¡Celebramos que el Gobierno no convocó empleo público a sesiones extraordinarias legislativas!

El Colectivo Sindical Patria Justa celebra que el Gobierno de la República no haya enviado a sesiones extraordinarias del parlamento que inician precisamente hoy, jueves 1 de diciembre de 2016, el expediente legislativo No. 19.506.

Albino Vargas Barrantes, Coordinador de Patria Justa indicó que la última versión del proyecto de ley 19.506, constituye un “experimento ideológico de la derecha del capital neoliberal” para acabar con los principios constitucionales que dan base jurídica a la existencia de las Convenciones Colectivas de Trabajo y, por ende, con los sindicatos mismos.

“Esto representaría una abrogación de facto de los tratados internacionales firmados por Costa Rica en materia de Libertad Sindical y de Negociación Colectiva, reconocidos universalmente como Derechos Humanos Fundamentales”, dijo Vargas.

Luego de la gran victoria política ideológica lograda por la corriente sindical Patria Justa en el sentido de demostrar con toda contundencia de que el déficit fiscal no se debe a los salarios devengados por la clase trabajadora del sector Público; el expediente 19.506 quedó completamente desenmascarado como una verdadera conjura contra principios sagrados del Derecho Laboral, nacional e internacionalmente establecidos.

“Esta es una iniciativa de ley altamente conflictiva, potencialmente confrontadora y que tiene connotaciones de una gran estafa política porque no es un problema de pluses salariales; ¡no!. Se trata de darle una estocada mortal a las organizaciones sindicales antes de que entre en vigencia la histórica legislación de la Reforma Procesal Laboral, el próximo 25 de julio de 2017; misma que, por el contrario, potencia la negociación colectiva (tanto la del sector Público como la del sector Privado)”, detalló el coordinador de Patria Justa.

Por otra parte, Patria Justa denuncia con toda vehemencia que la derecha del capital neoliberal y sus vocerías parlamentarias sigan insistiendo en chantajear el actual Gobierno.

“Están planteando la necesidad de hacer un vulgar trueque en contra de los intereses populares: cambiar empleo público por el aumento en el impuesto sobre las ventas, elevándolo del 13 al 15 %. Esto es un doble daño a la clase trabajadora que es la puntual pagadora de impuestos, la que no se los roba”, manifestó Vargas.

Para Patria Justa el proyecto 19.506 bajaría salarios (eliminación de pago bisemanal en la CCSS y otros, por ejemplo), precarizaría el empleo y elimina, políticamente, a los sindicatos. Además, eleva el impuesto de las ventas, pasándolo como impuesto al valor agregado (IVA), subiéndolo de 13 a 15 %, y mermará más la golpeada capacidad de compra de los congelados salarios, aumentando la desigualdad y la exclusión social.

“Una vez más, exhortamos con vehemencia respetuosa al Gobierno para que no ceda a este vulgar chantaje político en contra de los intereses sociales del pueblo trabajador”, finalizó el coordinador de Patria Justa.

Patria Justa hace llamado a la unidad sindical y compromiso de Diputados

PATRIA JUSTA hace un vehemente llamado a todas sus bases dirigentes para mantenernos en alerta laboral permanente, completamente expectantes y en total disposición de acudir al legítimo instrumento cívico de la Democracia de la Calle en el momento políticamente correcto para golpear con la contundencia necesaria en contra de tal proyecto 19.506.

PATRIA JUSTA hace un vehemente llamado a los diputados y a las diputadas que se comprometieron ante las bases de la ANEP, el pasado viernes 18 de noviembre, y con las organizaciones de este colectivo sindical que fueron testigos de ello, para honrar el compromiso de acudir a todas las herramientas parlamentarias a fin de que, por un lado, impedir que se le aplique la vía rápida a tan nefasto proyecto; y, por otro, por supuesto, para que se le dé un real entierro.

PATRIA JUSTA solicita, públicamente y por esta vía, con todo respeto, al Presidente de la República, Luis Guillermo Solís Rivera; así como a su Ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro Quesada una reunión urgente, en la Casa Presidencial, para abordar el presente tema con la urgencia que el caso amerita.

PATRIA JUSTA, finalmente, tal y como lo viene planteando desde el mes de setiembre del 2015, hace un llamado a las otras corrientes sindicales para construir una unidad en la acción de forma tal que nos aseguremos, mediando la movilización compartida, la derrota definitiva del expediente 19.506.

Llamado Sindical a la solidaridad

El Colectivo Sindical PATRIA JUSTA y la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), así como la Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP), hacemos un llamado público a todas las organizaciones de base (seccionales y filiales) que componen esta corriente sindical nacional, para que se impulse al máximo en el seno de todas las comunidades obrero-laborales que representamos, la máxima acción social solidaria para con los y para con las costarricenses que en estos momentos están viviendo el drama de las consecuencias del paso del huracán Otto por nuestro país.

Por lo general y casi siempre ocurre que en este tipo de eventos, quienes más sufren, quienes más dolor sienten, quienes más pérdidas enfrentan son personas integrantes de los grupos laborales y obreros de nuestra sociedad. “Los y las de abajo” son quienes en abrumadora mayoría resultan con graves afectaciones ante estas situaciones de desastre colectivo producto de los embates de la Naturaleza.

Corresponde a los grandes segmentos laborales y sociales de la población acudir en ayuda solidaria para con sus iguales de clase, dando un poquito de lo poco que tienen con grandes dificultades, en medio de las grandes carencias y de la apretazón económica que se vive producto de una sociedad que erróneamente está transitando por el camino de la desigualdad sistemática.

El donativo de una botella de agua embotellada, de una bolsa de arroz, de una de frijoles y/o una de azúcar; un sobre de macarrones y/o de sopa; una botella de aceite; así como artículos básicos de aseo personal (una pastilla de jabón de baño, un tubito de pasta de dientes, un rollo de papel higiénico, un paquete de toallas sanitarias, un paquetito de pañales desechables); se convierte en un profundo acto de solidaridad obrera, de Humanismo Cristiano, de identificación con el dolor de quien sufre, de quien es como uno, del otro que es igual a nosotros.

Y para quienes disponen de un poquito más y pensaban entregarse a la locura consumista del tal “viernes negro”, respetuosamente les pedimos: bajen la intensidad del arrastre que les genera la mercadotecnia de la publicidad intoxicante: ¡compren un poquito menos para donar un poquito más!

En la corriente sindical que representamos tenemos plena credibilidad en los comités locales de la Cruz Roja Costarricense, como los sitios más idóneos de acopio de nuestro solidario aporte obrero.

Es muy fácil acercarse a estos establecimientos y entregar el donativo que vayamos a dar cuya cuantía no importa, pero que va cargado de un gigantesco desprendimiento y de una carga humanitaria que expresa en ese sencillo acto la eterna ordenanza bíblica de amor al prójimo.

San José, viernes 25 de noviembre de 2016.

Firma responsable:
Albino Vargas Barrantes

ANEP convocó a sus 122 seccionales para Consejo Consultivo Nacional

Tal parece que estamos entrando a la recta última de la lucha en defensa del empleo público y en defensa de los pluses salariales y que las decisiones finales estarían por tomarse, en uno u otro sentido; es decir, que la clase trabajadora asalariada del sector Público triunfe de manera definitiva, o que el parlamentarismo neoliberal finalmente se imponga.

En tal sentido y dado que la ANEP se considera victoriosa en el plano de las ideas, pues “tirios y troyanos” están aceptando ya que el déficit fiscal no se debe a los salarios públicos, los 122 gremios asociados (seccionales) de la organización han sido convocados para la mañana de este viernes 18 de noviembre, a partir de las 9 horas, en el auditorio de la Conferencia Episcopal de Costa Rica (Cecor), en la calle 20 de esta ciudad.

Las presidencias y las vicepresidencias de los distintos grupos sindicales aglutinados en la ANEP, en compañía de otros dirigentes sindicales de base adscritos a la organización que han sido convocados específicamente para este evento, debatirán con la Junta Directiva Nacional (JDN) de la agrupación los escenarios que se ven venir en lo que puede denominarse como la recta final de esta gran lucha, de los últimos 30 meses, en defensa de la clase trabajadora asalariada del sector público y de los salarios que devenga la misma.

Este espacio de reunión de la Junta Directiva Nacional (JDN) de la ANEP con las directivas sindicales de los gremios asociados que componen esta organización, se conoce como el Consejo Consultivo Nacional (CCN), concertándose en su seno decisiones de grueso calibre en circunstancias de lucha obrera y social delicadas como la presente.

La ANEP espera la presencia de unas 400 personas líderes sindicales de la estructura intermedia de la organización, quienes son los difusores del mensaje sociopolítico de la agrupación y promotores-motivadores en sus respectivos centros laborales e institucionales de las diversas acciones de movilización que presupone la defensa obrera ante el ataque del capital neoliberal a sus salarios y a su propia estabilidad laboral en la coyuntura del presente momento.

La ANEP ha invitado a varios señores diputados y a varias señoras diputadas para que se hagan presente en este importante evento, quienes estarían presentándose ante tal auditorio entre las 10 y las 11 de la mañana, físicamente en unos casos y en otros de manera virtual, dirigiéndose a la audiencia sindical anepista.

La ANEP, en el marco de su pertenencia al Colectivo Sindical PATRIA JUSTA, tiene como meta con este evento y con las derivaciones en cuanto a eventuales movilizaciones que el mismo genere, bloquear cualquier intentona parlamentaria de imponer una vía rápida al nefasto proyecto de empleo público, expediente legislativo No. 19.506 (u otro que se le parezca); además, mandarle un clarísimo mensaje al señor Presidente de la República, don Luis Guillermo Solís Rivera y a su propio Gobierno, de que en las sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa que empiezan el próximo 1 de diciembre, no se le ocurra poner a debate iniciativas de empleo público como las que está planteando el ala neoliberal parlamentaria.

San José, martes 15 de noviembre de 2016.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP

El proyecto contra el fraude fiscal ¡va, porque va!

El proyecto contra el fraude fiscal es una realidad muy cercana en el país. Costa Rica ha quedado contra la pared. No tiene alternativa. Tendrá que adoptar urgentes y drásticas medidas legislativas para controlar la gigantesca cantidad de dinero sucio, de dinero del narcotráfico, de dinero producto de la actividad del crimen organizado; pues sino, quedaremos como un país que no quiere cooperar contra el lavado de dinero y contra rigurosos controles para evitar operaciones de financiamiento del terrorismo.

En tal sentido, el proyecto contra el fraude fiscal, incluyendo el registro de accionistas para determinar los beneficiarios finales de las rentas de las sociedades anónimas, ¡va, porque va!

“Costa Rica ha sido sentenciada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), entidad perteneciente al G20, el grupo de veinte naciones más industrializadas del planeta. Hace unos meses Costa Rica había sido advertida, en tal sentido, por la filial regional del GAFI, sea, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT)” explicó Albino Vargas, Secretario General de la ANEP.

Bajo el panorama antes mencionado, Costa Rica no tiene escapatoria: tendrá que establecer el registro de accionistas para conocer los beneficiarios finales de las sociedades anónimas; para conocer los bufetes y los abogados inescrupulosos que formalizan enormes cantidades de sociedades anónimas para manejar ese dinero sucio; para saber quiénes utilizan prácticas tipo “Los papeles de Panamá” para cometer ese gran crimen social que es el robo de impuestos.

Ha sido el propio Gobierno de los Estados Unidos el que ha indicado que en Costa Rica se están lavando, al año, 4 mil 200 millones de dólares ($4.200.000.000.); o sea 2 billones 268 mil millones de colones ($2.268.000.000.000); nada más y nada menos que 7.5 % puntos de Producto Interno Bruto (PIB).

“El enemigo Nº 1 (al menos el que es mediáticamente visible), de toda la clase trabajadora y, particularmente, de la que se desempeña para el sector Público, el diputado Otto Guevara Guth, ya no podrá seguir torpeando el proyecto de ley contra el fraude fiscal que incluye el registro de accionistas de los beneficiarios finales de las sociedades anónimas”, indicó Vargas.

Asimismo, agregó que “como “capataz político” que ha sido este legislador del archimillonario sector del capital financiero costarricense, ahora, sus propios “patrones políticos” le están zafando la tabla: la Asociación Bancaria Costarricense (ABC) está admitiendo que no hay opción porque al país el G20 lo meterá en la “lista gris” de naciones no cooperantes en contra del lavado del dinero y en contra de la facilitación de financiamiento de operaciones del terrorismo”.

¡Estamos felices! Habrá registro de accionistas y se podrá controlar mejor las operaciones ilícitas de manejo de dineros sucios que son parte del complejo entramado de evasión tributaria y de robo de impuestos.

El proyecto contra el fraude fiscal, incluyendo el registro de accionistas para determinar los beneficiarios finales de las rentas de las sociedades anónimas, ¡va, porque va!

Patria Justa se reúne para hacer un balance de sus dos años de existencia y definir sus líneas de acción en los próximos meses y el 2017

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Consejo de Salud Ocupacional recomienda al MSP eliminar rol laboral 2x2x2 de la Fuerza Pública por atentar contra la salud

Comunicado de Prensa Seccional ANEP-Fuerza Pública

El Consejo de Salud Ocupacional (CSO), ente adscrito al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, recomienda al Ministerio de Seguridad Pública (MSP) eliminar el rol 2×2×2 (dos días de día, dos días de noche y dos días libre) de la jornada laboral de la Fuerza Pública por atentar contra la salud y estado físico de los oficiales.

Esta recomendación se da luego de la denuncia presentada por la Seccional ANEP-Fuerza Pública ante dicho Consejo, la cual es vinculante para la persona empleadora, en este caso el MSP.

En la resolución IT-DMHSO-043-2016 del CSO y el oficio DSO 0121-2015, suscrito por diversos profesionales para el ramo de salud y bienestar ocupacional determinó que estos roles pueden generar “… alteraciones, variaciones hormonales que se encargan de mantener equilibrios en sistemas como el inmunológico, la fatiga, somnolencia, desconcentración, irritabilidad, otros , trastornos que pueden conllevar a un desequilibrio en estado de la salud, considerado en sus tres dimensiones (Física, mental y social)”.

Así mismo la Secretaría Técnica del CSO converge que los roles y jornadas que considere la rotación de 2×2×2 pueden a corto o largo plazo menoscabar la salud de las personas trabajadoras de la Fuerza Pública, por lo que recomienda el que sean atendidos los criterios, en cuanto a de espacios más prolongados para dicha rotación.

Cabe destacar que la jornada laboral de un oficial de la Fuerza Pública en horario diurno o nocturno consta de 12 horas.

Para Mainor Anchía Angulo, Presidente de la Seccional ANEP-Fuerza Pública esta recomendación es de suma importancia, ya que el MSP se verá en la obligación de atender la salud de los oficiales de la Fuerza Pública.

“Incluso el propio departamento de Salud Ocupacional del Ministerio de Seguridad Pública emitió un criterio en torno a este rol (2×2×2) indicando que es inadecuado para la salud de las personas, no obstante ese criterio no fue tomado en cuenta por el MSP y más bien pretendía extender ese rol a todo el país de forma impositiva”, dijo Anchía.

Debido a esta postura del MSP, la Seccional ANEP-Fuerza Pública interpuso una denuncia ante la Defensoría de los Habitantes, caso que se encuentra en investigación, “por lo que la resolución del CSO viene a reforzarla”.

Criterio Acuerdo 2610 2016 VF 2 by EugenioGuerrero on Scribd

Centrales sindicales proponen 2.13% de reajuste salarial para el sector privado

Las Confederaciones Sindicales abajo firmantes en representación de varias federaciones y una importante proporción de sindicatos a nivel nacional, regional y local, y de la clase trabajadora del país, agradecemos las invitación hecha a través del oficio DS-156-2016 del 18 de mayo del presente año para que nos pronunciemos ante este importante órgano tripartito en torno al ajuste a los salarios mínimos que deberá hacerse para el segundo semestre del presente y que mandata el Decreto Ejecutivo No. 39370-MTSS publicado en la Gaceta N° 239, Alcance Digital N°111 del 09/12/2015, y que rigen desde el 1º de enero de 2016

Creemos importante recordar que hace un año hicimos referencia a la necesidad de revisar la fórmula aprobada en octubre 2011, pero lamentablemente no encontramos avances en esa revisión, a pesar que reconocemos que el tema se ha tratado, pero no se ha consolidado ningún tipo de acuerdo, en torno a este importante mecanismo de ajuste incluso en el voto salvado que la delegación sindical dejó constando en el acta Nº 5364 del 28 de octubre de 2015, expresamos entre otros aspecto lo siguiente: En primer lugar, destacamos que como organizaciones, se planteó la urgencia que tiene el país de reactivar la economía, siendo la mejora salarial un paso importante para ese propósito., En segundo lugar, propusimos salirnos de la fórmula, por cuanto la misma debió revisarse en el transcurso del año y no se hizo. En tercer lugar la propuesta del sector empresarial consistía en un ajuste prácticamente imperceptible, y si bien es cierto, el Gobierno planteo la inaplicación de la cláusula de salida en torno a la consideración del crecimiento del PIB Per cápita, se debió haber propuesto entonces la aplicación del límite superior de la banda del 40% del promedio, y no el inferior como se hizo (20%), Por otra parte, en el párrafo final se expresó: ”Además dejamos constancia que es urgente retomar el tema de la revisión integral de la fórmula, la cual desde nuestra perspectiva ha generado una deuda desde enero 2015, y que expondremos en dicha discusión”.

Para las organizaciones sindicales es difícil hacer una propuesta sujetándose a una fórmula que no ha sido revisada y que requiere de ajustes, no solo en las cláusulas de salida, sino en la propia conceptualización sobre el tema de costo de vida, que si bien es cierto, fue concebida en un marco de un proceso de crecimiento inflacionario, no se previno situaciones con respecto a un proceso de deflación, donde perfectamente podrían existir mecanismos para fortalecer el valor real de los salarios, además del previsto en la utilización del crecimiento del PIB.

Además de ello, desde nuestra perspectiva existe una deuda, la que se generó en el primer semestre 2015, la cual es del 2.13% en virtud de que la inflación del primer semestre 2014 fue superior a la proyectada para ese mismo semestre la que debió compensarse a partir de enero 2015.

Reiteramos que mientras no se revise la fórmula del aprobada en octubre 2011, seguir utilizándola, no es procedente, por lo que solicitamos, que hasta que no se proceda a su revisión, no se aplique la misma para revisar los salarios del segundo semestre 2016.

Solicitamos a este Consejo que se cancele la diferencia producida en el primer semestre 2014.

Por tanto, proponemos:

a- Un ajuste general para todas las categorías ocupacionales, del decreto en el 2.13%, correspondiente a la deuda generada según se explica en párrafos anteriores

b- Un ajuste del 2.5% adicional a las siguientes categorías específicas contempladas en el inciso c) del artículo Iº del Decreto: servidoras domésticas, kilo de coyol, cajuela de café, y a las tarifas establecidas para estibadores por caja de banano, tonelada y movimiento

Sepultado! Expediente legislativo 19.923

Prácticamente está constatado: el Expediente Legislativo No. 19.923, llamado por nosotros “Ley para aniquilar el sector público”, será enterrado en próximas horas.

Así se desprende de declaraciones brindadas a los medios de comunicación por el jefe de fracción del Partido Frente Amplio, Edgardo Araya Sibaja, luego de que la “lápida” de esta confrontativa iniciativa de ley, fuera colocada por las declaraciones del diputado del Partido Unidad Social Cristiana, Humberto Vargas Corrales, quien atinadamente desenmascaró las perversas concepciones ideológicas contrarias al bien común que esa iniciativa contemplara.

Es más, este legislador ha “partido” al último partido político que faltaba “por partir” (el PUSC), en el actual escenario parlamentario de fragmentación total que muestra la Asamblea Legislativa, al inicio de su tercera legislatura 2016-2018.

La disposición firme de las diversas corrientes sindicales en contra de esta iniciativa ha resultado fundamental para esta primera derrota política de ese conciliábulo político gestado en las sombras que pasó a dirigir el directorio legislativo a partir del pasado 1 de mayo.

La abierta actitud obrera del sector Público de asumir el reto de una Huelga General, ha resultado estratégica para enfrentar esta primera parte del ataque al empleo público, del ataque a los servicios públicos y del ataque a las personas usuarias de los mismos, por lo general, compatriotas de los sectores medios y de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad.

Desde la corriente sindical en la cual se desarrolla nuestra lucha social directa, el Colectivo Sindical Patria Justa, si bien nos sentimos satisfechos de haber puesto nuestro aporte para derrotar el Expediente Legislativo No. 19.923, aclaramos que apenas se trata de la mitad de la tarea en esta materia de defensa del Empleo Público y de los Derechos Laborales de nuestros representados y de nuestras representadas en las diferentes organizaciones de Patria Justa.

El aporte de Patria Justa, junto al invaluable soporte que ha representado la unidad en la acción con las centrales sindicales (Confederación de Trabajadores Rerum Novarum CTRN, Central del Movimiento de Trabajadores Costarricenses CMTC, Confederación Unitaria de Trabajadores CUT y Central Social Juanito Mora Porras CSJMP), además con la unidad en la acción del estratégico Sindicato de Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC), está dando grandes resultados a favor de la clase trabajadora.

Queda pendiente pues constituye la parte más neurálgica y esencial de la lucha que se está dando, derrotar la incorrecta tesis de que los culpables del déficit fiscal son los salarios del sector Público, de que el déficit es culpa de la clase trabajadora, en general, y esto está sumamente demostrado que no es así.

La iniciativa de ley “gemela” del proyecto 19.923, el expediente legislativo No. 19.506 que viene promoviendo la diputada liberacionista Sandra Piszk Feinzilber, nos debe poner en guardia, nos debe llamar a encender todas las alarmas, nos debe dar más ímpetu para estar a la altura del llamado a Huelga General que se viene formulando desde diversos espacios intersindicales.

Tal iniciativa, la 19.506, está contaminada con eso de que el déficit fiscal es culpa de los Empleados Públicos y, por tanto, exige una vigilancia política minuto a minuto, toda vez que la arbitraria vía rápida a tal expediente podría serle aplicada en medio de alianzas intraparlamentarias insospechadas e intransparentes de último minuto.

Desde la Asociación Nacional de Empleados Públicos y desde el mismo Colectivo Sindical Patria Justa, propondremos, con respeto, a las corrientes sindicales colegas (SEC y Centrales Sindicales), una línea de acción político-sindical en tal sentido,

Todas estas agrupaciones se reunirán la tarde de este martes 17 de mayo, a partir de las 2 p.m., en la sede del sindicato SEC, en Vargas Araya, San Pedro.

Respetuosamente, hacemos un vehemente llamado a toda la clase trabajadora del sector Público (incluida la municipal), a mantenerse en pie de lucha, tal y como ha sido constatado en el proceso intergremial y multidiverso de sensibilización y de concientización que han venido realizando todas las agrupaciones sindicales. De nuestra parte, el llamado y la convocatoria a Huelga General se mantiene sin retroceder un milímetro.

Además, reiteramos el más sincero y transparente llamado a la mayor unidad sindical en la acción, clamor generalizado en las bases sociolaborales de las diferentes corrientes sindicales.

Sala Constitucional ordena a director de la PCD brindar información pública a ANEP

La Sala Constitucional declaró con lugar un recurso de amparo interpuesto por la seccional ANEP-Fuerza Pública contra Allan Solano Aguilar, Director de la Policía Control de Drogas (PCD) por negarse a brindar información pública al sindicato.

En el fallo la Sala ordena a Allan Solano en condición de Director de la PCD y en un plazo de 15 días brindar la siguiente información: el nombre de los Jefes Regionales de la PCD, el manual de puestos de la PCD, copia certificada de folios del Libro de Oficialía de la PCD, así como el Libro de Novedades del Sub Departamento de Peñas Blancas y los atestados académicos y de carrera policial que tiene Solano como Director de la PCD.

Mainor Anchía, Presidente de la Seccional ANEP-Fuerza Pública explicó que el recurso de amparo se interpuso después de reiteradas solicitudes de información al Director de la PCD y la negativa de este por brindarla, aduciendo “que estábamos realizando un uso excesivo del derecho de petición, sin embargo la Sala (Constitucional) nos da la razón”.

La ANEP aclara que lo solicitado es información pública y no atenta contra la seguridad de funcionarios y operativos-acciones de seguridad de la PCD.

“La información solicitada es de algunos funcionarios que desempeñan cargos de mando dentro de la PCD para constatar que cumplen con los requisitos del puesto y descartar irregularidades en el proceso de concurso. Precisamente eso es lo que deseamos revisar junto a otras situaciones con el objetivo de verificar si se está realizando el uso debido de los recursos públicos; si no es así presentaremos las denuncias respectivas ante las instancias correspondientes”, finalizó Anchía.

Resolución Sala Constitucional P.C.D by Yariela Novo on Scribd

Alerta general para el sector Público

El Partido Liberación Nacional (PLN), la Unidad Social Cristiana (PUSC) y los diputados “cristiano-evangélicos” pactaron entre sí y con Otto Guevara Guth, repartirse los puestos del directorio legislativo 2016-2017, lo que ocurrió el pasado domingo 1 de mayo. Este directorio lo encabeza el reconocido gran empresario bananero y diputado Antonio Álvarez Desanti, del PLN, como su Presidente.

En la vicepresidencia del parlamento dicho pacto puso al diputado José Alberto Alfaro Jiménez, del partido de Otto Guevara Guth. El señor Alfaro Jiménez fundó la compañía Unión Nacional de Porteadores S. A. (Unaporte), en el 2004, la cual tiene cerca de 800 permisos para porteo. Su esposa, de apellido Cordero, es quien preside la sociedad anónima luego de que él resultara electo legislador. Ella figura como asesora suya en el congreso.

Este pacto generó el proyecto “LEY PARA RACIONALIZAR EL GASTO PÚBLICO”, que más bien debe llamarse “LEY PARA ANIQUILAR EL SECTOR PÚBLICO”. Se trata del Expediente Legislativo No. 19.923, mismo que le adjuntamos electrónicamente y que usted puede conocer visitando nuestro sitio web: www.anep.cr

ANEP lleva meses y meses denunciando, por diversas vías y fuertemente, que LOS EMPLEADOSBLICOS NO SOMOS LOS RESPONSABLES DELFICIT FISCAL. Hoy todo el Movimiento Sindical Costarricense, sin excepción, ha hecho suya esta consigna. Esto nos alegra muchísimo porque indica que no solamente hemos hecho lo correcto sino que lo que hemos estado denunciando ha sido acertado.

Este domingo 8 de mayo de 2016, conocimos por medio de campo pagado, los pronunciamientos de los dos primeros colegios profesionales que se manifiestan defendiendo a sus correspondientes agremiados, en la misma dirección: los salarios públicos no son los culpables del déficit fiscal: Colegio de Enfermeras de Costa Rica y Colegio de Médicos y Cirujanos. Esperamos que en próximos días más colegios profesionales se pronuncien en igual sentido.

Es más, instamos a todos y a todas las profesionales del sector Público para que, respetuosamente, exhorten a sus respectivos colegios a pronunciarse en igual sentido.

La “LEY PARA ANIQUILAR EL SECTOR PÚBLICO” ataca duramente el régimen de la Dedicación Exclusiva y el de la Disponibilidad. Ambos pluses se reducen al máximo, no se otorgarán como hasta hoy en día se viene haciendo, se pueden quitar de improviso y se otorgarán restringidamente.

La “LEY PARA ANIQUILAR EL SECTOR PÚBLICO” hace radicalmente drástico la obtención del reconocimiento por anualidad, pues solamente la recibirán quienes alcancen la “máxima calificación” en la evaluación del desempeño anual. Quienes no alcance esa “máxima calificación” no solamente no recibirán anualidad sino que quedan expuestos al despido por no obtener esa “máxima calificación”.

La “LEY PARA ANIQUILAR EL SECTOR PÚBLICO” también incluye algo tan gravísimo son las brutales “Reglas de responsabilidad fiscal” que es la otra parte esencial de este aberrante proyecto de ley. Sinceramente no encontramos las palabras adecuadas ni las frases realmente correctas para describir cómo sería trabajar en las instituciones bajo esas “Reglas de responsabilidad fiscal”. Si en muchas de ellas hay ya condiciones precarias con incidencia negativa en la calidad del servicio, presupuestariamente hablando; la brutal, descomunal y extremista política del recorte del gasto que presuponen esas “Reglas de responsabilidad fiscal” convertirá en una tortura la circunstancia de trabajar para el sector Público

Las políticas fiscales de Otto Guevara Guth, adoptadas por el viejo y detestado bipartidismo “PLUSC” (Liberación-Unidad), representan un verdadero “homicidio institucional generalizado”; es decir, que nos llevarán a extremos nunca vistos de recorte presupuestario que ni siquiera imaginamos.

La “LEY PARA ANIQUILAR EL SECTOR PÚBLICO” , además, con sus brutales “reglas fiscales” llevará a la “institucionalización” del congelamiento salarial e, incluso, a la reducción-rebaja forzosa de los salarios.

La “LEY PARA ANIQUILAR EL SECTOR PÚBLICO” puede ser aprobada por la “vía rápida”, por eso en ANEP estamos lanzando esta ALERTA GENERAL porque estamos de cara a una real EMERGENCIA LABORAL. ¡Alístese!

La “LEY PARA ANIQUILAR EL SECTOR PÚBLICO” al incluir a las municipalidades, violenta la Constitución Política abiertamente. También contiene otros artículos que presentan aberrantes inconstitucionalidades.

La , “LEY PARA ANIQUILAR EL SECTOR PÚBLICO” aniquila, contundentemente lo decimos, las Convenciones Colectivas de Trabajo lo que, aparte de ser inconstitucional, viola los tratados internacionales suscritos por Costa Rica y ratificados por la propia Asamblea Legislativa, con la mismísima Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La “LEY PARA ANIQUILAR EL SECTOR PÚBLICO” , incluye las Convenciones Colectivas de Trabajo del sector de las municipalidades del país, de todas las municipalidades.

La “LEY PARA ANIQUILAR EL SECTOR PÚBLICO” hace que Costa Rica reniegue de su pertenencia a la OIT. Así, “en dos platos”.

La “LEY PARA ANIQUILAR EL SECTOR PÚBLICO” mediando una componenda política del Partido Liberación Nacional (PLN), no incluyó al Magisterio Nacional. ANEP se alegra de ello. Pero, ¿y los demás?

La “LEY PARA ANIQUILAR EL SECTOR PÚBLICO” , podemos derrotarla mediando una gran unidad sindical y con movilización laboral profundamente unitaria. ANEP apuesta a ello. ¡Esté atento! Grandes acontecimientos están por venir!