¿Cuál es la estrategia contra el narcotráfico?

En momentos en que el crimen organizado diversifica sus operaciones, incrementa su incursión en nuestro territorio, nuestro país carece de un Plan Nacional Sobre Drogas. El último plan sobre drogas, 2013-2017 expiró y a la fecha no se tiene listo el que debería servir para el periodo 2018-2022. Ahora bien ¿cuál es entonces la estrategia? ¿cómo desarrollan sus actividades la Policía de Control de Drogas (PCD) y el Servicio Nacional de Guardacostas (SNG)?

Recientemente se conoció del hallazgo de un semisumergible con poco más de dos toneladas de aparente Clorhidrato de Cocaína en el sector de Corcovado de Osa. Para nadie es un secreto que el Océano Pacífico hace varios años viene siendo la ruta de paso del Narcotráfico, varias lanchas rápidas en el pasado fueron encontradas o decomisadas al crimen organizado. Sin embargo, en el Pacífico Sur, propiamente en Osa, los recursos en materia de seguridad son bastante escasos. Sectores como: Palmar, Ciudad Cortés, Bahía Drake y Sierpe, carecen de infraestructura policial y por ende de personal.

Ahora bien, en relación con el hallazgo de un semisumergible en Corcovado de Osa; llamó mi atención y no debe pasar desapercibido lo siguiente: se nota una clara variación en la información entre una declaración y otra, por parte de nuestras máximas autoridades, lo cual, me parece se motiva en la necesidad de dar un enfoque político al tema. Lo otro que llamó mi atención desde el principio fue: ¿qué hacía un funcionario de Guardaparques en una custodia que es competencia de la PCD, la UEA, el OIJ o de un cuerpo policial especializado? ¿Quién ordeno que un funcionario sin chaleco antibalas, sin preparación específica en el tema, fuera parte de una custodia de altísimo riesgo?

Nuestro territorio sigue siendo tomado por el narcotráfico y el crimen organizado, mientras tanto, seguimos careciendo de una verdadera estrategia nacional sobre drogas, así como de una Política de Estado, para dar contención al ilícito negocio de los estupefacientes. Valdría la pena conocer ¿Qué se hace con los dineros decomisados al narcotráfico y al crimen organizado? Por ejemplo: ¿qué se hará con el dinero recientemente decomisado a un grupo de orientales en el Barrio Chino?

Podría emplearse en dotar a nuestra Policía de equipo, de instalaciones dignas, además de lo que se destina al IAFA para la prevención del consumo de drogas, por cierto, con resultados poco alentadores. Paradójicamente, al mismo tiempo que vemos el empoderamiento del narcotráfico, la incursión e infiltración del crimen organizado en nuestro país, y el crecimiento de la actividad delictiva producto de la exclusión social, nuestros cuerpos policiales de debaten en una constante incertidumbre, incerteza jurídica e inclusive, indefensión ante la aplicación de la justicia. No se protege la actuación de los cuerpos policiales, no creo ser el único que ha escuchado a un juzgador decir: “usted es policía, tiene que estar acostumbrado a los insultos y a que le escupan la cara”, pero, al momento de ser juzgados por sus actuaciones, se hace con absoluta rigurosidad. Lo anterior surge de la teoría de que el Policía debe mantener una conducta ejemplar, y en efecto así debe ser, no obstante, su salario dista mucho de reconocer su importancia en la sociedad.

Como si fuera poco, se plantea seguir afectando el salario, y las condiciones laborales de nuestros policías. Al menos es la lectura y análisis que hago del proyecto marco de empleo público, el cual no excluye a la Fuerza Pública, como tampoco lo hizo el de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, hoy Ley de la República número 9635, la cual, cerceno la carrera policial, el pago de antigüedad (Quinquenio) que era un reconocimiento por permanecer sirviendo al país en una función tan importante, como la de brindar seguridad ciudadana.

Es aquí donde es preciso entender, que los cuerpos policiales son la primera línea de prevención, por ende, son también los que tienen el primer contacto con los grupos delictivos, a la hora de enfrentarlos para brindarle seguridad al país. La regresividad salarial y el desmejoramiento de las condiciones de trabajo de nuestras fuerzas policiales; debe ser motivo de reflexión, por cuanto, con ello se favorece al crimen organizado.

Cinismo político: El caso del PUSC

El Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), por medio de su fracción parlamentaria, nos anunció con bombos y platillos que van a fiscalizar la labor del Gobierno.

Así fue anunciado por doña María Inés Solís Quirós y por don Pedro Miguel Muñoz Fonseca, quienes fungen como las nuevas jefaturas legislativas de ese partido en el actual Parlamento.

Una mezcla de risa, de indignación, de enojo y de repudio generó tal anuncio en amplios sectores de la ciudadanía activa de este país, especialmente la de acción militante en los movimientos sociales.

A la vez, conocemos de gente honesta afín a dicho partido, pues creen en los principios y los valores del Humanismo Cristiano, cuyo enojo e indignación ahora es mayúsculo; en grado superlativo con relación a las emociones que sintieron cuando Alvarado y Piza anunciaron su pacto electoral para la segunda vuelta de la votación presidencial del año pasado.

Pero, debemos preguntarnos en voz alta: ¿qué clase de tontos cree esta gente que somos? ¿Es que acaso, aunque fuera por mera apariencia, no merece mejor y mayor respeto, de parte de estas personas, quienes votaron por ellas, permitiéndoles tener esos escaños legislativos desde los cuales legislan de manera contraria al interés de sus propios electores?

¡Pruebas sobran! Ahí está el grave daño que ya está causando la mal denominada Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, el detestado combo fiscal, ferozmente combatido por el Movimiento Sindical y otros sectores sociales y productivos. Ahora se nos dice: “ustedes tenían razón”.

Doña María Inés y don Pedro Miguel (el PUSC, pues), nos indican que, ¡ahora!, este partido conformará un “gabinete a la sombra”, impulsando una (según nuestro pensar), operación política lava manos, dado que se han ensuciado demasiado siendo co-gobierno, compartiendo gestión presidencial (y parlamentaria), en el último año de accionar ejecutivo con los partidos Liberación y Acción Ciudadana.

Desde el pasado 8 de mayo de 2018, el PUSC está en el co-gobierno, ejerciéndolo con figuras de gran peso político y enorme responsabilidad por el desastre económico en desarrollo: Rodolfo Piza Rocafort, Ministro de la Presidencia; Edna Camacho Mejía, Ministra-Coordinadora del Equipo Económico; André Garnier Kruse, Ministro-Coordinador del accionar del gran empresariado con el gobierno; y la señora Patricia Vega Herrera, como Presidenta Ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia (PANI).

El accionar de estos cuatro casos de jerarcas políticos del PUSC en el presente gobierno, arroja un balance sumamente negativo, en cuanto a lo que está sucediendo con el bienestar de la mayoría ciudadana del país.

Piza, responsable político máximo (aparte de Alvarado), de agravar más la situación económica de miles de familias trabajadoras asalariadas, tanto del empleo público como del sector privado.

La cruzada político-ideológica de ambos en defensa militante del injusto paquete de impuestos, ya en vigencia, tiene en enorme estrés y enojo no solamente a la mencionada población; sino a una enorme cantidad de personas dedicadas a la actividad productiva en el plano de la micro-pequeña y mediana empresa, como los comercios, especialmente en las zonas rurales.

La señora Camacho Mejía no ha atinado en cuanto a medidas efectivas de reactivación económica, realmente de impacto. No es exagerado colegir que en cada rótulo de un local comercial que diga, en estos momentos, un “se vende” o un “se alquila”, se muestre plenamente el fracaso de la gestión del PUSC en la persona de esta señora.

En lo que respecta al señor André Garnier Kruse, empresario de mucho poderío económico, parece ser que su paso por este co-gobierno no estará exento de controversia.

Ya un diputado de orientación evangélica le acusó de que, presuntamente, actividades de negocios en las cuales estaría él involucrado (directa o indirectamente), serían beneficiadas con una ampliación de la ruta nacional 27; precisamente, en momentos en los cuales fue designado él, por parte de Alvarado, como gerente político de esa ampliación.

La pregunta que surge es qué tipo de coordinación empresarial ejecuta el señor Garnier Kruse, mediando su oficina en la Casa Presidencial y su cargo de ministro de Estado.

Que el desempleo esté en crecimiento, que ya hemos llegado a la cifra del millón de compatriotas en el mercado informal, que no haya incremento alguno en el poder de compra de los salarios, que estén muchos locales comerciales en venta y/para alquilar como una “epidemia”; que haya ya alarma por el impacto del impuesto al valor agregado -IVA-, en la actividad empresarial misma; no solamente indican un fracaso continuado de los cinco años de gobierno PAC, sino que siendo que en el último de éstos la conducción económica es color PUSC, resulta patético que nos vengan a decir ahora que van a hacer un “gabinete en la sombra”. ¿A quién pretenden engañar…?

Seccional Policía Profesional de Migración y Extranjería insistirá en capacitaciones para el Curso Básico Policial

La Seccional de la ANEP en la  Policía Profesional de Migración y Extranjería  (PPME) insistirá y será vigilante de que todos los trabajadores reciban el curso básico policial.

La medida surge luego de que la administración iniciara, este lunes 13 de mayo, con el Curso Básico Policial Nº 11 para los oficiales de la PPME, el cual será impartido por instructores de la Academia Nacional de Policía en las instalaciones de la Policía, ubicada en Lagos de Heredia. 

“Para la Seccional ANEP-PPME es un gusto de haber sido participe de las acciones realizadas en la mesa de diálogo con el Viceministro de Gobernación, Víctor Barrantes Marín, para que la administración coordinara con la Academia Nacional de Policía dicho curso, ya que el año anterior no se realizó ninguna capacitación”, comentó Gerardo Mora Ordoñez, Presidente de la Seccional ANEP-PPME.

Lea: https://anep.cr/seccional-policia-de-migracion-se-reunio-con-ministro-de-seguridad/

Aunque desde la Seccional se aplauden todos los esfuerzos realizados, también insistirá en que más de 100 oficiales que están trabajando sin el Curso Básico Policial lo reciban, recordemos que la Academia Nacional de Policía está en la obligación de impartir dichos cursos a los Oficiales de la PPME para la carrera policial.

Guarda parques baleado: Situación sociolaboral de este personal llega al límite

Relación dramáticamente inversa:
a mayor peligro, mayor deterioro de las condiciones de empleo y de trabajo

ANEP condena, con toda energía, la agresión con bala de que ha sido víctima un trabajador-empleado público, don Carlos Ugalde Carmona, del servicio de guardaparques del Estado, adscrito al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE); y, específicamente, en este caso, como servidor en el Área de Conservación de Osa (ACOSA).

El compañero, con enorme valentía y con conciencia plena de su responsabilidad de servicio público, se enfrentó a un comando narco, de esos que ya han tomado casi que control pleno de esa zona para sus actividades ilícitas

Este doloroso episodio muestra un punto de inflexión en la ya asfixiante situación del personal del servicio de guardaparques del país: prácticamente dejados a su suerte por los últimos gobiernos (incluido el actual), que muestran irresponsable desdén por su situación salarial, por sus precarias condiciones de empleo y de trabajo, por jornadas extenuantes que les sobre-explota, por la creciente peligrosidad de su quehacer, por la carencia de equipos técnicos y tecnológicos, por carecer de chalecos antibalas; y, especialmente, porque hace falta mucho personal.

Los guardaparques se exponen a los cazadores furtivos, a la delincuencia común, a las invasiones ilegales de tierras protegidas por parte de campesinos desesperados y por inescrupulosos que quieren hacer negocio con las mismas; y, como lo muestra este dramático caso, se exponen cara a cara al crimen organizado del narcotráfico, el cual les supera en dotación de equipamiento y de tecnología para realizar su ilegal quehacer en esas zonas geográficas del país que, presuntamente, son exhibidas ante el mundo como ejemplo de protección ecológica por parte de Costa Rica.

Miserablemente, el Estado les ha venido negando el pago de un reconocimiento salarial adicional por concepto de peligrosidad, de un 5 %, para “compesarles” el riesgo de vida (como ahora queda demostrado), y dado sus salarios sumamente bajos, congelados y ahora en reversión por cuanto se les aplica las perversas medidas del combo fiscal, hoy ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

Este lunes 13 de mayo, a primera hora, ANEP demandará una reunión urgente, conjunta, con los ministros de Ambiente y Energía, de Seguridad y de Trabajo, con el fin de analizar el creciente y sistemático deterioro de la labor de los servidores guardaparques del país; cuyo creciente riesgo de vida en su estratégico quehacer, ya es del mismo calibre que la peligrosidad de los otros cuerpos de policía del país, también en condiciones de deterioro generalizado de la prestación de sus servicios.

Primero de Mayo doble conmemoración

El PRIMERO DE MAYO debe estar presente en nuestras mentes, en nuestras almas, en nuestros espíritus, en nuestros corazones. En el caso costarricense, el PRIMERO DE MAYO implica dos conmemoraciones. Una de corte obrero-trabajador. La otra, de corte patriótico-nacionalista y soberanista.

PRIMERO DE MAYO COMO CONMEMORACIÓN OBRERA DE ALCANCE MUNDIAL. Hace 106 años de la primera conmemoración de un primero de mayo en Costa Rica. Fue en 1913. Con esta conmemoración, nuestro país se unía así a la serie de naciones y de pueblos que decidieron honrar la gesta obrera del naciente proletariado internacional, en la lucha por la jornada de 8 horas. La historia del caso registraría los nombres de ocho líderes sindicales que la humanidad obrera y social recuerda como “Los Mártires de Chicago”.

En 1886, el presidente de Estados Unidos, Andrew Johnson, firmó la “Ley Ingersoll” que establecía la jornada de 8 horas pero que no quería ser respetada por los patronos, lo que generó una serie de huelgas obreras, destacándose las de la ciudad de Chicago, en el mes de mayo de ese año 1886; ocurriendo un episodio violento que dejó varios policías muertos al estallar una bomba en medio de una gran manifestación obrera.

Los ocho dirigentes sindicales de ese gran movimiento por las 8 horas fueron culpabilizados. Cuatro de ellos fueron condenados a la horca y ejecutados: Albert Parsons, estadounidense, 39 años, periodista; August Spies, alemán, 31 años, periodista; Adolph Fischer, alemán, 30 años, periodista; y, Georg Engel, alemán, 50 años, tipógrafo.

Luis Linng, alemán, 22 años, carpintero, se suicidó en su propia celda antes de ser ahorcado. A Michael Swabb, alemán, 33 años, tipógrafo; y a Samuel Fielden, inglés, 39 años, pastor metodista y obrero textil, en vez de la horca recibieron condena de cadena perpetua. Finalmente, a Oscar Neebe, inglés, 39 años, vendedor, lo condenaron a 15 años de trabajos forzosos.

La lucha obrera por la jornada de 8 horas tiene mártires y fue producto de la lucha sindical. Estos nombres son inmortales y por eso las personas sindicalistas de hoy tenemos una responsabilidad enorme en cuanto a que jamás se olviden. La jornada de 8 horas en Costa Rica se establecería en el año 1920, a 7 años de la conmemoración del primer primero de mayo en nuestro país.

A nivel internacional, fue en el año 1889, en París, Francia, que se instituyó la conmemoración del primero de mayo como la magna fiesta obrera mundial y en recuerdo, por siempre eterno, de “Los Mártires de Chicago”, así como de las grandes huelgas por la jornada de 8 horas que tuvieron lugar en el mes de mayo de 1886.

Las corrientes sindicales de la época, de corte anarquista, socialista y anticapitalista, fueron las propulsoras de tan acertadísima decisión, adoptada por el Congreso Obrero Socialista de la Segunda Internacional, la cual fue una organización compuesta por partidos políticos laborales y socialistas de aquellos años.

PRIMERO DE MAYO COMO CONMEMORACIÓN PATRIÓTICA CÍVICO-NACIONALISTA. Ahora hablemos de la otra conmemoración del PRIMERO DE MAYO, la de corte soberanista, patriótico, cívico y nacionalista. Aquí le copiamos al ciudadano don Wálter Cartín, quien nos llama la atención acerca de que pocos costarricenses sabemos que el 1° de mayo es feriado en nuestro país desde 1857, pero no por motivo del Día Internacional del Trabajador.

En Costa Rica el feriado fue establecido por el decreto número 35 del 29 de octubre de 1857, firmado por el presidente Juan Rafael Mora Porras, y su ministro del Interior, encargado del despacho de Hacienda y Guerra, don Joaquín Bernardo Calvo.

Según el artículo 8: “En recuerdo del triunfo completo de las armas de Centroamérica y de la rendición y expulsión de las fuerzas filibusteras, el día 1 de mayo será feriado, y se celebrará en toda la República con la solemnidad posible, saludándose el Pabellón (Nacional) en la aurora de dicho día con veintiún cañonazos”.

El 1 de mayo de 1857 se produjo la rendición de William Walker, quien representó la primera incursión de corte imperialista de los Estados Unidos por tierras latinoamericanas. Con esta victoria, se da la afirmación de nuestra voluntad de consolidar las libertades políticas ganadas en 1821, al separarnos de España.

Muchos pensamos que esta fecha es de mayor significación que la del 15 de setiembre.

Se supuso que el 1 de mayo debía ser recordado y festejado en Costa Rica como “día de gloria para la raza latina que ha sabido defender su religión y su Patria y escarmentar debidamente a la horda salvaje que intentara sumirnos en la más oprobiosa esclavitud”, según el mensaje del presidente Juan Rafael Mora Porras al Congreso de 1857.

Muchos pensamos que este ilustre costarricense, popularmente conocido como don Juanito Mora, ha sido el más grande e importante presidente de la República que hemos tenido los y las costarricenses y hasta la fecha.

Por cuestiones de dominio entre los tradicionales grupos familiares de poder económico que ha habido en nuestra sociedad, la figura, el papel y el legado de don Juanito Mora ha sido invisibilizado, negado, disminuido, relegado, escondido. Y no fue sino hasta el año 2014 que, por acertada decisión de la actual Asamblea Legislativa, se le declaró Héroe Nacional y Libertador de la Patria.

Pocos sabemos que actualmente esto ha empezado a cambiar, pero todavía queda mucho camino por recorrer para la restauración plena, moralmente justa y éticamente correcta, de su papel revolucionario soberanista de defensa de nuestra naciente patria.

Como vemos, el PRIMERO DE MAYO nos convoca por partida doble. Es por ello que quienes desfilaremos bajo las banderas y las consignas del colectivo sindical Patria Justa, del cual la ANEP forma parte, nos juntaremos al pie del monumento a don Juanito Mora, en la explanada del Correo Central, en San José centro.

ANEP cuestiona a AyA por realización de costosa conferencia sobre agua

Actividad tendrá costo de 1.2 millones de dólares según publicación de un medio de comunicación

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) envió este jueves 28 de marzo, una carta a la Presidenta Ejecutiva de Acueductos y Alcantarillados (AyA), Yamileth Astorga, solicitando explicaciones por la realización de la V Conferencia Latinoamericana de Saneamiento 2019 (Latinosan), que le costará al país 1.2 millones de dólares.

Los cuestionamientos de la ANEP surgen luego de la publicación realizada por Diario Extra donde constatan la realización de dicha actividad del 1 al 3 de abril próximo, en el Centro de Convenciones, la cual reunirá a representantes de instituciones de varios países, indica la nota.

“Esta situación genera en la ANEP gran consternación considerando las enormes dificultades institucionales para suplir, con eficiente prontitud y calidad, los servicios estratégicos que AyA proporciona a la ciudadanía y que ésta resiente cuando los mismos no son prestados con calidad y con oportunidad, pese al enorme esfuerzo y compromiso del personal institucional, especialmente el de campo y el de actividad operativa más sensible”, manifestó Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP.

Para la ANEP, la prédica oficial de la crisis fiscal está sacrificando y golpeando a una enorme cantidad de hogares de la población trabajadora de este país; y, particularmente, muchos trabajadores de AyA, al enterarse de semejante erogación, la contrastan con la serie de dificultades cotidianas en la prestación del servicio, teniendo ellos que ser la primera cara de la institución con respecto a la comunidad usuaria.

Dentro de los principales cuestionamientos que realiza la ANEP al AyA destaca, si dicho presupuesto fue aprobado por parte de la Contraloría General de la República. Además, se cuestiona la aparente participación de Mauren Ballestero Miranda en la planeación de la actividad, así como el posible pago de consultorías hacía esta persona y otras personas no asalariadas de AyA.

Otra de las interrogantes del sindicato, se refiere a los beneficios que traerá para el país la realización de este evento, así como los resultados obtenidos por la participación en ediciones anteriores.

Para la ANEP, estas y otras consultas deben ser resueltas por parte de las altas autoridades de Acueductos y Alcantarillados en aras de la transparencia con la ciudadanía y los trabajadores de la institución, máxime por la situación fiscal que atraviesa el país.  

Compartimos el documento

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El especialista en Derecho Laboral, Mauricio Castro Méndez, en la comisión legislativa que tramita el proyecto de huelgas

El Doctor en Derecho y Especialista en Derecho Laboral, Mauricio Castro Méndez, en la comisión legislativa que tramita el proyecto de huelgas.

Gepostet von ANEP am Mittwoch, 27. März 2019

UCCAEP pide y los diputados obedecen

¿Qué intereses rondarán la prestación del servicio de administración
de la plataforma electrónica de factoreo que sería de uso obligatorio para todas las entidades del sector público?

UCCAEP pide y los diputados obedecen, tal pareciera ser la triste dinámica de cómo, quienes ocupan algunas curules en el Congreso, parecieran estar dispuestos a poner de rodillas al Primer Poder de la República ante la petición de esta cámara empresarial, induciendo con esto a error a los demás legisladores.

Lo anterior pareciera presentarse a raíz del trámite legislativo del expediente 19.957, Ley Marco del Contrato de Factoreo, el cual busca regular la relación entre las partes que intervienen en el proceso de factoreo (servicio financiero que consiste en anticipar el pago de una cuenta por cobrar, la cual es cedida a una persona física o jurídica y éste a su vez se encarga de administrar y cobrar dicho documento).

El texto base de este expediente legislativo propone que todos los entes y órganos del sector público que descuenten facturas utilicen una plataforma electrónica para que se automatice el proceso, también permite que las empresas privadas puedan utilizar esta plataforma. Pero además de lo anterior, la propuesta incial de este expediente  legislativo autorizaba al Instituto Costarricense de Electricidad o una de sus empresas, para que en calidad de administrador de plataforma electrónica pudiese establecer y operar la Plataforma Electrónica de Factoreo que sería de uso obligatorio para todas las entidades del sector público cuando actúen como pagadores.

Este expediente legislativo, en días recientes se dictaminó en la Comisión de Asuntos Económicos para pasar a ser visto en el Plenario Legislativo, dónde actualmente está listo para iniciar mociones 138 o en su defecto, ser sometido a votación en primer debate.

Sin embargo casi a última hora, durante el segundo día de mociones 137, la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos que conocía el proyecto, aprobó una moción presentada por el diputado Pedro Muñoz de la fracción del PUSC, en la cual se quita la autorización al ICE para gestionar la Plataforma Electrónica de Factoreo  (cosa que ya hace) y en lugar de eso dispone que el Estado deberá contratar un administrador de la Plataforma Electrónica de Factoreo por contratación administrativa ordinaria.

Lo anterior no solo implica una afectación al Grupo ICE, sino que, más grave aún, ASDEICE tiene información que dicho planteamiento, que abre la posibilidad para que se pueda contratar a una empresa del mercado para brindar dicho servicio, fue planteada por la UCCAEP, en atención a la consulta que la Comisión de Asuntos Económicos le hiciera a este sindicato de empresarios, sobre dicho expediente legislativo, del cual no se pidió consulta a los sindicatos de Trabajadores del ICE.

De esta forma, pareciera que la UCCAEP dice y los diputados obedecen sin chistar, ni consultar si quiera a los sindicatos de trabajadores, regulados por el mismo artículo constitucional.

ASDEICE considera que esta maniobra de trámite legislativo, genera una afectación al Grupo ICE, que ha realizado una inversión en equipo para operar este tipo de servicios.

Declaraciones de César López, Director Ejecutivo de ASDEICE

Debe tenerse presente que el servicio de factoreo mediante el uso de una plataforma electrónica, ya es brindado de forma exitosa por el Grupo ICE desde hace cerca de tres años, y sin costo alguno para los entes y órganos del Estado que lo utilicen.

Siendo que el Grupo ICE brinda el servicio a través de RACSA (subsidiaria), sin costo alguno para el Estado, resulta preocupante que los diputados de la Comisión de Asuntos Económicos, aprobaran la moción presentada por Pedro Muñoz del PUSC, para que el Estado contrate a empresas privadas para manejar este servicio. Máxime en tiempos de “crisis fiscal”.

Más preocupante es aún, que la Comisión no tomara en cuenta, el criterio remitido por RACSA a dicha comisión legislativa, mediante Oficio AJ-98-2019, en el cual se explicaba que este tipo de moción, de aprobarse induciría a error a los diputados, por tener imprecisiones con respecto al ordenamiento jurídico actual sobre el tema (artículos 6 y 9 de la Ley No. 8660, y artículos 1 y 201 del Reglamento al Título II de la misma).

Una posición responsable de los legisladores sobre este tema en Plenario, sería que a la hora de conocer el segundo informe para pasar a las mociones de reiteración (138), de conformidad con el artículo 154 del reglamento legislativo, reenvíen el proyecto de nuevo a la comisión dictaminadora, a fin de enmendar la situación.

Veremos si eso sucede, o si por el contrario debemos preguntarnos: ¿qué intereses rondan la prestación de este servicio por entes privados?

ANEP pretende que se blinde el régimen cambiario mediante proyecto de ley

  • Iniciativa fue presentada ante la oficina de participación ciudadana de la Asamblea Legislativa
  • Proyecto busca evitar que la variación del precio del dólar afecte el bolsillo de los costarricenses

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) presentó ante la Asamblea Legislativa un proyecto de ley que blinde el régimen cambiario del “manoseo” en la oferta y la demanda de divisas en nuestro mercado.

La iniciativa fue presentada en la oficina de participación ciudadana. El proyecto denominado “Ley de racionalización del uso de las divisas extranjeras” pretende darle estabilidad al régimen cambiario en nuestro país.

“Hay que proteger a los ciudadanos, al pueblo trabajador, de los vaivenes del tipo de cambio que en la mayoría de los casos es inexplicable. Este proyecto busca evitar que la variación del precio del dólar afecte el bolsillo de los costarricenses, es necesario que se establezcan parámetros que llevarán transparencia en la toma de decisiones por parte de las autoridades monetarias”.

ANEP considera que la realidad y el panorama con el tipo de cambio refleja que ningún sistema de la administración de las divisas ha sido eficiente. Por el contrario, todos los cambios han reflejado que ninguno ha funcionado y en algunos casos han generado la escasez extrema y hasta acumulación excesiva de divisas.

Para mencionar en el país se han aplicado diferentes metodologías como el  tipo de cambio fijo (solo podía variarlo la Asamblea Legislativa), tipo de cambio dual (oficial y libre), controles cambiarios, registro de capitales, uso restringido de divisas( recordemos días amargos cuando el Banco Central tenía que autorizar hasta la compra de un tiquete de avión o gastos de viaje, viáticos, entre otros), minidevaluaciones, sistema de bandas (se fijaba un piso y un techo al precio de las divisas, flotación administrada, entre otros.

Una de las preocupaciones y situación inexplicable es el aumento del tipo de cambio desde mayo del 2008 hasta enero de 2010 (¢497,36 a ¢582, 21), cuando el BCR ya había acumulado más de $4.000 millones en sus reservas y no impidió el incremento en el precio de la divisa. Y lo mismo ocurrió en el período de julio a noviembre de 2018, en que el tipo de cambio pasó de ¢569,76 a ¢628,11 y ya las reservas habían pasado de los $ 4.000 millones a un promedio de $7.522 millones en el año 2018. 

La ANEP podría suponer que en algunas ocasiones ahorrantes e inversionistas en colones han pasado sus fondos a dólares, creando una falsa demanda de divisas, ya que muchos de esos movimientos bruscos en el tipo de cambio no coinciden con la situación económica costarricense.

“La devaluación de la moneda solamente beneficia a dos sectores: turismo y exportadores y perjudica enormemente al resto de los sectores: asalariados, deudores en moneda extranjera, inquilinos que tienen sus contratos en dólares, transportes, buses, importación de bienes y servicios básicos como los combustibles y lo peor, desde luego, sobre la canasta básica. Es decir, que los beneficios de la devaluación se quedan en las pocas manos de esos empresarios”, indica el documento.

En los últimos 15 años, las reservas de divisas han crecido desde $1694 millones (1 enero del 20013) a más de $8.000 millones en el año 2018.

“No puede haber explicación posible para que las distintas administraciones del BCCR se hayan dedicado a acumular reservas en exceso sin usarlas en su principal función:  mantener un tipo de cambio en equilibrio que no cause presiones inflacionarias”, agrega.

Seguirá siendo una flotación administrada, pero con diferentes reglas de juego.

En el proyecto de ley presentado por la ANEP, no habría restricción de divisas en cuanto a su libre disposición por parte de los diferentes participantes del mercado, no habría controles cambiarios.

Existiría un mercado de divisas en el cual el BCCR establecería los tipos de cambio de acuerdo únicamente al movimiento de los “fundamentales” de la economía, que estaría totalmente blindado al execrable mecanismo de la especulación, definida como la forma de aprovechamiento de los que tienen mayor poder económico, acaparando bienes básicos para venderlos cuando le es más propicio, es decir, cuando la escasez ha provocado un aumento de los precios.

Esta propuesta de ley tiene como fin fundamento evitar el uso especulativo de las divisas, propiciar un uso racional de las mismas y proteger a los ciudadanos de los abusos que pudieran cometerse en la fijación de los tipos de cambio. Tiene, además de lo señalado anteriormente, la ventaja de poner fin al ingreso al país de “capitales golondrina” que por su cuantía y su estacionalidad han causado en el pasado graves distorsiones en el sistema cambiario.