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ANEP cuestiona a AyA por realización de costosa conferencia sobre agua

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Actividad tendrá costo de 1.2 millones de dólares según publicación de un medio de comunicación

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) envió este jueves 28 de marzo, una carta a la Presidenta Ejecutiva de Acueductos y Alcantarillados (AyA), Yamileth Astorga, solicitando explicaciones por la realización de la V Conferencia Latinoamericana de Saneamiento 2019 (Latinosan), que le costará al país 1.2 millones de dólares.

Los cuestionamientos de la ANEP surgen luego de la publicación realizada por Diario Extra donde constatan la realización de dicha actividad del 1 al 3 de abril próximo, en el Centro de Convenciones, la cual reunirá a representantes de instituciones de varios países, indica la nota.

“Esta situación genera en la ANEP gran consternación considerando las enormes dificultades institucionales para suplir, con eficiente prontitud y calidad, los servicios estratégicos que AyA proporciona a la ciudadanía y que ésta resiente cuando los mismos no son prestados con calidad y con oportunidad, pese al enorme esfuerzo y compromiso del personal institucional, especialmente el de campo y el de actividad operativa más sensible”, manifestó Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP.

Para la ANEP, la prédica oficial de la crisis fiscal está sacrificando y golpeando a una enorme cantidad de hogares de la población trabajadora de este país; y, particularmente, muchos trabajadores de AyA, al enterarse de semejante erogación, la contrastan con la serie de dificultades cotidianas en la prestación del servicio, teniendo ellos que ser la primera cara de la institución con respecto a la comunidad usuaria.

Dentro de los principales cuestionamientos que realiza la ANEP al AyA destaca, si dicho presupuesto fue aprobado por parte de la Contraloría General de la República. Además, se cuestiona la aparente participación de Mauren Ballestero Miranda en la planeación de la actividad, así como el posible pago de consultorías hacía esta persona y otras personas no asalariadas de AyA.

Otra de las interrogantes del sindicato, se refiere a los beneficios que traerá para el país la realización de este evento, así como los resultados obtenidos por la participación en ediciones anteriores.

Para la ANEP, estas y otras consultas deben ser resueltas por parte de las altas autoridades de Acueductos y Alcantarillados en aras de la transparencia con la ciudadanía y los trabajadores de la institución, máxime por la situación fiscal que atraviesa el país.  

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Solicitud de Información So… by on Scribd

El especialista en Derecho Laboral, Mauricio Castro Méndez, en la comisión legislativa que tramita el proyecto de huelgas

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El Doctor en Derecho y Especialista en Derecho Laboral, Mauricio Castro Méndez, en la comisión legislativa que tramita el proyecto de huelgas.

Gepostet von ANEP am Mittwoch, 27. März 2019

UCCAEP pide y los diputados obedecen

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¿Qué intereses rondarán la prestación del servicio de administración
de la plataforma electrónica de factoreo que sería de uso obligatorio para todas las entidades del sector público?

UCCAEP pide y los diputados obedecen, tal pareciera ser la triste dinámica de cómo, quienes ocupan algunas curules en el Congreso, parecieran estar dispuestos a poner de rodillas al Primer Poder de la República ante la petición de esta cámara empresarial, induciendo con esto a error a los demás legisladores.

Lo anterior pareciera presentarse a raíz del trámite legislativo del expediente 19.957, Ley Marco del Contrato de Factoreo, el cual busca regular la relación entre las partes que intervienen en el proceso de factoreo (servicio financiero que consiste en anticipar el pago de una cuenta por cobrar, la cual es cedida a una persona física o jurídica y éste a su vez se encarga de administrar y cobrar dicho documento).

El texto base de este expediente legislativo propone que todos los entes y órganos del sector público que descuenten facturas utilicen una plataforma electrónica para que se automatice el proceso, también permite que las empresas privadas puedan utilizar esta plataforma. Pero además de lo anterior, la propuesta incial de este expediente  legislativo autorizaba al Instituto Costarricense de Electricidad o una de sus empresas, para que en calidad de administrador de plataforma electrónica pudiese establecer y operar la Plataforma Electrónica de Factoreo que sería de uso obligatorio para todas las entidades del sector público cuando actúen como pagadores.

Este expediente legislativo, en días recientes se dictaminó en la Comisión de Asuntos Económicos para pasar a ser visto en el Plenario Legislativo, dónde actualmente está listo para iniciar mociones 138 o en su defecto, ser sometido a votación en primer debate.

Sin embargo casi a última hora, durante el segundo día de mociones 137, la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos que conocía el proyecto, aprobó una moción presentada por el diputado Pedro Muñoz de la fracción del PUSC, en la cual se quita la autorización al ICE para gestionar la Plataforma Electrónica de Factoreo  (cosa que ya hace) y en lugar de eso dispone que el Estado deberá contratar un administrador de la Plataforma Electrónica de Factoreo por contratación administrativa ordinaria.

Lo anterior no solo implica una afectación al Grupo ICE, sino que, más grave aún, ASDEICE tiene información que dicho planteamiento, que abre la posibilidad para que se pueda contratar a una empresa del mercado para brindar dicho servicio, fue planteada por la UCCAEP, en atención a la consulta que la Comisión de Asuntos Económicos le hiciera a este sindicato de empresarios, sobre dicho expediente legislativo, del cual no se pidió consulta a los sindicatos de Trabajadores del ICE.

De esta forma, pareciera que la UCCAEP dice y los diputados obedecen sin chistar, ni consultar si quiera a los sindicatos de trabajadores, regulados por el mismo artículo constitucional.

ASDEICE considera que esta maniobra de trámite legislativo, genera una afectación al Grupo ICE, que ha realizado una inversión en equipo para operar este tipo de servicios.

Declaraciones de César López, Director Ejecutivo de ASDEICE

Debe tenerse presente que el servicio de factoreo mediante el uso de una plataforma electrónica, ya es brindado de forma exitosa por el Grupo ICE desde hace cerca de tres años, y sin costo alguno para los entes y órganos del Estado que lo utilicen.

Siendo que el Grupo ICE brinda el servicio a través de RACSA (subsidiaria), sin costo alguno para el Estado, resulta preocupante que los diputados de la Comisión de Asuntos Económicos, aprobaran la moción presentada por Pedro Muñoz del PUSC, para que el Estado contrate a empresas privadas para manejar este servicio. Máxime en tiempos de “crisis fiscal”.

Más preocupante es aún, que la Comisión no tomara en cuenta, el criterio remitido por RACSA a dicha comisión legislativa, mediante Oficio AJ-98-2019, en el cual se explicaba que este tipo de moción, de aprobarse induciría a error a los diputados, por tener imprecisiones con respecto al ordenamiento jurídico actual sobre el tema (artículos 6 y 9 de la Ley No. 8660, y artículos 1 y 201 del Reglamento al Título II de la misma).

Una posición responsable de los legisladores sobre este tema en Plenario, sería que a la hora de conocer el segundo informe para pasar a las mociones de reiteración (138), de conformidad con el artículo 154 del reglamento legislativo, reenvíen el proyecto de nuevo a la comisión dictaminadora, a fin de enmendar la situación.

Veremos si eso sucede, o si por el contrario debemos preguntarnos: ¿qué intereses rondan la prestación de este servicio por entes privados?

ANEP pretende que se blinde el régimen cambiario mediante proyecto de ley

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  • Iniciativa fue presentada ante la oficina de participación ciudadana de la Asamblea Legislativa
  • Proyecto busca evitar que la variación del precio del dólar afecte el bolsillo de los costarricenses

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) presentó ante la Asamblea Legislativa un proyecto de ley que blinde el régimen cambiario del “manoseo” en la oferta y la demanda de divisas en nuestro mercado.

La iniciativa fue presentada en la oficina de participación ciudadana. El proyecto denominado “Ley de racionalización del uso de las divisas extranjeras” pretende darle estabilidad al régimen cambiario en nuestro país.

“Hay que proteger a los ciudadanos, al pueblo trabajador, de los vaivenes del tipo de cambio que en la mayoría de los casos es inexplicable. Este proyecto busca evitar que la variación del precio del dólar afecte el bolsillo de los costarricenses, es necesario que se establezcan parámetros que llevarán transparencia en la toma de decisiones por parte de las autoridades monetarias”.

ANEP considera que la realidad y el panorama con el tipo de cambio refleja que ningún sistema de la administración de las divisas ha sido eficiente. Por el contrario, todos los cambios han reflejado que ninguno ha funcionado y en algunos casos han generado la escasez extrema y hasta acumulación excesiva de divisas.

Para mencionar en el país se han aplicado diferentes metodologías como el  tipo de cambio fijo (solo podía variarlo la Asamblea Legislativa), tipo de cambio dual (oficial y libre), controles cambiarios, registro de capitales, uso restringido de divisas( recordemos días amargos cuando el Banco Central tenía que autorizar hasta la compra de un tiquete de avión o gastos de viaje, viáticos, entre otros), minidevaluaciones, sistema de bandas (se fijaba un piso y un techo al precio de las divisas, flotación administrada, entre otros.

Una de las preocupaciones y situación inexplicable es el aumento del tipo de cambio desde mayo del 2008 hasta enero de 2010 (¢497,36 a ¢582, 21), cuando el BCR ya había acumulado más de $4.000 millones en sus reservas y no impidió el incremento en el precio de la divisa. Y lo mismo ocurrió en el período de julio a noviembre de 2018, en que el tipo de cambio pasó de ¢569,76 a ¢628,11 y ya las reservas habían pasado de los $ 4.000 millones a un promedio de $7.522 millones en el año 2018. 

La ANEP podría suponer que en algunas ocasiones ahorrantes e inversionistas en colones han pasado sus fondos a dólares, creando una falsa demanda de divisas, ya que muchos de esos movimientos bruscos en el tipo de cambio no coinciden con la situación económica costarricense.

“La devaluación de la moneda solamente beneficia a dos sectores: turismo y exportadores y perjudica enormemente al resto de los sectores: asalariados, deudores en moneda extranjera, inquilinos que tienen sus contratos en dólares, transportes, buses, importación de bienes y servicios básicos como los combustibles y lo peor, desde luego, sobre la canasta básica. Es decir, que los beneficios de la devaluación se quedan en las pocas manos de esos empresarios”, indica el documento.

En los últimos 15 años, las reservas de divisas han crecido desde $1694 millones (1 enero del 20013) a más de $8.000 millones en el año 2018.

“No puede haber explicación posible para que las distintas administraciones del BCCR se hayan dedicado a acumular reservas en exceso sin usarlas en su principal función:  mantener un tipo de cambio en equilibrio que no cause presiones inflacionarias”, agrega.

Seguirá siendo una flotación administrada, pero con diferentes reglas de juego.

En el proyecto de ley presentado por la ANEP, no habría restricción de divisas en cuanto a su libre disposición por parte de los diferentes participantes del mercado, no habría controles cambiarios.

Existiría un mercado de divisas en el cual el BCCR establecería los tipos de cambio de acuerdo únicamente al movimiento de los “fundamentales” de la economía, que estaría totalmente blindado al execrable mecanismo de la especulación, definida como la forma de aprovechamiento de los que tienen mayor poder económico, acaparando bienes básicos para venderlos cuando le es más propicio, es decir, cuando la escasez ha provocado un aumento de los precios.

Esta propuesta de ley tiene como fin fundamento evitar el uso especulativo de las divisas, propiciar un uso racional de las mismas y proteger a los ciudadanos de los abusos que pudieran cometerse en la fijación de los tipos de cambio. Tiene, además de lo señalado anteriormente, la ventaja de poner fin al ingreso al país de “capitales golondrina” que por su cuantía y su estacionalidad han causado en el pasado graves distorsiones en el sistema cambiario.

Limón: el fracaso más contundente de las políticas neoliberales

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Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Ninguno sale bien librado: ni el Partido Liberación Nacional, ni el Partido Unidad Social Cristiana, ni el Partido Acción Ciudadana pueden mostrar que sus respectivas administraciones han realizado políticas públicas realmente con carácter de integración social en cuanto a la provincia de Limón; si se quiere, la región del país que más contundentemente refleja el fracaso de las políticas neoliberales que estos tres partidos, al renegar de sus principios y valores fundacionales, terminaron adoptando en sus correspondientes administraciones ejecutivas.

La verdad es que, en las tres provincias costeras del país, Limón, Guanacaste y Puntarenas, los indicadores socioeconómicos generalmente aceptados en nuestra sociedad, reflejan con crudo dramatismo los tres más grandes vicios contaminadores de la convivencia democrática que se nos impusieron, cuando los gobernantes y las sucesivas administraciones de esos tres partidos, definieron que la promoción del lucro privado fuera el eje “articulador” de la integración social.

Estos tres flagelos, en Limón (tanto como en Puntarenas y Guanacaste), consisten en: 1) desempleo abierto, subempleo y precarización laboral y salarial; 2) desigualdad en cuanto a la distribución del ingreso vs. intenso proceso concentrador de riqueza; 3) alto índice de violencia en todas sus manifestaciones: económica, sociofamiliar, delincuencial, crimen organizado y narcotráfico.

Ahora Limón, tal vez como nunca antes se evidenció, muestra la dura realidad de que la entrada en operación de la transnacional de operación portuaria va ir en paralelo con el aumento de los impactos de esos tres flagelos; como si ya no fuese suficiente la cantidad de años que viene viviendo en rezago social integral, pese a que desde el punto de vista económico, todos los datos indican no solamente su potencial sino la enorme cantidad de recursos económico-financieros que se mueven con base en su estratégica ubicación geográfica.

Sin una agresiva política pública impulsada al más alto nivel político del Estado, Limón sucumbirá definitivamente.

Lo desesperanzador es que la actual administración gubernativa Piza-Alvarado, dado su carácter político-ideológico a favor del megacorporativismo de negocios, especialmente el de sesgo transnacional, no va a rectificar esa política de exclusión social y de expolio económico a Limón, si en sus pobladores y fuerzas vivas no media una especie de rebelión ciudadana.

La agresión política que, desde el Estado central, en este caso el MOPT y la Casa Presidencial, se da en contra de la institucionalidad pública representada en Japdeva, no deja lugar a dudas de que a esta entidad han decidido desaparecerla (o reducirla a una mínima expresión simbólica), pues la prioridad de la política pública es ahora, no sólo contundente, sino que profundamente ideológica en el caso del negocio portuario del país: todo mercado-nada Estado.

Creemos que nada bueno puede esperar el pueblo de Limón de parte de sus políticos del ahora tripartidismo hegemónicamente dominante: la tríada gobiernista PLUSC-PAC. Tampoco, aunque habrá excepciones de valor, la “nueva” clase política limonense parece estar a la altura del más grande desafío de inclusión social que tiene la provincia caribeña ante el expolio de los beneficios del negocio portuaria transnacional.

En nuestra modesta percepción de la realidad limonense actual, se debe impulsar la creación de un poderoso polo de poder, cívico-social, con vocación convocante para la movilización activa, para demandar de parte del Estado central (ahora volcado hacia el fomento del desarrollo de los mega-negocios como su prioridad), políticas de reactivación económica realmente efectivas y de promoción de contundentes acciones de inclusión social, mediando un gran papel inversor de parte del Estado que sí puede fomentarlo bajo la presión articulada de ese polo de poder cívico-social.

El sindicalismo nacional con propuesta-país, dentro del cual militan importantes agrupaciones laborales limonenses, cuenta con un amplio abanico de propuestas integradoras y de desarrollo económico-social que pueden ser consideradas por las fuerzas vivas de Limón, pero en articulación estratégica para un fuerte cambio de rumbo en lo que hasta ahora ha sido el ausente papel estatal en el fomento del crecimiento económico con inclusión social en la provincia caribeña.

La gravedad de la coyuntura, con lo poco activo de ese papel estatal que todavía queda en Limón, como lo es Japdeva, requiere la transformación cualitativa de las fuerzas vivas de la localidad (que son dignas de consideración), en un factor de poder desafiante de esa cruel hegemonía del capital, impulsada desde Zapote contra el pueblo caribeño.

Sala Cuarta ordena intervención de siete delegaciones policiales en mal estado

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La orden de la Sala Constitucional se da luego de que la Seccional ANEP-Fuerza Pública presentará una gestión de desobediencia en contra del Ministerio de Seguridad Pública (MSP) y el Ministerio de Salud, por incumplir un fallo previo de la Sala Constitucional, este último ordenaba la inmediata intervención de al menos 7 delegaciones policiales

Se trata de las delegaciones policiales de Guápiles (Pococí), Piedras Blancas, Peñas Blancas, Upala, Jicaral, La Peregrina y Palmar Norte por presentar condiciones insalubres que ponen en riesgo la seguridad de los policías y usuarios.

Lea: Sala IV da cinco días al Ministerio de Salud para presentar informe por mal estado de 13 delegaciones

En esta ocasión, la Sala Constitucional advierte, tanto al MSP como al Ministerio de Salud que de no cumplirse lo estipulado ordenará la apertura de un procedimiento administrativo disciplinario.

Por tanto de la Sala Constitucional

La Sala ha dado curso a nuestra solicitud y solicita la intervención. Estas delegaciones son totalmente inhabitables e infrahumanas, como es el caso, de la que se ubica en Guápiles, incluso esta tiene orden de clausura desde el año 2014, situación similar a la de Palmar Norte o bien el estado de la delegación de Peñas Blancas”, dijo Mainor Anchía, presidente seccional ANEP-Fuerza Pública

Declaraciones de Mainor Anchía

Trabajadores de Transfeco crean seccional de ANEP pese a represión por sindicalizarse

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Con la convicción de defender sus derechos laborales, trabajadores de la compañía Transfeco S.A. (empresa subcontratada por INCOFER) crearon la primera seccional de ANEP , esto pese a la represión que sufrieron algunos trabajadores por sindicalizarse.

 Unos cinco trabajadores fueron despedidos por afiliarse al sindicato, sin embargo la Unidad de Asesoría Jurídica de la  ANEP inició los procesos sumarísimos por discriminación con medida cautelar para que los trabajadores discriminados por su vinculación sindical fueran reinstalados provisionalmente. 

La ANEP agradece la confianza depositada en nuestra organización sindical para reinvindicar sus derechos laborales.

Por su parte la seccional fue conformada por :

Presidencia: Kathya Ballesteros

Vicepresidencia: Yuliana Mora

Secretaría de finanzas: Yendry Díaz

Secretaría de Organización y Conflictos: Yilberth Masís

Secretaría de Divulgación, Actas y Correspondencia: Melissa Méndez

Secretaría de Formación Sindical: Fernando Coto

Secretaría de Juventud: Yorlin Marenco

  • Seccional ANEP-TRANSFECO

Solicitan libertad de Carlos Andrés Pérez y la realización de un nuevo juicio

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Tribunal no fijo fecha para conocer la resolución de la apelación

Henry Loaiza, defensor de Carlos Andrés Pérez solicitó la mañana de este martes, ante el Tribunal de Apelación del Segundo Circuito Judicial de San José la libertad de su defendido, así como la realización de un nuevo juicio por vía ordinaria.

Loaiza cuestionó el accionar del Juez quien emitió la condena, ya que para la defensa omitió una serie de consideraciones que estarían probando la inocencia de Carlos Andrés Pérez.

“Existe una errónea valoración en cuanto a la prueba de descargo, ya que no valora nuestra declaración y prueba documental”, manifestó el defensor.

Otro de los cuestionamientos de la parte defensora presentada ante el Tribunal de Apelación, es que la acusación no tiene correlación con la sentencia.

“Lo único para poder solventar estos fallos es que se realice un nuevo juicio, con un tribunal distinto por lo que se solicita que el Tribunal de Apelación declare la ineficacia de la sentencia y que ordene el reenvío, para que un nuevo tribunal conozca la causa. Además, la solicitud de que no se trate en flagrancia sino mediante un juicio ordinario”, explicó Loaiza.

Según Loaiza, el objetivo es que se envié nuevamente a la etapa de investigación del Ministerio Público para que se incluya a otros sospechosos que fueron omitidos durante el juicio. Además, de la incorporación de peritos calificados en explosivos.

Declaraciones de Henry Loaiza defensor de Carlos Andrés Pérez

Durante la audiencia Carlos Andrés Pérez tuvo la oportunidad de dirigirse al Tribunal de Apelación para cuestionar las pruebas presentadas por la fiscalía, así como la versión de los ingenieros de Recope utilizados como testigos, donde evidenció la falta de conocimientos sobre el sistema aparentemente dañado.

Otro de los cuestionamientos de Carlos Andrés, es respecto a la declaración de los oficiales de la Fuerza Pública que lo detuvieron, ya que el acta presentada por estos últimos dista mucho de la declaración presentada durante el juicio. Donde incluso se incluyen elementos físicos que no fueron decomisados como prueba durante el arresto.

Audiencia de apelación caso José Andrés Pérez #LibertadParaCarlosAndrés

Gepostet von ANEP am Dienstag, 19. Februar 2019
Audiencia de Apelación

Desde las afueras de los Tribunales de Justicia en Goicoechea #LibertadparaCarlosAndrés

Gepostet von ANEP am Dienstag, 19. Februar 2019
Ambiente en las afueras de los Tribunales de Justicia en Goicoechea previo a la audiencia

Debacle fiscal: fracaso rotundo de los gobiernos PLUSC-PAC

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Por Albino Vargas, Secretario General ANEP

“Juzgados y sentenciados”, fiscal y tributariamente hablando. Así interpretamos nosotros la publicación del documento “Desafíos fiscales estructurales de Costa Rica: más allá de la reforma fiscal de 2018”,elaborado por el ICEFI.

Según su sitio web, www.icefi.org, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales -ICEFI-, “…es un centro de pensamiento independiente a gobiernos, partidos políticos o cualquier otra organización de la sociedad civil, que elabora investigaciones y análisis técnicos en materia fiscal en América Central. Además, brinda información, asesoría y capacitación sobre estos temas, especialmente a los poderes legislativos, autoridades locales y organizaciones sociales y políticas. Con una visión integral y de largo plazo, el ICEFI promueve la discusión y reflexión de los temas fiscales para buscar consensos y acuerdos que contribuyan a la edificación de sociedades y Estados equitativos, democráticos y prósperos”.

Tanto tiempo de nuestra parte; tantos comentarios, artículos y declaraciones periodísticas; tanto esfuerzo político-social y sindical (junto otros valiosísimos aportes académicos y partidarios en la línea de la promoción del bien común y de la noble lucha contra la desigualdad y contra la exclusión sociales), se recompensan, mediando con gran autoridad profesional e intelectual en este documento, “Desafíos fiscales estructurales de Costa Rica: más allá de la reforma fiscal de 2018”.

Hace tiempo habíamos acuñado la expresión Transformación Tributaria Estructural para denominar la gigantesca tarea cívico-patriótica y sociopolítica con miras a cambiar la profunda naturaleza perversa de la situación impositiva-fiscal del país, misma que está en la base de los graves desequilibrios que vienen amenazando a la Democracia misma; y, que, por otra parte, dejan en contundente evidencia el fracaso de las últimas administraciones gubernativas de la hoy tríada gobiernista PLUSC-PAC.

Efectivamente, los partidos Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana y Acción Ciudadana nunca quisieron enfrentar el real poder hegemónico político-económico que ha contralado las sucesivas administraciones gubernativas de cada uno (incluida la actual); y, por tanto, en conjunto, son responsables de la actual debacle fiscal del país, por un lado.

Por otro, se han hecho acreedoras al descrédito ciudadano, a la deslegitimación política y al desprestigio total, al punto de que Carlos Alvarado Quesada esté en esto momentos calificado como el peor gobernante presidencial de las últimas cuatro décadas.

La debacle fiscal en la que está el país, por tanto, no es más que los resultados del fracaso total de los gobiernos PLUSC-PAC; debacle y fracaso que el objetivo, profesional y serio documento del ICEFI, “Desafíos fiscales estructurales de Costa Rica: más allá de la reforma fiscal de 2018”, sintetiza en estos 10 aspectos:

1) Gasto público insuficiente para atender las demandas de la población; y sumamente rígido. 2) Poca transparencia en la ejecución del gasto. 3) Los ingresos públicos son insuficientes para cubrir los gastos. 4) La carga tributaria es rígida. 5) Los resultados del combate a la evasión tributaria son muy pobres. 6) La estructura tributaria no permite el combate a los flujos ilícitos de capitales (FIC). 7) Estructura tributaria regresiva. 8) Persiste el otorgamiento de gastos tributarios como estrategia de competitividad. 9) El déficit fiscal ha sido creciente. 10) La deuda pública tiene rasgos de insostenibilidad.

Cada uno de estos diez aspectos que, de manera elegante y diplomáticamente el ICEFI denomina “desafíos fiscales estructurales de Costa Rica”, y que nosotros puntualizamos como los elementos más notables de la debacle-fracaso de los gobiernos Calderón Fournier, Figueres Olsen, Rodríguez Echeverría, Pacheco de la Espriella, Arias Sánchez, Chinchilla Miranda, Solís Rivera y Alvarado Quesada (todavía en desarrollo); caracterizan la situación socioeconómica del país con estos comentarios formulados por el estudio del ICEFI y que resultan de obligada atención para todas las personas habitantes de nuestro país:

El ritmo de crecimiento de Costa Rica se desaceleró después de la crisis financiera de 2009; Costa Rica ha ido perdiendo relevancia como destino para la inversión extranjera; la infraestructura vial es inferior en calidad al respecto de Centroamérica; 2 de cada 10 costarricenses continúan viviendo en condiciones de pobreza (ya casi 3, decimos nosotros); Costa Rica es el único país de Centroamérica en el que la desigualdad ha aumentado durante el siglo XXI; el desempleo afecta la economía y el bienestar (el oficial, indicamos nosotros, ya está superando el 12 %); los indicadores de inseguridad han crecido en los últimos años; persisten desafíos en la cobertura de la educación preescolar y secundaria II; …´

Para los movimientos sociales costarricenses, especialmente los sindicales, el documento del ICEFI, “Desafíos fiscales estructurales de Costa Rica: más allá de la reforma fiscal de 2018”, representa una excelente guía de acción para los próximos meses; especialmente para organizaciones sindicales que tenemos en nuestras plataformas de lucha este tipo de temas-país, más allá de la necesaria atención de las tareas cotidianas corporativo-gremiales.