentos de ambos países.

www.bilaterals.org

Mayo de 2005.

¿Qué divulgó el estudio de impacto en Propiedad Intelectual (PI) que la Organización Panamericana de Salud (OPS) hizo en Colombia de cara al TLC?
En los resultados entregados en diciembre pasado se mostró que tanto patentes como protección de datos de prueba tienen un impacto negativo sobre el acceso a medicinas.

¿De qué efectos negativos estamos hablando?
Con las reformas solicitadas por EE.UU. en el marco del TLC se elevan los precios de los medicamentos en el mercado. En los países que tienen escasos recursos para sus sistemas de seguridad social y cuyos habitantes son pobres, un precio elevado se traduce en imposibilidad o mayores dificultades para acceder a los medicamentos. Eso en algunas enfermedades es particularmente grave. Tomado como ejemplo el sida se mostró que las personas que no tomen los medicamentos morirán.

¿Se puede cuantificar el impacto negativo?
La aplicación de varias de las medidas que sugiere EE.UU. pudieran perjudicar el acceso a medicamentos para 2,5 millones de colombianos en los próximos 10 a 15 años. Eso puede representar, a partir del 2015 (fecha de posible vigencia del acuerdo en el tema), que 2 500 personas mueran por Sida en un solo año por no poder acceder a los fármacos.

¿Qué sucede con otras dolencias más comunes del Tercer Mundo como infecciones respiratorias, intestinales…?
Con las reformas a la propiedad intelectual, cualquier molécula nueva que entre al mercado tendrá un monopolio de comercialización y, por tanto, tendrá un mayor costo porque tendrá un mayor beneficio comercial del que tiene ahora.

¿El estudio cuantificó el valor del producto comercial de marca con su genérico?
Hay varios estudios sobre esto y en promedio la diferencia está por sobre el 70 por ciento.

¿Ese 70 por ciento es utilidades y costos de patentes?
Sí. Para explicar esto es emblemático el caso del sida en Brasil. En ese país se redujo el costo por paciente de 15 000 a 800 dólares promedio, cuando el Estado dispuso la elaboración de genéricos en plantas nacionales, además de las importaciones paralelas. La diferencia es abismal.

¿Cuánto mueve al año el mercado colombiano de fármacos?, y de esto ¿cuánto paga en patentes?
Unos 1 500 millones de dólares y en patentes se pagan al año unos 100 millones.

¿Se puede hacer una comparación entre el mercado de Colombia y Ecuador para cuantificar el impacto de la Propiedad Intelectual?
Sí. Nosotros utilizamos variantes sencillas que se sirven del tamaño del mercado. Entonces, se pudiera estimar globalmente que si el mercado ecuatoriano es la mitad del colombiano, las pérdidas también van a corresponder a ese porcentaje. Sin embargo, hay que aplicar varios modelos de impactos según cada una de las realidades. La industria farmacéutica defiende la propiedad intelectual porque eso le permite continuar con las innovaciones tecnológicas.

¿Qué tan cierto es aquello?
Eso es cierto. La patente es un mecanismo para promover la inversión tecnológica, pero hay que ver la otra cara de la moneda. Si como país estamos pagando una medicina más cara hay que preguntarse qué es lo que ganamos. Los beneficios deben redundar en investigaciones en enfermedades propias de nuestros países.

Las farmacéuticas priorizan la investigación en enfermedades del Primer Mundo porque ahí están su mayores ventas. Colombia representa el 0,02 por ciento del mercado mundial de medicamentos, lo cual no es trascendental para las multinacionales. Otro punto es que no hay mayor transferencia de tecnología.

Así, cuando vence una patente la industria nacional puede producir genéricos más económicos. En Colombia, luego de respetar por 10 años estos acuerdos, la inversión extranjera en este campo y la transferencia en tecnología ha disminuido. De 32 plantas multinacionales que había, actualmente solo quedan siete.

Si nuestros mercados son tan pequeños, ¿por qué EE.UU. presiona en propiedad intelectual?
Estados Unidos tiene una estrategia que funciona en tres dimensiones: la global, la regional y la bilateral. Lo que no puede lograr globalmente lo intenta regionalmente.

Entrevista a: Miguel Cortés
Consultor de la Organización Panamericana de la Salud, OPS,
en el tema de Propiedad Intelectual

Tomado de: www.elcomercio.com

MÉXICO (EFE).- El aumento de las exportaciones agrícolas mexicanas a EE.UU. se debió, sobre todo, a la devaluación del peso, no al Tratado de Libre Comercio (TLC), afirmó ayer la Comisión Económica para América Latina.

En un informe divulgado ayer por el organismo, se destacó que las exportaciones mexicanas a EE.UU. crecieron a una tasa promedio anual de un 7.4% en la última década, cifra superior a la media de 1.9% observada entre 1990 y 1994.

Este resultado se había interpretado como un efecto benéfico del TLC. Sin embargo, diversos estudios apuntan a considerar el efecto del tipo de cambio en el comercio binacional debido a la fuerte devaluación del peso en diciembre 1994.

La Cepal explicó que realizó un análisis para separar los efectos de la devaluación y del rratado en el comercio agrícola.

“El estudio concluye que, en concordancia con investigaciones previas, el tipo de cambio es la variable de mayor importancia para explicar el comportamiento de las importaciones agropecuarias estadounidenses, particularmente en el corto plazo”.

El estudio observó que “una devaluación en 10% en el tipo de cambio real del peso contra el dólar produce incrementos de aproximadamente 3% en las importaciones estadounidenses”.

No significativo El estudio concluye que el TLC “es estadísticamente no significativo en una serie de especificaciones del modelo”.

Asimismo, señaló que otra conclusión apunta a que el aumento de las ventas agropecuarias hacia Estados Unidos es un proceso que había comenzado antes del TLC.

Mayo de 2005

El Rep. Grijalva reveló lo siguiente sobre el voto:

“Esta decisión oficial de oponerse a CAFTA es una clara declaración que nosotros, como miembros del Caucus Congresional Hispano, consideramos que la comunidad hispana merece un tratado superior a este acuerdo. El CAFTA es una extensión del modelo de NAFTA, el cual ha tenido un record terrible en más de once años.

Los defensores de CAFTA han tratado de hablar en nombre de la comunidad hispana, y no haber desistido de su estrategia de difamar a oponentes del CAFTA como “anti-hispanos”. Me da gusto que el CHC haya tomado acción para disipar estas tonterías. El “Comercio Libre”, tal como ha sido ejercido, ha dañado a Latinos en los EE.UU. y ha ampliado el hueco entre el rico y el pobre. No vamos a dejar que la Administración de Bush trate de decirnos que nos conviene”.

Aunque los Latinos representan sólo el 13 por ciento de la población, constituyen una cifra certificada de 47 por ciento de trabajadores quienes han perdido sus empleos debido al Tratado de Libre Comercio y así haber calificado para ayuda conforme al programa de Ayuda de Ajuste Comercial.

Grijalva reconoció el impacto que CAFTA tendría en inmigración, un tema de gran interés para el sur de Arizona:

“Hemos visto el impacto de NAFTA hacia la inmigración, ya que el flujo ha aumentado debido a 1.3 millones de agricultores mexicanos quienes se han visto evacuados de sus tierras debido a importaciones baratas estadounidenses. Las economías de América Central dependen aún más en la agricultura, y una réplica de la experiencia de NAFTA sería devastadora. Cuando las importaciones baratas estadounidenses empiecen a inundar, los trabajadores agrícolas Centroamericanos, aproximadamente el cincuenta por ciento de la población, tendrán que tomar empleos en las maquila o emigrar a los EE.UU.”

Grijalva también criticó fuertemente las provisiones de trabajo del CAFTA, las cuales sólo requieren que las naciones centroamericanas hagan cumplir sus leyes existentes, a pesar de que estas leyes no se conforman a los estándares de la Organización Internacional de Trabajo. La insuficiencia de asegurar los derechos básicos de trabajo ha sido notada en informes de la Organización Internacional de Trabajo y fue recientemente dirigido por documentos que el Ministerio de Asuntos Exteriores fue obligado a divulgar a petición del Congreso. La pena máxima por violaciones de trabajo es 15 millones de dólares por año, cantidad que el gobierno ofensor pagaría a sí mismo.

Grijalva agregó:

“Una ‘multa’ de trabajo que es una gota dentro del mar, y que un gobierno se paga a sí mismo, después de un proceso que excluye peticiones de ciudadanos, es completamente inadecuada. Al mismo tiempo que el CAFTA disminuye exigencias en programas regionales comerciales existentes, la Iniciativa de la Cuenca del Caribe y el Sistema Generalizado de Preferencias requieren que naciones reesfuercen leyes de trabajo para satisfacer los estándares principales de la Organización Internacional de Trabajo.

Finalmente, este acuerdo no hará nada para proteger el rico y bio-diverso medio ambiente de América Central, mas dará instrumentos a inversionistas extranjeros para socavar las pocas protecciones del medio ambiente existentes al reclamar que sus expectativas de ganancias no fueron realizadas.

Sobre toda cuestión pertinente a nuestra comunidad, el CAFTA es un pésimo trato. Espero ansiosamente colaborar con mis colegas del Caucus Congresional Hispano para derrotar este acuerdo”.

Más información en aquí:

San José, 27 de mayo de 2005.

Podemos distinguir: 1- agua para el consumo humano vía acueducto, y 2- agua como insumo para actividades productivas (incluyendo agua embotellada, agua para la cerveza, agua para los procesos de la industria informática INTEL, etc)

El TLC no se extiende al agua en lo referente al anterior punto 1. ¿Por qué? Considero que no por consideraciones de protección del recurso para el consumo humano en condiciones de equidad, todo lo contrario. Ya se habla de la “necesidad” de un TLC con la Unión Europea (UE), pues bien en la UE encontramos las mayores y más agresivas transnacionales del agua. Así que el agua (acueductos) quedará como carta de negociación ante los europeos, de igual forma que el ICE, el INS y la biodiversidad han sido cartas en el proceso del CAFTA.

En nuestro país encontramos cada vez más conflictos en torno al agua, es decir en torno a sus usos alternativos, estos conflictos acaparan la atención pública y son expresión precisa de los límites del actual modelo de explotación insustentable de la naturaleza (incluyendo al ser humano).

Sin embargo, la protección de los acuíferos, sobre todo para garantizar el consumo de agua de las comunidades y para las necesidades de los ecosistemas, se ve constantemente amenazada. En la lógica del TLC, el agua es mercancía, no un derecho, ni mucho menos fuente esencial no sustituible de los procesos de vida. Más y más empresas la emplean desde turísticas para irrigar sus abyectos campos de golf hasta industriales que la usan en enormes cantidades (para la industria de los microprocesadores por ejemplo) o bien para simplemente embotellarla y lograr enormes ganancias con su venta a cambio de miserables cánones.

¿Qué pasaría si hay un conflicto a partir de que esa expoliación del agua amenace el agua para el consumo y los cultivos de las comunidades, se podrá restringir la sobreexplotación en el marco del TLC? No es para nada viable. Veamos lo que se señala en la Sección D: Medidas no Arancelarias del artículo 3.8: Restricciones a la Importación y a la Exportación del capítulo 3 Trato nacional y acceso de mercancías al mercado

1. Salvo disposición en contrario en este Tratado, ninguna Parte adoptará o mantendrá alguna prohibición o restricción a la importación de cualquier mercancía de otra Parte o a la exportación o venta para exportación de cualquier mercancía destinada al territorio de otra Parte, excepto lo previsto en el Artículo XI del GATT 1994 y sus notas interpretativas, y para tal efecto, el Artículo XI del GATT 1994 y sus notas interpretativas se incorporan en este Tratado y son parte integrante del mismo, mutatis mutandis.

Empresas radicadas en el país (PANAMCO, ENERGY DE CENTROAMERICA S.A.Aguas Minerales de Costa Rica, Agua Electropura, etc) exportan agua bajo la designación Arancelaria 2201.90.00 “Aguas, incluso aguas naturales, artificiales o minerales, que no contengan azúcar u otros edulcorantes; hielo y nieve”. Estas exportaciones no alcanzan aún montos extraordinarios, pero las disciplinas desreguladoras y pro inversión del TLC podrían propiciar una exportación significativa del recurso.

El país, en caso de conflictos distributivos en torno del agua, tendría que plegarse a las normativas del Acuerdo General de Comercio y Servicios (AGCS) de la Organización Mundial del Comercio. En el artículo XI-2ª del AGCS se establece que eventuales restricciones a la mercantilización del agua solo serán posibles . Para prevenir o remediar una escasez aguda de productos alimenticios o de otros productos esenciales para la parte exportadora.

O sea la sociedad habría de experimentar una situación de crisis extrema para limitar el comercio del agua. Además, cualquier restricción sería de carácter temporal, con lo cual se prohíbe de hecho una gestión responsable del agua de cara a su condición de elemento fundamental para la vida, no solo humana, y de cara a las generaciones futuras.

Estamos, evidentemente, ante un verdadero modelo de desarrollo sostenido, pero no para las personas y los ecosistemas, sino para la acumulación del capital.

Con todo respeto,

Lic. Manuel López
Coeco-Ceiba

25 de mayo de 2005

M.Sc. Jorge Mora Portuguez
Especialista en Derecho Ambiental y Recursos Hídricos

Según Alejandra Aguilar: “contrariamente a lo señalado por los panelistas de este foro, el TLC no establece ninguna disposición que obligue al país a modificar la legislación relativa a la gestión del recurso hídrico, más bien, se establece la obligación de realizar un mayor cumplimiento de nuestros estándares ambiéntales incluyendo los relativos a la protección del recurso hídrico. En este sentido, es absolutamente incorrecto afirmar que el TLC provocará que el agua se regule por las reglas de la oferta y la demanda…”

¿Es correcta esta afirmación?

NO, no lo es.

Yo no dudo de la integridad profesional de Alejandra Aguilar, ni de su sensibilidad por los temas ambientales y sociales, pero es precisamente esta sensibilidad la que la lleva a confundir su deseo (de que el TLC no afecte al ambiente ni al agua) con la realidad.

Alejandra cae en la falacia del “wishful thinking” mencionada por Gustavo Solano en un artículo publicado por la Nación el pasado 15 de mayo:

“Es una tendencia natural del ser humano…confundir los deseos (o los temores) con la realidad…Esa ha sido la tónica de las pobres y estériles discusiones sobre el tema (se refiere al TLC), donde se han gastado miles de palabras en confirmar los deseos o los temores de sus admiradores o de sus detractores”

Este es precisamente el error en que cae Alejandra Aguilar, pues en su defensa a ultranza del TLC, obvia la realidad, los hechos, los antecedentes, que son al fin y al cabo los que nos indican el posible riesgo o no, que representa el TLC para nuestros países y sus recursos naturales; y se limita a describir lo que según ella implica el texto del Tratado.

Yo por el contrario no voy a caer en un “dime que te diré” sobre lo que dice o no dice el texto del TLC; sino a lo que ha sucedido en la realidad con el agua y con otros recursos naturales en países en donde se han firmado tratados de libre comercio similares al nuestro; especialmente el caso del NAFTA (México-Canadá-Estados Unidos) y luego haré algunas referencias a nuestro tratado para demostrar cuán equivocada está Alejandra sobre la inocuidad del TLC para nuestro ambiente o para nuestros recursos hídricos.

Más allá del Capítulo 17 sobre Protección Ambiental

Aun y cuando ciertas disposiciones del Capítulo 17 citado por Alejandra parecieran ir dirigidas a comprometer a los Estados a no hacer más laxa su normativa ambiental, lo cierto es que el problema principal no está en ese punto, sino en la imposibilidad de aplicar dicha normativa en función del capítulo de Inversiones y otros temas relacionados. Veamos:

Como bien lo señala Colmenares Mejía: “En el marco de los TLC el capítulo de Inversiones es crucial; en él se establece que las controversias que surjan entre los Estados firmantes y los inversionistas extranjeros, por presuntas violaciones del derecho de propiedad, serán dirimidas por tribunales arbitrales internacionales, cuando así lo soliciten dichos inversionistas, quienes podrán exigir una compensación por cualquier acto gubernamental que afecte sus ganancias potenciales. Queda establecido que tales demandas las pueden realizar las empresas contra los Estados, pero éstos no pueden hacerlo contra las empresas.”

En un informe para la Comisión de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU (del 17 de marzo del 2003) la Asociación Americana de Juristas (entidad consultiva especial de esta Comisión) señala que:

“En efecto, diversas corporaciones han ganado litigios arguyendo que las normas ambientales transgreden su derecho como inversionistas a tener utilidades. Los gobiernos han llegado a pagar millones de dólares a corporaciones mediante arreglos extrajudiciales.”

Entonces, si por ejemplo, decidiéramos regular la exportación de agua embotellada o el reconocimiento de un pago o restricción por el agua virtual exportada en hortalizas, frutas, productos industriales por parte de empresas transnacionales; estas podrían demandarnos ante un tribunal arbitral externo a nuestro país si sienten que sus intereses comerciales se ven afectados.

O bien, si quisiéramos establecer planes reguladores urbanos, de ordenamiento territorial, o de manejo de cuencas; y en las zonificaciones propuestas una empresa siente lesionados sus intereses, podríamos ser objeto de una demanda multimillonaria.

¿Y que pasaría si quisiéramos gravar la importación de autos usados?

¿O regular la exportación de productos elaborados con maderas finas?

¿O eliminar sustancias tóxicas en productos exportados al país por empresas transnacionales estadounidenses o del todo prohibir su ingreso?

¿Qué sucedería si quisiéramos “tomar medidas o aplicar instrumentos que estén vinculados a aspectos de desempeño, como sería el caso de aplicar impuestos a los agroquímicos para reducir la contaminación y mejorar el desempeño ambiental”?. (Miranda, F.)

¿O si quisiéramos “aplicar instrumentos fiscales para estimular el uso de tecnologías menos contaminantes o para desestimular, o restringir el uso de tecnologías ambientalmente ineficientes o negativas”? (Ibidem)

En todos estos casos las empresas “afectadas” podrían demandar al país por sumas multimillonarias ante tribunales arbitrales internacionales; procesos que aún y cuando los ganáramos (lo que casi nunca ocurre según lo demuestra la evidencia empírica) costarían al país millones de dólares.

Los siguientes son hechos reales, no producto de los temores o deseos de nadie (tomados de: Colmenares Mejía, E., Oxform Internacional y Asociación Americana de Juristas entre otros) y que nos indican a qué nos estamos exponiendo con la firma de este Tratado de Libre Comercio:

-La empresa Ethyl Corp. (USA) demandó a Canadá porque este país prohibió la venta del aditivo para gasolina MMT por ser una Neurotoxina peligrosa. El Gobierno de Canadá tuvo que pagar US$19,3 millones de indemnización.

– La empresa Metalclad (USA) demandó a México porque el Gobierno de San Luis Potosí le negó el permiso de construcción y operación de un relleno sanitario de desechos peligrosos por no cumplir normas ambientales y luego de que una auditoría geológica demostró que las instalaciones contaminarían el suministro local de agua. El Gobierno de México fue sancionado con US$ 16,7 millones.

– La empresa S.D. Myers (USA) demandó a Canadá porque este país, aplicando la Convención de Basilea, prohibió la comercialización transfronteriza de residuos de PCB. El Gobierno canadiense fue condenado a pagar US$50 millones y tuvo que retirar la prohibición.

– La empresa Sun Belt Water inc. (USA) demandó a Canadá por prohibir la exportación masiva de agua fresca hacia Estados Unidos. El gobierno canadiense fue condenado a pagar $10. 5 millones.

– La empresa Pope &Talbot (USA) demandó a Canadá porque este país restringió la cuota de exportación de maderas suaves con el propósito de protger sus bosques. La demanda es por US$ 461 millones.

– La empresa Methanex (Canadá) demandó al Estado de California porque este ordenó retirar del mercado el aditivo para gasolina MTBE (el cual es altamente tóxico para la Salud y el Ambiente). La demanda es por US$ 970 millones y aunque no se ha resuelto aún, el Gobierno de California ya ha tenido que desembolsar más de US$6 millones para su defensa en el proceso arbitral.

– La empresa Desona de Canadá demandó a México porque el Gobierno anuló el contrato de recolección y disposición de basura alegando mal desempeño. La demanda fue por US$ 20 millones.

– La empresa USA Waster (Acaverde) demandó a México porque el Gobierno de Acapulco rescindió el contrato de barrido y de construcción del relleno sanitario. Demanda por US$ 36 millones.

– La empresa Karpa, de USA demandó a México porque este país se negaba a rebajar los impuestos de exportación de cigarillos. Karpa ganó $ 1.5 millones.

En todos los casos anteriores las demandas se dieron debido a intenciones de los Gobiernos de aplicar medidas de protección ambiental o de la salud de las personas.

La realidad es que si bien el capítulo 17 señala que nuestros países pueden ser multados hasta por $15 millones por no hacer cumplir su legislación ambiental; lo cierto es que es mayor el riesgo a condenas mucho más elevadas si se adoptan medidas y regulaciones ambientales que puedan lesionar los intereses comerciales de tales empresas. Tal contradicción es real, es intrínseca a nuestro TLC y COMEX reiteradamente se niega a debatir al respecto.

Existen muchos otros casos similares en materias no relacionadas con Ambiente, pero que igualmente han implicado un fuerte impacto para la economía de México e incluso de Canadá, siendo las más beneficiadas en todos estos litigios, las empresas de Estados Unidos.

¿Está nuestros países en capacidad de resistir semejantes demandas?

¿Podríamos afrontar los costos millonarios que implica ir a un proceso arbitral aún y cuando no nos condenen?

El temor a demandas multimillonarias, o a procesos arbitrales con costos millonarios, podría llevar a nuestros Gobiernos a preferir no regular el desempeño ambiental de empresas transnacionales, o a hacerse la vista gorda sobre los posibles impactos de actividades dañosas por parte de estas.

Esto tampoco es un temor infundado, sino otra lamentable realidad que ya está ocurriendo en el caso de México; donde lejos de mejorar la calidad ambiental del país (como se había prometido con el TLC) el ambiente ha sido, junto a los pequeños y medianos productores, el gran perdedor:

En estadísticas mencionadas por Oxfam Internacional, se indica que a 6 años de vigencia del NAFTA “la situación histórica de agotamiento de los recursos y la contaminación, lejos de disminuir se venían acelerando…El costo de la degradación ambiental alcanza el 11% del PIB (cerca de US$36.000 millones anuales); y mientras el valor del daño del capital natural creció 20% el porcentaje destinado a su reparación disminuyó más del 50%.”

Otras fuentes citadas por la Asociación Americana de Juristas revelan que:

– En zonas maquiladoras el crecimiento de la polución y los desechos químicos han incrementado los casos de hepatitis y enfermedades congénitas.

– El uso de plaguicidas y fertilizantes se triplicó desde 1996.

– En Estados como Guerrero los bosques han sido talados hasta en un 60%.

– Seis millones de campesinos han perdido sus tierras y empleo.”

– Se han dejado de cultivar 2 millones de hectáreas de maíz como producto de la invasión masiva de maiz subsidiado desde USA, dejando en la miseria a millones de familias y aumentando la migración hacia aquel país a razón de un millón de personas al año. (Terre des Hommes-Managua)

Degradación ambiental en México (1988-1999)

Periodo	Deforestación Miles m3	Erosión Mill. Ton.	Agua contaminada Mill. m3
				Residuos sólidos Mill. Ton.	Hidrocarburos Mill. Ton.
Pre-TLCAN	5.246	479	17.360	21,7	2.233
TLCAN	3.435	629	19.103	32,7	2.858

(Fuente: VILLAMIZAR, Alejandra. Impactos ambientales de la liberalización económica. Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio. Oxfam International. Dic. 2001.)

El Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá (NAFTA) no deja duda posible de que México fue el gran perdedor en materia de soberanía alimentaria, agricultura y ambiente.

Existe suficiente evidencia empírica (más allá de los deseos de los asesores de COMEX) que ponen en evidencia los riesgos reales a los que se exponen nuestros países con la ratificación del TLC; riesgos que incluso el mismo Banco Mundial reconoce cuando en su Informe del 2005 señala la inconveniencia para los países pobres de ratificar Acuerdos Bilaterales con países como Estados Unidos. (“Proyecciones Económicas Globales”. 2005. BANCO MUNDIAL).

Estos son los hechos reales, no son producto de la imaginación, ni del temor. COMEX aducirá que una cosa es el NATFA y otra cosa es el CAFTA, dirán que nuestro capítulo de inversiones es distinto, así como el de regulaciones ambientales; pero lo cierto es que este Tratado, tal como lo advierten expertos y agencias internacionales, así como organismos financieros y de cooperación está concebido en los mismos términos en fue concebido el NAFTA, para beneficiar el comercio por encima de otras consideraciones de tipo social o ambiental, para beneficiar a las empresas transnacionales y no a la población.

El principio precautorio, una máxima del derecho ambiental reconocida internacionalmente que establece que la falta de “certeza científica no debe ser pretexto para permitir actividades que pudieran ser dañinas para el ambiente o para no tomar las medidas necesarias para su protección” debe ser razón suficiente para que no aprobemos este TLC tal y como ha sido negociado actualmente. Pero más allá de la ausencia de certeza científica, lo cierto es que la evidencia empírica, los hechos de la realidad, nos están indicando lo que le puede suceder a nuestros países si se ratifica este tratado en las condiciones actuales.