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Se está revelando en las últimas horas que el Presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP), tiene o tuvo un contrato empresarial para custodiar documentación del Ministerio de Hacienda, como parte de sus negocios.

El líder corporativo debe hablar claro al país dando a conocer todos los detalles de tal contratación.

Esta circunstancia deja en evidencia contundente de que si hubo alguna persona con acceso a información tributaria debió ser el Presidente de la UCCAEP.

Por el contrario, las acusaciones de los opositores al establecimiento del registro de accionistas de que quien sí tenía acceso a ese tipo de informaciones, era el Secretario General de la ANEP, han quedado rotundamente desvirtuadas, constatado de manera contundente su carácter falaz y mostrando una gran debilidad argumental para oponerse a tal registro.

Por otra parte, el Presidente de la República debe decirle al país la naturaleza del acuerdo con el Presidente de la UCCAEP para que se establezca ese registro de accionistas de las sociedades anónimas con “condiciones”.

¿Cuáles condiciones? ¿Que el empresariado privado afiliado a UCCAEP sea el custodio de tal registro de accionistas? ¿Qué sean las empresas de sus líderes, como don Ronald Jiménez Lara, que mediante contrato con el Estado, custodien ese registro?

En todos los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), este tipo de registros se manejan en el lugar correcto donde deben estar: el sistema tributario nacional del respectivo país. Otra cosa muy distinta son las regulaciones para mantener la confidencialidad de los datos de este tipo de registros.

Sin embargo, ya vemos cómo no necesariamente se protegen tales datos en la actualidad si es una firma privada, vía contrato con el Estado, la cual podría tener acceso a ellos. No es un sindicalista el que podría conocer de esa información. Es la propia empresa del máximo líder actual de la UCCAEP quién tiene que explicarle al país mucho a este respecto.

Al celebrar este sábado 7 de noviembre de 2015, el primer aniversario del Colectivo Sindical PATRIA JUSTA, formulamos las siguientes consideraciones que les queremos comunicar (otras muchas se nos quedan sin mencionar); planteadas con toda sinceridad aunque pudieran no ser compartidas, en todo o en parte.

PATRIA JUSTA ha estado acompañada de la polémica desde sus mismos inicios cuando algunos creyeron que había nacido un nuevo partido político, sin reparar en que constituimos un reagrupamiento intersindical de nuevo tipo; con clarísima perspectiva sociopolítica desde lo laboral-gremial, para incidir en el desarrollo de los acontecimientos nacionales derivados de los procesos electorales nacionales de febrero y de abril del 2014.

PATRIA JUSTA ha protagonizado diversos episodios sociopolíticos en los planos de la propuesta, de la incidencia y de la movilización; que lograron crispar los tradicionales círculos del poder hegemónico político-económico dominante, acostumbrados a desarrollar acciones gubernativas paralelas desde ciertas salas de redacción y desde ciertos sets de televisión, sin haber ganado elección alguna, valiéndose del poder que les da tener latifundios mediáticos de gran incidencia en la conciencia ciudadana.

PATRIA JUSTA tiene un conjunto de propuestas-país, expresadas en documentos como “Aportes para una Costa Rica inclusiva y solidaria”, su “Agenda Patriótica para el Bien Común y la Inclusión Social”; y su proceso conjunto con dos partidos políticos, “Una agenda patriótica para el bien común”. Con ello demostramos que hemos realizado un gran esfuerzo por aportar al crecimiento de nuestra democracia y a la lucha por una Democracia Social.

PATRIA JUSTA genera desde sus filas el más actual pensamiento sindical sobre el desenvolvimiento cotidiano de la cuestión político-social de la coyuntura; convirtiéndose en la corriente sindical que más esfuerzo despliega en tal sentido.

PATRIA JUSTA ha sido el destinatario principal en el seno del sindicalismo actual costarricense, del más espantoso, vil, infame y peligroso ataque contra el Empleo Público jamás visto en la historia republicana reciente de nuestro país; operación de agresión psicológica y de terrorismo ideológico desplegada por esos tradicionales círculos de poder y sus latifundios mediáticos. Campaña que ha tenido como eje central de su perversidad y de su táctica de ejecución sumaria, al honorable personal de la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE), el cual ha sido criminalizado de manera inmisericorde y espantosamente injusta, cuya organización sindical es digna integrante de este colectivo.

PATRIA JUSTA ha soportado con paciencia y prudencia, la más vulgar operación de propaganda en contra de sus principales figuras dirigentes; al punto de amenazárseles de muerte, de tachárseles de terroristas, de generar “manifestaciones” en su contra, de calificárseles con los más espernibles e inimaginables epítetos, en el marco de una campaña de insano odio a cuyas provocaciones no hemos cedido, afortunadamente. En los actuales momentos, el ataque sindical-patronal asoma en nuestras dirigencias con amenazas reales de despidos antisindicales.

PATRIA JUSTA conmocionó al mundo político-social costarricense al dar a conocer su alianza inédita con los partidos Acción Ciudadana y Frente Amplio, en el marco de un esfuerzo cívico-político para fortalecer las posiciones en función del bien común, de la inclusión social y en contra de la desigualdad; proceso dado a conocer públicamente el 26 de junio de 2015 en el Teatro Popular Melico Salazar, en un acto de amplia exposición pública, ajeno radicalmente a la cultura de pactos ocultos propios del acontecer político tradicional.

PATRIA JUSTA ha revindicado, como nunca antes, la cuestión de la sobreexplotación laboral a la clase trabajadora del sector Privado; teniendo como ejes estratégicos de su lucha, la salvación de la Reforma Procesal Laboral (RPL), la iniciativa de ley del Salario Mínimo Vital, el convenio OIT para la salud laboral y seguridad ocupacional en las plantaciones obreras de banano y de piña, la lucha por la restauración del sistema universal de pensiones de IVM-CCSS (que incluye al sector público). Recientemente, la lucha por la dignificación de la labor de los camioneros-traileros, cuyos alcances están por ser difundidos ampliamente, muestra un paso activo de consecuencia a favor de la lucha obrera.

PATRIA JUSTA ha reivindicado el ejercicio de la Democracia de la Calle en el escenario actual de la confrontación sociopolítica que está en desarrollo; y, por ejemplo, con nuestra movilización hemos aportado para evitar el desmontaje del Estado Social de Derecho, bloqueando la angurria privatizadora-neoliberal; defendiendo activamente el Empleo Público y aportando, con mucha incidencia, para el fracaso de la tesis del salario único.

PATRIA JUSTA ha mostrado una real vocación unitaria en el plano sindical, haciendo público llamado para que todo el Movimiento Sindical se una con base en una agenda común y para la unidad en la acción; llamado parcialmente acogido y que lo reiteramos con ocasión de nuestro primer aniversario.

PATRIA JUSTA agradece a todas las personas de buena voluntad, a todos los trabajadores y a todas las trabajadores integrantes de cada una de nuestras organizaciones conformantes, a toda la ciudadanía que ha valorado nuestro esfuerzo y a quienes nos han hechos señalamientos críticos de buena fe y llenos de sanos propósitos; el habernos acompañado de diversas formas en este intenso primer año de nuestro accionar.

La discusión y dudas sobre los salarios y los llamados privilegios para los empleados públicos, así como la amenaza de implementar un salario único para los trabajadores de Estado por parte del Gobierno de la República, son las piedras en los zapatos de los dirigentes sindicales, los cuales no ven con buenos ojos que las promesas de campaña sobre solidaridad, respeto, generación de empleo, entre otras, hoy no se cumplan.

A esto se suma la propuesta de la administración Solís Rivera de meter hasta el fondo el bisturí en todo lo relacionado con la pensiones, sobre todo aquellas catalogadas como “de lujo” y acabar con los excesos no relacionados con el trabajo que ofrecen las convenciones colectivas; lo cual forma parte del platillo de discusión que propios y extraños esperan que se pase de las palabras a los hechos.

En una conversación con Iary Gómez, gerente general del Grupo Extra, y la directora de DIARIO EXTRA, Paola Hernández, los dirigentes sindicales Fabio Chávez, del Frente Interno de Trabajadores del Instituto Costarricense de Electricidad ( FIT-ICE), y el secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP), Albino Vargas, reiteraron su posición y respondieron de manera conjunta sobre estos y otros temas país, los cuales se encuentran en discusión en los poderes Ejecutivo y Legislativo.

*¿Son los privilegios de los funcionarios públicos los responsables del déficit económico que vive el país? * – Cuando uno habla de déficit y empleo público debe hacer una distinción, aunque muchos achacan que son estos trabajadores responsables del caos económico que enfrenta el país es importante recordar que al hablar de déficit no se debe referir a instituciones como la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), ni la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) e incluso ni el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), ya que estas son instituciones descentralizadas que no tienen nada que ver con el déficit.

¿Pero acaso no son empleados públicos quienes trabajan en estas instituciones y que hoy gozan de una serie de privilegios? – Ellos tienen sus propios presupuestos, no pasan por el parlamento. Todos estos salarios y lo que se gaste en dichas instituciones no sale de la caja única del Estado, ellos tienen sus presupuestos propios y reiteramos no pasan por la Asamblea. Cuando se habla de empleo público, se habla de Gobierno Central: ministerios, Poder Ejecutivo entre otros.

¿Dicen que estas instituciones se financian, pero también generan deuda al país y por ende tiene un impacto directo en la población? – No, esto no es así, todas esas instituciones más bien generar un superávit el cual se traslada al Estado, por ejemplo al gobierno se le entregará ¢80 mil millones, esto es lo que transfieren esas instituciones al Estado, lo cual desmiente lo que muchos dicen que generan pérdidas.

¿Según ustedes dónde gasta más el Gobierno y por qué siempre dice que no tiene plata?
– El Gobierno no está recibiendo lo suficiente, por ejemplo en recaudación, exoneraciones, la plata que se dejó de recibir en las aduanas. A nivel de Gobierno Central se va en gastos todo, lo primero es en salarios, deuda, intereses de la deuda, las transferencias especialmente las universidades públicas y las pensiones con carga al presupuesto nacional.

*¿Es necesario reducir el salario del sector público para solucionar el problema del déficit fiscal? * – Eso no es cierto, hay que igualarlo y analizarlo, eso podría traer un problema a las instituciones. Quién dice que es mucho o no, un buen salario da oportunidades para repartir la riqueza, de que cada persona tenga mejores condiciones de vida. El sector público ha variado y el privado se ha estancado. Repito: hay que ordenar los salarios en el sector público, aquí haycomo 14 figuras distintas, dentro de las mismas hay un desorden.

*¿Entonces cómo consideran las denuncias de algunos diputados como Otto Guevara y Ottón Solís sobre los privilegios que reciben algunos funcionarios públicos? * – Cuando Otto Guevara y Ottón Solís la emprenden contra el empleado público están de mala fe, no podemos creer que sean tan ignorantes. Si a usted le molesta el empleo público en Recope, usted lo discute; pero nada tiene que ver esa institución entre otras con el déficit, más bien ellos le generan ganancias al Estado. Si nosotros tuviéramos otro sistema tributario, la gasolina sería más barata. La Caja se sostiene con la cuotas obreros patronales y el ICE nada tiene que ver con el déficit fiscal, la campaña mediática que se ha hecho no tiene que ver con el empleado público. Si la campaña es con el académico que se agarren con el académico, pero que no metan a todos los trabajadores públicos en un mismo saco.

¿Qué pasa con el régimen de empleo público y la autonomía institucional? – El tema del empleo público solo puede intervenir en lo que es Gobierno Central, cada institución tienen su propio sistema de relaciones laborales. El servicio civil es apenas uno que lo tiene en el empleo público, la Universidad de Costa Rica tiene otro y hay que analizar cada caso por separado. Importante es respetar el trabajo que han hecho muchos para llevar progreso y desarrollo al país, por eso ahora unos pocos no se pueden atribuir tratar a los trabajadores a patadas.

¿Mantenemos los trabajadores privados a los burócratas, con todos sus privilegios? – Primero que todo los trabajadores que prestamos un servicio al Estado no gozamos de privilegios, más bien son derechos adquiridos y luchas laborales que han marcado al país y hoy reciben reconocimientos a nivel mundial. De ninguna manera los trabajadores privados mantienen al país, cada sector aporta y también es digno reconocer el trabajo y las luchas de la empresa privada por sacar el país adelante.

*¿Son los sindicatos también corresponsables del caos salarial y la situación económica que enfrenta el país? * – El problema se da cuando el Estado empieza con déficit y no puede pagar las deudas e impuestos, incluso le afecta de manera directa la inflación. Este no es un problema que viene de salarios. Algunos sectores quieren que se reduzca el salario público a la mínima expresión. Esta discusión tiene tres patas, tres situaciones que no puede separar. Qué pasa con la eficiencia con la construcción de obra pública en torno al Estado, como por ejemplo la trocha; la ineficiencia es similar tanto en el sector público como el privado.

*¿Qué pasa con las pensiones, cómo es posible que existan 14 regímenes, desde la Corte Suprema hasta la Caja, pasando por la Defensoría, la Contraloría, entre otros? ¿Y qué sucede con los salarios y pensiones de lujo? * – Cada quien tiene su pensión porque así lo establece la legislación vigente. El problema es que el sistema de pensiones por sí sólo en este momento no se sostiene. El régimen de pensiones de IVM está presentando problemas y todos estamos obligados a luchar para sacarlos adelante. Hay que meterle a los salarios también; cómo va a ser posible que el Regulador General de la República gane dos veces lo que gana el Presidente, esto es porque hace tiempo se empezaron a variar los régimen de salario público. Estamos de acuerdo con que se aplique un impuesto a las pensiones de lujo.

*¿Qué piensan cuando el Presidente califica de injustos los pluses salariales? * – El Presidente hace juicios de valor, cuando lo que toca es clasificar para ver los sobresueldos, estudiar cada plus, cómo se originó, analizar su marco jurídico, justificación técnica, debe dar directrices políticas, no debe generalizar, incluso consideramos irracional esta afirmación.

*¿Cómo sostienen ustedes las convenciones colectivas de trabajo que tanto benefician a los empleados públicos? * – Estas se hicieron en 1943, es idénticamente si se hicieran en el sector público como el privado, el Código de Trabajo no discrimina; ratifican la convención que le da un estatus. Nadie puede negar que son justicia para los trabajadores. Otros 100 pesos es lo que pasó en Costa Rica a través de la historia. Lo que ha ocurrido es una satanización del documento, en la Caja no existe convención colectiva, los ministerios tampoco y por qué señalan a todos por hacerles daño…

*¿Cómo se ordena esto?, es la pregunta del millón. * – Muchos parten que es reduciendo el salario para ayudar al déficit fiscal, esto no es cierto. El salario único no es la raíz del problema, quién es el que dice que ganamos mucho o no. La solución no es solucionar el salario al déficit fiscal, hay que ordenarlo, igualar. Hay que ordenar y optimizar el Estado y el otro tema es el fiscal; quién dice que es mucho o no lo que estamos repartiendo, a nivel mundial es lo mejor que estamos haciendo para redistribuir la riqueza. Usted no puede arreglar esto de la forma que algunos proponen, eso sería una tiranía, hay que pensar a futuro, hay que pensar en el marco legal, hay que pensar que todos los involucrados: sindicatos, dirigentes, todos los interesados, para ver qué pueden arreglar. En esto la Iglesia podría ser mediadora para hablar de salarios y pensiones, porque ellos son los únicos trabajadores del sector público que no tienen ningún interés.