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¿Quién le pondrá el cascabel al gato? Una de las tareas cívicas de mayor postergación y que más urgen en materia de transparencia de la gestión institucional y de manejo de los recursos públicos, tiene que ver con la multimillonaria suma de dinero que, anualmente, se destinan vía el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), para construcción y manteniendo vial.

La magnitud de este dineral, cerca de 3 puntos porcentuales de Producto Interno Bruto (PIB), ¡por año!, no ha emergido con potencia en el marco de la discusión del problema fiscal del país.

Con toda seguridad, debido al mega-poder que representan las cuatro-cinco corporaciones privadas que, actuando como oligopolio, tienen un desproporcionado poder de incidencia política que el pueblo costarricense ni se imagina.

Demasiadas son las situaciones en este campo que, repetimos, en su monumentalidad fiscal, siguen siendo invisibilizadas, con evidente intencionalidad política de por medio.

¡Cómo nos viene a decir ahora que hay que pagar 4 millones de dólares para el mantenimiento y la vigilancia a la parte que ya está construida de la carretera a San Carlos en su tramo central! Parte que, por cierto, estaría mal construida o que no sirvió del todo.

Esa parte es de 30 kilómetros en total. Entonces, atenderlos cuesta 133.333.333 dólares por kilómetro, lo que equivale en colones, a 78 millones 666.666 colones; o, de otra forma, a 78 mil 666 colones por metro. ¿Es esto caro? ¿Qué dicen los especialistas?

Según nos informamos, esos 30 km., median entre los pueblos de La Abundancia de Ciudad Quesada y Sifón de San Ramón, cuya construcción demandó 300 millones de dólares, es decir, 177 mil millones de colones (177.000.000.000). ¡Por Dios Santo!

Prácticamente, estamos hablando de medio punto porcentual del Producto Interno Bruto (PIB), 0.50%, en tan sólo 30 kilómetros.

Cada uno de esos 30 kilómetros costó, entonces, 5.900 millones de colones; y, cada metro construido, entonces, costo 5 millones 900 mil colones. ¿No creen ustedes que esto merecería un proceso de auditoraje político-público con urgencia?

¡Aquí no termina todo! Todo ese montón de plata “no alcanzó”. Según el Gobierno apenas se construyó el 80 por ciento de esos 30 kilómetros. O sea, estarían faltando 60 millones de dólares, es decir, unos 35 mil 400 millones de colones más. ¿Hay o no hay razón para pegar el grito al cielo? Algo se habría construido mal, repetimos y según nos cuentan. ¿Y los responsables?…

Ahora resulta que todo esto no es suficiente. Según dice el MOPT, el proyecto es llevar la carretera desde Sifón de San Ramón hasta San Miguel de Naranjo y, ¿adivinen qué? Que se requieren OTROS 300 MILLONES DE DÓLARES. Lo hemos puesto en letras mayúsculas procurando resaltar la magnitud de los dineros públicos en juego. ¡Quedamos, sinceramente, atónitos!

Otros 300 millones de dólares, haría que la inversión en esta obra pública vial ascendiera a un 1% del PIB, adicionándose unos 15 kilómetros más para alcanzar el punto final de destino, San Miguel de Naranjo. Hablamos que, de manera equivalente, esta obra representaría un 0.83% de todos los dineros que pretende recoger el combo-fiscal, ya ley de la República, No. 9635.

¿Quién se opone al progreso? ¡Nadie! Menos nosotros, sabiendo que de por medio en este tipo de construcciones de infraestructura pública media empleo. Sin embargo, somos del criterio de que estos procesos merecen gran auscultación pública.

Los fondos manejados por el Conavi a lo largo de los últimos tiempos, los poderosísimos intereses mega-corporativos relacionados con ellos y la necesaria función auditora real que se requiere, es parte de un todo integral de la discusión nacional del tema del déficit fiscal; misma que no se ha dado y que ocupa de un potenciamiento político del poder popular que sabemos que existe, pero que no está materializado ante la ausencia de conciencia plena de las personas responsables en cada faceta organizativo-política en la cual el mismo está latente.

Este escandaloso desastre vial multimillonario es una pequeña muestra de esa gigantesca parte del problema fiscal del país a la cual no se le quiere entrar pues, precisamente, ha de dejar en evidencia la naturaleza del perverso crimen social que ha significado la intensa y maléfica campaña de agresión psicológica y de terrorismo ideológico que ha representado el ataque virulento y descomunal contra el empleo público.

“El experimento neoliberal -impuestos más bajos para los ricos, desregulación de los mercados laboral y de productos, financiarización y globalización-, ha sido un fracaso espectacular”.

Esta contundente afirmación es del señor Joseph E. Stiglitz, destacado economista estadounidense, Premio Nobel de Economía, incluida en su más reciente artículo Después del neoliberalismo,

En Costa Rica, ¡también! El neoliberalismo ha sido un fracaso espectacular.

Es tal la cantidad de costarricenses que están sufriendo en estos momentos que no deja de pensar uno en que llegó la hora del ajuste de cuentas ciudadano con unas políticas económicas diametralmente opuestas a valores tan intrínsecos a nuestra forma de ser costarricenses como la promoción del bien común, como la inclusión social, como las políticas contra la desigualdad, como la promoción de oportunidades.

Esto debemos estarlo señalando en todo momento, especialmente a pocos días de la entrada en vigencia del más reciente ataque de esas políticas económicas fracasadas: la entrada en vigencia de la monumental injusticia que representa el impuesto al valor agregado (IVA), con su carga de más regresividad y de mayor corrupción. ¿Por qué?

La regresividad es la característica fundamental del actual sistema tributario costarricense: pagan más, proporcionalmente hablando, quienes ganan menos; y los que, teniendo más, debiendo -por tanto-, pagar más, pues no lo hacen del todo, lo burlan, lo evaden, lo esconden fuera del país.

Si ya la corrupción con el ya moribundo impuesto de ventas era gigantesca, pues su evasión y/o robo ha sido astronómica; con el IVA sucederá exactamente lo mismo, o peor, puesto que se habrá de incrementar la acumulación ilegal por todas las formas y triquiñuleas posibles dada la incapacidad gubernativa, intencionalmente política, para no convertir en desafío estratégico el combate frontal a la evasión tributaria en todas sus manifestaciones.

Esta circunstancia es tan sólo un ejemplo del fracaso espectacular del neoliberalismo del cual nos habla el señor Stiglitz; de lo cual tienen mucho que decir, para el caso costarricense, el millón de personas trabajadoras que están en la informalidad y, prácticamente todas al margen de la Seguridad Social, misma ésta que va en camino de una quiebra que ya no se ve tan lejana.

Del fracaso espectacular del neoliberalismo también nos pueden decir mucho los costarricenses de la actividad agrícola y hortícola del país, en vías de extinción y en viaje directo hacia la marginalidad y la exclusión económico-social. El doloroso caso de los tomateros que se hizo público este fin de semana, es más que emblemático.

Del fracaso espectacular del neoliberalismo nos pueden hablar, las miles de personas trabajadoras asalariadas del sector Público, víctimas de un acoso ideológico-político-mediático jamás visto en la historia del país; y que nos pone a pensar, guardando las dimensiones de espacio y de tiempo, en el acoso ideológico-político-mediático que sufrió el pueblo judío antes del Holocausto.

Del fracaso espectacular del neoliberalismo nos pueden hablar, las miles de micro-medianas empresas, agobiadas por un cerco económico cada vez más asfixiante, en un país que había venido teniendo su parque productivo compuesto en hasta un 95 % en este tipo de negocios.

Del fracaso espectacular del neoliberalismo nos puede decir mucho esa juventud desempleada que está dramáticamente indicando que dos de cada tres personas jóvenes desea abandonar el país; o, ese 36 % de compatriotas que está diciendo que si tuviera los recursos suficientes se iría de Costa Rica.

Del fracaso espectacular del neoliberalismo nos pueden hablar las miles de personas trabajadoras y empresariales  altamente endeudadas, encadenadas a los extorsivos intereses de usura en tarjetas de crédito, por ejemplo. Intereses de usura que le sacan del bolsillo a la gente, 4 y medio millones de colones, ¡por minuto!, sin que tengamos noción clara del pago de impuestos en las mismas proporciones por parte de los emisores de esas tarjetas.

Del fracaso espectacular del neoliberalismo nos da cuenta la impagable deuda pública del país y del crimen social que significa el pago de sus intereses de usura; fomentándose más endeudamiento que nos conduce a un precipicio de catastróficas consecuencias generadoras de un dolor indescriptible.

Más ejemplos podemos citar acerca del fracaso espectacular del neoliberalismo en Costa Rica. Por eso es que pensamos que ha llegado la hora del ajuste de cuentas ciudadano en la línea que planteamos en un artículo anterior en esta misma publicación, “Del enojo a la articulación para la acción”.

Al menos, éste es nuestro pensamiento ante la profunda indignación que invade a la mayoría de la población costarricense actual.

Este es nuestro cuarto comentario sobre este asunto y aunque indicamos que será “final”, no vamos a dejar de hablar de él en fechas próximas, pues se contiene en ese informe una buena parte de la ruta que deberíamos seguir como sociedad si, en verdad, nos propusiéramos evitar que nos lleven al precipicio de la exclusión, de la desigualdad y de la violencia.

No es difícil explicarse cómo es posible que el Informe Final del expediente legislativo No. 19.973, fechado 30 de marzo de 2017, emitido por la Comisión Especial Investigadora de la Asamblea Legislativa sobre el caso de Los Papeles de Panamá, haya sido completamente invisibilizado; y de manera maligna, no se haya convertido en prioridad político-estratégica en un momento histórico tan delicado para nuestro país, como el actual en que vamos hacia una polarización total en materia de distribución de la riqueza y de los beneficios del crecimiento económico.

Evidentemente, los dueños del real poder político-económico, controladores de los gobiernos sucesivos del PLN, de PUSC y del PAC, quedan retratados de cuerpo entero en cuanto a sus tropelías jurídicas de todo tipo para no honrar su compromiso ético-moral con la sociedad: tributar, proporcionalmente hablando, de acuerdo a sus ingresos; o bien, no hacerlo del todo mediante una amplia gama de alternativas evasoras de corte legal, unas; ilegales, otras.

Repetimos que toda persona comprometida con la Democracia, cualquier ciudadano abrumado por el rumbo equivocado que le han impuesto a este país la clase hegemónicamente dominante; así como esa gran parte de la ciudadanía que hoy se siente defraudada, enojada e indignada; debería considerar leer (al menos), y ojalá, estudiar este documento.

Este es nuestro cuarto comentario sobre este asunto y aunque indicamos que será “final”, no vamos a dejar de hablar de él en fechas próximas, pues se contiene en ese informe una buena parte de la ruta que deberíamos seguir como sociedad si, en verdad, nos propusiéramos evitar que nos lleven al precipicio de la exclusión, de la desigualdad y de la violencia.

Las sociedades europeas nórdicas han sido realmente exitosas con base en la existencia de modelos tributarios progresivos que, de un modo u otro, dieron sostenibilidad a sus sistemas de inclusión social y de relativa igualdad.

Dentro de los aspectos más valiosos contenidos en este documento, al revisar la parte denominada Recomendaciones frente a vacíos legislativos, nos permite constatar el verdadero crimen social que ha representado la naturaleza perversa del sistema tributario costarricense: su injusta regresividad.

19 vacíos legislativos fueron señalados y, como es lógico suponer, el real poder no tiene el menor interés en abordarlos.

Los citamos todos seguidamente y noten ustedes cuál es la profundidad de los cambios que requiere el sistema tributario nacional; gigantesco desafío que solamente mediante la llegada un gobierno poderoso volcado hacia el bien común y hacia la inclusión social, podría asumir semejante tarea y con obligada movilización ciudadana de abierto apoyo.

• Mantenimiento del sistema de renta territorial y el uso de sociedades offshore para eludir o evadir el pago de tributos.
• Opacidad y frágil regulación de personerías jurídicas y fideicomisos.
• Exoneraciones del impuesto sobre la renta disponible entre sociedades costarricenses.
• Falta de regulación de los aportes extraordinarios de capital.
• Carencia de un impuesto a las ganancias de capital.
• Debilidades del actual Impuesto General sobre las Ventas que facilitan la evasión (eso se agravaría con la entrada en vigencia del IVA pues nada de esas debilidades se corrigieron).
• Débil régimen de sanciones y supervisión de asesores fiscales.
• Limitaciones en definición de tipo penal del delito de legitimación de capitales.
• Falta de regulación de precios de transferencias.
• Debilidades en la definición del delito de defraudación fiscal.
• Falta de regulación de las entidades financieras sin fines de lucro.
• Ausencia de marco legal que facilite la supervisión consolidada de entidades financieras.
• Débil protección de socios minoritarios
• Transparencia y acuerdos de intercambio de información
• Carencia de normas de subcapitalización que sancionen los endeudamientos ficticios.
• Falta de una cláusula anti-elusiva general.
• Falta de normas anti-paraíso fiscal.
• Legislación insuficiente para normar el riesgo de evasión o elusión por parte personajes públicos o políticamente expuestos.
• Legislación sucesoria y para la regulación de fundaciones desactualizada.

Cada uno de esos 19 vacíos legislativos tiene sus respectivas recomendaciones que nos permitirían acometer la urgente tarea de, por un lado, atajar el crecimiento de la desigualdad; y, por otro, sentar las bases para un renacimiento de una Costa Rica realmente inclusiva y solidaria, como en su momento la pensaron patriotas que, de estar vivos hoy, estarían encabezando revueltas cívicas contra los actuales detentadores del poder real que nos han impuesto un modelo económico que hace aguas por todo lado.

Por: Albino Vargas Barrantes
Secretario General de la ANEP

La irresponsabilidad de la tradicional y actual clase gobernante del país ha llegado a niveles que podrían ser catalogados como de crimen social contra toda la colectividad nacional, cuando nos enfocamos en la gravedad y en la profundidad del problema tributario y fiscal del país, porque no se atreven a enfrentarlo abiertamente.

Esa clase gobernante está hoy, básicamente, aglutinada en los partidos Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana y Acción Ciudadana; matriculados los tres con una agenda ideológica idéntica en cuanto a que la priorización fundamental no es ni la promoción del bien común, ni la inclusión social, ni la reactivación económica; ni, mucho menos, la reducción de la desigualdad.

Con contundencia se puede afirmar lo anterior si nos centramos en el accionar de esa clase política en lo que respecta a la responsabilidad de la misma en proceder con la implementación de las recomendaciones vertidas en el informe de la comisión parlamentaria de Los Papeles de Panamá

Ese informe fue enfático en puntualizar en ocho expedientes legislativos de urgencia para la sociedad y los catalogó “como prioritarios y temáticamente atinentes como posibles soluciones legislativas de la problemática detectada”.

Como lo apuntamos en nuestra entrega anterior, para nosotros la “problemática detectada” no es otra cosa que empezar a tomar medidas político-legislativas serias para que el país enfrente a la criminal mafia organizada del robo de impuestos y del fraude fiscal en Costa Rica.

Pues bien, de los ocho proyectos catalogados como prioritarios, solamente uno ha sido puesto en real tramitación parlamentaria: es el expediente legislativo No. 19.571, denominado “Ley especial de extinción de dominio”, que generaría la pérdida de bienes originados por actividades ilícitas o delictivas, resolviéndose por medio de sentencia en firme y declarándose la titularidad a favor del Estado sin contraprestación ni compensación alguna para la persona afectada”.

Una ley más que necesaria en un país como el nuestro que tiene una estructura tributaria que no permite el combate a los flujos ilegales de capital, según el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), en su reciente informe Desafíos fiscales estructurales de Costa Rica: más allá de la reforma fiscal de 2018, emitido en febrero pasado.

Hoy estamos notando la feroz oposición de grandes sectores del capital y su prensa afín a que se apruebe tal legislación, lo cual podría ser una pista de que esos flujos ilegales de capital tienen ya fuerte expresión política organizada como para bloquear este tipo de legislación tan urgente para el país.

Los otros siete proyectos de ley jamás fueron de interés político real, ni por parte del gobierno anterior ni por parte del actual, en cuanto a ponerlos a despacho de trámite parlamentario en los períodos extraordinarios de sesiones legislativas.

Es decir, para el Partido Acción Ciudadana (PAC), cabeza del Poder Ejecutivo en los últimos cinco años, las transformaciones tributarias estructurales que ocupa el país y que serían congruentes con su discurso filosófico-político original, nunca fueron de su interés real.

Y como es de lógica conclusión, tampoco este tipo de transformaciones ya no son ideológicamente congruentes ni para el otrora partido socialdemócrata PLN, ni tampoco para el autoproclamado como socialcristiano Unidad.

Veamos, seguidamente, para qué se ocupan esas siete leyes. El expediente legislativo 19.645, Ley de creación de la jurisdicción especializada en delincuencia organizada en Costa Rica. El 18.213, Levantamiento del velo de la personalidad jurídica. El 19.639, para que no se necesite autorización judicial para el requerimiento de información de transcendencia tributaria solicitada a entidades financieras. El 19.951, Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo. El 19.282, ley para la supervisión consolidada de los grupos financieros. El 19.640, ley con el objetivo de mejorar la conceptualización de los obligados tributarios, mejorar la definición de la responsabilidad solidaria y adicionar la definición de responsabilidad subsidiaria. El 19.679, ley para la modernización del actual impuesto sobre la renta, eliminando portillos que permiten evadir obligaciones tributarias, gravando las ganancias de capital y haciendo más progresivo el impuesto sobre pequeñas y medianas empresas.

Se puede notar, en consecuencia, que no habrá forma alguna de que la clase gobernante actual del país se disponga a la ejecución de la tarea más relevante de nuestro tiempo, la de la transformación tributaria estructural; si no media una gigantesca y estratégica fuerza sociopolítica de signo contrario a la hegemonía político-ideológica que priva en el seno de esa clase.